REDES SOCIALES, ALGORITMOS Y DEMOCRACIA

En el repositorio digital de artículos académicos SCOPUS se han publicado, tan solo entre 2015 y 2018, casi 7000 papers o conferencias en el ámbito de las ciencias sociales que incluyeran social media como una de sus palabras clave: más de 2000 títulos por año. En ese mismo periodo de tres años, según el catálogo del consorcio que aúna todas las grandes bibliotecas universitarias catalanas (CSUC), estas han adquirido 290 monografías diferentes dedicadas a las xarxes socials en diversas disciplinas —en especialidades clásicas de la sociología como la familia, la salud o el trabajo la producción es incluso mayor—. Dada esta ridícula relación entre abundantísima producción científica y nuestras limitadas capacidades cognitivas para asimilarla, este texto pretende orientar al lector interesado en una muy pequeña parte de todo ese caudal investigador, aquella en la que confluyen la sociología de la comunicación y las redes sociales con las reflexiones normativas sobre lo que estas suponen para la democracia.

Tres lecturas articulan este texto, que ofrecen tres ejes de investigación bien diferentes, pero relacionados por fuerza: las condiciones de la deliberación democrática ( ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.Sunstein, 2017); la polarización generada en (y debido) a las redes sociales ( ‍Soto Ivars, J. (2017). Arden las redes. Barcelona: Debate.Soto, 2017), y los riesgos sociopolíticos implicados por la generación y administración masiva de los datos de ciudadanos y usuarios de plataformas digitales ( ‍O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática. Madrid: Capitán Swing.O’Neil, 2018).

POSCENSURA Y POLARIZACIÓN: ¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?[Subir]

En Arden las redes ( ‍Soto Ivars, J. (2017). Arden las redes. Barcelona: Debate.Soto, 2017), la obra que le ha consagrado como ensayista más allá de las columnas de opinión, Juan Soto Ivars expone diversos casos de «linchamientos» en redes sociales. Es decir, persecuciones masivas, casi siempre espontáneas y no dirigidas, llevadas a cabo por una multitud de usuarios contra otros usuarios específicos^‍‍[1]. Los estudios de caso que vertebran el grueso del libro están tejidos mediante entrevistas del autor tanto a las víctimas de los linchamientos como a algunos de los «verdugos», y esto último es especialmente oportuno porque no es fácil encontrar semblanzas, ni periodísticas ni académicas, de quienes participan en estos nuevos ajusticiamientos en línea. Lo significativo de estos juicios populares en la red son sus consecuencias fuera del mundo virtual: pérdidas de empleo, estigmas sobre personajes públicos, escritores condenados al ostracismo o al miedo censor y dimisiones forzadas orquestadas por rivales políticos que aprovechan la turba virtual.

