RESUMEN
En la bibliografía especializada se afirma que México cambió de modelo de política social en la década de 1980. Sin embargo, este artículo plantea la tesis de que tal generalización es viable para indicar una modificación de concepciones, prioridades y líneas de acción, pero es insuficiente para afirmar un cambio profundo en la política social mexicana, pues no identifica las tendencias y particularidades de los últimos treinta años, ni tampoco las contrasta con el modelo previo de política social. Para sustentar el argumento, se exponen los precedentes de la política social en México durante el período 1917-1988 y se analizan las perspectivas, normas, instituciones y acciones realizadas durante los últimos cinco períodos presidenciales en el país (1988-2018). Por último, se comparan las concepciones y cifras sobre la pobreza, el gasto social y los organismos públicos existentes en ambos períodos. Se concluye que el origen del viraje en la política social mexicana se halla en la década de 1970 y, si bien hay diferencias de orientaciones, instituciones y acciones durante estos períodos históricos, la política social ha sido ineficiente para reducir de manera contundente la pobreza debido a los condicionamientos estructurales, institucionales y operativos provenientes de su etapa de constitución, los cuales no han sido superados.
Palabras clave: Política social; México; pobreza; programas sociales; desarrollo social.
ABSTRACT
Within specialized literature, it is usually affirmed that Mexico transformed its social policy model at the end of the 1980s. In this article, we argue that this sort of generalization is only valid in terms of indicating a modification. Moreover, we find the affirmation insufficient in terms of its characterization of the Mexican social policy as it does not identify tendencies and particularities during the past 30 years, nor does it contrast the differences with the previous social policy model. In order to sustain our arguments, we first bring forth a genealogy of Mexican social policy focused on the time-period of 1917-1988. We then analyze the perspectives, norms, institutions and actions carried out during the past five presidential periods (1988-2018). Finally, we compare the conceptions and poverty rates as well as social expenditure and public organisms during both mentioned periods. We conclude that the genesis of the turn in the Mexican social policy occurred in the 1970s. Although there are differences in orientations, institutions and actions during historical periods, the social policy models have continued to be insufficient in bluntly reducing poverty. According to our analysis this is due to three underlying and unresolved conditions: The disarticulation of social policy with economics; the fragmented and dual structure; and the stratified access of the rightful claimants.
Keywords: Social policy; Mexico; poverty; social programs; social development.
En la bibliografía especializada se afirma con frecuencia que en la década de 1980 se inició en México un «nuevo estilo de gestión de la política social» ( Moreno Salazar, P., Ortiz Guerrero, C. y Marrufo Heredia, E. (2004). Veinticinco años de desarrollo social en México. Sociológica, 19 (54), 55-75.Moreno et al., 2004: 63), debido a una crisis financiera internacional y a una reestructuración del Estado y del modelo económico en el país, a partir de lo cual disminuyeron los niveles de bienestar y se incrementó el número de pobres. Por ello, se adoptaron programas enfocados a la mitigación de la pobreza, se desatendieron las políticas sociales universales y se abandonó la noción de derechos sociales ( Massé Narváez, C. (2002). Las políticas sociales y educativas frente a la marginación en México. Papeles de Población, 8 (34), 65-107.Massé, 2002).
Con estos argumentos se define a la política social en México durante los últimos treinta años. ¿Es viable esta tipificación? Nuestros hallazgos revelan que, aunque esa descripción es pertinente para indicar una variación en las directrices de la política social mexicana, carece de una evaluación exhaustiva y precisa para establecer las tendencias y particularidades de lo acontecido en las últimas tres décadas, lo cual adquiere mayor perspectiva si se examina la política social en México a partir de los períodos presidenciales. Es decir, la política social en México ha reorientado sus concepciones e instrumentaciones, pero su estudio es impreciso pues no contextualiza la visión de cada sexenio presidencial a la que responde, de modo tal que resulta insuficiente para su análisis integral. El enfoque anterior se omite comúnmente en el estado del arte sobre la política social en México y, cuando suele aparecer en alguna obra, es incompleto y desactualizado[1].
Para contribuir al estado del arte, en el presente artículo se expone un análisis de las principales concepciones, instituciones, acciones, procesos y resultados de la política social en México en busca de proponer una denominación con mayor coherencia, exhaustividad y validez sobre los últimos treinta años. Por ello, se expone lo que se concibe como el período de constitución de la política social mexicana (1917-1988). En segundo lugar, se presenta una descripción analítica de la política social durante el período denominado «nuevo modelo de política social», es decir, durante los mandatos presidenciales de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Por último, se identifican tendencias y particularidades de la política social en México de los últimos treinta años y se propone una denominación a partir de sus condicionamientos aún no resueltos.
Si la política social se entiende como el entramado institucional de postulados epistemológicos dirigidos a atender las cuestiones inherentes al bienestar de la población, los cuales se despliegan en leyes, organismos, planes y recursos varios (financieros, humanos, tecnológicos, de información, etc.)[2].
A pesar de que existieron instancias mínimas de protección social entre los aztecas ( Meyer, R. M. (1975). Instituciones de seguridad social. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.Meyer, 1975), durante el período colonial la ayuda social se limitó a la asistencia brindada por el sector eclesiástico ( Huerta Lara, M. (2006). La asistencia social en México. Letras Jurídicas, 14, 1-14.Huerta, 2006) y aunque las organizaciones de medicina social en el siglo xix significaron un paso importante para la estructuración del bienestar social ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015), no fue sino hasta el 5 de febrero de 1917, con la promulgación de la Constitución política producto de la Revolución mexicana, cuando se institucionalizó un modelo que otorgó a los poderes públicos facultades para intervenir en el país «con el propósito central de reducir las inequidades y favorecer la justicia social» ( Ordóñez Barba, G. (2017). El Estado social en México. Un siglo de reformas hacia un sistema de bienestar excluyente. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. Siglo XXI.Ordóñez, 2017: 9). Así, con la Constitución de 1917 —pionera en el mundo— se consagraron en México los derechos sociales a la salud, la educación y la seguridad social ( Moreno Salazar, P., Ortiz Guerrero, C. y Marrufo Heredia, E. (2004). Veinticinco años de desarrollo social en México. Sociológica, 19 (54), 55-75.Moreno et al., 2004: 57), y es «mediante este marco normativo-institucional que se fundan las bases de una estructura formal para impulsar el desarrollo social bajo responsabilidad estatal»[3] ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 106).
Tal fundamento propició la creación de entidades para atender los objetivos nacionales, las prerrogativas estatales y los derechos sociales asentados en dicha constitución. De este modo, a la par de organizaciones de carácter económico, financiero y de infraestructura para la puesta en marcha del modelo capitalista sustentado en la industrialización ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015), se crearon en México instancias para asegurar los derechos sociales de la Constitución, tales como la Secretaría de Educación Pública (1921), la Secretaría de Asistencia Social (1938), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1940), el Instituto Mexicano del Seguro Social (1943), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (1946), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (1954) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (1959).
Numerosos especialistas han elaborado clasificaciones sobre la estructura institucional
de la política social en México, pero coinciden en que fue entre 1917 y 1940 cuando
se sientan las bases de la política social de los Gobiernos posrevolucionarios ( Moreno Salazar, P., Ortiz Guerrero, C. y Marrufo Heredia, E. (2004). Veinticinco años
de desarrollo social en México. Sociológica, 19 (54), 55-75.Moreno et al., 2004), la cual se vinculó al modelo económico agrario-exportador ( Torres, F. y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrios
y saldos. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 46 (182), 41-66. Disponible en:
También coinciden en que la segunda etapa va de 1940 a inicios de la década de 1980,
en la cual prevalece el modelo económico de industrialización por sustitución de exportaciones
( Torres, F. y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrios
y saldos. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 46 (182), 41-66. Disponible en:
En estos más de sesenta años de constitución y crisis de la estructura de la política
social mexicana se instituyeron cuatro rasgos esenciales que determinaron el tipo
de sistema de protección social y sus resultados en el país. El primero es que los
fundamentos de la política social se sojuzgaron al paradigma económico dominante ( Torres, F. y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrios
y saldos. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 46 (182), 41-66. Disponible en:
La segunda particularidad es que las instituciones y las acciones de desarrollo social
se condicionaron a la situación laboral de las personas; es decir, los beneficios
sociales únicamente se limitaban a los trabajadores: «Los sujetos de la política social
eran eventualmente los trabajadores que sustentaban el crecimiento industrial. Por
lo tanto, todos los derechos —excepto la educación— se vincularon al trabajo asalariado»
( Gabarrot Arenas, M. (2012). Algunas contradicciones en la política social mexicana.
Bienestar y combate a la pobreza. Trace. Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre, 69, 36-49. Disponible en:
La tercera condición de la política social mexicana posrevolucionaria es que también tuvo como objetivo legitimar el régimen político, lo cual significó un control político-social a través de corporaciones (un partido político del régimen, sindicatos y confederaciones oficiales). Por ello, el sistema de protección social de ese período tuvo como base un régimen corporativo que relacionó el derecho al bienestar con la capacidad que tenía el movimiento obrero organizado para desestabilizar el orden político ( Brachet-Márquez, V. (1996). El pacto de dominación: Estado, clase y reforma social en México (1910-1995). México: El Colegio de México.Brachet-Márquez, 1996). La política social mexicana y el corporativismo se reforzaron mutuamente, y se generó así un «pacto de dominación» (ibid.).
El último rasgo distintivo fue que, si bien la creación de instituciones específicas «dio la pauta para elaborar sendas políticas educativas, de salud, asistencia social y de vivienda que trajeron consigo la formación y desarrollo de elencos técnicos y de capacidades institucionales sobresalientes» ( Moreno Salazar, P., Ortiz Guerrero, C. y Marrufo Heredia, E. (2004). Veinticinco años de desarrollo social en México. Sociológica, 19 (54), 55-75.Moreno et al., 2004: 57), no hubo una estrategia sobre derechos sociales que se articulara a un sistema de protección social coherente e integrado, lo cual se refleja en que, en algunos casos, «primero se desarrollaron las instituciones y después se codificaron los derechos» ( Valencia Lomelí, E., Foust Rodríguez, D. y Tetreault Weber, D. (2012). Sistema de protección social en México a inicios del siglo xxi. Santiago de Chile: Comisión Económica para America Latina y el Caribe.Valencia et al., 2012: 12). Ante tal contrariedad, las políticas de desarrollo social en el período posrevolucionario tuvieron un tratamiento prescriptivo; es decir, «sin la especialización de la planeación, la presupuestación y la gestión» ( Moreno Salazar, P., Ortiz Guerrero, C. y Marrufo Heredia, E. (2004). Veinticinco años de desarrollo social en México. Sociológica, 19 (54), 55-75.Moreno et al., 2004: 57).
