EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES DE FILIACIÓN^‍‍[1]

1. La determinación judicial de la filiación y el interés del hijo, en particular cuando es «menor» de edad[Subir]

El criterio del «interés del hijo» menor de edad o de la persona con discapacidad aparece en el art. 26 LJV como una cláusula de cierre para la determinación judicial de la filiación extramatrimonial, pues ordena que se prescinda de cualquiera de los demás criterios generales sentados en su párrafo primero cuando estos se opongan a aquel. Con ello, la ley remite a un concepto jurídico indeterminado cuyo significado será extraordinariamente difícil de precisar, dotando al juez de un cierto margen de arbitrio en la decisión, que, en el caso del menor de edad, únicamente vendrá objetivada por los criterios generales sentados en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM)^‍‍[22].

Así, a los efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

Estos criterios se ponderarán, en todo caso, teniendo en cuenta los siguientes elementos generales, que deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara:

2. La impugnación de los reconocimientos de complacencia[Subir]

El principal problema que plantea el art. 26 LJV para la determinación judicial de la filiación surge cuando el interés del menor reconocido contradice la verosimilitud de la procreación y se sustenta en un reconocimiento de complacencia. La cuestión ciertamente delicada se concreta en averiguar si, con posterioridad a ese reconocimiento de paternidad, es posible la impugnación de la filiación reconocida por mera complacencia.

Sobre esta cuestión, en la actualidad, existe una respuesta contradictoria entre la doctrina sentada por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRyN) —en la actualidad, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública— y la consagrada por el Tribunal Supremo a partir de la STS de 15 de julio de 2016. Así, el centro directivo sostiene que no basta la declaración voluntaria y solemne por sí sola para provocar la inscripción de la filiación, sino que, por el contrario, la inscripción del reconocimiento de paternidad deberá ser denegada cuando este reconocimiento resulte ambiguo o cuando por cualquier otro motivo pueda deducirse fundadamente (cfr. art. 28 LRC) que el autor del reconocimiento no es el padre biológico del menor, pues la regulación de la filiación en el Código Civil se inspira en el principio de veracidad biológica, de modo que un reconocimiento de complacencia de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho (RRDGRyN de 28 de junio de 2012 y 23 de enero de 2015).

Ello no obstante, por su parte, a partir de la STS de 15 de julio de 2016, el Alto Tribunal sostiene la validez del reconocimiento de complacencia de la paternidad, por lo que no cabe negar su inscripción en el Registro Civil, aunque el encargado del mismo disponga en las actuaciones de datos significativos y concluyentes de los que se deduzca que el reconocimiento no se ajusta a la verdad biológica.

A tal efecto, el Tribunal Supremo distingue entre los que denomina «reconocimientos de conveniencia» y los «reconocimientos de complacencia». Los primeros son impugnables, pues se otorgan con la finalidad de crear una mera apariencia de que existe una relación de filiación, en orden a conseguir la consecuencia jurídica favorable de una norma (v. gr., obtener la nacionalidad, permiso de residencia, beneficios sociales, etc.) cuyo supuesto de hecho lo requiera. Por su parte, en los reconocimientos de complacencia el autor del reconocimiento, sabiendo o teniendo la convicción de que no se es el padre biológico del reconocido, declara su voluntad de reconocimiento con el propósito práctico de tenerlo por hijo biológico suyo, con la finalidad de constituir entre ambos una relación jurídica de filiación paterna como la que es propia de la paternidad por naturaleza.

Esto sentado, sin embargo, el Tribunal Supremo sostiene que quien ha realizado un «reconocimiento de complacencia» de su paternidad puede ejercitar una acción de impugnación de la paternidad, fundada en el hecho de no ser el padre biológico del reconocido. Si esa acción prospera, el reconocimiento devendrá ineficaz. La acción procedente será la regulada en el art. 136 CC (plazo de un año) si la paternidad determinada legalmente por el reconocimiento es matrimonial en el momento de ejercicio de la acción, y será la que regula el art. 140.2 CC (plazo de cuatro años) si la paternidad es extramatrimonial y ha existido posesión de estado, aunque esta no persista en el tiempo del ejercicio de la acción.

