HISTORIA DE OTRA TRANSICIÓN: DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS AL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Hace ahora veinte años, cuando la Constitución cumplía sus dos primeras décadas de existencia, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales editaba en la colección Textos y Documentos, que impulsaba y dirigía Jorge de Esteban, un volumen sobre La transición española en sus documentos. Allí, entre textos muy diferentes y de muy distinta repercusión, y en un modesto apartado sobre «La desarticulación de las instituciones características del franquismo», encontró un pequeño hueco un real decreto ley (23/1977, de 1 de abril) «sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento» ( ‍Sánchez Navarro, Á. J. (1998). La transición española en sus documentos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Boletín Oficial del Estado.Sánchez Navarro, 1998: 526-‍529). Una disposición aparentemente menor, en cuya virtud pocos meses después —y en la forma que veremos— el ilustre Instituto de Estudios Políticos dejó paso a un nuevo Centro de Estudios Constitucionales, que años más tarde recuperaría el adjetivo Políticos para adoptar su denominación actual. Transcurridos otros veinte años desde entonces, las páginas que siguen tratan de profundizar en esa transformación, cuya naturaleza y magnitud hoy es difícilmente imaginable y que supone una buena muestra de las múltiples —y a veces técnicamente difíciles— reformas que hicieron posible el paso de la España franquista al vigente régimen constitucional, modificando prácticamente todos los niveles políticos y administrativos.

II. EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS[Subir]

En efecto, para comprender plenamente la significación de este cambio es preciso, en primer lugar, conocer exactamente cuál fue no solo la actividad sino también —y diríamos, sobre todo— la naturaleza, significación y organización del antiguo Instituto de Estudios Políticos (en adelante, IEP).

A tal efecto, no es posible ignorar que dicho organismo encuentra sus orígenes en un decreto dictado el día 9 de septiembre de 1939, todavía en Burgos, por el propio dictador Franco^‍‍[1]. Un decreto publicado en el Boletín Oficial de Estado pese a que su objeto era, como expresamente señalaban su título y su art. 1, la creación del «Instituto de Estudios Políticos dependiente de la Junta Política de F.E.T. y de las J.O.N.S.^‍‍[2]». La confusión entre la esfera estatal y la partidista, plenamente coherente con la configuración de un sistema en el que el jefe del Estado ostentaba a la vez la Jefatura Nacional del Movimiento^‍‍[3] y el Gobierno incluía al «Ministro Secretario General» del mismo, se justificaba en un preámbulo conforme al cual dicha «Junta Política, Delegación Permanente del Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, está llamada a ser el órgano a través del cual se promueva la reforma del Estado, para que responda en todos sus aspectos a la ambición histórica del Movimiento Nacional».

En ese contexto, resultaba «de gran conveniencia la creación de un organismo que, dependiendo de la Junta, investigue, con criterio político y rigor científico los problemas y manifestaciones de la vida administrativa, económica, social e internacional de la Patria»; y que, además, «podrá ser […] escuela para la formación política superior de elementos destacados de las nuevas generaciones». Un ente, por tanto, dependiente del Partido/Movimiento, pero integrado en la estructura del Estado y regulado por este. Un ente cuyo director tenía «categoría de Delegado Nacional de Servicio del Partido» (art. 6, formando «parte, como miembro nato, de la Junta Política» de FET y de las JONS)^‍‍[4] y era, también, miembro nato del Consejo de Estado^‍‍[5]. Y un ente llamado, desde sus orígenes, a combinar tareas de investigación y formación, siempre con una esencial orientación práctica y consultiva al servicio del régimen (ya del partido, ya del Estado).