Así, entre 1917 y 1980 se estableció un régimen de política social en México que se sometió al paradigma económico, asignó beneficios por la condición laboral y se orientó al corporativismo para fines de legitimidad del régimen político. Fue, además, fragmentado, poco coordinado y no enmarcó su funcionamiento en los derechos sociales.
Los estudios especializados han periodizado la política social mexicana. La propuesta apoyada en el estilo de gestión pública y el gasto social, de Pedro Moreno, Claudia Ortiz y Eduardo Marrufo, ordena la política social posrevolucionaria en tres períodos: el primero comienza con el general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), cuyo Gobierno «intentó iniciar el paradigma del desarrollo social en México» (ibid.: 61) y estableció las bases de la política social en los regímenes posrevolucionarios. La inversión de 18,6 % del presupuesto federal fue para gasto social, cuyo estilo centralizado impulsó más la organización de las clases populares que la prestación de bienes y servicios sociales. Esta primera fase culmina con el sexenio de Adolfo López Mateos (1959-1964), con un gasto promedio en desarrollo social de 16,3 % del presupuesto federal.
El segundo período inicia con el agotamiento del modelo económico y, en consecuencia, la fractura en el orden corporativo debido a la irrupción de las clases medias y las demandas de liberalización política y económica. En esta fase se observa también una disminución en el gasto público para el desarrollo social debido a que la participación estatal en la economía comienza a ser meramente de regulación. Los autores establecen la última etapa a partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), donde ocurren transformaciones en la gestión pública dirigidas a la descentralización, la privatización de la empresa pública y la reorientación del crecimiento económico. En esta Administración el gasto social alcanza apenas 11,6 % del gasto federal ejercido en el período.
Otro de los autores que también identifica tres períodos del régimen de bienestar en México es Carlos Barba, quien sustenta que se inicia en 1917 hasta la época actual:
[…] el primero corresponde a su constitución y se vincula con el proceso de reconstrucción del Estado nacional, ocurrido después de la revolución de 1910; el segundo incumbe a la consolidación de este régimen y coincide con la fase de modernización, industrialización y urbanización del país durante la etapa ISI, y el tercero se refiere a la reforma del régimen, acontecida a lo largo del proceso de liberalización económica, política y social de México ( Barba Solano, C. (2016). Las propuestas de reformas y las nuevas estrategias sociales del gobierno de Enrique Peña Nieto: ¿cambio de rumbo en la política social mexicana? En E. Valencia Lomelí y G. Ordóñez Barba (coords.). Nueva ronda de reformas estructurales en México. ¿Nuevas políticas sociales? (pp. 85-122). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. Barba, 2016: 92-93).
En el período de constitución, que el autor fecha entre 1917 y 1940, la política social fue utilizada para legitimar el autoritarismo mediante intercambios clientelares y corporativos con los sindicatos y organizaciones campesinas. En el período de consolidación, fechado de 1940 a 1982, la política social respaldó el proyecto estatal de industrialización y garantizó protección social para quienes apoyaron el proyecto económico y apuntalaron los intercambios corporativos. Por último, el período de liberalización, de 1982 a la fecha, se caracteriza por un intento de redefinición de la política social en el marco de un proceso de liberalización política y económica, así como de un cuestionamiento profundo sobre el neoliberalismo (ibid.: 93-101).
Una tercera categorización de la política social la aporta Karla Valverde Viesca, quien establece cinco períodos a partir de las concepciones sobre el desarrollo que fundamentaron la gestión pública. El primero es el de desarrollo como crecimiento económico, que abarca de 1900 a 1965, y se sustenta en una idea de desarrollo que se entiende como sinónimo de crecimiento económico. La siguiente fase la registra como desarrollo asociado al bienestar y crecimiento, de 1965 a 1980, y enmarca el proceso en el que el problema de la pobreza gana terreno en la agenda pública y se promueven las ideas del bienestar social. El tercer período comprende la década de 1980 y lo nombra desarrollo como superación de la pobreza y propuesta de desarrollo sustentable. La cuarta etapa comparte periodización con la anterior y se caracteriza por el resurgimiento de la democracia y su vinculación al desarrollo, por lo que es identificada como la democracia para alcanzar el desarrollo. La última fase la denomina impulso al desarrollo humano, de 1990 a 2005, e incorpora concepciones como desarrollo humano, desarrollo como libertad, desarrollo participativo y desarrollo de capacidades ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 103-156).
Por último, una clasificación de la política social centrada en las políticas económicas
de cada etapa es propuesta por Felipe Torres y Agustín Rojas, quienes encuentran que
ha habido tres períodos y responden a los modelos económicos del país. El primero
corresponde al período posrevolucionario; el segundo va desde la década de 1940 hasta
la década de 1980, y el tercero se inicia en las últimas dos décadas del siglo pasado,
como resultado del cambio de modelo económico impuesto por el proceso de economía
abierta ( Torres, F. y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrios
y saldos. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 46 (182), 41-66. Disponible en:
Tabla 1.
Caracterizaciones históricas sobre la política social en México
| Pedro Moreno, Claudia Ortiz y Eduardo Marrufo | Carlos Barba | Kara Valverde Viesca | Felipe Torres y Agustín Rojas |
|---|---|---|---|
| 1934-1940 Se sientan las bases de la política social en los regímenes posrevolucionarios (centralizado; impulso de la organización de las clases populares). |
Constitución (1917-1940) La política social se usó para legitimar el autoritarismo. |
Desarrollo como crecimiento económico (1900-1965) Desarrollo como sinónimo de crecimiento económico. |
Modelo económico agrario-exportador (1910/1917-1940) Se buscó el cumplimiento de los derechos sociales emanados de la Constitución. |
| 1940-1982 Agotamiento del modelo económico, fractura del orden corporativo y disminución del gasto social. |
Consolidación (1940-1982) La política social respaldó el proyecto estatal de industrialización. |
Desarrollo asociado al bienestar y desarrollo social (1973-1980) Promoción del bienestar social. |
Modelo de institucionalización por sustitución de importaciones (1940-1980) Estado de bienestar institucional-redistributivo para coadyuvar al bienestar y reducir las desigualdades. |
| 1982-1988 Transformaciones en la gestión pública (descentralización y privatización), subordinación de la política social a la económica. |
Liberalización (1982 a la fecha) Redefinición de la política social en el marco de un proceso de liberalización política y económica, así como el cuestionamiento del neoliberalismo. |
Desarrollo como superación de la pobreza y la democracia para alcanzar el desarrollo
(1980-1990) Aparece en la agenda el problema de la pobreza y la democracia se asocia al desarrollo. |
Modelo de economía abierta (1980 a la fecha) Estado mínimo para focalizar y racionalizar recursos para luchar contra la pobreza y reducir la marginación. |
| El impulso al desarrollo humano (1990-2005) Se incorporan nuevas concepciones de desarrollo. |
Fuente: elaboración propia.
Como puede observarse, los cuatro estudios coinciden en que a principios de la década
de 1980 se inició un período de transición hacia un cambio en la política social de
México. Así, las investigaciones suelen identificar un proceso de transformación de
la política social mexicana a partir de la década de 1980 donde, como resultado de
un cambio de modelo económico impuesto por el proceso de economía abierta ( Torres, F. y Rojas, A. (2015). Política económica y política social en México: desequilibrios
y saldos. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 46 (182), 41-66. Disponible en:
No obstante, como deja entrever Valverde, resulta más apropiado proponer que dicha transición comenzó a gestarse en la década de 1970, cuando debido a una reestructura mundial del sistema económico se inician las políticas de ajuste encaminadas a desmantelar el modelo de sustitución de importaciones para implantar un modelo de Estado mínimo y de mayor preponderancia del mercado mediante la liberalización comercial y financiera, la privatización de empresas paraestatales y la mayor apertura a la inversión extranjera directa. A mediados de esa misma década el ritmo de crecimiento decayó, las inversiones disminuyeron, ocurrió la primera devaluación de la moneda nacional y comenzó un ciclo de volatilidad, endeudamiento e inflación que derivó en la crisis de 1982.
Como resultado de esos procesos de cambio y crisis económicas se registraron descensos en los niveles de bienestar de la población y aumentos en los números de pobres en el país. Por lo anterior, a mediados de los ochenta el Estado mexicano comenzó a instrumentar una serie de acciones para atender de manera directa y focalizada a la población en condiciones de pobreza, lo cual significó un cambio sustancial, pues «aunque resulte un tanto paradójico, hasta antes de 1982 la política social no tuvo el sustento de un programa de carácter nacional, universal y ampliamente incluyente de las poblaciones desfavorecidas» ( Castillo Fernández, D. y Arzate Salgado, J. (2013). Crisis económica, pobreza y política social en México. Aportes, Revista de la Facultad de Economía, 18 (47), 57-82.Castillo y Arzate, 2013: 72).
Según los especialistas, a partir de entonces se produce una reordenación económica y un cambio estructural que trastoca la dinámica de la política social para presentarse como «una forma de regular, proveer y promover servicios con calidad, eficiencia y competitividad a partir de una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad» ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 148). A ello se debe lo que se inscribe como el inicio de un nuevo modelo de política social en México. ¿Esto ha sido realmente así? Un análisis pormenorizado de las instituciones, estrategias, programas y acciones de los últimos treinta años —dispuesto por sexenios presidenciales iniciando con el que se considera instauró el neoliberalismo en México—, aporta argumentos más sustentados para dilucidar la política social contemporánea en México.
Carlos Salinas de Gortari accedió a la primera magistratura del país en un contexto de triple crisis: política, por resultar electo en unos comicios altamente cuestionados; económica, porque las tribulaciones financieras de 1982 aún mostraban estragos en los indicadores macroeconómicos del país, y social, por los altos niveles de pobreza, desigualdad y pérdida del poder adquisitivo. Para atender la crisis política se impulsó una liberalización política que independizó el proceso electoral del Gobierno a partir de la creación de un marco normativo y de instituciones autónomas ciudadanizadas ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 144).
Para solventar la crisis económica se enfocó en controlar la inflación y sanear las finanzas públicas, lo cual implicó, entre otras acciones, una mayor apertura a la inversión extranjera (que tuvo su momento cumbre con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá), la privatización de bienes públicos, la eliminación de algunos subsidios y la supeditación de las políticas salariales y de empleo a la estabilización macroeconómica.
