«EL PRESIDENCIALISMO EN SU LABERINTO»: LA PREFERENCIA INSTITUCIONAL MAYORITARIA EN LA ÉLITE PARLAMENTARIA LATINOAMERICANA^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Al revisar en retrospectiva la evolución del debate neoinstitucional parlamentarismo versus presidencialismo, impulsado en su momento por Juan J. Linz (‍1985) a mediados de la década de los ochenta, es posible obtener una buena imagen de la importancia de la variable institucional para el desarrollo de la ciencia política contemporánea. No obstante, los argumentos rígidos que en su momento presentó la corriente «linziana» a posteriori demostraron tener poca correspondencia con el desarrollo de los presidencialismos realmente existentes en la región: en su lugar, lo que se ha observado es una flexibilidad y una capacidad de adaptación en los sistemas de gobierno presidencialistas latinoamericanos (‍Nohlen, 2010).

Aunque en la actualidad la literatura especializada ha superado tal debate —al menos en sus términos originales—, la cuestión de fondo sigue siendo de actualidad en tanto los hechos políticos latinoamericanos más próximos reclaman especial atención para la figura presidencial y a su desenvolvimiento en los distintos esquemas institucionales que conforman la región (‍Pérez-Liñán et al. 2019). Los casos de recesión democrática ahora parecen apuntar hacia el surgimiento de élites que se valen de las propias instituciones de la democracia para poner en marcha procesos de autoritarismo que terminan por minar los regímenes competitivos: «Muchos esfuerzos del gobierno para subvertir la democracia son legales, en el sentido de que son aprobados por el Legislativo o aceptados por los tribunales» (‍Levitsky y Ziblatt, 2018: 5).

Por esta razón, hoy se vuelve más imperioso conocer lo que pueden llegar a pensar los propios diputados sobre temas relativos a la hegemonía presidencial y a la concentración o distribución institucional del poder en sus respectivos países. Esto es así porque la relación entre individuos e instituciones deviene simbiótica (‍Anduiza, 1999). Los poderes públicos son puestos en marcha por personas que los operan, dado que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, además de su vertiente formal, se encuentran permeadas por los valores y las actitudes de los actores que conforman esos poderes (‍Alcántara, 2012).

A pesar de que la discusión linziana goce de vital trascendencia en la disciplina por impulsar el paradigma del nuevo institucionalismo (‍Peters, 2003), este hecho no ha significado un abandono total del enfoque conductista imperante tan solo un par de décadas atrás. En su lugar, Lipset (‍1990) llegó a reivindicar «la centralidad de la cultura política» para poder responder al cuestionamiento de por qué la mayoría de los regímenes políticos latinoamericanos no funciona como el de los Estados Unidos. A pesar de estos desencuentros, puede decirse que el dinamismo introducido por el enfoque neoinstitucional ha servido como aliciente para repensar los posibles vínculos entre las instituciones, los valores de la élite y la acción política (‍Nohlen, 2012).

Para la época actual, en la que el fenómeno de la democratización se ha expandido a lo largo de todos los continentes y representa una situación histórica inédita —en la que al menos para el caso de América Latina los regímenes de facto han desaparecido—, se encuentra en desarrollo toda una línea de investigación centrada en el papel de la élite política en este contexto, en tanto la aceptación de las nuevas reglas del juego democrático por parte de la misma deviene en elemento crucial para el desarrollo y el sostenimiento de los regímenes. En suma, ha ganado espacio la idea de que ya no basta un diseño institucional adecuado si este no es respetado por los actores llamados a hacerlo en primera instancia, a saber, la élite política (‍Doyle, 2020; ‍Linz y Stepan, 1996; ‍Torcal y Montero, 2006).

Varios autores ya han externalizado ampliamente que las élites políticas poseen intereses y motivaciones para influir en las instituciones conforme a determinadas preferencias, y en la búsqueda de alterar reglas de juego con consecuencias —bien sean concentradoras o distributivas— para la distribución formal del poder (‍Bowler et al., 2006; ‍Norris, 2011; ‍Bowler y Donovan, 2012; ‍Negretto, 2013). De esta manera, se propone un diálogo entre dos vertientes analíticas (las élites políticas y las formas de gobierno) al posicionar su objeto de estudio en la preferencia institucional mayoritaria sobre la forma de gobierno de la élite parlamentaria latinoamericana, o lo que se llamará la élite mayoritaria.

El trabajo busca responder qué puede explicar que los integrantes de un órgano de representación pluralista, como el Parlamento, se puedan inclinar por una forma de gobierno que favorezca las atribuciones del presidente en menoscabo de las del Congreso. Para ello, se plantea un diseño de investigación cuantitativo y utiliza datos de las encuestas a diputados realizadas por el Proyecto de Élites Parlamentarias Latinoamericanas de la Universidad de Salamanca (PELA-USAL).

De manera particular, el trabajo persigue dos objetivos. El primero se desarrolla a un nivel de análisis individual y tiene un alcance empírico-descriptivo. En esencia busca presentar el perfil sociodemográfico y actitudinal de la élite parlamentaria mayoritaria en relación con elementos que tienen que ver con la forma de gobierno. Para ello, se observan los diputados mayoritarios en contraste con los que, por el contrario, piensan que el fortalecimiento del Parlamento es prioridad; a este otro grupo se le denominará élite pluralista. La caracterización entre estas dos poblaciones se desarrollará con la ayuda de herramientas estadístico-descriptivas. El segundo objetivo también se mueve en el nivel individual, pero es de alcance empírico-explicativo. De manera especial, intenta establecer los factores actitudinales que pueden determinar significativamente el posicionamiento mayoritario sobre la forma de gobierno en los legisladores latinoamericanos.

El texto se divide en las siguientes secciones: en la primera, se desarrolla una suma teórica de las vertientes que funcionan como basamento para el presente trabajo; en la siguiente, se presenta el fundamento del enfoque empírico-actitudinal de élites políticas y sus posibles diálogos con variables institucionales; de forma posterior, se detalla el diseño metodológico de la investigación así como la estrategia analítica; seguidamente, se da solución al modelo explicativo, identificando los factores de la inclinación de la élite parlamentaria latinoamericana por una forma de gobierno mayoritaria; la penúltima sección desarrolla una discusión en donde se retoman las principales líneas y hallazgos del trabajo en consonancia con la literatura especializada; por último, de cara a establecer una agenda de investigación futura, las conclusiones enuncian las limitaciones, preguntas y oportunidades aprovechables al finalizar esta pesquisa.

