LOS REFORMISTAS DEL FRANQUISMO EN LAS CORTES:
EL GRUPO PARLAMENTARIO INDEPENDIENTE^‍‍[1]

1. Iniciativas parlamentarias[Subir]

El GPI nació con la idea de «extraer todas las posibilidades democráticas» a las Leyes Fundamentales, «sin descartar, por otra parte, la reforma constitucional». Fruto de este propósito fueron las múltiples iniciativas que impulsó, amparadas en la «realidad de la vida política y social del país»^‍‍[45], que abarcaron prácticamente todos los ámbitos: desde la situación internacional a la crisis socioeconómica, pasando por las relaciones interorgánicas o la extensión de los derechos y libertades.

La primera de ellas fue la presentación, el 22 de mayo de 1975, de una proposición de ley sobre reforma del Reglamento de las Cortes, cuyo objetivo fundamental era conseguir que estas, en su cometido y funcionamiento, fueran equiparables «a los Parlamentos de los países occidentales» y estuvieran en condiciones de «instrumentar la revisión de las Leyes Fundamentales». Para ello, se pedía que el Pleno de la Cámara se configurara como «órgano legislativo habitual y permanente», así como una «democratización de los procedimientos [...] legislativos y de fiscalización». El GPI consideraba que, al objeto de hacer realidad esta aspiración, era necesario, por un lado, «limitar interferencias gubernativas» en la «labor de enjuiciamiento y control del Ejecutivo», la cual debía llegar al extremo de obligar al Gobierno a «someter a debate su programa y los informes sobre la situación general del país», y, por otro, limitar el «abuso que supone la utilización de decretos leyes al margen de los estrictos casos de urgencia»^‍‍[46].

Poco después, el 10 de junio de 1975, el GPI elevó un ruego al Gobierno en el que se solicitaba la constitución de una Comisión especial a fin de «obtener datos objetivos y fehacientes» que condujeran a una proposición de ley de reforma de la Universidad española. El Ejecutivo respondió considerando «innecesaria» la creación de dicha Comisión, amparándose una vez más en «la proximidad del término de la Legislatura» y remitiéndose a lo previsto por el art. 8 de la Ley General de Educación, que establecía que al menos «anualmente el Gobierno informará a las Cortes de la aplicación de la presente Ley [...] y propondrá las modificaciones que estime necesarias para su actualización»^‍‍[47].

La actividad del Grupo Parlamentario Independiente conoció un salto cualitativo con la remisión, el 14 de junio de ese mismo año, de una petición motivada en la que se solicitaba la convocatoria de un Pleno extraordinario de las Cortes para que el Gobierno informara de diversos aspectos de la política exterior^‍‍[48]. El escrito elevado al Ejecutivo criticaba «los vacíos informativos» sobre la materia, que habían provocado «dudas, inquietudes y desconcierto entre los ciudadanos», y reclamaba noticias sobre las relaciones mantenidas con Estados Unidos, los países del Este, la Comunidad Europea y Marruecos, con el telón de fondo del proceso de descolonización del Sáhara. En cuanto a la primera de estas cuestiones, y de cara a las negociaciones en curso para la renovación del acuerdo hispano-norteamericano, el GPI pedía al Gobierno que luchara por mejorar el mismo, incluyendo en él la mutua defensa contra cualquier enemigo exterior «sin reservas, limitaciones ni prioridades», reduciendo las instalaciones militares estadounidenses «al mínimo indispensable» y eliminando la concesión de extraterritorialidad jurisdiccional para los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En caso de obtenerse «resultados pobres e insatisfactorios», proseguía la petición, «habría que pensar seriamente en la alternativa de renuncia a cualquier acuerdo, [...] para salvaguardar nuestra independencia y neutralidad en un posible conflicto bélico de carácter mundial».

En relación a los países comunistas, los miembros del GPI defendían «un criterio de estricto pragmatismo político, distinguiendo a las naciones de sus sistemas de Gobierno y de sus ideologías políticas», a fin de poner en práctica «una política exterior claramente abierta y realista». Sobre las «inacabables negociaciones» para el ingreso de España en la Comunidad Europea, se exigían al Gobierno pasos para superar el «hasta ahora insalvable obstáculo de la insuficiente democratización de nuestro sistema político, [...] partiendo de nuestra irrenunciable vocación europeísta». Finalmente, el GPI pedía información al Gobierno sobre las relaciones con Marruecos, que «distan mucho de ser las normales entre países con intereses comunes y con fuertes vínculos de comunicación, tal como largos años de manifestaciones ingenuas o triunfalistas han hecho ver a los españoles». Junto a diversas cuestiones en torno a los límites de las aguas internacionales y la ruptura del tratado de pesca, se formulaban algunas consideraciones sobre el conflicto del Sáhara^‍‍[49].