Para atender la crisis social implementó lo que denominó liberalismo social, esto es, «una estrategia de desarrollo que se apega a los principios de libre mercado, pero que incluye el gasto gubernamental para proveer un nivel mínimo de servicios de salud y educación, así como programas compensatorios para los más marginados, con mecanismos para fomentar la creación de “capital social”» ( Tetreault Weber, D. (2012). La política social y los programas para combatir la pobreza en México ¿oportunidades para quiénes? Estudios Críticos del Desarrollo, 2 (2), 41-74.Tetreault, 2012: 51). Similar a los postulados neoliberales, su liberalismo social se oponía a la intervención excesiva del Estado y concebía como necesaria la participación de los sectores privados y sociales, incluyendo programas focalizados para combatir la pobreza, disciplina fiscal (el gasto social está subordinado a las políticas económicas), descentralización (transferencia de responsabilidades administrativas a niveles más bajos de gobierno) y privatización (por ejemplo, de los fondos de pensión) (ibid.).
El Plan Nacional de Desarrollo de su sexenio se fundamentó en el objetivo de conseguir la modernización del país en todos sus ámbitos. En dicho plan se concibe el desarrollo en razón del ámbito económico y la política social como un compromiso del Estado para proveer de servicios básicos al pueblo, principalmente en seguridad pública, vivienda, educación, salud, participación ciudadana, abasto, alimentación y medio ambiente ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 146).
En términos de instrumentación de la política social, dos acciones fueron las más relevantes en el sexenio de Salinas de Gortari: la implementación del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
El PRONASOL se inició en diciembre de 1988 y tuvo como objetivo «asegurar a todos los mexicanos un piso social básico en materia de alimentación, salud, educación y vivienda» ( Consejo Consultivo del PRONASOL. (1994). El Programa Nacional de Solidaridad. México: Fondo de Cultura Económica.Consejo Consultivo del PRONASOL, 1994: 71). Según la documentación oficial, el PRONASOL debía atender a 41 millones de pobres y, especialmente, a 17 millones de pobres extremos. Por su extensión, objetivos y recursos se ha afirmado que, más que un programa, el PRONASOL fue una estrategia de intervención, cuyas iniciativas estaban orientadas a combatir la marginación social y la extrema pobreza ( Gómez Bruera, H. (2015). Dos momentos de la participación en los programas de combate a la pobreza en México: El programa nacional de Solidaridad y la Cruzada nacional contra el hambre. México: Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México.Gómez Bruera, 2015).
El presupuesto del programa subió de 1640 millones de pesos en 1989, a 9233 millones
de pesos en 1994, hasta representar el 0,65 % del PIB nacional en su último año ( Tetreault Weber, D. (2012). La política social y los programas para combatir la pobreza
en México ¿oportunidades para quiénes? Estudios Críticos del Desarrollo, 2 (2), 41-74.Tetreault, 2012: 51). El PRONASOL ejerció 12 000 millones de dólares durante el período 1989-1993, para
atender a 2378 municipios en el país, cifra que representó 95 % del total de los municipios
( Cornelius, W., Fox, J. y Craig, A. (1994). Mexico’s National Solidarity Program: an
Overview. En W. Cornelius y A. Craig (eds.). Transforming State-Society Relations in Mexico: The National Solidarity Strategy (pp. 3-28). California: University of California. Disponible en:
La focalización no fue adecuada; la distribución de los recursos no fue equitativa para todas las regiones con altos índices de pobreza, y la transparencia fue prácticamente nula ( Pérez Alvarado, T. (2001). Las estrategias del Gobierno Federal. En C. Arteaga Basurto y S. Solís San Vicente (coords.). La política social en la transición (pp. 198-215). México: Universidad Nacional Autónoma de México.Pérez, 2001; Tetreault Weber, D. (2012). La política social y los programas para combatir la pobreza en México ¿oportunidades para quiénes? Estudios Críticos del Desarrollo, 2 (2), 41-74.Tetreault, 2012; Ordóñez Barba, G. (2002). La política social y el combate a la pobreza en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Ordóñez, 2002).
No hubo coordinación, sino más bien confusión y duplicación en sus acciones y vertientes,
que propiciaron desvío de recursos para acciones que no eran prioritarias para los
objetivos de desarrollo social ( Cornelius, W., Fox, J. y Craig, A. (1994). Mexico’s National Solidarity Program: an
Overview. En W. Cornelius y A. Craig (eds.). Transforming State-Society Relations in Mexico: The National Solidarity Strategy (pp. 3-28). California: University of California. Disponible en:
No funcionó para el combate de la pobreza, pero sí revigorizó el apoyo político-electoral al partido gobernante y al presidente de turno, como una herramienta clientelar y de manipulación política, convirtiéndose así en un instrumento de legitimación ( Díaz-Cayeros, A. y Magaloni, B. (2003). The politics of public spending. Part I. The logic of vote buying. Prepared as a Background Paper for the World Bank World Development Report, 1, 26949.Díaz-Cayeros y Magaloni, 2003; Maldonado Valera, C. (2013). La construcción de pactos y consensos en materia de política social. El caso de la Ley General de Desarrollo Social de México, 2000-2008. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.Maldonado, 2013).
Un efecto del PRONASOL que tuvo amplia relevancia para las políticas sociales en el país fue la creación de una secretaría destinada específicamente al combate de la pobreza y a los programas sociales, en mayo de 1992: la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la misma que surgió originalmente para dar sustento institucional al PRONASOL ( Pérez Alvarado, T. (2001). Las estrategias del Gobierno Federal. En C. Arteaga Basurto y S. Solís San Vicente (coords.). La política social en la transición (pp. 198-215). México: Universidad Nacional Autónoma de México.Pérez, 2001: 208). La SEDESOL fue uno de los planteamientos más trascendentales de las últimas tres décadas en materia de política social e implicó la creación de una estructura administrativa y la asignación de presupuesto específico para el sector de desarrollo social, por lo que incluso se le considera «el principal parteaguas de la política social» ( Cejudo, G. y Michel, C. (2015). Resolviendo problemas sociales complejos mediante la integración de políticas. El caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre en México. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 63, 33-64.Cejudo y Michel, 2015: 38).
Para concluir, en el sexenio de Salinas de Gortari se dieron tres cambios fundamentales en las políticas sociales en México. Primero, la posición de la política social dentro del conjunto de acciones del Gobierno ( Pérez Alvarado, T. (2001). Las estrategias del Gobierno Federal. En C. Arteaga Basurto y S. Solís San Vicente (coords.). La política social en la transición (pp. 198-215). México: Universidad Nacional Autónoma de México.Pérez, 2001: 207) pasó de marginal a ser el centro y eje de la acción pública ( Warman, A. (comp.) (1994). La política social en México, 1989-1994. México: Fondo de Cultura Económica.Warman, 1994: 15). El segundo fue que el acceso de la población a un nivel básico de servicios ya no presupuso que estos «se presten directamente por las instituciones públicas ni que en todos los casos sean gratuitos» ( Pérez Alvarado, T. (2001). Las estrategias del Gobierno Federal. En C. Arteaga Basurto y S. Solís San Vicente (coords.). La política social en la transición (pp. 198-215). México: Universidad Nacional Autónoma de México.Pérez, 2001: 207). Esto es, la apertura a los sectores sociales y privados en detrimento de la primacía estatal. Vinculado a lo anterior, la tercera modificación radicó en la incorporación del principio de corresponsabilidad, donde se planteó que la población no solo recibiría los beneficios de la política social, sino que también sería responsable de su gestión y eficacia.
En cualquier caso, y a pesar de la enorme popularidad que obtuvo, el PRONASOL sería cancelado para dar paso a un nuevo programa social centrado en la pobreza, el cual llegaría de la mano con el nuevo presidente.
El Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, también emanado del Partido Revolucionario Institucional, se inició con una severa crisis de legitimidad del sistema político, fustigada en gran medida por la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por los altos niveles de violencia política registrados en 1994. Además, a tres semanas de iniciado su mandato se produjo una devaluación de la moneda, lo cual ocasionó una fuga masiva de capitales, una grave inflación y un exacerbado incremento de las tasas de interés. Se trató, pues, de una profunda crisis económica en México, la más severa registrada en el país desde la década de 1930 y a la que se conoció, en el ámbito internacional, como el efecto tequila. Los estragos fueron tan severos que se calcula que la incidencia de la pobreza aumentó en el país hasta 70 % en 1996 ( Székely, M. (2003). Es posible un México con menor pobreza y desigualdad. México: SEDESOL.Székely, 2003), lo cual hizo todavía más trascendental las acciones de la política social en el país.
Debido a conflictos sobre la asunción de responsabilidades de la crisis económica,
el Gobierno se distanció de su antecesor, por lo que canceló el PRONASOL, pero el
presidente Zedillo continuó con la estrategia de política social iniciada en el sexenio
anterior. Así, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se hacía
referencia a la corresponsabilidad de organizaciones sociales y ciudadanos en el desarrollo
social ( Pérez Alvarado, T. (2001). Las estrategias del Gobierno Federal. En C. Arteaga Basurto
y S. Solís San Vicente (coords.). La política social en la transición (pp. 198-215). México: Universidad Nacional Autónoma de México.Pérez, 2001: 209), a profundizar la descentralización hacia estados y municipios (proceso que se nombró
nuevo federalismo), y a encauzar la focalización en las familias más pobres ( Ceja Mena, C. (2004). La política social mexicana de cara a la pobreza. GeoCrítica Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 176 (8). Disponible en:
Aunque en su plan de desarrollo se incluía el término de desarrollo social, este se asoció también a la estabilidad y el crecimiento económicos. La política de desarrollo social, por su parte, estuvo influida por una idea de equidad social, pues estableció como su objetivo propiciar y extender las oportunidades de superación individual y comunitaria ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 146-147).
A pesar de ello, la política social zedillista legó al país y al mundo el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el primer programa de transferencias condicionadas (PTC), que fue el más perdurable en México y se extendió «como la pólvora por toda América Latina y más tarde en el resto del mundo» ( Banerjee, A. y Duflo, E. (2014). Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Buenos Aires: Santillana.Banerjee y Duflo, 2014: 111)[4].
