CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 2020

1. Derecho a un juicio justo (art. 6 del CEDH) y no hay pena sin ley (art. 7 del CEDH)[Subir]

La primera sentencia que se expone en este nuevo número de la crónica de jurisprudencia fue dictada por la Gran Sala en el caso Gestur Jónsson y Ragnar Halldór Hall contra Islandia^‍‍[2]. La sentencia es relevante porque hace un repaso de la jurisprudencia del TEDH y aclara los principios sobre si, y en qué medida, procedimientos por desacato a un tribunal o relativos a mala conducta de abogados se pueden considerar de naturaleza penal y, por tanto, si están incluidos en el ámbito de aplicación de los arts. 6 (en su aspecto penal) y 7 del Convenio.

En el presente caso los demandantes eran abogados a los que se les asignó de oficio la defensa de determinados acusados en un procedimiento penal por fraude y manipulación de mercados. Tiempo después, ya comenzada la causa, los demandantes solicitaron que su designación fuera revocada, petición que fue rechazada por el tribunal que conocía del asunto. A pesar de ello, haciendo caso omiso de la decisión del tribunal, los demandantes no asistieron a la audiencia que daba inicio al juicio (los acusados tuvieron que acudir representados por diferentes abogados). Esto motivó que con posterioridad fueran condenados por desacato y por retrasar el procedimiento, y se les impusiera una multa de aproximadamente 6200 euros a cada uno. El Tribunal Supremo confirmó las multas, que consideró de naturaleza penal debido a su cuantía y a la ausencia de disposiciones legales que establecieran un límite máximo para dichas multas.

Los demandantes se quejaron de que la sanción que se les había impuesto, en un juicio en el que no estuvieron presentes (y, por tanto, sin que se les hubiera escuchado o se les hubiera permitido presentar alegaciones), habían vulnerado los arts. 6(1) y (3) y el art. 7 del Convenio. En primera instancia, una Sala del TEDH, concediendo un peso significativo a los razonamientos del Tribunal Supremo islandés, consideró que el art. 6 del Convenio era aplicable en su aspecto penal, aunque concluyó que, sin embargo, no había habido violación de los derechos alegados^‍‍[3].

No obstante, la Gran Sala (tras la petición de remisión del asunto por parte de los demandantes) llegó a diferente conclusión en relación con la cuestión de la aplicabilidad del art. 6 del Convenio. Considerando que el procedimiento en cuestión no implicaba la determinación de una «acusación en materia penal» en su sentido autónomo (es decir, el art. 6 en su aspecto penal no era aplicable al caso) y, además, teniendo en cuenta que no se había alegado que «derechos y obligaciones de carácter civil» de los demandantes estuvieran en juego, la Gran Sala rechazó las quejas de los demandantes por resultar incompatibles ratione materiae con las disposiciones del Convenio. La demanda, por consiguiente, fue declarada inadmisible.

En su argumentación, la Gran Sala se valió de los criterios ya consolidados en su jurisprudencia para determinar la aplicabilidad del art. 6 del Convenio en su aspecto penal, los denominados «criterios Engel»; esto es, la clasificación jurídica de la infracción en el derecho nacional, la naturaleza misma de la infracción y el nivel de gravedad de la sanción.

En aplicación de estos criterios, la Gran Sala consideró que el primer y el segundo de ellos no se cumplían: no se había demostrado que la infracción estuviera tipificada como «penal» en el derecho interno; y tampoco estaba claro, a pesar de la gravedad del incumplimiento de los deberes profesionales en cuestión por parte de los demandantes, si la infracción debía considerarse de carácter penal o disciplinario.

En cuanto al tercero de los criterios (el nivel de gravedad de la sanción), la Gran Sala comparó el presente caso con otros asuntos previamente examinados por el propio TEDH, para concluir que la naturaleza y el grado de severidad de la sanción no situaban la infracción en el ámbito penal. En este sentido, la Gran Sala tuvo en cuenta que el tipo de infracciones de las que fueron considerados responsables los demandantes no podían ser sancionadas con pena de prisión; las multas en cuestión no conllevaban privación de libertad en caso de impago, y no se se inscribieron como antecedentes penales en el registro de penados; y, aunque elevadas, la cuantía de las multas impuestas a los demandantes y la ausencia de un límite máximo legal no era suficiente para considerar la sanción como «penal». Aunque esta conclusión se apartaba claramente de la interpretación que había realizado el propio Tribunal Supremo islandés, que había considerado que la sanción tenía naturaleza penal, la Gran Sala destacó que nada impide a los Estados adoptar una interpretación más amplia que implique una mayor protección de los derechos y libertades en cuestión en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos (art. 53 del Convenio).

Por último, tras constatar que el procedimiento en cuestión no implicaba la determinación de una «acusación en materia penal» en el sentido del art. 6 del Convenio, la Gran Sala, por «razones de coherencia en la interpretación del Convenio considerado en su conjunto», procedió a declarar que las multas impugnadas tampoco podían considerarse una «pena» en el sentido del art. 7 del Convenio (reconociendo así el vínculo entre la noción «penal» de los arts. 6 y 7 del Convenio). Por consiguiente, la queja planteada en virtud del art. 7 del Convenio (no hay pena sin ley) también se consideró incompatible ratione materiae con las disposiciones del Convenio.

