EL LOCUS STANDI DE TERCEROS ESTADOS PARA INTERPONER RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA UE: EL ASUNTO C-872/19 P, VENEZUELA/CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia —a través de un recurso de casación y en contra de la posición previa adoptada por el Tribunal General en el asunto T-65/18 de 20 de septiembre de 2019^[2]— decidió que la República Bolivariana de Venezuela estaba legitimada para impugnar un reglamento de la UE que establece medidas restrictivas contra ese Estado. La relevancia de la sentencia de 22 de junio de 2021 (Gran Sala) dictada en el asunto C-872/19 P^[3] obedece a dos aspectos fundamentales. De un lado, como puso de relieve el abogado general en sus conclusiones, el recurso de casación «ofrece al Tribunal de Justicia una oportunidad excepcional para pronunciarse sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto»^[4] y el Tribunal la ha aprovechado, avanzando así en la construcción jurisprudencial de esta disposición para seguir perfilando su alcance, tarea en la que de nuevo el TJ muestra una cierta sensibilidad al adoptar una decisión acorde al principio de tutela judicial efectiva en el marco de un recurso sumamente limitado a los demandantes particulares. De otro, al haber reconocido por primera vez el locus standi de terceros Estados para plantear recurso de anulación, no puede obviarse que esta situación puede suponer un efecto llamada para que otros Estados no miembros afectados por medidas restrictivas de la UE planteen recursos en el mismo sentido, lo que, como alegó el Consejo de la UE —atendiendo a principios de derecho internacional público— podría colocar a la Unión Europea en situación de desventaja dada la inexistencia de un derecho equivalente de revisión de posibles decisiones adoptadas por algunos Estados terceros contra esta organización supranacional.

Siendo así, el objeto de este comentario se centra en el análisis de la primera de las cuestiones, esto es, la valoración de los criterios de admisibilidad establecidos en el art. 263, párr. 4 TFUE con respecto al caso concreto y en particular, al alcance del concepto de «persona jurídica» de la citada disposición, dado que supone la cuestión más novedosa del presente asunto. Sin embargo, a pesar del carácter hipotético de la segunda cuestión planteada, en la conclusión final se tratará de poner de relieve si efectivamente este nuevo enfoque del TJ puede entrañar algún peligro para la UE o, por el contrario, obedece una garantía más con respecto de la tutela judicial efectiva que debe ser observada por una organización que consagra el Estado de Derecho como uno de sus valores fundamentales sobre los que se sustenta.

II. LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DEL ARTÍCULO 263 TFUE, PÁRRAFO CUARTO: LO QUE EL TG NO QUISO VALORAR[Subir]

Como es sabido, ante la situación de inestabilidad política y económica y el creciente deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, el 13 de noviembre de 2017 el Consejo de la UE adoptó la Decisión 2017/20174 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela^[5] y el Reglamento 2017/2063^[6]. En particular, los arts. 2 y 3 del citado reglamento consagraron la prohibición de vender o suministrar, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en Venezuela, equipos militares y las tecnologías relacionadas con ellos que pudiesen utilizarse para la represión interna. Así mismo, se estableció la prohibición de prestar a esas mismas personas físicas o jurídicas, entidades u organismos en Venezuela determinados servicios técnicos, de intermediación o financieros relacionados con el suministro de dichos equipos. Finalmente, en los arts. 6 y 7 del citado reglamento se contempla la prohibición de venta, suministro o exportación de equipos o tecnología —procedentes o no de la UE— a cualquier persona, entidad u organismo sitos en Venezuela.