El de Soto Ivars es un ensayo periodístico, rasgo que no solo se refleja en su estilo, sino también en su enfoque y alcance. Esta característica, obviamente, no reduce su interés académico, mucho menos en un campo de estudio que cambia vertiginosamente y está tan incrustado en los debates públicos (se podría hablar incluso de una recepción académica positiva del libro en España)^‍‍[2]. Visto estrictamente desde el punto de vista de las ciencias sociales, el interés del libro se encuentra en el desarrollo de los diferentes estudios de caso, no tanto en sus pesquisas teóricas iniciales, que son sobre todo divulgativas (estas tampoco son el objetivo principal del autor ni la causa de su éxito o pertinencia actual). Es así que el concepto que anuncia el subtítulo del libro, poscensura, queda poco elaborado y aún menos justificado, tanto histórica como sociológicamente. ¿Qué diferencias habría, por ejemplo, entre la poscensura y la censura entre pares que se produce en muchas comunidades de pequeño tamaño? Soto Ivars identifica con acierto algunos procesos causantes del fenómeno que expone —la crisis de la prensa, las redes sociales, las «guerras culturales»—, así como gran parte de sus consecuencias no esperadas o no deseadas por quienes llevan a cabo los linchamientos virtuales. Sin embargo, su exposición queda desfigurada al intentar destacar la supuesta novedad del hecho social que estudia frente a sus casos predecesores (de ahí el uso del prefijo «pos»). Lo más novedoso que parece haber en la poscensura —que al producirse en plataformas digitales se multiplica la escala del hecho social— resulta meramente accesorio desde el punto de vista de los mecanismos censores que entran en acción: presiones entre pares, descentralizadas y no dirigidas por instituciones, que configuran las consecuencias sociales de la expresión o que consiguen restringir la franqueza de los emisores. Mecanismos, dicho sea de paso, que han despertado gran interés en la historia del pensamiento occidental ( ‍Baltussen, H. y Davis, P. J. (eds.). (2015). The Art of Veiled Speech. Self-censorship from Aristophanes to Hobbes. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.Baltussen y Davis, 2015). Por otro lado, la transmisión (u omisión) estratégica de información animada por sistemas de sanciones e incentivos no centralizados ha sido un tema abordado por clásicos de la teoría social contemporánea, como Goffman ( ‍Goffman, E. (1963). Stigma. Nueva Jersey: Prentice Hall.1963) o Noelle-Neumann ( ‍Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Paidós: Barcelona.1995), y de la psicología social ( ‍Hollander, E. P. (1975). Independence, Conformity, and Civil Liberties: Some Implications from Social Psychological Research. Journal of Social Issues, 31 (2), 55-67.Hollander, 1975). En el libro de Soto Ivars, al tiempo que leemos que «en esencia, hay algo en la poscensura que no es nuevo» ( ‍Soto Ivars, J. (2017). Arden las redes. Barcelona: Debate.2017: 32) o que se cita el experimento clásico de Solomon Asch (ibid.: 247), no encontramos una defensa convincente de que las causas y características que él identifica sean constitutivas de un fenómeno nuevo o, al menos, uno lo suficientemente distinto de los anteriores como para justificar la acuñación de un nuevo concepto^‍‍[3].

Si se quiere comprender qué hay de nuevo en la censura, si se quiere comprender la cadena causal que acaba en los casos mostrados por Soto Ivars —el ostracismo del dibujante Hernán Migoya, la autocensura de la novelista María Frisa, los linchamientos al humorista Jorge Cremades—, posiblemente sea más útil abstenerse de conceptos que, independientemente de su justificación léxica, describen más que explican. He aquí el interés de las otras dos referencias señaladas más arriba. Cathy O’Neil ( ‍O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática. Madrid: Capitán Swing.2018) da cuenta de algunas de las razones técnicas de los hechos tan pertinentes para la actual sociología de la comunicación que Soto Ivars narra en su libro. Por otro lado, Cass Sunstein ( ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.2017) se dedica a explicar muchos de los mecanismos sociocognitivos que acaban provocando linchamientos masivos, como la polarización de grupos y la radicalización de opiniones. Buena parte de su ensayo está dedicado a la exposición sistemática de literatura reciente en ciencias del comportamiento que muestra cómo las redes sociales acentúan conocidos sesgos cognitivos, poniendo en peligro la deliberación política necesaria para la buena salud democrática.

La matemática Cathy O’Neil procede en su librito de manera similar a Soto Ivars: la parte más destacada de su ensayo es la panoplia de casos en los que la capacidad de generación y procesamiento masivo de datos redunda en una disminución de nuestra libertad. Su libro, como el de Soto Ivars, es una fuente extensa para cualquier docente interesado en impartir contenido mediante estudios de caso. O’Neil no solo habla de datos generados por usuarios de plataformas digitales comerciales (como redes sociales o aplicaciones móviles), sino también del procesamiento de los datos que generamos en tanto que ciudadanos de cara a la Administración pública (censos, multas, impuestos, delitos…).