Iniciado en agosto de 1997, el PROGRESA se focalizó en hogares con pobreza extrema de zonas con altos niveles de marginación. Así, a diferencia del PRONASOL, que tenía como destinatarios a las comunidades, el PROGRESA estableció como su población objetivo a niños y jóvenes, integrantes de esas familias, para «romper el ciclo vicioso de la pobreza intergeneracional» a partir de la salud, la educación y la alimentación. En este sentido, el programa se diseñó para atender tres esenciales componentes de acción: educación, para asegurar la asistencia de los niños a las escuelas mediante un sistema de becas con el fin de evitar su deserción por falta de recursos; salud, cuya atención médica priorizaba a niños menores de cinco años y mujeres embarazadas y en lactancia, y alimentación, cuya finalidad consistía en transferir monetariamente apoyos a las familias para la compra de alimentos de un valor nutricional adecuado para el desarrollo ( Mendoza Castillo, V. (2013). La política social en México y su incidencia en la redistribución del ingreso. Período 2000-2006 [tesis de licenciatura inédita]. Universidad Nacional Autónoma de México.Mendoza, 2013: 85).
Bajo una lógica de erradicación a largo plazo, el PROGRESA, en vez de otorgar bienes
de consumo o en especie, como los programas precedentes, entregó transferencias monetarias
directas a los beneficiarios, sustentado en la idea de que esos ingresos ayudarían
a superar la pobreza y constituía una inversión en capital humano —salud y educación—
( Banerjee, A. y Duflo, E. (2014). Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Buenos Aires: Santillana.Banerjee y Duflo, 2014: 110). Dado su enfoque en el desarrollo de capital humano, se afirma que el PROGRESA es
parte de los programas y las políticas sociales de nueva generación ( Franco Parrillat, G. y Canela Gamboa, F. (2016). Evolución de las políticas de desarrollo
social en México: éxitos y fracasos. Opera, 18, 159-181. Disponible en:
Dos de los planteamientos novedosos del PROGRESA fueron la condicionalidad y la feminización. Las transferencias se entregaban según el número de hijos, el sexo y el grado escolar, pero, sobre todo, se condicionaban a la asistencia de los niños a la escuela y a los centros de salud para revisiones periódicas y capacitaciones. Además, las transferencias se entregaban directamente a las madres de cada hogar, o en su defecto a las personas a cargo del cuidado de los menores. Justificada con la supuesta evidencia empírica de que las mujeres gastan una mayor parte del ingreso en alimentos y salud para los niños ( Maldonado Valera, C. (2013). La construcción de pactos y consensos en materia de política social. El caso de la Ley General de Desarrollo Social de México, 2000-2008. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.Maldonado, 2013: 35), esta medida trasladó la corresponsabilidad del cumplimiento del programa a las madres de familia.
Además de las que hemos mencionado, el PROGRESA tuvo tres diferencias respecto de los programas de combate a la pobreza que le precedieron: a) contó con reglas de operación donde se detallaban los procedimientos y responsabilidades de cada instancia responsable del programa; b) estableció criterios relativamente objetivos y transparentes para la selección de localidades y hogares beneficiarios, y c) fue evaluado por una institución internacional (International Food Policy Research Institute), lo cual fue planeado dentro del propio diseño del programa (ibid.: 34-35).
A pesar de su enorme relevancia, el PROGRESA no fue la única acción de desarrollo social en este sexenio. La política social zedillista se desarrolló en tres ejes principales: a) la atención focalizada en los grupos en pobreza extrema a través del PROGRESA; b) la reforma a la seguridad social en busca de garantizar el autofinanciamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y modificar el sistema de pensiones, y c) la descentralización de las políticas sociales mediante la distribución del presupuesto sobre desarrollo regional ( Pérez Alvarado, T. (2001). Las estrategias del Gobierno Federal. En C. Arteaga Basurto y S. Solís San Vicente (coords.). La política social en la transición (pp. 198-215). México: Universidad Nacional Autónoma de México.Pérez, 2001: 209).
Sobre el PROGRESA se expuso un análisis con anterioridad. Para el caso del segundo punto se trató fundamentalmente de una reforma al sistema de pensiones con la intención de pasar de un sistema de aportaciones colectivas a uno de cuentas individuales para que el dinero de la pensión entrase al mercado con la anuencia del trabajador. Es decir, una reforma de privatización e individualización de los sistemas de pensiones. El último punto se refiere a la descentralización de los fondos federales de educación, salud e infraestructura social a estados y municipios.
Al finalizar su período, Zedillo entregó la banda presidencial, por primera vez en la historia, a un presidente que no había surgido de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Quedaba por ver si ese hecho significaría también un cambio en la política social del país.
El 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox Quesada tomó posesión como presidente de México. Su asunción generó gran expectativa debido a que fue el primer presidente de la alternancia, pertenecía al conservador Partido Acción Nacional, pero, además, el entonces candidato se dedicó desenfadadamente a ofrecer en su campaña una serie de promesas notables, aunque excesivas, tales como un crecimiento anual de 7 % del PIB, la creación de un millón de empleos por año y la erradicación total de la inseguridad. Por si fuera poco, a diferencia de sus dos antecesores, Vicente Fox no inició su período presidencial con una crisis económica ni con una crisis política, todo lo contrario; el crecimiento económico era sostenido y ser el presidente del cambio le otorgaba un bono de legitimidad inicial. Por tanto, las expectativas eran muy altas al inicio de su sexenio.
Aunque la política social no parecía ocupar un lugar preeminente en su agenda ( Flamand, L. y Moreno-Jaimes, C. (2015). La protección social en salud durante el gobierno
de Calderón. Avances y rezagos en el diseño y la implementación del seguro popular
(2006-2012). Foro Internacional, 55 (1), 217-261. Disponible en:
Contigo proyectó cuatro líneas de acción: a) ampliación de capacidades: educación, salud y capacitación laboral; b) generación de oportunidades productivas: desarrollo local y acceso al crédito, generación de empleo; c) provisión de protección social: salud y protección social, previsión social, y d) formación de patrimonio: vivienda y ahorro. Estas líneas de acción se plantearon para atender cinco etapas del ciclo de vida: prenatal, infancia, adolescencia y juventud, adultos y adultos mayores. Inicialmente, para la estrategia Contigo se consideraron 223 programas federales, distribuidos en las cuatro líneas de acción.
Tal como sucedió en los sexenios previos, durante el mandato de Vicente Fox hubo también programas sociales prioritarios, algunos incluso concentraron las asignaciones presupuestales del rubro de desarrollo social ( Tetreault Weber, D. (2012). La política social y los programas para combatir la pobreza en México ¿oportunidades para quiénes? Estudios Críticos del Desarrollo, 2 (2), 41-74.Tetreault, 2012: 55). Al respecto, dos programas sociales pueden catalogarse como los emblemáticos de la primera Administración federal panista: Oportunidades y el Seguro Popular.
El programa Oportunidades significó la continuidad del PROGRESA y, por ende, el mantenimiento
de los PTC. Luego de las evaluaciones positivas del Banco Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo, en las que incluso lo consideraron como un modelo de exportación ( Banegas-González, I. y Mora-Salas, M. (2012). Transferencias condicionadas y reducción
de la pobreza en México: entre lo real y lo imaginado. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 93, 41-60. Disponible en:
Aunque se conservó el esquema original del PROGRESA, el programa Oportunidades expandió su incidencia. Amplió su cobertura, primero a familias de zonas semiurbanas y después a las zonas metropolitanas de las grandes ciudades del país. El apoyo educativo también se innovó, pues las becas para educación básica se ampliaron hasta la educación media superior. Una modificación relevante fue la incorporación de Jóvenes con Oportunidades, el cual otorgó apoyo financiero a estudiantes que terminaban el nivel medio superior para ayudarlos a sufragar estudios superiores, iniciar un negocio o invertir en algún patrimonio. Otro componente fue el Apoyo a Adultos Mayores, el cual se incorporó en 2006 e instauró transferencias monetarias a adultos de setenta años o más, que fueran además integrantes de familias afiliadas al programa.
Por su parte, el programa Seguro Popular se planteó con el objetivo de alcanzar la
cobertura universal. El programa surgió para ofrecer protección financiera y servicios
de salud a la población no asegurada y de menos recursos del país. Su diseño se orientó
a financiar un paquete de servicios personales de salud de primer y segundo nivel
(atención ambulatoria y hospitales generales) y de atención de tercer nivel, los cuales
reciben los afiliados sin desembolsos al recibir la atención médica ( Bizberg, I. y Flamand, L. (s. f.). Grandes tendencias y pequeños avances en las políticas
sociales (2000-2012). Disponible en:
Por último, durante el sexenio de Fox conviene reseñar dos novedades relevantes en materia de política social: la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social y la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.
El 20 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Desarrollo Social (LGDS)[5], la primera normativa en el país para regular las estrategias, políticas y acciones en dicho ámbito. La LGDS es significativa no solo por su carácter normativo fundacional, sino porque asienta el enfoque de derechos en las políticas sociales[6], la medición multidimensional de la pobreza, la evaluación constante de los programas, la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), y establece que el gasto destinado a los programas sociales tendrá que aumentar cada año —al menos proporcionalmente con la inflación—.
Como se ha señalado, la LGDS determinó la creación del CONEVAL como una instancia con autonomía técnica y de gestión cuyo objetivo es, precisamente, evaluar la política de desarrollo social[7]. Se trató de un organismo creado con el propósito de que la política social del Gobierno federal fuese más transparente y efectiva.
En suma, el sexenio de Fox fue de los períodos presidenciales con el mayor número
de creaciones institucionales relacionadas con el desarrollo social y donde se planteó,
por primera vez con mayor claridad, la intención de articular acciones con miras a
la universalización de la seguridad social. No obstante, tampoco se logró un descenso
relevante de los niveles de pobreza ni hubo una mejor articulación ni se alcanzó la
universalización. A manera de ejemplo, a pesar de que Contigo fue planteada como una
estrategia integral de desarrollo social, en la práctica no logró una adecuada vinculación,
incluso entre los programas pertenecientes al mismo sector; por ejemplo, Oportunidades
no se relacionó con el Seguro Popular, aunque ambos atendían el componente de salud
( Franco Parrillat, G. y Canela Gamboa, F. (2016). Evolución de las políticas de desarrollo
social en México: éxitos y fracasos. Opera, 18, 159-181. Disponible en:
El sexenio del segundo presidente emanado del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, se inició en un entorno político crispado debido a que el proceso en el que fue electo, por un margen muy estrecho, devino en su impugnación y en un conflicto poselectoral. Además, el sexenio estuvo marcado por el enfrentamiento que emprendió contra el narcotráfico, a lo que comúnmente se conoce como la guerra contra el narco, proceso que arrojó cifras alarmantes de violencia hacia la población civil. Aun entre conflictos poselectorales y armados, Felipe Calderón realizó cambios e implementó políticas de desarrollo social.
