MUJERES Y PROCESOS CONSTITUYENTES CONTEMPORÁNEOS: RETOS Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN

I. INTRODUCCIÓN: EL CONSTITUCIONALISMO, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y SUS RESPECTIVOS GIROS PARTICIPATIVOS[Subir]

Dentro del constitucionalismo comparado no ha habido suficiente reflexión hasta la fecha acerca de las implicaciones teóricas y prácticas de la secular exclusión de la mujer de los procesos constituyentes, que solo de forma paulatina y aún insuficiente el constitucionalismo contemporáneo está logrando superar en parte gracias a sus nuevas formas participativas de expresión. Se parte de la premisa de que la autoridad de una constitución deriva necesariamente del pueblo como expresión clara del principio de soberanía popular y su postulado central según el cual la autoridad política reside en última instancia en la voluntad política o el consentimiento del pueblo. Dicha autoridad se ha solido ejercer, sin embargo, de manera indirecta a través de los mecanismos de la democracia representativa. Solo en las últimas décadas se ha abogado por «un proceso popular, cívico o democrático de creación constitucional» ( ‍Blokker, P. (2016). Constitutional reform in Europe and recourse to the people. En X. Contiades y A. Fatiadou (comps.). Participatory constitutional change: The people as amenders of the constitution (pp. 43-63). Reino Unido: Taylor and Francis. Blokker, 2016: 40), con el objetivo de rescatar al constitucionalismo del ámbito de la «alta política» ( ‍Murphy, R. (2003). Constitutional rights discourse: Canadian and South African feminist engagements. En A. Dobrowolsky y V. Hart (comps.). Women making constitutions: New politics and comparative perspectives (pp. 20-35). Berlin: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781403944085_2Hart, 2003: 10). Nace así la idea de un «constitucionalismo participativo» como proyecto con vocación de brindar a los ciudadanos de a pie la oportunidad de trascender lo simbólico e indirecto para poder deliberar y decidir de forma directa sobre la constitución de su país, «a modo de manifestación tangible de su participación en el contrato social» ( ‍Wallis, J. (2014). Crowdsourcing Constitutions: The Importance of Public Participation in Constitution-Making. Insights on Law and Society, 15 (3).Wallis, 2014: 15)^‍‍[1], abriéndose nuevas vías para la inclusión constituyente de los sectores de la población históricamente silenciados, entre ellos las mujeres.

El constitucionalismo participativo combina nuevas formas de representación, consulta, ratificación y supervisión popular a distintos niveles y avanza la tesis de que la participación popular debe considerarse en términos más amplios que los que ofrecen las modalidades clásicas: la participación ciudadana en la elección de los miembros de los órganos encargados de debatir y aprobar la constitución y, en su caso, la participación a través de un referéndum final de ratificación. Proliferan nuevos mecanismos de participación entre los que destacan los programas populares de educación cívica para capacitar a la ciudadanía; la búsqueda de estrategias a nivel nacional y supranacional para incidir en los partidos políticos y en los miembros de las asambleas constituyentes; los foros públicos de debate y las reuniones para presentar en papel o de forma telemática comunicaciones al órgano constituyente, además de las campañas de publicidad en los medios de comunicación ( ‍Blount, J. (2011). Participation in constitutional design. En T. Ginsburg y R. Dixon (comps.). Comparative Constitutional Law (pp. 38-56). United Kingdom: Edward Elgar.Blount, 2011: 30).

No es de extrañar, pues, que las justificaciones en pos de una mayor participación ciudadana en los procesos constituyentes hayan solido apelar a los postulados de la teoría democrática participativa. Esta teoría, que se articula entre los años sesenta y ochenta inspirándose en los movimientos sociales que explosionaron después de la Segunda Guerra Mundial, buscaba reemplazar la concepción minimalista y representativa de la democracia dominante hasta aquel momento, enfatizando la importancia de una mayor participación ciudadana y de una concepción más amplia de lo político. Se trataba, por tanto, no solo de incrementar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, sino también de ampliar el abanico de personas capaces de participar, su influencia directa en el diseño e implementación de las políticas públicas, así como el compromiso ciudadano con la democracia y, en última instancia, la legitimidad de esta ( ‍Barber, B. (2003). Strong democracy: Participatory politics for a new age. Los Ángeles: University of California Press.Barber, 2003;  ‍Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511720444Pateman, 1970;  ‍Wolin, S. S. (2016). Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought-Expanded Edition. Princeton: Princeton University Press. Disponible en: https://doi.org/10.2307/j.ctvc77k44Wolin, 2016).