Como consecuencia de lo anterior, el 6 de febrero de 2018 la República Bolivariana de Venezuela interpuso un recurso de anulación contra el Reglamento 2017/2063. Posteriormente, mediante escrito separado presentado el 17 de enero de 2019, y en base al art. 86 del Reglamento de Procedimiento, la demandante amplió el recurso al Reglamento de ejecución (UE) 2018/1653 y a la Decisión (PESC) 2018/1656 en la medida en que consideró que sus disposiciones también le afectaban. Sin embargo, al declarar la inadmisibilidad del recurso con respecto de las disposiciones del reglamento por considerar que no afectaban directamente a la situación jurídica de Venezuela, el TG declaró también la inadmisibilidad del recurso con respecto de aquellos actos. El Consejo de la UE invocó tres motivos de inadmisibilidad ante el TG. En primer lugar, que Venezuela no tenía interés en ejercitar la acción; en segundo lugar, que las disposiciones impugnadas no afectaban directamente a ese Estado y, en tercer lugar, que Venezuela tampoco era una persona física o jurídica a efectos del art. 263 TFUE, párr. cuarto. No obstante, el TG consideró que debía pronunciarse únicamente sobre la admisibilidad del recurso examinando el segundo motivo, y en su fallo este tribunal estimó que las citadas disposiciones efectivamente no afectaban directamente a la demandante y declaró la inadmisibilidad del recurso en su totalidad. Siendo así, la República Bolivariana de Venezuela planteó un recurso de casación al TJ solicitando la anulación de la STG de 20 de septiembre de 2019.

Recordando que según reiterada jurisprudencia puede pronunciarse de oficio si es necesario sobre el motivo de orden público basado en el incumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en el art. 263 TFUE, el TJ decide abordar con carácter previo si Venezuela debe considerarse «persona jurídica» «dado que la respuesta a esta cuestión es necesaria para el examen del segundo motivo de inadmisibilidad invocado por el Consejo, que se discute en el marco del motivo único del recurso de casación y según el cual los artículos 2, 3, 6 y 7 del Reglamento 2017/2063 no afectan directamente a la República Bolivariana de Venezuela»^[7]. Una vez aclarada esta cuestión, el TJ también examinará los demás requisitos de admisibilidad contemplados en el art. 263 TFUE, párr. cuarto. De todos ellos nos ocuparemos a continuación, centrándonos en la discusión en torno al concepto de persona jurídica, que como hemos apuntado más arriba es una de las cuestiones más relevantes del presente asunto.

III. LA PRESENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LAS ARGUMENTACIONES: LO QUE EL TJ NO ENTRÓ A CONSIDERAR[Subir]

Como ya se ha apuntado, existe una clara presencia del derecho internacional en las argumentaciones invocadas por el Consejo, algunos Estados y la Comisión, en las que se alude a la relación entre la personalidad jurídica internacional y la calificación como persona jurídica a efectos del 263, así como al principio de reciprocidad y al de inmunidad, e incluso a la costumbre internacional. Sin embargo, el TJ no se ha acogido a ninguno de esos argumentos. La razón seguramente está en que, como veremos a continuación, no parecen tener cabida en el asunto en cuestión. Sin embargo, el AG sí ha puesto de relieve su postura sobre algunos de esos principios, en ocasiones con más acierto que en otras.

Sobre la primera cuestión, el Consejo defendió que la condición de sujeto de derecho internacional público no confiere un derecho automático a interponer un recurso ante los órganos jurisdiccionales de los demás Estados, por lo que un tercer Estado no miembro no puede incluirse en el concepto de «persona jurídica» de la citada disposición salvo que el ordenamiento jurídico de la UE le haya conferido derechos específicos en virtud de un acuerdo celebrado por esta organización, una situación que no se plantea en el presente caso. En cambio, el AG consideró que el art. 263 TFUE, párr. 4, no diferencia entre los distintos tipos de personas jurídicas, por lo que «dado que la recurrente goza de personalidad jurídica merced a su condición de Estado soberano, debe ser considerada como “persona jurídica” en el sentido del art. 263 TFUE, párrafo cuarto»^[28].