Al igual que en el sexenio anterior, el gobierno de Calderón planteó una estrategia
de desarrollo social, cuyo objetivo era coordinar las acciones del Gobierno federal,
evitando la dispersión, la subutilización de los recursos públicos y la complementariedad
de los tres órdenes de gobierno ( Franco Parrillat, G. y Canela Gamboa, F. (2016). Evolución de las políticas de desarrollo
social en México: éxitos y fracasos. Opera, 18, 159-181. Disponible en:
Dado que el propósito de la política social era «instrumentar acciones dirigidas a corregir las distorsiones distributivas del mercado, igualar las oportunidades y garantizar una vida digna para los mexicanos», Vivir Mejor se enfocó en tres líneas de acción: desarrollo de capacidades básicas, consolidación de una red de protección social y el establecimiento de «puentes comunicadores hacia un desarrollo económico sostenido y sustentable» ( Gobierno Federal. (s. f.). Vivir Mejor. Política social del Gobierno Federal. México: Gobierno Federal.Gobierno Federal, s. f.: 26). La estrategia planteó acciones novedosas entre las que destacaron: ampliar la oferta educativa en los niveles de educación media superior y superior; universalizar el acceso a los servicios de salud pública, y vincular la política económica con las políticas sociales para ampliar las oportunidades de trabajo e ingreso en los hogares ( Ordóñez Barba, G. (2012). El régimen de bienestar en los gobiernos de alternancia en México. Revista Polis, 8 (1), 213-240.Ordóñez, 2012: 235).
Al igual que otros períodos presidenciales, el sexenio calderonista tuvo programas
sociales emblemáticos: Oportunidades, Seguro Popular y 70 y Más, que incluso se consideraron
prioritarios por contar con proporciones considerables del gasto público social ( Bizberg, I. y Flamand, L. (s. f.). Grandes tendencias y pequeños avances en las políticas
sociales (2000-2012). Disponible en:
Aunque significó una continuidad en la política social, el programa Oportunidades tuvo modificaciones para atenuar los efectos de la crisis económica mundial de 2008, e incorporó ayudas para la alimentación, para el consumo de fuentes de energía, para hijos con rango de edad entre los cero y los nueve años, y becas para niñas y niños de primero y segundo de primaria ( Ordóñez Barba, G. (2017). El Estado social en México. Un siglo de reformas hacia un sistema de bienestar excluyente. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte. Siglo XXI.Ordóñez, 2017: 113).
El segundo de los programas emblemáticos significó también la continuidad de uno creado
en la Administración anterior: Seguro Popular, el cual tuvo modificaciones como la
incorporación del seguro médico para una nueva generación (que implicó la afiliación
de los niños que hubiesen nacido a partir del 1 de diciembre de 2006, inicio del sexenio
de Calderón). Además, gracias a un cambio en el mecanismo de financiamiento, aumentó
el número de familias aseguradas ( Flamand, L. y Moreno-Jaimes, C. (2015). La protección social en salud durante el gobierno
de Calderón. Avances y rezagos en el diseño y la implementación del seguro popular
(2006-2012). Foro Internacional, 55 (1), 217-261. Disponible en:
El tercer programa se inició en 2007: el programa de atención a los adultos mayores
de setenta años y más en zonas rurales, que se conoció como 70 y Más. El programa
surgió con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores con
una pensión económica de tipo no contributivo y con acciones para atender el deterioro
de la salud física y mental de dicha población. Al comienzo se benefició a todos los
adultos mayores de setenta años en localidades menores de 2500 habitantes, y en 2009
se extendió a zonas de hasta 30 000 habitantes. El apoyo consta de un monto mensual,
en entregas bimestrales, y un pago que se otorga por una única vez al representante
antes del fallecimiento del beneficiario. Entre 2007 y 2011 la cobertura del programa
se incrementó en un 108 % ( Bizberg, I. y Flamand, L. (s. f.). Grandes tendencias y pequeños avances en las políticas
sociales (2000-2012). Disponible en:
Una acción relevante en este sexenio fue el cambio en la medición de la pobreza. Anteriormente
se establecía un modelo unidimensional de estimación basado en el ingreso, y se consideraban
tres tipos de pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio. No obstante, derivado
de la LGDS, el CONEVAL tuvo el mandato de medir la pobreza a través de múltiples dimensiones:
ingreso corriente per cápita; rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso
a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos
en la vivienda; acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; grado de cohesión
social, y grado de accesibilidad a carretera pavimentada (LGDS, 2018: art. 36). Así,
la población en situación de pobreza multidimensional será aquella cuyos ingresos
sean insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer
sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los seis indicadores: rezago
educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad
y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación
( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2010).
Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de
la pobreza. Diario Oficial de la Federación. 19-5-2010. Disponible en
Luego de un amplio trabajo, que incluyó propuestas de expertos, consultas y una propuesta discutida en seminarios, el CONEVAL propuso una metodología de medición de la pobreza que buscaba cumplir con las disposiciones legales, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2010[8].
En ese sexenio el CONEVAL comenzó a publicar anualmente evaluaciones de la política de desarrollo social en México. Sobre la política social calderonista, el CONEVAL concluyó que, aunque se generaron muchos programas de desarrollo social, legó un sistema de protección social[9] sin integración y con problemas de concepción a nivel global en el cual a) las políticas de desarrollo social no se asociaron a los derechos; b) no benefició a todos los mexicanos; c) el nivel de acceso y calidad de los programas es desigual, y d) la coordinación y la complementariedad entre entidades y dependencias fueron débiles para la entrega de beneficios a la población pobre ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2012). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012. México: CONEVAL.CONEVAL, 2012: 190). Por último, en un análisis sobre progresividad y regresividad del gasto social durante el sexenio,[10] se arguyó que: «[…] el gasto público en alimentación es altamente progresivo; en educación es moderadamente progresivo; en salud es prácticamente neutral, mientras que en bienestar económico y seguridad social (pensiones) son regresivos en términos absolutos» (ibid.: 199).
Calderón Hinojosa cedió la banda presidencial a un integrante del partido que gobernó 71 años el país y con ello llegarían nuevos cambios en la política social.
El 1 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México, lo cual significó el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la primera magistratura después de doce años de gobierno del Partido Acción Nacional. El Gobierno de Peña Nieto presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual fue novedoso pues por primera vez en la historia del país incorporó indicadores específicos de seguimiento para cada uno de los ejes o metas nacionales.
La política social, ubicada en la meta México Incluyente, propuso «enfocar la acción
del Estado mexicano en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las
brechas de desigualdad social […]. El objetivo es que el país se integre por una sociedad
con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva»[11]. Dado que se asienta en los derechos sociales y humanos de la Constitución política,
el propio Gobierno federal definió su política social como de nueva generación ( SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social. (2013). Nota: Ideas Centrales de la Política
Social de Nueva Generación, noviembre 2013. Disponible en:
En este sexenio también se contó con programas prioritarios: Cruzada Nacional contra el Hambre, Prospera y Seguro de Vida para Jefas de Familia.
Inicialmente presentada como la principal orientación en materia de política social del sexenio, la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) no es un programa, propiamente dicho, sino una estrategia basada en la coordinación de programas o acciones entre distintas instancias y niveles de gobierno para atender las condiciones de pobreza extrema y los problemas alimentarios severos de la población mexicana. Apoyada en una amplia publicidad, la CNCH arrancó el 23 de enero de 2013 con los objetivos de erradicar el hambre, eliminar la desnutrición infantil, aumentar la producción de alimentos, minimizar las pérdidas de alimentos, y promover la participación comunitaria aunando esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales.
Aunque en su último informe de gobierno Peña Nieto afirmara que la CNCH «ha tenido resultados positivos tanto en la disminución del número de personas que padecían el problema como por significar una experiencia de coordinación interinstitucional y de presencia gubernamental en el territorio»[12], en términos estrictamente numéricos, el balance del cumplimiento de la CNCH según sus propios indicadores es negativo: solo se emplearon 50 % de los instrumentos de evaluación originalmente planteados (cuatro de ocho indicadores). De este porcentaje, solo 25 % de los indicadores (dos de cuatro) registró cifras positivas, pero en ninguno de estos casos se alcanzó siquiera 25 % de las cifras establecidas como metas. Así que el 75 % de los indicadores no fueron utilizados ni cumplidos por la CNCH y el 25 % restante no alcanzó por lo menos la tercera parte de las metas[13].
El Prospera representó «la siguiente etapa en el proceso de maduración» del programa, otrora identificado como PROGRESA y después como Oportunidades ( SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social. (2015). Diagnóstico de Prospera Programa de Inclusión Social. México: SEDESOL.SEDESOL, 2015: 16). La transformación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en Programa de Inclusión Social (Prospera) tuvo como principal sustento su propio nombre; es decir, propiciar la inclusión; esto es, procurar la vinculación de sus beneficiarios con otros programas sociales, de crédito y laborales. Así, el Prospera contó con cuatro componentes: alimentación, salud, educación e inclusión. El programa también modificó su focalización, pues se añadió el índice de rezago social como criterio de selección de beneficiarios.
El programa Seguro de Vida para Jefas de Familia surge a partir del reconocimiento de que uno de los grupos más vulnerables eran las familias dirigidas por mujeres, debido a la limitada capacidad para reponerse ante eventos que perturban su bienestar social, como lo es el fallecimiento de la madre. El programa se inició en 2013 con el objetivo de asegurar a esas madres de familias monoparentales en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso, de modo que, en caso de fallecimiento, sus hijas e hijos reciban un apoyo económico mensual para que puedan permanecer en el sistema escolar hasta un día antes de cumplir los veinticuatro años.
En términos de gestión de la política social, en este sexenio se llevaron a cabo un par de acciones relevantes. En primer lugar, la SEDESOL construyó el Sistema de Información Social Integral para fusionar tres subsistemas previos de beneficiarios y potenciales beneficiarios de los programas sociales de los tres órdenes de gobierno, lo cual permitió mayor precisión de la focalización de acciones en el ámbito del desarrollo social ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2018). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México: CONEVAL.CONEVAL, 2018: 213).
Un segundo avance es la tendencia, registrada sobre todo al final del sexenio, para la elaboración del presupuesto basado en resultados. Así lo avala el CONEVAL, el cual indicó en 2018 que 68 de los 88 programas sociales que consideró prioritarios aumentaron su presupuesto en términos reales o se quedaron igual y solo 20 disminuyeron, mientras que de los programas no prioritarios 24 aumentaron su presupuesto en términos reales o se quedaron igual, y 37 disminuyeron ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2018). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México: CONEVAL.CONEVAL, 2018: 225-226).
