REPRESIÓN ESTATAL Y DERECHOS HUMANOS EN SOCIEDADES DE POSGUERRA

1. Las características del conflicto armado[Subir]

Las dinámicas desatadas en el curso de la guerra civil y los rasgos definitorios de la contienda bélica juegan un papel relevante en la configuración de la represión estatal de posguerra. Este es el argumento defendido por diversos autores entre los que destaca Francisco Herreros ( ‍Herreros, F. (2011). Peace of cemeteries: civil war dynamics in postwar states’ repression. Politics & Society, 39 (2), 175-‍202. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0032329211405437.2011,  ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. 2014). De acuerdo con sus investigaciones, los legados de la guerra afectan a las vulneraciones de los derechos humanos producidas durante los periodos posconflicto en al menos un triple sentido: influyen en los niveles de amenaza percibida por el régimen resultante; este dispone de información privilegiada sobre la ubicación de sus oponentes y puede recurrir a la violencia preventiva; y se generan agravios durante el conflicto que pueden resultar en represalias tras el fin del combate abierto ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. Herreros, 2014: 146). Por tanto, y de acuerdo con esta perspectiva, la primera hipótesis general que tratará de contrastar el presente estudio puede ser formulada del siguiente modo:

H₁: El grado de observancia de los derechos humanos registrado en periodos de posguerra estará asociado a las características y dinámicas del conflicto armado.

Una vez definida esta primera proposición marco, cabría preguntarse cuáles son, en particular, las características del conflicto armado que condicionan el grado de vulneración de los derechos humanos registrado en la posguerra. En primer lugar, la intensidad de la contienda bélica podría incidir en los niveles de violencia estatal desplegados tras su clausura. Aquellos enfrentamientos armados caracterizados por una mayor virulencia son indicativos de fuertes hostilidades entre los contendientes y generadores también de mayores agravios, venganzas y represalias que pueden prolongarse más allá del final de los combates ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. Herreros, 2014: 151;  ‍McMeekin, C. C. (2013). The quality of peace after civil war: human rights and international interventions in post-conflict societies 1981-‍2006 [tesis doctoral]. The University of Georgia.McMeekin, 2013: 114;  ‍Meernik, J. D., Nichols, A. y King, K. L. (2010). The impact of international tribunals and domestic trials on peace and human rights after civil war. International Studies Perspectives, 11, 309-‍334. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2010.00414.x.Meernik et al., 2010: 317).

H_1a: Los conflictos armados de una mayor intensidad irán seguidos por mayores niveles de transgresión de los derechos humanos.

Junto a la magnitud de la guerra civil, la naturaleza de los enfrentamientos puede ser también clave para comprender la incidencia de agresiones de posguerra. En particular, el análisis de la relación existente entre etnicidad y conflicto armado ha sido un importante ámbito de reflexión por parte de la literatura especializada ( ‍Collier, P. y Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. Oxford Eonomic Papers, 56, 563-‍595. Disponible en: https://doi.org/10.1093/oep/gpf064.Collier y Hoeffler, 2004;  ‍Ellingsen, T. (2000). Colorful community or ethnic witches’ brew? Multiethnicity and domestic conflict during and after the Cold War. Conflict of Journal Resolution, 44 (3), 228-‍249. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002700044002004.Ellingsen, 2000;  ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.Fearon y Laitin, 2003;  ‍Kaufmann, C. (1996). Possible and impossible solutions to ethnic civil wars. International Security, 20 (4), 136-‍175. Disponible en: https://doi.org/10.1162/isec.20.4.136.Kaufmann, 1996;  ‍Reynal-Querol, M. (2002). Ethnicity, political systems, and civil wars. The Journal of Conflict Resolution, 46 (1), 29-‍54. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002702046001003.Reynal-Querol, 2002;  ‍Sambanis, N. (2001). Do ethnic and nonethnic civil wars have the same causes? A theoretical and empirical inquiry. The Journal of Conflict Resolution, 45 (3), 259-‍282. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002701045003001. Sambanis, 2001). A pesar de que existen ciertos disensos sobre la mayor o menor propensión al conflicto bélico de las sociedades étnicamente fragmentadas, sí parece constatable que las guerras libradas en torno a disputas de carácter étnico van a menudo acompañadas por elevados niveles de violencia en las distintas fases de su transcurso ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. Herreros, 2014: 150)^‍‍[1]. Una violencia que, con asiduidad dramática, se dirige también contra civiles no combatientes. Estas agresiones podrían afectar al nivel de represión estatal desplegada tras el conflicto. El primero de los posibles mecanismos actuantes en este sentido tendría que ver con las ya mencionadas dinámicas de revancha y castigo de posguerra ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. Herreros, 2014: 150). Los abusos producidos en el curso de los conflictos étnicos son fuente de numerosas afrentas que podrían desembocar en posteriores espirales de violencia por parte de las autoridades estatales. Además, de acuerdo con McMeekin ( ‍McMeekin, C. C. (2013). The quality of peace after civil war: human rights and international interventions in post-conflict societies 1981-‍2006 [tesis doctoral]. The University of Georgia.2013: 76-‍77), las comunidades étnicamente fragmentadas pueden presentar, en ocasiones, una mayor tolerancia social a la represión estatal dirigida contra los grupos minoritarios. En estos contextos, los incentivos del Estado para reducir las violaciones de los derechos humanos contra tales colectivos pueden resultar escasos.

Por otro lado, de acuerdo con Herreros ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. 2014: 150), las guerras étnicas pueden facilitar información al Estado que permita la persecución de potenciales opositores durante la posguerra. El citado autor alude, en concreto, al ejercicio de la violencia estatal indiscriminada. Esta forma de represión no se basa en el castigo a determinadas acciones subversivas individuales, sino que sus víctimas son seleccionadas en base a su pertenencia a un determinado colectivo —en este caso étnico— al que se atribuyen vínculos con la oposición ( ‍Kalyvas, S. N. (2004). The paradox of terrorism in civil war. The Journal of Ethics, 8 (1), 97-‍138. Disponible en: https://doi.org/10.1023/B:JOET.0000012254.69088.41.Kalyvas, 2004). Los escenarios de posguerra podrían ser testigos de severas vulneraciones de los derechos humanos contra el grupo étnico que batalló con el bando perdedor durante la contienda. Cabe pensar, además, que tales poblaciones puedan ser más fácilmente identificables o territorialmente localizables que aquellos opositores organizados exclusivamente sobre líneas de carácter ideológico, lo que podría favorecer también su hostigamiento tras el final del conflicto armado.

