Esta obra colectiva, dirigida por los profesores de Derecho Constitucional Manuel Carrasco Durán y Blanca Rodríguez Ruiz, en la que participan fundamentalmente profesores de Ciencias Políticas y de Derecho Constitucional, examina diversos aspectos relativos al instituto de la participación. Sus trabajos, en líneas generales, pueden ser objeto de interés para investigadores enfocados en el estudio de la democracia participativa porque contextualizan el sistema democrático de nuestros días, exponiendo algunas causas y consecuencias del desgaste de la democracia representativa y el hartazgo ciudadano. La respuesta que da este libro a esos problemas de legitimidad y continuidad del sistema democrático es la de proponer el ejercicio de técnicas de participación. El objetivo principal del empleo de dichas técnicas es el de promover la implicación de la ciudadanía en los procedimientos políticos a fin de mejorar y restablecer la confianza en el sistema democrático.
El libro está organizado en tres partes y contiene un total de dieciséis contribuciones. Para su reseña y por razones de claridad, seguiremos cabalmente su propia estructura.
El profesor de Ciencias Políticas Carlos Rico Motos es el autor de «Participación y deliberación en la era de la posverdad». Parte del siguiente diagnóstico: la ciudadanía actual se considera capacitada para influir en la política sin necesidad de intermediarios como partidos, Gobiernos o Parlamentos, idea que se ha robustecido con la crisis y el desarrollo de las tecnologías, que han puesto en entredicho la necesidad de mantener algunos actores tradicionales del sistema político (si las decisiones pueden ser tomadas directamente por la ciudadanía en procesos participativos, ¿por qué mantener el protagonismo del parlamento? ¿Por qué actuar mediante representantes y no directamente?). El autor constata un crecimiento de las opciones políticas populistas, con el alza de determinados partidos extremistas en los países occidentales, rompiendo el consenso propio de la posguerra mundial. Este fenómeno, unido a la desinformación, la desigual voluntad de participación y el poco tiempo con el que cuentan los ciudadanos en su día a día para participar en política ponen en riesgo las bondades del sistema participativo ideal, por lo que algunas teorías apoyan la idoneidad de exigir una democracia representativa con políticos mejor preparados antes que una democracia participativa, opción que parece secundar el propio autor.
En «The political recruitment of women: why media matters», Amanda Haraldsson y Lena Wängnerud, también desde el campo de las ciencias políticas, y dentro del discurso feminista, reflexionan sobre los avances de la mujer en el protagonismo político mundial, contrastando datos sobre su representación en algunos Parlamentos occidentales y sus posibilidades para liderar candidaturas electorales. Ponen el foco en la necesidad de cuestionar la influencia del patriarcado en los medios de comunicación y, en general, en la opinión pública como principal obstáculo en el avance del papel de la mujer en la política.
Rafael Vázquez García, de nuevo desde las ciencias políticas y desde posiciones feministas, titula su contribución «Hombres feministas y nuevas masculinidades: de la deconstrucción de la masculinidad tradicional al activismo feminista». Se plantea el papel del hombre feminista en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, su legitimidad y el espacio que puede ocupar en el empoderamiento de la mujer. Subraya el dilema que puede suponer para los hombres la deconstrucción de los conceptos de masculinidad y hombría, secularmente construidos y enclavados en nuestro pensamiento colectivo, especialmente porque suponen de fondo que los hombres renuncien a privilegios que les han sido tradicionalmente otorgados por el mero hecho de serlos.
«Minorías étnicas y participación política: los gitanos españoles en el Marco jurídico-constitucional español» es el título del trabajo de la profesora de Derecho Constitucional Rosario Naranjo Román. Se trata de una aportación muy interesante precisamente porque rescata un tema poco estudiado desde el derecho, como es la integración del pueblo gitano en España. Analiza su situación socioeconómica y las recientes medidas de protección en Constituciones de nuestro entorno y en algunos estatutos de autonomía. Incide en la necesidad de superar tres escalones de participación, esto es: primero, recibir; segundo, influenciar, y tercero, decidir. Considera que actualmente el pueblo gitano español ha alcanzado hasta el segundo nivel de participación merced a un intenso trabajo de asociacionismo entre las personas gitanas, y propone medidas para alcanzar el tercer nivel, que requieren una mejora de las condiciones socioeconómicas de este colectivo para posibilitar su integración en las esferas de poder y decisión de nuestro sistema de organización política.
Víctor J. Vázquez, profesor de Derecho Constitucional, firma el trabajo «La neutralidad institucional y el principio democrático. Breves reflexiones sobre una realidad paradójica, a propósito de ciertas polémicas recientes», en el que reflexiona sobre el grado de neutralidad exigible a las instituciones en el sistema democrático. Comparte la obligatoriedad de neutralidad en los procedimientos burocráticos y administrativos, si bien a la vez subraya que el poder político se configura democráticamente a través de elecciones que, a la postre, determinan la dirección política (y por tanto ideológica) de las instituciones. Se pregunta, en fin, hasta qué punto el poder judicial ostenta legitimidad para velar por un modelo de neutralidad en situaciones en que la Administración refleja una posición ideológica dada por la posición política del electorado que elige la composición de esas instituciones.