En consecuencia, según el art. 3 del decreto, los fines del Instituto eran^‍‍[6]:

Para ello, podía utilizar tanto «la dotación que [el Partido] le asigne» (art. 7.a) como, sobre todo, recursos públicos (subvenciones concedidas «por el Estado u otras Corporaciones públicas»: 7.c). Es más: no solo podía «dirigirse a los […] Organismos oficiales solicitando los datos necesarios», sino que se adscribían al mismo «las Bibliotecas del Congreso y del Senado», ubicándose en el palacio que tradicionalmente —y aún hoy— ha albergado a esta última Cámara^‍‍[8]. Incluso «los Oficiales de la Secretaría Técnica del antiguo Congreso de los Diputados» quedaban adscritos a la Junta Política, que podría destinarlos al Instituto (arts. 5 y transitorio).

Todos estos elementos ponen de manifiesto una primera y esencial diferencia entre el IEP y el actual Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Una diferencia a la que se añade otra, no menos destacable, relativa a la estructura de ambos organismos, que revela la magnitud incomparable del IEP con el —mucho más modesto— CEPC.

En efecto, dentro de la estructura orgánica del IEP se distinguían, además de la Dirección, diversos órganos:

En definitiva, como es obvio, una organización compleja. Una organización que invoca expresamente como referentes algunas instituciones internacionales del máximo prestigio académico e intelectual^‍‍[15]. Y un organismo muy importante en términos estrictamente administrativos. Una impresión que confirma el estudio de los miembros del Instituto. Primero, por su régimen jurídico. Y después, por la mera relación de los mismos que se hace en algunas memorias.

En efecto, tales miembros —que eran, según un proyecto de reglamento interior, parte del «personal técnico del Instituto^‍‍[16]»— eran designados por el director, entre quienes reuniesen las condiciones fijadas en la orden de 1961: «Dedicación especial al estudio de los problemas propios de la competencia de las Secciones; notoria experiencia política, administrativa, financiera o social en la Administración Pública o Entidades particulares», o «que por su actuación en la vida social se distinguen por su carácter representativo de grupos e intereses». Además, «en consideración al mérito y servicios relevantes de carácter científico o político podrán designarse miembros de Honor […] a las personalidades españolas o extranjeras acreedoras de dicha distinción», en este último caso oída la Comisión Permanente.

La condición de miembro tenía, en principio, carácter honorífico y gratuito. Ahora bien, el citado proyecto de reglamento de 1961 preveía que «la asistencia a las ponencias o grupos de estudio devengará las dietas que se fijen por la Dirección y en todo caso será compatible con la condición de colaborador o asesor». Y se establecía, además, que los miembros adscritos a una sección, en tanto quedaban «vinculados al Instituto por una relación de trabajo permanente, aun cuando no entrañe la plena dedicación, disfrutarán de la gratificación fija que señalen los presupuestos del Instituto, las que conceda graciablemente el Director y del derecho a dietas por asistencia a reuniones, así como a remuneraciones por trabajos especiales».

Se trata, pues, de un organismo complejo y con vocación de atraer y vincular a personas con un perfil determinado^‍‍[17]. Y en este sentido su eficacia fue sin duda notable, a la vista de las listas de miembros del IEP que recogen sus memorias, y que incluyen muchos nombres que han sido auténticas referencias en algunos campos —muy en particular, en lo que aquí interesa, el derecho y la ciencia política— en la segunda mitad del siglo xx español.

Así, en la de 1961 aparecen^‍‍[18]:

Equipado con tal tripulación, el IEP trató de cumplir sus objetivos, según una fórmula que reiteran varias memorias, «por los métodos clásicos de la enseñanza, la publicación de libros y el informe técnico jurídico» ( ‍Instituto de Estudios Políticos (IEP). Memorias: varias fechas (1939-‍1964) (1957 [3 vols.]) (1960-‍1969) (1961) (1975).1957, v. 1: 2;  ‍Instituto de Estudios Políticos (IEP). Memorias: varias fechas (1939-‍1964) (1957 [3 vols.]) (1960-‍1969) (1961) (1975).1960-1969: 3)^‍‍[20]. A tal fin, desarrolló «una extensa labor cultural centrada principalmente en dos aspectos: uno de ellos los cursos, que funcionan desde 1941 […] en las materias de Ciencia Política, Economía, Estudios Internacionales, Sociología y Administración Pública»; el otro, «las publicaciones», entre las cuales hay que distinguir «dos grandes grupos: publicaciones de libros y de Revistas», dentro de cada uno de los cuales existen diversas colecciones o cabeceras. Junto con ellas, se señalan también «otras funciones: unas de carácter docente, como son los seminarios de estudio […] dirigidos por figuras relevantes de la cátedra y del mundo intelectual; otras de carácter consultivo y otras, finalmente, de intercambio y extensión cultural y científica con otros países^‍‍[21]».

