ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES POR MATRIMONIOS ENTRE EXTRANJEROS: SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

2.1. Adquisición de la propiedad «para el régimen matrimonial» y enajenación posterior del inmueble[Subir]

Es usual que, en adquisiciones de inmuebles realizadas por cónyuges extranjeros de nacionalidad común, cuyo matrimonio se rija por una ley extranjera, se haga constar en la escritura pública que adquieren «conforme a su régimen matrimonial». La causa de este modo de proceder se encuentra en que los notarios y registradores que intervienen en estas compraventas no tienen por qué conocer la disciplina de este régimen matrimonial, y por ello, al amparo del art. 92 RH, se consigna en la correspondiente inscripción que la adquisición se hace con arreglo a «su régimen económico matrimonial».

Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad (art. 51.6.ª RH), y aunque, desde un punto de vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado debería acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribirlo con especificación del régimen de la titularidad, tal y como preceptúa el art. 51.9.ª a) RH, estas reglas están ciertamente flexibilizadas para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, pues no se exige la acreditación a priori del régimen económico matrimonial, siendo suficiente que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial, tal y como señala el art. 92 RH ( ‍Calvo Caravaca, A. L. y Carrascosa González, J. (2017b). Efectos del matrimonio. En A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, J. (dirs.). Derecho internacional privado, vol. II (pp. 213-‍270). Granada: Comares.Calvo Caravaca y Carrascosa González, 2017b: 255).

En efecto, teniendo en cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico matrimonial sujeto a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante es el momento de la disposición del bien y el régimen aplicable en ese preciso momento, y no el régimen vigente en el de la adquisición, la DGRN, primero, y el art. 92 RH, después (desde la reforma de 1982), asumieron que la solución más acertada consiste en aplazar tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la adquisición sin necesidad de expresar el régimen en la inscripción, bastando con una mera referencia genérica al régimen aplicable «con sujeción a su régimen matrimonial» («con indicación de éste, si constare» expresa la disposición in fine de ese precepto reglamentario), difiriendo la prueba al momento de la enajenación posterior (RDGRN de 16 de diciembre de 2002).

Ahora bien, en el momento en que el bien adquirido con sujeción a un régimen económico matrimonial extranjero sea objeto de un acto de disposición no es posible mantener la indeterminación y, en consecuencia, debe acreditarse el contenido y la vigencia del derecho extranjero concreto aplicable al caso. Como ya ha indicado la DGRN en diversas resoluciones (RDGRN de 29 de octubre de 2002; 3, 27 y 28 de enero de 2003; 24 de febrero de 2003; 19 de diciembre de 2003; 26 de febrero de 2008; 15 de julio de 2011; 14 de octubre de 2013; 16 de junio de 2014; 28 de octubre de 2015; 4 de diciembre de 2015, y 3 de mayo de 2016), «el singular régimen de constancia del régimen económico-matrimonial de los cónyuges extranjeros en la inscripción de los bienes y derechos que adquieren, previsto en el artículo 92 RH, difiere el problema al momento de la enajenación posterior, pues en tal momento es preciso el conocimiento del Derecho aplicable al caso concreto, en cuanto a las reglas que disciplinan el régimen de disposición del bien y requisitos que el mismo impone».

Dicho régimen no se aplicará, según el criterio asentado en las citadas resoluciones, «si la enajenación o el gravamen se realizan contando con el consentimiento de ambos cónyuges (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa)» (RDGRN de 22 de octubre de 2001, 29 de octubre de 2002, 23 de noviembre de 2002, 15 de marzo de 2003, 7 de julio de 2006, 7 de marzo de 2007, 15 de julio de 2011, 3 de mayo de 2016, 5 de marzo de 2018, y 2 de abril de 2018).

Como la legitimación registral no se extiende a la determinación del régimen matrimonial aplicable, existe una obligación de acreditar a posteriori el derecho extranjero y, en particular, la capacidad de los cónyuges de nacionalidad extranjera para realizar los actos dispositivos sobre los bienes o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, de esta forma.