II. APROXIMACIÓN TEÓRICA: ¿PRESIDENCIALISMO MAYORITARIO O PLURALISTA?[Subir]

El debate en torno a los distintos modelos de interacción entre el poder ejecutivo y el legislativo se ha visto reflejado en la morfología de las formas de gobierno para el ámbito de las democracias contemporáneas. De esta manera, cuando se habla de formas de gobierno en términos generales se hace referencia a los mecanismos diseñados para la estructuración política de un gobierno, pero en particular del nombramiento del jefe o cabeza de este (‍Cheibub, 2007).

Las formas de gobierno pueden ser vistas desde dos dimensiones de las instituciones gubernativas: a) a la dimensión de la legitimación, bajo la cual se define la modalidad institucional (directa o indirecta) que garantiza la legitimidad de un gobierno, y b) a la estructura del Ejecutivo, en la que se delimita la conexión gubernativa de la figura (monocrática o colegiada) que asume el rol de cabeza de Estado y de Gobierno (‍Cotta, 1988: 332-‍333). De las combinaciones entre las anteriores dimensiones surgen las dos formas de gobierno modernas —y más tradicionales—; a saber, la parlamentaria y la presidencialista.

De forma natural, el panorama postransicional latinoamericano constituyó una oportunidad idónea para discutir estas cuestiones, en la línea de las posibles ventajas o limitaciones de establecer arreglos institucionales conforme los esquemas de distribución del poder ofrecidos por las formas de gobierno (‍Nohlen, 1991). En este contexto, la crítica seminal de Juan Linz al presidencialismo encauzó el mainstream académico que veía esta particular forma de gobierno como la variable fundamental que a la postre vendría a generar crisis sistémicas en toda la región^[2]. No obstante, pronto la consolidación de las elecciones libres y periódicas motivó la superación de aquellas presunciones teóricas iniciales virando su atención hacia el rendimiento de los presidencialismos latinoamericanos en contextos de multipartidismo y/o Gobierno dividido (‍Chasquetti, 2001; ‍Mainwaring, 1993; ‍Mainwaring y Shugart, 1997a). En suma, la interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo en estas formas de gobierno estaba lejos de los esquemas estáticos que planteó Linz, dado que las dinámicas de los diferentes presidencialismos podían desarrollarse desde lógicas de la suma variable y de negociación («la esperanza madisoniana»), bien desde lógicas de la ruptura constitucional («la pesadilla linziana»), o hasta de estancamiento político, pero sin quiebra democrática (‍Ackerman, 2000). Así las cosas, con el difuso panorama postransicional latinoamericano, no es de extrañar que muchas de las aproximaciones distasen de establecer planteamientos optimistas.

A pesar de lo anterior, tras echar un vistazo a la evolución de la polémica se puede afirmar que esta no fue del todo uniforme (‍Elgie, 2005). Esta condición hace necesaria la sistematización de la discusión en torno a tres líneas, las cuales remiten a diferentes aproximaciones y objetos de estudio (‍Serrafero, 1998). Es constatable como el debate al que se ha hecho referencia pasó de instancias maniqueas, en un primer momento, a adquirir características más complejas y abarcadoras a medida que fueron saliendo a flote las críticas a los razonamientos normativos (véase tabla 1).

Puede afirmarse que en la actualidad existe la conciencia suficiente para el rechazo de la dicotomía original, la cual solo generó aproximaciones formales y valorativas (‍Alcántara, 1995: 104). Asimismo, tras la propuesta de realizar adaptaciones graduales a los sistemas presidenciales latinoamericanos para mejorar su funcionamiento, se llegó a adelantar el valor que la variable actitudinal y el comportamiento de las élites jugaba en esa dirección (‍Lauga y Thibaut, 1998). Para los años recientes, los esquemas de partida adquieren nuevos tonos y se complejizan, a medida que se levanta la mirada por encima de las instituciones: la preferencia por el presidencialismo en la región estaría explicada por factores diversos tales como la cultura política, las tradiciones y experiencias históricas compartidas, o bien las dinámicas políticas latinoamericanas (‍Nohlen, 2012: 135).

Sobre esta última línea, Lanzaro (‍2001) construye una tipología del presidencialismo «realmente existente» basada en indicadores del grado de concentración o distribución del poder en los sistemas políticos, proponiendo catalogar a los regímenes presidencialistas en dos grandes tipos: mayoritarios y pluralistas (véase tabla 2).

En realidad, esta clasificación se nutre en gran parte de la teoría clásica de Arend Lijphart (‍1989, ‍2000, ‍2008), pero también se aleja de ella en la medida que reconoce —y este es su principal aporte— prácticas del presidencialismo, para algunos países latinoamericanos, que no corresponden necesariamente con el esquema mayoritario, como las fórmulas de compromiso o los Gobiernos de coalición. Al revisar la propuesta de Lanzaro, Nohlen (‍2012: 57) determina que el presidencialismo mayoritario estaría amalgamado en un modelo jerárquico-decisionista, mientras que el pluralista tendría rasgos competitivo-mayoritarios. La esencia de fondo es la misma: los mayoritarios siguen la lógica de suma cero, en la que el ganador tiene la capacidad de gobernar de forma casi exclusiva, generando así regímenes de «supremacía presidencial»; en los pluralistas se hace imposible gobernar de la manera anterior en tanto el triunfo electoral no alcanza para la puesta en práctica de lógicas supremacistas, ocasionando la repartición de las fuerzas en los poderes públicos con una mayor presencia de veto players (‍Lanzaro, 2012: 24).

La importancia de esta clasificación reside en que aporta una visión pragmática en torno a las variedades de la democracia presidencial en América Latina, la cual, en lugar de ceñirse únicamente en la estructura institucional, permite explorar las distintas experiencias que se han presentado en los regímenes de la región desde las transiciones democráticas y con una perspectiva comparada (‍Cheibub y Limongi, 2002; ‍Lanzaro, 2005).

En síntesis, aunque la variable institucional siga siendo fundamental en la literatura especializada, la superación de los prejuicios en contra de los presidencialismos latinoamericanos pasa por el estudio minucioso de la interacción entre la norma y la actividad política (‍Doyle, 2020). El problema de este trabajo se centra de manera general en el estudio de la cultura política de la élite parlamentaria y particularmente en las preferencias institucionales de esta población. En suma, aquí se propone un diálogo entre actitudes e instituciones en el que estas últimas son estudiadas desde el punto de vista las consideraciones políticas de los propios actores de la representación y no como reglas exógenas o ya dadas (‍Carroll y Shugart, 2007).