Estas actividades son, sin duda, las que explican el prestigio adquirido en el ámbito académico por el IEP. En sus cursos y seminarios, de diversos formatos pero normalmente de gran nivel^‍‍[22], se formó gran parte de quienes llegarían a ocupar las cátedras universitarias españolas durante varias décadas, e incluso germinaron en España disciplinas como la moderna sociología^‍‍[23]. Sus publicaciones, monográficas o periódicas, sirvieron de eficaz vehículo de transmisión para gran parte de la ciencia jurídica y política que se hizo en España, según confirma, por un lado, la mera mención de algunas de sus principales colecciones de libros, como Clásicos Políticos o Civitas^‍‍[24]. O la de sus revistas especializadas, empezando, naturalmente, por esta Revista de Estudios Políticos y la Revista de Administración Pública, que aún sobreviven con buena salud^‍‍[25]. Mucho menos conocidos, pero no por ello menos importantes, han sido sus servicios especializados de biblioteca^‍‍[26] y documentación^‍‍[27], que proporcionaron los medios para una actividad consultiva del máximo nivel^‍‍[28].

En definitiva, muchas décadas después de su desaparición, parece evidente que la valoración global de la actividad del IEP ha de considerar tanto luces como sombras. En efecto, por un lado es claro que supo cumplir sobradamente, y a un altísimo nivel, con las funciones que el decreto fundacional de 1939 le atribuía, y que con ello contribuyó a la modernización del Estado y a un notable desarrollo del pensamiento jurídico, social, político y económico en España. Pero esos aspectos positivos no pueden ocultar que la naturaleza del régimen marcó profundamente, desde los orígenes antes apuntados, todo su funcionamiento, y que su actividad estuvo expresa, sistemática y permanentemente subordinada a los intereses políticos del Movimiento del que dependía y, por tanto, de la dictadura ( ‍Sesma Landrín, N. (2004). Propaganda en la alta manera e influencia fascista. El Instituto de Estudios Políticos. Ayer, 53, 155-‍178.Sesma Landrín, 2004).

En este sentido, la normativa fue siempre inequívoca^‍‍[29]. Y otro tanto cabe decir de las memorias que, lógicamente dirigidas a justificar la actividad del Instituto ante los órganos del Movimiento, destacaban su eficacia no solo como órgano asesor, sino también como auténtica cantera del régimen e instrumento de formación de cuadros^‍‍[30].

Esta ambivalencia hacía evidentemente imposible la supervivencia de este organismo en el nuevo contexto democrático español surgido de la transición. Pero la salvaguarda de sus actividades generalmente reconocidas como más valiosas fue posible gracias un auténtico encaje de bolillos institucional, combinando —también aquí— reforma formal y ruptura sustancial hasta desembocar en el Centro de Estudios (Políticos y) Constitucionales. A ello dedicaremos los siguientes apartados.

III. DEL IEP AL CEC… PASANDO POR EL IEA[Subir]

Probablemente cabe decir, sin excesivo temor a equivocarse, que la (relativa) continuidad institucional entre el IEP y los posteriores CEC y CEPC ha sido posible gracias al nivel alcanzado (y generalmente reconocido) por sus clásicas y ya mencionadas actividades de estudio-formación, difusión-publicaciones y asesoramiento-documentación. Pero también que ello ha exigido quebrar cualquier vestigio de continuidad en lo referido a su sumisión al régimen autoritario, lo cual requirió una reforma radical en la configuración del organismo.