El 16 de julio de 1975, el GPI presentó una nueva proposición de ley, esta vez destinada a levantar las trabas que impedían el libre ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. En virtud de su articulado, quedaba eliminaba la necesidad de autorización previa por parte de la Administración cuando se congregaran más de veinte personas. Y ello porque, a juicio de los proponentes, «en un Estado de derecho, debe ser única condición válida para limitar el ejercicio del derecho de reunión el que deba ser pacífica»^‍‍[50].

Tras el receso veraniego, el GPI volvió a la carga con una moción, firmada el 16 de octubre de 1975, en la que se repasaba la «situación política española»^‍‍[51] y se instaba al Gobierno a tomar medidas de muy distinta índole: «revisar» el Decreto Ley de agosto de 1975 sobre prevención del terrorismo; restablecer plenamente la jurisdicción ordinaria «para todos los delitos no específicamente militares»; reformar el Código Penal y las leyes penales relativas a la seguridad del Estado, «acomodándolos a los cambios acaecidos en la sociedad española»; promulgar una ley electoral «que garantice la plena participación de los ciudadanos»; perfeccionar una normativa sobre asociaciones «que posibilite el juego político de todos los ciudadanos»; modificar el sistema fiscal, sin aplazamiento «bajo el pretexto de trámites o estudios, que se han revelado como fórmulas dilatorias»; impulsar una reforma de la empresa, «que suponga una auténtica cogestión y que promueva una participación efectiva en los beneficios y en las plusvalías»; reconocer las regiones, «soslayadas en la reciente Ley de Bases de Régimen Local», y replantear las relaciones internacionales «con criterio de estricto pragmatismo político».

En diciembre de 1975, poco después de la proclamación de Juan Carlos I, el GPI elevó al nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, una moción similar a la presentada en octubre, pero ampliada en su contenido y con un tono más acentuadamente reformista y democratizador^‍‍[52]. La oportunidad del texto se apoyaba en «el caudal de esperanza» despertado por el acceso al trono del nuevo rey, que exigía «la aplicación de una política imaginativa y dinámica». La moción solicitaba, en primer lugar, el «restablecimiento de las libertades y derechos», mediante la supresión de la autorización gubernativa previa para reuniones, manifestaciones, conferencias, disertaciones y demás formas de expresión; la eliminación de la facultad extraordinaria de retirar los pasaportes; la adopción de «una política más liberal» en materia de prensa y la conversión de la televisión en un «marco adecuado a la polémica». Por otro lado, sobre las asociaciones políticas aprobadas en 1974, el Grupo solicitaba un ensanchamiento de su marco, incluyendo «a todos los españoles que se manifiesten dispuestos a respetar la ley y a actuar democráticamente».

Otro objetivo del GPI expresado en esta moción era lograr una «efectiva reconciliación nacional», lo que solo se lograría cuando «no quede un solo preso por delitos de asociación ilegal, reunión no pacífica, manifestaciones públicas, propagandas ilegales o huelgas de obreros». En ese sentido, el indulto concedido tras el ascenso al trono del rey Juan Carlos se consideraba un paso en ese sentido, pero no suficiente: era necesaria una amnistía, «concebida como medio de pacificación y de integración nacional». Otras medidas complementarias para garantizar esta aspiración eran la «expresa derogación» del Decreto-Ley de agosto de 1975 sobre prevención del terrorismo, «el reconocimiento de las remuneraciones de los mutilados de guerra a los que sufrieron mutilaciones en la zona republicana y de pensiones a las viudas de quienes murieron sirviendo en las filas del Ejército Español Republicano» y la concesión de las «indemnizaciones correspondientes» a los «funcionarios sancionados por causas de la guerra y a sus viudas e hijos».

