LA INTERVENCIÓN FEDERAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA^‍‍[1]

1. Las deficiencias de la Confederación y los debates constitucionales sobre la coacción federal[Subir]

1. Pronto se apreció la ineficiencia de la estructura creada para hacer frente a las necesidades comunes, en especial a las apremiantes exigencias financieras y militares de la guerra. Así, en 1781, el Congreso Continental nombró un comité para preparar un plan que dotase al Gobierno de poderes explícitos a fin de ejecutar sus leyes y decisiones en los estados. El comité —del cual formaba parte James Madison— elevó el 16 de marzo al Congreso una propuesta de reforma que contemplaba el que, ante el incumplimiento de uno o varios estados, aquel pudiese «autorizar el empleo de la fuerza de los Estados Unidos, por tierra y por mar, para obligar a dicho estado o estados a cumplir sus compromisos federales» (Gutzam, K. R. (2012). James Madison and the Making of America. New York: St Martin Press.‍Gutzam, 2012: 26). El comité entendía que tal poder existía ya implícitamente, y que solo se trataba de hacerlo explícito. No obstante, la enmienda sugerida fue rechazada debido a la oposición que podría provocar, y debido a las dificultades que entrañaría su implementación en los estados (Pohjankoski, P. (2016). Federal Coercion and National Constitutional Identity in the United States 1776-1861. American Journal of Legal History, 106, 326-358. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ajlh/njw007.‍Pohjankoski, 2016: 331).

Lejos de quedar cerrado, el problema de la incapacidad ejecutiva del Congreso seguiría lastrando a la Confederación, y la discusión sobre la existencia de poderes coactivos sobre los estados continuó aleteando entre los principales políticos. Para Jefferson, se trataba de un poder inherente del Congreso, que la Confederación poseería por ley natural^‍‍[4]. Más allá de la posición que cada cual sostuviese respecto a los poderes implícitos, la insatisfacción con la situación jurídico-positiva vigente era extendida. En su famoso ensayo sobre los Vicios del sistema político de los Estados Unidos, por ejemplo, James Madison destacó, como el principal de todos ellos, «la falta de sanción para las leyes, y de coerción en el gobierno de la Confederación» (Ketcham, R. (ed.) (2006). The Selected Writings of James Madison. Indianapolis: The Hackett Publishing.‍Ketcham, 2006: 37).

2. En el verano de 1787, la Convención federal —que se convertiría pronto en Convención constitucional— se reunió en Filadelfia para enmendar los Artículos de la Confederación. Lo hizo, además, bajo el espectro de una reciente rebelión en Massachusetts que había vuelto a demostrar la debilidad del sistema confederal^‍‍[5]. El documento a partir del cual la Convención inició sus trabajos fue el Virginia Plan, presentado el 29 de mayo por Edmund Randolph en nombre de la delegación de Virginia, y fuertemente inspirado por Madison. El plan propuso investir a la autoridad federal del poder de «requerir el uso de la fuerza de la Unión contra cualquier miembro de la Unión que incumpla su deber bajo lo dispuesto por los Artículos de la misma»^‍‍[6].

La idea de un poder de coerción cuyo destinatario fuesen los estados fue planteada también por el otro borrador de importancia en las discusiones, el New Jersey Plan, que constituía una respuesta de los estados pequeños al plan presentado por la delegación de Virginia. La renovada sugerencia de la coacción federal era más problemática si cabe en el plan de Nueva Jersey, dado que no preveía ninguna forma concurrente o paralela de coerción federal dirigida a los individuos (Pohjankoski, P. (2016). Federal Coercion and National Constitutional Identity in the United States 1776-1861. American Journal of Legal History, 106, 326-358. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ajlh/njw007.‍Pohjankoski, 2016: 337). Así, la coacción parecía tener como exclusivo destinatario a los estados. Este planteamiento recibió las críticas de algunos delegados como Alexander Hamilton, de Nueva York, o Edmund Randolph y George Mason, de Virginia. «¿Irá la milicia de un estado a otro —interrogaba con ironía Mason— con el propósito de recaudar los atrasos de impuestos de los miembros delincuentes de la república?» (Farrand, M. (ed.) (1911). The Records of the Federal Convention of 1787. New Haven: Yale University Press.‍Farrand, 1911: 339).

