RECURSO DE AMPARO Y RECURSO DE CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL PREVIA TRAS SU OBJETIVACIÓN

1. Recurso de casación contencioso-administrativo y recuso de amparo: «interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia» y «especial trascendencia constitucional»[Subir]

La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, modificó la sección 3ª del capítulo III del título IV, integrada por los arts. 86 a 95, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), reformando la regulación del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo; reforma que entró en vigor el 22 de julio de 2016.

Tras la nueva regulación, para la admisión del recurso de casación se hace necesario la invocación de una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, y que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta «interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia»^‍‍[1]. Requisito que se presenta como la «gran novedad» de la reforma (Fernández Farreres, G. J. (2015). Sobre la eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y el nuevo recurso de casación «para la formación de jurisprudencia». Revista Española de Derecho Administrativo, 174, 93-131.‍Fernández Farreres, 2015: 109), y que «se erige como la piedra angular»^‍‍[2] o «clave de bóveda» (Huelin Martínez de Velasco, J. H. M. (2017). La nueva casación contencioso-administrativa (primeros pasos). Revista General de Derecho Constitucional, 24.‍Huelin Martínez de Velasco, 2017: 8) del nuevo modelo casacional.

Como se establece en el propio preámbulo^‍‍[3], con la nueva regulación, «la ley opta por reforzar el recurso de casación como instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho». La finalidad de la reforma es «que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica». Es por ello que la ley «diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional», y que la Sala de Casación podrá apreciar para admitir el recurso.

Lo expuesto pone de manifiesto las similitudes con el recurso de amparo objetivo regulado en la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), que añade como requisito de admisibilidad la necesaria concurrencia de la «especial trascendencia constitucional» del recurso. Así ha quedado advertido por la doctrina al señalar que la reforma de la casación contencioso-administrativa «sigue la senda marcada por el amparo constitucional» (Fernández Farreres, G. J. (2015). Sobre la eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y el nuevo recurso de casación «para la formación de jurisprudencia». Revista Española de Derecho Administrativo, 174, 93-131.‍Fernández Farreres, 2015: 110).

Con la reforma operada por la citada ley orgánica, se configuró una nueva regulación del trámite de admisión del recurso de amparo basado en la verificación por el Tribunal Constitucional de la existencia de especial trascendencia constitucional del recurso interpuesto, y se potenció la intervención de la jurisdicción ordinaria en la tutela de los derechos y libertades fundamentales a través de la modificación del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 Ley Orgánica del Poder Judicial; en adelante, LOPJ). Con dichas medidas se intentaba solventar el principal problema de la jurisdicción constitucional: la sobrecarga de trabajo generada por el crecimiento del número de recursos de amparo, así como «reordenar la dedicación» que se «otorga a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente con su misión constitucional».

Ambos recursos se han objetivado con las consecuencias que de ello se derivan. No todos los recursos interpuestos serán necesariamente objeto conocimiento por los tribunales respectivos. Únicamente lo serán, en el caso del amparo, aquellos que por atender «a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales» [art. 50.1.b) LOTC], justifican su control y decisión^‍‍[4], y, en el caso de la casación, aquellos que se identifiquen con los supuestos previstos en el art. 88.2 y 3 LJCA y sirvan para la formación de jurisprudencia. En ambos, recurso de casación contencioso-administrativo y recurso de amparo, el interés del recurrente permanece, pero la finalidad perseguida, tanto en uno como otro, es objetiva. Es decir, que se emita por los Altos Tribunales un pronunciamiento que va más allá del efecto producido en el caso concreto.

El propio Tribunal Constitucional ha reconocido, como veremos, que el cambio sufrido en el recurso de casación contencioso-administrativo tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, «tiene indudable repercusión en la satisfacción del requisito de agotamiento de la vía judicial previa que rige en el recurso de amparo». La modificación sustancial del criterio de admisión ha llevado al Tribunal a plantearse, desde esta nueva perspectiva, el citado requisito, pronunciándose tanto acerca de la exigencia de haberse intentado su interposición, como sobre la posible falta de agotamiento tras haber sido inadmitido el recurso de casación por falta de interés casacional objetivo o por la insuficiente justificación del mismo.