III. EL ENFOQUE EMPÍRICO-ACTITUDINAL DE LA ÉLITE PARLAMENTARIA Y LA PREFERENCIA INSTITUCIONAL[Subir]

Hoy puede afirmarse que el estudio empírico de las élites políticas ha alcanzado un ámbito de atención singular y preferente dentro de la producción académica de las últimas décadas (‍Blondel y Müller 2007; ‍Albala 2016; ‍Arana, 2018). Desde la tercera ola democratizadora, la región latinoamericana ha consolidado la forma de gobierno presidencial Por tanto, aunque en la actualidad los diseños institucionales sugieran un amplio abanico de particularidades en cada país, la gran sombrilla del presidencialismo los aglutina, permitiendo observar la dinámica de algunos factores explicativos basados en la teoría con un enfoque de área (‍Mainwaring y Pérez-Liñán, 2007).

En este trabajo se delimita la élite política bajo una estrategia empírico-posicional (‍Blondel y Müller, 2007); es decir, que toma como punto de mira las instituciones formales del Estado y determina que aquellos actores de la representación que se encuentran en las posiciones más altas de las mismas son quienes ostentan el poder, conformando por tanto su élite. Asimismo, siguiendo la línea clásica de Putnam (‍1973), por una cuestión de representatividad estadística se centra el análisis sobre la institución del Parlamento, estableciendo así una equiparación operativa entre la élite política y la élite parlamentaria (los diputados o representantes de las cámaras bajas).

Sobre estas líneas, el trabajo de difusión y divulgación del PELA ha contribuido a formar una escuela de Salamanca de estudiosos en torno a las élites parlamentarias de América Latina (‍Saiegh, 2009; ‍García et al., 2013; ‍Barragán, 2015; ‍Rivas, 2015; ‍Barragán et al., 2020a). Durante mucho tiempo, los estudios comparativos amparados en los diferentes caminos tomados por la teoría de la democracia a menudo ignoraron esta variable (‍Rivas, 2015), dejando todo un abanico de hipótesis a la deriva que podrían encauzar la investigación en torno a las posibles relaciones entre las características de la élite política y el rendimiento del gobierno democrático (‍Rohrschneider, 1994).

En consecuencia, se parte de un enfoque basado en el concepto de cultura política de la élite, dígase, de valores, creencias, actitudes, opiniones y preferencias normativas de la élite política que «reflejan la voluntad de los actores políticos de incurrir en costes políticos para defender o alcanzar su régimen preferido, por encima de valoraciones instrumentales» (‍Bohigues, 2017: 63-‍64). De esta manera, en lo referente al estudio empírico de la élite parlamentaria en el continente, es posible notar una evolución desde los análisis empírico-descriptivos de un inicio hasta los avances e innovaciones técnicas que han llevado al análisis estadístico multivariante a un nivel elevado de sofisticación (véase ‍Lupu et al., 2017). Al revisar las tendencias que presentan las decisiones metodológicas para el análisis y la explotación de los datos sobre élites, salen a la luz al menos tres líneas: a) los trabajos en los que predomina el eje izquierda-derecha; b) los enfocados en la vinculación entre élites y calidad de la democracia, y c) los más recientes de congruencia entre élites y ciudadanos (‍Barragán et al., 2020b).

En este sentido, el enfoque actitudinal de la élite no se sobrepone a la tradición de la teoría democrática construida por la ciencia política hasta el momento, sino que más bien se inserta como una variable explicativa más, y de peso, en el conjunto de la tradición académica (‍Gimenes, 2014). Así, en el amplio debate fraguado en torno al estudio empírico de la democracia, al lado de las condiciones socioeconómicas, las instituciones, la cultura política, la tradición democrática y la geopolítica, se encontraría la actitud de la élite, la cual ha venido cobrando protagonismo en la literatura más reciente (‍Bohigues, 2017).

El amplio trabajo de Mainwaring y Pérez-Liñán (‍2013) constituye un ejemplo reciente e ilustrador sobre la incorporación del enfoque elitista en los estudios que toman la democracia como variable dependiente. Este estudio, entre diversos factores, sitúa a los actores políticos en el centro de las teorías sobre supervivencia y cambio de los regímenes políticos y toma, por consiguiente, las preferencias normativas de aquellos como variables influyentes en esta dirección.

Al menos en referencia a los paradigmas politológicos más recientes, tanto las instituciones como las actitudes de las élites aportan aristas para abordar el problema de la consolidación, calidad y variedad democráticas. Sin embargo, la escogencia de un enfoque actitudinal implica una toma de partida teórica y metodológica, la misma que se ha venido haciendo predominantemente desde los investigadores vinculados al PELA, bajo la proclama de que «si las instituciones importan, los políticos importan tanto o incluso más» (‍Rivas, 2015: 2).

La literatura neoinstitucionalista ya ha externalizado ampliamente que los actores políticos, en este caso las élites parlamentarias, poseen intereses y motivaciones para influir en las instituciones conforme a determinadas preferencias y en la búsqueda de alterar reglas de juego con consecuencias —bien sean concentradoras o distributivas— para la distribución formal del poder (‍Norris 2011; ‍Bowler y Donovan 2012; ‍Negretto 2013). Esto se comprueba para el caso latinoamericano en el contexto transicional de los noventa, el cual propició la búsqueda de maneras alternativas de resolución de conflictos políticos mediante vías institucionales y esquemas particulares de relación entre los poderes (‍Freidenberg y Došek, 2016).

A pesar de lo anterior, sigue quedando la interrogante a nivel motivacional: ¿qué lleva a un determinado actor de la representación política a decantarse por una forma de gobierno en lugar de otra? Basta mencionar que, a la fecha, la parte de las motivaciones se ha conjugado escasamente con factores actitudinales de manera empírica. Al considerar a las instituciones como creaciones que son producto endógeno de los propios intercambios políticos (‍Colomer, 2005) se vuelve pertinente la pregunta que esta investigación hace por los juicios, las actitudes y los valores que los mismos legisladores desarrollan hacia a los andamiajes en los que se desenvuelven. De ahí que puedan estudiarse las preferencias institucionales de la élite parlamentaria con atención a la posición de la misma en su contexto; a saber, a las motivaciones estratégicas e instrumentales en procura de la maximización de utilidades políticas y electorales (‍Monsiváis, 2012: 50-‍51).