A juicio de Hamilton, «para evitar los males» de los Gobiernos confederales, la solución pasaba por «establecer un Gobierno general y nacional» (ibid.: 297). No se trataba tanto de dotar a la Federación de poderes de coacción dirigidos a los estados, sino de dotar a sus leyes de ejecutividad directa frente a cualquier ciudadano y de asegurar dicha ejecutividad. De hecho, Hamilton afirmaría en los Federalist Papers que «el vicio radical en la construcción de la confederación existente reside en el principio de la legislación para estados o gobiernos en su capacidad corporativa o colectiva, como contradistintos de los individuos de que constan»^‍‍[7]. Asegurar la coerción directa a los individuos habría de ser, a su juicio, por consiguiente, un mecanismo suficiente para garantizar la viabilidad de la Unión. En el curso de los debates sobre el Virginia Plan, esta tesis había sido interiorizada también por Madison, quien admitió que, «cuanto más reflexionaba sobre el uso de la fuerza, más dudaba de la practicabilidad, la justicia y la eficacia de ésta cuando se aplica al pueblo colectiva y no individualmente» (ibid.: 54).

2. La Constitución de 1787: cláusula de intervención federal y silencios constitucionales[Subir]

La sucesión de hechos narrada explica muy bien por qué la Constitución norteamericana no proyecta ninguna sombra de coerción federal sobre los estados, considerados corporativamente. Este silencio no significa, con todo, que semejante poder fuese descartado explícitamente; y, de hecho, en la mente de algunos de los más señeros founding fathers constituía, como se ha visto, un poder implícito, inherente a la idea misma de un Gobierno federal. Tan solo cabe concluir, sobriamente, que no se consideró prudente recoger semejante cláusula (Pohjankoski, P. (2016). Federal Coercion and National Constitutional Identity in the United States 1776-1861. American Journal of Legal History, 106, 326-358. Disponible en: https://doi.org/10.1093/ajlh/njw007.‍Pohjankoski, 2016: 338-‍339).

1. Sin salirse de este marco, la Constitución de 1787 incluyó una importante disposición que, en el futuro, serviría de base jurídica para la intervención federal. Se trata del art. I, sección 8.ª, cláusula 15.ª, de la Constitución, que atribuía al Congreso federal la competencia para «nacionalizar» la milicia en caso de obstrucción a las leyes federales: «[…] el Congreso tendrá el poder […] de convocar a la milicia para ejecutar las leyes de la Unión, suprimir insurrecciones y rechazar invasiones»^‍‍[8]. Para comprender el significado de esta cláusula, es necesario hacer algunas observaciones preliminares sobre la naturaleza de las milicias.

En los albores de la nación americana, las milicias (militias) fueron concebidas, según ha afirmado Akhil Reed Amar, como un «contrapeso militar»^‍‍[9] al Gobierno federal. En contraste con el ejército profesional a sueldo (army), eran creadas por conscripción obligatoria entre las personas capaces de portar armas. Encarnaban, por lo tanto, el paradigma de la salvaguardia militar de la libertad popular. Si la Constitución atribuía exclusivamente a la Federación la facultad de mantener un ejército profesional estable^‍‍[10], confería a los estados un papel capital en relación con las milicias populares. Así se desprende del art. I, sec. 8.ª, cl. 16.ª, de la Constitución: «[…] el Congreso tendrá la facultad […] de adoptar las medidas necesarias para organizar, armar y disciplinar la milicia, y para dirigir la parte de aquélla que se utilice en servicio de los Estados Unidos, reservándose a los estados, respectivamente, el nombramiento de los oficiales y la autoridad de instruir a la milicia de acuerdo con la disciplina prescrita por el Congreso».