Este equilibrio entre continuidad (reforma) y cambio (ruptura) pudo lograrse, también aquí, gracias a la adopción de varias normas jurídicas. La primera de ellas fue el ya citado Real Decreto Ley 23/1977, de 1 de abril, «sobre reestructuración de los órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del Movimiento^‍‍[31]». En él, y en el contexto del «proceso político abierto […] a partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política», se establece una «distinción, fácilmente perceptible, entre las funciones de naturaleza puramente política, desarrolladas hasta ahora por determinados órganos del Movimiento, y aquellas otras que trascienden a los intereses de carácter general […] funciones sociales generalmente desarrolladas por la Administración pública en […] nuestro entorno». En consecuencia, se faculta al Gobierno para suprimir «los órganos del Movimiento que […] tengan atribuidas funciones o actividades de carácter político», garantizando, «dentro del marco de la Administración pública, el ejercicio de las acciones sociales hoy desarrollados por determinados órganos, asegurando los derechos legalmente adquiridos por los funcionarios».

Y eso es exactamente lo que hace el real decreto: según su art. 3, «la Secretaría General del Movimiento y los órganos […] de carácter puramente político dependiente de la misma […] quedan extinguidos»; mientras que los que «desarrollan funciones de carácter social serán transferidos a la esfera de la Administración pública, procediéndose, en su caso, a la creación de los órganos administrativos, generales o institucionales que el Gobierno considere más adecuados para el cumplimiento de los fines que actualmente […] tienen asignados». Paralelamente, «los funcionarios de Carrera de los Cuerpos de la Administración del Movimiento se incorporan a la Administración Civil del Estado con pleno reconocimiento de los derechos administrativos y económicos adquiridos, constituyendo Cuerpos separados a extinguir»; «las vacantes […] se proveerán por funcionarios» del Estado, y «los bienes que […] integran el patrimonio de Movimiento Nacional quedan afectados e incorporados al dominio público o al Patrimonio del Estado, según su naturaleza» (arts. 4 y 6), habilitándose al Gobierno para dictar las «disposiciones necesarias para la efectividad y desarrollo» de esta norma (art. 9). La transformación se cierra con la previsión de que «el Ministro Secretario General del Movimiento pasará a denominarse Ministro Secretario del Gobierno, correspondiéndole la Secretaría del Consejo de Ministros […]» (disposición final primera).

Poco más tarde, el Decreto 1558/1977, de 4 de julio^‍‍[32], reestructuraba la Administración Central del Estado creando —entre otros— el «Ministerio de la Presidencia», al que quedaban incorporadas, entre otras «unidades y servicios», «las actualmente dependientes del Ministro Secretario del Gobierno» (arts. 1 y 9), y habilitando de nuevo al Gobierno para desarrollar la nueva estructura (D.F. 2.ª). En el ejercicio de esta habilitación, el 28 de octubre se dictó el Decreto 2761/1977^‍‍[33], que articuló efectivamente la transición de un régimen a otro, combinando la ruptura formal con la continuidad sustancial. Y la ruptura es clara, porque la disposición final primera del decreto suprime, entre otros órganos y entidades del departamento, el Instituto de Estudios Políticos.

Ello no obstante, la continuidad de las señaladas actividades logró garantizarse por vía indirecta, utilizando a tal fin el Instituto de Estudios Administrativos (IEA) que, pese a su ámbito mucho más limitado, compartía algunos rasgos con el anterior^‍‍[34]. En efecto, según el citado decreto, este organismo «se denomina a lo sucesivo Centro de Estudios Constitucionales», adscribiéndose «directamente al Ministro de la Presidencia»; y se le encomiendan misiones («realizar y promover estudios, en materias constitucionales, administrativas y sociales, y prestar asesoramiento y asistencia en las materias de su competencia») que inevitablemente remiten a las del IEP, tanto más cuanto a continuación «se adscriben al Centro de Estudios Constitucionales el personal, el patrimonio y los recursos económicos» del organismo suprimido (arts. 2.3 y 8.1, y disp. final cuarta).