H_1b: La naturaleza de los enfrentamientos armados afecta al grado de observancia de los derechos humanos en el periodo posguerra. Los conflictos étnicos incrementan las probabilidades de abusos cometidos por parte de los poderes públicos.

Por último, prestaremos atención al modo en que finaliza la contienda. McMeekin ( ‍McMeekin, C. C. (2013). The quality of peace after civil war: human rights and international interventions in post-conflict societies 1981-‍2006 [tesis doctoral]. The University of Georgia.2013: 78-‍79) sostiene como hipótesis que el bando victorioso podría desplegar elevados niveles de represión contra los vencidos, contando con la aquiescencia de buena parte de la población. La legitimación social de ese cerco a los perdedores reduciría así los estímulos estatales para contener la coacción durante las fases posconflicto. El triunfo de uno de los contendientes sería, desde esta óptica, un elemento incitador de la violencia estatal de posguerra. En este sentido, y recogiendo el argumento de Schelling ( ‍Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. New Haven: Yale University Press.1966), Licklider ( ‍Licklider, R. (1995). The consequences of negotiated settlements in civil wars, 1945-‍1993. The American Political Science Review, 89 (3), 681-‍690. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2082982.1995: 686) afirma que la «victoria militar es por definición la habilidad de amenazar a la población civil enemiga con impunidad». La violencia practicada por el régimen dictatorial del general Franco contra los derrotados en la guerra civil española sería un ejemplo de dicho escenario^‍‍[2].

Meernik et al. ( ‍Meernik, J. D., Nichols, A. y King, K. L. (2010). The impact of international tribunals and domestic trials on peace and human rights after civil war. International Studies Perspectives, 11, 309-‍334. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2010.00414.x.2010: 317-‍318) sugieren, por su parte, que el verdadero riesgo para el mantenimiento de la paz y los derechos humanos tras el conflicto armado sería la indefinición derivada de la ausencia de acuerdos formales o victorias claras de las partes en liza. De acuerdo con los supuestos teóricos esbozados por los autores, aquellos países en los que el enfrentamiento bélico «finaliza de manera inconclusa tienen más probabilidades de permanecer inestables, violentos y contestados» ( ‍Meernik, J. D., Nichols, A. y King, K. L. (2010). The impact of international tribunals and domestic trials on peace and human rights after civil war. International Studies Perspectives, 11, 309-‍334. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2010.00414.x.Meernik et al., 2010: 318). Herreros ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. 2014: 148-‍150) propone, por su parte, un nuevo mecanismo causal. De acuerdo con sus hipótesis, el tipo de relación existente entre represión y forma de clausura del conflicto armado tiene que ver con los cambios producidos en el statu quo ante bellum. Por ello, según sus planteamientos, las victorias rebeldes habrían de ir acompañadas de mayores niveles de violencia estatal, asociados a los cambios producidos en las élites políticas que tratarán de acallar resistencias y castigar insubordinaciones. Asimismo, la firma de un acuerdo de paz entre las partes suele registrar cesiones y repartos de poder que podrían activar las dinámicas de represión expuestas^‍‍[3]. Sin embargo, frente a tales escenarios, las victorias gubernamentales implican menores transformaciones en el aparato del Estado y por ende, de acuerdo con el citado autor, requerirían de menores purgas y ejercicios de coacción. Ante toda esta pluralidad de perspectivas, en ocasiones contradictorias y de hallazgos poco precisos, el presente estudio someterá a prueba la hipótesis en nuestra opinión más intuitiva, considerando que la llegada a compromisos entre las partes en liza reducirá el riesgo de represión estatal de posguerra.

H_1c: La forma en que finaliza el conflicto armado influirá en el grado de respeto a los derechos humanos durante la posguerra. En particular, el cese de las hostilidades a través de un acuerdo formal entre las partes reducirá las probabilidades de violencia estatal posconflicto.

2. Las características del escenario de posguerra[Subir]

De acuerdo con las hipótesis formuladas hasta el momento, los rasgos definitorios del conflicto armado podrían otorgarnos pistas relevantes sobre cuál será el grado de observancia de los derechos humanos en el periodo de posguerra. Sin embargo, como ya indicamos anteriormente, la configuración del nuevo escenario sociopolítico tras el impacto de la contienda bélica puede resultar también clave para comprender la prevalencia y ejercicio de la violencia estatal. En consecuencia, la segunda hipótesis general formulada para su posterior comprobación empírica es la siguiente:

H₂: Las violaciones de los derechos humanos registradas en periodos de posguerra estarán asociadas a las características de la sociedad emergente tras el conflicto armado y a las posibles consecuencias de éste en la configuración de dicho escenario.

Uno de los principales hallazgos de la literatura consagrada al análisis de la represión estatal es su vinculación con el tipo de régimen político imperante. Los sistemas democráticos se muestran, de acuerdo con esta perspectiva, significativamente más respetuosos con los derechos humanos que los regímenes dictatoriales ( ‍Henderson, C. (1991). Conditions affecting the use of political repression. Journal of Conflict Resolution, 35 (1), 120-‍142. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002791035001007.Henderson, 1991;  ‍Poe, S. C. y Tate, C. N. (1994). Repression of human rights to personal integrity in the 1989s: a global analysis. The American Political Science Review, 88 (4), 853-‍872. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2082712.Poe y Tate, 1994;  ‍Poe, S. C. y Keith, L. C. (1999). Repression and the Human Right to personal integrity revisited: a global cross-national study covering the years 1976-‍1993. International Studies Quarterly, 43 (3), 291-‍313. Disponible en: https://doi.org/10.1111/0020-8833.00121.Poe et al., 1999)^‍‍[4]. Según Davenport ( ‍Davenport, C. (2007a). State repression and political order. Annual Review of Political Science, 10, 1-‍23. Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.101405.143216.2007a: 10-‍11), la existencia de esa relación negativa entre democracia y represión estatal ha sido atribuida, al menos, a tres factores diferenciados: a) los sistemas democráticos se apoyan en el mandato de las urnas para la selección de los gobernantes, por lo que estos se mostrarán más reacios a asumir el desgaste y costes políticos derivados del empleo de prácticas represivas, que de ser socialmente consideradas inadecuadas podrían obstaculizar su reelección; b) los valores de la tolerancia, la transacción y la deliberación, generalmente aceptados por la ciudadanía en los sistemas democráticos, son contrarios a la coerción y el empleo de la fuerza; y c) la presencia de canales de contestación y participación política erosiona la justificación del recurso a la represión mediante la reducción del conflicto social y la articulación de vías alternativas para la gestión de los agravios.