2. Libertad de expresión (art. 10 del CEDH) y derecho a elecciones libres (art. 3 del protocolo n.º 1)[Subir]

La segunda sentencia que se expone fue dictada por la Gran Sala en el caso Selahattin Demirtaş contra Turquía (n.º 2)^‍‍[4], de notable importancia para la jurisprudencia del TEDH. Este asunto se refiere a la pérdida de inmunidad y consecuente prisión preventiva decretada contra un miembro del parlamento (perteneciente a la oposición) a consecuencia de sus discursos políticos.

El demandante era diputado electo en la Asamblea Nacional de Turquía y uno de los copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), un partido político pro-kurdo de izquierdas. El 20 de mayo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Constitución turca mediante la que se levantaba la inmunidad parlamentaria en todos aquellos casos en los que las solicitudes de levantamiento de la inmunidad se hubieran transmitido a la Asamblea Nacional antes de la fecha de la adopción de la enmienda en cuestión. Esta reforma se justificó por el hecho de que, a juicio de sus promotores, ciertos diputados habían apoyado a grupos terroristas e incitado a la violencia (abusando por tanto de su inmunidad parlamentaria), en un contexto en el que se estaban produciendo graves actos de violencia y atentados terroristas en Turquía tras la ruptura de las negociaciones destinadas a resolver la denominada «cuestión kurda» (en 2014 y 2015) así como fuertes enfrentamientos armados entre Dáesh y fuerzas vinculadas al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) en Siria.

El demandante, miembro de un partido pro-kurdo y activo en sus discursos y declaraciones sobre los citados asuntos, fue uno de los 154 diputados (incluidos 55 miembros del HDP) afectados por la enmienda constitucional. En noviembre de 2016 fue detenido como sospechoso de pertenencia a organización terrorista e incitación a la comisión de delitos (posteriormente también se le imputarían otros delitos) y se ordenó su prisión preventiva.

En primer lugar, la Gran Sala dio respuesta a un buen número de objeciones preliminares presentadas por la representación de Turquía, solicitando que el caso o algunas de las quejas planteadas se declararan inadmisibles. Todas ellas fueron desestimadas. En cuanto al fondo del asunto, la Gran Sala comenzó por examinar la queja que había presentado el demandante alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, garantizado en el art. 10 del Convenio. A diferencia de lo que previamente había considerado la Sala^‍‍[5], la Gran Sala estimó que la cuestión suscitada bajo esta disposición era diferente a la planteada bajo el art. 3 del Protocolo n.º 1, por lo que se hacía necesario valorar la vulneración alegada de forma separada.

La Gran Sala, tras destacar la importancia de la libertad de expresión de miembros del parlamento y el elevado nivel de protección que debe tener el discurso parlamentario, declaró una violación del art. 10 del Convenio al considerar que la reforma constitucional había creado una situación que no era previsible para los diputados de la Asamblea Nacional, que perdieron su protección constitucional sin que hubieran podido prever razonablemente que una modificación de este tipo se introdujera durante su mandato. La reforma operada en la Constitución había tenido el efecto de derogar la inviolabilidad parlamentaria para un conjunto de diputados de la oposición, que en principio les protegía de cualquier arresto, detención o procesamiento durante su mandato sin la autorización de la Asamblea Nacional. La Gran Sala criticó —haciendo suya la opinión que había formulado la Comisión de Venecia— que se hubiera tratado de una enmienda ad homines de carácter único y sin precedentes en la tradición constitucional turca (en lo que definió como un «uso indebido del procedimiento de enmienda constitucional»), cuyo objetivo era limitar el discurso político de determinados diputados y que se dirigía expresamente a declaraciones concretas de miembros del Parlamento pertenecientes a la oposición, siendo, por consiguiente, contraria a los principios de todo Estado de derecho.