Por lo demás, la ley aplicable al régimen económico matrimonial no necesita mayor aclaración en los casos en que los dos cónyuges extranjeros tengan la misma nacionalidad, pues su régimen económico matrimonial, a falta de pacto, será el régimen legal supletorio correspondiente a su ley nacional común en el momento de contraer matrimonio, en relación con los matrimonios celebrados hasta el 29 de abril de 2019 (en virtud de los arts. 9.2 y 9.3 CC).

Cuando sea de aplicación el RREM (art. 69), en defecto de elección válida entre las partes (art. 22 RREM), la ley aplicable al régimen económico matrimonial será la ley de la primera residencia habitual común después de la celebración del matrimonio, y en su defecto, la ley de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de su celebración, si el matrimonio se celebra después del 29 de enero de 2019 (art. 26 RREM).

En el caso de tratarse de dos esposos de distinta nacionalidad, hay que determinar la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, en defecto de capitulaciones matrimoniales, de acuerdo con los criterios de conexión que determinan las normas de conflicto de derecho internacional privado español contenidas en el artículo 9.2 CC, que dispone: «Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio».

Hay que tener en cuenta que el régimen económico de los esposos, de los matrimonios celebrados después del 29 de enero de 2019, ya no se rige por las leyes contenidas en el art. 9.2 CC, a falta de capitulaciones matrimoniales, sino por las recogidas en los arts. 22 (elección de ley) y 26 RREM (en defecto de elección de ley) —citados anteriormente—.

De esa manera podrá saberse:

Por tanto, no se podrá inscribir una escritura de compraventa si no queda acreditado, por los particulares interesados, el régimen económico del vendedor, cuando se trata de una persona casada cuyo régimen económico del matrimonio está sujeto a un derecho extranjero. Como señala la DGRN, «el notario en el ejercicio del control de legalidad y el registrador al calificar, deben conocer el régimen económico del matrimonio del vendedor al objeto de determinar si goza por sí solo de facultades dispositivas» (RDGRN de 26 de febrero de 2008, en relación con un vendedor casado francés respecto de un bien inmueble situado en España, o RDGRN de 26 de agosto de 2008, en relación con una vendedora casada británica respecto de un bien inmueble sito en España). En definitiva, para que se pueda inscribir la venta de un inmueble o su hipoteca es necesario determinar el concreto régimen económico del matrimonio y, si está sujeto a un ordenamiento jurídico extranjero, probar la vigencia y contenido del derecho extranjero.

Esta fórmula de diferir al momento de la enajenación del inmueble la acreditación del régimen económico matrimonial de los esposos extranjeros no está exenta de problemas, sobre todo en relación con cuestiones derivadas del embargo sobre ese bien. Puede tomarse como ejemplo la RDGRN de 5 de marzo de 2018. La cuestión objeto de este expediente era determinar si es inscribible un testimonio de decreto de adjudicación dictado en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que la finca, objeto de adjudicación, constaba inscrita en este Registro «por título de compra y conforme a su régimen legal de adquisiciones que resulte de la legislación extranjera aplicable a favor de don A. J. P. —de nacionalidad portuguesa—», siendo necesario acreditar cuál era dicho régimen a los efectos de poder calificar si el citado procedimiento de ejecución hipotecaria debía dirigirse solo contra el citado don A. J. P., o si, por el contrario, dicho procedimiento debía ir dirigido contra ambos cónyuges. Por este motivo el registrador suspende la inscripción del testimonio de un decreto de adjudicación recaído en procedimiento de ejecución hipotecaria, porque exige que también sea demandado el cónyuge portugués del titular registral. La DGRN confirma la nota de calificación del registrador partiendo de que es necesario haber demandado y requerido de pago a la esposa del demandado para poder inscribir un decreto de adjudicación de finca como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Aunque la cuestión fundamental fue que no se había demandado al cónyuge que aparecía también como titular registral, con independencia de su nacionalidad, y por tanto se había producido indefensión, según el historial registral tampoco constaba acreditado ante el registrador el contenido y vigencia del derecho extranjero, en este caso portugués, aplicable al régimen económico matrimonial del titular registral y, en particular, a la capacidad y poder de disposición del mismo para realizar los actos dispositivos sobre los bienes o derechos inscritos en tal forma, y sin que esa falta de acreditación hubiera sido suplida por una indagación o conocimiento directo del citado derecho extranjero por parte del registrador, lo cual constituía una facultad pero no una obligación del mismo. Tampoco se había acreditado la existencia de pacto capitular alguno que determinara el concreto régimen económico matrimonial aplicable (RDRGN de 31 de agosto de 2017). Como ha señalado la DGRN reiteradamente, «cuando se inscribe un bien perteneciente a persona casada extranjera, con sujeción a su régimen económico matrimonial» (artículo 92 del Reglamento Hipotecario), se está haciendo remisión a la legislación extranjera; y, entre los diferentes supuestos que pueden concurrir en dicha legislación, cabe la posibilidad de que exista un régimen de comunidad» (RDGRN de 9 de julio de 2013).