Trasladado al ámbito del constitucionalismo, los debates en torno a la democracia participativa resaltan los beneficios de la participación, tanto para la constitución como para quien participa. Se recalca que el proceso de elaboración constitucional cuenta con mayor legitimidad cuando diversas fuerzas sociales confluyen ( ‍Wallis, J. (2014). Crowdsourcing Constitutions: The Importance of Public Participation in Constitution-Making. Insights on Law and Society, 15 (3).Wallis, 2014;  ‍Voigt, S. (2004). The Consequences of Popular Participation in Constitutional Choice. Towards a Comparative Analysis. En A. Aaken, C. List y C. Luetge (comps.). Deliberation and Decision: Economics, Constitutional Theory and Deliberative Democracy (pp. 199-229). London: Routledge. Voigt, 2004) para debatir sobre el conjunto de problemas, conflictos, preferencias, intereses y necesidades que suele acompañar a los debates constitucionales ( ‍Hart, V. (2003). Special Report: Democratic Constitution Making. United States Institute of Peace, 107. Disponible en: https://bit.ly/2O54WDM.Hart, 2003: 10). Además, se defiende que un proceso de toma de decisiones participativo conlleva ganancias epistémicas a la hora de plantear soluciones innovadoras, enriqueciendo así aquellas provenientes de ámbitos elitistas con el conocimiento, las experiencias y las ideas del público en general ( ‍Banks, A. (2008). Expanding Participation in Constitution Making: Challenges and Opportunities. William and Mary Law Review, 49 (4), 1043-1069.Banks, 2008: 1050). También se señalan los posibles beneficios en términos de sostenibilidad del orden constitucional, sobre todo cuando el proceso de elaboración constitucional se percibe y estructura como un proceso de construcción de paz o de la nación para superar un pasado autoritario o un conflicto violento en sociedades profundamente divididas ( ‍Wallis, J. (2014). Crowdsourcing Constitutions: The Importance of Public Participation in Constitution-Making. Insights on Law and Society, 15 (3).Wallis, 2014: 27-‍28).

En lo que concierne a los grupos históricamente marginados y en la medida en que la participación ciudadana conlleva tanto el acceso a información como la provisión de educación que posibilitan la participación en debates políticos, se afirma que el constitucionalismo participativo desempeña un importante papel en el proceso de «ciudadanización», mediante el cual «los individuos se convierten en ciudadanos que toman consciencia de sus derechos y responsabilidades, muestran interés por su gobierno y buscan oportunidades de cara al futuro para la participación política» ( ‍Wallis, J. (2014). Crowdsourcing Constitutions: The Importance of Public Participation in Constitution-Making. Insights on Law and Society, 15 (3).Wallis, 2014: 28). Siendo así, más allá del impacto real que pueda tener la participación ciudadana en el texto resultante, el constitucionalismo participativo, se argumenta, resultaría intrínsecamente beneficioso para los grupos tradicionalmente marginados entre los que se incluyen los pobres, las minorías étnico-culturales y raciales, los pueblos indígenas o las mujeres ( ‍Hart, V. (2003). Special Report: Democratic Constitution Making. United States Institute of Peace, 107. Disponible en: https://bit.ly/2O54WDM.Hart, 2003: 3). Con respecto a estas, entendemos que la exclusión fundacional de las mujeres en el constitucionalismo moderno y su inclusión gradual y reciente en los procesos constituyentes a escala global alcanza un significado adicional y específico puesto que el constitucionalismo ilustrado descansaba sobre el silenciamiento político de las mujeres, siendo expresión escrita de un contrato «sexual» y no solo «social», generador de dos esferas separadas con un fuerte componente de género, así como de dos modelos correspondientes de ciudadanía —la activa-pública-masculina frente a la pasiva-doméstica-femenina— ( ‍Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Stanford: Stanford University Press. Pateman, 1988).

A la vista de esta exclusión constitucional originaria de la mujer no puede sorprender que, a lo largo de la historia, el agente principal detrás de los grandes procesos de creación y reforma constitucional y de la expansión de prácticas participativas hayan sido, con frecuencia, los movimientos en favor de la democratización y las luchas anticoloniales y no tanto los movimientos feministas ( ‍Hart, V. (2003). Special Report: Democratic Constitution Making. United States Institute of Peace, 107. Disponible en: https://bit.ly/2O54WDM.Hart, 2003: 11). En realidad, las mujeres se han mostrado con frecuencia escépticas frente al constitucionalismo y a sus «elevadas promesas de democracia, representación e igualdad» ( ‍Dobrowolsky, A. y Hart, V. (comps.). (2003). Women making constitutions: New politics and comparative perspectives. Berlin: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781403944085Dobrowolsky y Hart, 2003: 2). En la medida en que dicha participación ha tenido lugar, se ha canalizado más a través de la sociedad civil y de iniciativas de base que mediante su presencia en los órganos e instancias designados o elegidos oficialmente para la elaboración del texto constitucional, órganos en los que siempre las mujeres han estado numéricamente infrarrepresentadas.

