La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción establece la necesidad de disponer de un Sistema Interno de Información. Este Sistema Interno se configura como la vía preferente para canalizar las comunicaciones, ya que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar los daños lo antes posible.
La mencionada Ley obliga a los organismos públicos (Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Agencias) a disponer de un Sistema Interno de Información independiente
Para presentar de manera electrónica una información relativa a una acción u omisión que pueda constituir una infracción pulse en el siguiente enlace:
https://denuncias-cepc.xperta.es/denuncias/crear
Al comunicar la información, es conveniente que aporte cualquier documentación o elemento de prueba que facilite su verificación. No se dará curso a la información recibida cuando la escasez de la información remitida, la descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de prueba suministrados no permitan realizar una verificación razonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos comunicados.
Quien presente una comunicación tiene derecho a que su identidad no sea revelada a terceras personas, si bien la identidad podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.
Los tratamientos de datos personales que se deriven de la aplicación de la Ley 2/2023 se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.