La DGRN consideró que, en esas condiciones, de prosperar el recurso existía riesgo de afectar al derecho de defensa del cónyuge del titular demandado. La DGRN, de forma contundente (véase, por todas, RDGRN de 3 de noviembre de 2017), ha señalado siempre:

Para la DGRN ello es así, aunque previamente se haya inscrito la compraventa a favor del demandado con subrogación en la carga hipotecaria que gravaba el inmueble, pretendiendo ver en ello (en cuanto a la subrogación hipotecaria) un acto de disposición que en su momento no fue objeto de reparo por parte del registrador.

Ciertamente, la DGRN, en Resolución de 15 de julio de 2011, puso de relieve que también queda sometida a lo que establezca el ordenamiento portugués como ley aplicable a los efectos del matrimonio la posibilidad de que se trate de un negocio jurídico complejo y unitario que deba recibir el mismo trato que el que se atribuye a los supuestos de adquisición de un bien ya gravado previamente con una carga hipotecaria y que, por tanto, no fuera necesario el consentimiento concurrente del cónyuge del adquirente cualquiera sea el régimen económico del matrimonio. Pero el hecho de que se hubiera practicado la inscripción en la forma indicada en nada prejuzga el poder de disposición del citado titular sobre el inmueble ejecutado. Además, como afirmó la RDGRN de 16 de junio de 2014 en un supuesto similar al presente, «no es óbice que conste inscrita sólo la hipoteca por aquél, pues los asientos están bajo la salvaguarda de los tribunales (art. 1 Ley Hipotecaria), por lo que no se puede discutir ahora si la hipoteca debió o no estar otorgada por ambos cónyuges. Ahora lo que procede es saber si la ejecución hipotecaria procede sin intervención de la esposa del hipotecante, que figura en la inscripción de la titularidad del inmueble».

Aunque en el cuerpo de la inscripción al tiempo de identificarse al comprador se hubiera hecho constar entre sus circunstancias personales las relativas a su condición de «[…] mayor de edad, casado en régimen de separación de bienes, vecino de Lisboa —Portugal— […] de nacionalidad portuguesa […]», no es determinante, pues lo importante de cara a la calificación es la forma en que se practicó la inscripción «a favor de don A. J. P., conforme a su régimen legal de adquisiciones, que resulte de la legislación extranjera aplicable, por título de compra […]», es decir, sin prejuzgar ni aclarar si la finca le correspondía como carácter privativo o bien si la misma estaba sujeta a algún régimen de comunidad de bienes.

En este sentido, como ha señalado reiteradamente la DGRN en sus resoluciones de 15 de junio de 2009 y 10 de marzo de 2014:

Si ello es así incluso en supuestos de tráfico interno sujetos al derecho español, con mayor motivo debe estimarse insuficiente la mera manifestación sobre el régimen económico matrimonial del comprador, omitiendo la referencia a su carácter legal, en los supuestos en los que el régimen económico está sujeto a una ley extranjera, teniendo en cuenta que el régimen expresado por el comprador portugués —de separación— no era el legal supletorio en Portugal (véanse arts. 1698 y 1717 de Código Civil portugués). Por todo ello, se acordó desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del registrador.