Conviene recordar que la igualdad constitucional de las mujeres no se consagró de forma generalizada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, mediante el reconocimiento constitucional de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y/o del derecho a la no discriminación por razón de sexo. Pero también que esta proclamación tampoco condujo al empoderamiento político igualitario de las mujeres y que, incluso en aquellos pocos países pioneros en los que las mujeres obtuvieron el voto a finales del siglo xix o inicios del siglo xx, como Finlandia o Dinamarca, se tardó casi sesenta años más en superar el umbral del 20 % de escaños parlamentarios ( ‍Rubio-Marín, R. (2014). The Achievement of Female Suffrage in Europe: On Women’s Citizenship. International Journal of Constitutional Law: ICON, 12 (1), 4-34. Disponible en: https://doi.org/10.1093/icon/mot067Rubio-Marín, 2014: 12). Vemos que no es hasta finales de la década de los ochenta y, sobre todo a partir de mediados de los noventa, en el contexto de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, cuando se articula una preocupación global por la infrarrepresentación política, sistemática y persistente de las mujeres. Con el tiempo, dicha preocupación se traduciría en un «giro participativo» tanto en el discurso como en el movimiento a favor de la igualdad de género ( ‍Kymlicka, W. y Rubio-Marín, R. (comps.). (2018). Gender Parity and Multicultural Feminism: Towards a New Synthesis. Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/oso/9780198829621.001.0001Kymlicka y Rubio-Marín, 2018).

Este giro participativo refleja un cambio de paradigma en lo que respecta a la igualdad de género que, yendo más allá del discurso de los derechos y oportunidades de los que disfrutan o no las mujeres, enlaza con la teoría de la democracia participativa arriba reseñada: es la propia legitimidad del sistema democrático y del Estado, en general, la que se ve comprometida por la infrarrepresentación crónica de la mitad de la población en la toma de decisiones políticas. El enfoque participativo, referido a veces en términos de democracia paritaria, no implica abandonar este marco de derechos. Más bien trataría de complementarlo con un enfoque centrado en la legitimidad democrática, según el cual la infrarrepresentación de las mujeres plantea cuestiones específicas en relación con la legitimidad democrática que también requieren la adopción de medidas correctivas, destinadas a conseguir la incorporación igualitaria de las mujeres al espacio público, político y, en general, a las esferas de poder, fundamentalmente por las implicaciones prácticas y simbólicas de dicha incorporación. Se favorecería así la inclusión de los intereses y perspectivas de las mujeres, así como la subversión de la tradición de las esferas separadas (pública-privada) sobre las que se asienta el Estado moderno y, con ello, los estereotipos de género ( ‍Rubio-Marín, R. y Rodríguez Ruiz, B. (2007). De la paridad, la igualdad y la representación en el Estado moderno. Revista Española de Derecho Constitucional, 81, 115-159. Rubio-Marín y Rodríguez Ruíz, 2007,  ‍Rubio-Marín, R. y Rodríguez Ruiz, B. (2008). The Gender of Representation: On Democracy, Equality and Parity. International Journal of Constitutional Law, 6 (2), 287-316. Disponible en: https://doi.org/10.1093/icon/mon0072008,  ‍Rubio-Marín, R. y Rodríguez Ruiz, B. (2009). Constitutional Justifications for Parity Democracy. Alabama Law Review, 60 (5), 1167-11902009).

El enfoque participativo del empoderamiento de la mujer se ha encarnado de manera paradigmática en la adopción de cuotas electorales para garantizar su participación parlamentaria, fenómeno que ha sido objeto de amplio análisis en la doctrina y en los estudios comparados ( ‍Dahlerup, D. (2006). Women, Quotas and Politics. London: Routledge. Dahlerup 2006;  ‍Krook, M. L. (2009). Quotas for Women in Politics. Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. New York: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195375671.001.0001Krook 2009;  ‍Lépinard, E. y Rubio-Marín, R. (comps.). (2018). Transforming gender citizenship: the irresistible rise of gender quotas in Europe. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/9781108636797Lépinard y Rubio-Marín, 2018). La reciente y creciente demanda por parte de las mujeres de formar parte del proceso constituyente debe sin embargo verse también como una manifestación del mismo fenómeno, pues está íntimamente relacionada con su despertar participativo. De hecho, el comienzo de la expansión global de las cuotas de género durante la segunda mitad de los años ochenta, y sobre todo de los noventa, coincide con el inicio de la movilización de las mujeres en aras de su participación en procesos constituyentes de manera más que simbólica, en línea con los dictados del constitucionalismo participativo.

