EL TJUE SE DECLARA INCOMPETENTE PARA PRONUNCIARSE SOBRE UN RECURSO POR INCUMPLIMIENTO CUANDO LA INFRACCIÓN DEL DERECHO de la UE RESULTA DE UN ILÍCITO INTERNACIONAL.

1. Elementos indiscutibles[Subir]

Una afirmación que se lee en el pronunciamiento y que resulta incontrovertida es que el convenio arbitral concluido entre Eslovenia y Croacia es un instrumento vinculante para ambos países, pero ajeno a la UE, por más que esta mediara para su celebración, se firmara en presencia del presidente de turno del Consejo UE (a la sazón el primer ministro sueco) y permitiera desatascar las negociaciones para la adhesión de Croacia^‍‍[32]. El Tribunal insiste en que el objeto del convenio arbitral «no está comprendido en los ámbitos de competencia de la Unión contemplados en los arts. 3 TFUE a 6 TFUE»^‍‍[33] y «no forma parte del ámbito de competencias de la Unión»^‍‍[34], muy probablemente para marcar la distinción con los acuerdos celebrados por los Estados miembros en materias posteriormente asumidas de forma plena por la UE, frente a los cuales su doctrina tradicional es que vinculan a la Unión y el TJUE puede ejercer con respecto a ellos sus competencias (al menos, las relativas a la interpretación prejudicial^‍‍[35]) y asumirlos como parámetro de legalidad del derecho derivado^‍‍[36].

Tampoco parece opinable que la alusión al laudo arbitral en el Reglamento 2371/2002, fruto de la modificación operada por el Acta de adhesión, no supuso la incorporación del laudo al derecho UE^‍‍[37]. Como bien observa el Tribunal de Justicia, la referencia al laudo se produce «en términos neutros»^‍‍[38], sin pretensión de introducir su contenido en el ordenamiento jurídico de la UE^‍‍[39].

Otro elemento innegable es el reconocimiento de que corresponde a los Estados miembros la determinación de su territorio nacional y sus fronteras y la ausencia de toda competencia de la UE en esta materia. A la Unión se le imponen, como datos fácticos, la determinación territorial efectuada por sus Estados miembros y cualquier cambio de extensión que experimente su territorio (como se vivió con la llamada reunificación alemana, que supuso la integración de los cinco nuevos Länder anteriormente pertenecientes a la RDA a la Comunidad Económica Europea, merced a su incorporación a la RFA, en 1990). El TJUE menciona a estos efectos su sentencia en el asunto Aktiebolaget^‍‍[40], en la que, a propósito del actual art. 355 TFUE, el Tribunal sostuvo que: «A falta, en el Tratado, de una definición más precisa del territorio de soberanía de cada Estado miembro, corresponde a cada uno de los Estados miembros determinar la extensión y los límites de este territorio, de conformidad con las normas de Derecho internacional público»^‍‍[41].

Finalmente, resulta evidente que el TJUE podría resolver la controversia territorial entre Eslovenia y Croacia si esta le fuera sometida en virtud de un compromiso, como señala el art. 273 TFUE, o de una cláusula compromisoria. La construcción del TJUE deja patente el carácter complementario del art. 273 TFUE con respecto al art. 259 TFUE, en el sentido de que litigios que escapan al ámbito de aplicación de este precepto (porque van más allá del ámbito de aplicación del derecho UE) pueden ser sometidos al TJUE por la vía del art. 273 TFUE. Vale la pena recordar aquí, como hace Stoppioni (Stoppioni, E. (2020). CJEU finds it has no jurisdiction in the Slovenia/Croatia border case. EU Law Live [blog], 3-2-2020.‍2020), la opinión del abogado general Poiares Maduro de que ante «controversias híbridas» entre Estados miembros, es decir, ante controversias que afectan a la vez a asuntos que entran dentro del ámbito de competencia del Tribunal de Justicia y a asuntos que quedan fuera, lo deseable en la práctica sería someterlas en su totalidad al TJUE, a través del actual art. 273 TFUE^‍‍[42]. En otro orden de consideraciones, cabe señalar que esta última disposición ha sido empleada de forma aún más excepcional que el art. 259 TFUE, existiendo hasta la fecha un único pronunciamiento del TJUE dictado a su amparo^‍‍[43].