Asimismo, la Gran Sala fue más allá al destacar que la reforma constitucional no había derogado el principio de «no responsabilidad» de los diputados, mediante el que estos no podían ser considerados responsables ante tribunales penales por los votos emitidos o las declaraciones realizadas durante actos parlamentarios o por su repetición o difusión fuera de la Asamblea Nacional. A pesar de ello, las autoridades judiciales habían decretado la prisión preventiva y procesado al demandante, principalmente por sus discursos políticos, sin ni siquiera valorar si sus declaraciones estaban protegidas por el principio de «no responsabilidad» parlamentario. Por otro lado, también reprochó la que consideró una interpretación y aplicación demasiado amplia de disposiciones de derecho penal por parte de los tribunales nacionales, que no resultaba justificable al tratarse de conductas que implicaban el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Incidiendo en este último argumento, la Gran Sala también concluyó que las autoridades turcas habían vulnerado los arts. 5(1) y (3) del Convenio (derecho a la libertad y a la seguridad) a causa del tiempo que el demandante pasó en prisión preventiva (más de dos años y un mes). Estimó que ni en el momento en el que se ordenó la prisión preventiva del demandante, ni posteriormente cuando esta fue prorrogada, se podía considerar que existieran indicios razonables de que el demandante había cometido un delito. La Gran Sala consideró que ninguna de las decisiones sobre la prisión preventiva incluyó pruebas que pudieran indicar un vínculo claro entre sus acciones —principalmente sus discursos políticos y su participación en determinadas reuniones legales— y los delitos por los que fue detenido. La Gran Sala también criticó la tendencia de los tribunales nacionales a decidir sobre la pertenencia a una organización terrorista de determinadas personas sobre la base de elementos de prueba muy débiles, y a hacer una interpretación demasiado extensiva de los actos que justificaban la prisión preventiva.

Por último, la Gran Sala, al igual que previamente había hecho la Sala en primera instancia, también declaró una vulneración del art. 3 del Protocolo n.º 1 (derecho a elecciones libres). La sentencia es particularmente novedosa en tanto que, por primera vez, el TEDH se pronunció sobre una queja presentada en virtud del art. 3 del Protocolo n.º 1 relativa a los efectos de la prisión preventiva de un diputado electo en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Sobre esta cuestión la Gran Sala subrayó que la imposición de una medida de privación de libertad a un diputado o candidato en elecciones parlamentarias no constituye automáticamente una violación del art. 3 del Protocolo n.º 1. Sin embargo, de esta disposición se deriva una obligación procesal, que exige que los tribunales nacionales demuestren que, al ordenar la prisión preventiva de un diputado o la continuación de esta, hayan ponderado todos los intereses relevantes, en particular aquellos garantizados por el derecho a elecciones libres. Como parte de este ejercicio de ponderación, deben proteger la expresión de las opiniones políticas del diputado en cuestión. Tal es la importancia de la libertad de expresión de los diputados (especialmente de la oposición) que, cuando la detención de un diputado no sea compatible con el art. 10 del Convenio, se considerará que también infringe el art. 3 del Protocolo n.º 1. Otro elemento importante es si los cargos que se imputan al diputado de que se trate están directamente relacionados con su actividad política. Además, debe ofrecerse un recurso mediante el cual un diputado pueda impugnar su detención de forma efectiva y hacer que sus quejas sean examinadas en cuanto al fondo.

Por otra parte, la duración de la prisión preventiva de un diputado debe ser lo más breve posible y los tribunales nacionales deben efectivamente considerar medidas alternativas a la detención, y motivar si la posible imposición de medidas menos severas se considera insuficiente. En este contexto, la necesidad de que existan indicios razonables de que un diputado haya cometido un delito, tal como exige el art. 5(1) del Convenio, es igualmente relevante a efectos del art. 3 del Protocolo n.º 1.

En lo relativo a las circunstancias concretas del caso, la Gran Sala concluyó que, aunque el demandante había conservado su condición de diputado durante todo su mandato, el hecho de que le fuera efectivamente imposible participar en las actividades de la Asamblea Nacional a causa de su prisión preventiva constituía una injerencia injustificada sobre la libre expresión de la opinión del pueblo y sobre su propio derecho a ser elegido y a formar parte del Parlamento. Los tribunales nacionales no consideraron debidamente todos los elementos citados con anterioridad ni tomaron en consideración que el demandante no solo era un diputado, sino también un líder de la oposición, el desempeño de cuyas funciones parlamentarias exigía un alto nivel de protección. Por consiguiente, la Gran Sala estimó que la prisión preventiva del demandante fue incompatible con la esencia misma del derecho del demandante a ser elegido y a formar parte del Parlamento, de conformidad con en el art. 3 del Protocolo n.º 1.

Todo ello le valió a la Gran Sala para confirmar también una vulneración del art. 18 del Convenio (cuyo objeto es prohibir el abuso de poder), considerando que había quedado demostrado más allá de toda duda razonable que la detención del demandante, especialmente durante dos campañas cruciales relativas a un referéndum y a elecciones presidenciales, perseguía el objetivo último de reprimir el pluralismo político y limitar la libertad de debate político, que, al fin y al cabo, constituye el núcleo del concepto de sociedad democrática.

3. Requisitos para presentar una demanda interestatal ante el TEDH (art. 33 del CEDH)[Subir]

Otra de las sentencias que se destacan en la presente crónica no se refiere tanto a la interpretación o aplicación de uno de los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio sino a las condiciones para presentar una demanda interestatal ante el TEDH en virtud del art. 33 del Convenio. La Gran Sala dictó una decisión en el caso Eslovenia contra Croacia^‍‍[6], mediante la que aclaró que una Parte Contratante no puede utilizar el procedimiento interestatal para proteger los intereses de una persona jurídica que no tendría derecho a presentar una demanda individual en virtud del art. 34 del Convenio.