La coincidencia temporal entre el giro participativo del constitucionalismo y el despertar participativo de las mujeres merece atención. Ambos procesos están intrínsecamente conectados a través de la creciente preocupación por la legitimidad democrática y engarzan con intentos de redefinición de los parámetros democráticos en términos más inclusivos. El presente artículo no pretende, sin embargo, analizar todas las expresiones del constitucionalismo participativo ni del giro participativo en la igualdad de las mujeres, sino que se centra de forma específica en la participación de las mujeres en procesos constituyentes, analizando su creciente participación en los procesos y órganos de elaboración constitucional (sección II), así como, sobre todo, su participación en otros ámbitos, principalmente a través de la movilización en la sociedad civil (sección III). El artículo ilustra la forma en que el silenciamiento político histórico de las mujeres (incluida su exclusión de los procesos constituyentes), así como el legado de dicha exclusión en la actualidad, nos permite entender los retos que siguen enfrentando en la actualidad las mujeres a la hora de participar y las estrategias que tratan de desarrollar para superarlos y poder traducir su participación en poder real y efectivo dentro de los espacios de creación constitucional, tanto oficiales como informales.

II. LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE ELABORAR LA CONSTITUCIÓN[Subir]

Como se ha señalado arriba, hasta la fecha y de forma global, la participación de las mujeres ha tenido lugar más fuera que dentro de los órganos formales de creación constitucional. Estos últimos, que siguen dependiendo en gran medida de las formas tradicionales de representación política, han permanecido en su mayoría dentro del alcance del poder de políticos varones. En efecto, las asambleas constituyentes han estado formadas principalmente por padres fundadores, dejando fuera a las madres fundadoras, salvo en contadas excepciones ( ‍Frevert, U. (1989). Women in German History from Bourgeois Emancipation to Sexual Liberation. Oxford; Hamburg; New York: Berg.Frevert, 1989;  ‍Pezzini, B. (2007). Donne e Costituzione: Le Radici ed il Cammino. Studie e Richerche di Storia Contemporanea, 163-187.Pezzini, 2007;  ‍Ventura Franch, A. (1999). Las mujeres y la Constitución española de 1978. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Instituto de la Mujer. Ventura Franch, 1999). De hecho, a nivel global y hasta la década de los noventa, la representación de mujeres en dichos órganos no excedió nunca el 5-‍10 %^‍‍[2].

En las dos o tres últimas décadas, sin embargo, la presencia de mujeres en los órganos de creación constitucional es cada vez más significativa. Solo en las últimas décadas se llega por primera vez a superar en algunos casos el umbral del 20 % de representación femenina en las asambleas constituyentes y/o las comisiones de revisión o redacción constitucional ( ‍Tamaru, N. y O’Reilly, M. (2018). How Women Influence Constitution Making After Conflict and Unrest. Washington D. C.: Inclusive Security. Disponible en: https://bit.ly/30UUEvb.Tamaru y O´Reilly, 2018). Aunque no estamos aún en condiciones de afirmar que se trate de una tendencia del todo generalizada, el actual incremento del número de mujeres en los órganos constituyentes parece reflejar la tendencia al alza de su presencia en los Parlamentos, así como el creciente número de voces que desde la tercera ola de democratización de los años noventa vienen exigiendo una mayor participación democrática a nivel global ( ‍Tamaru, N. y O’Reilly, M. (2018). How Women Influence Constitution Making After Conflict and Unrest. Washington D. C.: Inclusive Security. Disponible en: https://bit.ly/30UUEvb.Tamaru y O´Reilly, 2018: 4). Dicho incremento, sin embargo, también responde a la movilización en aumento de las mujeres para exigir el lugar que les corresponde, movilización que ha venido acompañada por parte de actores y compromisos internacionales en pos del empoderamiento de la mujer. En algunos escenarios, la presencia masiva y/o súbita de mujeres en los órganos constituyentes se ha visto incrementada por la muerte o la huida en masa de los varones en contextos de postconflicto, como en el caso de Ruanda y Camboya ( ‍Blount, J. (2011). Participation in constitutional design. En T. Ginsburg y R. Dixon (comps.). Comparative Constitutional Law (pp. 38-56). United Kingdom: Edward Elgar.Blount, 2011: 42). Otras veces, dicho aumento se ha visto favorecido por la adopción previa de cuotas electorales de género, algunas incluso específicas para el proceso de creación constitucional.