1. La plena equiparación constitucional de la filiación por naturaleza y la filiación por adopción, y su reflejo en el art. 108.2 del Código Civil[Subir]

El art. 14 CE consagra el derecho a la no discriminación por razón del nacimiento o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y el art. 39.2 CE subraya que los hijos son iguales ante la ley con independencia de su filiación. Por su parte, como concreción del principio constitucional de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento o filiación, el art. 108, párrafo segundo, del Código Civil, concluye que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código. Por tanto, en nuestro derecho se ha consagrado la plena equiparación de efectos entre la filiación por naturaleza y la filiación por adopción, sin que pueda reconocerse más diferencias que las deducidas de las respectivas formas de constitución: la primera, por consanguinidad o linaje; la segunda, por el procedimiento establecido en la ley (art. 177 CC), adaptado a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Adopción realizado en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por España el 16 de julio de 2010 (BOE, núm. 167, de 13 de julio de 2011, pp. 77734 y ss.), conforme a lo dispuesto en la Ley 26/2015, de 28 de julio de 2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Como señala Verdera Server (Verdera Server, R. (2013). Artículo 108. En R. Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.). Comentarios al Código civil (1043 y ss.). Valencia: Tirant lo Blanch. ‍2013)^‍‍[23], el grado de equiparación entre la filiación por naturaleza y la filiación por adopción es una cuestión que no siempre ha merecido la misma solución. Un factor que ha contribuido en buena medida a la existencia de una situación no igualitaria se encuentra, sin ninguna duda, en las propias diferencias que en lo que ahora conocemos como filiación por naturaleza consagraban los textos preconstitucionales. En efecto, la pretensión de equiparar la adopción con la filiación por naturaleza planteaba históricamente el problema de determinar a qué tipo de filiación debía aproximarse la adopción. Es más: una vez afirmada la posibilidad de favorecer a la filiación matrimonial y de distinguir entre las distintas clases de filiación no matrimonial, no existía necesidad alguna de procurar a los hijos adoptivos lo que no correspondía a todos los hijos por naturaleza. Si a ello se añade la existencia histórica de distintos tipos de adopción (simple y plena), se comprende sin dificultad que la adopción recibiera históricamente un tratamiento específico en el ámbito del Código Civil.

En todo caso, la eventual equiparación de efectos entre la filiación por naturaleza y la filiación por adopción exigida en la Constitución (arts. 14 y 39.2 CE) no se alcanza en España sino hasta que concurren dos circunstancias concretas en el régimen legal de la adopción:

1ª. Como consecuencia de la reforma del Código Civil operada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo de 1981, se supera una concepción del vínculo adoptivo como mero status filii y se asiste a la consagración de un verdadero status familiae, pasando de un planteamiento donde la finalidad esencial de la adopción era satisfacer las ansias de paternidad o maternidad de los adoptantes a otro donde predomina la protección, personal y familiar, a ciertos menores no emancipados que la requieren^‍‍[24].

La articulación jurídico-privada de este cambio pasa por una intensificación de las relaciones entre adoptante —y su familia— y adoptado o adoptando, así como por una reducción de los vínculos entre este y su familia biológica, que explica que la determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptando no afecte a la adopción (art. 180.5 CC), si bien ello no excluye el derecho del adoptando a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos (arts. 178 y 180.6 CC). Más exactamente, a partir de esa reforma del Código Civil, la constitución de la adopción extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de procedencia, si bien el vigente art. 178 CC, en su redacción dada por Ley 26/2015, de 28 de julio de 2015, introduce la denominada «adopción abierta»^‍‍[25], que permite o tolera que el adoptado pueda mantener con algún miembro de su familia biológica o de procedencia alguna forma de relación o contacto a través del establecimiento de un régimen de visitas o de comunicaciones. Para ello, será necesario que en la resolución o auto judicial de constitución de la adopción así se acuerde por el juez, a propuesta de la entidad pública, previa valoración positiva en interés del menor por parte de los profesionales de esa entidad pública, y consentido por la familia adoptiva y el menor que tenga suficiente madurez y, en todo caso, si tuviera más de doce años. A partir de ello, los profesionales de la entidad pública deberán apoyar a las partes y participar en el seguimiento de esa relación, informando sobre la conveniencia o no de su permanencia en el tiempo, a partir de una valoración de los resultados y consecuencias que la misma tenga para el menor adoptado, como prioridad absoluta, más allá del interés que pueda suponer para los adoptantes y su familia de origen.