Por estas razones, en lugar de seguir las líneas más consolidadas en torno a los determinantes de la intensidad y el cambio institucional, como hace la tradición de estudio sobre las reformas políticas en América Latina enfocada en la dirección y el contexto de los cambios institucionales (‍Casas, 2016), la óptica de las preferencias institucionales de la élite parlamentaria permite poner en el centro de la discusión la literatura de la forma presidencial en América Latina y, consecuentemente, la preferencia institucional como un objeto poco testeado desde el punto de vista de las actitudes (‍García, 2006). Esto, por un lado, contribuye a poner a prueba presunciones teóricas de manera empírica, pero por otro también ayuda en la acumulación de conocimientos en torno a la interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo en regímenes democráticos.

Esta aproximación específica pretende avanzar sobre un vacío relativo en la literatura, en el cual lo poco que se ha escrito gravita bien en la órbita descriptiva (‍Martínez, 1997) bien en los estudios centrados en casos particulares (‍Monsiváis, 2012; ‍Treminio, 2016). De forma reciente, el trabajo de Arana y Guerrero (‍2020) contribuye con un planteamiento interesante en torno al conflicto ejecutivo-legislativo desde la perspectiva de la élite parlamentaria latinoamericana en términos comparados. No obstante, la delimitación del objeto en esta investigación gira en torno al tema de la confianza en la figura presidencial, no así en la preferencia institucional sobre la forma de gobierno. Así las cosas, el problema planteado en este trabajo puede aportar en la literatura creciente que toma en cuenta las creencias y los valores de la élite como variables de peso en la configuración de los sistemas políticos democráticos en América Latina (‍García Díez et al., 2013).

IV. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y ESTRATEGIA ANALÍTICA: ÉLITES PARLAMENTARIAS Y PRESIDENCIALISMO MAYORITARIO EN AMÉRICA LATINA[Subir]

La hipótesis general de trabajo arguye que existen características actitudinales en los diputados que influyen en la preferencia institucional sobre la forma de gobierno. De manera especial, se sitúa la atención sobre la élite parlamentaria que apoya decididamente una forma de gobierno que favorece a la figura presidencial sobre el propio órgano al que pertenece y, en consonancia con la anterior teoría sobre la forma de gobierno presidencialista en América Latina (‍Lanzaro, 2001, ‍2012), la clasifica como élite mayoritaria. De esta manera, el estudio plantea un análisis comparativo estadístico de N-grande que toma a los individuos como unidad de análisis (los diputados) y se orienta por variables (variable-based) (‍Landman, 2008). Tanto por esta razón como por la densidad de los datos, se justifica que el énfasis resida en este punto y no en estudiar a fondo las especificidades de casos particulares.

Este estudio utiliza los datos transversales puestos a disposición por las bases del PELA. Este proyecto es uno de los pioneros en el estudio sobre élites parlamentarias latinoamericanas, ya que desde el año 1994 ha venido impulsado la producción de estudios de carácter exploratorio y explicativos a partir de una reformulación académica de los debates teóricos asociados a la élite política latinoamericana^[3]. En concreto, realiza encuestas periódicas representativas de los legisladores de dieciocho democracias en la región. Estos datos se recopilan en cada nueva conformación de los Parlamentos nacionales a través de cuestionaros que aglutinan actitudes, percepciones, características y posicionamientos políticos de diputadas y diputados a lo largo de los años, lo que ha contribuido a la construcción de una base de datos comparada, accesible e inédita en este campo.

El presente trabajo, en particular, utiliza datos de la cuarta (2006-‍2010), quinta (2010-‍2014) y sexta oleadas (2014-‍2018), es decir, que incluye a todos los parlamentarios latinoamericanos entrevistados durante el periodo 2006-‍2018. Esta delimitación temporal se justifica en la fecha de aparición de la pregunta de interés en los cuestionarios del PELA, ya que los planteamientos de las oleadas anteriores presentan una redacción diferente en torno a la cuestión actitudinal sobre la forma de gobierno, lo que, en términos metodológicos, dificulta extender la comparación longitudinal hacia la década de los noventa.

Se parte de un total de 1395 entrevistas en dieciséis países, a diputados cuyos periodos legislativos se iniciaron entre los años 2006 y 2010; 1111 en catorce países entre 2010 y 2014; y, por último, 1042 en catorce países entre 2014 y 2018. La muestra total es de N=3548 entrevistas a diputados repartidas en 44 periodos legislativos distintos, con un promedio de aplicación de un 2,4 regional.

Para delimitar la variable dependiente, se ha hecho uso de la pregunta 12 de los cuestionarios del PELA, la cual solicita al entrevistado decidir en una escala determinada, la forma específica de gobierno predilecta dentro de su respectivo régimen presidencialista (véase tabla 3). La estructuración propia de la pregunta lleva intuitivamente a operacionarla como una variable dicotómica —presidente o Cámara—, de modo que, en conexión con los postulados teóricos desarrollados por Lanzaro (‍2001), aquí se ha optado por seguir una lógica clasificatoria determinada (‍Sartori, 1970: 688) para circunscribir a los partidarios de la primera opción dentro de la «élite mayoritaria» (para los valores: 1 ⇔ 2) y a los de la segunda dentro de la «élite pluralista» (para los valores: 4 ⇔ 5).

La variable dependiente (PREFGOB) entonces se define para mayor comodidad con una agrupación binaria, como sigue:

y= 1 Mayoritaria 0 Pluralista

Con la nueva operacionalización es predecible que disminuya la muestra inicial, en tanto para el análisis logístico propuesto se estaría desestimando a la «élite equilibrada» y a los casos perdidos. La justificación de la clasificación se basa en la teoría, pero también lleva consigo un presupuesto metodológico: los sesgos producidos por ejecutar regresiones lineales sobre la base de escalas ordinales. Para sortear este posible inconveniente, la literatura politológica sugiere aglutinar los umbrales de una escala y presentarlos mediante un modelo dicotómico, de manera que pueda ser potenciado con respecto a los parámetros de efecto y umbral (‍King, 1998: 115-‍116). El enfoque de umbrales planteado a su vez consiente no tomar en cuenta los valores medianos (la «élite equilibrada») y concentrarse en los perfiles más polarizados (la pluralista y la mayoritaria).