En Uganda, por ejemplo, en el proceso que dio lugar a la Constitución de 1995, el 75 % de los 284 delegados de la Asamblea Constituyente aproximadamente fueron elegidos de forma directa, pero algunos escaños quedaron reservados específicamente para mujeres, siendo las dirigentes locales las encargadas de elegir a una mujer en cada uno de los 39 distritos del país ( ‍Blount, J. (2011). Participation in constitutional design. En T. Ginsburg y R. Dixon (comps.). Comparative Constitutional Law (pp. 38-56). United Kingdom: Edward Elgar.Blount, 2011: 42). En Túnez, una ley de paridad aprobada en 2011, que exigía que los partidos políticos presentaran listas con un 50 % de mujeres, alternándose con hombres en un sistema cremallera, dio como resultado la presencia de 49 mujeres de un total de 217 miembros (es decir, el 27 %) en la Asamblea Constituyente entre los años 2011 y 2014. En Nepal, la aplicación de una cuota de género en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 2008 (aprobada en la Constitución provisional de 2007) también contribuyó a que la representación femenina aumentara considerablemente, llegando al 33 % en la primera Asamblea Constituyente, que fracasó, y al 30 % en la Asamblea Constituyente de 2013 que fue la que finalmente aprobó el texto constitucional de 2015 ( ‍Tamaru, N. y O’Reilly, M. (2018). How Women Influence Constitution Making After Conflict and Unrest. Washington D. C.: Inclusive Security. Disponible en: https://bit.ly/30UUEvb.Tamaru y O´Reilly, 2018: 12). De forma reciente, observamos cómo se está recurriendo a las cuotas de género para garantizar una composición de género equilibrada en los propios órganos de redacción constitucional^‍‍[3].

En algunos de los casos más recientes de elaboración constitucional participativa se han propuesto formas más directas de participación ciudadana en los órganos de enmienda constitucional. Estas experiencias han propiciado que las mujeres vayan acercándose cada vez más a la verdadera paridad participativa. La convención constitucional de Irlanda (celebrada entre 2012 y 2014), cuyo objetivo era redactar un informe sobre ocho cuestiones para sopesar si debían ser objeto de reforma constitucional a través de referéndum, da buena cuenta de ello ( ‍Suteu, S. (2017). Women and Participatory Constitution-making. En H. Irving (comp.). Constitutions and Gender (pp. 19-46). Cheltenham: Edward Elgar. Disponible en: https://doi.org/10.4337/9781784716967.00007Suteu, 2017). La Convención constó de 100 miembros: dos tercios de ellos «ciudadanos comunes», seleccionados al azar de entre un grupo de ciudadanos voluntarios con derecho a voto (representantes, por tanto de la sociedad irlandesa en general); de un tercio políticos, nombrados por los partidos en función de su representación en el Parlamento, y un presidente. Al final, la Convención contó con 51 hombres y 49 mujeres, 33 seleccionadas al azar y 16 designadas por partidos políticos ( ‍Suteu, S. (2017). Women and Participatory Constitution-making. En H. Irving (comp.). Constitutions and Gender (pp. 19-46). Cheltenham: Edward Elgar. Disponible en: https://doi.org/10.4337/9781784716967.00007Suteu, 2017). También en Islandia ( ‍Landemore, H. (2020). When Public Participation Matters: the 2010-2013 Icelandic Constitutional Process. International Journal of Constitutinal Law (forthcoming). Landemore, 2020), la comisión encargada de redactar la (en último término fallida) nueva Constitución estaba compuesta por ciudadanos comunes. En ella figuraron 10 mujeres y 14 hombres, cumpliendo así con el 40 % de representación mínima de cada sexo, según lo legalmente establecido.