Desde la perspectiva que aquí se sostiene, resulta pertinente comprobar la vigencia de esta idea de «paz democrática», objeto de un consenso amplio y generalizado, en el contexto específico de aquellas sociedades recientemente atravesadas por un enfrentamiento bélico. Se trata de circunstancias en las que debido a sus atributos distintivos, en buena medida consecuencia del propio conflicto armado (quiebras en el sistema económico, corrupción, rencores y hostilidades), suele resultar difícil la implantación y funcionamiento de las democracias ( ‍Jung, J. K. (2008). Mission impossible? Democracy building in post-civil war societies. En el Midwest Political Science Association Annual Meeting. Chicago, 3-‍6 de abril de 2008. Jung, 2008: 8). Sin embargo, y en consonancia con los argumentos expuestos, cabría esperar que la presencia de regímenes democráticos tras la clausura de las guerras civiles contribuyera a dibujar un panorama en el que los poderes públicos sometieran su actividad a los derechos humanos, mostrando una mayor contención en el empleo de métodos coactivos. Si tal expectativa se revelara cierta, apuntaría en la dirección ya señalada por las políticas de establecimiento y promoción de regímenes democráticos tras los enfrentamientos armados^‍‍[5]. El impulso —interno pero también internacional— a las poliarquías en sociedades posconflicto podría ser, en este sentido, una estrategia útil para la salvaguarda del derecho a la integridad física de las personas.

H_2a: La vigencia de sistemas democráticos reduce el riesgo de violaciones de los derechos humanos en el periodo de posguerra.

Junto al binomio democracia-derechos humanos, el conflicto y la contestación política han sido otro de los elementos clave tradicionalmente destacados a la hora de analizar la incidencia de la represión estatal. La llamada law of coercive responsiveness ( ‍Davenport, C. (2007a). State repression and political order. Annual Review of Political Science, 10, 1-‍23. Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.101405.143216.Davenport, 2007a) propugna la existencia de una relación positiva entre la presencia de actividad opositora que desafíe a la autoridad vigente y el ejercicio de violencia por parte del Estado ( ‍Poe, S. C. y Tate, C. N. (1994). Repression of human rights to personal integrity in the 1989s: a global analysis. The American Political Science Review, 88 (4), 853-‍872. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2082712.Poe y Tate, 1994;  ‍Poe, S. C. y Keith, L. C. (1999). Repression and the Human Right to personal integrity revisited: a global cross-national study covering the years 1976-‍1993. International Studies Quarterly, 43 (3), 291-‍313. Disponible en: https://doi.org/10.1111/0020-8833.00121.Poe et al., 1999). El aparato estatal tratará así de proteger el orden político y económico establecido, acallando las voces que claman por su derrocamiento. La «percepción de amenaza» se constituye, de este modo, en un factor explicativo fundamental en los estudios sobre represión estatal ( ‍Davenport, C. (1995). Multi-dimensional threat perception and state repression: an inquiry into why states apply negative sanctions. American Journal of Political Science, 39 (3), 683-‍713. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2111650.Davenport, 1995). El análisis de dicha cuestión puede resultar de especial trascendencia en contextos de posguerra civil. Las hostilidades heredadas de la contienda, la posible continuidad de ciertos focos de actividad del bando vencido y la generación de nuevos agravios que articulen nuevas protestas configuran un mapa particularmente proclive a la disidencia, generando por tanto un terreno abonado para el empleo de prácticas represivas.

H_2b: Las revueltas y la actividad de grupos opositores contra el Gobierno resultante del conflicto armado se hallan asociadas a un mayor riesgo de vulneración estatal de los derechos humanos.

3. Fragilidad y colapso del Estado tras la contienda bélica: una nueva mirada a la represión estatal de posguerra[Subir]

La fragilidad estatal y el conflicto armado se hallan unidos por un peligroso camino de ida y vuelta. Ambos fenómenos se retroalimentan generando una complicada «trampa» de la que resulta difícil encontrar la salida. Los estudios sobre el estallido de guerras civiles han señalado cómo son los Estados más débiles quienes presentan una probabilidad significativamente mayor de ser víctimas de un conflicto armado ( ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.Fearon y Laitin, 2003). La ausencia de estructuras estatales sólidas y su incapacidad de controlar población y territorio les hacen más vulnerables a la emergencia o fortalecimiento de grupos insurgentes que desafíen su autoridad. Por otro lado, las propias guerras civiles son a su vez una fuente primordial de erosión de la capacidad del Estado, llevando en ocasiones incluso al colapso de sus instituciones ( ‍Autesserre, S. (2010a). Peacetime violence: post-conflict violence and peacebuilding strategies. Program on States and Security, Ralph Bunche Institute for International Studies. New York: City University of New York. Autesserre, 2010a: 4). Los enfrentamientos bélicos, especialmente aquellos de una mayor intensidad y duración, generan elevados costes en términos de destrucción de infraestructuras, reducción de las tasas de crecimiento, limitación de las expectativas de desarrollo y deterioro de la legitimidad y autoridad del Estado ( ‍Collier, P. , Elliot, V. L., Hegre, H., Hoeffler, A., Reynal-Querol, M. y Sambanis, N. (2003). Breaking the conflict trap. Civil war and development policy. Washington DC: World Bank, Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1037/e504012013-001.Collier et al., 2003;  ‍Naudé, W. y McGillivray, M. (2011). Fragile states: an overview. En W. Naudé, A. U. Santos-Paulino y M. McGillivray (eds.). Fragile states: causes, costs, and responses. Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199693153.001.0001.Naudé y McGillivray, 2011: 5-‍7).

Los escenarios posconflicto se hallan, por tanto, generalmente marcados por la fragilidad. Se han señalado, de hecho, las elevadas tasas de recurrencia de las guerras civiles durante los años inmediatamente posteriores a su clausura. Tanto es así que, de acuerdo con Collier et al. ( ‍Collier, P. y Söderbom, M. (2008). Post-conflict risks. Journal of Peace Research, 45 (4), 461-‍478. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343308091356.2008: 474), el riesgo medio de que una sociedad de posguerra retorne al conflicto armado durante la década subsiguiente a su finalización alcanza el 40 %. Tal circunstancia podría ser interpretada, según los citados autores, en términos de «factibilidad»: si, como señala buena parte de la literatura, las rebeliones tienen lugar allí donde son factibles —entre otros motivos debido a la incapacidad del Estado—, los escenarios posconflicto presentarían una factibilidad atípicamente alta, contribuyendo a explicar la frecuente reversión de la contienda. En este sentido, Fearon y Laitin ( ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.2003: 88) mantienen que, en lo que respecta a la prevención de los conflictos armados, la presencia de un «gobierno bien financiado y administrativamente competente» puede resultar un mecanismo causal de vital importancia.