También desde el derecho constitucional, «La democracia en el dedo sobre el ratón», del profesor Antonio J. Porras Nadales, se pregunta sobre el papel de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana, especialmente en los últimos años en los que el progresivo avance tecnológico ha permitido que los ciudadanos dejen de ser meros espectadores de radio y televisión para ser usuarios receptores y emisores de información en internet. Sugiere la interesante cuestión de saber hasta qué punto los usuarios de internet son realmente actores libres o actúan influenciados por las informaciones que reciben en respuesta al historial que generan sus búsquedas previas en la red. Ello es aún más interesante teniendo en cuenta que enlaza con la teoría de la posverdad, tan en boga en nuestros días, y a la que se refiere la primera contribución a esta obra colectiva, de la que dimos cuenta más arriba.
En «Le parlement face au défi de la démocratie numérique. Réflexions à partir du cas de la France», Damien Connil reflexiona sobre la democracia digital como medio para el enriquecimiento y modernización de la democracia representativa. Entiende que la democracia digital puede ser un mecanismo útil de participación en las instituciones tradicionales de representación como el Parlamento, recurriendo para ello al ejemplo francés. Se llama especialmente la atención sobre aspectos concretos como el derecho a petición, no solo para pedir la aprobación de una determinada medida, sino también para poder debatir durante el procedimiento de tramitación de la norma e, incluso, participar en la redacción de la misma, y se dan otros ejemplos de participación (como el presupuesto participativo) que permitan la interacción entre instituciones y gobernados.
En «La democracia en Chile: un caso paradigmático de baja intensidad participativa», del constitucionalista David Almagro Castro, se relacionan las escasas y restringidas herramientas de participación (en especial, el plebiscito) con el desafecto de la ciudadanía chilena para con su sistema político. El artículo no puede estar mejor contextualizado, dada la actual situación de movilización ciudadana que se vive en el país a causa, precisamente, de la voluntad de cambios en el sistema político que reclaman sectores del pueblo de Chile.
«El cuestionamiento legislativo del modelo tradicional de representación política», del profesor de Derecho Constitucional José María Morales Arroyo, analiza la jurisprudencia constitucional en torno a la representatividad de los cargos electos. Se hace especial hincapié en la situación de estos cargos ante determinadas causas de incompatibilidad, que pormenoriza y estudia.
Laura Gómez Abeja, también profesora de Derecho Constitucional, escribe «La democracia interna de los partidos políticos, una asignatura pendiente». La autora reflexiona sobre el proceso por el cual los partidos políticos en España se han convertido en instituciones con un funcionamiento democrático deficiente. Considera que las ejecutivas de los partidos tienen un papel desorbitado que ensombrece a los demás órganos y realiza propuestas de mejora orientadas a fortalecer la libertad de los afiliados, la independencia y fuerza de los órganos de los partidos y las reglas de los procedimientos de primarias.
En «Reelección presidencial indefinida en América Latina: análisis crítico de tres argumentos reeleccionistas», de los ecuatorianos Agustín Grijalva Jiménez y José Luis Castro Montero, se estudia la figura y el haz de facultades de los presidentes de repúblicas y Gobiernos latinoamericanos. Se realiza un análisis crítico sobre la posibilidad de reelección del presidente frente a la de otros actores políticos, como son los legisladores y alcaldes, considerando que la comparación entre el primero y los segundos no es equiparable, y se rechaza la consideración de este derecho como una ampliación de derechos políticos. De nuevo, el relato no puede ser más actual, en particular tras lo ocurrido recientemente en Bolivia.
En «La participación política en un marco de crisis de la democracia representativa», el profesor de Derecho Constitucional Manuel Carrasco Durán hace un repaso histórico de la democracia representativa a lo largo del siglo xx como precedente de la desafección de los ciudadanos por su democracia al no sentirse incluidos ni cercanos a su clase política. Este sentimiento explica la aparición de movimientos populistas que captan la simpatía de ciudadanos desencantados con el sistema político. El autor propone un esfuerzo en la potenciación de políticas participativas como forma de de recuperación de su interés e integración del ciudadano en los procesos políticos.
En «The concept of constitucional democracy in referendum decision-making», Bruna Zuber, asesora jurídica en el Tribunal Supremo esloveno, analiza el instituto del referéndum como herramienta de participación democrática. Incide en el principio de constitucionalidad democrática en el ejercicio de referéndum y expone algunos aspectos relativos al referéndum legislativo en el sistema constitucional esloveno.
Andrea Pertici, profesor de Derecho Constitucional, es el autor de la contribución «La partecipazione popolare nelle diverse forme de esercizio della democrazia, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana (anche alla luce di una recente proposta di revisione costituzionale)». Estudia el espacio que ocupa la democracia participativa en el sistema constitucional italiano, con una especial mención a la iniciativa popular indirecta y su inclusión en la propuesta de reforma de la Constitución de la república italiana, tras más de setenta años de vigencia.
En «La Ley andaluza de participación ciudadana: ¿hacia un nuevo horizonte participativo?», de Blanca Rodríguez Ruiz, se analiza la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. Se relacionan, entre otros, algunos aspectos de la Ley como la deliberación participativa, los presupuestos participativos, las consultas populares, las proposiciones, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas.
El último de los trabajos llega de la mano del profesor brasileño Juarez Freitas, y se titula «Democracia participativa e digital». El autor defiende que la democracia participativa y digital puede ser un vehículo ideal para mejorar la percepción de los ciudadanos en torno al funcionamiento de la democracia. Entiende que un uso de las nuevas tecnologías dirigido a la participación abierta de los ciudadanos en las políticas públicas puede elevar a los administrados a un mayor nivel de conocimiento sobre las cuestiones que atañen al desarrollo de la vida política y social.