LA INCONSISTENCIA DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE RESTRICCIÓN JUDICIAL DEL SUFRAGIO POR CAUSA DE DISCAPACIDAD MENTAL

1. La capacidad de intervención legislativa en el derecho de sufragio[Subir]

Ante todo, de los términos del art. 23.1 de la CE al reconocer el derecho de sufragio no se deduce incompatibilidad alguna con el anterior art. 3 de la LOREG. Es cierto que el art. 23.1 de la CE atribuye el derecho de sufragio activo a los ciudadanos en general, sin establecer limitación o excepción alguna o llamadas al legislador^‍‍[6], pero de este solo dato no cabe extraer la lesión del derecho por dicho art. 3 de la LOREG^‍‍[7], pues hay que tener en cuenta que la expresión «ciudadanos» no ha sido objeto de definición constitucional alguna y no hay razones para identificarla de forma automática con otras expresiones constitucionales más precisas, como «toda persona» o «los españoles», ni tampoco con la condición de reunir la mayoría de edad^‍‍[8].

Muy al contrario. El derecho de sufragio es un derecho de configuración legal^‍‍[9] y, en cuanto tal, la determinación de sus elementos estructurales, incluidas las condiciones que afectan a la titularidad y ejercicio, como ha reconocido de forma expresa el Tribunal Constitucional en varias ocasiones^‍‍[10], corresponde al legislador. Este dispone de cierto margen de actuación, siempre, naturalmente, que persiga un fin legítimo, no menoscabe su contenido esencial y respete los demás derechos y principios constitucionales (como la igualdad y no discriminación o la protección y promoción de colectivos específicos), de acuerdo con el principio de proporcionalidad, requisitos que —como podremos comprobar en este apartado y los siguientes— se cumplían en el caso del art. 3 de la LOREG.

Y así lo volvió a señalar el Tribunal Constitucional en el controvertido Auto 196/2016, de 28 de diciembre, que cerró el paso al estudio en profundidad por el Tribunal de la constitucionalidad del derogado art. 3 de la LOREG. En él se dice sobre la cuestión ahora abordada en conexión con este artículo lo siguiente:

Esta posición encuentra apoyo, por otra parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, canon de interpretación de gran valor en virtud de la llamada a este que hace el art. 10.2 de la CE. Los elementos más relevantes que considerar son los siguientes:

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, no contiene ninguna cláusula limitativa cuando proclama los derechos de participación^‍‍[12], pero sí la establece de forma general para todos los derechos que reconoce. Lo hace en el art. 29.2, que dispone que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades «toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática».

b) El art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 sí la establece, en cambio, de forma específica. Al reconocer los derechos políticos —entre ellos el derecho de «todos los ciudadanos […] a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores»— introduce la apostilla «sin restricciones indebidas».

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha precisado en su observación general 25, de 1996, el alcance de este art. 25, señalando que «el ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos», y cita como ejemplo que «la incapacidad mental verificada puede ser motivo para negar a una persona el derecho a votar o a ocupar un cargo público»^‍‍[13]. El Comité ha reiterado en 2013 la vigencia de esta observación^‍‍[14].

c) El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 no contiene ni una cláusula limitativa general para los derechos que proclama, ni específica para el derecho a las elecciones libres reconocido en el protocolo adicional de 1952, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí ha admitido en varias ocasiones la conformidad al Convenio de la delimitación por el legislador del ámbito subjetivo del derecho de sufragio^‍‍[15]. Y lo ha hecho de forma específica para las personas con discapacidad mental en el caso Alajos Kiss contra Hungría, de 2010, al señalar que los derechos reconocidos en el art. 3 del protocolo número 1 al Convenio «no son absolutos» y que «queda espacio para limitaciones implícitas», que «hay que conceder un mayor margen de apreciación a los Estados miembros en este campo», si bien deben cumplirse las reglas establecidas por el Tribunal para la limitación de derechos y tener en cuenta que, en caso de restricción de derechos a un colectivo vulnerable, como sucede con las personas con discapacidad mental, «el margen de apreciación del Estado es sustancialmente más estrecho» y debe aplicarse un escrutinio riguroso^‍‍[16].

