INTEGRACIÓN SOCIAL Y DERECHO A LA EDUCACIÓN: A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DE 10 DE ENERO DE 2017, DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

1. La objeción a la educación sexual[Subir]

Por lo que respecta al análisis de la sentencia del año 76 del Tribunal Europeo, debemos señalar que Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen eran tres familias cristianas con hijos de corta edad que impugnaron una reforma educativa introducida por la ley danesa de 27 de mayo de 1970, en virtud de la cual se imponía la enseñanza sexual integrada y obligatoria en las escuelas públicas durante la educación primaria. El carácter obligatorio de la materia, que al ser «integrada» no se configuraba como una asignatura independiente, sino que era introducida con carácter transversal en el resto de materias escolares, implicaba que la ley no previese la posibilidad de exención para los alumnos por causa de las convicciones religiosas o morales de los padres, lo que condujo a los demandantes a estimar que la integración de dicha materia en el currículo educativo de las escuelas públicas violaba sus convicciones de padres cristianos, vulnerando así el derecho reconocido en el art. 2 del Protocolo Adicional Primero. Junto a esta disposición, los demandantes consideraron asimismo vulnerado el art. 9 del Convenio, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y el art. 14, que consagra el principio de igualdad.

El juez de Estrasburgo señaló que el Estado posee la plena competencia para fijar los planes de estudio, competencia que la Corte no está legitimada para enjuiciar, y sostuvo que el art. 2 del Primer Protocolo no impide al Estado que, en el establecimiento de los contenidos integrados en dichos planes de estudio, pueda incluir materias que tengan por finalidad difundir informaciones o conocimientos dotados directa o indirectamente de una índole ideológica o religiosa. Asimismo, afirmó que dicho precepto «no autoriza, ni siquiera a los padres, a oponerse a la integración de tal enseñanza o educación en el programa escolar, ya que si tal fuera el caso, cualquier enseñanza correría el riesgo de mostrarse impracticable […]». Por el contrario, lo que la segunda frase del art. 2 efectivamente exige es que «[…] el Estado, cuando cumpla las funciones por él asumidas en materia de educación y enseñanza, vigile que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista», impidiéndose, a través de dicho límite infranqueable, que el Estado persiga una finalidad de adoctrinamiento de los alumnos que menoscabe las convicciones religiosas y filosóficas de los progenitores.

Sobre los fundamentos de esta importante doctrina, el Tribunal estimó que introduciendo la enseñanza sexual en el currículo educativo no se vulneraba el derecho reconocido a los progenitores en el art. 2 del Protocolo Adicional Primero en la medida en que su organización, destinada a la mera transmisión parcial de conocimientos, respetaba las exigencias de «objetividad, neutralidad y pluralismo» establecidas como requisitos imprescindibles para evitar una actitud adoctrinadora por parte del Estado. De este modo, y en ello radica la piedra angular de la sentencia, no tenía cabida la previsión de exenciones de los menores sobre la base de las convicciones religiosas, ideológicas o filosóficas de sus progenitores, habida cuenta que, con la promulgación de la ley, se perseguía la satisfacción de un fin legítimo por razones de interés público.

Quizás lo más significativo que puede deducirse de las palabras del Tribunal Europeo a los efectos que ahora interesan radica en que, si bien resulta categórica la prohibición que recae sobre los poderes públicos de llevar a cabo cualquier labor de adoctrinamiento en el desempeño de sus funciones educativas —la cual engarza con el principio de neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos—, dicha prohibición no impide que, en aras a favorecer la «educación integral» de los menores, aquellos incluyan en la organización del sistema educativo materias que —sin incurrir en un «proselitismo intempestivo»— contribuyan a ello, siempre que dichas informaciones o conocimientos sean difundidos de manera objetiva, crítica y razonable. De modo que, aun cuando el currículo de la materia en cuestión pueda llevar a los educandos a cuestionarse o contrastar las informaciones recibidas en casa —piénsese en este caso en cómo el tratamiento en la escuela de cuestiones relativas a la anticoncepción en el ámbito de la formación sexual de los menores podría influir en la conformación de juicios de valor diversos a los dogmas sobre los que se sustentan las convicciones cristianas de los padres—, el derecho de los niños a recibir una educación integral asentada sobre los principios de libertad, pluralismo y espíritu crítico habilita a los poderes públicos a incluirla en el currículo educativo. De este modo, el límite infranqueable que impide el intento adoctrinador por parte del Estado queda sorteado mediante la garantía del tratamiento neutral de la materia ( ‍Martí Sánchez, J. M. (2007). Objeciones de conciencia y escuela. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 15, 1-‍55.Martí Sánchez, 2007).