En cuanto a la segunda cuestión, planteada por el Consejo y algunos Estados (Grecia, Polonia, Eslovenia y Suecia) en el sentido de que permitir el acceso de Estados terceros a los tribunales de la UE colocaría a esta organización en una situación de desventaja debido a la posible falta de reciprocidad con respecto del acceso a la UE a los tribunales de Estados terceros, hay que decir que el TJ apenas atiende a esta cuestión, limitándose a decir que «las obligaciones de la Unión de velar por el respeto del valor del Estado de Derecho no pueden supeditarse en modo alguno a un requisito de reciprocidad por lo que respecta a las relaciones de la Unión con Estados terceros»^[29]. En la misma línea, el AG afirmó que «la justicia, la equidad y la tutela judicial efectiva son sellos distintivos de la tradición democrática, que constituye una característica básica y esencial de los 27 Estados miembros y de la Unión Europea por igual»^[30] por lo que —y en línea también con lo alegado por Venezuela, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Letonia, Lituania y Países Bajos— afirmó que el respeto a un valor fundamental de la UE como es el Estado de Derecho no podía supeditarse a un requisito de reciprocidad en relaciones de esta organización con Estados terceros. En ese sentido, no se puede obviar que, como principio de derecho internacional, este también debe considerarse como uno de los principios rectores de las relaciones exteriores de la UE, lo que significa que esta organización está sometida a las normas de derecho internacional en ese ámbito concreto, incluyendo así el respeto al principio de la reciprocidad. Sin embargo, en el presente asunto las relaciones de la UE no se rigen por el derecho internacional público puesto que no se trata de la discusión de un acuerdo internacional celebrado por aquella organización, sino de si la UE debe asumir la posibilidad de que un tercer Estado plantee una demanda ante el TJUE. Es más, el AG llega a apuntar que incluso en el caso de que fuera de aplicación y se probase esa falta de reciprocidad en lo relativo al acceso a los tribunales de un Estado tercero

En tercer lugar, el Consejo alegó que el principio de inmunidad del Estado que rige en el derecho internacional se opone a que terceros Estados inicien este tipo de procedimientos ante los tribunales de la UE. El Consejo subrayó que las relaciones entre la UE y otros Estados no miembros se rigen por las normas de derecho internacional público, en las que los sujetos no tienen un derecho automático a interponer recursos ante los órganos jurisdiccionales de otros Estados, puesto que estas relaciones se basan en el principio de consentimiento. De esta forma, el Consejo concluía: «Esto es coherente con la doctrina de la inmunidad soberana, según la cual los sujetos de Derecho internacional no pueden regular, mediante sus normas internas, el comportamiento de otros sujetos de Derecho internacional»^[32]. Sobre esta cuestión, el TJ tampoco se va a pronunciar —aquí ni siquiera sucintamente— quizás porque también ha tenido en consideración las reflexiones del AG en sus conclusiones sobre la doctrina de inmunidad soberana, que llevan a desmontar esa alegación de aquella institución. Para el AG, no tiene cabida invocar el principio de inmunidad del Estado para tratar de limitar la legitimación activa de Estados terceros en un recurso de anulación puesto que este principio se refiere a la prerrogativa de un Estado de no ser demandado ni enjuiciado por los órganos jurisdiccionales de otro Estado y por ello atañe en exclusiva a su legitimación pasiva. Este principio no puede extenderse, tal como se desprende del art. 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, a que los Estados no puedan acudir como legitimados activos ante tribunales extranjeros. Esta idea además, según el AG viene reforzada por la jurisprudencia de la CIJ en el asunto Inmunidades jurisdiccionales del Estado (Alemania/Italia), donde confirmó que la citada doctrina tiene como objeto proteger a los Estados frente a posibles demandas de otros Estados (‍Stewart, 2005: 194; ‍Hafner y Köhler, 2004: 3-‍49).

En este orden de ideas, el argumento es válido asimismo frente a la postura de la Comisión Europea, antes apuntada, que, también atendiendo a la doctrina de inmunidad de jurisdicción, entendió que los Estados terceros podrían considerarse como «persona jurídica», cuando los actos que realizase ese Estado tercero pudieran catalogarse como iure gestionis puesto que, en virtud del derecho internacional, un Estado no puede ser sometido a la jurisdicción de otro Estado en relación con actos de poder público. Sin embargo, si como antes se dijo el principio de inmunidad soberana no se extiende a los supuestos en que terceros Estados puedan interponer recursos ante los tribunales de otro Estado, la distinción de este tipo de actos para considerar que en algunos casos podría invocarse resulta irrelevante, puesto que esa diferenciación tiene como finalidad actuar como un criterio delimitador para activar o no el principio de inmunidad soberana.