No menos importante era el punto de la moción referido a la «reforma constitucional». De este modo, se pedía que en la nueva «Constitución del Reino, en la que se refundan las Leyes Fundamentales» apareciera «una Cámara formada exclusivamente por los representantes de los ciudadanos», introduciendo «una proporcionalidad entre los procuradores y la población» y reconociendo el derecho al voto a los mayores de dieciocho años. Además, se demandaba que las Cortes tuvieran «competencia en el cese del presidente del Gobierno, que no debe ser cometido exclusivo del Consejo del Reino, el cual tampoco debe tener en su nombramiento otra misión que la de consulta previa». Este último órgano quedaría reducido a una «Diputación Permanente de las Cortes», cuyos miembros estarían «obligados a comportarse de acuerdo con las decisiones adoptadas por las Cortes y dar cuenta a estas de sus decisiones».

Sobre política laboral, resulta muy significativa la condena que se hacía a la «descalificación que se realizó a partir del otoño de 1936 de los que en otros tiempos lucharon con honradez por el mundo del trabajo». De forma paralela, se pedía una amplia reforma de la Organización Sindical que incluyera la «completa y absoluta» autonomía e independencia de las organizaciones de trabajadores, «dentro del respeto a la legalidad, que no debe ser obstáculo a un racional ejercicio de la lucha obrera». En cuanto a la negociación colectiva, se apuntaba que «debe ser libre, sin topes ni límites de ninguna clase y sin intervenciones administrativas que desvirtúan lo acordado [...], un nuevo sacrificio de los económicamente más débiles es injustificable». La reforma sindical quedaría completa, a juicio del GPI, con la legalización «de las huelgas profesionales de rama» y la eliminación de «los preceptos tajantes sobre despido —que debería quedar al arbitrio de los tribunales— en casos de huelga».

El último gran tema de esta moción tenía que ver con la reforma del sistema sancionador, que «no guarda correspondencia con las actuales convicciones sociales». En este sentido, se reiteraban algunas consideraciones ya expresadas en el texto de 16 de octubre de 1976, como la supresión de «la jurisdicción militar en el enjuiciamiento del terrorismo y otras delitos no específicamente militares» y la sustitución «en todos los casos de la pena de muerte por la de reclusión perpetua y, esta, en ningún caso figure como pena única».

En los primeros días de enero de 1976, el GPI presionó mediante un ruego para que el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, compareciera ante las Cortes no solo para exponer su programa, sino para «someterlo a debate»^‍‍[53]. Efectivamente, Arias acudió a las Cortes el 28 de enero^‍‍[54], pero no hubo tal debate: el jefe del Ejecutivo se limitó a leer un discurso que fue mal recibido por la opinión pública e incluso por algunos de sus propios ministros^‍‍[55]. El GPI elaboró entonces un comunicado, que fue remitido a los medios de comunicación, en el que mostraba su disconformidad «con algunos extremos fundamentales» de la intervención del presidente^‍‍[56]. El documento consideraba, en primer lugar, «que debe cuanto antes sustituirse la simple tolerancia de las actividades políticas por la regulación legal de estas, modificando en cuanto sea necesario el actual ordenamiento jurídico». Y ello porque «la existencia y libre actuación política» era «tan importante para el país como la del Gobierno», y no resultaba «lógico continuar forzando a la clandestinidad o reduciendo al paternalismo tutelar la existencia de legítimas opciones políticas».

Sobre la reforma administrativa, el Grupo demandaba la «implantación de rigurosas incompatibilidades» y una acción más decidida a la hora de «perseguir y eliminar toda arbitrariedad y cualquier corruptela en la función pública». En torno al fenómeno regional, el GPI deseaba «un tratamiento más profundo y avanzado», que desembocara en «el debido reconocimiento de los hechos diferenciales». Por último, reprochaba que el presidente del Gobierno no hubiera realizado «un esfuerzo de imaginación y de presencia» que resultara «sugestivo para la juventud». El comunicado finalizaba con el ofrecimiento de colaboración parlamentaria por parte del Grupo, pero sin renunciar a «críticas y proposiciones de ley, como viene haciendo desde su constitución».

Ante la nueva comparencia del presidente del Gobierno en Televisión Española, el 28 de abril de 1976, el GPI volvió a publicar un comunicado, más duro que el anterior, en el que «consideraba insuficientemente tratadas» algunas cuestiones: que el Congreso previsto «no represente ideologías políticas de los ciudadanos a través de los partidos»; que no se definiera «la responsabilidad parlamentaria del Gobierno»; que la reforma sindical no concretara «lo que debía quedar a la determinación democrática de obreros y empresarios»; que el problema regional se circunscribiera «a las comisiones administrativas creadas al efecto», cuando «hubiera sido oportuno definir el alcance de las autonomías regionales»; que no se contemplara como viable «la posibilidad de contar una oposición democrática», y, finalmente, que el presidente se centrara en hablar de las huelgas, «sin llevar aparejada una condena de otras conductas antisociales, tales como la evasión de capitales, que afecta también gravemente a la economía nacional»^‍‍[57].

