DOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECISIVOS PARA EL AVANCE DEL RECONOCIMIENTO MUTUO DEL REGLAMENTO 805/2004: LA SENTENCIA DEL TC 26/2020, DE 24 DE FEBRERO Y EL AUTO DE LA AP DE GIRONA 243/2020, DE 10 DE JUNIO

1.2.1. Recurso de amparo núm. 4657/2014[Subir]

Se recurrió el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos de fecha 3 de junio de 2014, dictado en el procedimiento de ejecución de título judicial núm. 695/2009, que resolvió no haber lugar a declarar la nulidad de actuaciones desde el dictado del auto de 26 de octubre de 2009, que despachaba la ejecución. Es en este segundo procedimiento donde el demandante señaló que sus daños y perjuicios ascendían a 710 000 €, más un presupuesto de gastos y costas de 213 000 €. El cálculo de la compensación de 710 000 €, por la explotación no autorizada de la obra del demandante, es parte de este recurso de amparo núm. 4657/2014.

Se pretendía, pues, que se declarase la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en cuanto a la defensa del derecho a un proceso con todas las garantías, a ser oído en el proceso, al principio de contradicción, de audiencia bilateral e igualdad de armas, a la inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias firmes y a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos. Para proceder al pleno restablecimiento del derecho fundamental, se requería la nulidad del auto de 3 de junio de 2014 mencionado, así como del auto de 26 de octubre de 2009 que acordó el despacho de ejecución y de las restantes actuaciones subsiguientes, especialmente las resoluciones que acordaban el emplazamiento del Sr. Lee por edictos.

El recurrente denuncia también que el juzgado siguió el cauce procesal de la ejecución de los arts. 571 y siguientes LEC cuando procedía el de los arts. 712 y ss. LEC y conecta esta inadecuación del procedimiento a una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, invocando el art. 24.1 CE en lugar, a juicio del TC, del más idóneo art. 24.2 CE, que es el que la doctrina constitucional asocia a las denuncias relativas a la inadecuación del procedimiento seguido en instancia.

El recurso de amparo fue admitido a trámite por resolución de 30 de noviembre de 2015.

1.2.2. Recurso de amparo núm. 442/2015[Subir]

Se impugnaron tanto el auto de 3 de junio de 2014 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos desestimando la petición de revocación de la Certificación de Título Ejecutivo Europeo (en adelante, CTEE) promovida al amparo del art. 10.1 b) del Reglamento 805/2004, y el auto de 31 de julio de 2014 del mismo juzgado desestimando el recurso de reposición presentado frente al anterior auto de 3 de junio de 2014. Se interesaba que se declarara la nulidad de los referidos autos, restableciendo al Sr. Lee en sus derechos mediante la anulación de las resoluciones que acuerdan emitir y las que emiten el CTEE, que habría de ser anulado.

Se alegó la vulneración del art. 24 CE en varias de sus vertientes: a) derecho a la tutela judicial efectiva en lo que hace al derecho a obtener una resolución motivada: la razón de ser fue que el juzgado de lo mercantil certificó como TEE el auto de 26 de octubre de 2009, despachando ejecución, cuando, de conformidad con los arts. 3.1, 4.1, 4.2, 5 y 6.1 del Reglamento 805/2004, en relación con el art. 517 LEC, dicho auto no puede certificarse como TEE, sino solo la sentencia previa que dio lugar a él; b) derecho a un proceso con todas las garantías y a la proscripción de la indefensión, y ello por los siguientes motivos: la imposible certificación como título ejecutivo europeo de un auto despachando ejecución, como consecuencia además de un proceso previo en que ha existido un emplazamiento edictal. Argumenta el recurrente en amparo que no se respetaron las normas mínimas aplicables a los procedimientos y que sirven como condición para que las resoluciones obtengan la plena libertad de ejecución en territorio europeo según el Reglamento 805/2004 (entre ellas, emplazamiento personal, con proscripción del emplazamiento edictal).