Pero la fragilidad estatal de posguerra no solo es caldo de cultivo para el estallido de nuevos enfrentamientos bélicos, sino también para la emergencia de otras formas y manifestaciones de violencia. La ausencia de un Estado fuerte tras la contienda, con un entramado burocrático, judicial y de seguridad efectivo, se encuentra en buena medida detrás de la influencia de las mafias, la actividad de los excombatientes, el incremento de la delincuencia o el fortalecimiento de los ya mencionados «señores de la guerra» ( ‍Autesserre, S. (2010a). Peacetime violence: post-conflict violence and peacebuilding strategies. Program on States and Security, Ralph Bunche Institute for International Studies. New York: City University of New York. Autesserre, 2010a: 4). El colapso de los Estados africanos y la violencia que azota sus sociedades podría considerarse un triste ejemplo de tales dinámicas ( ‍Reno, W. (1998). Warlord Politics and African States. Boulder, Co.: Lynne Rienner.Reno, 1998). Sin embargo, poco se ha escrito acerca del modo en que esa debilidad puede afectar a la violencia y agresiones a los derechos humanos cometidas por el propio aparato del Estado durante los periodos posconflicto. Una relación que, desde el punto de vista del presente estudio, podría contribuir al debate académico y constituir una nueva pieza en el complejo puzle de la represión estatal de posguerra.

Los lazos que unen represión y capacidad estatal han recibido una escasa atención por parte de la literatura. Existen, no obstante, algunas notables excepciones. De acuerdo con Young ( ‍Young, J. K. (2009). State capacity, democracy, and the violation of personal integrity rights. Journal of Human Rights, 8 (4), 283-‍300. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14754830903324712.2009), los gobernantes que desempeñan su actividad en Estados débiles cuentan con un poder limitado de negociación frente a sus oponentes y afrontan elevados costes a la hora de implementar las políticas deseadas. La inseguridad derivada de la situación precaria en que se encuentran incrementa su percepción de amenaza y hace más probable que recurran a cualquier medio a su alcance, incluida la violencia, para mantenerse en el poder y llevar a cabo sus planes. Englehart ( ‍Englehart, N. A. (2009). State capacity, state failure, and human rights. Journal of Peace Research, 46 (2), 163-‍180. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343308100713.2009), por su parte, apunta hacia los problemas de agencia asociados a estructuras estatales frágiles. En aquellos contextos en que la fortaleza del Estado es reducida, su capacidad de control sobre el territorio y sobre sus propias fuerzas de seguridad resulta severamente erosionada, produciéndose por tanto una pérdida de agencia que afectará al cumplimiento de los derechos humanos en un doble sentido. Por un lado, los cuerpos del Estado serán incapaces de contener los abusos cometidos por sujetos privados de diverso tipo, que actuarán además con la peligrosa licencia que otorga la sensación de impunidad. Por otro lado, serán los mismos agentes del Estado quienes pongan en riesgo el derecho a la integridad física de los ciudadanos. Según Englehart, cuando la policía, los jueces y los funcionarios públicos son corruptos y mal retribuidos, los incentivos para el cumplimiento de las normas son muy pocos. En estas circunstancias, el Estado, débil, no es capaz de controlar los desmanes de tales órganos y salvaguardar los derechos humanos. Además, la inaccesibilidad del terreno y la ausencia de una buena red de infraestructuras y comunicaciones supondrán un obstáculo adicional para que el Estado brinde los oportunos servicios de seguridad que le corresponden. Desde esta perspectiva, por tanto, cuanto más fuerte sea el aparato estatal, mayor será en términos generales la garantía y salvaguarda de los derechos humanos^‍‍[6].

Esta idea de represión asociada a la debilidad del Estado ha sido analizada por Mauricio Rivera ( ‍Rivera, M. (2010). Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos. Teorías, métodos, hallazgos y desafíos. Política y Gobierno, XVII (1), 59-‍95. 2010) bajo la etiqueta de represión estatal descentralizada. De acuerdo con el mencionado autor, la literatura ha examinado de manera casi exclusiva las violaciones de los derechos humanos cometidas como resultado de las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales. Sin embargo, sostiene, es preciso tener en cuenta el papel de las burocracias públicas. Así, frente a la represión centralizada fruto de los cálculos estratégicos de los gobernantes, las lógicas represivas descentralizadas aluden a las decisiones autónomas de las fuerzas de seguridad del Estado y a su comportamiento coercitivo al margen de la legalidad. No se trata, por tanto, de órdenes emanadas desde el poder político para la defensa o conquista de ciertos intereses, sino de abusos perpetrados como consecuencia de la incapacidad estatal para controlar y sancionar la actividad de dichas agencias. Estas dinámicas pueden hallarse, por tanto, no solo en regímenes dictatoriales, sino también en democracias encuadradas en Estados caracterizados por su fragilidad. Así lo han señalado junto a Rivera autores como Méndez, O’Donnell y Pinheiro ( ‍Méndez, J., O’Donnell, G. y Pinheiro, P. S. (eds.). (1999). La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina. Buenos Aires: Paidós.1999), Ahnen ( ‍Ahnen, R. E. (2007). The politics of police violence in democatic Brazil. Latin American Politics & Society, 49 (1), 141-‍164. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2007.tb00377.x.2007) o Brinks ( ‍Brinks, D. M. (2003). Informal institutions and the rule of law: the judicial response to state killings in Buenos Aires and São Paulo in the 1990s. Comparative Politics, 36 (1), 1-‍19. Disponible en: https://doi.org/10.2307/4150157.2003), referidos también al ámbito latinoamericano, donde las violaciones de los derechos humanos no quedaron atrás con la tercera ola democratizadora, sino que tan solo mudaron las lógicas —ahora informales y descentralizadas— que explicaban su ominosa presencia.