2ª. Como consecuencia de la reforma del Código Civil operada por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre de 1987, se suprime y elimina del concepto de adopción la vieja categoría de la «adopción simple»^‍‍[26], que no creaba en el adoptado o adoptando vínculos con la familia del adoptante y era, además, esencialmente revocable. Por ello, con razón el Tribunal Constitucional había señalado que la adopción simple no se equiparaba a la filiación por naturaleza (SSTC 46/1999 y 33/1983), contrariamente a lo que ocurría con la adopción plena y, asimismo, ocurre con el actual concepto de la adopción en el Código Civil.

A partir de esa reforma del Código Civil, la constitución de la adopción no solo crea un vínculo entre el adoptante y el adoptado, sino también entre este y la familia del adoptante, y paralelamente produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior, que no es incompatible —como he señalado— con la denominada «adopción abierta». Aquel vínculo con el adoptante y su familia es, además, un vínculo de filiación y produce los mismos efectos que la filiación por naturaleza, conforme a las disposiciones del Código Civil (art. 108 CC). Solo escapan a esta regla expresiones jurídicas de la sucesión en supuestos específicos, como son la sucesión en los títulos nobiliarios y en la Corona.

Ahora bien, si en la relación vertical de la filiación adoptiva, constituida entre el adoptado y el adoptante, no cabe duda que la adopción produce los mismos efectos que la filiación por naturaleza, por el contrario, en el plano horizontal de la adopción, se cuestiona si el nexo entre los hermanos adoptivos y naturales responde o no a un mismo esquema, lo que de negarlo podría conducir a sostener la existencia de desigualdades jurídicas entre ambos tipos de filiación (natural y adoptiva)^‍‍[27].

En la actualidad no suele ser infrecuente que se adopten a varios menores, de distinta procedencia, e incluso que concurran en una misma familia los hijos adoptados con hijos biológicos de los adoptantes. Incluso no es excepcional que se adopten hijos que, a su vez y entre sí, sean hermanos de sangre, y concurran o no con hijos naturales de los adoptantes, o incluso con hijos concebidos mediante fecundación artificial. Esto obliga a plantearse cuál es el alcance de la relación que une entre sí a los hermanos adoptivos y no adoptivos, sobre todo teniendo en cuenta que ese ligamen, de corte básicamente afectivo, procede de la convivencia y no de un vínculo de consanguinidad^‍‍[28].

Sin duda, la equivalencia entre la filiación biológica y la de carácter adoptivo se despliega sobre todo en las relaciones entre hijos y padres o madres, pero resta por determinar cómo y en qué medida la adopción vincula a los hermanos entre sí. A tal efecto, en primer lugar, puede cuestionarse si el derecho de alimentos entre parientes, entendido como un género de obligación que une a los partícipes mediante deberes de asistencia mutua, alcanza a los hermanos adoptivos. En segundo lugar, procede abordar si el sistema de prohibiciones de contraer matrimonio alcanza a los matrimonios entre los hermanos adoptivos. Y, en tercer y último lugar, procede abordar si la presencia de un hijo adoptivo altera las consecuencias sucesorias previstas legalmente en caso de fallecimiento de uno de sus hermanos, sean naturales o adoptivos.

2. La obligación de prestar alimentos entre hermanos y la adopción[Subir]

La obligación de prestar alimentos entre parientes constituye una de las manifestaciones más claras de la eficacia de los vínculos familiares, que se impone y vincula prioritariamente a los parientes más próximos en la línea y grado parental del alimentista. Así, esa obligación alimenticia se impone por ley con carácter recíproco entre parientes, entre padres e hijos —menores de edad, discapacitados y mayores dependientes^‍‍[29]— y entre cónyuges principalmente, aunque asimismo se extiende a los demás ascendientes y descendientes y a los hermanos, incluidos los adoptivos, conforme a lo dispuesto en el art. 143 CC.

Por ello, las ideas de necesidad y dependencia social y económica gravitan sobre esta institución familiar, estrictamente asistencial, cuya virtualidad práctica está limitada a aquellos casos en los que los parientes no asisten y auxilian voluntariamente a otros que se hallen ante la necesidad de ayuda personal, y además cuando el Estado se desinteresa del cumplimiento de sus deberes de asistencia pública a las situaciones de dependencia de sus ciudadanos. Como señala la STS de 1 de marzo de 2001, la obligación de alimentos entre parientes se sustenta «en el principio de la solidaridad familiar y tiene su fundamento constitucional en el artículo 39.1 de la Constitución Española que proclama que los poderes públicos han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia».