El de O’Neil es también un texto con gran contenido normativo: un alegato a la prudencia política en lo que respecta al uso de algoritmos como herramientas de procesamiento masivo de datos en políticas públicas. La autora muestra los más diversos fracasos, desde la evaluación de la calidad docente de profesores de secundaria con índices elaborados mediante proxies torticeros, hasta distópicos software que tratan de predecir la reincidencia de quienes solicitan la prisión condicional, anulando por completo la individualidad y la agencia humana, reduciendo a personas a meros conjuntos de datos en los que confluyen variables que conforman índices y predictores de criminalidad. A O’Neil le preocupa la justicia, no la eficacia del procesamiento de datos ( ‍O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática. Madrid: Capitán Swing.2018: 119-‍120).

La sección de su libro más estrechamente relacionada con la sociología de la comunicación es la última. En ella, la autora revela los niveles de precisión que algunos software pueden adquirir a la hora de predecir preferencias políticas. La gravedad del asunto, insiste la autora, no reside en que hayamos conseguido tal capacidad de generación y procesamiento de datos, pues el dominio del big data puede tener aplicaciones tan beneficiosas como la predicción de epidemias o la modificación en tiempo real de partidas presupuestarias. Lo importante es en manos de quiénes se encuentran esas tecnologías y, sobre todo, quién posee las granjas masivas de datos que son el combustible de los algoritmos.

La innovación tecnológica en ingeniería de datos es la responsable de que Amazon, Alphabet o Facebook tengan un dominio absoluto sobre sus respectivos mercados, lo que provoca grandes problemas desde el punto de vista de la competición económica y mucho más allá^‍‍[4]. Los problemas también son políticos cuando esa capacidad de procesamiento puede afectar al correcto funcionamiento de un proceso electoral. Por ejemplo, O’Neil (ibid.: 226) describe lo fácil que sería hoy para Facebook encontrar a esos pocos cientos de votantes indecisos de la Florida que otras veces han tenido la llave electoral de la presidencia estadounidense para bombardearlos con la propaganda del mejor postor o de aquel candidato que más beneficie a los intereses de la red social.

En este sentido, la crítica de O’Neil es mucho más completa que la de Sunstein. Este último sigue anclado en su crítica de hace más de quince años ( ‍Sunstein, C. (2001). Republic.com. Princeton: Princeton University Press.Sunstein, 2001,  ‍Sunstein, C. (2007). Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press.2007,  ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.2017): que los nuevos medios de comunicación promueven el daily-me, es decir, que proveen a la ciudadanía de representaciones de la realidad a la carta, socavando así las bases deliberativas de la democracia. O’Neil, sin dejar de lado las causas técnicas y las implicaciones políticas de la microsegmentación, va un paso más allá, pues no solo percibe la relación entre redes sociales y usuarios a la manera de productores incívicos y clientes alienados. Podemos decir que el fino análisis de O’Neil actualiza al mundo algorítmico la tesis clásica de la «audiencia como mercancía» ( ‍Smythe, D. W. (1977). Communications: Blindspot of Western Marxism. Canadian Journal of Political and Social Theory, 1 (3), 1-27.Smythe, 1977), pues concibe a los usuarios —cuyo rastro digital es la materia prima del big data— como la nueva mercancía que determina grandes porciones del capitalismo en su etapa actual.

FILTRADO DE INFORMACIÓN Y DETERIORO DEMOCRÁTICO[Subir]