Tras esta acción se trabajará con la muestra de legisladores N=2261. El gráfico 1 muestra la distribución de los encuestados según su preferencia institucional sobre la forma de gobierno. En general el 69 % (1552 legisladores) se pueden clasificar dentro de la élite parlamentaria con preferencia institucional mayoritaria y el 31 % (709 legisladores) dentro de la preferencia pluralista. Esta distribución contraintuitiva constituye un aliciente para el planteamiento del problema de la investigación, en el sentido en que refuerza la interrogante sobre el hecho de que los órganos de representación pluralista en la región están compuestos por legisladores que en promedio tienen preferencias mayoritarias.

En cuanto a la selección de las variables, se considera que los datos provistos por las bases PELA son válidos para observar los elementos de interés, conforme a los planteamientos teóricos esbozados anteriormente. De esta manera, se proponen cuatro dimensiones explicativas que agrupan a una o más variables: a) ideología; b) Gobierno-oposición; c) democracia, y d) sistema electoral.

La dimensión ideológica izquierda-derecha (IDEOLOGIA) es uno de los indicadores más frecuentados en los estudios sobre élites parlamentarias y se operacionaliza a partir de la pregunta «¿En qué casilla se colocaría usted teniendo en cuenta sus ideas políticas?». En suma, la autoubicación de los legisladores en una escala de 10 puntos, en donde 1 equivale a izquierda y 10 a derecha. Se ha optado por testar la autoubicación en lugar de la distancia ideológica entre el legislador y el presidente de turno por la razón de que la hipótesis teórica referenciada se basa en la primera variable, esto sin descartar que la segunda pueda ser tomada en cuenta para un estudio similar (véase ‍García Montero, 2009). De manera general, esta dimensión pretende presentarse como la síntesis de un conjunto de posiciones políticas dentro de la práctica democrática de los países desarrollados, razón por la cual se ha cuestionado su relevancia para los países latinoamericanos (‍Colomer y Escatel, 2005: 124). No obstante, su utilización en el PELA ha resultado significativa en los trabajos que lo articulan con otras dimensiones tales como el aborto, las posturas ante la Iglesia o la intervención estatal (‍Wiesehomeier, 2010; ‍García et al., 2013). Martínez (‍1997: 111-‍112) encuentra en esta variable una capacidad explicativa en relación con la forma de gobierno preferible, anotando la cercanía entre posiciones izquierdistas y centro-izquierdistas y la opción por el parlamentarismo. Trayendo a colación estos resultados, para el presente trabajo se postula la siguiente hipótesis:

H₁. Cuanto más hacia la derecha del espectro ideológico esté autoubicado el legislador, mayor probabilidad de que adopte una actitud mayoritaria sobre la forma de gobierno.

Debido a las dificultades de incluir dentro del modelo teórico-explicativo la variable «partido político» —por la unidad de análisis—, para tomar en cuenta el posicionamiento de los legisladores según su ubicación en el congreso mediante la pregunta «¿Se considera usted del gobierno o la oposición?» se recurre a la solución intermedia aplicada en Bohigues y Rivas (‍2019) para controlar si el diputado se considera parte de la oposición o parte del gobierno (GOBOP). La relación de esta variable con la preferencia por la forma de gobierno también se ha sugerido en otros trabajos (véase ‍Vairo, 2017). De manera particular, se señala la opción de la oposición por formas que posibiliten mayores grados de intervención en la arena política, facilitados por la pretendida lógica pluralista del parlamento (‍Martínez, 1997: 112). Sobre esto se propone la hipótesis:

H₂. Los diputados que se consideran «de gobierno» presentarán una mayor probabilidad de asumir actitudes mayoritarias sobre la forma de gobierno.

Una de las estrategias convencionales para medir el apoyo a la democracia, la estabilidad democrática o el grado de consolidación reside en las entrevistas de opinión a ciudadanos, élites, organizaciones, etc. Esta fue la manera en que florecieron muchos de los estudios comparados para el área latinoamericana hacia mediados de los noventa (véase ‍Linz y Stepan, 1996). De manera particular, se parte del hecho de que la percepción sobre la estabilidad democrática (ESTDEM) posee potencial para dar cuenta sobre el grado de consolidación de la democracia en un país (‍Mateos, 2006: 115). La operacionalización de esta variable refiere a la pregunta: «¿Qué tan estable es la democracia en su país?», en una escala de medición donde 1 significa «nada estable» y 4 «muy estable». A este respecto, García (‍2006: 31-‍32) confirma la relación entre las actitudes hacia la democracia y las preferencias institucionales, dado que posiciona a la percepción de estabilidad en consonancia con el polo proporcional. Así, desde el institucionalismo discursivo (‍Garcé, 2015, ‍2017; ‍Picado 2018) se argumenta que la posición de aumentar las atribuciones de un presidente se puede valer de las condiciones inestables de un contexto determinados para invocar la supremacía presidencial. Este pensamiento sin duda se muestra susceptible de abrir fisuras en una dirección antiinstitucional e incrementa el recelo en torno al desempeño democrático de los países (‍O’Donnell, 2010: 229). De esta manera:

H₃ . Cuanto más inestable perciba el legislador su democracia, mayor probabilidad de que adopte una actitud mayoritaria sobre la forma de gobierno.

El cuestionario del PELA incluye varias preguntas que tienen que ver con elecciones y sistemas electorales. No obstante, el ítem de interés para este trabajo hace hincapié en la importancia de diseño institucional para la gobernabilidad/representatividad, o bien para la dinámica de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. De esta manera, mide el sistema de elección para la Cámara (SISTELEC) a través de la pregunta: «En las elecciones a la Cámara, ¿cuáles cree que serían las posiciones ideales para su país?», donde en una escala de 1 a 10, el 1 se identifica con «un sistema proporcional que garantice la representación equitativa de todas las fuerzas políticas» y el 10 con «un sistema mayoritario que garantice Gobiernos fuertes y efectivos». La redacción de la pregunta trae a discusión el problema de este trabajo: el de las formas mayoritarias versus las pluralistas. Así, el sistema electoral estaría relacionado con la forma de gobierno, en primer lugar por la llamada «triada de Nohlen» (véase ‍Nohlen, 1999), pero también por la razón aportada por Mainwaring y Shugart (‍1997b: 43), quienes afirman que el que las democracias promuevan soluciones mayoritarias o consociativas depende mucho del diseño utilizado para la transferencia de votos en representación popular. De esta manera también se debate el argumento de Linz (‍1990), para quien el presidencialismo se conduce únicamente en torno a fórmulas de «ganadores únicos». Por ello, con la inserción de esta variable en el modelo se pretende profundizar en el argumento y a su vez someterlo a examen desde un punto de vista actitudinal,y esto a partir de la siguiente hipótesis:

H₄ . Cuanta más adhesión presente un legislador hacia sistemas electorales que promueven la formación de Gobiernos fuertes y efectivos, mayor probabilidad de que adopte una actitud mayoritaria sobre la forma de gobierno.