En este último sentido, como acertadamente advierte la doctrina^‍‍[30], la obligación legal de alimentos emerge precisamente de la incapacidad del Estado de dar cobertura social a las personas en estado de necesidad, de ahí que solo operará tal obligación cuando las mismas no estén cubiertas de otro modo. Esta subsidiariedad está expresamente contemplada en el último párrafo del art. 142 CC, que la establece para los gastos de embarazo y parto que solo se incluirán en la prestación alimenticia cuando «no estén cubiertos de otro modo». La mención es ociosa en la medida en que la cobertura por otra vía de tales gastos excluye el estado de necesidad del alimentista, imprescindible para que surja la obligación legal de alimentos. Es más, conforme a los arts. 41 (régimen de la Seguridad social) y 50 (régimen de las pensiones públicas) de la Constitución, es el Estado el que en primer término tiende a lograr la subsistencia del individuo. Obsérvese que este último precepto hace expresa alusión a las obligaciones familiares no supeditándose la prestación del Estado a la insuficiencia de aquellas.

Únicamente cuando el Estado no pueda cubrir tales necesidades se podrá recabar el auxilio a la familia y, en este sentido, cabe predicar la subsidiariedad de la obligación de alimentos entre parientes. Sin duda, las situaciones de crisis económicas y, principalmente, la adopción por el Estado de medidas de política social y económica restrictivas con el mantenimiento y la calidad de los servicios públicos básicos para el sostenimiento del denominado «Estado del Bienestar» (v. gr., destinar el Fondo Público de las pensiones para fines distintos a los de garantizar la calidad de vida de las personas mayores; acordar el cierre de servicios públicos hospitalarios y ambulatorios; acordar la reducción de los presupuestos públicos en Educación, incluida la universitaria y, significativamente, las partidas en I+D+i, etc.) favorecen que el Estado y los poderes públicos trasladen el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de carácter social y asistencial y, con ello, los costes económicos de esas prestaciones, sobre los particulares y las familias. Uno de esos mecanismos legales mediante los cuales los poderes públicos incumplen sus obligaciones sociales frente a los ciudadanos es la denominada obligación de alimentos entre parientes.

Esa obligación de alimentos impuesta en los arts. 142 a 153 del Código Civil se manifiesta como un deber legal directamente vinculado a la idea de parentesco, que, en este ámbito, logra significación jurídica al imponer a las personas unidas por vínculos familiares el cumplimiento de una prestación de carácter asistencial y mutual, pero subsidiaria, entre los miembros del grupo familiar. La obligación alimentista se impone, sin duda, a todos los parientes en línea recta, matrimoniales y extramatrimoniales, así como los padres e hijos adoptivos y a los descendientes de todos estos. La cita genérica de los hermanos entre los referidos pasiva y activamente por el deber de alimentos en los arts. 143 y 144 CC alienta la idea de su extensión a cualquier especie de vínculo de fraternidad, incluso adoptiva, que así registra un nuevo episodio de completa similitud con la consanguinidad^‍‍[31].

Ahora bien, esa obligación no obliga, por ejemplo, directamente a los abuelos a recibir alimentos de los nietos si aquellos tienen hijos e hijas con capacidad económica suficiente para cumplir con ese deber legal (SSTS de 23 de febrero de 2000 y 24 de noviembre de 1925), ni un hermano puede reclamarlos de otro si subsisten parientes más próximos con esa misma suficiencia en la capacidad económica para prestarlos^‍‍[32] (STS de 23 de febrero de 2000, 13 de abril de 1991, 2 de diciembre de 1983 y 24 de diciembre de 1940). Es cierto que la graduación y el orden establecido en el art. 144 CC entre los obligados a prestar alimentos no lleva consigo la necesidad de que se guarde el mismo orden y en procedimientos sucesivos para pedir el cumplimiento del deber alimenticio, pudiendo dirigirse la acción contra cualquiera de los comprendidos en la escala, pero siempre que «se justifique que los llamados antes que él carecen de medios para satisfacerlos» (SSTS 13 de abril de 1991 y 5 de abril de 1902).