El Gobierno esloveno había presentado una demanda interestatal contra Croacia alegando una serie de violaciones de derechos contra el Ljubljana Bank, entidad nacionalizada por el Estado esloveno tras su declaración de independencia de la antigua Yugoslavia y actualmente controlada por el denominado Fondo de Sucesión, un organismo perteneciente al Estado. Eslovenia se quejó de que, mediante un comportamiento sistemáticamente arbitrario e ilegal, ya constitutivo de una práctica administrativa, las autoridades croatas han impedido y siguen impidiendo que el Ljubljana Bank ejecute y cobre las deudas de sus deudores croatas en Croacia.

Previamente, en el caso Ljubljanska Banka D.D. contra Croacia^‍‍[7], el TEDH ya había declarado inadmisible ratione personae una demanda individual presentada por el propio banco. Aunque era una entidad autónoma, el TEDH concluyó que no gozaba de la suficiente independencia institucional y operativa respecto del Estado para ser considerada una «organización no gubernamental» a los efectos de poder presentar una demanda de acuerdo con el art. 34 del Convenio.

En el presente caso interestatal, la Gran Sala decidió igualmente que el art. 33 del Convenio no faculta al TEDH para examinar demandas interestatales destinadas a proteger los derechos de entidades que no pueden considerarse «no gubernamentales». Por tanto, la Gran Sala concluyó que carecía de competencia para conocer de la demanda.

La argumentación de la Gran Sala pivotó en torno a tres claves. En primer lugar, la Gran Sala aplicó el principio general según el cual el Convenio debe leerse en su conjunto e interpretarse de manera que se promueva la coherencia interna entre sus disposiciones —incluidas disposiciones jurisdiccionales y procesales como los arts. 33 y 34 del Convenio—. Esto implicaba que el significado y el alcance del término «organización no gubernamental» debía ser el mismo a los efectos de ambas disposiciones.

En segundo lugar, la Gran Sala tuvo en cuenta la naturaleza específica del Convenio como tratado de derechos humanos, reconocido universalmente en derecho internacional. Recordó que, incluso en un caso interestatal, es siempre el individuo el que resulta directa o indirectamente perjudicado y principalmente «lesionado» por una violación del Convenio. En otras palabras, solo personas físicas, grupos de particulares y entidades jurídicas calificadas como «organizaciones no gubernamentales» pueden ser titulares de derechos en virtud del Convenio; pero no un Estado ni ninguna entidad jurídica perteneciente a él.

Por último, en tercer lugar, la Gran Sala extrajo una conclusión lógica del principio definido en el caso Chipre contra Turquía^‍‍[8] según el cual cualquier satisfacción equitativa otorgada en un caso interestatal debe ser siempre en beneficio de víctimas individuales y no en beneficio del Estado. Por consiguiente, si el TEDH constatara una violación en un caso interestatal presentado en nombre de una organización «gubernamental», el beneficiario eventual de cualquier suma concedida en virtud del art. 41 del Convenio sería únicamente el Estado demandante.

4. COVID-19[Subir]

Una de las novedades en el período de estudio del presente número de la crónica de jurisprudencia es que el TEDH (en formación de Comité) dictó la primera resolución directamente relacionada con la actual situación de emergencia sanitaria generada por la COVID-19, en el asunto Le Mailloux contra Francia^‍‍[9].

El demandante intervino en un procedimiento contencioso administrativo en el que un sindicato de médicos, insatisfechos con la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus por parte del Estado, solicitaba que se ordenara a las autoridades que adoptaran todas las medidas necesarias para proporcionar equipos de protección para los profesionales sanitarios, mascarillas quirúrgicas para pacientes y la población en general, así como que se hicieran test de detección masivos y se les autorizara a utilizar determinados medicamentos para el tratamiento de la COVID-19.

Ante la desestimación del recurso a nivel nacional, el demandante (que afirmó ser una persona vulnerable debido a una enfermedad grave), presentó una demanda ante el TEDH alegando una vulneración de los arts. 2, 3, 8 y 10 del Convenio en base a los defectos en la gestión de la COVID-19 por parte de las autoridades francesas.

El TEDH reiteró que, si bien el derecho a la salud no está reconocido per se como uno de los derechos garantizados por el Convenio, los Estados tienen la obligación positiva de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las personas bajo su jurisdicción, incluso en el ámbito de la salud pública. No obstante, en el caso de autos decidió declarar la demanda inadmisible al considerar que el demandante no se podía considerar víctima de las vulneraciones alegadas, siendo por tanto la demanda incompatible ratione personae con las disposiciones del Convenio.

El TEDH consideró que el demandate no había demostrado haber sido directamente afectado por las medidas impugnadas ni invocaba ninguna circunstancia que pudiera conferirle la condición de víctima potencial. En estas circunstancias, la demanda debía considerarse interpuesta con el único objeto de impugnar de manera general la legislación y las medidas adoptadas en Francia para luchar contra la pandemia, es decir, suponía una suerte de acción popular no amparada por el art. 34 del Convenio (sobre demandas individuales).