En definitiva, en el plano institucional el antiguo IEP se extingue; pero sus recursos humanos, económicos y materiales pasan («vía» Instituto de Estudios Administrativos^‍‍[35]) al Centro de Estudios Constitucionales, plenamente inserto en la estructura orgánica del Estado y liberado de la profunda dependencia política del IEP. A este nuevo organismo se atribuyen en el plano funcional las actividades que habían proporcionado al Instituto su prestigio social y académico, completándose así, en este concreto ámbito, la «transición institucional» de la dictadura a la democracia: de la ley a la ley, del IEP al CEC..., pasando por el IEA.

IV. DEL CEC AL CEPC: AL SERVICIO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL[Subir]

Naturalmente, el nuevo organismo presentaba diferencias importantes respecto al IEP. En primer lugar, y como ya se ha apuntado, es mucho más modesto, como muestra con claridad su estructura limitada a «A) El Director. B) El Consejo Rector, cuya composición y funcionamiento se determinarán por Orden de la Presidencia del Gobierno. C) El Secretario General. D) Los Departamentos de Estudios, de Documentación, de Relaciones e intercambios y de Publicaciones» (art. 8.2).

Poco después, esa estructura de gobierno se desarrollaba en una Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de enero de 1978^‍‍[36]. De acuerdo con ella, y lógicamente subordinado al director, el secretario general estaba a cargo de la jefatura administrativa. En cuanto al «Consejo Rector», presidido por el ministro de la Presidencia, tenía como vicepresidente y secretario al director y al secretario general del Centro, respectivamente; y como vocales, al presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y a cinco catedráticos titulares de disciplinas relacionadas con la actividad del Centro, designados por el ministro, oída la Junta de Gobierno de la universidad correspondiente. Además, el ministro podía designar, a propuesta del director, no más de siete vocales entre personas destacadas en el campo de las ciencias sociales.

Se preveían además unas «Comisiones Científicas», definidas como «órganos especializados de estudio e investigación, en las materias específicas de la competencia del Centro […] creadas y reguladas por el Ministro de la Presidencia, a propuesta del Director» del mismo, y que inevitablemente recuerdan a las antiguas secciones del IEP. Sin embargo, cabe señalar que ni siquiera las primeras memorias disponibles de esta nueva etapa, correspondientes a los años 1979 y 1980, mencionan actividad alguna del Consejo Rector ni de estas comisiones. Por el contrario, sí detallan numerosos estudios y dictámenes encargados a diversos especialistas, frecuentemente sobre materias cuyo desarrollo normativo era necesario tras la aprobación de la Constitución.

En definitiva, despojado de las secciones (o comisiones científicas) que habían protagonizado sus tareas asesoras y consultivas, el CEC centró su actividad en aquellos aspectos de la herencia del IEP que generalmente se reconocían como más valiosos, y que vienen a coincidir con lo que las memorias del Instituto denominaban «los métodos clásicos»: enseñanza, publicaciones, documentación y elaboración de informes. A tal fin, la citada orden ministerial estableció la existencia de unidades o «Secciones» dentro de cada departamento^‍‍[37].

Como es lógico, tales características encontraron reflejo en la normativa posterior del Centro. Así, apenas dos años más tarde, y «a la vista de la experiencia habida en [su] funcionamiento» desde 1978, otro real decreto estableció «un nuevo régimen orgánico y funcional^‍‍[38]», que sustancialmente se conserva aún. Y ello a pesar de que el vigente Real Decreto 1269/1997, de 24 de julio, modificó la denominación del organismo por considerar que la actual (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) es «más comprensiva de sus competencias».

En el aspecto orgánico, el decreto de 1980 rediseñó sus «órganos de gobierno y administración» en términos que se han conservado sustancialmente estables hasta nuestros días (art. 2):

Así, a la primera le corresponden, fundamentalmente, las funciones de sustituir al director del Centro en caso de vacante, ausencia y enfermedad, gestionar y desarrollar el programa editorial, así como la Biblioteca, el Archivo General y los servicios de Documentación del Centro. Por su parte, la segunda es la encargada de «programar, promover y realizar los estudios, informes y proyectos de investigación necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al Centro», y de desarrollar la actividad docente e investigadora del organismo. Ambas tendrán además «aquellas otras que les encomiende» su director (art. 6 del Real Decreto 1269/1997).