La inclusión de variables sociodemográficas en la construcción de bases de datos sobre élites políticas suele considerarse como el punto de partida básico para el análisis descriptivo (‍Coller et al., 2014: 172). Las características demográficas individuales están siempre presentes en los cuantiosos estudios politológicos sobre participación electoral: de manera general, el sexo, la edad y el nivel educativo suelen relacionarse con mayor o menor asistencia a las urnas, según el posicionamiento que se adopte. No obstante, como los trabajos sobre élites parlamentarias también parten de valores y actitudes psicológicas, resulta interesante tomarlas en cuenta aquí de manera aproximativa con motivo de sustraer las posibles correspondencias entre las características de los diputados y elementos tales como las preferencias institucionales. Así, la edad (EDAD) se medirá como variable continua sobre los años cumplidos, el sexo (SEXO) como variable dicotómica, en donde Hombre = 0 y Mujer = 1, y el nivel educativo (EDUC) sobre una escala en la que 0 equivale a ninguna educación formal y 6 a educación universitaria de postgrado.

Por otra parte, también se controla el modelo según la vertiente instrumental del apoyo a la democracia (véase ‍Torcal, 2008). Por esta razón, se ha decidido explorar la confianza de los parlamentarios al Parlamento (CONPA) y a la Presidencia (CONPR) través de la pregunta: «¿Qué grado de confianza le merece su actuación en la vida pública de su país?». Ambas variables se miden en una escala en donde 1 equivale a «ninguna» confianza y 4 a «mucha».

Se recurrirá a la técnica de regresión logística binaria múltiple para analizar la preferencia institucional sobre la forma de gobierno en la élite parlamentaria latinoamericana. En suma, se construye un modelo de regresión no lineal, con variable dependiente binomial, utilizado para probar la probabilidad de presencia o ausencia de un resultado determinado según los valores de un conjunto de variables explicativas utilizando el método de máxima verosimilitud, el cual ajusta el modelo a través de un procedimiento iterativo de fases sucesivas. En un contexto multivariable como el propuesto, se trata de alcanzar de un modelo explicativo óptimo en el que se evalúe la eficacia de las variables independientes para la explicación de la respuesta a través de la estimación de coeficientes (‍Creswell, 2009) arrojados por el paquete estadístico Stata.

La elección de la técnica se justifica primeramente en el número de unidades de análisis (2261 legisladores), así como también en la operacionalización particular de la variable dependiente, la cual es medida de forma categórica; es decir, que la preferencia institucional sobre la forma de gobierno de la élite parlamentaria adopta los valores: y = 1 cuando un legislador presenta la característica de interés («preferencia institucional mayoritaria», conformando el grupo G1), y y = 0 cuando el legislador no tiene esta característica («preferencia institucional pluralista», conformando el grupo G2). En consecuencia, de manera específica se busca descifrar la probabilidad de que un individuo pueda ser incluido dentro del primer grupo.

Con la utilización de una estrategia de investigación micro se persigue el contraste de la hipótesis a nivel individual tomando en cuenta fundamentalmente la cultura política de la élite (aspectos psicológicos) como determinante de las preferencias institucionales (‍Anduiza et al., 2009: 62), siendo la élite parlamentaria la unidad de análisis principal. En síntesis, los resultados ajustan dos modelos para la variable dependiente: el primer modelo considera solo las variables de control, mientras que el segundo incluye las cuatro dimensiones explicativas propuestas^[4].

V. RESULTADOS[Subir]

Las salidas resultantes del modelo logístico ofrecen información relevante sobre el componente actitudinal relativo a la preferencia institucional. Para comenzar, la tabla 5 detalla la evaluación de la eficacia del modelo. Así, tras disponer a los legisladores de la muestra según su concordancia con los valores de la variable respuesta, puede concluirse que el modelo es significativo, en tanto explica entre el 0.50 y el 0.78 de la variable dependiente (pruebas R² de Cox y Snell y R² de Nagelkerke), lo cual indica un buen rendimiento en términos generales. La tabla 6 presenta los resultados como odds ratios generales del modelo de regresión logística simultánea aplicado para la preferencia institucional mayoritaria sobre la forma de gobierno en los legisladores de América Latina.

El modelo 1 estima los efectos de una serie de variables de control, resumidos en la vertiente sociodemográfica y de confianza institucional. Aquí el nivel educativo (OR = 0.862, p <. 0.1) y la confianza en el presidente (OR=1.674, p < 0.01) fueron las únicas variables de control significativamente asociadas con la variable dependiente PREFGOB. Por una parte, en la medida en que aumenta el nivel educativo del legislador, la probabilidad de apoyar la ampliación de las atribuciones presidenciales disminuye, mientras que, en contraste, las dosis de confianza presidencial se muestran asociadas con una preferencia positivo a las facultades de esta figura. El sexo, la edad y la confianza en el Parlamento no presentan efectos sobre las probabilidades de apoyo a un presidencialismo mayoritario (p > 0.1).

El modelo 2 agrega las dimensiones enunciadas como predictores al conjunto de variables especificadas en el anterior. En general, al revisar las estimaciones para las variables de control en el modelo 2 resaltan la edad (OR = 1.010, p < 0.1) y la confianza en el parlamento (OR = 0.782, p < 0.1) como resultantes explicativos, lo que sugiere que una edad más avanzada en los legisladores aumenta el chance de apoyar la preferencia institucional mayoritaria, pero también que un aumento en los niveles de confianza en el órgano legislativo va en detrimento de las probabilidades de estar a favor de mayores atribuciones para la figura presidencial. Por otra parte, el nivel educativo (OR = 0.799, p < 0.05) se mantiene significativo incluso después de incluir las variables repasadas, con lo que mejora el nivel de capacidad explicativa. En ninguno de los modelos el sexo destaca como un indicador a tomar en cuenta.