No es obstáculo a este estado de cosas en el ámbito internacional el art. 29 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, relativo a la participación política y pública de las personas con discapacidad. Este precepto, a nuestro juicio, y a diferencia de lo que señalan el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad^‍‍[17] y numerosos autores^‍‍[18], no consagra un derecho incondicional al ejercicio del sufragio de toda persona con discapacidad, de tal forma que no quepa admitir excepción alguna a este, cualquiera que sea el estado de conciencia o grado de discapacidad mental de la persona^‍‍[19].

El art. 29 no se expresa en estos términos, ni tampoco formula ninguna prohibición expresa de limitar su ejercicio en todo supuesto. Establece, ciertamente, la obligación de los Estados partes de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, incluyendo «el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar», pero no impone esta obligación de forma aislada, sino a través de una serie de «formas» como la accesibilidad de los procedimientos, instalaciones y materiales, la protección del secreto del voto o posibilidad de voto asistido^‍‍[20]. Su finalidad no es, por tanto, imponer a los Estados un reconocimiento pleno y absoluto, sin excepciones, de la integridad del derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, sino, más bien, implicarlos en una tarea precisa de remoción de obstáculos y de apoyos para conseguir la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

Y así lo vio también el Tribunal Constitucional, zanjando las dudas interpretativas sobre el alcance del precepto y su posible incompatibilidad con el anterior art. 3 de la LOREG. En el auto ya citado de 2016 señala que la discapacidad en el sentido de la Convención «es un concepto muy amplio en que tiene cabida cualquier “deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo” que pueda impedir la efectiva igualdad», y que su «finalidad se inscribe más bien, en línea con el mandato contenido en el art. 9.2 CE, de remover los obstáculos que impidan o dificulten la emisión del voto libre, secreto y sin intimidación [apartado a, II y II, del art. 29; (sic)] de las personas con discapacidad»^‍‍[21].

2. La autodeterminación política como presupuesto de la universalidad del sufragio[Subir]

No es esto, sin embargo, todo lo que cabe decir en favor de la compatibilidad del precedente art. 3 de la LOREG con el principio de universalidad del sufragio, pues cabe aportar otro relevante argumento, aunque estrechamente conectado con el anterior, por incidir ambos en la naturaleza y esencia de este derecho. Nos referimos al correcto entendimiento del principio de universalidad del sufragio^‍‍[22].

Se trata de advertir que el sufragio universal opera y se afirma propiamente no en relación con toda persona, sino respecto de quienes formen parte de la comunidad política de que se trate y dispongan, además —por lo que ahora nos interesa—, de la capacidad de autodeterminación política o electoral, es decir, de las facultades mínimas precisas para poder formar una voluntad electoral consciente y libre, de la posibilidad de comprender la naturaleza y el acto de votar y poder determinar una voluntad electoral.

Esto nos remite a la misma delimitación del derecho de sufragio, que, como parte de su núcleo esencial, demanda esta capacidad de autodeterminación política en su ejercicio. Esta es un presupuesto indispensable de la participación política, que ha de ser necesariamente consciente y libre para poder ser auténtica. La capacidad de autodeterminación política es, pues, un elemento básico de la configuración del derecho de sufragio, que resulta de su misma delimitación. Es, más que un límite al derecho de sufragio en sentido propio, un elemento interno al propio derecho, que contribuye a definirlo constitutivamente.

En este sentido ya apuntó Kelsen (Kelsen, H. (1934). Esencia y valor de la democracia. Barcelona: Labor.‍1934: 34), hace casi un siglo, que existen ciertos «límites naturales» que «se oponen a la generalización de los derechos políticos y restringen el pueblo en el sentido activo», citando expresamente «la capacidad mental», además de la edad y la capacidad moral. Y, entre nosotros, y más recientemente, Presno Linera (Presno Linera, M. Á. (2003). El derecho de voto. Madrid: Tecnos.‍2003: 135-‍136) ha señalado que «la capacidad de autodeterminación política, fruto de la posibilidad de comprender las diferentes opciones y de discriminar entre ellas las que se consideren preferibles para la orientación de la comunidad, es, pues, una exigencia inherente a la participación y, por este motivo, su ausencia es un límite lógico de este derecho»^‍‍[23].