Esta postura ha sido fuertemente criticada por los problemas que acarrea frente a terceros, como se ha podido comprobar ( ‍Carrillo Pozo, L. F. (2011). Eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia de efectos económicos del matrimonio. Cuadernos de Derecho Transnacional, 1, 86-‍121.Carrillo Pozo, 2011: 106;  ‍Mingorance Gonsálvez, C. (2010). Registro de la propiedad y régimen económico de los matrimonios extranjeros en España. Revista de Derecho Privado, 94, 59-‍74.Mingorance Gonsálvez, 2010: 68).

Por ello, la DGRN, en su Resolución de 5 de marzo de 2018 —ya citada—, consideró que era mucho más conveniente determinar que el art. 92 RH tan solo opera, como excepción a lo dispuesto en el art. 54 RH, cuando ese régimen económico matrimonial no esté debidamente determinado, pues si está determinado no puede aplicarse. Así lo ha señalado la RDGRN de 31 de agosto de 2017, en relación con una compraventa en la que los compradores eran de nacionalidad alemana, y estaban casados conforme al régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad —que es el de participación de ganancias, que actúa como un régimen de separación de bienes durante su vigencia—. Y como no constaba la proporción de compra de la finca el registrador negó la inscripción de la escritura de compraventa, porque al encontrarse casados los adquirentes en el régimen legal aplicable a su común nacionalidad alemana de participación de ganancias, se hacía preciso que se determinara la proporción en la que los cónyuges habían adquirido, por exigirlo así al art. 54 RH y las RRDGRN, entre otras, de 19 de diciembre de 2003 y de 10 de enero de 2004. El art. 92 RH tan solo opera, por tanto, como excepción a lo dispuesto en el art. 54, cuando ese régimen económico matrimonial no está debidamente determinado («1. Las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho precisarán la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente. 2. Esta regla se aplicará cuando las partes de un mismo bien, aun perteneciendo a un solo titular, tengan distinto carácter o distinto régimen. 3. No se considerará cumplido este requisito si la determinación se hiciere solamente con referencia a unidades de moneda, de medida superficial u otra forma análoga»).

Ahora bien, de confirmarse esta interpretación, haría inaplicable de forma injustificada el art. 92 RH, cuya aplicación cobra sentido en casos en los que hay que aplicar un derecho extranjero, con el fin de permitir el tráfico jurídico con unas garantías suficientes, permitiendo que la inscripción se practique a favor del cónyuge comprador de la cuota respectiva, con sujeción a su régimen matrimonial.

Hasta la RDGRN de 31 de agosto de 2017, las decisiones de la DGRN tenían en común que en el caso de adquisiciones por extranjeros casados no se requería la acreditación del régimen matrimonial en el momento de la adquisición, sino en el de la enajenación. Ahora bien, con esta nueva interpretación el panorama jurídico cambia para los casados extranjeros que quieran adquirir un bien inmueble en España, pues no bastará con señalar que compran con arreglo a su régimen matrimonial.

Debido a la complicación que podía provocar esta interpretación de la DGRN en el cumplimiento de unas garantías suficientes dentro del tráfico jurídico, en una resolución posterior, de 2 abril de 2018, no mantiene ni confirma esta solución. Se trataba de una compraventa donde tres ciudadanas de nacionalidad española vendieron a dos ciudadanos de nacionalidad china una vivienda en la ciudad de Barcelona. En la escritura se hizo constar que los compradores estaban casados entre sí en el régimen establecido en la legislación de China y que compraron en un 80 % la esposa y en el 20% restante el esposo. Se niega la inscripción porque los registradores consideraban que no quedaba claro que se pudiera adquirir un bien con ese reparto de cuotas al no haberse probado tal posibilidad en el derecho chino. Sin embargo, la registradora reconoce en su calificación que el régimen económico matrimonial legal chino es de comunidad, si bien, por entender que la adquisición se realizaba por los cónyuges con carácter privativo, exigió que se acreditase que se podía realizar dicha adquisición en el derecho chino. Pero este tema no es un problema para la inscripción de la escritura de compraventa en opinión de la DGRN, pues resulta inequívocamente de la escritura calificada que los adquirentes no atribuían tal carácter privativo a sus respectivas cuotas adquiridas, por lo que no existía obstáculo para inscribirlas a nombre de cada uno de los cónyuges con sujeción a su régimen matrimonial. Será después, en el ulterior momento de su enajenación —voluntaria o forzosa— cuando habrá que acreditar si conforme al derecho chino puede la misma realizarse sin consentimiento de ambos consortes.