2. El requisito del agotamiento de los medios de impugnación previos al amparo[Subir]

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional podrán dar lugar al recurso de amparo siempre que, entre otros requisitos, se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto [arts. 43.1 a) y 44.1 a) LOTC]. Dicho requisito exige la interposición de los recursos procedentes. Para el Tribunal, su pronunciamiento debe ser subsidiario del judicial, ya que es a los órganos judiciales a quienes corresponde reparar las presuntas violaciones de derechos fundamentales. La subsidiariedad del amparo tiene como finalidad evitar que los jueces y tribunales ordinarios queden privados de su función, constitucionalmente atribuida, de tutelar los derechos fundamentales^‍‍[5]. Pero no siempre es fácil determinar cuáles son estos. Puede ocurrir que de interponer un recurso manifiestamente improcedente, el recurso de amparo se inadmita por extemporáneo. Razón por la cual el Tribunal se ha tenido que pronunciar al respecto en numerosos asuntos. Precisamente, tanto en el ATC 65/2018, de 18 de junio, como en la STC 112/2019, de 3 de octubre, objeto de este estudio, el Tribunal ha apreciado en la cuestión procesal del correcto agotamiento de la vía judicial previa al amparo en relación con el recurso de casación contencioso-administrativo objetivo, la especial trascendencia constitucional de los recursos de amparo interpuestos.

Con carácter general, sus pronunciamientos respecto del citado requisito procesal, se han basado, por un lado, en la apreciación de lo que es un recurso manifiestamente improcedente, y, por otro, en lo que es un recurso útil y pertinente. La armonización de las exigencias del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) han conducido al Tribunal a una aplicación restrictiva del concepto de recurso manifiestamente improcedente que limita «a los casos en que tal improcedencia derive de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad»^‍‍[6]. Y ello porque «el respeto debido al derecho de la parte a utilizar cuantos recursos considere útiles para la defensa de sus intereses impide exigirle que se abstenga de emplear aquellos cuya improcedencia sea razonablemente dudosa y, en consecuencia, que asuma el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa»^‍‍[7]. La extemporaneidad solo se produce para el Tribunal si es posible advertir que el recurrente ha actuado «con una intención meramente dilatoria o defraudadora del carácter preclusivo y perentorio del plazo para demandar en amparo»^‍‍[8]. En definitiva, se inadmiten por extemporáneos aquellos recursos cuya improcedencia derive claramente de la ley, pues solo así es posible advertir en el recurrente una intención dilatoria.

Dicho lo anterior, se ha de señalar que para el Tribunal el óbice de la falta de agotamiento de la vía judicial previa «no sólo concurre cuando no se ejercitan los recursos procedentes, sino también cuando el ejercicio de los mismos es defectuoso, bien desde el punto de vista temporal, por ejercicio extemporáneo de los mismos, bien desde el punto de vista formal»^‍‍[9]. La interposición defectuosa de un recurso pertinente es también motivo de inadmisión del recurso de amparo por incumplimiento de las exigencias del principio de subsidiariedad «que caracteriza el proceso constitucional de amparo»^‍‍[10].

1. Antecedentes, objeto del recurso y resolución[Subir]

Ante el Tribunal se interpuso demanda de amparo contra el auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que desestimó, a su vez, el recurso de reposición interpuesto contra la providencia que acordó inadmitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a la sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo planteado por el demandante de amparo. El incidente de nulidad se inadmitió porque el órgano judicial consideró que debía haberse intentado previamente el recurso de casación. El órgano judicial declaraba que el art. 241.1 LOPJ exige la firmeza de la resolución antes de acudir al incidente de nulidad de actuaciones, por lo que se debían agotar todos los recursos que en cada caso fueran procedentes, y el de casación lo era dado que únicamente a la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo correspondía decidir su apreciación. En definitiva, el recurrente debió preparar recurso de casación y solo de no admitirse la sentencia devenía firme.