Cuestión distinta, y de mayor complejidad política y técnica, es la de la oportunidad de su exigencia o evaluación, así como, en su caso, la de decidir el momento y la forma de hacerlo. Así, por razones operativas, en la mayoría de los ordenamientos se ha solido presumir su existencia en los mayores de edad, sin que pudiera ponerse en cuestión salvo en supuestos excepcionales y con las debidas garantías —como es el caso, precisamente, de un proceso de modificación de capacidad o internamiento psiquiátrico—, y, al propio tiempo, se ha negado, sin posibilidad de prueba en contrario, a los menores de edad.

Esto significa, en conclusión, que la capacidad electoral para ejercer el sufragio a la que aludía el art. 3 de la LOREG, y que se identifica con la expresión más consolidada de capacidad de autodeterminación política o electoral, es una exigencia legítima para ejercer el sufragio desde el punto de vista de su naturaleza y que no menoscaba el principio de universalidad del sufragio. No afecta a la titularidad del derecho, que permanece inalterada, pero sí constitutiva y justificadamente a su emisión.

1. No es una medida esencialmente discriminatoria[Subir]

En relación con el primer elemento de crítica, el de que valorar la capacidad para votar de una persona sometida a un proceso de modificación de capacidad o de internamiento psiquiátrico sea en esencia discriminatorio para las personas con discapacidad, cabe traer a colación varios elementos, de muy distinto tenor.

a) En primer lugar, conviene recordar el significado y exacto alcance del principio de igualdad. Lo primero y más básico que hay que señalar a este respecto es que el principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la CE no impide establecer diferencias de trato entre categorías o grupos de personas, sino, más precisa y matizadamente, realizar diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable; lo censurable desde la perspectiva constitucional de la igualdad no es, pues, que se diferencie, sino que dicha diferencia no esté justificada de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados^‍‍[25].

Además, de manera más específica, hay que precisar que la prohibición de discriminación especial establecida en la segunda parte del art. 14 de la CE y que afecta a una serie de circunstancias personales o sociales («nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»), entre las cuales el Tribunal Constitucional ha incluido la discapacidad^‍‍[26], no entraña una prohibición absoluta de realizar un trato diferenciado con base en uno de esos motivos protegidos, sino, más limitadamente, que dicho trato debe ser objeto de un canon más estricto de justificación^‍‍[27]. La CE protege, pues, a los ciudadanos frente a la discriminación por una serie de circunstancias o condiciones especialmente arraigadas y marginadoras, como la discapacidad, pero lo hace, no por la vía de la exclusión de toda diferencia de trato basado en una de esas circunstancias, sino por la del rigor en la argumentación y la prueba de dicha diferenciación.

b) En cualquier caso, debe aclararse, como recordó el Tribunal Constitucional, que en el art. 3 de la LOREG no se estaba tratando a las personas con discapacidad como grupo o colectivo^‍‍[28]; ni en todo, ni en una de sus partes o subgrupos integrantes. No hay que confundir la amplia y genérica categoría de «las personas con discapacidad» —a la que aluden diversas normas tanto nacionales como internacionales—, ni, más limitadamente, la de las personas con discapacidad intelectual o psíquica —objeto de diversas medidas específicas de acción positiva en nuestro ordenamiento—, con la que integraba el supuesto de hecho del art. 3 de la LOREG, esto es, la de las personas sometidas a un proceso de modificación de capacidad por padecer, con arreglo al Código Civil, una enfermedad o deficiencia persistente que impide a la persona gobernarse por sí misma, o a otro de internamiento psiquiátrico por razón de trastorno psíquico^‍‍[29].

Es solo respecto de estas personas sobre las que podía plantearse, en el curso de dicho proceso, entre otras medidas posibles, la privación del ejercicio del sufragio. No se valoraba, por tanto, por la autoridad judicial, la capacidad para votar de las personas con discapacidad en general o de aquellas que adolecían de discapacidad intelectual o psíquica en particular, sino únicamente de quienes padecían una enfermedad o deficiencia que impedía a la persona gobernarse por sí misma, bien de forma persistente, bien de forma temporal por padecer una crisis psíquica, y se encontraban, además, sujetos a un proceso de adopción de medidas.