Dentro del marco organizativo federal básico, las milicias eran entrenadas por los estados, y se hallaban bajo la autoridad de oficiales nombrados por aquellos. Su lealtad, por consiguiente, era predominantemente estatal; y, llegado el caso, podrían servir como instrumento de resistencia frente al abuso del poder central^‍‍[11]. No en vano, «una milicia bien regulada (a well regulated militia), siendo necesaria para la seguridad de un estado libre», fue objeto de reconocimiento en la II enmienda, dentro del Bill of rights exigido por algunos estados. Es en este contexto —en el que las milicias servían predominantemente de protección a los propios estados— como ha de contemplarse la facultad de «nacionalizar», en casos de emergencia, a las milicias locales «para ejecutar las leyes de la Unión, suprimir insurrecciones y rechazar invasiones».

2. En la cláusula relativa a la nacionalización de las milicias encontramos la referencia constitucional más importante a una eventual intervención federal coactiva para ejecutar el derecho de la Unión. De todas maneras, el análisis quedaría incompleto si no aludiésemos, al mismo tiempo, a dos silencios de la propia Constitución que guardan estrecha relación con el tema que nos ocupa:

1. La Rebelión del whiskey y las bases legislativas para el empleo de la fuerza[Subir]

1. La primera ley que, en desarrollo de la cláusula constitucional sobre la nacionalización de la milicia, autorizaba al presidente de Estados Unidos a recurrir a ella con el fin de asegurar la ejecución del derecho federal, fue la Militia Act 1792, de 2 de mayo de ese año, cuya sección 2.ª rezaba como sigue:

La sección 3.ª de la Militia Act 1792 exigía, además, un requerimiento presidencial previo dirigido a eventuales revoltosos: «Siempre que, a juicio del Presidente, sea necesario hacer uso de la fuerza militar convocada, el Presidente hará una proclamación con carácter previo [previous thereto] ordenando a los insurgentes dispersarse y retirarse pacíficamente a sus casas, dentro de un plazo limitado»^‍‍[18].

Por último, la sección 10.ª disponía una vigencia de la ley limitada a «un período de dos años, y desde entonces hasta el final de la siguiente sesión del Congreso»^‍‍[19].

2. Cercana ya la expiración de los dos años desde la aprobación de la Militia Act 1792, el presidente de los Estados Unidos, George Washington, recurrió a su sección 2.ª para reprimir la llamada Rebelión del whiskey, en lo que se considera como el gran precedente del uso de la fuerza militar federal en desórdenes internos^‍‍[20]. En 1791, el Congreso aprobó un impuesto sobre las ventas de whiskey con el objetivo de recaudar fondos para pagar las deudas contraídas durante la guerra. Se trataba del primer impuesto con que la nueva Federación gravaba un producto doméstico y, como había sucedido —todavía bajo los Artículos de la Confederación— con la Rebelión de Shays en Massachusetts, fue causa de un intenso rechazo. Más concretamente, desató el enfado de los granjeros del Sur y del Oeste, que destilaban parte del grano de sus cosechas para comerciar con whiskey. La situación degeneró en una rebelión en el Oeste de Pensilvania, donde los granjeros decidieron oponerse a la recaudación del impuesto federal. Las autoridades locales —jueces, jurados y agentes policiales— simpatizaban con la rebelión, y rehusaron apoyar la ejecución de la ley. Los granjeros bloquearon las carreteras y llegaron a embadurnar con alquitrán y plumas a los recaudadores. El agente federal (marshal) del distrito de Pensilvania trató de llevar a los sediciosos ante los tribunales federales, pero fue repelido por una multitud violenta.