La adopción de este enfoque sobre la violencia estatal y su mirada más allá de las estrategias políticas de los gobernantes pone, por tanto, el acento en el cumplimiento y efectividad del imperio de la ley. Desde el punto de vista expuesto, la impunidad y la ausencia de fiscalización estatal pueden hacer de policía y ejército una fuente autónoma de torturas, asesinatos y demás vulneraciones del derecho a la integridad física de las personas. En este sentido, resultaría relevante prestar atención al impacto que tienen sobre la represión del Estado los aspectos asociados a la legalidad y el sistema judicial. Tal es la línea adoptada por autores como Mitchell et al. ( ‍Mitchell, S. M., Ring, J. J. y Spellman, M. K. (2013). Domestic legal traditions and states’ human rights practices. Journal of Peace Research, 50 (2), 189-‍202. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343312466561.2013), quienes en su estudio sobre la relación existente entre las tradiciones legales de los países y su práctica de los derechos humanos concluyen que la independencia judicial, la escasez de corrupción y las leyes comunes —frente a las civiles, mixtas e islámicas— reducen significativamente la probabilidad de represión y atropellos contra tales derechos. Powell y Staton ( ‍Powell, E. J. y Staton, J. K. S. (2009). Domestic judicial institutions and human rights treaty violation. International Studies Quarterly, 53 (1), 149-‍174. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2008.01527.x.2009) rescatan también el impacto de la efectividad del sistema de justicia a la hora de analizar las causas de la ratificación y cumplimiento de los tratados contra la tortura, mientras que Keith et al. ( ‍Keith, L. C., Tate, C. N. y Poe, S. C. (2009). Is the law a mere parchment barrier to human rights abuse? The Journal of Politics, 71 (2), 644-‍660. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0022381609090513.2009) se interrogan sobre la utilidad de la ley para detener los excesos del terror estatal. Según los hallazgos de dichos autores, el establecimiento de mecanismos legales-formales para la protección de los derechos humanos mejora, de manera efectiva, el grado de observancia de los mismos. La instauración de provisiones constitucionales que garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos, aseguren la independencia de los jueces y limiten las actuaciones del ejecutivo en estados de emergencia no es, por tanto, una cuestión baladí en lo que a la represión respecta.

En definitiva, y de acuerdo con los argumentos planteados, un Estado fuerte y garante del imperio de la ley constituye un buen antídoto contra las violaciones de los derechos humanos. El control estatal de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de instrumentos para su rendición de cuentas supondrá un freno necesario a los posibles abusos de poder cometidos por tales agentes. Por tanto, la capacidad del Estado se erige, desde esta perspectiva, en un elemento fundamental para el análisis de la represión. Sin embargo, ninguno de los mecanismos expuestos ha sido abordado en los estudios previos sobre derechos humanos en periodos de posguerra civil. Pese a la enorme relevancia que adquiere, como ya señalamos anteriormente, el problema de la debilidad y el colapso del Estado tras los conflictos armados, sus efectos sobre las prácticas represivas no han sido objeto de un análisis particularizado. Durante las etapas posconflicto, las frecuentes quiebras producidas en el aparato estatal como consecuencia de la experiencia bélica pueden hacer que la impunidad, la corrupción y los límites al control gubernamental incrementen el riesgo de transgresión de los derechos humanos por parte de los poderes públicos. Esta circunstancia puede tornarse especialmente severa si tenemos en cuenta que policía y ejército emergen de un contexto bélico en el que las prácticas represivas no han sido ajenas a su actividad. La interiorización de las dinámicas violentas aprendidas durante la contienda bélica, sobre todo en el caso de conflictos largos o de gran intensidad, puede generar ciertas inercias que continúen marcando su forma de proceder tras el final de la guerra. En este sentido, la capacidad estatal para fiscalizar y sancionar este tipo de conductas resultaría de vital importancia para garantizar el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que la presencia de antiguos combatientes armados, y acostumbrados al manejo de dichas armas, puede redundar no solo en la presencia de actividad opositora contra el régimen, sino también en un ascenso de la criminalidad. Se trata de agentes especializados en la violencia que, tras el conflicto, podrían reorientar su actividad armada hacia la delincuencia común. De acuerdo con Muggah ( ‍Muggah, R. (2005). No magic bullet: a critical perspective of disarmament, demobilization and reintegration (DDR) and weapons reduction in post-conflict contexts. The Round Table, 94 (379), 239-‍252. Disponible en: https://doi.org/10.1080/00358530500082684.2005: 241), la violencia cometida por exsoldados alcanza con frecuencia grandes proporciones tras los combates y la proliferación de rifles de asalto y armas ligeras empleadas durante la guerra resurge en ocasiones durante la posguerra asociada al crimen. Herreros advierte también ( ‍Herreros, F. (2014). La influencia de las guerras civiles sobre la represión estatal en posguerras. Vínculos de Historia, 3, 144-‍158. 2014: 149) de tales circunstancias y plantea su posible vinculación con un aumento de la represión orientada al mantenimiento del orden público. Según el citado autor, ejemplos como Mozambique, Liberia o Sierra Leona parecen apuntar en la dirección señalada. En estos casos, afirma, la accesibilidad de las armas después del conflicto estuvo asociada a la prevalencia de actividades criminales. Por su parte, América Latina ha sido escenario común de esas interacciones entre delito, fragilidad estatal y violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad a través de la idea de «mano dura». De acuerdo con Rivera ( ‍Rivera, M. (2010). Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos. Teorías, métodos, hallazgos y desafíos. Política y Gobierno, XVII (1), 59-‍95. 2010: 79-‍80), entre los cuerpos policiales de la región ha imperado la creencia de que la violencia estatal es un instrumento eficaz para el mantenimiento del orden social y la seguridad ciudadana. El istmo centroamericano, fuertemente golpeado por diversos conflictos armados durante la segunda mitad del siglo xx, puede ilustrar dichas dinámicas. El Salvador de posguerra, por ejemplo, ha sido testigo de altas tasas de criminalidad desde que finalizó la contienda bélica, llegando a convertirse en uno de los países más violentos del subcontinente. De acuerdo con Zinecker ( ‍Zinecker, H. (2007). From Exodus to Exitus: causes of post-war violence in El Salvador (PRIF Reports, 80). Frankfurt: Peace Research Institute Frankfurt.2007: 29-‍34), las violaciones de los derechos humanos han sido una práctica habitual en un contexto en el que la policía cuenta con escasos recursos, ejerce su poder arbitrariamente y muestra tendencias militaristas, al tiempo que el sistema judicial carece de independencia y actúa de manera incompetente, favoreciendo un fuerte clima de impunidad.