Hasta aquí los puntos de innegable acuerdo con el TJUE. Veamos ahora los aspectos si no más discutibles, sí menos obvios.

2. Una cuestión no evidente: la negativa del TJUE a controlar el respeto del derecho de la UE por parte de los Estados miembros cuando la violación que se les imputa sea un efecto reflejo de un ilícito internacional[Subir]

Al declararse incompetente para pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Eslovenia, el Tribunal de Justicia siguió la doctrina sentada diez años atrás en el asunto Comisión/Bélgica (Escuelas Europeas)^‍‍[44]. En esa sentencia, expresamente citada^‍‍[45], el Tribunal negó su competencia para conocer del recurso de la Comisión contra dicho país por el supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumbían en virtud del Acuerdo de Sede de las Escuelas Europeas, celebrado entre el Consejo Superior de la Escuela Europea y el Reino de Bélgica (y del que la UE no era parte), pese a que la Comisión había argumentado que dicho incumplimiento había perjudicado al sistema de financiación de la Comunidad y al reparto de las cargas financieras entre los Estados miembros y conllevaba, pues, la infracción del entonces art. 10 Tratado CE (actual art. 4.3 TUE). El razonamiento del Tribunal fue que la violación del art. 10 Tratado CE presentaba «un carácter accesorio» con respecto a la vulneración del Acuerdo de Sede^‍‍[46] (era el incumplimiento por parte de Bélgica de las obligaciones que pesaban sobre él en virtud de este pacto lo que implicaba, igualmente, la infracción del art. 10 Tratado CE) y escapaba, por ende, al ámbito del entonces art. 226 Tratado CE (hoy art. 258 TFUE).

La duda que suscitaba esta sentencia del año 2010 era si la postura del Tribunal de Justicia obedecía acaso al modo en que la Comisión había formulado la demanda. En efecto, tras recordar que un recurso solo debe examinarse en relación con las pretensiones contenidas en el escrito de interposición^‍‍[47] y que, conforme a la normativa reguladora del procedimiento ante el TJUE, la Comisión debe indicar en todo recurso presentado en virtud del antiguo art. 226 Tratado CE las imputaciones precisas sobre las que debe pronunciarse el Tribunal^‍‍[48], este destacaba que en ese particular asunto «la única imputación mencionada en las pretensiones del escrito de interposición del recurso se refiere al supuesto incumplimiento de las obligaciones que incumben al Reino de Bélgica en virtud del Acuerdo de Sede, en relación con el art. 10 CE»^‍‍[49].

Este precedente sin duda marcó el enfoque seguido por Eslovenia en su demanda, en la que apenas sí menciona el convenio arbitral o el laudo. Eslovenia reclama al Tribunal que declare que Croacia ha incumplido las obligaciones que pesan sobre este Estado miembro de conformidad con: el art. 4.3 TUE; el principio del Estado de derecho, recogido en el art. 2 TUE; el art. 5.2 del Reglamento 1380/2013; el sistema de control, inspección y aplicación de las normas establecidas por el Reglamento 1224/2009 y por el Reglamento de Ejecución 404/2009; los arts. 4 y 17 del Reglamento 2016/399; y los arts. 2.4 y 11.1 de la Directiva 2014/89. Y únicamente cita el laudo al referirse al principio del respeto del Estado de derecho, para sostener que obliga a Croacia a respetar el territorio de Eslovenia determinado por el laudo final dictado por el tribunal arbitral el 29 de junio de 2017. Como puede observarse, claramente Eslovenia se esforzó por configurar las infracciones del derecho UE de un modo autónomo, evitando vincularlas con el convenio arbitral o el laudo.

Tras repasar todas las imputaciones, el TJUE terminó constatando, no obstante, que las dos primeras (relativas al derecho primario) resultaban del supuesto incumplimiento por parte de Croacia del convenio arbitral y del laudo y las restantes (relativas al derecho derivado) se basaban en la premisa de que la frontera terrestre y marítima entre los dos Estados miembros había quedado determinada mediante el laudo^‍‍[50]. Lo cual le condujo a concluir que las infracciones del derecho UE alegadas tenían carácter accesorio con respecto al supuesto incumplimiento del convenio arbitral y a declararse incompetente^‍‍[51].