2. La reforma política y el GPI[Subir]

La posibilidad de una transición desde dentro del régimen no era una novedad a la altura de 1975. La habían esgrimido los diferentes núcleos reformistas y muchos autores habían reflexionado sobre una mutación democrática del régimen^‍‍[58]. Así, Miguel Herrero de Miñón había publicado un libro en 1972 en el que, a partir de la soberanía del rey, se entresacaba la posibilidad de que el monarca pudiera convocar un referéndum de alcance constitucional que permitiría, según sus propias palabras, y entre otras cosas, transferir «las competencias de las Cortes al pueblo»^‍‍[59]. Por su parte, Jorge de Esteban y sus colaboradores hicieron al año siguiente una interpretación de las Leyes Fundamentales franquistas en virtud de la cual podría aprovecharse el «potencial democrático» del régimen limitando el poder del jefe del Estado, desarrollando el control de las Cortes sobre el Ejecutivo y transformando la representación orgánica en una representación de corte liberal^‍‍[60].

De lo que se trataba, en cualquier caso, era de apostar por una democratización del sistema manteniendo, no obstante, la continuidad institucional y legal del régimen. En la famosa expresión del flamante presidente de las Cortes tras la muerte de Franco, Torcuato Fernández-Miranda, se buscaba aplicar el principio «de la ley a la ley»: las reformas debían llevarse a cabo jurídicamente, sin quiebra del sistema legal, de manera que la democracia surgiese como consecuencia necesaria de modificaciones legales de las instituciones del franquismo. Se evitaría así el contraejemplo portugués, en el que el colapso del Estado tras la «revolución de los claveles» y el consiguiente vacío de poder habían dado lugar a importantes desórdenes públicos (ocupaciones de tierras y fábricas, ataques a empresarios) y a una sustitución rápida de las élites políticas^‍‍[61].

Y esa era precisamente la misión que tenía encomendada el primer Gobierno de la Monarquía, el cual se propuso realizar una reforma que definiera un marco político en el que se mezclaran las continuidades del ordenamiento franquista con nuevos elementos de matriz democrática. El plan del Ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro, que había sido diseñado por el vicepresidente y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, se basaba en un difícil equilibrio entre la democracia orgánica y la democracia liberal mediante el desdoblamiento de las Cortes en dos Cámaras: un Congreso elegido por sufragio universal, directo y secreto, y un Senado compuesto por miembros cooptados de las «entidades naturales». Para conseguir esto era necesario elaborar, previamente, una ley que regulara el reconocimiento, la existencia y el funcionamiento de los partidos políticos; reformar el Código Penal para que esos partidos se hallaran dentro de la legalidad; aprobar una ley electoral para que pudieran celebrarse elecciones, y, en fin, modificar la Ley Constitutiva de las Cortes y la Ley de Principios del Movimiento Nacional con el objetivo de que el Congreso y el Senado acogieran esa nueva representación popular^‍‍[62].

Ante la inminente llegada de estos proyectos a la Cámara, el GPI decidió formar grupos de trabajo para el estudio de cada uno de los temas afectados: el primero de ellos, compuesto por Gabriel Cisneros, Carlos Iglesias Selgas, Rafael de Mendizábal y José Luis Meilán, se centraría en el derecho de reunión y manifestación; dentro de la Comisión de Competencia Legislativa trabajarían Gabriel Cisneros y Rubens Henríquez; del derecho de asociación se ocuparían Carlos Iglesias Selgas y Rafael de Mendizábal, y sobre asuntos económicos lo harían Baldomero Fernández Calviño, José Elías Gallegos, Rafael Mateo y Josep Meliá^‍‍[63].