Y este examen de capacidad electoral es, por otra parte, coherente con la situación de base que padece la persona y con el mecanismo procesal puesto en marcha. Lo que hacía el art. 3 de la LOREG era únicamente concretar para el derecho de sufragio lo que el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil predican con carácter general para las personas que se encuentran en esta particular situación: el examen de su estado para precisar su situación jurídica con arreglo a las concretas circunstancias en que se halla^‍‍[30].

c) En tercer lugar, un argumento que va a la raíz misma de la crítica sobre el carácter esencialmente discriminatorio del anterior texto del art. 3 de la LOREG. Se trata de poner de relieve que las personas sometidas a un proceso de modificación de capacidad o de internamiento no son las únicas respecto de las cuales puede cuestionarse la capacidad electoral para ejercer el derecho de sufragio.

La capacidad electoral o de autodeterminación política, de poder formarse y expresar una voluntad consciente y libre, es, como hemos visto en el apartado anterior, un elemento esencial del derecho de sufragio, y, como tal, es exigible siempre a cualquier persona. Lo que ocurre es que, con la mayoría de edad, rige a su favor la presunción de existencia o de concurrencia, pero esta presunción puede ponerse en cuestión en supuestos excepcionales que tengan una sólida justificación y que se rodeen de las debidas garantías. Uno de ellos es, precisamente, el diseñado en el anterior art. 3 de la LOREG, que es independiente de unas elecciones concretas y que tenía lugar con ocasión de un proceso judicial cuyo objeto es la protección de la persona, pero es también perfectamente posible cuestionar la existencia de la capacidad electoral de cualquier persona en el momento mismo de la expresión del sufragio en un proceso electoral concreto si se pone de manifiesto de forma clara la falta de conciencia y voluntad en el elector.

Es esta una posibilidad que siempre ha existido en nuestro ordenamiento, aun sin contar con una regulación específica que la encauce. Las normas de cobertura son, en primer lugar, la Constitución, que, en diversos preceptos (arts. 23.1, 68.1, 69.2, 140), proclama la libertad de voto, y, en segundo lugar, la LOREG, con varios artículos de interés: el 4, que establece el ejercicio personal del sufragio, el 5, que de modo prohibitivo señala que «nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio», y el 91.1, que atribuye al presidente de la mesa electoral la autoridad exclusiva, dentro del local electoral, para «conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la observancia de la Ley».

Este elenco normativo se ha enriquecido recientemente de manera muy significativa tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la LOREG, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Nos referimos a la introducción en el art. 3.2 de la exigencia expresa de que el sufragio se ejerza «consciente, libre y voluntariamente». Con ella ha quedado más clara la posibilidad de cuestionar la capacidad electoral para votar de cualquier elector.

Ahora bien, el problema, tanto antes de la reforma como ahora, es, como apuntábamos, la falta de mecanismos específicos que ordenen o regulen este cuestionamiento. Ello obliga a acudir a las normas generales que puedan resultar de aplicación más o menos directa^‍‍[31], lo cual puede dar lugar a situaciones de gran incertidumbre sobre lo que hacer por parte de los distintos agentes gestores intervinientes en el proceso electoral —fundamentalmente las mesas electorales, pero también los notarios y los funcionarios de Correos—, y, en consecuencia, originar una enorme disparidad de criterios sobre la forma de abordar y resolver la cuestión suscitada.

La Junta Electoral Central ha sido consciente de la situación y ha tratado de ordenar el problema, apuntando determinados criterios interpretativos, en cuya exposición y análisis, sin embargo, no podemos entrar en este momento sin desviarnos de nuestro objeto de estudio^‍‍[32]. Basta tan solo señalar que la actuación de la Junta ha sido claramente positiva por haber proporcionado seguridad jurídica al proceso electoral, sin perjuicio de que merezca alguna crítica y sea susceptible de revisión y complemento^‍‍[33], y que, en todo caso, no compensa la disminución de garantías que supone la supresión de la intervención judicial en la constatación de que el ejercicio del derecho de sufragio no se realiza de forma consciente, libre y voluntaria.

2. No es una medida desproporcionada[Subir]

No es esto todo lo que cabe apuntar en defensa del ajuste del derogado art. 3 de la LOREG al principio de igualdad. Ello se debe a que no solo se ha criticado de plano, por discriminatoria, la evaluación de la capacidad electoral de las personas sometidas a un proceso de modificación de capacidad o internamiento, sino que también se ha apuntado que dicha evaluación supone, en cualquier caso, una injerencia desproporcionada en el derecho de voto.