El demandante de amparo decidió, sin embargo, aun advertida en la sentencia la posibilidad de interponer recurso de casación contencioso- administrativo^‍‍[11], formular incidente de nulidad de actuaciones. Y esto como consecuencia, por un lado, de la ausencia de un precepto legal que exigiera la preparación del recurso de casación como presupuesto para declarar la nulidad y, por otro, por la falta de interés casacional objetivo que presentaba el recurso al tratarse de un asunto de valoración de la prueba. Tras la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, se interponía recurso de amparo denunciando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho de acceso a los recursos. Defendía, fundamentalmente, que tras la reforma de la casación contenciosa, la exigencia del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, como único criterio de admisibilidad del recurso, «cerraba la puerta» a recursos cuyo objetivo fuera la revisión de los hechos o la valoración de la prueba al existir jurisprudencia consolidada al respecto. Interponer el recurso de casación, dada la falta de prosperabilidad del recurso, hubiera supuesto, a su juicio, un «suicido procesal». No solo se hubiera inadmitido la casación sino que además habría transcurrido el plazo para la formulación del incidente de nulidad^‍‍[12]. Para el recurrente, la decisión del órgano judicial era irrazonable puesto que, en su caso, el recurso no tenía ninguna posibilidad de ser admitido como consecuencia de su falta de interés casacional.

La Sección Primera decidió inadmitir el recurso de amparo. Y lo hizo mediante auto y no por providencia, como es lo usual^‍‍[13], por la especial trascendencia constitucional que la cuestión suscitaba^‍‍[14]. No se encontró «causa alguna» que llevara a considerar que la decisión sobre la desestimación del incidente por mostrarse procedente el recurso de casación incurriera en arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error fáctico patente. Para la Sección, que fuera necesario que la resolución impugnada no fuera «susceptible de recurso ordinario ni extraordinario» antes de acudir al incidente de nulidad de actuaciones, se consideró «una conclusión racional y lógica» que «se basa en presupuestos certeros»^‍‍[15]. Es más, precisó que el razonamiento del recurrente no podía ser asumido porque solo el Tribunal de casación es el que tiene competencia para decidir acerca de la existencia o no del «interés casacional» del asunto. Textualmente se afirma: «Si todo el sistema se basa […] en el amplio margen de apreciación del Tribunal de casación sobre la concurrencia o no del interés casacional, nadie puede suplantarle y, por tanto, no pueden arrogarse los interesados, ni otros órganos judiciales, esa atribución»^‍‍[16]. Y dice algo más que la Sección entiende que abunda en la razonabilidad de su interpretación: la apreciación de un «claro paralelismo» entre contenido del art. 88.2 y 3 LJCA, al definir los supuestos de interés casacional objetivo, con la doctrina del Tribunal sobre la especial trascendencia constitucional fijada en el fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009; lo que le lleva a concluir que «en principio, no es fácil que esta pueda concurrir si el debate no presenta previamente interés casacional».

El auto confirma, por tanto, desde el canon de la motivación de las resoluciones judiciales (art. 24.1 CE), es decir, tras realizar un juicio externo sobre la motivación esgrimida por el órgano judicial, que la decisión sobre la desestimación del incidente por mostrarse procedente el recurso de casación no incurría en arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error fáctico patente. Pero, una vez realizado dicho pronunciamiento, la Sección hace una afirmación más, de gran calado: declara la necesidad de la interposición de la casación contencioso-administrativa como requisito previo al planteamiento del recurso de amparo, con el argumento de que al Tribunal Supremo corresponde «exclusivamente» la apreciación del interés casacional objetivo. En concreto, se afirma que «es lógico entender que el agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo exige haber intentado el recurso de casación cuando su admisibilidad dependa exclusivamente de la apreciación del interés casacional objetivo, que únicamente al Tribunal Supremo corresponde»^‍‍[17]. Sin embargo, la primera de las declaraciones —considerar que la decisión del órgano judicial de inadmitir el incidente de nulidad de actuaciones no se muestra arbitraria, irrazonable o incursa en un error patente— no conduce necesariamente a la segunda. La Sección, no obstante, convierte el criterio seguido por el órgano judicial en criterio propio a efectos de agotamiento de la vía judicial previa respecto del posible planteamiento de un recurso de amparo y, además, parece hacerlo con carácter general. Es posible que con la mirada puesta en lo que se dijo en el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2017.