En la política social de este período se evidenciaron también dos fallas graves: la manipulación en las mediciones de la pobreza y el abuso en el manejo de los recursos públicos. La primera tuvo el propósito de influir en las mediciones del bienestar social con la modificación en 2016 de las encuestas que el organismo utiliza para registrar los ingresos de la población, lo cual resultó en un incremento de 33,6 % del ingreso en los hogares más pobres en un solo año. Especialistas en medición de pobreza señalaron que sin esas correcciones de 2014 a 2016 no hubiese habido una disminución de 2,6 %, lo cual representa 1,9 millones de personas en situación de pobreza (como se reportó oficialmente), sino una disminución de 1,1 % y prácticamente sin variación en el número de pobres[14].
La segunda falla fue la práctica constante de desvío de los recursos públicos. En el sector de desarrollo social se documentaron varios casos, pero el más notorio fue el conocido como la estafa maestra, esquema que consiste en ejercer presupuestos a partir de convenios con universidades públicas e institutos estatales de radio y televisión, organismos que subcontrataron empresas (muchas inhabilitadas o ficticias) para eludir controles de licitación y transparencia. A partir de la identificación de este esquema de desvíos, en la revisión de las cuentas públicas de 2013, 2014 y 2015, entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, la Auditoria Superior de la Federación presentó dieciséis denuncias de hechos por presuntas irregularidades de la SEDESOL, que ascienden a 2800 millones de pesos.
Así, con reclamos sobre sus prácticas de ineficiencia y tergiversación, el sexenio de Peña Nieto concluyó el 1 de julio de 2018, cuando el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia de la República con el 53 % del total de los sufragios efectivos, lo cual significó una diferencia de treinta puntos porcentuales, la más grande de los últimos treinta años (Salinas obtuvo 50’7 % de los votos, Zedillo el 48’7 %, Fox el 42’5 %, Calderón el 35’9 % y Peña el 38’2 %).
De hecho, en gran parte instigado por el propio candidato ganador, tales resultados se han interpretado como una evaluación negativa del modelo de política social implementado en el país en los últimos treinta años. La tabla 2 resume los planteamientos y acciones de política social emprendidas en los últimos cinco sexenios en México.
Una vez revisadas las acciones por cada sexenio, ahora emprenderemos un análisis de los últimos treinta años de la política social en México, a manera de reflexiones finales.
Si los modelos son abstracciones teóricas que mediante inferencias permiten establecer las unidades y procesos centrales de un universo temático[15], entonces un modelo de política social debe incluir sus directrices constitutivas y su correspondencia con los indicadores de su funcionamiento; a saber, la concepción sobre pobreza que conlleva la atención de la misma; los mecanismos básicos que se utilizan para afrontarla, y las cifras sobre pobreza. Estos tres son los elementos mínimos que, analizados comparativamente, nos permitirán establecer si lo realizado en el ámbito del desarrollo social en México durante los últimos treinta años puede concebirse como un único modelo de política social.
Tabla 2.
Resumen de la política social en los últimos cinco períodos presidenciales
| Ámbito\Presidente | Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) | Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) | Vicente Fox Quesada (2000-2006) | Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) | Enrique Peña Nieto (2012-2018) |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepciones de desarrollo y política social | Desarrollo social y participativo asociado al ámbito económico. Combate a la pobreza y como provisión de servicios públicos bajo el modelo de corresponsabilidad. |
Desarrollo humano y social asociado al ámbito económico. Combate a la pobreza apoyando las capacidades humanas en busca de la inserción del pobre al mercado. Erradicación de la pobreza a partir de romper su círculo intergeneracional en la salud, la educación y la alimentación mediante transferencias monetarias condicionadas centradas en las jefas de familia. Eficiencia del gasto y el papel del mercado como determinante último del acceso al bienestar. mediante el aprovechamiento de activos y oportunidades. |
Desarrollo humano y social asociado al ámbito económico. Combate a la pobreza apoyando las capacidades humanas en busca de la inserción al mercado. Incorporación de un enfoque de protección social, pero sin universalidad. |
Desarrollo humano y social asociado al ámbito económico. Instrumentar acciones dirigidas a corregir las distorsiones distributivas del mercado e igualar las oportunidades. |
Desarrollo humano y social asociado al ámbito económico. El propósito de la política social, catalogada como de “nueva generación” es garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad. |
| Principales estrategias y programas | Liberalismo social. PRONASOL. | PROGRESA | Contigo. Oportunidades y Seguro Popular. | Vivir Mejor. Oportunidades, Seguro Popular y Programa de atención a los adultos mayores de 70 y Más. | CNCH, Prospera y Seguro de Vida para Jefas de Familia. |
| Líneas de acción de la política social | Estrategia de desarrollo que se apega a los principios de libre mercado, pero que incluye el gasto público para proveer de servicios de salud y educación y programas contra la pobreza, con mecanismos de participación social. | Corresponsabilidad de organizaciones sociales y ciudadanos en el desarrollo social. Transferencias monetarias focalizadas a familias pobres. Descentralización hacia estados y municipios. |
Contigo proyectó: 1) ampliación de capacidades: educación, salud y capacitación laboral; 2) generación de oportunidades productivas: desarrollo local y acceso al crédito, generación de empleo; 3) provisión de protección social: salud y previsión social, y 4) formación de patrimonio: vivienda y ahorro. Estas líneas de acción atendían cinco etapas: prenatal, infancia, adolescencia y juventud, adultos y adultos mayores. | Vivir Mejor tenía como objetivo coordinar las acciones del gobierno federal, evitando
la dispersión, la subutilización de los recursos públicos y la complementariedad de
los tres órdenes de gobierno. Se enfocó en tres líneas de acción: desarrollo de capacidades básicas; consolidación de una red de protección social, y establecimiento de puentes comunicadores hacia un desarrollo económico sostenido y sustentable. |
La sección México Incluyente, del PND 2013-2018 incluyó varias líneas de acción.
Las más relevantes y reiteradas fueron: Fortalecer el desarrollo de capacidades Combatir las carencias alimentarias de la población. Generar esquemas de desarrollo comunitario a partir de procesos de participación social. |
| Principales acciones para la institucionalización de la política social | Instauración de la SEDESOL. | Creación de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Incorporación de reglas de operación, lineamientos y evaluación en programas sociales. |
Promulgación de la LGDS y creación del CONEVAL. | Medición multidimensional de la pobreza. Informes de evaluación anual de la política de desarrollo social. |
Indicadores para el PND Sistema de Información Social Integral. Presupuesto basado en resultados |
Fuente: elaboración propia.
Los datos más fiables sobre pobreza provienen de 1950 y se extienden hasta 2018, período en el que se evidencia una drástica disminución, pues de 88,4 % de población pobre registrada en 1950 pasó a 41,9 % en 2018, lo cual indicaría que en 66 años el porcentaje de población pobre en México se redujo 46,5 %. Como se detalla en el cuadro 1, esa tendencia reductiva encuentra estancamientos (década de 1980) e incluso retrocesos en épocas de crisis económicas (1994-1996 y 2008-2010).
Sin embargo, la reducción en el porcentaje de la población pobre no corresponde al número de personas pobres, pues de los 23,9 millones asentados en 1950 aumentó a 52,4 millones en 2018; es decir, en 66 años el total de personas en situación de pobreza en México se incrementó en 28,5 millones de personas. En cualquier caso, ya sea como porcentaje de la población o número de personas, se puede encontrar tendencias, crecientes o decrecientes, afectadas por las crisis económicas, pero no se identifican correlaciones en períodos previos o posteriores a la década de 1980, por lo que a partir de este indicador es factible afirmar que el modelo en la gestión de la política social ha sido ineficaz para contener la pobreza, ya no digamos erradicarla[16].
Tabla 3.
Pobreza en México, 1950-2018
| Año | Población en situación de pobreza (millones de personas) | Porcentaje de la población en situación de pobreza |
|---|---|---|
| 1950 | 23,9 | 88,4 |
| 1956 | 26,8 | 83,5 |
| 1958 | 27,9 | 81,3 |
| 1963 | 30,5 | 75,2 |
| 1968 | 33,1 | 69,4 |
| 1977 | 40 | 63,8 |
| 1984 | 39,8 | 53 |
| 1989 | 44,7 | 53,5 |
| 1992 | 46,1 | 53,1 |
| 1994 | 47 | 52,4 |
| 1996 | 64 | 69 |
| 1998 | 60,7 | 63,7 |
| 2000 | 52,7 | 53,6 |
| 2002 | 50,4 | 50 |
| 2004 | 48,6 | 47,2 |
| 2006 | 46,5 | 42,9 |
| 2008 | 49,5 | 44,4 |
| 2010 | 52,8 | 46,1 |
| 2012 | 53,3 | 45,4 |
| 2014 | 55,3 | 46,2 |
| 2016 | 53,4 | 43,6 |
| 2018 | 52,4 | 41,9 |
Fuente: Székely ( Székely, M. (2005). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y el 2004. Documentos de investigación, 24. México: SEDESOL2005), para el período 1950-1989; véase https://bit.ly/2R77JxB para el período 1992-2006; CONEVAL ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2019). Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social Medición de la pobreza serie 2008-2018. México: CONEVAL.2019), para fechas posteriores. De 1968 a 2006 los datos corresponden a la pobreza de patrimonio (ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso para la adquisición de estos bienes y servicios). De 2008 a 2018, población total considerada como pobre por el CONEVAL.
En las cifras sobre pobreza no es posible distinguir cambios relevantes en la política social mexicana, a diferencia de la creación de estrategias e instituciones para atenderla desde el Estado. Así, con base en una propuesta de tipificación de las orientaciones sobre desarrollo y pobreza de la CEPAL ( CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2003). La pobreza rural en América Latina. Santiago: CEPAL.2003), hallamos que han existido en México, entre 1917 y 2018, dos perspectivas de atención a la pobreza que pueden definirse como sectorial y multisectorial ( ASF, Auditoría Superior de la Federación. (2015). Evaluación de la política pública de Prospera Programa de Inclusión Social. Evaluación núm. 1575. México: Auditoría Superior de la Federación.ASF, 2015: 42).
En la perspectiva sectorial se concebía a la industrialización como el único motor del progreso de la nación, por lo que la pobreza no se consideraba un problema público y, por tanto, no existía definición, sector, estrategias ni programas centrados en su atención. Las instituciones públicas de educación, trabajo, vivienda y seguridad social fueron establecidas para apoyar socialmente el proyecto económico y no como un ámbito específico para el combate a la pobreza o el desarrollo social universal. Esta perspectiva estuvo vigente desde 1917 hasta 1972 ( ASF, Auditoría Superior de la Federación. (2015). Evaluación de la política pública de Prospera Programa de Inclusión Social. Evaluación núm. 1575. México: Auditoría Superior de la Federación.ASF, 2015: 42-43).