Finalmente, el AG se apoya también en que el TJ en su jurisprudencia se inspira en ocasiones en los principios y costumbres del derecho internacional público para defender que «la interpretación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, se atenga al Derecho internacional público consuetudinario en cuanto a lo que debe entenderse por “persona jurídica”, admitiendo al propio tiempo, por supuesto, que estos términos poseen en el Derecho de la Unión un significado autónomo que ha de determinar el Tribunal de Justicia»^[33]. Según el AG, dichas costumbres y principios requieren que los tribunales de la Unión estén abiertos a recursos interpuestos por otros Estados soberanos como personas jurídicas con capacidad para interponerlos^[34]. Sin embargo, sobre esta cuestión se ha dicho que la posición del AG no es convincente ni prudente (‍Kassoti, 2021). No resulta convincente puesto que no existe ninguna norma de derecho internacional consuetudinario que permita a los Estados iniciar acciones judiciales ante los órganos jurisdiccionales de otros Estados. Tampoco resulta prudente puesto que para darle valor a la práctica de derecho internacional el AG se refiere a la práctica seguida por un Estado, Estados Unidos, emanada de la jurisprudencia de su Tribunal Supremo sin que pueda justificar su existencia en virtud del derecho internacional general. Como se ha afirmado, «while the principle of comity is distinct from international law, it undoubtedly remains an internationally oriented principle that is important in shaping a State’s relations with the outside world» (ibid.).

IV. LA DIVERGENTE ARGUMENTACIÓN POR EL TG y EL TJ DEL REQUISITO DE LA AFECTACIÓN DIRECTA CON RESPECTO A VENEZUELA[Subir]

Como ya hemos apuntado, la argumentación del TG en el asunto T-65/18 giró en exclusiva en torno a la interpretación del requisito de la afectación directa. A continuación, comprobaremos las posturas divergentes sobre esta cuestión mantenida por los dos grados de jurisdicción.

Ambos tribunales se remiten a su jurisprudencia reiterada, donde recuerdan en primer lugar que del art. 263 TFUE, párrafo 4, se desprende que para comprobar que la decisión objeto de recurso afecta directamente a una persona física o jurídica se requiere por un lado que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del demandante y, por otro, que no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la UE sin aplicación de otras formas intermedias^[35]. En segundo lugar, recuerdan asimismo que para determinar que un acto produce efectos jurídicos se ha de atender a su objeto, su contenido, su alcance y su fondo, además de al contexto fáctico y jurídico en el que se adoptó^[36].

Sin embargo, el TG al valorar esta primera cuestión realiza una interpretación muy restrictiva del criterio de la afectación directa con respecto a la situación jurídica de Venezuela en base a tres motivos principales por los que finalmente justifica que los arts. 2, 3, 6 y 7 del Reglamento 2017/2063 no afectan directamente a la situación jurídica de aquel Estado. En cambio, el TJ, compartiendo en gran medida las conclusiones aportadas por el AG, adoptará una postura más flexible y justificada en base al carácter novedoso del asunto, donde por primera vez un Estado tercero solicita la anulación de medidas restrictivas. De ahí que el AG llegara incluso a afirmar que el TG erró en su planteamiento de base y que debería haber partido del pronunciamiento del TJ en la sentencia PKK y KNK/Consejo, donde determinó que «las normas procesales que regulan la admisibilidad de un recurso de anulación deben aplicarse adaptándose en la medida necesaria a las circunstancias del caso. […] se trata de evitar un formalismo excesivo que equivaldría a negar toda posibilidad de interponer un recurso de anulación, cuando precisamente la entidad en cuestión ha sido objeto de medidas comunitarias restrictivas»^[37].