2. Sobre la decisión de la necesidad de la interposición del recurso de casación contencioso-administrativo antes de acudir al amparo constitucional[Subir]

1. Antecedentes[Subir]

El recurso de amparo que dio lugar al dictado por el Pleno de la STC 112/2019, de 3 de octubre, se interpuso contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo y contra la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se inadmitió a trámite el recurso de casación formulado por el recurrente. El recurrente aduce que la citada sentencia, al inadmitir su recurso contencioso-administrativo por apreciar que el acto impugnado no había agotado la vía administrativa previa [art. 69 c) LJCA], había vulnerado su derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), ya que el acto impugnado no había sido debidamente notificado. Contra la citada sentencia se interpuso recurso de casación que fue inadmitido al apreciar que carecía de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

2. Sobre el óbice procesal del agotamiento de la vía judicial previa al amparo: falta de interés casacional e incidente de nulidad de actuaciones[Subir]

La STC 112/2019, dictada por el Pleno del Tribunal, dedica un fundamento jurídico, en concreto el FJ 3, al estudio del agotamiento de la vía judicial en los casos en los que el recurso interpuesto contra la resolución que se estima lesiva de derechos fundamentales ha sido inadmitido por razones procesales no imputables a la falta de diligencia de la parte. Precisamente la especial trascendencia del recurso de amparo la encuentra el tribunal, no en la cuestión de fondo planteada, sino en la cuestión procesal. Su intención es aclarar o modificar su doctrina en relación con la necesidad de interponer incidente de nulidad de actuaciones para agotar la vía judicial previa al recurso de amparo cuando la vulneración del derecho fundamental no se imputa a la última resolución judicial, sino a la inmediatamente anterior, y esta vulneración ha quedado imprejuzgada tras haber sido inadmitido el recurso de casación contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente por falta de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

El Pleno comienza su argumentación admitiendo que la aplicación de la doctrina constitucional determinaría la inadmisión del recurso de amparo por no haber agotado la vía judicial, pues al imputarse la lesión de derechos fundamentales a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y haber sido inadmitido el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia por apreciar el Tribunal Supremo que carecía de interés casacional, hubiera debido formularse, antes del amparo, un incidente de nulidad de actuaciones contra la referida sentencia. Sin embargo, decide modificar dicha doctrina y considerar que en estos supuestos no es preciso interponer un incidente de nulidad de actuaciones para cumplir el requisito que exige agotar la vía [art. 44.1 a) LOTC].

Dicho cambio se sustenta en dos razones: por un lado, en la interpretación «flexible y finalista» desde la que el tribunal entiende que ha de enjuiciarse el requisito del agotamiento de la vía judicial antes de interponer el recurso de amparo, como así se ha sostenido jurisprudencialmente; y, por otro, en la inexistente obligación de utilizar en cada caso todos los medios de impugnación posibles, «sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables, de forma que no quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponer el recurso».

En aplicación de dichos criterios, el tribunal considera que de la normativa procesal que regula el incidente de nulidad de actuaciones no cabe deducir que en supuestos como el examinado «proceda de manera clara su interposición», pues del art. 241 LOPJ «no se infiere que este incidente deba interponerse también en los casos en los que el recurso ordinario o extraordinario que se haya interpuesto contra la resolución que se estima lesiva de derechos fundamentales se inadmita por razones procesales que no sean imputables a la falta de diligencia de la parte»^‍‍[41]. Igualmente aprecia que tampoco la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo exige en estos casos su formulación, ni que la subsidiaridad del amparo puede conducir a una sucesión ilimitada de recursos judiciales. Se concluye, pues, que el planteamiento del incidente de nulidad en estos supuestos no puede considerarse necesario para agotar la vía judicial previa al recurso de amparo. Frente a la resolución judicial que se estima lesiva de derechos fundamentales «se interpuso el recurso que, de acuerdo con la legislación procesal, es, en principio, procedente para obtener esa tutela —el recurso de casación— y este recurso se interpuso cumpliendo los requisitos de tiempo y forma que establece la referida normativa»^‍‍[42].