1. Laguna Guzmán[Subir]

La primera sentencia dictada contra España en este período concierne el derecho de reunión (art. 11 del Convenio) y fue dictada en el caso Laguna Guzmán^‍‍[23]. La demandante participó en una manifestación, que previamente había sido debidamente autorizada. Sin embargo, al finalizar esta, un grupo de entre cincuenta y sesenta manifestantes (entre los que se encontraba la demandante) siguió con la marcha de forma espontánea (y, por tanto, sin que las autoridades hubieran sido previamente informadas) hasta llegar a una plaza en la que un grupo de políticos estaban almorzando. Los manifestantes se apostaron frente al restaurante haciendo muestra de una pancarta.

Ante esta situación, agentes de policía solicitaron a los manifestantes que retiraran la pancarta y disolvieran pacíficamente la protesta para dejar transcurrir el tráfico con normalidad. Ante la negativa de los manifestantes, la policía los dispersó por la fuerza, produciéndose incidentes que resultaron en diversas personas heridas (incluidos dos agentes de policía) y varios manifestantes detenidos. La demandante (que portaba la pancarta) sufrió lesiones de diversa consideración en forcejeos con la policía, pero no fue detenida.

Tras los eventos se iniciaron procedimientos penales contra diez policías, por lesiones, aunque finalmente las causas fueron sobreseídas. La demandante presentó recurso contra la decisión de sobreseimiento, pero fue desestimado. También se iniciaron procedimientos penales contra algunos manifestantes (entre los que no se encontraba la demandante) por desobediencia y resistencia a la autoridad, pero finalmente estos fueron absueltos.

El TEDH analizó el caso desde el prisma del derecho de reunión de la demandante, para finalmente concluir que las autoridades españolas habían vulnerado el art. 11 del Convenio al considerar que la injerencia en el derecho de la demandante no había sido necesaria y proporcionada.

El TEDH reiteró que, si bien las normas que regulan las reuniones públicas, como el sistema de notificación previa, son esenciales para el buen desarrollo de los actos públicos ya que permiten a las autoridades minimizar las perturbaciones del tráfico y adoptar otras medidas de seguridad, su aplicación no puede convertirse en un fin en sí mismo. En particular, cuando aquellos que participan en manifestaciones irregulares no cometen actos de violencia, las autoridades públicas deben mostrar cierto grado de tolerancia hacia las reuniones pacíficas si no se quiere privar de todo contenido a la libertad de reunión garantizada por el art. 11 del Convenio.

En cuanto a los hechos del caso, el TEDH destacó que las autoridades dispersaron la concentración espontánea a pesar de que hasta ese momento se había desarrollado de forma pacífica. Consideró además que no se había demostrado que hubiera sido difícil para la policía contener o redirigir a los manifestantes, o controlar la situación de otra manera, ni que la manifestación hubiera generado un alto nivel de alteración del orden público.

En relación con la demandante, el TEDH apreció que su conducta no había sido violenta, lo que quedaba demostrado por el hecho de que no hubiera sido detenida ni procesada por ningún acto violento ocurrido durante las protestas y que su nombre ni siquiera se hubiera mencionado en los informes elaborados sobre los hechos. A pesar de ello, la demandante había sufrido lesiones como resultado de la intervención de la policía, que el TEDH consideró desproporcionada.

2. Gracia González[Subir]

La segunda sentencia, dictada en el caso Gracia González^‍‍[24], es concerniente al derecho a un procedimiento contradictorio como una de las garantías del derecho a un juicio justo (art. 6 del Convenio). También en este caso, el TEDH concluyó que había existido una violación del Convenio por parte de las autoridades españolas.

La demandante en este caso era la viuda de un bombero que falleció en un accidente de helicóptero. Tras el accidente, el juzgado de instrucción competente inició un procedimiento penal para investigar las circunstancias en que se había producido el accidente. La causa —en la que la demandante se había personado como acusación particular— fue inicialmente sobreseída (decisión que fue confirmada en apelación tras los correspondientes recursos). Sin embargo, tras el informe final sobre los hechos emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, y tras varios recursos presentados por las partes en el procedimiento (incluida la demandante), la causa fue reabierta —a lo que la Fiscalía se había opuesto en todas las alegaciones presentadas—, aunque, eso sí, el juzgado correspondiente ordenó que se continuara el procedimiento únicamente contra la empresa fabricante y el proveedor del componente que supuestamente había fallado.

Una asociación de pilotos (que también estaba personada en el procedimiento) presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial solicitando que se ampliara el objeto de la investigación para incluir también al propietario y operador de la aeronave. El juez de instrucción fijó un plazo conjunto para que todas las partes presentaran alegaciones. La Fiscalía se opuso al recurso, mientras que la demandante no presentó escrito alguno (posteriormente tampoco se le daría traslado del escrito de la Fiscalía de cara a presentar alegaciones contra este). La Audiencia Provincial no solo desestimó el recurso presentado por la asociación de pilotos (estimando, por ende, las alegaciones presentadas por la Fiscalía), sino que acordó el sobreseimiento de toda la causa y ordenó su archivo.