La obligación de prestar alimentos entre hermanos tiene un alcance mucho más limitado que el previsto en el Código Civil para el resto de parientes, ascendientes y descendientes del alimentista, y con la natural prevalencia del cónyuge de este último, que, aunque no representa un parentesco de ninguna especie, el lazo conyugal determina que los cónyuges pertenezcan al núcleo de la familia. En efecto, en relación con el ámbito objetivo de la prestación alimenticia (art. 142 CC), parece que el art. 143 CC restringe este cuando alimentante y alimentista son hermanos, incluidos los adoptados, abarcando lo que tradicionalmente se han denominado «alimentos naturales», esto es, los auxilios necesarios para la vida y los precisos para la educación del alimentista en su caso.

Por otra parte, esa obligación de alimentos solo nacerá y se prestará entre hermanos en caso de concurrir las dos circunstancias concretas exigidas por el Código Civil:

El principal problema que pudiera afectar a la obligación de alimentos impuesta a los hermanos, naturales o adoptivos, surge de la interpretación que se formule del art. 144 CC, que establece que entre los hermanos están obligados «en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos». Una interpretación literal del precepto conduciría a sostener que la referencia a los hermanos uterinos o consanguíneos restringe su ámbito de aplicación a los hermanos consanguíneos, ya sean matrimoniales o extramatrimoniales, ya sean de padre y madre común («doble vínculo»), ya sean de «vinculo único», bien por tener en común sólo la misma madre («uterinos») o por tener en común sólo el mismo padre («consanguíneos»), por lo que debería excluirse de la obligación alimenticia a los hermanos adoptivos. Sin embargo, en la actualidad ello no se mantiene ni resulta razonable, pues la obligación de alimentos no queda constreñida a un único modelo familiar y, además, la adopción causa parentesco no solo entre el adoptante y el adoptado, sino también entre este y la familia del adoptante (status familiae), por lo que debe entenderse que los adoptivos entran en el término «hermanos» del art. 143 CC como los hermanos de sangre, y por tanto pueden pedir o deben prestar alimentos a los descendientes de su adoptante, en la misma forma que los hermanos de sangre. Si fueron adoptados por ambos progenitores de sus hermanos se les considerará como hermanos de doble vínculo, y si solo lo fueron por el padre o por la madre, estarán obligados a prestar alimentos en último lugar conforme al orden de graduación señalado en el art. 144 CC.

Por su parte, la restricción legal del ámbito objetivo de la prestación alimentista prevista en el último párrafo del art. 143 CC cuando se impone entre hermanos no parece razonable, pues en la actualidad cabe dudar acerca de la vigencia de esa restricción objetiva por cuanto al desvincularse con carácter general el derecho de alimentos contemplado en el art. 142 CC de la posición social de la familia, parece que su ámbito es el de atender las necesidades indispensables del alimentista, lo cual acontece también en los alimentos entre hermanos, subsistiendo tan solo respecto de estos la especialidad de que el estado de necesidad no sea imputable al alimentista. Esta imputabilidad es tenida en cuenta para el nacimiento del derecho cuando los sujetos afectados son hermanos y no solo para la extinción en la hipótesis contemplada en el art. 152.5º CC.

3. La prohibición de contraer matrimonio y la adopción[Subir]

El art. 22.1 CE proclama el derecho a contraer matrimonio que el hombre y la mujer tienen con plena igualdad jurídica. De esta forma, se consagra el ius connubi^‍‍[33] que, en todo caso, debe ejercitarse en condiciones de plena igualdad por las personas de uno u otro género. Consecuentemente, el art. 44 del Código Civil reafirma el derecho a contraer matrimonio que tienen el hombre y la mujer «conforme a las disposiciones de este Código».

Por tanto, ninguna norma puede imponer restricciones o discriminaciones irrazonables al ejercicio de ese derecho por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (CE art. 14). Sin embargo, esto no entra en contradicción con la exigencia legal para su ejercicio de una edad núbil, conforme a lo dispuesto en el art. 32.2 CE, ni por supuesto con el establecimiento de prohibiciones para contraer matrimonio.