Por otro lado, la perspectiva multisectorial se basa en el reconocimiento de que el modelo de industrialización no fue capaz de generar el progreso nacional y, además, incrementó la marginación rural y urbana. Así, desde esta perspectiva la pobreza se concibe como un problema que requiere atención mediante una estructura y acciones específicas del Estado. Se afirma que este enfoque se inició en 1973 y ha perdurado hasta hoy día ( ASF, Auditoría Superior de la Federación. (2015). Evaluación de la política pública de Prospera Programa de Inclusión Social. Evaluación núm. 1575. México: Auditoría Superior de la Federación.ASF, 2015: 42-43).
Aunque esta visión se define por la atención especializada de la pobreza, dicha atención ha registrado tres esquemas distintos: desarrollo regional, asistencialismo y desarrollo de capital humano ( ASF, Auditoría Superior de la Federación. (2015). Evaluación de la política pública de Prospera Programa de Inclusión Social. Evaluación núm. 1575. México: Auditoría Superior de la Federación.ASF, 2015). El desarrollo regional significó el inicio de los programas enfocados en el combate a la pobreza debido a la caducidad del modelo industrializador y la crisis inflacionaria. Los primeros programas para la atención de la pobreza se focalizaron en zonas rurales bajo la teoría causal de que «si se desarrollan las regiones, la pobreza disminuirá». La pobreza se estimaba según los criterios de ingreso y se consideró como consecuencia de los desequilibrios económicos derivados del modelo de industrialización. Este esquema prevaleció entre 1973 y 1982.
El asistencialismo estuvo vigente entre 1983 y 1996, y el ingreso fue también el núcleo de identificación de la pobreza. En este esquema se comenzó a concebirla como un fenómeno rural y urbano con múltiples factores que disminuyen la calidad de vida de las personas. Determinada por una época de reducción y racionalización del aparato público, los programas de combate a la pobreza comenzaron a transferir apoyos económicos y en especie bajo la lógica de que, si «se fomenta el espíritu de solidaridad, la pobreza disminuirá». El PRONASOL fue el prototipo de esa etapa.
Por último, la etapa de desarrollo de capital humano comienza con la puesta en marcha del PROGRESA, un modelo de programa social de ese período. El punto nodal aquí es la articulación de los ámbitos sociales y económicos bajo la concepción de capital humano, que entiende a la educación, salud y alimentación como herramientas e inversiones en las personas para alcanzar objetivos económicos a nivel micro y macro. Desde la perspectiva de que «si se incrementa el capital humano, la economía crecerá y la pobreza disminuirá», se concibe a la pobreza como el conjunto de carencias que se reproducen en forma de ciclo vicioso con efectos perniciosos para el capital humano.
La atención especializada en la pobreza, propio de la perspectiva multisectorial, conllevó la disposición de recursos y la creación de instituciones del Estado. Para el primer caso, un primer indicador es el gasto social; es decir, el gasto público que se emplea para reducir las brechas de desigualdad y los niveles de pobreza y se enfoca, principalmente, en mecanismos de protección social y desarrollo de capacidades de las personas ( Torre, R. de la, Rodríguez-Oreggia, E. y Soloaga, I. (2018). El marco de la política social en México. En R. de la Torre, E. Rodríguez-Oreggia y I. Soloaga (coords.). Política social y bienestar: México desde el año 2000 (pp. 11-29). México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.De la Torre et al., 2018).[17]
Al comparar las cifras de gasto público de ocho décadas, como se advierte en el cuadro 2, vemos una diferencia entre los sexenios previos a 1988 y los posteriores a dicho año, pues en el primer período el gasto destinado al desarrollo social nunca superó 19 % del gasto público, mientras que para los últimos treinta años no descendió de 48 %, e incluso alcanzó cifras cercanas a 60 % en dos períodos presidenciales. De hecho, es en el período 1988-1994 cuando se genera una inflexión, pues el porcentaje en gasto social respecto del gasto público aumentó 36,8 %; este es el cambio más amplio producido entre un sexenio y otro. A partir de ese incremento, los porcentajes de gasto social ya no regresaron a las cifras previas a 1988, e incluso se mantuvieron en porcentajes mayores a 50 %. Entonces, en términos de gasto social, las directrices son claramente diferenciadas y excluyentes entre el período 1935-1988 y el período 1988-2018.
Tabla 4.
Gasto social por sexenios en México, 1935-2018
| Período | Presidente | % asignado al desarrollo social |
|---|---|---|
| 1935-1940 | Lázaro Cárdenas | 18,6 |
| 1941-1946 | Manuel Ávila Camacho | 16,5 |
| 1947-1952 | Miguel Alemán | 13,3 |
| 1953-1958 | Adolfo Ruiz Cortines | 14,5 |
| 1959-1964 | Adolfo López Mateos | 18,6 |
| 1965-1970 | Gustavo Díaz Ordaz | 16,0 |
| 1971-1976 | Luis Echeverría Álvarez | 18,5 |
| 1977-1982 | José López Portillo | 16,3 |
| 1983-1988 | Miguel de la Madrid | 11,6 |
| 1988-1994 | Carlos Salinas de Gortari | 48,4 |
| 1994-2000 | Ernesto Zedillo Ponce de León | 57,3 |
| 2000-2006 | Vicente Fox Quesada | 59,5 |
| 2006-2012 | Felipe Calderón Hinojosa | 56,3 |
| 2012-2018 | Enrique Peña Nieto | 58,5 |
Fuente: elaboración propia. Moreno, Ortiz y Marrufo ( Moreno Salazar, P., Ortiz Guerrero, C. y Marrufo Heredia, E. (2004). Veinticinco años
de desarrollo social en México. Sociológica, 19 (54), 55-75.2004: 61), para el período 1935-1988; CEFP ( CEFP, Centro de Estudios de las Finanzas Pública. (2015). La pobreza y el gasto social en México. México: Cámara de Diputados, LXIII Legislatura. Disponible en:
Además, la perspectiva de atención de la pobreza implicó que el Estado mexicano creara múltiples instituciones especializadas en dicho ámbito. Entre 1917 e inicios de la década de 1970 se fundaron instituciones públicas y se emprendieron acciones de desarrollo social cuyo modelo concebía al bienestar como resultado de la industrialización; sin embargo, a mediados de la década de 1970 se crearon numerosas y diversas instituciones que apoyaron la concepción de la pobreza como un problema de atención específica.
Gerardo Ordóñez identifica dos etapas en las políticas sociales contra la pobreza
en México: el desarrollo rural, desde 1970 hasta inicios de la década de 1980, cuyas
acciones buscaban reorientar una parte importante de los recursos públicos hacia los
habitantes pobres del campo; y la liberalización económica, desde 1980 hasta nuestros
días, centrada en la búsqueda de nuevos equilibrios entre el mercado y el sector público
como fuentes de bienestar que generó la eliminación de subsidios a la producción y
el consumo, así como la focalización de los beneficios ( Ordóñez Barba, G. (2018). La lucha contra la pobreza en México en las últimas tres
décadas. Alcances y limitaciones. En C. Midaglia, G. Ordóñez y E. Valencia (coords.).
Políticas sociales en América Latina en los inicios del siglo xxi: innovaciones, inercias y retrocesos (pp. 379-396). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Disponible
en:
A partir del cambio de perspectiva de atención a la pobreza se establecieron programas sociales, organismos públicos y normas que fundaron un sector especializado en el desarrollo social. Para el caso de los programas sociales, se trata de acciones que focalizan recursos para el combate a la pobreza y se iniciaron en 1973 con la puesta en marcha del Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER), centrado en los pobres rurales. A partir de entonces, se han implementado decenas de programas sociales en numerosos ámbitos, y los más relevantes son los PTC como PRONASOL y PROGRESA-Oportunidades-Prospera.
Asimismo, se han instituido organismos como la SEDESOL, en 1992, y el Coneval, en 2005; una para encargarse de los programas sociales y el otro para la medición oficial de la pobreza y la evaluación de la política social del Estado mexicano. Por último, también se promulgaron normas como la Ley General de Desarrollo Social, en 2004, la primera en el país para regular las estrategias, políticas y acciones en dicho ámbito, y la «Metodología de la medición multidimensional de la pobreza», en 2010, para instituir la obligación gubernamental de medir la pobreza mediante criterios amplios y objetivos.
Una vez revisados los indicadores de la política social y sus pormenores en los últimos cinco períodos presidenciales, es oportuno formular una respuesta coherente y sustentada para la pregunta central de este artículo: ¿a partir de la década de 1980 inició un nuevo modelo de política social en México, como se suele afirmar en la bibliografía especializada?
En la década de 1970, en medio de una crisis económica aguda, se iniciaron procesos de liberalización económica y política en México. Ello tuvo efectos, entre otros ámbitos, en la política social, pues trastocó el esquema conceptual y la organización institucional donde el desarrollo social se proyectaba como resultado de la industrialización. El descenso en los niveles de bienestar en el país propició que la pobreza se comenzara a concebir como un problema público de atención imperiosa y especializada, por lo que se crearon programas, organismos públicos y normativas que instituyeron gradualmente un ámbito de desarrollo social en el sector público. A partir de entonces, como bien se afirma en la bibliografía especializada, hubo un cambio en las directrices de la política social mexicana, pero tal variación amerita al menos tres precisiones.
Primero, pese a que en la bibliografía especializada suele aseverarse que el cambio en la política social ocurrió en la década de 1980, en realidad su origen está en la década anterior. Si bien en el sexenio de Carlos Salinas surgió el primer gran programa social (PRONASOL) y ocurrió el primer gran salto cuantitativo del gasto social, fue en 1973, durante el sexenio de Luis Echeverría, cuando se hace evidente el cambio de perspectiva en la política social con la implementación del PIDER, el primer programa creado ex profeso para el combate a la pobreza.
Segundo, algunos especialistas han afirmado que el nuevo modelo de política social en México se orientó a las necesidades de los pobres, con lo cual se abandonó la noción de los derechos sociales. No obstante, según lo analizado en este artículo, el viraje en la política social implicó una mayor focalización de recursos al combate de la pobreza, pero tal dirección no implicó suprimir la noción de derechos sociales, sino todo lo contrario, pues la promulgación de la LGDS, la medición multidimensional de la pobreza y la creación del CONEVAL insertaron, al menos en términos declarativos, la idea de derechos como uno de los fundamentos de la política social mexicana.