El recurso de amparo núm. 442/2015 fue admitido a trámite por resolución de 30 de noviembre de 2015. En ambos recursos de amparo, y mediante otrosí digo, el recurrente solicitaba la suspensión parcial de la ejecución de título judicial núm. 695-‍2009 interesándose que la misma se disponga en relación con las actuaciones ejecutivas que conciernen al demandante en amparo don Christopher Frank Carandini Lee, también la suspensión del título ejecutivo europeo. Sin embargo, la Sala dictó los AATC 17/2016 y 19/2016, de 1 de febrero, denegando la suspensión solicitada en ambos casos.

Finalmente, el Tribunal Constitucional ordenó la acumulación de ambos recursos de amparo (recurso núm. 4657/2014 y núm. 442/2015), de manera que ambos fueron resueltos de manera simultánea en la misma Sentencia 26/2020, de 24 de febrero que es la que comentamos.

Mientras tanto, el Sr. Christopher Lee falleció el 7 de junio de 2015, y tanto el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos como el propio TC en ambos recursos de amparo admitieron la sucesión procesal del Sr. Lee en la persona de su viuda, a la que le reconocieron interés legítimo dado que la estimación o desestimación de dichos recursos, tendría un efecto directo en los intereses que corresponde defender a la Sra. Lee, designada testamentariamente como sucesora de su esposo, en el procedimiento de ejecución abierto. En palabras del TC: «hemos tenido ocasión de precisar que dicha legitimación activa se concede a toda persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación de un derecho fundamental, aunque la violación no se produzca directamente en su contra (ATC 1193/1988, de 24 de octubre, y 58/2000, de 28 de febrero)» (ATC 206/2006, de 3 de julio, FJ 2).

1.4.1. Interés jurídico y pedagógico de la sentencia del TC[Subir]

A nuestro juicio, la sentencia del TC, al margen de su relevancia jurídica como garante del derecho a la tutela judicial efectiva admitiendo la trascendencia constitucional de ambos recursos de amparo, cumple también un objetivo pedagógico de enorme importancia para los operadores jurídicos. Implícitamente, confirma la idea de que, en las relaciones transfronterizas de naturaleza civil, la defensa de los derechos hay que agotarla siempre ante los tribunales de los Estados de origen, base del principio de reconocimiento mutuo europeo^‍‍[22]. La representación jurídica, tanto la española como la inglesa, del Sr. Lee lo tenía claro, y actuaron en el convencimiento de que, ante una resolución española certificada como título ejecutivo europeo, solo se podía pedir en el extranjero la suspensión del procedimiento de ejecución si se hubiera ya iniciado, y siempre que se pudieran fundamentar los extremos del art. 23 del reglamento, quedando a la discreción del juez ejecutor la suspensión o no. Por ello, la defensa española del Sr. Lee recurrió en España con todas las armas del reglamento y el apoyo de la jurisprudencia del TJUE, sin conseguir resultado alguno. Ante la flagrante infracción de los derechos de defensa del demandado en los procedimientos declarativo y de ejecución, agravado por la certificación del TEE que le otorga libertad de ejecución sin posibilidad de control en el extranjero, agotó la penúltima posibilidad jurisdiccional de defensa del derecho fundamental planteando los recursos de amparo y antes de recurrir al TEDH.

La infracción del juez de Burgos al certificar una resolución notificada por edictos, lo que está expresamente prohibido por el reglamento (considerando 13) y confirmado por el TJUE^‍‍[23], la entendió el TC y entretejió la infracción del derecho europeo, no solo con la CE española, sino también con la CDFUE en los siguientes términos:

De otro lado, la defensa inglesa del Sr. Lee consiguió la suspensión de la ejecución encontrando un tribunal permeable a sus argumentaciones como hemos podido comprobar en el relato de la sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 6 de junio de 2018. Los astros se alinearon en una estrecha colaboración, base ineludible para alcanzar una correcta defensa de los derechos.