Si, como se ha planteado en páginas previas, la debilidad estatal en periodos de posguerra puede ser un factor de riesgo para la observancia de los derechos humanos, parecería oportuno tomar en consideración el impacto de tal dimensión durante los procesos de paz. La reconstrucción del Estado emerge, desde esta óptica, como una tarea insoslayable tras el final de la contienda. En realidad, la importancia de las políticas de state-building ha sido señalada ya por numerosos autores y organizaciones. De acuerdo con este enfoque, un proceso de paz efectivo requiere de una fase inicial de institucionalización orientada al incremento de la eficacia estatal, que garantice su capacidad para restaurar y mantener el orden ( ‍Autesserre, S. (2010a). Peacetime violence: post-conflict violence and peacebuilding strategies. Program on States and Security, Ralph Bunche Institute for International Studies. New York: City University of New York. Autesserre, 2010a;  ‍Diamond, L. (2005). Promoting democracy in post-conflict and failed states: lessons and challenges. En el Policy Forum on Terrorism, Security, and America’s Purpose. Washington D.C., 6 y 7 de septiembre de 2005. Diamond, 2005;  ‍Paris, R. (2004). At war’s end. Building peace after civil conflict. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790836.Paris, 2004). Esta labor de fortalecimiento del Estado después de la guerra podría contribuir, según nuestra propuesta, a una mejor garantía de los derechos humanos. Por un lado, la construcción de un Estado fuerte ha sido señalada como una tarea ineludible para la promoción de la democracia en países posconflicto ( ‍Diamond, L. (2005). Promoting democracy in post-conflict and failed states: lessons and challenges. En el Policy Forum on Terrorism, Security, and America’s Purpose. Washington D.C., 6 y 7 de septiembre de 2005. Diamond, 2005). La estrategia de la «institucionalización antes de la liberalización» —IBL por sus siglas en inglés— propugnada por Paris ( ‍Paris, R. (2004). At war’s end. Building peace after civil conflict. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790836.2004: 179-‍211) plantea, precisamente, la importancia de una administración efectiva del territorio tras el conflicto como condición necesaria para el buen funcionamiento democrático. Ese impulso a las reglas de juego de la poliarquía contribuirá, de acuerdo con la literatura, al descenso de la represión estatal. Asimismo, un Estado fuerte tendrá una mayor capacidad de contener la violencia desatada por diversos actores privados que amenacen los derechos y libertades básicos de la ciudadanía. Por último, y en consonancia con los planteamientos expuestos a lo largo de los párrafos previos, la reconstrucción del Estado tras la contienda permitirá el ejercicio de un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad pública, reduciendo los abusos y desmanes cometidos por tales agencias, y servirá de respaldo al adecuado funcionamiento de las instituciones de justicia, sometidas así a los principios derivados del imperio de la ley.

H_2c: La debilidad y, en su caso, el propio colapso del Estado tras el conflicto armado incrementan las probabilidades de abuso de los derechos humanos.

1. La muestra[Subir]

El presente estudio analiza un total de 70 periodos de posguerra [véase Anexo] de 56 países entre los años 1976 y 2012, con un total de 516 observaciones (estas se verán alteradas en los modelos en función de la disponibilidad de datos para las variables independientes). Para la definición de estas etapas posconflicto se ha realizado, en primer lugar, una selección de enfrentamientos armados susceptibles de ser catalogados como guerras civiles. De acuerdo con buena parte de la literatura, este tipo de enfrentamientos bélicos se caracterizan por la confluencia —aunque con ciertas variaciones— de al menos tres componentes básicos: su carácter intraestatal, su amplia magnitud y capacidad destructiva, y la presencia de resistencia efectiva por ambas partes contendientes ( ‍Doyle, M. W. y Sambanis, N. (2000). International peacebuilding: a theoretical and quantitative analysis. American Journal of Political Science, 94 (4), 779-‍801. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2586208.Doyle y Sambanis, 2000;  ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.Fearon y Laitin, 2003;  ‍Licklider, R. (1995). The consequences of negotiated settlements in civil wars, 1945-‍1993. The American Political Science Review, 89 (3), 681-‍690. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2082982.Licklider, 1995;  ‍Sambanis, N. (2004). What is civil war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48 (6), 814-‍858. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002704269355.Sambanis, 2004;  ‍Small, M. y Singer, J. D. (1982). Resort to arms: international and civil war, 1816-‍1980. Beverly Hills, CA.: Sage.Small y Singer, 1982). En concreto, en el presente estudio se han seguido los criterios de operacionalización planteados por Fearon y Laitin ( ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.2003: 76), considerando aquellos conflictos que envuelven luchas entre el Estado y agentes no estatales organizados con objetivos políticos, en los que se producen al menos 1000 víctimas mortales, con una media anual de 100 y un mínimo de 100 bajas en cada uno de los bandos contendientes. Para la selección de tales guerras se han consultado fuentes diversas con el propósito de demarcar de manera robusta los límites de cada conflicto armado (por ejemplo,  ‍Balcells, L. y Kalyvas, S. (2014). Does warfare matter? Severity, duration, and outcomes of civil wars. Journal of Conflict Resolution, 58 (8), 1390-‍1418. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002714547903.Balcells y Kalyvas, 2014;  ‍Collier, P. y Söderbom, M. (2004). On the duration of civil war. Journal of Peace Research, 41 (3), 253-‍273. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343304043769.Collier et al., 2004;  ‍De Rouen, K. R. y Sobek, D. (2004). The dynamics of civil war duration and outcome. Journal of Peace Research, 41 (3), 303-‍320. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343304043771.De Rouen y Sobek, 2004;  ‍Doyle, M. W. y Sambanis, N. (2000). International peacebuilding: a theoretical and quantitative analysis. American Journal of Political Science, 94 (4), 779-‍801. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2586208.Doyle y Sambanis, 2000;  ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.Fearon y Laitin, 2003;  ‍Gleditsch, N. P., Wallensteen, P., Eriksson, M., Sollenberg, M. y Strand, H. (2002). Armed Conflict 1946-‍2001: A New Dataset. Journal of Peace Research, 39 (5), 615-‍637. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343302039005007.Gleditsch et al., 2002;  ‍Kreutz, J. (2010). How and When Armed Conflicts End: Introducing the UCDP Conflict Termination Dataset. Journal of Peace Research, 47 (2), 243-‍250. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343309353108.Kreutz, 2010;  ‍Lacina, B. y Gleditsch, N. P. (2005). Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths. European Journal of Population, 21 (2-‍3), 145-‍166. Disponible en: https://goo.gl/WM9ZPd; https://doi.org/10.1007/s10680-005-6851-6.Lacina y Gleditsch, 2005;  ‍Pettersson, T. y Wallensteen, P. (2015). Armed Conflicts, 1946-‍2014. Journal of Peace Research, 52 (4), 536-‍550. Disponible en: https://goo.gl/7XahX; https://doi.org/10.1177/0022343315595927.Pettersson y Wallensteen, 2015;  ‍Sambanis, N. (2004). What is civil war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48 (6), 814-‍858. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002704269355.Sambanis, 2004;  ‍Sarkees, M. R. y Wayman, F. (2010). Resort to War: 1816 - 2007. Washington DC: CQ Press. Disponible en: https://goo.gl/dXkTNv.Sarkees y Wayman, 2010;  ‍UCDP. (2014). UCDP Battle-related Deaths Dataset, V5, 1989-‍2013 [Datafile]. Uppsala Conflict Data Program, Department of Peace and Conflict Resarch, Uppsala Universitet. Disponible en: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_battle-related_deaths_dataset/.UCDP, 2014). Los periodos de posguerra analizados han sido definidos como los diez años inmediatamente posteriores al cese del enfrentamiento bélico^‍‍[7].