Las prohibiciones de matrimonio (arts. 46 y 47 CC) basadas en el parentesco responden a una doble perspectiva de valores que deben observarse. Como señala O’Callagan Muñoz (O’Callaghan Muñoz, X. (2009). Compendio de Derecho Civil. IV. Derecho de Familia. Madrid: Ramón Areces.‍2009)^‍‍[34], unos tienen que ver estrictamente con el dato genético, que aconseja reprimir uniones que puedan aparejar problemas de salud a la descendencia por causa de la endogamia^‍‍[35], que, de no limitarse, puede devenir endémica. Otros repercuten en el dato ético y de libertad de los individuos, que previene no permitir matrimonios entre personas cuya cercanía por cauce de convivencia o de nexos jurídicos intensos desdigan de la consideración social oportuna. Esta segunda perspectiva ética, sin embargo, ha sufrido profundas transformaciones normativas —así, el veto al matrimonio de parientes por afinidad ha desaparecido del Código Civil—, si bien conserva ciertas consecuencias, como el hecho de que los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción tengan prohibido contraer matrimonio (art. 47.1º CC). El dato de la consanguinidad pertenece al primer grupo de valores antes aludidos, pero el de adopción sin duda se justifica por el último. Así, en nuestro derecho no pueden contraer matrimonio entre sí los parientes en línea recta por consanguinidad o por adopción (art. 47.1º CC). Con ello, en suma, se protege de este modo una de las características esenciales del matrimonio, la exogamia, o necesidad de que el cónyuge sea ajeno a la familia de la que se procede.

No obstante, como señala la doctrina^‍‍[36], no existe ningún tipo de riesgo endogámico biológico entre los parientes en línea recta por adopción. No en vano el propio Código Civil impide que se adopte a los descendientes o «a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad» (art. 175.3 CC), siempre bajo la premisa de adoptados menores, que de suyo excluye a los ascendientes. Sin embargo, conserva todo su emblema social que repudia semejante unión, por eso el art. 47.1º CC prohíbe el hipotético matrimonio entre parientes en línea recta por adopción, como si fueran consanguíneos, que, además, no tiene posible dispensa ex art. 48 CC. De este modo, pues, el legislador pone de relieve que los vínculos adoptivos adquieren toda su fuerza entre los padres y los hijos, y, por extensión, con otros ascendientes o descendientes, que componen la línea recta.

Ahora bien, en relación con los otros parientes del adoptado, la referencia sobre los vínculos adoptivos desaparece, de suerte que solo tienen prohibido el matrimonio los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado (art. 47.2º CC) y los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal (art. 47.3º CC), los cuales podrán ser dispensados por el juez conforme a lo dispuesto en el art. 48 CC. De ello resulta que, en nuestro vigente Código Civil ha desaparecido la antigua prohibición para contraer entre sí matrimonio a «los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado, mientras subsista la adopción» (derogado art. 84.6 CC)^‍‍[37], por lo que es posible tanto el matrimonio celebrado entre el adoptado y un descendiente natural o consanguíneo del adoptante como el celebrado entre los hermanos adoptivos^‍‍[38], pues no existe en ellas relación consanguínea —la endogamia biológica por completo descartada— que pudiera explicar la prohibición de estos matrimonios^‍‍[39] y, además, dada la naturaleza limitativa de derechos que adornan a las normas que introducen prohibiciones para contraer matrimonio, los arts. 46 y 47 CC deben ser interpretados de forma restrictiva. Por ello mismo, a mi entender, no solo el adoptado puede contraer matrimonio con los descendientes naturales del adoptante, o los hermanos adoptivos pueden contraer matrimonio entre sí, siempre que no sean consanguíneos entre sí, sino también el cónyuge del adoptante puede contraer matrimonio con el hijo adoptado solo por este^‍‍[40], pues todos esos tipos matrimoniales no están expresamente prohibidos en los arts. 46 y 47 CC^‍‍[41].

Por el contrario, además de la prohibición de contraer matrimonio entre sí a los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción (art. 47.1º CC), dado que la constitución judicial de la adopción extingue, como regla general, los vínculos del adoptado con su familia biológica, ha de entenderse el mantenimiento de los impedimentos matrimoniales respecto a los miembros de la familia biológica del adoptado, que abarcará tanto a los consanguíneos del adoptado por vínculo doble como por vínculo sencillo (art. 178.3º CC).

4. Igualdad, adopción y sucesión hereditaria[Subir]

Con carácter general, cabe sostener que, en el ámbito sucesorio, los efectos de los distintos tipos de filiaciones reconocidos en nuestro derecho son idénticos, pues los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes «sin distinción de sexo, edad o filiación» (art. 931 CC). En estricta coherencia normativa, los padres adoptivos sucederán en ausencia de descendientes, adoptivos o no, a sus adoptados, porque a falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán sus ascendientes, en cuyo caso el padre y la madre heredarán por partes iguales (art. 935 CC). En ausencia de ambos y otros ascendientes, heredará el cónyuge, que, de no existir o permanecer separado, abre la herencia sin testamento a favor de los hermanos, ya sean naturales o adoptivos.