En estas circunstancias, Washington decidió actuar siguiendo escrupulosamente los requerimientos de la Militia Act 1792 (Vladeck, S. I. (2004). Emergency Power and the Militia Acts. The Yale Law Journal, 114, 149-194. Disponible en: https://doi.org/10.2307/4135718.‍Vladeck, 2004: 161 y ss.). Así, recabó la notificación preceptiva del juez del Tribunal Supremo encargado del circuito^‍‍[21], James Wilson, en la que se especificaba que las circunstancias precisaban de la convocatoria de la milicia; emitió una proclamación ordenando a los insurgentes dispersarse; y, desatendida esta, llamó a la milicia de los estados de Nueva Jersey, Virginia y Maryland, que reprimieron la revuelta. Hay que añadir que, con la crisis en sus últimos estertores, hubo de procederse a una reautorización del Congreso para mantener el orden por algunos meses más^‍‍[22].

3. Desde un punto de vista jurídico, la intervención de Washington en la Rebelión del whiskey fue impecable. Siguió las prescripciones constitucionales y legales en todos sus extremos, lo cual disipó muchos temores respecto al posible abuso de los poderes federales de intervención. Aplacada la amenaza, en su discurso anual a ambas Cámaras del Congreso, de 19 de noviembre de 1794, Washington hizo memoria de los hechos acontecidos y rogó encarecidamente que se corrigiesen las deficiencias de un procedimiento de actuación que, teniendo en cuenta las comunicaciones de la época, era bastante trabado^‍‍[23]. Todo ello explica que, expirada la Militia Act 1792, se promulgase en 1795 una nueva versión de la norma de vigencia indefinida y más laxa en sus cautelas. En efecto, la Militia Act 1795, de 28 de febrero, simplificaba el procedimiento de intervención, eliminando la necesidad de notificación judicial y el requisito de que la proclamación presidencial antecediese a la intervención^‍‍[24]. Además, confería al presidente, con carácter general e inmediato, el poder de recurrir a las milicias de los distintos estados:

Como afirmó el Tribunal Supremo, la ley de 1795 convertía al presidente en «el juez único y exclusivo» de la concurrencia del supuesto de hecho habilitante^‍‍[26]. En adición a ello, la Rebelión del whiskey había resultado en «el establecimiento tanto de una ley permanente como de un precedente para cualquier uso futuro de la fuerza militar en desórdenes domésticos» (Coakley, R. W. (1988). The Role of Military Forces in Domestic Disorders, 1789-1878. Washington: Center of Military History.‍Coakley, 1988: 68).

4. En los años siguientes, la Militia Act 1795 volvería a ser invocada en algunas ocasiones. En particular, John Adams amenazó con emplearla en un caso similar al del whiskey, la Rebelión de Fries, a comienzos de 1799 (ibid.: 72). El 2 de marzo de ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que, por vez primera, autorizaba al presidente a recurrir a voluntarios en todos aquellos supuestos en que estuviese habilitado para recurrir a las milicias^‍‍[27]. Con ello, se iba abriendo la puerta al empleo del ejército federal en conflictos domésticos, incluidos los que tuviesen por objeto la ejecución de las leyes federales. Así quedó consagrado por la Insurrection Act 1807, que vino a completar el marco de la intervención federal. En una única disposición, esta norma autorizaba el uso del ejército (army) y de la marina (navy) en aquellas circunstancias en que fuese legítima la nacionalización de la milicia:

Con esta norma, se venía simplemente a extender y completar la regulación sobre el recurso a la fuerza militar para asegurar la ejecución de la legislación federal; una regulación que permaneció sin variaciones hasta 1861, en vísperas de la guerra civil. Aunque volveremos sobre ello más adelante, conviene anticipar que las normas estudiadas en este epígrafe siguen constituyendo —con algunas modificaciones a las que se hará referencia— la base de la regulación de la intervención federal en nuestros días.