Hay que tener en cuenta que las adquisiciones mortis causa afectan, por regla general, a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, por lo que si el vendedor adquirió por herencia es igualmente necesario acreditar en la venta su régimen económico matrimonial, porque hay legislaciones para las que los bienes adquiridos a título gratuito están sujetos a un régimen especial de disposición, como en Noruega o en Suecia (RDGRN de 28 de octubre de 2015, en la que se discutía si era inscribible una escritura de compraventa en la que uno de los vendedores era un extranjero, concretamente de nacionalidad estadounidense, que, si bien manifestaba que su estado civil era de casado, no indicaba cuál era el régimen económico que regía las relaciones patrimoniales surgidas en el seno de su matrimonio).

2.2. Excepciones: régimen económico matrimonial acreditado y carácter privativo de un bien inmueble en un régimen de comunidad[Subir]

Ahora bien, hay dos supuestos en los que no cabe el aplazamiento en la determinación del régimen económico matrimonial de los cónyuges extranjeros y, por tanto, es obligatorio acreditarlo en el momento de la adquisición del bien inmueble:

Veamos cada uno de estos supuestos.

a) Régimen económico matrimonial acreditado

Si se conoce cuál es el régimen económico matrimonial de los cónyuges adquirentes, se hará constar en la inscripción registral cuál es ese concreto régimen económico matrimonial. No bastará, en este caso, señalar con carácter general que los esposos extranjeros adquieren con sujeción a su régimen matrimonial si el registrador conoce el régimen económico de los cónyuges. Así, por ejemplo, si se halla en un régimen de separación es necesario expresar en qué proporción adquieren cada uno de los cónyuges. Así lo ha señalado reiteradamente la DGRN (RDGRN de 29 de octubre de 2002, 3 de enero de 2003, 27 de enero de 2003, 28 de enero de 2003, 24 de febrero de 2003, 19 de diciembre de 2003 y 31 de agosto de 2017).

El modo de acreditar el régimen económico matrimonial de los adquirentes casados es diverso:

6.1. La mención de adquisición «para su régimen de gananciales»[Subir]

En ocasiones, algunos notarios españoles hacen constar en las escrituras de adquisición de los inmuebles sitos en España que los cónyuges extranjeros, con frecuencia alemanes, adquieren «para su régimen de gananciales» o «para su régimen de gananciales alemán». Esta precisión puede no ser correcta, ya que el régimen supletorio en Alemania es un «régimen de separación y participación en las ganancias» (Zugewinngemeinschaft). Esta imprecisión puede trasladarse al Registro de la Propiedad cuando se adquieren inmuebles en España, de modo que puede hacerse constar en el Registro que el inmueble ha sido adquirido por cónyuges alemanes cuyo régimen económico matrimonial es una «sociedad de gananciales» cuando, realmente, no es ese el régimen económico matrimonial de tales cónyuges. Por ello, la RDGRN de 31 de agosto de 2017 no acepta sin más que dos cónyuges de nacionalidad alemana adquirieran conforme al régimen económico legal de su nacionalidad, al no precisarse cuál era dicho régimen.