Inicialmente, esta estructura, tan magra en comparación con la de su antecedente institucional, se complementaba con la previsión según la cual el CEC «podrá encargar la realización de estudios o proyectos específicos a las personas que estime más idóneas para realizarlos sin que obste la condición de funcionario público que en aquéllas pueda concurrir», declarando a tal efecto que «el desempeño de cualquier cargo en el Centro de Estudios Constitucionales es compatible con la actividad docente^‍‍[43]». Sin embargo, esta disposición desapareció en el real decreto de 1997, seguramente porque tal actividad de encargo (contratación) de estudios o proyectos específicos (importante, como se ha dicho antes con referencia a las memorias de  ‍Centro de Estudios Constitucionales (CEC) (1979). Memoria.1979 y  ‍Centro de Estudios Constitucionales (CEC) (1980). Memoria.1980, en los primeros años de vida del CEC) ha perdido mucha relevancia.

En el plano funcional, el decreto de 1980 señalaba que el CEC debía: «[…] elaborar y promover tareas de investigación sobre los caracteres, evolución y desarrollo de las instituciones de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos, en su proyección nacional e internacional. Realizar, promover y publicar estudios sobre cualesquiera materias relacionadas con las áreas de investigación a que se refiere el precedente aparatado. Formar y custodiar un fondo documental y bibliográfico sobre Ciencia Política, Teoría del Estado, Derecho Público y materias conexas. Desarrollar ciclos y cursos de enseñanzas especializadas». Y, solo en último lugar, «prestar asistencia y asesoramiento a la Presidencia del Gobierno», así como «realizar cuantos cometidos se le encomienden por el Ministro a quien el Centro está adscrito». La reforma de 1997 conservó sustancialmente esta regulación, pero introdujo un importante elemento de alcance transversal para toda su actividad al precisar que el CEPC debe «conceder especial atención, en el desarrollo de sus funciones, a […] los países iberoamericanos y a las relaciones de éstos con España y con Europa^‍‍[44]».

Las innovaciones se extendieron, asimismo, a la organización concreta de las actividades docentes. Así, a partir de 1979 y durante tres décadas, estas se orientaron a la obtención de un «Diploma de estudios superiores de Derecho Constitucional y Ciencia Política, expedido por el Centro», que alcanzó gran prestigio en el ámbito académico hispanoamericano^‍‍[45]. A tal efecto, inicialmente se organizaban cinco «Seminarios monográficos de especialización» cuatrimestrales, dirigidos por «especialistas […] del máximo nivel», y abiertos a un número limitado de alumnos (muchos de ellos, becados por el propio Centro), previéndose que quienes «durante cuatro cuatrimestres consecutivos sigan al menos tres Seminarios en cada uno [...] podrán aspirar» a dicho diploma^‍‍[46]. Posteriormente, el diploma pasaría a denominarse «en Ciencia Política y Derecho Constitucional», modificándose su estructura para que durase un único curso académico, combinando un cuatrimestre de seminarios preceptivos (sobre Filosofía, Historia, Ciencia Política, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo) y otro de seminarios facultativos, con un alto grado de optatividad y flexibilidad.

Esta organización se vio modificada por la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, de modo que, ya en 2010, y a efectos de adaptar estos estudios al nuevo marco, el diploma dejó paso al actual Máster en Ciencia Política y Derecho Constitucional, expedido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)^‍‍[47]. Se estableció así una solución original e innovadora, gracias a la cual el CEPC (un centro dependiente del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, que no es estrictamente una institución académica y que carece de una «plantilla docente» propia, por lo que recurre para su actividad docente a profesores y expertos de muchas universidades españolas y extranjeras, que cambian frecuentemente) puede impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster. Y este es expedido por una universidad pública, igualmente dependiente del Estado (en este caso, del Ministerio de Educación), e igualmente peculiar, en tanto su actividad creció, se desarrolló y aún hoy podría decirse que gira fundamentalmente en torno a sus conocidos cursos de verano; pero se ha enriquecido con otros programas de estudios avanzados, de idiomas o de posgrado, de modo que tampoco tiene una «plantilla docente propia» ni expide títulos de grado, por lo que podría decirse que, en general, «no compite» con el resto de universidades españolas.