En relación con la sucesión intestada o ab intestato de los descendientes adoptivos de segundo y ulterior grado sobre la herencia deferida por los ascendientes superiores a los padres adoptivos (v. gr., abuelos del adoptado) no puede ponerse en duda los legítimos derechos de aquellos^‍‍[42], sobre todo si se tiene en cuenta que, por un lado, la adopción constituye en la actualidad un vínculo constitutivo de un status familiae, y no simplemente un status filii, tal y como ocurría antes de la reforma del Código Civil operada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo de 1981; por otro, en otro caso los descendientes adoptivos se hallarían en una situación de desigualdad de trato sucesorio irrazonable, en relación con el trato sucesorio reconocido a sus hermanos naturales, si los excluimos de la herencia intestada de los ascendientes superiores al primer grado (v. gr., abuelos del adoptado), sobre todo teniendo en cuenta que la adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia biológica o de origen (art. 178.1 CC), por lo que la determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción (art. 180.4 CC); y, por último, no cabe olvidar que la relación de convivencia familiar entre quienes no son parientes de sangre logra cada día mayor relevancia jurídica en nuestra actual sociedad, hasta el punto de reconocerse la existencia de familias fundadas en vínculos de parentesco junto a otras consolidadas sobre vínculos de convivencia y de afectos.

En este sentido, resulta concluyente que si, en la sucesión testamentaria, el testador instituye a sus hermanos, «y los tiene carnales y de padre o madre solamente» (art. 770 CC), se dividirá la herencia como en el caso de morir intestado. Como señala la doctrina mayoritaria^‍‍[43], aunque el art. 770 CC hable de hermanos «carnales», de una interpretación combinada con el párrafo tercero del 772 CC se sigue su igual aplicabilidad a los adoptivos, con lo que el dato de la duplicidad o sencillez del vínculo podría llegar a prevalecer sobre el de su carácter. Dicho de otro modo: el adoptivo de doble vínculo ha de entenderse llamado a porción doble a la del consanguíneo de un solo vínculo.

En relación con el papel que cumple la adopción en otras instituciones de naturaleza esencialmente sucesoria, como son las reservas, cualquier opinión doctrinal que se exprese debe tener en cuenta que, por un lado, el régimen de las reservas hereditarias (vidual y troncal) parte de la consideración de la misma como una institución sucesoria vinculada a la existencia de unos previos vínculos de naturaleza familiar que condicionan la forma o manera en que va a tener lugar la transmisión de los bienes hereditarios, y por otro, la determinación de quienes sean los reservatarios viene condicionada por la equiparación de la filiación natural y adoptiva impuesta en el art. 108 CC, y que obliga a colocar al adoptado en la misma posición sucesoria que la norma atribuye a los herederos legítimos.

Como es conocido, en el régimen de la reserva vidual (cfr. arts. 968 y ss. CC) se impone al viudo o viuda que contraiga un segundo matrimonio la obligación de reservar, «a favor de los hijos y descendientes» del matrimonio anterior, la propiedad de todos los bienes adquiridos de su difunto consorte (cfr. art. 968 CC) o de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio (cfr. art. 969 CC) por testamento, por sucesión intestada, por donación o por cualquier título lucrativo, con exclusión de su mitad de gananciales. Por tanto, la obligación de reservar se impone al viudo o viuda en los casos de contraer otro matrimonio posterior, cuando durante el matrimonio o en estado de viudez tenga un hijo extramatrimonial, o en caso de que haya adoptado a otra persona, salvo que este sea hijo del consorte de quien descienden los que serían reservatarios, como establece el art. 980 del Código Civil.