2. La Crisis de la anulación[Subir]

El primer gran conflicto político-constitucional —que estallaría justamente al cumplirse el primer tercio del siglo— fue la Crisis de la anulación (Nullification Crisis), acaecida en los años 1832 y 1833, entre la Federación y Carolina del Sur. Para comprender esta crisis, es necesario volver la mirada de nuevo sobre la heredada ambigüedad acerca de la soberanía y los derechos de los Estados.

3. Los comienzos de la crisis de la secesión y la consolidación de la intervención federal[Subir]

Por más que la Crisis de la anulación se terminó resolviendo sin necesidad de emplear la fuerza, evidenció un conflicto de lealtades nacionales que, tan pronto como se proyectase sobre alguna cuestión sustantiva de vital importancia, habría de volver a estallar. Esa cuestión fue, como es sabido, la esclavitud, y el estallido del conflicto se produjo con la victoria electoral de Abraham Lincoln.

1. Desde una perspectiva constitucional, el resultado de la guerra civil estadounidense fue un nuevo contexto político en el que se consolidaría la identidad nacional del pueblo americano. Formuladas ya las pertinentes reflexiones sobre la soberanía discutida en el epígrafe anterior, huelga extenderse aquí en consideraciones preliminares de detalle sobre uno de los momentos más estudiados de la historia americana. Podemos partir directamente, pues, con la referencia al desafío planteado por varios estados a raíz de la elección de Abraham Lincoln, a finales de 1860, como presidente de los Estados Unidos. No se trataba —como en 1832— de la decisión de anular una ley federal, sino de la secesión misma de la Unión. Antes de que Lincoln asumiera el cargo en marzo de 1861, varios estados —con Carolina del Sur a la cabeza— habían dado ese paso. El líder de los secesionistas, el senador de Misisipi Jefferson Davis, pronunció en enero, incluso, un discurso de despedida (farewell address) ante el Senado en el que defendía la secesión como un derecho. Distanciándose expresamente de lo realizado durante la Crisis de la anulación, negaba en la situación presente cualquier poder coactivo legítimo de la Federación para «ejecutar las leyes de los Estados Unidos», dado que estas ya no se aplicaban en los «países extranjeros» surgidos de la secesión: «[…] ya no hay leyes de los Estados Unidos que hayan de ser ejecutadas dentro de los límites de un estado separado»^‍‍[43].

2. En contraste con la tibieza que había mostrado su predecesor, el nuevo presidente, Abraham Lincoln, estaba decidido a emplear todos los medios que fuesen necesarios para preservar la Unión. Nada más encenderse la violencia, el 12 de abril de 1861, con los primeros disparos en Fort Sumter, Charleston (Carolina del Sur), aplicó la Militia Act 1795 y, juntamente con la preceptiva proclamación, llamó a filas a 75 000 personas para hacer frente a los rebeldes (Coakley, R. W. (1988). The Role of Military Forces in Domestic Disorders, 1789-1878. Washington: Center of Military History.‍Coakley, 1988: 227). Convocó igualmente una sesión especial en el Congreso para el 4 de julio. En ella negó enfáticamente el derecho de secesión^‍‍[44], y recordó su juramento de «cuidar de que las leyes de la Unión sean fielmente ejecutadas» (Lincoln, A. (1923). The Writings of Abraham Lincoln, V (1858-1862). New York: Putnam’s Sons. ‍Lincoln, 1923: 327).