Tercero, también se ha aseverado que con el nuevo modelo de política social se desatendieron las políticas sociales universales, lo cual es una tesis cuestionable, pues el paradigma del universalismo tampoco existía antes del cambio de directrices; recuérdese que en el período previo las instituciones de desarrollo social estaban orientadas a legitimar el régimen político y el modelo económico, por lo que no eran para todos los ciudadanos.
En todo caso, y esta es la conclusión del presente estudio, si bien hay diferencias en los planteamientos, estrategias, instituciones, recursos y acciones entre los períodos bifurcados en la década de 1970, la política social en México ha sido incapaz de disminuir drásticamente los niveles de pobreza en el país, y ha servido como un mero mecanismo de contención que pierde su eficacia en etapas de crisis económicas. Podrá haber más o menos gasto social, instituciones o normativas, sin que la política social en México haya reducido de manera contundente las cifras de pobreza, además de que la mitigación que suele provocar en los niveles de pobreza se pierde en momentos de crisis económicas. Pensar en la erradicación de la pobreza es todavía lejano.
Es probable que el efecto nimio se deba a lo que en ciencia política se conoce como path dependence (traducido como «trayectorias dependientes») e indica que los esquemas de actuación presentes tienen un estrecho vínculo —si no una dependencia, al menos una continuidad de inercias— con trayectorias pasadas, fundadas o establecidas en momentos cruciales[18]. Es decir, los condicionamientos estructurales, institucionales y operativos provenientes de la etapa de constitución de la política social en México (detallados en el primer apartado del presente texto) se conservan hasta la fecha.
La política social mexicana actual está condicionada en su competencia por una estructura dual, estratificada, segmentada y descoordinada, que profundiza su incapacidad institucional en los gobiernos subnacionales. Dicha estructura ha permitido la proliferación de programas sociales fragmentados, duplicados, de cobertura deficiente, con incumplimiento de sus objetivos, de diseño incorrecto, con poca transparencia y presupuestados sin criterios de eficiencia ni de rendición de cuentas ( Martínez Espinoza, M. I. (2019). Políticas sociales y participación en México. El caso del programa Comedores Comunitarios. México: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Martínez, 2019: 130-158).
Dicho de otro modo, desde su constitución y hasta nuestros días la política social en México se concibe, instrumenta y opera como un paliativo de las fallas de la política económica que, por tanto, está desarticulada de las políticas fiscales, financieras y laborales. Por otra parte, no provee un nivel mínimo de protección social universal ni se orienta a la atención de los riesgos principales (salud, trabajo, vejez, discapacidad, orfandad, precariedad o falta de ingresos) durante el ciclo de vida completo (niñez, adolescencia, juventud, adultez temprana y mayor), tampoco opera de manera coordinada intersectorial, intergubernamental e interprogramáticamente.
Aunque hubo cambios en concepciones, prioridades y recursos de diversa índole, es insuficiente para denominarlo como un nuevo de modelo de política social, pues permanecen inalterables los vacíos, sesgos y falencias heredados desde su etapa de constitución, y extendidos en la etapa de mitigación de la pobreza.
En los últimos cinco sexenios se han realizado cambios destacados en la política social en México, pero no han conseguido fundar un modelo universal, integral y articulado que funcione como un eficiente instrumento de combate a la pobreza y provisión del bienestar social.
| [1] |
Por ejemplo, Franco y Canela ( Franco Parrillat, G. y Canela Gamboa, F. (2016). Evolución de las políticas de desarrollo
social en México: éxitos y fracasos. Opera, 18, 159-181. Disponible en:
|
| [2] |
Aunque el concepto de política social ha sido amplio y profusamente abordado en la literatura especializada, su definición mínima se constituye por tres fundamentos: a) la política pública centrada en el sistema social que b) es prerrogativa de los gobiernos para c) alcanzar objetivos prioritariamente sociales, pero también económicos y políticos. Para profundizar en el análisis del concepto de política social, véase Herrera y Castón ( Herrera Gómez, M. y Castón Boyer, P. (2003). Las políticas sociales en las sociedades complejas. Barcelona: Ariel.2003); Molina ( Molina Cano, J. (2004). La política social en la historia. Murcia: Ediciones Isabor.2004), y Montagut ( Montagut, T. (2000). Política social: una introducción. Barcelona: Ariel.2000). |
| [3] |
«En el Acta Constitutiva se establecieron una serie de funciones para el Estado, entre las que destacan: promotor de la educación; propietario de tierras, aguas y recursos naturales dentro del territorio nacional con la capacidad de otorgar el derecho de propiedad privada y regular las actividades económicas del país; árbitro social mediante el establecimiento de mínimos económicos para el bienestar social de los trabajadores, y capacidad de definir y legislar, a través del gobierno, en las actividades económicas del país» ( Valverde Viesca, K. (2015). Construcción institucional del desarrollo social en México. México: Universidad Nacional Autónoma de México.Valverde, 2015: 106). |
| [4] |
Los programas PTC son intervenciones focalizadas que tienen dos características básicas: a) la entrega periódica de recursos monetarios a los beneficiarios, b) con la condición de que estos cumplan con ciertos condicionamientos para mantener dichos beneficios. Actualmente, los PTC constituyen una pieza importante de los sistemas de protección social en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. De hecho, en datos de 2014, se registraron PTC en veinte países de la región, los cuales atendían a 21,5 % de la población regional ( CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2015). Desarrollo social inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.CEPAL, 2015: 72). Para conocer definiciones, orientaciones y balances sobre los PTC, véase Barba y Valencia ( Barba Solano, C. y Valencia Lomelí, E. (2016). La reforma social en América Latina en la encrucijada: transferencias condicionadas de ingresos o universalización de la protección social. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.2016). |
| [5] |
LGDS, Ley General de Desarrollo Social. (2018). Diario Oficial de la Federación, 20-01-2004. Últimas reformas publicadas en el DOF el 26-01-18. Disponible en: https://bit.ly/2ww6Asm. |
| [6] |
«En el enfoque basado en derechos, como sostiene Abramovich, se considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados sobre derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y ante las obligaciones se requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento» ( CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). Desarrollo social inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe. Santiago: CEPAL.CEPAL, 2016: 14). |
| [7] |
Para conocer una cronología de las instituciones y acciones de la política de evaluación en México, véase CONEVAL ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2015). La política de evaluación en México: 10 años del CONEVAL. México: CONEVAL.2015: 17-20). |
| [8] |
Para conocer el análisis sobre la medición multidimensional de la pobreza, véase Boltvinik ( Boltvinik, J. (2014). América Latina, de la vanguardia al rezago en medición multidimensional de la pobreza. La experiencia contrastante de México ¿una guía para la región? En J. Boltvinik et al. Multidimensionalidad de la pobreza. Propuestas para su definición y evaluación en América Latina y el Caribe (pp. 23-74). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2014). |
| [9] |
La protección social entendida «como el conjunto de intervenciones de política pública que trata de incidir en el manejo de riesgos que afectan el nivel de consumo de la población durante su ciclo de vida» ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2012). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012. México: CONEVAL.CONEVAL, 2012: 190). |
| [10] |
«Cuando las transferencias se concentran en forma desproporcionada sobre la población de bajos ingresos (por ejemplo, si el 10 % más pobre de la población recibe más del 10 % de una transferencia), denominaremos estas distribuciones como progresivas en términos absolutos, o propobres, mientras que cuando, por el contrario, los recursos públicos se concentran en los estratos de mayores ingresos (por ejemplo el 10 % más rico de la población recibe más del 10 % de una transferencia) las llamaremos regresivas en términos absolutos. Es importante aclarar que la regresividad absoluta de un programa público no implica que este contribuya a aumentar la desigualdad. Solo implica que su asignación no prioriza a los grupos de menores ingresos» ( CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2012). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012. México: CONEVAL.CONEVAL, 2012: 161). |
| [11] |
Véase: https://bit.ly/35yCvpg. |
| [12] |
Presidencia de la República (2018). 6to Informe de Gobierno. 2017-2018 (p. 186). México. |
| [13] |
Presidencia de la República (2018). 6to Informe de Gobierno. 2017-2018 (p. 113). Anexo Estadístico. México. |
| [14] |
CONEVAL e INEGI manipularon la cifra de pobres (Boltvinik. Vanguardia Mx, 13-06-2018. Disponible en: https://bit.ly/2JAIzmZ). |
| [15] |
Como ha analizado Michel Armatte, en las ciencias sociales la noción de modelo ha
admitido una pluralidad de significados y usos, siempre en virtud de las necesidades
metodológicas de las disciplinas o los estudios particulares ( Armatte, M. (2006). La noción de modelo en las Ciencias Sociales. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 11, 33-70. Disponible en:
|
| [16] |
La política social por sí sola no erradica la pobreza, pues depende de múltiples
factores, pero como se señala en la bibliografía especializada ( Brady, D. (2005). The Welfare State and Relative Poverty in Rich Western Democracies,
1967-1997. Social Forces, 83 (4), 1329-1364. Disponible en:
|
| [17] |
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la clasificación de gasto en desarrollo social incluye: 1) protección social; 2) educación; 3) salud; 4) vivienda y servicios a la comunidad; 5) protección ambiental; 6) recreación, cultura y otras manifestaciones culturales, y 7) otros asuntos sociales. |
| [18] |
La teoría path dependence surgió en la economía. En la ciencia política comenzó a utilizarse para el estudio de políticas sociales en los Estados de bienestar. Véase Sánchez de Dios ( Sánchez de Dios, M. (2004). Estudios comparados de Path Dependence del Estado de Bienestar en los casos de USA, Suecia y España. Revista de Estudios Políticos, 124, 95-128.2004). |
|
Armatte, M. (2006). La noción de modelo en las Ciencias Sociales. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 11, 33-70. Disponible en: https://doi.org/10.5944/empiria.11.2006.1108. |
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ASF, Auditoría Superior de la Federación. (2015). Evaluación de la política pública de Prospera Programa de Inclusión Social. Evaluación núm. 1575. México: Auditoría Superior de la Federación. |
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|
Banegas-González, I. y Mora-Salas, M. (2012). Transferencias condicionadas y reducción de la pobreza en México: entre lo real y lo imaginado. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, 93, 41-60. Disponible en: https://doi.org/10.18352/erlacs.8363. |
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Banerjee, A. y Duflo, E. (2014). Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Buenos Aires: Santillana. |
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Barba Solano, C. (2007). ¿Reducir la pobreza o construir ciudadanía social para todos? América Latina: regímenes de bienestar en transición al iniciar el siglo xxi. México: Universidad de Guadalajara. Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0103-49792007000200002. |
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