III. PARTICIPACIÓN CONSTITUYENTE DE LAS MUJERES FUERA DE LOS ÓRGANOS CONSTITUYENTES[Subir]

Como se ha señalado arriba, la participación constitucional de las mujeres ha tenido lugar más fuera que dentro de los órganos constitucionales, y se ha articulado sobre todo desde la sociedad civil ( ‍Dobrowolsky, A. y Hart, V. (comps.). (2003). Women making constitutions: New politics and comparative perspectives. Berlin: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781403944085Dobrowolsky y Hart, 2003: 2), aunque el escepticismo también ha estado presente. En particular, las mujeres han rechazado abiertamente oportunidades de participación cuando tenían buenas razones para suponer que su causa estaba siendo objeto de instrumentalización. Por ejemplo, el colectivo boliviano Mujeres Creando, radical y autónomo, se mostró altamente crítico frente a la Asamblea Constituyente y, en general, al Gobierno de Morales, de quien sospechaban que quería instrumentalizar la causa de la igualdad de género únicamente en aras de consolidar su poder ( ‍Rousseau, S. (2011). Indigenous and feminist movements at the Constituent Assembly in Bolivia. Locating the representation of indigenous women. Latin American Research Review, 46 (2), 5-28. Disponible en: https://doi.org/10.1353/lar.2011.0020Rousseau, 2011: 21). También en Iraq hubo activistas que denunciaron la ocupación extranjera y se negaron a participar en los procesos constituyentes que, auspiciados por los EE. UU., les eran presentados como oportunidad para avanzar en la igualdad de las mujeres ( ‍Efrati, N. (2019). Renegotiating Rights: Women and Constitution-Making in Post-Saddam Iraq. En H. Irving y R. Rubio-Marín (comps.). Women as Constitution-Makers: Case Studies from the New Democratic Era (pp. 153-189). Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/9781108686358.004Efrati, 2019).

Parece, sin embargo, que en general allí donde han surgido posibilidades de reforma y de incidencia, las mujeres se han inclinado por aprovecharlas, aun si ello implicaba aceptar la dudosa legitimidad de ciertos procesos. En Marruecos, por ejemplo, en 2011 las asociaciones feministas tradicionales aprovecharon la oportunidad de participar en lo que consideraban una reforma dirigida por la monarquía, distanciándose así del movimiento del 20 de febrero, que exigía una nueva constitución verdaderamente democrática, conscientes de que, a pesar de las deficiencias, se trataba de una oportunidad histórica para conseguir que la igualdad entrara en la Constitución ( ‍Borrillo, S. (2019). Women’s Movements and the Recognition of Gender Equality in the Constitution-Making Process in Morocco and Tunisia (2011-2014) En H. Irving y R. Rubio-Marín (comps.). Women as Constitution-Makers: Case Studies from the New Democratic Era (pp. 31-80). Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/9781108686358.002Borrillo, 2019).

En su deseo de movilizarse, mujeres de todo el mundo han ido encontrando cada vez más apoyo, tanto por parte de organizaciones regionales e internacionales como de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales^‍‍[6], así como de eventos como las conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre la mujer que han servido de catalizadores ( ‍Hart, V. (2003). Special Report: Democratic Constitution Making. United States Institute of Peace, 107. Disponible en: https://bit.ly/2O54WDM.Hart, 2003: 10). También abundan los ejemplos de organizaciones y plataformas creadas a escala nacional por colectivos de mujeres de todo el mundo para participar en la materialización de aspiraciones constitucionales. En Sudáfrica, una Coalición Nacional de Mujeres (WNC, por sus siglas en inglés) fue creada en 1992 bajo el liderazgo de mujeres previamente involucradas en la lucha por la liberación del régimen del apartheid para intervenir en el proceso de redacción de la nueva Constitución democrática, hasta ese momento dominado por los hombres. La Coalición se dio a si misma el papel de «coordinar una campaña nacional para la capacitación de mujeres que recopilara y difundiera información sobre las necesidades y aspiraciones de las mujeres y que las aunara para formular y adoptar una Carta que afianzara la igualdad de las mujeres en la nueva Constitución» ( ‍Murphy, R. (2003). Constitutional rights discourse: Canadian and South African feminist engagements. En A. Dobrowolsky y V. Hart (comps.). Women making constitutions: New politics and comparative perspectives (pp. 20-35). Berlin: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781403944085_2Murphy, 2003: 32). Existen otros precedentes interesantes. Así, desde principios de los ochenta y durante la década de los noventa en Canadá el movimiento de mujeres, en general, y el movimiento de mujeres aborígenes en particular, fue el motor de muchas de las luchas constitucionales ( ‍Dobrowolsky, A. y Hart, V. (comps.). (2003). Women making constitutions: New politics and comparative perspectives. Berlin: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781403944085Dobrowolsky y Hart, 2003: 3). Y en Nicaragua, centenares de mujeres tomaron las calles en 1986 en protesta por el lenguaje sexista del primer proyecto constitucional ( ‍Morgan, M. (1990). Founding Mothers: Women’s Voices and Stories in the 1987 Nicaraguan Constitution. Boston University Law Review, 70 (1), 1-107. Morgan, 1990: 19).