3. Poco después, el día 22 de julio, el Congreso dictó una ley que autorizaba al presidente a llamar a filas a 500 000 voluntarios^‍‍[45]. En adición a ello, el 29 de julio, el Congreso aprobó la Suppression of Rebellion Act 1861, una nueva reforma de las disposiciones sobre la nacionalización de la milicia —inalteradas desde las leyes de 1795 y 1807— que allanaba todavía más el camino para intervenir ante una insurrección:

Así rezaba la sección 1.ª de la nueva ley, que refundía en un mismo texto la habilitación para convocar a las milicias y al ejército. La ley mantenía la proclamación preceptiva (sección 2.ª) y aumentaba el plazo máximo de convocatoria de las milicias sin recabar la autorización del Congreso «a sesenta días a contar desde la siguiente sesión» (sección 3.ª). Con todo, como ha subrayado Vladeck (Vladeck, S. I. (2004). Emergency Power and the Militia Acts. The Yale Law Journal, 114, 149-194. Disponible en: https://doi.org/10.2307/4135718.‍2004: 166-‍167), la mayor relevancia del cambio legal consistía en ensanchar notablemente el supuesto de hecho, y en dotar al presidente de gran discrecionalidad para apreciarlo: «[…] siempre que se vuelva impracticable, a juicio del Presidente de los Estados Unidos, aplicar las leyes de los Estados Unidos por el curso ordinario de los procedimientos judiciales».

4. La importancia que, para este trabajo, poseen las leyes de intervención federal es que atribuyen poderes coercitivos excepcionales en el seno de un estado que, pretendidamente, mantiene su imperium relativamente incólume. Sin embargo, puede decirse que, a partir del 16 de agosto de 1861, el conflicto civil norteamericano mutó jurídicamente —si es que no lo había hecho antes incluso^‍‍[47]— y el escenario ya no era tal. Aquel día, Abraham Lincoln proclamó formalmente a los habitantes de los estados separados «en un estado de insurrección contra los Estados Unidos», y, hasta el 20 de agosto de 1866, la contienda fue librada entre las partes como una guerra, con todos los derechos de guerra reconocidos por el derecho de naciones^‍‍[48]. Constitucionalmente hablando, pues, el conflicto asumía una naturaleza que desborda el propósito de estas páginas. En cualquier caso, aunque la Suppression of Rebellion Act 1861 había tenido un papel limitado en el conflicto, el importante ensanchamiento de los poderes de intervención frente a la resistencia estatal en la aplicación del derecho federal quedó registrado, y facilitaría la acción presidencial en el futuro.

1. Un panorama nuevo[Subir]

Al término de la guerra, se abrió una nueva era constitucional en los Estados Unidos. La victoria de los unionistas, unida a la fatiga misma producida por el conflicto, había abierto las puertas a la consolidación de una identidad nacional, y ya no se volverían a reproducir conflictos de soberanía equiparables. Inicialmente, a través de las leyes de la Reconstrucción (Reconstruction Acts), se establecieron gobiernos militares en los estados rebeldes^‍‍[49], a los que se impusieron condiciones político-constitucionales para la readmisión en la Federación. No se trataba propiamente, huelga decirlo, de una intervención federal para resolver un problema nuevo, sino de un régimen posbélico de intervención transitoria, muy intenso, orientado a la integración pacífica tras la guerra.

En lo que respecta a las leyes que regulan la intervención federal, su texto se ha mantenido sustancialmente hasta nuestros días. La única modificación está ligada a las enmiendas constitucionales de la Reconstrucción (Reconstruction amendments). Efectivamente, el 20 de abril de 1871, el Gobierno federal aprobó la Civil Rights Act 1871, con el fin de ejecutar la XIV enmienda. Comúnmente llamada Ku Klux Klan Act, por dirigirse especialmente contra este grupo, la ley introdujo un nuevo supuesto de intervención en su sección 3.ª:

Con esta cláusula, al supuesto de sofocar insurrecciones y garantizar la ejecución de la ley se añadía uno dirigido específicamente a asegurar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Se trata de una cláusula, sin embargo, que permaneció «durmiente» hasta que, casi un siglo después, en 1957, volvió a ser necesario nacionalizar las milicias, esta vez para garantizar la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

2. La ejecución de Brown v. Board of education[Subir]

1. Las últimas resistencias estatales que propiciaron la intervención federal forzosa se produjeron en el contexto de la lucha contra la segregación. El caso más famoso está ligado a la sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, de 17 de mayo de 1954, la cual —revirtiendo la jurisprudencia de Plessy v. Ferguson, de 18 de mayo de 1896— ordenó la desegregación de las escuelas de todos los estados de la Unión, en aplicación de la XIV enmienda. El 31 de mayo del año siguiente, en una segunda decisión sobre el asunto (Brown II), el Alto Tribunal especificó que el deber de llevar a cabo la desegregación debía producirse no inmediatamente sino —empleando una fórmula algo más ambigua— «con toda rapidez deliberada» (with all deliberate speed)^‍‍[51].