6.2. La mención «en el régimen legal de su nacionalidad» [Subir]

Otras veces los notarios hacen constar en las escrituras de compraventa de una finca a un matrimonio casado «en régimen legal de su nacionalidad» a pesar de que los cónyuges no tengan nacionalidad común. En la RDGRN de 4 de diciembre de 2015 (también en la RDGRN de 5 de marzo de 2007) el registrador denegó la inscripción dado que el cónyuge era de nacionalidad marroquí, y ella, de nacionalidad estadounidense, manifestando el matrimonio estar casado «en el régimen legal de su nacionalidad». Por ello, se entendió que era necesario aclarar cuál era el régimen económico matrimonial que ostentaban dichos consortes, y en función del mismo, debía expresarse la proporción en que los compradores habían adquirido la finca trasmitida. Al tratarse de un matrimonio con esposos de distinta nacionalidad se exige determinar, por manifestación del adquirente o adquirentes, la ley aplicable a su régimen económico matrimonial.

2.1. Indicación registral voluntaria de las capitulaciones matrimoniales[Subir]

Así, respecto a la validez de las capitulaciones matrimoniales, el art. 77-I LRC establece que «al margen también de la inscripción del matrimonio podrá hacerse indicación de la existencia de pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico de la sociedad conyugal». Por tanto, las capitulaciones matrimoniales no son objeto de inscripción en sentido estricto (art. 1 LRC), sino de una mera indicación (arts. 77 LRC y 266 RRC). Ni siquiera es obligatoria su constancia registral, pues solo se extenderán a instancia de los interesados y con carácter voluntario, pese a los términos imperativos de los artículos que se refieren a ellas (art. 1.333 CC), términos que la doctrina interpreta y justifica en el sentido de que constituyen un requisito necesario para que puedan producir efectos respecto de terceras personas. El art. 1333 CC señala que «en toda inscripción de matrimonio en el Registro civil se harán mención, en su caso, de las capitulaciones matrimoniales que se hubieren otorgado, así como de los pactos, resoluciones judiciales y demás hechos que modifiquen el régimen económico del matrimonio. Si aquéllas o éstos afectaren a inmuebles, se tomará razón en el Registro de la Propiedad, en la forma y a los efectos previstos en la Ley Hipotecaria».

Ahora bien, si no se procede a tal «mención», los terceros de buena fe no resultarán perjudicados, en ningún caso, por unas capitulaciones o pactos patrimoniales que no consten «indicados» en el Registro Civil ( ‍Calvo Caravaca, A. L. y Carrascosa González, J. (2017b). Efectos del matrimonio. En A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, J. (dirs.). Derecho internacional privado, vol. II (pp. 213-‍270). Granada: Comares.Calvo Caravaca y Carrascosa González, 2017b: 253).

La «mención» equivale a la «indicación» aludida por el art. 77 LRC y sigue el mismo régimen jurídico que la «inscripción», pero no tiene el valor jurídico de esta; por ello, la «indicación» no hace prueba de los hechos indicados (art. 2 LRC a sensu contrario). A través de dicha indicación registral se articula y se facilita la adecuada coordinación del Registro Civil con la publicidad propia del Registro de la Propiedad en aquellos casos en que los bienes de los cónyuges tienen naturaleza inmobiliaria (art. 266-IV RRC, STS de 26 de mayo de 1994 y RDGRN de 12 de mayo de 2005). Pero esta «indicación registral» no expresa el contenido de las capitulaciones, con lo cual los terceros saben que hay unas capitulaciones matrimoniales válidas, pero no su contenido. Para conocer el contenido deben acudir al protocolo notarial correspondiente o solicitar al interesado el documento donde conste el contenido de las capitulaciones. Según el art. 266.VII RRC, los notarios españoles expedirán copias de las estipulaciones que afecten al régimen económico matrimonial «a cualquier solicitante que presente un principio de prueba que le acredite como titular de algún derecho patrimonial frente a cualquiera de los cónyuges».