Este enfoque (que no es o que no ha sido unánime en el seno del TJUE)^‍‍[52] ha llevado a Stoppioni a sostener que: «From a substantial perspective», en la sentencia comentada, «the CJEU played with dualism and clarified its vision of the relations between legal orders in a sort of reverse-Kadi approach». Y explica: «[The ECJ] considered that whenever the heart of the dispute is located in the international legal order, the mirror effect of that dispute in the EU legal order is simply a secondary implication»; y sigue diciendo: «Even if the internationally wrongful act leads to the materialization of an EU law obligation to strive to solve the dispute in conformity with international law, the judicial function of the CJEU in the context of infringement proceedings does not allow any power of review of that primary violation» (Stoppioni, E. (2020). CJEU finds it has no jurisdiction in the Slovenia/Croatia border case. EU Law Live [blog], 3-2-2020.‍2020).

Dejando por el momento al margen la comparación con la posición que mantuvo el TJUE en el asunto Kadi/Al Barakaat, cabe asumir como punto de partida que el Tribunal de Luxemburgo no tiene atribuida en los Tratados competencia para controlar el respeto por parte de los Estados miembros de sus obligaciones internacionales (ya sea con respecto a un tercer país ya sea con respecto a otro Estado miembro) y que el control sobre la actuación de los Estados miembros que aquel puede llevar a cabo se limita a las obligaciones «que le[s] incumbe[n] en virtud de los Tratados», según estipulan los arts. 258 y 259 TFUE.

Del mismo modo que el TJUE tiene una competencia exclusiva y excluyente para resolver las controversias relativas al derecho UE (art. 344 TFUE), el TJUE carece de competencia para resolver las controversias ajenas a este ordenamiento, a menos que estas le sean expresamente atribuidas por acuerdo entre las partes, tal y como admite el art. 273 TFUE. Igual que en el asunto MOX el TJUE condenó a Irlanda por haber recurrido a un tribunal arbitral como medio de arreglo de un litigio que le enfrentaba al Reino Unido tras confirmar la vinculación de aquel con el derecho UE^‍‍[53], estamos viendo cómo en otros asuntos (empezando por el que nos ocupa) el TJUE se declara incompetente para pronunciarse sobre recursos por incumplimiento en los que se denuncia una supuesta infracción por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le incumben en virtud de instrumentos internacionales que no forman parte integrante del derecho UE^‍‍[54].

Esta jurisprudencia solo tendría una excepción, relacionada con los acuerdos mixtos que se refieren a ámbitos que son en gran medida competencia de la UE. En estos supuestos, el TJUE ha ejercido su jurisdicción para apreciar el respeto por los Estados miembros de las previsiones del acuerdo correspondientes a materias de competencia estatal. Así sucedió en el asunto Comisión/Francia (Laguna de Berre), en el que el Tribunal desestimó la excepción de inadmisibilidad planteada por el país galo negando la competencia de aquel, pese a reconocer que la infracción que se reprochaba a las autoridades francesas correspondía a disposiciones del Convenio para la protección del mar Mediterráneo y del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre que todavía no habían sido objeto de regulación comunitaria, con el argumento de que dado que estos instrumentos creaban derechos y obligaciones en un ámbito cubierto «en gran medida» por la legislación comunitaria, «existe un interés en que tanto la Comunidad como sus Estados miembros respeten los compromisos suscritos en virtud de estos instrumentos»^‍‍[55]. De este modo, como observara Kuijper: «A certain asymmetry between the external treaty-power of the Community and internal treaty enforcement power of the Commission continues to exist» (Kuijper, P. J. (2005). Case C-239/03, Commission v. French Republic, judgment of the Court (Second Chamber) of 7 October 2004. Common Market Law Review, 42 (5), 1491-1500.‍2005: 1498)^‍‍[56].