De la propaganda electoral dirigida basada en la recopilación masiva de datos —cuya legalidad está ya respaldada en España por la actualización en 2018 de la ley de protección de datos (art. 58 bis)— emerge otro riesgo para la democracia, a saber, la excesiva personalización de la información política. Ya no es solo que las redes sociales fabriquen cámaras de eco, que los usuarios identifiquen su timeline con un extracto no representativo de la sociedad, creando un «espejismo colectivo» ( ‍Soto Ivars, J. (2017). Arden las redes. Barcelona: Debate.Soto, 2017: 156), o que las webs de noticias exploten nuestros sesgos cognitivos más tribales a través de ciberanzuelos, provocando clics compulsivos que engordan sus ingresos publicitarios. Con los adecuados recursos tecnológicos, las propias organizaciones políticas tienen interés por convertirse en fábricas de cámaras de eco, en ofrecer a sus votantes objetivo información a medida. Si preveo que usted es un votante conservador, pero también sé que es posible que tenga dudas acerca del uso de concertinas en la valla de Melilla, le enviaré todas las intervenciones de nuestro candidato excepto en las que defiende la necesidad de proteger de forma agresiva las fronteras. Si puedo elaborar un perfil ideológico que me hace deducir que, a pesar de votar a un partido progresista, usted da señales de un miedo acérrimo al independentismo catalán, la información que las oficinas de mi partido le enviarán o la que aparecerá en su timeline estará personalizada para darle la imagen que más le atraiga; recibirá del mismo emisor una información completamente diferente de la que recibe su vecino. Un nivel de precisión similar, que puede parecernos lejano, fue utilizado en las últimas presidenciales estadounidenses. O’Neil ya adelantó a sus lectores en inglés en 2016 sobre la peligrosidad de que Ted Cruz hiciera uso de los servicios de la empresa, por entonces apenas conocida, Cambridge Analytica ( ‍O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática. Madrid: Capitán Swing.O’Neil, 2018: 237-‍238).

Sea por motivos explícitamente políticos o meramente económico-publicitarios, la distribución filtrada de información supone graves problemas para la deliberación política. No hace falta un partido político interesado en radicalizar a sus votantes, un Gobierno ruso que despliegue una miríada de bots que inunden de noticias falsas las redes de los votantes estadounidenses o una célula terrorista que quiera diseminar su «epistemología tullida» ( ‍Hardin, R. (2002). The Crippled Epistemology of Extremism. En A. Breton et al (eds.). Political Extremism and Rationality (pp. 3-22). Cambridge: Cambridge University Press.Hardin, 2002) entre los jóvenes. Como Cass Sunstein señala, somos «nosotros mismos» quienes tendemos a crear nuestras cámaras de eco, nuestra parcelita de fuentes de información que confirman lo que ya creemos. Esos filtros informativos —provengan de nuestra propensión parroquiana, de una decisión editorial o de un algoritmo— nos despojan del «pegamento social» que sustenta la deliberación ( ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.Sunstein, 2017:137 y ss.). Es decir, nos privan de la información común, del acceso a fuentes contrastables, del acceso no mediado al mundo empírico. Estos filtros impiden la libre formación y expresión de preferencias. La defensa de la deliberación contra la polarización es también la clave normativa que subyace al ensayo de Soto Ivars ( ‍Soto Ivars, J. (2017). Arden las redes. Barcelona: Debate.2017: 241).

La fina crítica normativa de Sunstein proviene de la tradición republicana de la que bebe. Los medios de comunicación social no deberían promover la filtración informativa de acuerdo a las preferencias previas de sus usuarios, sino todo lo contrario: un entorno apto para la formación libre y la codeterminación de preferencias mediante la deliberación pública. Los medios de comunicación que promueven el autogobierno serían aquellos que, al tiempo que fomentan un marco común de entendimiento, también nos exponen directamente a opiniones opuestas a las nuestras, suavizando nuestras tendencias banderizas.

REDES SOCIALES Y DEMOCRACIA: ¿QUÉ HAY DE VIEJO EN LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?[Subir]