Fruto del trabajo de estos grupos fue la elaboración de unas «líneas directrices» que debían seguir los miembros del Grupo para presentar las enmiendas al proyecto de Ley de Asociaciones Políticas, enviado por el Gobierno a la Cámara en marzo de 1976^‍‍[64]. Un proyecto que, aunque no era «objetivamente rechazable», debía ser «mejorado considerablemente para posibilitar que participen en la próxima convocatoria electoral todas las agrupaciones o partidos políticos que se comprometan a respetar la libertad y la democracia». En este sentido, se insistía en la necesidad de que la expresión «partidos políticos» apareciera no solo en el preámbulo, sino en el articulado de la ley, y de que hubiera un «reconocimiento expreso del derecho que tienen los españoles a afiliarse libremente a partidos políticos para contribuir democráticamente a la determinación de la política nacional». Asimismo, había que levantar todo «control administrativo» y la potestad sancionadora atribuida al Ministerio de la Gobernación: la Administración debía «limitarse a ejercer las funciones de registro» y la sanción «ser exclusivamente judicial». Tampoco podía haber «asociaciones ilegales» de antemano, pues esa decisión había de corresponder a los tribunales. Por último, en cuanto al funcionamiento interno de los partidos, el GPI pedía a sus miembros que presentaran enmiendas conducentes a garantizar «el control de recursos por el Tribunal de Cuentas, [...] la democratización de la organización interna de cada partido y, de manera especial, de sus órganos de gobierno y dirección»^‍‍[65].

El GPI alentó la reforma política también en los aspectos estrictamente procedimentales. Así, cuando en abril de 1976 Torcuato Fernández-Miranda estableció el procedimiento de urgencia de tramitación parlamentaria, que pretendía impedir cualquier posible maniobra dilatoria de los inmovilistas^‍‍[66], el Grupo envió un comunicado en el que manifestaba su «satisfacción» por el hecho de que se recogiera lo solicitado en su proposición de ley de mayo de 1975, sobre revalorización de las sesiones plenarias de las Cortes, y consideraba que «el procedimiento arbitrado posibilita el tener en cuenta la existencia de los diversos Grupos Parlamentarios para reconocer a estos, sean o no enmendantes a la totalidad de cada proyecto, la posibilidad de participar mediante portavoces debidamente autorizados, en la discusión o debate general de los proyectos»^‍‍[67].

Sin embargo, las maniobras de Fernández-Miranda no se vieron acompañadas por una acción acompasada a cargo del Gobierno. Arias nunca fue capaz de imprimir una dirección clara a su proyecto, que, por seguir el incrementalismo de Fraga, resultaba demasiado fragmentario, lo que facilitó el surgimiento y desarrollo de una corriente opositora entre los inmovilistas que alarmó a los reformistas; entre ellos al rey, quien terminó por cesarle^‍‍[68]. En todo caso, el modelo de reforma Arias-Fraga solo efectuaba modificaciones con voluntad de permanencia en ciertos segmentos del ordenamiento político y habría creado «un sistema híbrido, a la vez complejo y difuso, con muy escasas posibilidades de consolidación»^‍‍[69]. El fracaso de su antecesor hizo que el nuevo Gobierno presidido por Adolfo Suárez modificara el planteamiento de la reforma. El camino tomado desde julio de 1976 consistió en aprobar una norma, casi transitoria^‍‍[70], que posibilitara la continuación de las reformas por parte de unas Cámaras legitimadas democráticamente. Fue así como nació la idea de la Ley para la Reforma Política (LRP), octava Ley Fundamental que, de hecho, derogaba sus siete predecesoras^‍‍[71].

Antes de la presentación pública del proyecto de LRP, el 6 de septiembre de 1976, dos miembros del GPI, Julián Muro y David Pérez Puga, se reunieron con Suárez y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio, para tratar sobre la «reforma constitucional»^‍‍[72]. La coincidencia entre los interlocutores «sobre el fondo y la instrumentación de la reforma» fue «casi absoluta». En el encuentro se puso de manifiesto que el GPI había sido «el único que había tratado este tema con rigor y con oportunidad» y tanto Suárez como Osorio reconocieron que sus iniciativas les «habían servido de pauta para tomar decisiones».