Frente a esta segunda crítica son varios los argumentos que utilizar, y que, en conjunto, ponen de manifiesto, a nuestro juicio, la proporcionalidad de este precepto, siempre que se interprete de forma adecuada, es decir, con arreglo a su finalidad y con criterio restrictivo, salvando su censurable falta de precisión^‍‍[34]. En cualquier caso, conviene mantener en la mayor medida posible la argumentación en un plano general, que trascienda los concretos términos en que estaba redactado el art. 3 y que eran claramente perfectibles, pues la crítica que cuestionamos es también general y aplicable, por tanto, a cualquier norma —esté en el ordenamiento que esté— que permita la restricción del sufragio por falta de autodeterminación de la persona.

Tales argumentos son, sintéticamente expuestos, los siguientes:

a) La finalidad que persigue el art. 3 de la LOREG es de la mayor relevancia en términos constitucionales: de un lado, y de forma principal, proteger la integridad del proceso electoral, que exige en su misma esencia que la expresión del sufragio sea consciente y libre, fruto de la autodeterminación política de la persona, sin sustituciones, ni presiones de terceros, a fin de poder conocer de forma auténtica, sin distorsiones, la voluntad del pueblo, y, de otro lado, de modo secundario, defender el interés de la propia persona afectada, evitando su manipulación y la consiguiente lesión de su dignidad personal^‍‍[35].

b) La causa que motivaba la restricción del sufragio que preveía el art. 3.1 de la LOREG es estrictamente la incapacidad electoral o, según los términos literales del precepto, la «incapacidad para ejercer el derecho de sufragio». No es una incapacidad intelectual o psíquica general, ni tampoco se corresponde simplemente con la existencia de una enfermedad o deficiencia que impida a la persona gobernarse por sí misma, sino que es una incapacidad específica para tomar una decisión electoral.

c) El juicio de capacidad que había de realizar el juez exigía, por ello, un examen individualizado de la persona que atendiese a la particular disfuncionalidad que padecía y su repercusión en el sufragio. Es lo lógico y, además, lo había establecido con gran claridad el art. 3.2 de la LOREG, que señalaba en su punto segundo que los jueces o tribunales que entiendan de los procedimientos de incapacitación o internamiento «deberán pronunciarse expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del sufragio y que en el supuesto de que ésta sea apreciada, lo comunicaran al Registro Civil».

d) No existía, por tanto, automatismo alguno entre la puesta en marcha de un proceso de modificación de capacidad o internamiento psiquiátrico, la decisión judicial de introducir efectivamente medidas sobre la persona afectada, tras evaluar la gravedad de sus problemas de autogobernación, y, por último, la adopción de la medida concreta de restricción del sufragio. Era posible, pues, que el proceso concluyese sin que se adoptase medida alguna de carácter restrictivo, así como que se adoptasen medidas de este tipo y que entre ellas no estuviera la privación del ejercicio del sufragio, como también que esta medida sí se decretase junto con otras de otro tipo. Dependía del caso particular. Y así lo recordó el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones en los últimos años^‍‍[36], aunque los tribunales no hubiesen sido siempre lo rigurosos que debían en la disociación de la restricción del sufragio^‍‍[37].

e) La incapacidad electoral o incapacidad para ejercer el sufragio como causa de restricción de este estaba, por otra parte, claramente identificada. Como ya señalamos anteriormente, la expresión se vincula con el concepto más tradicional de autodeterminación política o electoral, que hace referencia a la situación de la persona que está en condiciones de formarse una voluntad electoral consciente y libre, de comprender la naturaleza y el efecto de votar y tomar una decisión al respecto. Es la capacidad de poder tomar una decisión de voto de acuerdo con la finalidad del proceso electoral y en las condiciones materiales de personalidad, libertad y voluntariedad requeridas por la propia esencia del derecho de sufragio.

f) La privación del ejercicio del sufragio por la incapacidad electoral de la persona era, por ello, plenamente coherente con la naturaleza de este derecho fundamental, como ya vimos también, pero es necesario reiterar ahora. El derecho de sufragio demanda para su ejercicio, como parte de su núcleo esencial, la capacidad de autodeterminación política; es un elemento básico de su configuración, que queda dentro de su ámbito de delimitación más fundamental.