1.4.2. Priorización de la notificación personal para la ejecución de la sentencia en España[Subir]

El TC concluye:

De hecho, los abogados ingleses del demandante consiguieron hallar e informar fácilmente al demandado en Londres sobre el inicio de la ejecución de la sentencia. Advierte el TC de la autonomía de los procedimientos ordinarios y de ejecución sin que las notificaciones infructuosas del primero eximan del esfuerzo ab initio por parte del tribunal ordinario para observar la totalidad de las garantías procesales previstas en el art. 24.1 CE. Conclusión a la que llega tras una consistente revisión de la jurisprudencia constitucional anterior, que, podemos decir, hoy queda bendecida por la reciente sentencia TEDH de 15 de diciembre de 2020 en la que se condena a España por violación del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia del TEDH es el resultado del rechazo de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que el caso no tenía la «especial relevancia constitucional» requerida^‍‍[25]. La Corte de Estrasburgo, sin embargo, ha considerado que, tal y como planteaban los demandantes cuya primera noticia del desahucio les llegó por los apuntes de embargo en su cuenta corriente, las autoridades españolas no hicieron los esfuerzos suficientes para asegurarse de que, a la pareja, de finlandesa y gambiano, se le había comunicado efectivamente la puesta en marcha de un procedimiento de desahucio en su contra por un apartamento situado en Málaga. El TEDH concluye que el hecho de que la LEC establezca la dirección de la casa alquilada como dirección por defecto para enviar documentos no exime a los juzgados y tribunales de su obligación de informar a los afectados de los procedimientos de desahucio. Ordena, por tanto, a España a pagar a los demandantes 2400 euros en concepto de daños no pecuniarios y 8417,50 euros por costas y gastos, rebajando así las expectativas de la pareja, que había pedido 20 840 euros en daños pecuniarios —algo que el TEDH no ha apreciado—, otros 20 000 en daños no pecuniarios y 10 532,50 en costas y gastos. Esta misma línea jurisprudencial se mantiene en 2021 en la STEDH de 19 de enero, que resuelve sobre una ejecución hipotecaria en rebeldía. La Corte de Estrasburgo ha concluido que las autoridades judiciales españolas no fueron diligentes a la hora de informar al demandante sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria, por lo que no tuvo «una oportunidad razonable›› de participar en ellos, indicando asimismo que tampoco se le dio una ‹‹oportunidad razonable» para exponer sus argumentos en un nuevo juicio. Se trataba de dos ciudadanos neerlandeses con domicilio en Alemania, aunque en el préstamo hipotecario constaba un domicilio en España. El TEDH ha reprochado al juzgado de primera instancia que «solo hizo un intento de entregar personalmente las notificaciones». Después delegó en el juzgado de paz, que acudió a Correos, pero sin éxito porque —según el servicio postal— el primer tribunal no dio detalles suficientes de la dirección indicada. A pesar de ello, el juzgado de primera instancia optó por publicar las notificaciones en su boletín oficial, en lugar de buscar la dirección correcta en sus sistemas internos.

Sentencias como estas avalan, como afirma Garcimartín Alférez (Garcimartín Alférez, F. J. (2006). El título ejecutivo europeo. Navarra: Thomson-Civitas.‍2006: 190-‍198), que el art. 6 CEDH es el estándar internacional en materia de ejecución de resoluciones extranjeras.