Por lo demás, los representantes del Grupo apostaron por una reforma no exclusivamente procedimental, sino sustantiva, «breve y clara», promulgada «con la mayor urgencia», de modo que «la mayoría de los ciudadanos [...] pudiera tomar criterio sobre la decisión política que hayan de adoptar, ya que hasta la fecha están sumidos en el más profundo confusionismo, pudiendo pivotar hacia cualquiera de las tendencias políticas». En íntima conexión con la reforma constitucional se habló de la futura ley electoral. Ambas partes descartaron el sistema de distritos unipersonales, por correr el riesgo de generar «un bipolarismo político que se concretaría en un frente nacional y en otro popular». El GPI se inclinaba bien por un sistema de segunda vuelta bien por «un sistema proporcional con correcciones». En todo caso, «se hizo especial hincapié en reconocer el voto a los mayores de 18 años», como se había apuntado en alguna iniciativa anterior, posición que «en principio sorprendió» a Suárez y Osorio, pero que consideraban «con cierta posibilidad de viabilidad». En cuanto al ritmo de los acontecimientos, hubo coincidencia en que «si bien no debería llegarse a un proceso de ruptura», sí debía optarse por una «fórmula intermedia» que fuera más allá de la «simple reformista continuista», que se traduciría en «un sistema constituyente encajado en la legalidad vigente».

Una vez hecho público el contenido de la LRP, el GPI publicó una nota de prensa^‍‍[73] en la que mantenía «su criterio favorable al proyecto», porque entendía que servía «al deseo de que el pueblo pueda expresar su voluntad de cara al futuro democrático de los españoles, a través de unas elecciones libres». Además, en la misma recordaba «su postura de un exigente avance hacia la convivencia democrática», en virtud de la cual anunciaba la formulación de «diversas enmiendas, entre otras las conducentes a que el referéndum y el proceso electoral se vean asistidos de las máximas garantías, en orden a una total libertad de expresión y autenticidad de sus resultados».

Cercana ya la convocatoria del Pleno donde se discutiría la LRP, el 27 de octubre de 1976 se celebró una nueva reunión del Grupo^‍‍[74] en la que se encargó a Carlos Iglesias Selgas, José Luis Meilán, David Pérez Puga y Antonio Segovia la formulación de las observaciones generales al proyecto, «en la línea de apoyo» al mismo, «pero tratando de mejorarlo en orden a reconocer el derecho de sufragio a los mayores de 18 años, atribuir al rey y a las Cortes la iniciativa de la reforma constitucional, la posibilidad de disolución de las Cortes, la soberanía de las Cámaras en materia legislativa y la instrumentación de garantías suficientes, a cargo del poder judicial, para el proceso electoral».

Las ocho observaciones elaboradas por este equipo y hechas suyas por el conjunto del Grupo^‍‍[75] tenían por objeto dar «mayor coherencia y precisión» a la reforma política e «insertar la norma lo más cerca posible de las Constituciones europeas». En primer lugar, se manifestaba la «necesidad de una exposición de motivos que clarifique la voluntad del legislador». En este sentido, se consideraba esencial que en ella apareciera el «reconocimiento de las autonomías regionales y locales», «la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales del ciudadano» y «la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes». En segundo, la conveniencia de otorgar el sufragio a los mayores de 18 años, «dada la madurez, la responsabilidad y la inquietud política de la juventud española». En tercero, el reconocimiento de representación en el Senado a las «colectividades de españoles fuera de España», que han cargado con «la pesada carga de la emigración». En cuarto, clarificar que la iniciativa de reforma constitucional corresponde no en exclusiva al Gobierno, sino también a las Cámaras. En quinto, introducir el principio de disolución de las Cortes, «básico en todo sistema parlamentario»: «cuando se produzca la imposibilidad de gobernar», el rey debe poder disolver el Parlamento a propuesta del presidente del Gobierno y oídos los presidentes de ambas Cámaras. En sexto, un sistema electoral en el que «deberá mantenerse el principio de representatividad proporcional para el Congreso, matizado para evitar la excesiva proliferación de partidos, y el mayoritario para el Senado». En séptimo, reafirmar la «soberanía de las Cortes» y limitar «las excepciones a este principio» contenidas en el apartado 1º de la disposición transitoria 2ª. Y en octavo y último, la introducción de un organismo «para la defensa de la constitucionalidad de las leyes y para velar por la regularidad electoral».

Aunque estas observaciones fueron defendidas en el Pleno de las Cortes en que se aprobó la LRP^‍‍[76] por David Pérez Puga (pp. 72-‍76), otros procuradores miembros del Grupo intervinieron en la sesión para reforzar sus planteamientos. Este fue el caso de Carlos Iglesias Selgas (pp. 42-‍44), José Luis Meilán (pp. 114-‍119), Andrés Segovia (pp. 119-‍121), Jesús Aparicio Bernal (pp. 121-‍125), Gabriel Cisneros (pp. 125-‍128), Josep Meliá (pp. 128-‍131) y Rubens Henríquez (pp. 131-‍132), que formularon sus propias enmiendas individuales. A la hora de la votación, todos los miembros del GPI presentes en el hemiciclo lo hicieron a favor de la ley^‍‍[77].