Dicho lo anterior, el tribunal también admite que la parte pueda formular incidente de nulidad de actuaciones, cuando concurren las circunstancias descritas, dado que tampoco puede considerarse un recurso manifiestamente improcedente, pues su improcedencia no deriva «de manera terminante, clara e inequívoca» del art. 241.1 LOPJ. Así pues, también el citado incidente puede considerarse un cauce idóneo para obtener la tutela de los derechos fundamentales que se imputan a la resolución frente a la que se interpuso el recurso de casación inadmitido. El incidente de nulidad de actuaciones no se considera un remedio procesal necesario a afectos del agotamiento de la vía, pero tampoco manifiestamente improcedente. Con esta decisión, el Tribunal entiende que garantiza la tutela judicial frente a las vulneraciones de derechos fundamentales que ocasionen los órganos judiciales cuando sus decisiones no son susceptibles de recurso (arts. 24.1 y 53.2 CE). Razona que, en estos casos, es preciso establecer un cauce procesal en la vía judicial, pues, tras la reforma operada en el recurso de amparo por Ley Orgánica 7/2007, la tutela por el Tribunal Constitucional solo procederá en los supuestos excepcionales en los que la cuestión planteada en el recurso tenga especial trascendencia constitucional. Por ello, si la frustración del recurso no es consecuencia de la defectuosa actuación procesal de la parte, el recurrente podrá obtener la tutela de los derechos fundamentales que hizo valer a través del recurso intentado, instando un incidente de nulidad de actuaciones ante el órgano judicial que dictó la resolución que se estima los vulneró.

De lo dicho cabe extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, que el recurso de casación es, en principio, un recurso procedente, si bien el Pleno no realiza ningún juicio sobre la obligatoriedad de su planteamiento previo a la interposición del recurso de amparo. Excede del caso, pues el pronunciamiento se centraba en dilucidar si es necesario para entender agotada la vía judicial, la formulación del incidente de nulidad frente a la resolución objeto del recurso de casación inadmitido por falta de interés casacional. Así pues, hasta al momento no hay otro pronunciamiento que el realizado por la Sección Primera (ATC 65/2018).

En segundo lugar, que la inadmisión del recurso de casación por carecer de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, no puede ser considerado como un defectuoso agotamiento de la vía imputable a la falta de diligencia de la parte. Sobre esta cuestión no se argumenta en la sentencia. Se parte de dicha consideración. Pero parece obvio que dicha decisión deriva del alto margen de apreciación que sobre la decisión de admisión del recurso de casación contencioso-administrativo tiene la Sala Tercera^‍‍[43].

En tercer lugar, que, en la línea del TEDH, el Tribunal Constitucional no considera necesario que el demandante practique todas las vías de impugnación necesarias, solo aquella que considere efectiva^‍‍[44]. Deja en manos del demandante de amparo la estrategia procesal a seguir, y decidir si formular o no, tras la inadmisión de la casación por falta de interés casacional, el incidente de nulidad de actuaciones. No es necesario que «se apuren las posibilidades que los cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del derecho fundamental que se estima lesionado»^‍‍[45].

Y por último, y como consecuencia, una vez más, del carácter «discrecional» tanto de la decisión de la admisión del recurso de casación como la del recurso de amparo, el tribunal reconoce que el planteamiento posterior del incidente de nulidad de actuaciones, tras la inadmisión del recurso de casación por falta de interés casacional, será procedente, aunque no necesario, a afectos del agotamiento de la vía, con el fin de poder evitar que el recurrente, si así lo estima pertinente, no se quede sin obtener la correspondiente tutela judicial subjetiva de los derechos invocados en la vía judicial.