En muchos contextos nacionales, una de las estrategias de movilización utilizada por las mujeres ha consistido en redactar su propia constitución, concretando en ella sus necesidades y aspiraciones de las mujeres, objetivo que con frecuencia parece haber estimulado la creación de coaliciones entre distintos colectivos. En Bolivia, por ejemplo, la plataforma Mujeres Presentes en la Historia fue el resultado de más de cuatrocientos talleres y reuniones por todo el país, y contaba con unas veinte mil mujeres en representación de unas mil organizaciones de mujeres tanto indígenas como mixtas con el objetivo de elaborar una propuesta constitucional integral ( ‍Rousseau, S. (2011). Indigenous and feminist movements at the Constituent Assembly in Bolivia. Locating the representation of indigenous women. Latin American Research Review, 46 (2), 5-28. Disponible en: https://doi.org/10.1353/lar.2011.0020Rousseau, 2011: 22). A su vez, la Coalición de Organizaciones Feministas Egipcias creó el documento Mujeres escribiendo su constitución para transmitir las perspectivas de las organizaciones de base sobre el conjunto de derechos a los que las mujeres aspiraban en el momento constituyente ( ‍Kamal, H. (2015). Inserting women’s rights in the Egyptian constitution: personal reflections. Journal for Cultural Research, 19 (2), 150-161. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14797585.2014.982919Kamal, 2015).

A menudo, las iniciativas feministas en el marco de procesos constituyentes han servido para canalizar consultas a gran escala en comunidades urbanas y rurales con el objetivo de articular una serie de demandas que fueran representativas de las verdaderas aspiraciones de las mujeres. Este fue el caso en Egipto, donde la Alianza Árabe para las Mujeres agrupó a veintisiete socios para organizar una consulta en la que participaron tres mil grupos de las provincias ( ‍Morsy, M. (2014). Egyptian women and the 25th January Revolution: Presence and absence. The Journal of North African Studies, 19 (2), 211-229. Disponible en: https://doi.org/10.1080/13629387.2013.858035Morsy, 2014: 220;  ‍Kamal, H. (2015). Inserting women’s rights in the Egyptian constitution: personal reflections. Journal for Cultural Research, 19 (2), 150-161. Disponible en: https://doi.org/10.1080/14797585.2014.982919Kamal, 2015). La movilización de mujeres ha requerido en ocasiones la creación de espacios de conversación exclusivos o preferentes para ellas. Así, en Bolivia las mujeres indígenas se integraron plenamente en el movimiento indígena, pero a la vez consiguieron crear asociaciones exclusivamente de mujeres, como por ejemplo la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, más conocida como «las bartolinas» ( ‍Rousseau, S. (2011). Indigenous and feminist movements at the Constituent Assembly in Bolivia. Locating the representation of indigenous women. Latin American Research Review, 46 (2), 5-28. Disponible en: https://doi.org/10.1353/lar.2011.0020Rousseau, 2011: 17).

IV. CONCLUSIONES[Subir]

En las últimas décadas y como reflejo, en cierta medida, del giro participativo tanto del constitucionalismo como del movimiento de mujeres, estas han ido aumentando su presencia en los órganos encargados de elaborar la constitución, hasta alcanzar números cada vez mayores, gracias, en parte, a su mayor presencia en instancias de representación política y a la adopción de cuotas de género tanto en las asambleas constituyentes como, en el caso de algunas jurisdicciones, en los mismos órganos de elaboración y redacción constitucional. Si bien dicha evolución es motivo de celebración, hay que ser cautos pues aún estamos lejos de alcanzar una participación paritaria en los procesos constituyentes, así sea medida en términos exclusivamente numéricos. Además, dado el secular silenciamiento político de las mujeres, la experiencia nos muestra que no hay ninguna garantía de que una mayor representación numérica de mujeres se traduzca automáticamente en una mayor igualdad dialógica o posibilidad de impacto, algo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las normas que deben regir la toma de decisiones y la deliberación en los órganos oficiales de creación constitucional.

Estaríamos además valorando de forma incompleta la participación actual de las mujeres en los procesos constituyentes contemporáneos, sin embargo, si solo o principalmente atendiéramos a los espacios tradicionales e instituciones y conductos oficiales del poder constituyente. Antes bien, debemos tener en cuenta que el giro participativo en materia de creación constitucional ha abierto nuevos espacios de participación a la sociedad civil que hasta hace solo unas décadas resultaban impensables. El hecho de que la mujer haya ocupado dichos espacios en prácticamente todos los rincones del mundo podría interpretarse como un acto de afirmación progresiva de su estatus en tanto que sujeto constitucional dentro de un proceso que refleja la gradual aunque aún incompleta superación de la construcción del género en torno a la tradición de las esferas separadas (pública/privada), tradición que asignaba la toma de decisiones en la esfera pública exclusivamente a los hombres y relegaba a las mujeres a la esfera privada. En todo caso, solo tomando en cuenta la exclusión originaria y tradicional de las mujeres de los procesos de toma de decisiones en general, y de los procesos constituyentes en particular, estaremos en condiciones de comprender plenamente las formas y estrategias que las mujeres han tenido que emplear, así como los desafíos a los que se siguen enfrentando en su intento por unirse a la ola participativa contemporánea y por traducir su participación en poder efectivo y en transformación.