Dejando a un lado el caso de los acuerdos mixtos relativos a sectores que son en gran medida competencia de la UE, la cuestión es si los efectos reflejos que una controversia de derecho internacional tiene en el derecho UE permiten activar la jurisdicción del TJUE. En nuestra sentencia y antes en Comisión/Bélgica (Escuelas Europeas) el Tribunal rechaza esta posibilidad en los supuestos en que (como sucedía en ambos casos) la infracción del derecho UE es una consecuencia directa e inmediata de la violación del derecho internacional. Teniendo en cuenta que el incumplimiento del derecho UE es, retomando la expresión de Stoppioni, un mero «spill over effect in EU law of the principal internationally wrongful act» (Stoppioni, E. (2020). CJEU finds it has no jurisdiction in the Slovenia/Croatia border case. EU Law Live [blog], 3-2-2020.‍2020) y dada la incapacidad del Tribunal de Luxemburgo para declarar la existencia de un ilícito internacional, su negativa a constatar las infracciones del derecho UE derivadas de manera automática de dicho ilícito nos parece acertada. En Eslovenia/Croacia el TJUE solo podría apreciar la vulneración por parte croata del principio de respeto del Estado de derecho, del principio de cooperación leal o de los instrumentos de derecho derivado en juego si previamente determinara que Croacia ha incumplido el convenio arbitral y el laudo, acción que escapa a sus poderes^‍‍[57].

El autor italiano mencionado contrapone la perspectiva que adopta el TJUE en nuestro asunto con la que mantuvo en Kadi/Al Barakaat^‍‍[58]. Recordemos que entonces, separándose del criterio del Tribunal de Primera Instancia^‍‍[59], el Tribunal controló la legalidad del Reglamento 881/2002^‍‍[60], por más que este hubiese sido adoptado por la CE en estricta aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dictada en el marco del capítulo VII de la Carta NU y que no dejaba margen de apreciación. La posibilidad de que la impugnación de la legalidad del Reglamento objeto del recurso de anulación supusiera un control indirecto o incidental por parte del TJUE de la legalidad de la resolución del Consejo de Seguridad de la que traía causa dicho reglamento, no detuvo al Tribunal de entrar a conocer del recurso de anulación, que terminó estimando. Sin embargo, en Eslovenia/Croacia es ese control indirecto o incidental sobre la conducta de los Estados miembros a la luz del derecho internacional que conllevaría el análisis de la conformidad de sus conductas con el derecho UE lo que detiene al TJUE del ejercicio de su competencia ex art. 259 TFUE.

A nuestro juicio, la distinta forma de actuar del Tribunal de Luxemburgo en Kadi/Al Barakaat, por un lado, y Eslovenia/Croacia o Comisión/Bélgica (Escuelas Europeas), por otro, no obedece a concepciones diferentes sobre las relaciones entre el derecho UE y el derecho internacional; no tiene que ver, frente a lo que sugiere Stoppioni, con que el TJUE abrace en el primer caso un enfoque monista, y en los otros dos un enfoque dualista. Todo se explica, creemos, en clave de cuáles son y no son los poderes del Tribunal.

En Kadi/Al Barakaat el TJUE ejerce la jurisdicción que le confiere en la actualidad el art. 263 TFUE sobre el Reglamento 881/2002, tras destacar que el hecho de que hubiese sido adoptado en aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad NU no hace a aquel inmune a su jurisdicción^‍‍[61]. Afirmada su competencia, el Tribunal la ejerce tomando como parámetro de legalidad del Reglamento los derechos fundamentales en tanto que principios generales del derecho UE, según la configuración que tenían entonces. Al obrar de este modo, el Tribunal se mantiene dentro de los límites que le marca el hoy art. 263 TFUE: examina la legalidad de un acto vinculante de derecho derivado de la UE a la luz de los principios generales reconocidos en este ordenamiento y que ocupan una posición jerárquicamente superior a aquel. Ese mismo análisis en clave competencial le lleva a sostener (discrepando por segunda vez con el Tribunal de Primera Instancia) que no corresponde, en cambio, al juez comunitario controlar la legalidad de la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad NU que el Reglamento 881/2002 impugnado viene a aplicar, ni siquiera limitando su control al examen de la compatibilidad de tal resolución con el ius cogens^‍‍[62].

En Comisión/Bélgica (Escuelas Europeas) y en Eslovenia/Croacia el TJUE no tiene forma de ejercer los poderes que le confieren los arts. 258 y 259 TFUE sin valorar la conducta de Bélgica y Croacia a la luz de ciertos instrumentos internacionales que les vinculan (el incumplimiento de estos es el presupuesto necesario para la existencia del incumplimiento del derecho UE) y esto es algo para lo que no tiene atribuida competencia en los Tratados. De acuerdo con las dos disposiciones referidas, el control de la conformidad de los actos de los Estados miembros se limita a los Tratados y a las obligaciones derivadas de estos.