Sunstein hace una trampa (benévola), se entiende que dedicada a no perder a sus lectores más conservadores. Al comienzo de su libro indica de qué temas no hablará; entre ellos, asuntos relacionados con la propiedad de los medios de comunicación, como «el comportamiento monopolístico», el «poder de mercado» o «la neutralidad en la red». Llega a añadir que «para una democracia, muchos de los problemas graves implicados por las nuevas tecnologías no conllevan manipulación o comportamiento monopolístico por parte de grandes compañías» ( ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.Sunstein, 2017: 28-‍29). La trampa a la que me refiero consiste en que después sí que aborda todas esas cuestiones, pues el fundamento normativo de sus propuestas consiste justamente en destacar la función social de la propiedad y, por tanto, no solo la legitimidad, sino la necesidad de la regulación de los mercados de comunicación. Es decir, que los recursos que condicionan la libertad de expresión deben limitarse según requerimientos democráticos y que, en definitiva, su propiedad debe estar subordinada a intereses cívicos colectivos de diversas maneras ( ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.Sunstein, 2017: 177-‍190, 202-‍212, 218-‍222, 226-‍229) —fragmentos, por cierto, prácticamente copiados de sus anteriores libros sobre comunicación ( ‍Sunstein, C. (1995). Democracy and the Problem of Free Speech. Nueva York: The Free Press.Sunstein, 1995;  ‍Sunstein, C. (2001). Republic.com. Princeton: Princeton University Press.2001;  ‍Sunstein, C. (2007). Republic.com 2.0. Princeton: Princeton University Press.2007)—. Dicho de otro modo, que ciertos usos de los valiosos recursos que permiten la comunicación social pueden poner en peligro el funcionamiento de la democracia o nuestras libertades civiles^‍‍[5].

En efecto, la propiedad y la desigual distribución de los bienes que determinan el uso de ciertas tecnologías es la realidad silenciosa que vertebra los peligros de los que las tres monografías advierten. En Cathy O’Neil, aunque no se mencione directamente la cuestión de los derechos de propiedad, la conclusión es una defensa de la regulación y las auditorías a los algoritmos contra el interés propio desembridado ( ‍O’Neil, C. (2018). Armas de destrucción matemática. Madrid: Capitán Swing.2018: 247-‍269). Soto Ivars también hace referencias importantes a la propiedad de los medios y las condiciones laborales de los periodistas ( ‍Soto Ivars, J. (2017). Arden las redes. Barcelona: Debate.2017: 47-‍48, 57-‍71, 175), que, no obstante, quedan ausentes en la tesis general del libro, referida a un fenómeno sobre todo cultural.

Más allá de Soto Ivars, la corrección política y sus derivaciones, entendidas como fuentes de poder arbitrario, han tendido a convertirse en las variables fetiche que mejor explicarían el decadente estado actual de la libertad de expresión. Estas explicaciones, empero, dejan a una de las mayores fuentes de arbitrariedad en la historia en un lugar secundario, cuando no oculto. Muchas de las consecuencias de la corrección política (los despidos, el miedo en las redacciones, la rescisión de contratos, etc.) suelen explicarse por alguna clase de dependencia material. Principalmente, pero no solo, relaciones salariales que hacen depender la existencia material de los productores de contenido del beneplácito de quienes los contratan, atemorizados por perder dinero y moralmente despreocupados por las consecuencias generales de sus acciones ( ‍Shulevitz, J. (2019). Must Writers be Moral? Their Contracts May Require It. New York Times Sunday Review, 4-1-2019. Disponible en: https://nyti.ms/2TZ0gToShulevitz, 2019).

Excepto cuando la fobia a la libertad de expresión alcanza al Estado cambiando las leyes o aumentando la discrecionalidad de los jueces, la precariedad laboral y las relaciones de propiedad pueden explicar gran parte de las consecuencias de las recientes oleadas de censura. El de los nuevos formatos que toma la censura no es solo un problema cultural; al contrario, casi siempre está fuertemente anclado en relaciones de dependencia material o desigual acceso a recursos comunicativos. En este sentido, pese a su indecisa radicalidad política, el libro de Sunstein ( ‍Sunstein, C. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Nueva York: Princeton University Press.2017) destaca por ser caleidoscópico. Sin abandonar algunas consideraciones psicológico-morales que afectan a la comunicación social contemporánea, detecta las raíces económico-institucionales de esos procesos porque ciertamente esa es la mejor forma de elaborar crítica sin caer en el pánico moral o de proponer soluciones sin incurrir en el moralismo.