La sentencia Brown fue mal recibida en numerosos estados. Todos los estados del Sur, con la excepción de Carolina del Sur y Texas, adoptaron «resoluciones de interposición» (resolutions of interposition) que resucitaban la vieja tesis de la anulación (Scheips, P. J. (2012). The Role of Federal Military Forces in Domestic Disorders, 1945-1992. Washington: Center of Military History.‍Scheips, 2012: 19). En el estado de Arkansas, la Asamblea aprobó varias leyes —e incluso una enmienda constitucional— con el fin de mantener la segregación. Empujado por la presión de los segregacionistas más acérrimos, que le hacían temer una pérdida de apoyo popular, el gobernador del estado, Orval Faubus, apoyó la obstrucción a la desegregación. Esta postura le enfrentó al consejo escolar del distrito de la capital, Little Rock, que, a partir de Brown II, adoptó una política de desegregación gradual^‍‍[52].

2. La primera impugnación del plan de integración progresiva en Little Rock no provino, de todos modos, de los segregacionistas, sino de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). En efecto, en el caso Aaron v. Cooper, la asociación impugnó ante el tribunal federal del distrito la denegación de admisión de veintisiete estudiantes negros en los colegios de Arkansas, en enero de 1956, por discriminación basada en la raza. En agosto del mismo año, el tribunal desestimó sus pretensiones y confirmó el plan del consejo escolar, lo mismo que hizo, en abril de 1957, la Corte federal de Apelaciones del Octavo Circuito. De este modo, el plan de desegregación gradual del consejo escolar de Little Rock quedaba respaldado por la justicia federal, y el tribunal federal del distrito retenía la jurisdicción sobre el caso.

La tensión entre segregacionistas y antisegregacionistas fue escalando en Little Rock, donde se decidió comenzar el proceso de integración en los grados diez a doce (14-‍16 años) de un colegio ubicado en un barrio blanco de clase trabajadora, el Central High School —una tarea que se convertiría en foco de disputa de trascendencia nacional^‍‍[53]—. A finales de agosto de 1957, en el caso Thomason v. Cooper, un grupo segregacionista logró obtener una orden judicial de un tribunal estatal de Arkansas prohibiendo la integración. Al parecer, en la decisión había desempeñado un papel importante el testimonio del gobernador Faubus aduciendo temores de violencia como consecuencia de la desegregación. Esta orden fue anulada por el tribunal federal del distrito.

Para el curso que comenzaba en septiembre, el consejo escolar había aceptado a nueve estudiantes negros y, aunque, al parecer, la mayoría de la población en Little Rock era pacífica y favorable a la integración, los activistas radicales que defendían la causa injusta —como suele ocurrir tantas veces— hicieron más ruido, y se arrogaron un derecho a voz muy por encima de su importancia numérica. Faubus llamó a servicio a la National Guard —la milicia del estado—, y el consejo escolar retrasó la matriculación de los estudiantes negros y solicitó una aclaración del tribunal federal del distrito, bajo cuya jurisdicción continuaba el asunto. El juez Ronald Davies, del mencionado tribunal, ordenó proceder a la desegregación el 3 de septiembre.