1.4.3. Exigencias de la notificación en el proceso español para la ejecución en otro Estado de la UE[Subir]

La ejecución del CTTE en virtud del Reglamento 805/2004 como fórmula más avanzada es alternativa a las otras formas de ejecución de las resoluciones extranjeras (art. 27). Nos preguntamos entonces qué hubiera pasado si el demandante hubiera solicitado el exequátur en Inglaterra en virtud del Reglamento 44/2001, aplicable al caso al haberse planteado la demanda antes del 10 de enero de 2015, y no ser de aplicación el Reglamento 1215/2012 (art. 66.2). Dependerá de las circunstancias. Pero, en principio, y siendo preceptivo el trámite del reconocimiento previo para conseguir la ejecutividad, el demandado podría oponerse a dicho reconocimiento por defecto de notificación (art. 34.2). Ahora bien, la notificación por edictos, en este caso, no es óbice para solicitar el reconocimiento y la ejecución, solo que se requiere demostrar que se trataba de una rebeldía a la fuerza y no de conveniencia^‍‍[26]. Una notificación defectuosa quedaría subsanada por el conocimiento del demandado y la posibilidad de recurrir y que esta posibilidad de recurso permita la revisión plena fáctica y jurídica, aunque no implique una retroacción de las actuaciones^‍‍[27]. La notificación por edictos no es oponible siempre que se hayan realizado todas las investigaciones que exigen los principios de diligencia y buena fe para encontrar al demandado^‍‍[28]. En estas circunstancias, nos cabe la duda de si el juez inglés, con competencia en este caso para controlar la ejecutividad de la resolución española en el trámite de exequátur si no hubiera sido certificada, hubiera aceptado o no la oposición del demandado por lesión de sus derechos de defensa. Es cierto que, si el juez de Burgos no intentó la notificación personal y no agotó todas las posibilidades para encontrar al Sr. Lee, podemos entender que estamos ante una rebeldía a la fuerza por lo que, si se hubiera solicitado en Inglaterra el exequátur conforme al Reglamento 44/2001, quizás podría haber prosperado el motivo de denegación del art. 34.2 o quizás no, y se hubiera ejecutado, pues dependerá del umbral protector del derecho inglés aun debiendo aplicar los límites impuestos por la jurisprudencia del TJUE. Afortunadamente, en este caso, el Reglamento 805/2004 le ha permitido al demandado conseguir la suspensión de la ejecución en Inglaterra y proteger sus derechos por el juez de origen, en este caso el TC español. De aquí que el déficit de armonización sustantiva y procesal entre los Estados miembros de «Bruselas I bis», que se ha aducido como justificación para no eliminar el control de la resolución en el Estado de ejecución (Sánchez Lorenzo, S. (2019). Cincuenta años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea: el lado oscuro. En C. Esplugues Mota, P. Diago Diago y P. Jiménez Blanco (eds.). Cincuenta años de Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en el diván (pp. 53-86). Valencia: Tirant lo Blanch.‍Sánchez Lorenzo, 2019), pueda volverse en contra de la protección de las garantías procesales cuando dicha protección de los valores esenciales se llegue a encontrar más asegurada en el Estado de origen que en el Estado de ejecución.

En aplicación del Reglamento «Bruselas I bis», la solución no hubiera sido diferente^‍‍[29]; la sentencia española hubiera tenido eficacia ejecutiva directa en Inglaterra, lo que significaría que, en ningún caso, habría requerido trámite de reconocimiento previo o exequátur para iniciar el procedimiento de ejecución, al margen de que hubiera sido certificada o no en virtud del Reglamento 805/2004. Ahora bien, en el procedimiento de ejecución inglés el demandado podría haberse opuesto en virtud del art. 45.1.b) del Reglamento 1215/2012. Sin embargo, al haber sido certificada como TEE, dicha oposición del demandado ya sería imposible porque el control del cumplimiento de las normas mínimas y del respeto del derecho de defensa, lo debe realizar el juez de origen.