2. La objeción a la educación «sobre» la religión[Subir]

La doctrina mantenida por la Corte de Estrasburgo en el caso Kjeldsen fue la empleada años más tarde por la Comisión Europea de Derechos Humanos para abordar otro tipo de objeciones, aquellas que reclaman la exclusión de los hijos del deber de cursar la enseñanza sobre la religión en la escuela. En su decisión sobre el caso Lena y Anna Angelini c. Suecia ^‍‍[4], la Comisión declaró inadmisible la demanda de una madre de convicciones ateas que estimaba vulnerado el art. 2 del Protocolo Adicional Primero al haberle sido denegado el derecho a que su hija fuera eximida de las clases de instrucción religiosa en un colegio público sueco. Tras comprobar que se trataba de una enseñanza «sobre» la religión y no una instrucción «en» una religión concreta, la Comisión rechazó que se hubiere producido una vulneración del derecho educativo paterno. Pues en la medida en que la organización de la materia respondía a los criterios de «neutralidad, objetividad y pluralismo», quedaba ahuyentado todo riesgo de adoctrinamiento por parte del Estado. Ello condujo a la Comisión a afirmar la legitimidad del fin que el Gobierno sueco perseguía con la introducción de tal enseñanza en el currículo educativo: dotar a los alumnos de ciertos conocimientos esenciales para la formación cultural de la juventud en un país occidental.

Años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó dicha doctrina en su Sentencia de 29 de junio de 2007, en el caso Fogero c. Noruega. En ella el juez de Estrasburgo condenó al Estado noruego por incluir en el currículo educativo oficial con carácter obligatorio una materia llamada Cristianismo, Religión y Filosofía. La Corte sostuvo que la citada asignatura, aun incluyendo fines perfectamente acordes con las exigencias del Convenio, como «enseñar conjuntamente el cristianismo y otras religiones y filosofías con el fin de convertir a la escuela en un lugar de encuentro de las diferentes convicciones religiosas y filosóficas y donde todos los alumnos puedan conocer los pensamientos y tradiciones de sus compañeros», vulneraba el art. 2 del Protocolo Adicional Primero. Y ello porque el Estado noruego no había adoptado todos los medios necesarios para garantizar que las informaciones y conocimientos incluidos en el programa de la asignatura fueran difundidos de manera «objetiva, neutral y pluralista».

De esta jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo se extrae que el Estado se halla legitimado para introducir en los planes de estudio una enseñanza no catequética sobre la religión o sobre cualesquiera otros fenómenos de carácter ideológico o religioso siempre y cuando el tratamiento de la materia se realice desde criterios de objetividad, neutralidad y pluralismo.

3. La objeción a la educación en la teoría del evolucionismo o darwinismo[Subir]

En Estados Unidos la Corte Suprema ha debido pronunciarse en relación a la demanda de diversos grupos cristianos que, durante años y basándose en una interpretación literal de la Biblia, han tratado de expulsar del currículo educativo de la escuela pública la enseñanza de la teoría evolutiva o han pretendido que la misma fuese expuesta a los alumnos como una teoría más e impartida en igualdad de condiciones a la teoría del creacionismo.

Puede anticiparse que, en esencia, la Corte Constitucional estadounidense ha tratado el «creacionismo» como una materia incardinada bajo la categoría de «enseñanza de la religión» y, como tal, la ha sometido a la doctrina del separatismo. Así, en las sentencias promulgadas en los casos Epperson v. Arkansas (1968)^‍‍[5] y Edwards v. Aguillard (1987)^‍‍[6], la Corte invalidó sendas leyes que prohibían la enseñanza de la evolución o que promovían la enseñanza del creacionismo en los programas educativos de la escuela pública, afirmando que las mismas fueron adoptadas para promover y fomentar una concepción religiosa del origen del ser humano y que, en esencia, respondían al propósito de avanzar la religión frente a la irreligión confiriendo a la primera determinados beneficios que resultaban deliberadamente discriminatorios y constitucionalmente inadmisibles.

Concretamente, en el caso Epperson, la Corte Constitucional declaró inválida una ley del Estado de Arkansas del año 29 que prohibía que en las instituciones educativas financiadas por el Estado —incluidas las universidades, colegios y escuelas públicas— se instruyese en la teoría de que el ser humano desciende de otras especies animales anteriores. El juez Fortas, en nombre de la mayoría, afirmó que la Primera Enmienda no permite que el Estado pueda adaptar la enseñanza a los principios o prohibiciones de ningún dogma religioso. Concretamente, dispuso:

En consecuencia, afirmó que la ley carecía de un «propósito secular» sobre la base de dos motivos: a) «Ninguna sugerencia había sido hecha en orden a considerar que la ley de Arkansas podía estar justificada sobre la base de consideraciones de política estatal más allá del punto de vista religioso de algunos de sus ciudadanos»; y b) «Una convicción religiosa extrema fue y es la razón de la existencia de la ley».