El procedimiento ante el TEDH se centró en determinar si el hecho de que no se hubiera dado traslado a la demandante del último escrito presentado por la Fiscalía solicitando el sobreseimiento del procedimiento para que, en su caso, hubiera podido impugnarlo —escrito que finalmente tuvo el efecto de que la causa fuera archivada en su totalidad— había supuesto una vulneración del principio de contradicción y, por tanto, violado su derecho a un juicio justo (art. 6 del Convenio).

El TEDH, como ya se ha adelantado, dio la razón a la demandante. Destacó que aun cuando el contenido del escrito de la Fiscalía se pudiera considerar una mera referencia a peticiones anteriores, ninguna de las otras partes en el procedimiento tuvo la oportunidad de presentar alegaciones contra esta última solicitud del fiscal de que se sobreseyera completamente el procedimiento. Esto tuvo el efecto de privar a la demandante de la oportunidad de responder por escrito a los alegatos del Ministerio Público.

El TEDH consideró que ello pudo constituir un defecto esencial, ya que el derecho de contradicción implica que cada parte debe tener la oportunidad de conocer y comentar las observaciones presentadas o las pruebas aportadas por la otra parte. El TEDH reiteró que no es necesario determinar si la falta de traslado del recurso causó un perjuicio a la demandante; la existencia de una violación es concebible incluso en ausencia de perjuicio.

Por todo ello, el TEDH concluyó que, en el presente caso, el mero hecho de que la demandante no hubiera podido responder al escrito de la Fiscalía significó que se le situó en una situación de desventaja frente al Ministerio Público en el procedimiento de apelación, de forma contraria a la garantía de un juicio justo prevista en el art. 6(1) del Convenio.

3. Otras sentencias[Subir]

Además de las dos sentencias citadas en los apartados anteriores, el TEDH (esta vez en formación de Comité)^‍‍[25] también dictó sentencia en otros tres casos presentados contra España, declarando en todos ellos una violación del art. 6(1) del Convenio (derecho a un juicio justo).

1. En la primera de estas sentencias, dictada en el caso Romero García^‍‍[26], se vuelve a condenar a España por no haber llevado a cabo una audiencia pública en segunda instancia (en un procedimiento penal ante la Audiencia Provincial), a pesar de que la sentencia dictada en apelación condenara al demandante por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio (a una pena de seis meses de prisión, además de al pago de una multa y la demolición de la construcción llevada a cabo de forma ilegal) tras haber sido previamente absuelto en primera instancia por el Juzgado de lo Penal correspondiente.

La clave que llevó al TEDH a declarar una violación del derecho a un juicio justo (art. 6(1) del Convenio) por parte de las autoridades judiciales españolas fue el hecho de que la Audiencia Provincial hubiera llevado a cabo en apelación una nueva apreciación de los elementos subjetivos del delito de que se acusaba al demandante (apreciando la existencia de dolo), sin que este hubiera tenido la oportunidad de ser oído personalmente para impugnar, por medio de un examen contradictorio, la nueva valoración realizada por la Audiencia Provincial.

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia tras pronunciarse sobre los elementos de hecho y de derecho que le habían permitido determinar la culpabilidad del acusado, pero —como el TEDH reiteró— cuando un tribunal extrae conclusiones a partir de elementos subjetivos, no puede realizar una valoración jurídica de la conducta del acusado sin establecer previamente la realidad de dicha conducta, lo que implica necesariamente comprobar si el interesado tuvo la intención de cometer los actos que se le atribuyen. En estas circunstancias, por ende, el análisis efectuado en segunda instancia requería la audiencia del demandante.

2. La segunda sentencia a la que se hace referencia en este epígrafe fue dictada en el caso Martínez Ahedo y otros^‍‍[27], en el que el TEDH aplica las conclusiones de la sentencia del caso Arrozpide Sarasola y otros^‍‍[28], cuyos hechos resultaban sustancialmente similares al presente caso.

Los demandantes fueron condenados en Francia por delitos vinculados a su pertenencia a la organización terrorista ETA (en diferentes sentencias dictadas entre 1998 y 2009). Posteriormente, una vez cumplidas dichas condenas y extraditados a España, se les condenó de nuevo en España por diferentes hechos. Entonces solicitaron que el período de cárcel que habían cumplido en Francia fuera acumulado al tiempo máximo de prisión que debían cumplir en España. No obstante, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo fallaron en contra de los demandantes y consideraron que no procedía tener en cuenta las penas purgadas en Francia a los fines de acumulación de penas. Los demandantes presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fueron declarados inadmisibles, ya sea por inexistencia de vulneración del derecho fundamental invocado o, en el caso de la queja relativa al art. 24 de la Constitución, por falta de agotamiento de la vía judicial previa y, en concreto, por no haber interpuesto incidentes de nulidad (de acuerdo con el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En el presente caso, el TEDH también falló a favor de los demandantes en lo que se refiere a las quejas relativas al derecho de acceso a un tribunal bajo el art. 6(1) del Convenio (derecho a un juicio justo)^‍‍[29], que consideró vulnerado a causa de las decisiones del Tribunal Constitucional que inadmitieron sus recursos de amparo. Su argumentación se basó, fundamentalmente, en las conclusiones del caso Arrozpide Sarasola y otros.