La reacción de Faubus fue ordenar a la Guardia Nacional mantener la separación entre estudiantes negros y blancos con el fin de impedir la entrada de los nueve estudiantes negros en Central High. De hecho, sin embargo, no se habían producido todavía altercados, con lo que dicha actuación suponía, lisa y llanamente, un desafío abierto a la autoridad federal. En los días siguientes, los estudiantes negros se encontraron un ambiente hostil de segregacionistas que contaban con el apoyo de la propia Guardia Nacional. El consejo escolar, por su parte, se veía en la tesitura de tener que ejecutar la decisión del tribunal federal del distrito sin contar con la fuerza para hacerlo.

3. El presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, intentó por todos los medios una aproximación pacífica a Faubus, con quien se llegó a reunir en su estancia vacacional de Newport para tratar el asunto. Pese a las buenas palabras, Faubus mantuvo su posición y siguió empleando a la Guardia Nacional para impedir la ejecución de la orden de la Corte federal, lo que agotó la paciencia de Eisenhower. El 23 de septiembre de 1957 hizo una declaración asegurando que emplearía la fuerza necesaria para ejecutar la orden judicial (Eisenhower, D. (1958). Public Papers of the Presidents: Eisenhower. Washington: Office of the Federal Register, National Archives and Records Service.‍Eisenhower, 1958: 689), e inmediatamente —el mismo día— emitió la proclamación preceptiva para aplicar las leyes que lo habilitaban para intervenir^‍‍[54], en particular las secciones 332, 333 y 334 del título 10 del US Code —normas que se corresponden con los preceptos ya estudiados de la Suppression of Rebellion Act 1861 y de la Civil Rights Act 1871^‍‍[55]—.

Al día siguiente, Eisenhower dictó una orden ejecutiva (executive order) mediante la cual federalizaba la National Guard de Arkansas y enviaba al ejército a Little Rock^‍‍[56]. Era la primera vez que el presidente de los Estados Unidos federalizaba la milicia desde la guerra civil. De parte del ejército, se seleccionó un grupo de combate que se desplazó de inmediato por aire y por tierra. Al mismo tiempo, la National Guard fue convocada al servicio federal para cooperar con el ejército. En veinticuatro horas, el presidente había movilizado las tropas, y el 24 por la tarde, Eisenhower se dirigió a la población para explicar su decisión. Aunque lamentaba haber tenido que llegar a ese punto, reiteraba «la firmeza» con que pretendía «seguir este curso de actuación hasta que las órdenes de la corte federal de Little Rock puedan ejecutarse sin interferencias ilegales» (ibid.: 690).

4. El miércoles, 25 de septiembre, más de trescientos militares armados acordonaban la zona del Central High School para dispersar a los revoltosos que impedían la aplicación de la ley y garantizar que los nueve estudiantes negros matriculados pudiesen asistir a las clases. Aunque se desarrolló en un contexto de gran tensión, su misión se saldó sin episodios serios de violencia. La presencia del ejército se mantuvo igual el jueves 26, y empezó a reducirse el viernes, al ir calmándose los ánimos. No obstante, con la retirada paulatina se volvieron a encender los focos de obstrucción, y las autoridades estatales —lideradas por el gobernador Faubus— dieron muestras de su noluntad de controlar la situación. Por ello, la vigilancia federal se hizo necesaria durante bastante tiempo, y la retirada definitiva de las tropas no se produjo hasta finales de mayo del año siguiente (Scheips, P. J. (2012). The Role of Federal Military Forces in Domestic Disorders, 1945-1992. Washington: Center of Military History.‍Scheips, 2012: 65-‍66).

La intervención federal en Little Rock supuso una demostración de fuerza muy importante para preservar la supremacía del derecho federal y los derechos de la población negra en un momento crucial. Evidenció, además, la determinación de los Estados Unidos a no doblegarse ante los episodios de resistencia que se daban entre los sectores segregacionistas del Sur, muchas veces protegidos y fomentados por las autoridades políticas. En fin, creó un precedente loable al que se volvería a recurrir en los años siguientes^‍‍[57].