A través de un anticipo de lo que sería la doctrina después perfeccionada en el llamado Lemon Test, la Corte dispuso que la norma enjuiciada violaba la neutralidad del Estado en materia religiosa, afirmando que empleaba medios ilegítimos —como la criminalización de la enseñanza de una doctrina científica— en orden a satisfacer un fin constitucionalmente inadecuado —el establecimiento de la religión en el currículo de la escuela pública—.

Se observa cómo, en el caso Epperson, la Corte aplica al ámbito de la escuela pública la importante doctrina de la neutralidad del Estado en materia religiosa afirmando que:

Con esta jurisprudencia la Corte no está afirmando que cualquier crítica que se realice contra el llamado «darwinismo o teoría de la evolución» deba ser considerada, en todo caso, inconstitucional. Antes bien, lo que la alta instancia norteamericana quiere decir es que prohibir la discusión académica acerca de la teoría darwiniana en el seno de la escuela pública —discusión, por otra parte, necesaria para el avance del conocimiento humano— contradice el mandato de la Primera Enmienda constitucional en tanto que tal prohibición produce como efecto el avance o promoción de determinadas creencias religiosas. El Estado y sus instituciones no pueden voluntariamente favorecer o perjudicar a determinadas convicciones religiosas o antirreligiosas ( ‍Polo Sabau, J. R. (2003). Libertades educativas y aconfesionalidad en la Constitución de los Estados Unidos. Laicidad y Libertades: Escritos Jurídicos, 3, 347-‍384.Polo Sabau, 2003).

Dos décadas más tarde, la Corte hubo de afrontar una variante más compleja del problema de la enseñanza de la teoría de la evolución en la escuela pública. En el caso Edwards v. Aguillard (1987) se dirimía la constitucionalidad de una norma del Estado de Lousiana que no impedía categóricamente la enseñanza de dicha teoría en las escuelas, sino que disponía que aquellas que optasen por impartir a sus alumnos las líneas básicas del evolucionismo debían asimismo incorporar a su programa educativo la enseñanza de la teoría creacionista —«Ballanced Treatment for Creation-Science and Evolution-Science in Public School Instruction»—. Otorgar un tratamiento ecuánime a ambas teorías en el seno de los programas escolares respondía, de acuerdo con los promotores de la ley, a la voluntad de proteger el derecho de los menores a recibir una instrucción plural respecto a la cuestión del origen del hombre.

La Corte Suprema recurrió en este caso a la doctrina del Lemon Test, cuyas directrices ya habían sido formuladas en el importante caso Lemon v. Kurtzman (1971)^‍‍[7], para dictar, atendiendo al primero de sus tres requisitos, que la norma enjuiciada carecía de un propósito estrictamente secular. La voluntad de sus promulgadores no era ampliar los conocimientos que sobre el origen del hombre podían adquirir los estudiantes, sino sujetar la enseñanza de todo lo relativo a este asunto a la visión de una confesión religiosa concreta. Dicha sujeción se hacía evidente en la norma al condicionar la enseñanza de una teoría —el darwinismo— a la enseñanza inexorable de la otra —el creacionismo—, lo que llevó a la Corte a estimar que aquella no tenía como principal propósito impulsar una «instrucción objetiva» en materia religiosa, sino el establecimiento inconstitucional de la religión. En palabras concretas del juez Brennan: «El preeminente objetivo de la ley de Lousiana era claramente el avance o promoción de un punto de vista religioso según el cual un ser supranatural creó a la humanidad».

Es importante destacar que en en el caso Edwards la Corte apela a la «impresionabilidad de los menores» y a la coerción o incidencia que el avance de la religión por parte de las instituciones públicas puede producir sobre sus conciencias al afirmar que:

De manera que, según los postulados de la Corte, aquello que puede contradecir el derecho educativo paterno es la introducción en el currículo educativo de una materia que trate de avanzar una religión concreta. Así trazó una clara distinción entre la promocional «enseñanza de la religión» en el seno de la escuela pública —«teaching of religion»—, que se halla constitucionalmente prohibida, y la objetiva «enseñanza sobre la religión», que es constitucionalmente admisible —«teaching about religion»—.

En el caso School District of Abington Township v. Schempp (1963)^‍‍[8] se contienen las directrices básicas de la doctrina de la Corte Suprema norteamericana en relación con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas: la Establishment Clause impide a estas instruir en el carácter falso o verdadero de las proposiciones religiosas, lo cual no obsta para que en ellas pueda formarse a los alumnos «sobre» la comprensión religiosa o, incluso, sobre los textos religiosos, pero siempre en el marco de un programa educativo secular. En este sentido, son significativas las palabras de la Corte cuando dispone:

De ello se deduce que en los planes educativos de la escuela pública norteamericana solo cabe introducir la llamada «enseñanza sobre la religión» que, en palabras de la Corte, puede incluir «además del estudio de la Biblia por sus cualidades literarias e históricas, el estudio comparado de las diversas religiones, la historia de las mismas y la relación entre la religión y el avance de la civilización».