Tanto por lo afirmado como por lo omitido en la sentencia, se deduce que el Tribunal ha tomado su decisión a mi juicio acertada, partiendo principalmente de la naturaleza objetiva de ambos recursos —contencioso- administrativo y amparo— y del importante margen de apreciación que caracteriza las decisiones sobre su admisión. Ante el «tortuoso» itinerario procesal, se intenta flexibilizar el requisito del agotamiento de la vía judicial con la finalidad de facilitar no solo el camino del recurrente hacia el amparo constitucional, sino también la posibilidad de protección de sus derechos fundamentales a través del incidente de nulidad de actuaciones en la jurisdicción ordinaria. Y lo hace al reconocer (i) que la inadmisión del recurso de casación por falta de interés casacional objetivo no se puede imputar a la falta de diligencia de la parte; (ii) que es suficiente, en tal caso, haber intentado un recurso procedente, y no todos los utilizables; (iii) que de ser promovido aquel que no se considera necesario —en este caso, el incidente de nulidad de actuaciones— tampoco se estimará que con ello se ha prolongado artificialmente la vía, y (iv) que no es necesario un pronunciamiento de fondo sobre la cuestión planteada para entender agotada la vía judicial previa al amparo, sino tan solo haber intentado el remedio procesal pertinente para entender cumplido el principio de subsidiariedad que informa el recurso de amparo.

1. Posición del Tribunal Constitucional[Subir]

Como se ha visto en el apartado anterior, el Tribunal ha optado, en la STC 112/2019, por considerar que la inadmisión del recurso de casación por la «falta de interés casacional objetivo» no es una inadmisión por razones procesales imputable a la falta de diligencia de la parte. La aplicación de la doctrina sentada en la citada sentencia ha llevado al Tribunal a apreciarlo, también, en casos en los que la inadmisión se ha decidido por «insuficiente justificación del interés casacional»^‍‍[46]. Como ya se ha señalado en líneas anteriores, la inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial puede producirse no solo por la falta de un recurso, sino también porque este haya sido interpuesto de forma defectuosa, bien desde el punto de vista temporal por ejercicio extemporáneo del mismo o por una cuestión formal.

En la primera de las sentencias en las que el Tribunal se ha pronunciado al respecto –STC 121/2019, de 28 de octubre– se dilucidaba un asunto en el que la federación recurrente interpuso recurso de casación frente a la resolución judicial que consideraba lesiva de su derecho fundamental. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) tuvo por preparado dicho recurso. Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó, posteriormente, la inadmisión a trámite del recurso, ex art. 90.4 d) LJCA, por estimar que el escrito de preparación no cumplía con la exigencia que establece el art. 89.2 f) LJCA de justificar debidamente el interés casacional objetivo^‍‍[47]. La Sala Primera del Tribunal Constitucional consideró, en su FJ 2, que las diferencias en la apreciación respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 89.2 LJCA, eran razón suficiente para no poder concluir que la inadmisión de dicho recurso de casación podía ser imputable «de forma clara e inequívoca» a la falta de diligencia de la recurrente.

También se ha considerado así en la STC 8/2020, de 27 de enero, en la que se afirmó que dado que la sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación, mientras que el Tribunal Supremo consideró que dicho escrito contenía una justificación insuficiente —que no inexistente— de un interés casacional objetivo, no era «posible estimar que la inadmisión del recurso de casación obedeciera a un defecto procesal manifiesto e incontrovertible o, dicho de otro modo, fuera atribuible de forma clara e inequívoca a la falta de diligencia de la parte, razón por la que procede considerar debidamente agotada la vía judicial previa al recurso de amparo»^‍‍[48].