Para poder participar, las mujeres han tenido que superar a menudo su escepticismo frente al proyecto constitucional, un proyecto que históricamente las ha excluido y en el que todavía hoy su inclusión se instrumentaliza con demasiada frecuencia. Ellas mismas casi nunca han sido las principales responsables de iniciar los procesos de reforma constitucional. Tampoco, por regla general, se han incorporado al proceso lo bastante pronto como para que las cuestiones que las atañían de forma especial estuvieran en la agenda desde el principio. Además, para participar, las mujeres han tenido que paliar múltiples obstáculos a través de estrategias de sensibilización creativas e innovadoras, a menudo dirigidas por las propias mujeres, algunas con el apoyo de actores internacionales o extranjeros. Desafortunadamente, en alguna ocasión estos últimos han acabado traicionando su causa en aras de preservar alianzas con las élites masculinas tradicionales y/o religiosas, élites con agendas de género bien distintas a las reclamadas por los colectivos de mujeres.

Observamos que en todo el mundo, en las últimas dos o tres décadas, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil han conseguido con frecuencia superar sus divisiones internas, creando redes y plataformas para impulsar una agenda constitucional conjunta, a menudo acompañada de consultas y campañas educativas a gran escala. A veces el aliciente ha sido crear un texto alternativo, una constitución de las mujeres que recogiera sus puntos de vista e intereses. Otro objetivo ha sido el de evitar grandes retrocesos en aquellos contextos en los que los partidos políticos sostenían una concepción antagónica respecto al rol de la mujer y las relaciones de género, a menudo bajo la influencia de autoridades religiosas. A pesar de que la participación de las mujeres a través de la sociedad civil va en aumento, la falta de criterios sistemáticos y de transparencia en el proceso de recepción y procesamiento de aportaciones populares por parte de los órganos de redacción constitucional las ha perjudicado. Eso ha sido así sobre todo cuando las mujeres carecían de representantes en los órganos de creación constitucional que defendieran sus intereses y colaboraran en la superación de lógicas partidistas.

Aunque sigan existiendo obstáculos y deficiencias, lo que parece incuestionable es que, gracias a su participación en procesos constituyentes, las mujeres han obtenido ganancias intrínsecas en términos de consolidación de su estatus de ciudadanía. Ya sea por sus actividades dirigidas a garantizar el cumplimiento de la constitución recién adoptada o por querer superar fracasos previos, lo cierto es que los procesos constituyentes han tenido efectos movilizadores más amplios, más allá de los logros o fracasos a corto plazo. Lo han hecho alentando a las mujeres a participar en la vida pública y a perseguir sus derechos e intereses, desarrollando sus capacidades y reforzando su papel en el proceso global de transición democrática del país. Además, los esfuerzos compartidos durante el proceso constituyente han servido para fortalecer los lazos entre mujeres, casi sin excepción. Por todo ello cabe afirmar que la creciente participación de la mujer en los procesos constituyentes no solo se traduce en una mejora de la legitimidad democrática de los mismos, sino que expresa la afirmación del estatus de las mujeres en tanto que sujetos constitucionales, cuestionando frontalmente algunos de los presupuestos sobre los que se estructuró, desde sus orígenes, el constitucionalismo moderno. En nuestro país preocupa sobremanera que, a pesar de la existencia de un rico debate doctrinal acerca de lo que una reforma constituyente en clave feminista o de género requiere,^‍‍[7] más allá de la necesaria enmienda de la discriminación en la sucesión al trono, la perspectiva de género haya estado ausente en los debates sobre reforma constitucional habidos hasta la fecha en sede parlamentaria, independientemente del cariz político de la fuerza que liderase el debate ( ‍Esquembre, M. (2017). Las mujeres ante el cambio constitucional. Algunos apuntes desde una perspectiva feminista para una «reforma constituyente» de la Constitución española. Cuadernos Manuel Giménez Abad, n.º extraordinario 5, 75-92. Esquembre, 2017: 77-‍79). Solo cabe esperar que, llegado el momento de la verdad, las mujeres en la asamblea constituyente y las del asociacionismo feminista no permitan que se pierda esta ocasión histórica de afirmación de la mujer española como auténtico sujeto constitucional.