En el ámbito de las publicaciones, se han mantenido la intensa actividad, la estructura (publicaciones unitarias y periódicas) e incluso muchas de las colecciones y cabeceras que han sido esenciales en la formación de generaciones de académicos y profesionales, convirtiendo al CEPC (como en su día al IEP y al CEC) en referencia inexcusable para iuspublicistas y otros especialistas en las diversas ciencias sociales, tanto españoles como iberoamericanos. Evidentemente, no tendría sentido mencionar aquí las diversas colecciones de monografías y todas las revistas editadas por el Centro, que han sufrido, como es lógico, diversas modificaciones a lo largo de estos cuarenta años, y son hoy fácilmente accesibles^‍‍[48]. Pero sí lo tiene, por un lado, recordar que algunas de ellas (Clásicos Políticos o Civitas entre las colecciones; y la Revista de Estudios Políticos o la Revista de Administración Pública, entre las publicaciones periódicas) engarzan directamente con los tiempos del IEP, reforzando así la continuidad institucional que aquí venimos subrayando; y, por otro, que varias colecciones y cabeceras, nacidas tras la transición democrática, ya acumulan décadas de historia y de prestigio. Algo especialmente reseñable porque ha exigido una difícil y costosa adaptación a nuevos formatos, que no ha impedido conservar unos niveles de excelencia, por lo demás, general y formalmente reconocidos^‍‍[49]. Hasta el punto de que no es exagerado afirmar que en España el CEPC es —en sus campos de actividad, naturalmente— una de las más importantes editoriales científicas, y no solo del ámbito público^‍‍[50].

En otro orden de cosas, debe hacerse una referencia, siquiera mínima, a las funciones de asesoramiento que tradicionalmente caracterizaron a este organismo. Unas funciones que (al menos, en cuanto que actividad formalizada, expresamente encomendada por algún órgano o institución al Centro como tal) no han desaparecido, pero sin duda han perdido gran parte de su dimensión histórica.

En efecto, en los años de la transición e implantación de nuestra democracia constitucional se encomendó al Centro y a su Departamento de Documentación, en el ejercicio de su competencia de «promover estudios en materias constitucionales^‍‍[51]», la tarea de reunir un fondo documental en torno a la Constitución y aportar la información y documentación necesarias para elaborar la nueva legislación a partir de 1978. De este modo, y en un tiempo en que el acceso a documentación jurídica especializada era mucho más complicado que ahora, este organismo desempeñó una importante labor de asistencia técnica y documental durante el proceso constituyente, a partir de la creación de la Ponencia Constitucional de 1978^‍‍[52]. Además, se desarrolló una importante tarea de selección y ordenación de documentación sobre las primeras elecciones democráticas de 1977 y de 1979.

Posteriormente, desde 1979, el trabajo se centró fundamentalmente en la confección de dosieres sobre materias de desarrollo constitucional, de derecho parlamentario y de derecho comparado (especialmente de los Estados europeos)^‍‍[53].