2. El modelo[Subir]

Para la realización de los análisis estadísticos hemos aplicado modelos de regresión (OLS) con errores estándar robustos agrupados en cluster de país. El cálculo de este tipo de errores pretende abordar los posibles problemas de estimación derivados de la heterocedasticidad ( ‍Escobar, M., Fernánez, E. y Bernardi, F. (2009). Análisis de datos con Stata. Cuadernos Metodológicos, 45. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.Escobar et al., 2009: 347-‍348;  ‍Wooldridge, J. M. (2003). Cluster-sample methods in applied econometrics. The American Economic Review, 93 (2), 133-‍138. Disponible en: https://doi.org/10.1257/000282803321946930.Wooldridge, 2003;  ‍Zorn, C. (2006). Comparing GEE and robust standard errors for conditionally dependendent data. Political Research Quarterly, 59 (3), 329-‍341. Disponible en: https://doi.org/10.1177/106591290605900301.Zorn, 2006). Asimismo, se incluye un retardo de la variable dependiente para corregir la frecuente autocorrelación serial presente en estudios con estructura de panel y controlar el peso que la inercia de las prácticas represivas pasadas puede tener sobre la represión presente ( ‍Beck, N. y Katz, J. (1995). What to do (and what not to do) with Time-Series-Cross-Sectional data in Comparative Politics. American Political Science Review, 89, 634-‍647. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2082979.Beck y Katz, 1995;  ‍Keith, L. C., Tate, C. N. y Poe, S. C. (2009). Is the law a mere parchment barrier to human rights abuse? The Journal of Politics, 71 (2), 644-‍660. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0022381609090513.Keith et al., 2009: 651-‍652).

3. Variable dependiente[Subir]

Represión estatal: los datos sobre violaciones de los derechos humanos han sido extraídos de la Political Terror Scale (1976-‍2014) ( ‍Gibney, M., Cornett, L., Wood, R., Haschke, P. y Arnon, D. (2015). The Political Terror Scale 1976-‍2015 [Datafile]. Disponible en: http://www.politicalterrorscale.org.Gibney et al., 2015). Se emplea la media aritmética de la represión calculada a partir de los informes de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se trata de una variable de nueve categorías que oscila entre 1 y 5 (con valores intermedios debido a su carácter promediado), siendo este el nivel máximo de agresión estatal a los derechos humanos.

4. Variables independientes[Subir]

Víctimas mortales del conflicto armado: la intensidad y virulencia del conflicto armado será analizada mediante el número de víctimas mortales provocadas durante su transcurso^‍‍[8]. Se trata de una variable categórica que distingue entre: 1 = menos de 5000 muertos; 2 = entre 5000 y 25 000 muertos; 3 = entre 25 001 y 100 000 muertos; 4 = más de 100 000 muertos. La información para la creación de esta variable ha sido extraída de múltiples bases de datos ( ‍Balcells, L. y Kalyvas, S. (2014). Does warfare matter? Severity, duration, and outcomes of civil wars. Journal of Conflict Resolution, 58 (8), 1390-‍1418. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002714547903.Balcells y Kalyvas, 2014;  ‍Doyle, M. W. y Sambanis, N. (2000). International peacebuilding: a theoretical and quantitative analysis. American Journal of Political Science, 94 (4), 779-‍801. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2586208.Doyle y Sambanis, 2000;  ‍Fearon, J. (2004). Why do some civil wars last so much longer than others? Journal of Peace Research, 41 (3), 275-‍301. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343304043770.Fearon, 2004;  ‍Lacina, B. y Gleditsch, N. P. (2005). Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths. European Journal of Population, 21 (2-‍3), 145-‍166. Disponible en: https://goo.gl/WM9ZPd; https://doi.org/10.1007/s10680-005-6851-6.Lacina y Gleditsch, 2005;  ‍Marshall, M. G. (2015). Major Episodes of Political Violence, 1946-‍2014. Center for Systemic Peace. Disponible en: https://goo.gl/IwXYFU.Marshall, 2015;  ‍Sambanis, N. (2004). What is civil war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48 (6), 814-‍858. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002704269355.Sambanis, 2004;  ‍UCDP. (2014). UCDP Battle-related Deaths Dataset, V5, 1989-‍2013 [Datafile]. Uppsala Conflict Data Program, Department of Peace and Conflict Resarch, Uppsala Universitet. Disponible en: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_battle-related_deaths_dataset/.UCDP, 2014)^‍‍[9].

Tipo de conflicto armado: la naturaleza de los enfrentamientos armados será abordada mediante una variable dummy que clasifica con 1 los conflictos étnicos/mixtos y con 0 los conflictos no étnicos. Este indicador ha sido elaborado a partir de datos obtenidos de Doyle y Sambanis ( ‍Doyle, M. W. y Sambanis, N. (2000). International peacebuilding: a theoretical and quantitative analysis. American Journal of Political Science, 94 (4), 779-‍801. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2586208.2000), Fearon y Laitin ( ‍Fearon, J. y Laitin, D. (2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. The American Political Science Review, 97 (1), 75-‍90. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534.2003), Sambanis ( ‍Sambanis, N. (2004). What is civil war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48 (6), 814-‍858. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002704269355.2004) y Balcells y Kalyvas ( ‍Balcells, L. y Kalyvas, S. (2014). Does warfare matter? Severity, duration, and outcomes of civil wars. Journal of Conflict Resolution, 58 (8), 1390-‍1418. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002714547903.2014).