Siguiendo dicho razonamiento, la Corte Suprema ha reafirmado la distinción introducida en el caso Schempp en sus pronunciamientos posteriores al sostener, por ejemplo, en el caso Stone v. Graham (1980)^‍‍[9] que las escuelas públicas pueden incluir en sus planes educativos el análisis de los diez mandamientos siempre y cuando se haga «en el marco de un apropiado estudio de la historia, de la civilización, de la ética y de la religión desde una perspectiva comparada». O cuando, en el caso Edwards v. Aguillard (1987)^‍‍[10], mantiene que «instruir a los estudiantes en una pluralidad de teorías científicas sobre el origen de la humanidad es constitucionalmente admisible cuando tiene el claro y secular objetivo de incrementar la efectividad de la instrucción científica».

4. La objeción a la educación física y a la natación[Subir]

La Sentencia de 10 de enero de 2017 plantea, como ha quedado expuesto, la negativa de unos padres musulmanes a que sus hijas menores de edad acudan a clases obligatorias mixtas de natación porque, según la interpretación que los mismos realizan de los preceptos de la religión musulmana, esta impide a las menores mostrar su cuerpo ante los demás alumnos.

Aun cuando hemos visto cómo existe una clara preeminencia jerárquica del derecho de los menores a recibir una educación integral identificado, prima facie, con el deber de seguir todas y cada una de las materias que integran la educación básica obligatoria siempre que estas cumplan una serie de requisitos de contenido y método de impartición, frente al derecho educativo paterno, no hay que olvidar que atender a las particularidades de cada caso concreto se hace imprescindible para evitar vulneraciones imputables a la desproporcionalidad en la restricción del derecho que cede en la ponderación.

Y esto fue puesto de manifiesto por el Tribunal Administrativo Federal alemán en sus dos pronunciamientos sobre objeciones paternas similares a la trazada en la sentencia de Estrasburgo objeto de estudio.

En sendas sentencias^‍‍[11], donde se planteaba el conflicto entre la obligación de acudir a las clases de gimnasia —como parte del deber de escolarización— y la objeción esgrimida por dos niñas turcas de 12 y 13 años que profesaban la religión musulmana, el Tribunal falló a favor de la pretensión de las escolares y de sus padres, que trataban de obtener una dispensa en tanto en cuanto la Administración educativa no estuviera en condiciones de acomodar su demanda. La argumentación del Tribunal giró en torno a la importancia de los sentimientos religiosos de las recurrentes y al conflicto de conciencia que para ellas podía suponer desobedecer las prescripciones de su propia fe y ahondó en la idea de que la Administración educativa se hallaba obligada a buscar todas las vías posibles para evitar el conflicto.

Con dicho planteamiento no se trataba de reconocer un derecho subjetivo al establecimiento de una clase de educación física acorde con las prescripciones religiosas de quien reclama la exención o de reconocer una dispensa general para aquellos a los que la asistencia a dicha materia les genere un conflicto de conciencia, pero sí de atender a las máximas del «juicio de necesidad o indispensabilidad», integrante del principio de proporcionalidad, con el fin de llegar a soluciones lo más acertadas posibles desde una perspectiva constitucional. Como se recordará, dicho principio rechaza la constitucionalidad de todas aquellas medidas que restringen un derecho fundamental —en orden a la satisfacción de otro derecho o bien constitucional— sin ser las menos gravosas. En tanto en cuanto el bien constitucional que alcanza superioridad jerárquica en este tipo de conflictos se identifica incuestionablemente con el derecho de la menor a cursar la asignatura de gimnasia, necesaria para su adecuado desarrollo, impedir una restricción desproporcionada de las convicciones paternas pasa por buscar soluciones flexibles como permitir la asistencia a la clase de educación física con una vestimenta distinta a la preceptiva prenda deportiva escolar en tanto en cuanto, con ello, no se estarían alterando los contenidos de la materia.

A este respecto, la Sentencia de 10 de enero de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es modélica, pues señala que las autoridades educativas suizas habían ofrecido a los demandantes distintas medidas reductoras del impacto que la asistencia a las clases de natación mixtas de las menores pudiese tener sobre las convicciones religiosas de sus padres. Así, existía la posibilidad de que las chicas asistiesen a las clases con un burkini, algo que los demandantes rechazaron por el efecto estigmatizador de la prenda y que la Corte consideró infundado, y que se cambiasen de ropa y se duchasen sin la presencia de alumnos del otro sexo.