El TEDH observó que, en este caso, al menos dos de los actos de notificación de las sentencias de casación indicaban que las sentencias eran firmes pero que podían ser objeto de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, señaló que los motivos por los que los demandantes solicitaron el amparo ya habían sido examinados en detalle en el procedimiento de casación. Por último, más allá de dichas consideraciones, el TEDH consideró que los demandantes habían sufrido, como mínimo, una falta de seguridad jurídica en cuanto a su derecho de acceso al recurso de amparo.

3. Por último, solo queda exponer la sentencia dictada en el caso Karesvaara y Njie^‍‍[30], mediante la que se condena a España por violación del derecho de acceso a un tribunal, bajo el art. 6(1) del Convenio (derecho a un juicio justo), al no haber llevado a cabo notificación personal en el procedimiento que se había iniciado contra los demandantes.

El banco propietario del piso que los demandantes habían alquilado inició un procedimiento judicial de desahucio por impago de la renta del alquiler. El juzgado de primera instancia competente procedió a la citación de los demandantes en la vivienda arrendada por estos, aunque de forma infructuosa. El agente judicial informó que había intentado entregar la citación en dos ocasiones, pero los demandantes no se encontraban en la vivienda (en cuyo buzón, además, figuraban nombres de personas distintas a los demandantes). El juzgado, por tanto, procedió a llevar a cabo la citación por edictos y, posteriormente, ante la falta de oposición por parte de los demandantes, estimó la demanda presentada por el banco, ordenando el desahucio de la vivienda y condenando a los demandantes al pago de las cantidades debidas.

Ya en fase de ejecución, el juzgado ordenó el embargo de la cuenta bancaria de uno de los demandantes. El mismo día que el propietario se enteró de ello, acudió al juzgado y le fueron notificadas las decisiones despachando ejecución. Ante esta situación, los demandantes solicitaron la nulidad del procedimiento principal de desahucio argumentando que no habían recibido notificación o citación alguna en relación con el procedimiento (no pudiendo, por ende, oponerse a la demanda presentada por el banco) y que, además, tiempo antes de que se iniciara dicho procedimiento ya habían entregado las llaves de la vivienda al propio banco.

En su fundamentación, el TEDH reprochó que el juzgado de primera instancia no hubiera hecho ningún esfuerzo por buscar una dirección alternativa en la que notificar a los demandantes y optara simplemente por publicar la citación por edicto, a pesar de que las dos veces que se intentó entregar la citación en persona se utilizara la misma dirección (que había aportado el propio banco) y que el agente judicial alertara de que los nombres que aparecían en el buzón no se correspondían con los de los demandantes. En este sentido, el TEDH recordó que los arts. 155 y 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal como han sido interpretados por el Tribunal Constitucional español, establecen que los tribunales están obligados a realizar dicha búsqueda antes de recurrir a la publicación de edictos. Incluso en ausencia de tal búsqueda, el juzgado podría haber utilizado otra dirección que los propios demandantes habían incluido en el contrato de arrendamiento.

En consecuencia, el TEDH estimó la demanda considerando que se había vulnerado el art. 6(1) del Convenio por la falta de diligencia del juzgado a la hora de intentar notificar en persona a los demandantes. El TEDH concluyó que las autoridades no habían sido diligentes al informar a los demandantes del procedimiento de desahucio y, por tanto, estos no tuvieron una oportunidad razonable de participar en dicho procedimiento.

4. Decisiones de inadmisibilidad[Subir]

Para finalizar la crónica de jurisprudencia queda únicamente destacar que en este período también se dictaron dos decisiones de inadmisibilidad (en formación de Sala) en demandas presentadas contra España. Ambas, aunque dictadas en diferentes fechas, están íntimamente relacionadas, y resultan particularmente relevantes a la hora de entender el requisito de admisibilidad de haber agotado debidamente los recursos internos y, en particular, su aplicación en demandas presentadas contra España.

1. La primera decisión de inadmisibilidad se dictó en el caso Álvarez Juan^‍‍[31]. La demandante era una de las manifestantes que se concentró frente al Parlamento de Cataluña los días 14 y 15 de junio de 2011 en protesta por la reducción del gasto social, movilizaciones que habían sido previamente organizadas por el movimiento conocido como 15M.