Tipo de finalización del conflicto armado: el modo en que finaliza la contienda bélica ha sido expresado a través de una variable categórica que distingue entre: 1 = victoria gubernamental; 2 = victoria rebelde; 3 = acuerdo/compromiso. La información necesaria para su codificación procede de diversas fuentes ( ‍Balcells, L. y Kalyvas, S. (2014). Does warfare matter? Severity, duration, and outcomes of civil wars. Journal of Conflict Resolution, 58 (8), 1390-‍1418. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002714547903.Balcells y Kalyvas, 2014;  ‍De Rouen, K. R. y Sobek, D. (2004). The dynamics of civil war duration and outcome. Journal of Peace Research, 41 (3), 303-‍320. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343304043771.De Rouen y Sobek, 2004;  ‍Doyle, M. W. y Sambanis, N. (2000). International peacebuilding: a theoretical and quantitative analysis. American Journal of Political Science, 94 (4), 779-‍801. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2586208.Doyle y Sambanis, 2000;  ‍Kreutz, J. (2010). How and When Armed Conflicts End: Introducing the UCDP Conflict Termination Dataset. Journal of Peace Research, 47 (2), 243-‍250. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343309353108.Kreutz, 2010;  ‍Sambanis, N. (2004). What is civil war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition. Journal of Conflict Resolution, 48 (6), 814-‍858. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022002704269355.Sambanis, 2004;  ‍Sarkees, M. R. y Wayman, F. (2010). Resort to War: 1816 - 2007. Washington DC: CQ Press. Disponible en: https://goo.gl/dXkTNv.Sarkees y Wayman, 2010).

Democracia: la primera de las variables asociadas a las características del contexto de posguerra alude al tipo de régimen político imperante. Se trata de una variable dummy elaborada a partir del Polity IV Project de Marshall et al. ( ‍Marshall, M. G., Gurr, T. R. y Jaggers, K. (2014). Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1810-‍2013. Center for Systemic Peace. Disponible en: https://goo.gl/1PQU1w.2014). Codifica con un 1 a las democracias que ostentan un valor igual o superior a 7 en la escala de Polity (-10 a 10) y con 0 al resto de regímenes políticos. Dicha clasificación se basa en los análisis sobre democracia y derechos humanos desarrollados por Davenport y Armstrong ( ‍Davenport, C. y Armstrong, D. A. (2004). Democracy and the violation of human rights: a statistical analysis from 1976 to 1996. American Journal of Political Science, 48 (3), 538-‍554. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00086.x.2004). De acuerdo con los citados autores, la democracia solo impactará de manera significativa sobre los niveles de represión estatal a partir de un determinado umbral, cuyo punto de inflexión sitúan, precisamente, en el valor 7 de Polity.

Conflicto político: la presencia de oposición política interna ha sido incluida en los análisis mediante una variable elaborada a partir del número de huelgas generales, actos de guerrilla, disturbios y manifestaciones antigubernamentales computadas por Banks y Wilson ( ‍Banks, A. S. y Wilson, K. A. (2014). Cross-National Time-Series Data Archive [datafile]. Databanks International. Jerusalem, Israel. Disponible en: http://www.cntsdata.com/.2014). La cifra de incidentes ha sido divida por el total de la población para obtener datos per cápita.

Independencia judicial: el sometimiento de los poderes públicos a la ley y el combate a la impunidad se examina mediante esta variable que indica el grado de independencia del poder judicial respecto del control de otras fuentes, como el Gobierno o el propio ejército. Una puntuación de 0 indica «no independencia», 1 indica «independencia parcial» y 2 señala que el poder judicial es «generalmente independiente». La variable procede del CIRI Human Rights Data Project ( ‍Cingranelli, D. L. y Richards, D. L. (2014). The Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Data Project Coding Manual Version 5.20.14. Disponible en: https://goo.gl/36pVpm.Cingranelli y Richards, 2014;  ‍Cingranelli, D. L. y Clay, K. C. (2014). The CIRI Human Rights Dataset. Version 2014.04.14 [Datafile]. Disponible en: https://goo.gl/XYHX8k.Cingranelli et al., 2014). Datos disponibles desde 1981.

Ingresos vía impuestos (% PIB): de acuerdo con Englehart ( ‍Englehart, N. A. (2009). State capacity, state failure, and human rights. Journal of Peace Research, 46 (2), 163-‍180. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343308100713.2009: 168-‍169), la ventaja de los ingresos fiscales es que constituyen un indicador objetivo de la capacidad estatal, a diferencia de otras variables basadas en encuestas y opiniones de expertos. Por tal motivo, incluimos esta información en nuestros análisis con datos procedentes de los World Development Indicators del Banco Mundial, extraídos a partir de la Quality of the Government Basic Dataset ( ‍Dahlberg, S., Holmberg, S., Rothstein, B., Hartmann, F. y Svensson, R. (2015). The Quality of Government Basic Dataset. University of Gothemburg: The Quality of Government Institute. Disponible en: http://www.qog.pol.gu.se.Dahlberg et al., 2015) y del propio Englehart ( ‍Englehart, N. A. (2009). State capacity, state failure, and human rights. Journal of Peace Research, 46 (2), 163-‍180. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0022343308100713.2009), quien complementa tales cifras mediante los African Development Inicators, los IMF country Reports y el Asian Developmen Bank.

Calidad del Gobierno: por último, la fortaleza estatal será también abordada mediante el Indicador de Calidad del Gobierno de la International Country Risk Guide (ICRG). Este índice recoge el valor medio de las variables «Corrupción», «Ley y orden» y «Calidad de la burocracia», obtenidas mediante encuestas a expertos y escaladas de 0 a 1. Los valores más altos indican una mayor calidad del Gobierno. La variable ha sido extraída de la Quality of the Government Basic Dataset (Dahlberg et al., 2015). Datos disponibles desde 1984^‍‍[10].

5. Variables de control[Subir]

Finalmente, los modelos incluyen las siguientes variables de control: a) PIB per cápita (ln). Logaritmo del Producto Interior Bruto per cápita a precios actuales (US dollars), procedente de las National Accounts Estimates of Main Aggregates de la United Nations Statistics Division; b) Población (ln). Logaritmo de la población en millones, extraído de las Penn World Tables 8.1. ( ‍Feenstra, R. C., Inklaar, R. y Timmer, M. P. (2015). The next generation of the Penn World Table. American Economic Review, 105 (10), 3150-‍3182. Disponible en: https://doi.org/10.1257/aer.20130954.Feenstra, Inklaar, y Timmer, 2015)^‍‍[11]; c) Años de posguerra. Número de años transcurridos desde el final de la guerra civil; d) Represión _t-1. Retardo (un año) de la variable dependiente.