Con posterioridad, y haciendo referencia a la STC 8/2020, se dicta la STC 166/2020, de 16 de noviembre, que, en su FJ 2 c), señala, igualmente, «que no cabe apreciar la falta de agotamiento en aquellos supuestos en los que el recurso resulta frustrado por no contener los escritos de preparación o interposición una fundamentación suficiente o adecuada de algún extremo que, como requisito procesal de acceso al recurso, previenen las normas procesales». Y razona que no es lo mismo «prescindir lisa y llanamente de la correspondiente justificación que exponerla en forma infundada», como tampoco «es jurídicamente indiferente el carácter grosero o simplemente discutible del carácter infundado de la justificación ofrecida».

En definitiva, la inadmisión del recurso de casación por «falta de justificación» del interés casacional —que es diferente a la «falta de interés casacional»— convertirá la interposición del citado recurso en una interposición defectuosa atribuible a la falta de diligencia de la parte, lo que conllevará la inadmisión del recurso de amparo. No así en los casos en los que la justificación se muestre insuficiente o inadecuada y dicho defecto procesal no fuera atribuible de forma clara e inequívoca a la falta de diligencia del recurrente.

2. Posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el recurso de amparo[Subir]

En la STEDH Arribas Antón c. España, de 20 de enero de 2015, dictada a consecuencia de un recurso planteado contra una providencia de inadmisión de un amparo constitucional por falta del requisito procesal de la justificación de la especial trascendencia constitucional^‍‍[49], el Tribunal Europeo, tras contestar a la queja expuesta y advertir de la no vulneración del Convenio, quiso hacer «hincapié en subrayar que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inadmisible un recurso de amparo aduciendo que no revestía la especial trascendencia constitucional requerida o, en su caso, que el recurrente no había acreditado la existencia de tal trascendencia», no le impedía pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de una demanda (§ 51)^‍‍[50].

Más recientemente, sin embargo, el TEDH ha inadmitido recursos interpuestos por no haber agotado correctamente los recursos nacionales al haber sido previamente inadmitido el recurso de amparo por no cumplir con la obligación de justificar la especial trascendencia constitucional de su recurso (art. 49.1 LOTC) (Decisión de 22 de octubre de 2020, asunto Álvarez Juan c. España) o por mostrarse insuficiente la justificación de la especial transcendencia constitucional ofrecida (Decisión de 17 de diciembre de 2020, asunto Morales Rodríguez y Vázquez Moreno c. España).

En la Decisión Álvarez Juan c. España, el TEDH recuerda que el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado inadmisible un recurso de amparo por la falta de la especial trascendencia constitucional requerida, no impide que se pronuncie sobre la admisibilidad y el fondo de un recurso que se le haya presentado, pero que no ocurre lo mismo cuando el recurrente no cumple con la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, ya que considera que es consecuencia de la falta de diligencia de la parte recurrente. Motivo por el cual el recurso deberá ser inadmitido por no haber agotado los recursos internos, al no haberse dado al Tribunal Constitucional la oportunidad de prevenir o remediar las violaciones del Convenio.

Posteriormente, en la Decisión Morales Rodríguez y Vázquez Moreno c. España, el citado Tribunal hace, a mi juicio, una matización importante respecto de la inadmisión del recurso de amparo por «insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional», al advertir que si bien no le corresponde sustituir al Tribunal Constitucional de un Estado miembro en la evaluación de las condiciones de admisibilidad de un recurso, sí que le incumbe verificar la evaluación realizada por si fuera tan formalista como para restringir el acceso a un recurso efectivo. Así pues, la inadmisión por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional, a diferencia de la inadmisión por su falta de justificación, no se convierte por sí misma en razón de inadmisión del recurso presentado. En este caso, el Tribunal inadmite el recurso por apreciar que los demandantes no llevaron a cabo una verdadera justificación acerca de por qué su caso requería una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional, pues en el epígrafe formal de la demanda de amparo dedicado a la justificación de la especial trascendencia constitucional se limitaron a enumerar determinados casos en abstracto sin establecer ninguna conexión y sin hacer esfuerzo intelectual alguno para cumplir con la citada condición procesal.