La noche del 14 de junio de 2011, unas mil personas acamparon en una plaza cercana al parque de la Ciutadella (Barcelona). A pesar de que a la mañana siguiente la policía intentó el desalojo de los manifestantes para permitir el acceso de los diputados al Parlamento de Cataluña, estos tuvieron grandes dificultades para poder acudir a la sesión que se había programado para ese día debido a la actitud de los propios manifestantes, que les impidieron el acceso. Muchos de los diputados solo pudieron acceder escoltados por un importante dispositivo policial (e incluso debiendo utilizar los propios vehículos policiales), otros fueron rociados con líquido y comida, insultados e incluso golpeados cuando intentaban acceder al Parlamento, y otros (como el presidente de la Generalitat o el presidente del Parlamento) solo pudieron acceder al Parlamento en helicóptero.

Con posterioridad a los hechos se inició un proceso penal contra algunos manifestantes (entre los que se encontraba la demandante). En primera instancia, la Audiencia Nacional consideró que la conducta que se imputaba a los acusados debía considerarse como parte de su derecho fundamental a manifestarse, y que no se había cometido ningún abuso o exceso por su parte. La demandante fue absuelta. No obstante, el Tribunal Supremo, en casación, condenó a cada uno de los acusados, incluida la demandante, a tres años de prisión por delitos contra las instituciones del Estado. La demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que fue inadmitido por no haber cumplido con la obligación de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.

El TEDH, por su parte, declaró la demanda inadmisible por no haberse agotado debidamente los recursos internos. En concreto, el TEDH consideró que la demandante no había cumplido con los requisitos formales para poder presentar el recurso de amparo al no haber hecho argumentación alguna sobre la especial trascendencia constitucional del recurso. Todo ello a pesar de que en la fecha de su interposición la jurisprudencia del propio TC ya había precisado cómo se debía justificar la especial trascendencia constitucional y qué supuestos gozaban de tal trascendencia constitucional.

En este sentido, el TEDH reiteró los principios aplicables al agotamiento de los recursos internos (ya ampliamente desarrollados en su propia jurisprudencia). Recordó que la regla del agotamiento de los recursos internos no solo exige que se haya acudido ante los órganos jurisdiccionales internos competentes y que se hayan utilizado los recursos efectivos pertinentes para impugnar las resoluciones dictadas por estos. También se requiere que la queja que se va a presentar ante el TEDH se haya planteado previamente ante los tribunales nacionales (al menos en cuanto al fondo), en la forma y los plazos previstos por el derecho interno.

Una de las cuestiones más relevantes de la presente decisión de inadmisibilidad es que el TEDH aprovechó este caso para precisar su jurisprudencia en lo relativo al agotamiento de los recursos internos cuando el TC ha inadmitido un recurso de amparo por falta de especial trascendencia constitucional. Así, el TEDH diferenció el presente asunto de los casos Saber y Boughassal^‍‍[32] y Haddad^‍‍[33], en los que se había desestimado la petición de la representación del Estado español ante el TEDH de que fueran declarados inadmisibles alegando precisamente falta de agotamiento por parte de los demandantes. A diferencia de esos otros casos, que giraban en torno a la concreta apreciación de la transcendencia constitucional llevada a cabo por parte del TC —que había considerado que los asuntos carecían de dicha relevancia—, en el presente caso el TC declaró el recurso de amparo inadmisible debido a que la demandante no cumplió en modo alguno con la obligación que le impone la Ley Orgánica del TC de justificar la trascendencia constitucional de su recurso de amparo (ni en la forma, esto es, en un apartado específico de su recurso; ni en el fondo, exponiendo los motivos).

Es decir, el hecho de que el TC haya declarado la inadmisibilidad de un recurso de amparo por considerar que carece de especial trascendencia constitucional no impide que el TEDH se pronuncie sobre la admisibilidad y el fondo de una demanda presentada ante él. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando el demandante incumple la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo; además de la inadmisión de su recurso de amparo por una falta de diligencia que solo es imputable al recurrente, el incumplimiento de este requisito por parte del demandante dará lugar a la inadmisión de su recurso ante el TEDH por falta de agotamiento de los recursos internos.

2. El TEDH también dictó una decisión de inadmisibilidad por falta de agotamiento de los recursos internos en el caso Morales Rodríguez y Vázquez Moreno^‍‍[34], un caso muy similar al anterior, también como resultado de las concentraciones que se produjeron los días 14 y 15 de junio de 2011 frente al Parlamento de Cataluña.

El TEDH estimó que, aunque el recurso de amparo presentado por los demandantes en este caso había formulado alegaciones bajo un título relativo a la especial trascendencia constitucional del recurso, su argumentación se había limitado a afirmar la supuesta violación de sus derechos, sin mayor elaboración y sin explicar por qué se debía considerar que el recurso tenía una especial transcendencia constitucional. Los demandantes no habían realizado ningún esfuerzo por cumplir con el requisito de justificar la especial trascendencia constitucional de su recurso, limitándose a enumerar algunos casos en abstracto sin establecer la más mínima conexión con su caso y sin hacer ningún esfuerzo intelectual para cumplir con el mencionado requisito. Por tanto, los demandantes no justificaron «concreta y suficientemente» la especial trascendencia constitucional de su recurso.