g) La incapacidad para ejercer el sufragio, no obstante, de acuerdo con una interpretación restrictiva de la norma, propia de las limitaciones de los derechos fundamentales^‍‍[38], solo podía declararse en casos excepcionales y extremos en que pudiera encontrarse la persona incursa en un proceso de adopción de medidas, como había ya asumido la jurisprudencia^‍‍[39]. La interpretación constitucionalmente adecuada de la norma suponía, pues, en materia de evaluación de la capacidad, un estándar de exigencia leve o bajo como criterio general que seguir. La ley no había precisado, sin embargo, la situación o motivos que permitían apreciar tal incapacidad bajo este estándar de mínimos, como hubiera sido deseable y se había propuesto desde distintos sectores^‍‍[40] —aunque no es fácil hacerlo—, pero sí cabe señalar que este criterio apunta a supuestos límites, como, entre otros, el estado de inconsciencia o semiinconsciencia, la ausencia de la mínima de capacidad de conocimiento o decisión o la pérdida de toda razón o sentido en relación con el acto de votación, como ya había señalado abundante jurisprudencia^‍‍[41].

h) En su decisión el juez debía tener en cuenta los diversos intereses y circunstancias concurrentes en el caso y no solo la capacidad abstracta del sujeto para formarse una opinión política y los elevados fines a los que se dirige la medida^‍‍[42]. Así, había de valorar los efectos que la participación en un proceso electoral puede tener para fomentar la autonomía del sujeto y favorecer su integración social; el entorno familiar y social que tiene el afectado; el hecho cierto de que el derecho de sufragio es intransmisible por su carácter personalísimo y que, por tanto, no cabe ejercerlo por representación, o la posibilidad de paliar o superar la «incapacidad electoral» presente en la persona mediante mecanismos de auxilio o apoyo.

i) Incidiendo en este último punto, es importante advertir que, en sentido estricto, el juez solo podía adoptar la medida de privación del ejercicio del sufragio si no existían en el caso concreto alternativas menos gravosas que permitiesen conseguir una participación libre y consciente del afectado, como serían, precisamente, esas medidas de apoyo. El art. 3 de la LOREG, tal y como había sido interpretado por la jurisprudencia última, como hemos apuntado antes, era una norma de aplicación excepcional y, por tanto, de manera coherente, hay que entender que solo permitía restringir el sufragio cuando no hubiera forma alguna de superar la incapacidad electoral^‍‍[43].

j) La decisión judicial se adoptaba tras un concreto proceso rodeado de todas las garantías, de acuerdo con las reglas procesales legalmente previstas: el examen directo por parte del propio juez, el reconocimiento a cargo del médico forense y de otros profesionales que propongan las partes, la audiencia a la persona afectada, sus allegados y el Ministerio Fiscal, y la práctica contradictoria de todas las pruebas a que hubiera lugar^‍‍[44]. Ni la ley ni la jurisprudencia habían establecido, sin embargo, un estándar de prueba en este terreno, como hubiera sido deseable, es decir, un método preciso y adecuado para evaluar la capacidad electoral mínima exigible; por ello, los jueces y forenses realizaban la evaluación según su propio criterio, si bien existían protocolos técnicos muy depurados de gran eficacia a su disposición^‍‍[45].

k) La resolución que, en su caso, acordase la privación del ejercicio del derecho de sufragio debía contar con una motivación específica y detallada de las concretas circunstancias que cuestionasen la capacidad para el ejercicio del derecho de sufragio y de la ponderación realizada de los intereses en juego, según los criterios específicos de motivación judicial reforzada sentados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de limitación de derechos, y, en especial, en relación con un grupo especialmente protegido, por vulnerable, como es el de las personas con discapacidad. Es un punto en el que la Fiscalía General del Estado había hecho siempre especial incidencia^‍‍[46].

l) La decisión adoptada era, asimismo, recurrible en apelación y, en su caso, casación, y, además, estaba sujeta a las solicitudes de revisión que, en su caso, pudieran presentar el afectado, sus representantes o el Ministerio Fiscal (León Alonso, M. (2014). Los derechos de participación política de las personas con discapacidad: el derecho al voto. Revista Europea de Derechos Fundamentales, 24, 167-193.‍León Alonso, 2014: 181-‍183). La cuestión también podía suscitarse con ocasión del informe anual que en caso de modificación de capacidad debía presentar el representante legal^‍‍[47].