Tras la aprobación de la LRP, el GPI no abandonó su actividad y menudearon las reuniones para fijar su posición ante las normas electorales dictadas en marzo de 1977 y la Ley de Regulación del Derecho de Asociación Sindical, última que aprobarían las Cortes franquistas. Incluso se formó una comisión especial, compuesta por Antonio Castro Villacañas, Jesús Aparicio Bernal, Jesús Sancho Rof, Rubens Henríquez y David Pérez Puga, para «analizar la actitud política del Grupo Parlamentario Independiente de cara a las próximas elecciones», que se reunió el 23 de febrero de 1977. Sin embargo, los miembros del GPI estaban ya más preocupados por resituarse en el nuevo panorama partidista que se abría de cara a la convocatoria electoral del 15 de junio. Así, muchos de sus integrantes impulsaron proyectos políticos propios como la Acción Regional Extremeña de Enrique Sánchez de León, el Partido Gallego Independiente de José Luis Meilán y David Pérez Puga o el Partit Nacionalista Mallorquí de Josep Meliá, y se desvincularon de la actividad del Grupo durante los primeros meses de 1977.

La mayor parte de los procuradores del Grupo se embarcaron en la Federación Social Independiente (FSI), encabezada por Rodolfo Martín Villa. En una reunión celebrada el 3 de marzo de 1977, el GPI decidió «apoyar la formación del nuevo partido y que algunos de sus miembros, no afiliados a otros partidos, encabezaran el grupo promotor de la Federación Social Independiente»^‍‍[78]. De hecho, el documento fundacional de la FSI surgió precisamente en el seno del Grupo Parlamentario. El «Manifiesto de los socialdemócratas independientes» pretendía dar voz a la «mayoría de españoles que deseamos se lleve a cabo una avanzada reforma que [...] concluya en una España plenamente democrática» e iba dirigido a «todos aquellos que, por ser partidarios de una profunda reforma [...] no se encuentran identificados por los partidos últimamente surgidos que se plantean como objetivo un continuismo levemente modificado de la situación»^‍‍[79].

Al final, tanto estos como aquellos terminarían engrosando las filas de Unión de Centro Democrático (UCD). Así, 21 de los 27 miembros del GPI que continuaron en la vida política lo hicieron dentro de la órbita de esta formación^‍‍[80]. Muchos revalidaron su acta parlamentaria en las nuevas Cortes democráticas dentro de las candidaturas de UCD^‍‍[81]: fue el caso de Félix Calvo (senador por Guadalajara), Gabriel Cisneros (diputado por Soria), Baldomero Fernández Calviño (senador por La Coruña), Martín Fernández Palacio (senador por Vizcaya), Rubens Henríquez (diputado por Santa Cruz de Tenerife), Rodolfo Martín Villa (senador por designación real)^‍‍[82], Ángel Martínez Fuertes (senador por León), José Luis Meilán (diputado por La Coruña), José Miguel Ortí Bordás (diputado por Castellón)^‍‍[83], David Pérez Puga (senador por Pontevedra), Antonio Rosón (diputado por Lugo), Enrique Sánchez de León (diputado por Badajoz)^‍‍[84] y Jesús Sancho Rof (diputado por Pontevedra)^‍‍[85]. Otros no llegaron a alcanzar un escaño, pero fueron destinados a puestos de responsabilidad en diversos niveles de la Administración: Paulino Buchens y Abelardo Sánchez fueron nombrados alcaldes de Palma de Mallorca y Albacete, respectivamente; Francisco Guerrero, director general de la Función Pública y presidente de la Comisión Liquidadora de Organismos; José Manuel Liaño permaneció como alcalde de La Coruña hasta las elecciones municipales de 1979; José Lladó dejó la cartera de Comercio para dirigir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones^‍‍[86]; Josep Meliá fue nombrado secretario de Estado de Información y, con posterioridad, gobernador general de Cataluña; Eduardo Navarro fue designado subsecretario de Interior y Daniel Regalado quedó como gerente de servicios del Instituto Nacional de la Salud en 1981.