Los resultados del modelo 2 además indican que al menos dos de las dimensiones propuestas en el modelo explicativo están asociadas con una actitud mayoritaria sobre la forma de gobierno. En primera instancia, entre los legisladores que se perciben a sí mismos como afines al gobierno se encuentran más probabilidades de apoyar el aumento de atribuciones en la Presidencia sobre el Congreso (OR = 1.065, p < 0.1), controlando todas las demás variables, mientras que en la medida en que aumenta la percepción de estabilidad democrática entre los legisladores, estos presentan 1458 veces más probabilidades de que posean una actitud mayoritaria (p < 0.01), con todas las demás variables constantes. Por último, las dimensiones relativas al presunto impacto de las variables de ideología y sistema electoral no presentan efectos con un nivel de significancia aceptable (p > 0.1).

De acuerdo con los controles y las hipótesis planteadas, tras evaluar la significancia global de los coeficientes p de los predictores, se encuentra que las variables confianza en el presidente y percepción sobre la estabilidad democrática son significativas al 1 % para predecir la preferencia institucional mayoritaria, mientras que la variable nivel educativo resulta significativa al 5 % y la edad, la confianza en el Parlamento y la dimensión Gobierno-oposición son significativas al 10 %. De estos resultados puede concluirse con varios niveles de seguridad estadística que la probabilidad de pertenecer al grupo de legisladores con preferencia institucional mayoritaria es mayor en la medida en que el diputado es de edad avanzada, con nivel educativo bajo, que se identifica con el Gobierno de turno y que presenta una buena percepción con respecto al presidente y la estabilidad de la democracia en su país, pero que en contraste desconfía del mismo órgano al que pertenece.

VI. DISCUSIÓN[Subir]

Los resultados presentados anteriormente ayudan a poner de manifiesto algunas particularidades en lo concerniente a la selección de las variables. Así, primeramente, en torno a la hipótesis sobre el papel de la autoubicación del legislador en el Parlamento, se ratifica que esta logra identificar a la élite parlamentaria, dado que la que se presenta como adherente al Gobierno evidencia mayor inclinación por el aumento de atribuciones presidenciales. Como se explicó en la justificación de la variable, esta dimensión intenta enfrascar a su manera la dinámica partidaria a lo interno del Congreso, la cual confirma su utilidad como predictor de la preferencia institucional. Sobre este punto es menester recordar que desde la transición a la democracia la oposición se ha constituido en objeto ineludible para los estudiosos de los regímenes presidencialistas latinoamericanos, sobre todo en lo referente a su capacidad de influencia en el proceso de elaboración de políticas públicas (‍García y Martínez-Barahona, 2001), a su labor de supervisión del Ejecutivo (‍Morgenstern et al., 2008) y al nivel de lealtad —apoyo difuso— al régimen como un todo (‍Vairo, 2014).

Al ser la democracia representativa un régimen político que genera, entre otras cosas, ganadores y perdedores electorales (‍Przeworski, 1991; ‍Queirolo y Vairo, 2019), la preocupación por el papel de la oposición en las poliarquías constituye toda una vertiente clásica de la literatura politológica, la cual reafirma la complejidad de los esquemas de división de poderes sobre la eficiencia de los resultados en las diferentes formas de gobierno. Asimismo, somete a debate las posturas que proclaman a las formas pluralistas como superiores, en la medida en que estas promueven «resultados socialmente satisfactorios» (‍Colomer, 2001: 8). El resultado particular de la inserción de la variable Gobierno-oposición en el modelo conlleva a repensar esta proposición con base en la ubicación del legislador en el Parlamento, generando un orden de preferencias diferenciado en torno a las expectativas de mejorar las utilidades, las mismas que trascienden la condición individual del diputado, esto es, que un legislador de gobierno no tendría problema en ver mermado su rango específico de acción (atribuciones parlamentarias) con tal de promover la concentración del poder en la rama ejecutiva afín a su proyecto.

Con respecto a la dimensión de estabilidad democrática, llama la atención que, aunque se confirma que una actitud específica hacia la democracia se muestra significativamente vinculada a las preferencias institucionales, la misma corre en dirección inversa a la planteada en la hipótesis de trabajo. La introducción en el modelo de una variable que englobara la percepción sobre la estabilidad democrática tenía por objetivo enlazar este problema con el debate clásico en torno a la pretendida generación de crisis sistémicas por parte del presidencialismo (‍Linz, 1990). Aunque esta posición perdió fuerza con el tiempo —sobre todo si se considera que el vaticinio nunca se llegó a cumplir—, el ciclo reformista de los años dos mil, en consecuencia, reforzó a un mismo tiempo la continuidad de algunos Gobiernos y el carácter de sospecha en torno a la concentración del poder que atrapaba al presidencialismo (véase ‍Treminio, 2015, ‍2019).

Por ello, no deja de ser interesante que, al llevar este presupuesto a examen, la élite parlamentaria mayoritaria es la más optimista con respecto a la estabilidad de la democracia en su país. Aun a contrapelo del planteamiento teórico (‍García, 2006), este resultado no es del todo injustificable sobre todo si se piensa que la estabilidad democrática propicia ambientes idóneos, en términos de articulación de mayorías, para la reforma institucional (‍Došek, 2018). Por otra parte, no resulta contraintuitivo el hecho de que la élite pluralista perciba su democracia como inestable, sobre todo en contextos políticos de gobierno unificado, en donde el dominio ejecutivo recrea un ambiente en el que el «presidente unipartidista mayoritario es un único ganador absoluto que no comparte poderes con otros actores» (‍Colomer, 2001: 165). En todo caso, por motivos que escapan al presente trabajo, el tema debe profundizarse en futuras investigaciones. Esto no solo por la razón de que va en contra de lo planteado de manera análoga para la preferencia institucional sobre los sistemas electorales, sino porque precisa de mejores explicaciones que profundicen el cálculo racional basado en un esquema concentración-compartimiento del poder.

Por último, como ya se vio, lo planteado para las dimensiones ideología y sistema electoral arroja resultados no significativos. La refutación de ambas hipótesis pone en entredicho, por un lado, la importancia otorgada al vínculo entre las preferencias institucionales y las posiciones ideológicas de la élite parlamentaria (‍Bowler et al., 2006), mientras que, por otro, refuerza la argumentación realizada para la dimensión anterior, llamando a repensar el objeto de la preferencia institucional de manera diferenciada. Es decir, que la afinidad por tal o cual configuración de sistema electoral no está necesariamente emparentada con la predilección por una determinada forma de gobierno: la evidencia empírica problematiza lo argumentado teóricamente por Nohlen (‍2012) en torno a las demandas funcionales planteadas a los sistemas electorales, dado que la voluntad política de establecer esquemas más pluralistas de selección de cargos públicos en ocasiones puede no concordar —contrario a lo esperado— con la actitud preferencial por aumentar las atribuciones de la Cámara frente al presidente.