Es el principio de atribución competencial, en concreto los poderes reconocidos y no reconocidos al Tribunal de Justicia, el elemento que, en nuestra opinión, explica las posiciones mantenidas en los tres pronunciamientos considerados acerca del alcance de la jurisdicción de esta institución de la UE. A ello se le une, pensamos, que en Kadi/Al Barakaat está en juego el control de la legalidad de los actos adoptados por la UE desde el punto de vista de los derechos fundamentales de la UE, mientras que en Comisión/Bélgica (Escuelas Europeas) y en Eslovenia/Croacia se trata del control de la actuación de los Estados miembros en relación con las obligaciones internacionales que pesan sobre ellos y sería absurdo pretender ignorar el valor que tiene en la doctrina del Tribunal de Justicia la idea de la Comunidad de Derecho, así como el papel esencial que el Tribunal reserva a los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico de la UE. En este sentido, resulta particularmente elocuente que el TJUE en Kadi/Al Barakaat califique como «principio constitucional» del Tratado CE el principio según el cual todos los actos comunitarios deben respetar los derechos fundamentales^‍‍[63]. Sin embargo, más allá de estas consideraciones de, por así decirlo, política judicial, lo cierto es que (y queremos insistir en ello) la teoría de la atribución competencial explica las posturas del TJUE en Kadi/Al Barakaat, en Comisión/Bélgica (Escuelas Europeas) y en Eslovenia/Croacia, por más que aquellas puedan, a primera vista, parecer diferentes.

Habiendo manifestado nuestro acuerdo con el Tribunal de Justicia en esta primera cuestión que no resultaba obvia de inicio, pasemos al siguiente tema que se plantea en la sentencia y que igualmente requiere cierta reflexión.

3. Otra cuestión no evidente: el rechazo a considerar la delimitación fronteriza operada por el laudo[Subir]

El TJUE no piensa que la frontera entre Croacia y Eslovenia haya quedado definitivamente establecida en virtud del laudo arbitral dictado el 29 de junio de 2017 y, en consecuencia, rechaza asumirla como un presupuesto fáctico para apreciar la realidad del incumplimiento del derecho UE por parte croata^‍‍[64].

Esta posición se fundamenta, por un lado, en la previsión del art. 7.3 del convenio arbitral, según el cual las partes adoptarán en los seis meses siguientes a la emisión del laudo todas las medidas necesarias para su aplicación, incluida, si así fuera necesario, la modificación de la legislación nacional, y en el hecho de que, según el Reglamento 1380/2013, el régimen de acceso a las aguas costeras de Eslovenia y Croacia en virtud de las relaciones de vecindad establecido en este instrumento solo se aplicará a partir del momento en que el laudo «se ejecute plenamente»; y, por otro lado, en la constatación de que el laudo no ha sido ejecutado^‍‍[65].

Mientras las partes en sus alegaciones y el abogado general Pikamäe en sus conclusiones se habían pronunciado con firmeza sobre el carácter self-executing o non self-executing del laudo (con Eslovenia a favor y Croacia y Pikamäe en contra)^‍‍[66], los jueces de la Gran Sala adoptan una postura más comedida y sostienen que si el Tribunal aplicara directamente el laudo a fin de apreciar la realidad de las infracciones del derecho UE achacadas a Croacia, se extralimitaría en las competencias que le confieren los Tratados e invadiría las competencias reservadas a los Estados miembros en materia de determinación geográfica de sus fronteras^‍‍[67].

Se plantee en términos más rotundos o más cautos, lo cierto es que el carácter autoejecutivo o no del laudo es un asunto capital: si al laudo se le reconoce ese rasgo, la extensión y los límites de los territorios respectivos de Croacia y Eslovenia pueden entenderse fijados por él y, a partir de ahí, cabría entrar a valorar si el primero de estos dos países ignoró las obligaciones derivadas del derecho UE, particularmente del derecho secundario; en cambio, si se entiende que el laudo no es directamente aplicable y que la frontera no quedará trazada hasta que se adopten las medidas de ejecución que aquel reclama, entonces el alcance de los territorios de los dos Estados miembros en la zona en disputa aún no estará del todo establecido y al TJUE no le será posible juzgar si Croacia violó o no el derecho UE.