En los últimos tiempos, sin embargo, estas funciones de asesoramiento ya no se manifiestan habitualmente en la elaboración de propuestas normativas o en encargos de dictámenes, que tampoco pueden excluirse^‍‍[54]. Ahora se tiende, más bien, a la formación de grupos de expertos que, a través de fórmulas distintas (encuentros, seminarios, ciclos, etc.) han intervenido en procesos de participación y debate sobre diversas cuestiones, que a veces se han visto plasmados —total o parcialmente— en publicaciones y/o han llegado a traducirse en reformas normativas. En este sentido, cabe citar los trabajos que, en materia de reforma constitucional, reforma electoral y otras, dieron lugar a varios informes que coeditaron el CEPC y el Consejo de Estado ( ‍Consejo de Estado (2006). Informe sobre modificaciones de la Constitución española. Madrid: Consejo de Estado; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Consejo de Estado, 2006;  ‍Consejo de Estado (2009). Informe sobre las propuestas de modificación del Régimen Electoral General. Madrid: Consejo de Estado; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.2009); o, más recientemente, el proceso de debate desarrollado en el Centro en la primera mitad de 2012 sobre «la ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno» por una comisión de expertos creada a tal efecto^‍‍[55].

Por último, cabe señalar que todas estas actividades exigieron naturalmente un importante desarrollo del fondo bibliográfico y documental, creándose un importante fondo de constituciones de diferentes Estados, documentación de las Comunidades Europeas y de países iberoamericanos, así como de temas de ciencia política, hasta conformar uno de los centros de documentación más importantes del momento por las fuentes con las que contaba. Una tarea que se ha mantenido hasta hoy, configurando una biblioteca especializada, pero de libre y fácil acceso para los investigadores, cuyos fondos superan actualmente los 90 000 títulos de monografías y casi 2000 de revistas, además de proporcionar valiosos servicios de documentación que tampoco procede enumerar aquí detalladamente^‍‍[56].

V. CONCLUSIÓN[Subir]

Un gran observador, Alexis de Tocqueville, subrayó en su día la continuidad que, en el ámbito administrativo, sobrevivía frecuentemente a los grandes cambios políticos producidos por los procesos revolucionarios. Así, en Inglaterra, «la justicia y la administración conservaron sus formas y siguieron las mismas rutinas que en el pasado»; mientras que en Francia, «la constitución administrativa ha seguido en pie en medio de las ruinas de las constituciones políticas. Se cambiaba la persona del príncipe o las formas del poder central, pero el curso cotidiano de los negocios ni se interrumpía ni se alteraba […] pues si bien en cada revolución se decapitaba a la administración, su cuerpo permanecía intacto y vivo; las mismas funciones eran ejercidas por los mismos funcionarios; éstos transportaban su espíritu y su práctica a través de las diversas leyes políticas […]. Su misión consistía en ser buenos administradores […] antes que ciudadanos. Pasada la primera conmoción, todo seguía en el país como si nada hubiera sucedido» ( ‍Tocqueville, A. de (1982 [1856]). El Antiguo Régimen y la Revolución. Madrid: Alianza Editorial.1982, I: 201-‍202).

Se apuntaba así una «inercia institucional» ( ‍Hayward, J. (1976). Institutional Inertia and Political Impetus in France and Britain. European Journal of Political Research, 4, 341-‍359.Hayward, 1976) que, sin duda, puede apreciarse también en la evolución del organismo que hemos tratado de estudiar en estas páginas. A pesar de las evidentes y radicales transformaciones experimentadas por su naturaleza y significado político, íntimamente ligadas al cambio del régimen en que nació el IEP, lo cierto es que no resulta difícil apreciar la existencia de una continuidad sustancial en algunas de las principales líneas de actividad desempeñadas por ese Instituto y por el Centro que vino a sucederle. De alguna manera, como observaba el genial analista galo de la primera mitad del siglo xix, «las mismas funciones» siguieron siendo «ejercidas por los mismos funcionarios», conservando la calidad que habían adquirido y que, con toda seguridad, justificó esta supervivencia. En este sentido, esta evolución es la «historia de otra transición» o, adoptando y adaptando la voz unamuniana, una intrahistoria de la transición española a la democracia. Una (intra)historia que, por procedimientos reformistas estrictamente respetuosos con los cauces jurídicos establecidos («de la ley a la ley», en la conocida expresión de Torcuato Fernández Miranda), permitió, en el marco más amplio de la radical transformación del régimen político español, la también radical transformación de este organismo.