En consecuencia, pues, la necesaria procedencia matrimonial de los reservatarios no debe excluir lógicamente a los hijos que hubieran podido adoptarse durante el primer matrimonio, de la misma condición que los matrimoniales por naturaleza. Como señalan Durán Rivacoba y Carbajo González (Durán Rivacoba, R. y Carbajo González, J. (2012). Las desigualdades jurídicas entre las filiaciones adoptiva y por naturaleza. Derecho Privado y Constitución, 26, 9-63.‍2012)^‍‍[44], igual sucede con los respectivos descendientes de estos, que pueden serlo tanto por naturaleza como por adopción, aunque no siempre y necesariamente matrimoniales, porque esa consideración solo alcanza a los hijos del viudo o viuda habidos durante el matrimonio. La equiparación entre hermanos adoptivos y por naturaleza no puede ponerse en duda en este caso, pues, como señala Vallet de Goytisolo (Vallet de Goytisolo, J. B. (1982). Panorama del Derecho de Sucesiones. I. Fundamentos. Madrid: Civitas.‍1982)^‍‍[45], «cabe aducir en favor de la reserva no sólo la igualdad establecida entre los adoptados plenamente y los hijos legítimos, sino también que normalmente la ratio de la reserva vidual incluye a los adoptados plenamente por el matrimonio, pues es presumible que no está en la mente del cónyuge premuerto que los bienes que él deje a su viudo o viuda vayan a parar a los hijos de un segundo matrimonio de éste, en perjuicio del que ambos adoptaron plenamente y tuvieran como si fuera hijo matrimonial de ambos».

En relación con la reserva lineal o troncal ex art. 811 CC, si bien es cierto que la doctrina tradicional^‍‍[46] circunscribió su ámbito de aplicación exclusivamente a la filiación legítima, de carácter estrictamente matrimonial, en consonancia con la raíz histórica de la figura, tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y, en concreto, tras las reformas de la adopción en el Código Civil por Ley 11/1981, de 13 de mayo de 1981, y por Ley 21/1987, de 11 de noviembre de 1987, la doctrina mayoritaria^‍‍[47] sostiene que la consideración de hijo adoptivo de quien causa la reserva (el descendiente que transmite los bienes por herencia) no debería inicialmente excluir la aplicación del art. 811 CC, sobre todo si se tiene en cuenta que, como señalan Durán Rivacoba y Carbajo González (Durán Rivacoba, R. y Carbajo González, J. (2012). Las desigualdades jurídicas entre las filiaciones adoptiva y por naturaleza. Derecho Privado y Constitución, 26, 9-63.‍2012)^‍‍[48], la presencia de una adopción en los nexos protagonizados por los parientes que conforman las relaciones básicas parentales que constan en la reserva lineal (el vínculo existente entre los que constituyen el origen de la reserva y el que la causa, como en el que media entre este y el reservista) no debería introducir inicialmente mayores matices a un mecanismo que seguiría funcionando en la misma medida, siempre que optemos por desechar la idea inicial de que la referencia a los ascendientes y a los descendientes denota la exigencia previa de una ligazón consanguínea ausente en la adopción. Esto es así por cuanto, por un lado, la figura de la adopción tal como estaba concebida inicialmente al momento de elaborarse el Código Civil presentaba perfiles notablemente alejados de los actuales, caracterizados por una innegable asimilación a casi todos los efectos; y, por otro, tampoco deja de ser cierto que la finalidad de la reserva extraordinaria o lineal ex art. 811 CC —evitar que los bienes pertenecientes a una familia cambien de manos—, puede también ser buscada y entenderse cumplida aunque mediara la presencia de un elemento adoptivo, al integrarse los adoptados como miembros de pleno derecho en la familia del adoptante para los efectos prevenidos en el Código.

En definitiva, si la finalidad última de la reserva troncal del art. 811 CC no es otra que evitar las consecuencias negativas que ocasiona el trasiego de bienes a través de sucesivas transmisiones que acaben empobreciendo a un grupo familiar, no cabe duda alguna que, en la actualidad, en el mismo no solo se integran aquellas personas unidas por lazos de parentesco natural o consanguíneo (filiación por naturaleza), ya sean de carácter matrimonial o extramatrimonial, sino también aquellas otras personas unidas con el reservista con vínculos de filiación adoptiva. Ni la filiación extramatrimonial ni la adoptiva pueden ser excluidas hoy de la reserva extraordinaria, troncal o lineal, prevista en el art. 811 CC, pues no solo las normas deben ser interpretadas y aplicadas de acuerdo con la realidad social, sino, sobre todo, conforme a la Constitución española y, específicamente, con el principio de igualdad formal y el derecho a la no discriminación de trato por razón del nacimiento o filiación (arts. 14 y 39.2 CE).