Podría resultar llamativo que el Tribunal de Justicia resuelva esta cuestión decisiva sin examinar siquiera el contenido del laudo^‍‍[68], concediendo un valor definitivo a la voluntad expresada por las partes en el convenio arbitral. Tal proceder no puede, sin embargo, calificarse de erróneo desde la perspectiva del derecho internacional, pues más allá de cuánto de completos, incondicionales y claros sean los instrumentos pertenecientes a este ordenamiento, hay otro elemento que resulta determinante a la hora de establecer su carácter autoejecutivo o no, y es la voluntad expresada en este sentido por las partes en ellos. Entre nosotros, Díez-Hochleitner se ha referido a la cuestión, aplicada a las normas y obligaciones internacionales, apuntando que, en primer término, deberá considerarse la precisión e incondicionalidad con la que esté formulada la disposición o el instrumento de que se trate, añadiendo que: «La cualidad objetiva de una norma u obligación no basta, sin embargo, para afirmar su carácter auto-ejecutivo (self-executing), a expensas en último término de la voluntad de los sujetos internacionalmente obligados». En este sentido, el autor citado constata que: «Puede ocurrir que una disposición precisa e incondicional no goce de la aplicación directa, sea porque las partes en un tratado o los miembros de una organización internacional así lo han acordado (lo que no es frecuente), sea porque cada uno de ellos así lo ha decidido (lo que es posible en la medida en que no se hayan obligado, justamente, a una aplicación directa, y lo permita su Derecho interno)» (Díez-Hochleitner, J. (2007). Capítulo XVII: La aplicación de las normas y obligaciones internacionales en el orden interno. En A. Remiro Brotóns, R. M. Riquelme Cortado, J. Díez-Hochleitner Rodríguez, E. Orihuela Calatayud y L. Pérez-Prat Durbán. Derecho internacional (pp. 629-670). Valencia: Tirant lo Blanch.‍2007: 640). En su trabajo clásico sobre la aplicabilidad directa en derecho internacional, Verhoeven insistía en el carácter decisivo de la voluntad de las partes, que presentaba como condición necesaria y suficiente (Verhoeven, J. (1980). La notion d’«applicabilité directe» du droit international. Revue Belge de Droit International, 15 (2), 243-264.‍1980:259).

En nuestro caso, cuando Eslovenia y Croacia acordaron someter su controversia a un tribunal arbitral pactaron que el laudo resultante habría de ser posteriormente ejecutado por las partes; es más, fijaron incluso un plazo para ello^‍‍[69]. Es en esa voluntad en la que justamente repara el TJUE en el apdo. 106 de la sentencia, sin detenerse a examinar el contenido del laudo, para sostener que, a falta de su ejecución, la aplicación directa de la frontera determinada en él, a efectos de la apreciación de la conducta de Croacia, constituiría por su parte una actuación ultra vires. Es más, el Tribunal considera también la voluntad de las partes en el Tratado de adhesión de Croacia, que condicionaron a la plena ejecución del laudo la aplicación del régimen previsto en el Reglamento 1380/2013 en las aguas costeras de Eslovenia y Croacia.

Al plantearlo en los términos en los que lo hace, el TJUE actúa muy astutamente. Démonos cuenta de que no entra en la cuestión de la vigencia del convenio arbitral (que Croacia pretendía terminado), ni en la de la validez del laudo (igualmente cuestionada por ese país). Tampoco se pronuncia sobre la vinculatoriedad de este instrumento para las partes en la controversia derivada del pacta sunt servanda, ni sobre el carácter de hecho jurídico que tendría el laudo para el propio Tribunal por mor del principio res iudicata y que haría que aquel se le impusiera. Más aún, además de soslayar magistralmente todos estos espinosos asuntos, ante las dudas que pudiera suscitar su capacidad para pronunciarse sobre la aplicabilidad directa de un instrumento con respecto al cual la UE (y, por tanto, él) es un tercero, el TJUE limita con sumo cuidado el alcance de su apreciación, negando la aplicación directa de la frontera determinada por el laudo arbitral «a fin de apreciar la realidad de las infracciones del Derecho de la Unión de que se trata».