Hay que tener en cuenta que esta mención registral solo es posible si el matrimonio es inscribible en el Registro Civil español, aunque las capitulaciones matrimoniales se rijan por una ley extranjera ( ‍Garcimartín Alférez, F. J. (2013). Art. 9.2 y 9.3. En R. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.). Comentarios al Código Civil (t. I, pp. 187-‍196). Valencia: Tirant lo Blanch.Garcimartín Alférez, 2013: 195). Pues bien, la RDGRN de 9 de enero de 2008, en relación con unas capitulaciones de cónyuges de nacionalidad chilena y argentina y adquisición de un bien inmueble sito en España, señaló que «los matrimonios de extranjeros celebrados en el extranjero no tienen acceso al Registro civil español» y, en consecuencia, las capitulaciones otorgadas por estos cónyuges extranjeros ante notario español tampoco eran inscribibles en el Registro Civil español. Y, aunque estas capitulaciones matrimoniales no tengan acceso al Registro Civil español, «han de tenerse por plenamente válidas y eficaces en nuestro ordenamiento jurídico», pues lo contrario «conduciría a resultados no razonables y gravemente perjudiciales para la seguridad jurídica en general y la del tráfico en particular» ( ‍Rivas Andrés, R. (2008). Inscripción en el Registro Civil de capitulaciones de separación de bienes autorizadas por notario español (breves apuntes jurídico/telefónicos). La Notaría, 49-50, 53-‍59.Rivas Andrés, 2008: 58).

2.2. Validez de las capitulaciones matrimoniales otorgadas en el extranjero[Subir]

Por su parte, el art. 1327 del CC exige para la validez de las capitulaciones matrimoniales su formalización en escritura pública. Cuando las capitulaciones se han otorgado en el extranjero, hay que valorar la validez del documento. Para ello se hace necesaria una labor previa de comparación entre los requisitos básicos exigidos al documento extranjero para gozar de ese mismo valor público en su propio Ordenamiento. Solo cuando el documento extranjero reúna los requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que caracterizan al documento público español, podrá sostenerse que aquel resulta apropiado para permitir la inscripción en el Registro Civil del convenio capitular en el mismo contenido, de acuerdo con lo que se ha venido a denominar en la doctrina como «equivalencia de las formas».

El documento público español alcanza este valor cuando en él concurren las exigencias básicas siguientes, según la RDGRN de 23 de noviembre de 2006:

Finalmente, en cuanto al acceso al Registro Civil español de unas capitulaciones matrimoniales otorgadas en el extranjero, de acuerdo con lo establecido en el art. 15 LRC, constarán en el Registro Civil español los hechos inscribibles que afectan a los españoles y los ocurridos en territorio español aunque afecten a extranjeros. Por tanto, las capitulaciones otorgadas en el extranjero tendrán acceso al Registro solo si el matrimonio es inscribible en el Registro Civil español. Y aunque el mismo artículo contiene la previsión de práctica de una inscripción soporte de hechos ocurridos fuera de España cuando tal asiento deba servir de base a inscripciones marginales exigidas por el derecho español, lo cierto es que la existencia de capitulaciones matrimoniales no es objeto de inscripción tal y como se ha señalado anteriormente.

La inscripción de las capitulaciones matrimoniales en un registro civil extranjero no es oponible a terceros de buena fe en España, ya que la publicidad registral presenta un alcance limitado al territorio del Estado del que depende el registro ( ‍Calvo Caravaca, A. L. y Carrascosa González, J. (2017b). Efectos del matrimonio. En A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, J. (dirs.). Derecho internacional privado, vol. II (pp. 213-‍270). Granada: Comares.Calvo Caravaca y Carrascosa González, 2017b: 250;  ‍Carrillo Pozo, L. F. (2011). Eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia de efectos económicos del matrimonio. Cuadernos de Derecho Transnacional, 1, 86-‍121.Carrillo Pozo, 2011: 108;  ‍Rodríguez Rodrigo, J. (2017). Régimen económico matrimonial en Derecho internacional privado. En M. Yzquierdo Tolsada y M. Cuena Casas (dirs.). Regímenes económicos matrimoniales (II). Derecho de familia y concurso de acreedores. Las parejas no casadas (pp. 489-‍620). Cizur Menor: Thomson Reuters.Rodríguez Rodrigo, 2017: 610).