De aquí la trascendencia de la irregular actuación del juez de Burgos cuando deniega la solicitud de revocación del CTEE, cuyo auto de denegación se convierte en la base del segundo recurso de amparo y cuya trascendencia constitucional asume el propio TC^‍‍[30]. El juez de Burgos debió comprobar que el procedimiento no cumplía con las normas mínimas que establece el capítulo III del Reglamento 805/2004 y, por tanto, no debió certificar su resolución en primer lugar o, al menos, debió enmendar su error aceptando la solicitud de revocación para evitarle la indefensión al demandado. Normas mínimas, que, como ya se ha advertido, no son de aplicación directa ni tienen los Estados la obligación de incorporarlas si no fueran derecho procesal interno.

Lo interesante de la sentencia del TC es el encaje que consigue tejer con los hilos del derecho europeo y los del art. 24 CE en los siguientes términos:

De no haber realizado este encaje, le hubiera sido imposible al TC entrar en asuntos de legalidad ordinaria en cuanto a la aplicación del reglamento. Aunque el encaje es débil y los internacional-privatistas hubiéramos deseado más munición, sin embargo, ha sido suficiente ante el caso concreto. No ha hecho falta cuestión prejudicial ante el TJUE ni tener que terminar en el TEDH^‍‍[32], como hubiera sucedido si la sensibilidad del TC hubiera sido otra.

Posteriormente, el TC dictó el auto de 21 de septiembre de 2020^‍‍[33], en el que resuelve negativamente la solicitud de aclaración del fallo de la Sentencia en cuanto exige el compareciente que la retroacción de las actuaciones no se proyecte más que a una de las partes del procedimiento de instancia, esto es, exclusivamente al que fuera recurrente en amparo, partiendo del presupuesto de que al resto de las partes en la ejecutoria no se les ha vulnerado derecho fundamental alguno. Sin embargo, el TC dice claramente que los efectos que deban derivarse de la sentencia en relación con cada uno de los obligados solidarios, es una cuestión que deberá determinar el órgano judicial de instancia.

Dicho de otro modo, nuestro cometido no consiste en interpretar las normas procesales y determinar el concreto modo en que la repetición del procedimiento de ejecución afecta a los intereses de los ejecutados que no fueron recurrentes en amparo. Es competencia del órgano judicial de instancia dar cumplimiento a la sentencia resolutoria del recurso de amparo y, una vez reabierto el procedimiento de ejecución, velar porque el nuevo procedimiento respete los derechos fundamentales de quien fue recurrente en amparo y de todas las partes en dicho procedimiento. Y es en aquella sede en la que han de aclararse los efectos concretos de la reapertura del procedimiento de ejecución sobre los distintos ejecutados.

Finalmente, por providencia de 6 de junio de 2020, el juez de lo mercantil de Burgos considera improcedente la solicitud de la subsanación pretendida por el demandante del CTEE al no reunir los requisitos del art. 14 del Reglamento 805/2004.

1.4.4. ¿Por qué solicita el demandante la certificación del auto despachando la ejecución y no la resolución declarativa de la que trae causa?[Subir]

Otro de los debates del reglamento, y que se aborda en la demanda de amparo, es el relacionado con las resoluciones susceptibles de certificación. En este caso, el demandante solicita la certificación del auto despachando ejecución al ser la resolución que fija la cantidad ya que una condena de cantidad que no sea líquida, no es susceptible de ser certificada (art. 4.2 del reglamento)^‍‍[34]. Como la resolución declarativa solo condenaba al demandado al pago de una indemnización de forma genérica cuya determinación no era posible con una simple operación aritmética (art. 219 LEC), no era susceptible, por tanto, de certificación.