En segundo lugar, los controles relativos estadísticos sociodemográficos y de confianza institucional aportan información valiosa para la clasificación de la élite mayoritaria. Si bien, aunque en un principio estas variables se introducen en el modelo exploratorio de rigor para controlar el explicativo, los resultados de este último sugieren prestar más atención hacia el papel que juegan sobre las preferencias institucionales. Este hecho conlleva a repensar, para futuros acercamientos, los determinantes a nivel individual debido a que hasta el momento la literatura especializada ha prestado mayor atención hacia factores tales como el posicionamiento ideológico, la valoración de la democracia interna partidaria, las actitudes hacia la disciplina de partido o la importancia misma de la institución partidista como mecanismo predilecto para la agregación de demandas en una democracia (‍García, 2006).

En este sentido, una edad avanzada, una baja educación y las distintas direcciones de la confianza institucional hacia el Parlamento y el presidente estarían sugiriendo formas más distributivas de concebir la política, en general, y los arreglos institucionales, en particular. Aunque un mejor nivel educativo de la élite pueda indicar en América Latina, ante todo, grandes disparidades en el acceso a la escolarización (véase ‍Rivas et al., 2010), también puede revelar un mejor discernimiento de la función del sistema político y sus instituciones, en tanto la educación fortalece las habilidades cognitivas y promueve la comprensión elementos abstractos de la política (‍Wolfinger y Rosenstone, 1980), o bien mayores cuotas de tolerancia que ayudan a atenuar los valores autoritarios (‍Bohigues, 2018).

Este es un tema que resultaría interesante testar en los estudios sobre élites especializados en las carreras políticas, bajo el entendido de que estas se desarrollan en el marco de sistemas políticos determinados, con reglas precisas —formales e informales— y contextos de transacción entre poderes (‍Alcántara, 2012). ¿Puede el paso de los años o la formación educativa transformar las actitudes en torno a los modos que se comparte el poder en una poliarquía? Esta pregunta es, sin duda, susceptible de elaboraciones más acotadas; no obstante, la significancia presentada en este estudio ya sugiere algunas líneas de trabajo.

VII. CONSIDERACIONES FINALES[Subir]

Este artículo supone un aliciente académico para repensar la preferencia institucional sobre la forma de gobierno en la élite parlamentaria desde un punto de vista actitudinal y explicativo. De entrada, hay un aporte a nivel metodológico en la conceptualización de la variable respuesta Y dicotómica, en tanto esta trasciende la operacionalización clásica de la ciencia política centrada en los estudios sobre comportamiento político-electoral (del tipo «votó/no votó»; «votó por el candidato X o Y»). Esta razón sugiere nuevos horizontes para los trabajos en la disciplina que pretendan la utilización de modelos logísticos basados en la cultura política de la élite.

Los aportes que anteceden al objeto de este trabajo han desarrollado este tema desde un punto de vista meramente descriptivo y centrado en casos, o bien desde el enfrascamiento en el sistema electoral. Por esta razón, se ha llevado a cabo un análisis comparativo de N-grande para comprobar la influencia de algunas dimensiones teóricas que se mostraban asociadas con los esquemas mayoritarios de la democracia presidencial en América Latina. Aunque los resultados del análisis sean una primera aproximación al objeto tal y como fue delimitado —y por tanto es menester probarlos y cotejarlos en estudios posteriores—, resulta interesante la relevancia mostrada de las variables sociodemográficas y de confianza institucional para conjugar el esquema de la preferencia mayoritaria, aunadas a la comprobación de las dimensiones democracia y Gobierno-oposición. De esta manera, se confirma la utilidad de factores bastante presentes en la literatura sobre el debate institucional, tales como la estabilidad democrática y la posición del legislador con respecto al Gobierno.

Las dimensiones de ideología y sistema electoral arrojaron resultados poco significativos, lo que conlleva a repensar los vínculos que hasta hace poco eran atribuidos por los hallazgos académicos. Así, en conciencia de la dinámica política variopinta en la región, la especificación de un modelo explicativo a nivel micro es apenas el primer paso en la comprensión de la vertiente actitudinal referida a los arreglos institucionales, asunto hasta la fecha poco abordado dentro de la literatura especializada, el cual deja abierto un amplio abanico de oportunidades.

La operacionalización teórica de la variable dependiente desde un marco conceptual enfocado en el presidencialismo latinoamericano persigue el doble objetivo de desligarse de las visiones peyorativas sobre la forma de gobierno predominante en el continente, y a su vez de buscar dar con una aproximación que reconozca la cuestión dinámica en el desarrollo de los gobiernos que, aunque amparada en esquemas institucionales más o menos fijos, deja espacio para diferentes concepciones sobre la práctica de la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo: la evaluación de las actitudes sobre la forma de gobierno presidencial llevadas a cabo en esta investigación señalan la existencia de patrones complejos en la formulación de las preferencias institucionales que deben seguirse estudiando.

Los resultados y limitaciones del análisis dejan abierta la oportunidad para estudios futuros que se interesen por confrontar los hallazgos obtenidos a nivel comparado entre países. Frente al planteamiento intracaso —orientado por variables—, puede adoptarse una lógica orientada por casos recurriendo al método comparativo de N-mediana, utilizado para las investigaciones en las cuales hay un número reducido unidades de análisis que hace inconveniente un análisis estadístico como el planteado en este trabajo. Asimismo, las variables contextuales político-institucionales también pueden entrar en la ecuación y determinar la dirección de las preferencias de los legisladores; por ejemplo, la condición mayoritaria o minoritaria de los Gobiernos, o bien los distintos esquemas distributivos presentes en las fórmulas presidencialistas de coalición y de compromiso (‍Lanzaro, 2005). Esta es una aproximación que se ha desarrollado apenas en algunos trabajos para los estudios sobre élites (véase ‍Freidenberg et al., 2006; ‍García, 2006), y sigue la estrategia de análisis cross-level. Los hallazgos del estudio motivan nuevos formulaciones teóricas y metodológicas encauzadas hacia la comprensión integral de la interacción entre, por ejemplo, la forma de gobierno, el sistema electoral, el sistema de partidos (la citada «triada de Nohlen»), la potencia institucional legislativa (‍García Montero, 2009) y la vertiente actitudinal de la élite parlamentaria.