2.3. Discrepancia entre lo inscrito en el Registro Civil y lo inscrito en el Registro de la Propiedad[Subir]

Como se ha señalado con anterioridad, hay que dar publicidad de las capitulaciones matrimoniales en el Registro de la Propiedad español. Señala el art. 75 RH:

En caso de disparidad entre lo inscrito en el Registro Civil y lo inscrito en el Registro de la Propiedad, la DGRN ha señalado que prevalece lo recogido en el Registro de la Propiedad: RDGRN de 14 de mayo de 1984, 3 de junio de 1991 ( ‍Carrillo Pozo, L. F. (2011). Eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia de efectos económicos del matrimonio. Cuadernos de Derecho Transnacional, 1, 86-‍121.Carrillo Pozo, 2011: 107;  ‍Rodríguez Rodrigo, J. (2017). Régimen económico matrimonial en Derecho internacional privado. En M. Yzquierdo Tolsada y M. Cuena Casas (dirs.). Regímenes económicos matrimoniales (II). Derecho de familia y concurso de acreedores. Las parejas no casadas (pp. 489-‍620). Cizur Menor: Thomson Reuters.Rodríguez Rodrigo, 2017: 610). Sin embargo, el TS no lo tiene tan claro y da prevalencia a lo inscrito en uno u otro registro siempre sobre la base de la protección del tercero: STS de 26 de mayo de 1994 y de 10 de marzo de 1998 ( ‍Carrillo Pozo, L. F. (2011). Eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia de efectos económicos del matrimonio. Cuadernos de Derecho Transnacional, 1, 86-‍121.Carrillo Pozo, 2011: 108;  ‍Díaz Fraile, J. M. (2002). Breve esbozo de una teoría general sobre los principios registrales civiles. Particular estudio de la publicidad material del Registro Civil. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 78 (672), 1367-‍1404.Díaz Fraile, 2002: 1403).

2.4. Discrepancia entre lo inscrito en el Registro Civil y lo inscrito en el Registro Mercantil español[Subir]

También hay que dar publicidad de las capitulaciones matrimoniales en el Registro Mercantil español. En la inscripción primera del empresario individual, cuando se trate de una persona casada, se expresarán, según el art. 92 RRM, además de las circunstancias del art. 90 (1.º la identidad del mismo; 2.º el nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento; 3.º el domicilio del establecimiento principal y, en su caso, de las sucursales; 4.º el objeto de su empresa, 5.º la fecha de comienzo de sus operaciones), las siguientes: 1.ª la identidad del cónyuge; 2.ª la fecha y lugar de celebración del matrimonio, y los datos de su inscripción en el Registro Civil, 3.ª el régimen económico del matrimonio legalmente aplicable o el que resulte de capitulaciones otorgadas e inscritas en el Registro Civil.

Este precepto es el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22.1 CCo, que señala igualmente:

En el caso de discrepancia entre lo publicado en el Registro Civil español y lo publicado en el Registro Mercantil español, la doctrina ha señalado que debe prevalecer lo inscrito en el Registro Civil, teniendo en cuenta el carácter no especializado de las informaciones que suministra el Registro Mercantil en materia de régimen económico del matrimonio ( ‍Arenas García, R. (2000). Registro mercantil y Derecho del comercio internacional. Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.Arenas García, 2000: 89;  ‍Carrillo Pozo, L. F. (2011). Eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia de efectos económicos del matrimonio. Cuadernos de Derecho Transnacional, 1, 86-‍121.Carrillo Pozo, 2011: 108). Ahora bien, si el comerciante individual domiciliado en España no tiene inscrito su matrimonio en el Registro Civil español, pueden surgir muchos problemas de desconocimiento que puede dejar desprotegido al tercero de buena fe que contrata con ese comerciante ( ‍Carrillo Pozo, L. F. (2011). Eficacia en España de las resoluciones extranjeras en materia de efectos económicos del matrimonio. Cuadernos de Derecho Transnacional, 1, 86-‍121.Carrillo Pozo, 2011: 108).