Según el art. 4.1: «se entenderá por resolución, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso». Esta noción autónoma de resolución debe ser encajada en cada sistema procesal a fin de concretar qué tipo de decisiones, cumplidos el resto de presupuestos, pueden ser certificadas como título ejecutivo europeo^‍‍[35]. Y en nuestro ordenamiento una cuestión que podría debatirse es si el auto despachando ejecución puede certificarse como TEE, es decir, si puede considerarse como una resolución ejecutiva sobre un crédito no impugnado conforme al Reglamento 805/2004, como así lo entendió el juez de Burgos. Al respecto, la doctrina mayoritaria se ha pronunciado en sentido negativo puesto que el auto que despacha ejecución no declara la exigibilidad de una deuda líquida, ni es una resolución ejecutable sino, como afirma Martín Mazuelos: «una decisión de iniciar la ejecución de otra anterior» (Martín Mazuelos, F. J. (2020). El decreto de la Administración de Justicia y el auto despachando ejecución, como títulos ejecutivos europeos para créditos no impugnados. Bitácora Millenium Derecho internacional Privado, 12. Disponible en: http://milleniumdipr.com.‍Martín Mazuelos, 2020: 12-‍14; en sentido análogoGascón Inchausti, F. (2005). El Título ejecutivo para créditos no impugnados. Navarra: Thomson-Aranzadi.‍, Gascón Inchausti, 2005: 80; Marchal Escalona, N. (2020). El recurso de amparo: la última oportunidad para la protección de los derechos fundamentales de defensa frente a la expedición de un título ejecutivo europeo. (Comentario a la Sentencia del TC 26/2020, de 24 de febrero). Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 39, 32-38. Disponible en: https://doi.org/10.17103/reei.39.18.‍Marchal Escalona, 2020: 37). Sin embargo, no vemos impedimento en incluir el auto que despacha ejecución en los procesos especiales previstos en nuestra LEC, así como el que liquida la deuda cuando no estuviera determinada en el declarativo, como debió seguirse en el caso comentado. Efectivamente, si se hubiera seguido el cauce de los arts. 712 y ss., hubiera habido un procedimiento contradictorio para determinar la cantidad adeudada que completaría la resolución declarativa^‍‍[36]. Si el demandante hubiera obviado el certificado TEE y hubiera solicitado el reconocimiento en Inglaterra de la resolución española en virtud del Reglamento 44/2001, aplicable temporalmente al caso como hemos visto, hubiera tenido que reconocer ambas resoluciones para iniciar posteriormente el procedimiento de ejecución en Inglaterra. Resulta extraño entonces que ambas resoluciones no formen un todo jurídico sancionador susceptible de certificación como TEE. Sin embargo, el juez de Burgos obvió este procedimiento. No obstante, el TC no aborda este aspecto, al no reconocerle trascendencia constitucional a la resolución certificable según el reglamento, extremo que, a nuestro juicio y al parecer también del TC, resulta ser un aspecto de legalidad ordinaria cuando afirma: «La cuestión concreta que debió haberse planteado el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Burgos, más allá de las consideraciones sobre si el auto despachando la ejecución era un título ejecutivo en el sentido del Reglamento»^‍‍[37].

Hay que afirmar que en la práctica española son frecuentes los supuestos en los que se certifican los autos despachando ejecución que determinan las cantidades a pagar o a devolver, y donde no hay debate, bien por la imposibilidad de oposición o bien por la ausencia de causa oponible; y en otros, se certifican resoluciones donde no ha habido impugnación en el declarativo y, sin embargo, sí en la fijación de la condena (Echezarreta Ferrer, M. (2020). El Reglamento 805/2004 sobre el Título ejecutivo europeo: Catorce años de aplicación en España. En P. Domínguez Lozano (dir.) y M.ª J. Elvira Benayás (coord.). Derecho internacional privado europeo: Diálogos con la práctica (pp. 23-64). Valencia: Tirant lo Blanch.‍Echezarreta Ferrer, 2020: 51-‍60). En una futura revisión del Reglamento 805/2004 debería plantearse el debate de la ampliación de la certificación de las resoluciones dictadas en cualquier tipo de procedimiento, como hemos visto más arriba. A nuestro juicio si cualquier resolución sobre condena al pago, impugnada o no, entrara dentro del ámbito de aplicación con las debidas garantías, el debate sobre la posibilidad de certificar el auto despachando ejecución, desaparecería.