En cuanto al primero de ellos, el TG se refiere al ámbito de aplicación ratione loci y entiende que el art. 20 del reglamento en cuestión circunscribe las prohibiciones de los arts. 2, 3, 6 y 7 al territorio de la UE, a las personas físicas nacionales de un Estado miembro y a las personas jurídicas constituidas con arreglo al derecho de uno de esos Estados, así como a las personas jurídicas, entidades y organismos en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión Europea, por lo que no pueden afectar directamente a la situación jurídica de la recurrente^[38]. El TJ parece no manifestarse sobre esta cuestión, extremo sobre el que sí se pronuncia el AG, al entender que el art. 20 del reglamento se limita a indicar el ámbito de competencias del legislador de la UE en relación con unas medidas restrictivas concretas y que «el hecho que este no se aplique a la recurrente, sobre la cual es evidente que el legislador de la UE carece de competencias, no significa necesariamente que las medidas aplicables, por ejemplo, solo en el territorio de la Unión y que son vinculantes para los nacionales de un Estado miembro, no afecten directamente a la situación de la recurrente»^[39].

El segundo de los motivos fue el relativo al ámbito de aplicación ratione personae, en la medida que el TG afirma que los arts. 2, 3, 6 y 7 del reglamento no imponen obligaciones a la República Bolivariana de Venezuela y que —en todo caso— podrían tener efectos indirectos sobre la demandante al suponer una limitación para proveerse de los productos y servicios en cuestión^[40]. De nuevo el TJ no coincide con la posición del TG ya que, según este, las citadas disposiciones ponían de manifiesto claramente que las medidas restrictivas fueron adoptadas contra ese Estado. En su argumentación entiende que si bien es cierto que los arts. 2 y 3 que establecen la lista de prohibiciones y se refieren a «cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Venezuela o para su utilización en este país», también incluyen al Gobierno, organismos públicos, compañías y agencias de Venezuela y a cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o por indicación suya, como se deduce explícitamente de los art. 6 y 7 del citado reglamento^[41]. Por ello, llega a la conclusión de que las decisiones impugnadas se dirigen específicamente a Venezuela y a las diversas emanaciones de dicho Estado puesto que aquellas intentan garantizar que Venezuela no obtenga determinados productos y servicios de ninguna de las personas mencionadas en el art. 20 del Reglamento.

En tercer lugar, el TG se refirió al asunto Almaz-Antey/Consejo, donde el TG había argumentado que las disposiciones impugnadas contempladas en una decisión establecen prohibiciones que se aplican en primer lugar a las entidades de crédito y otros organismos financieros establecidos en la UE, puesto que los actos adoptados por las instituciones de la UE no están, por regla general, destinados a aplicarse fuera del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, ello no significaba que las entidades afectadas por las disposiciones de una decisión no estén directamente afectadas por las medidas restrictivas que se les aplican; esto equivaldría a considerar que, «even in cases of individual fund freezes, the listed persons subject to the restrictive measures are not directly concerned by such measures, given that it is primarily for the EU Member States and the natural or legal persons under their jurisdiction to apply them»^[42]. No obstante, el TG consideró que la citada sentencia no era aplicable al asunto en cuestión sobre la base de dos argumentos. El primero, que en el asunto Almaz-Antey/Consejo el acto impugnado se refería a una empresa cuyo nombre figuraba expresamente en el anexo de la decisión y en este caso los arts. 2, 3, 6 y 7 del reglamento «no se referían expresa y específicamente a Venezuela, como Estado, de modo comparable»^[43]. El segundo, que Venezuela no podía equipararse a un operador como la demandante en el asunto T‑515/15, puesto que Venezuela «dispone, como Estado, de un ámbito de actuación que se caracteriza por una extrema diversidad y que no puede reducirse a una actividad específica»^[44]. Además, como se desprendía —entre otros— del asunto Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, las prohibiciones que establece el reglamento en sus arts. 2 y 3 no pueden afectar directamente a la situación de operadores que no están presentes en los mercados de que se trate^[45].

Pues bien, la cuestión de si Venezuela debía ser identificada en el anexo del acto en cuestión para que se aplicara por analogía el asunto Almaz-Antey/Consejo parece irrelevante, ya que de admitir lo anterior supondría que el derecho a emprender acciones judiciales por la vía del 263 TFUE quedaría supeditada a que se identificara a esa persona o entidad en el anexo, no siendo suficiente que fuera mencionada en el cuerpo de disposición. Así, lo importante es la incidencia de las disposiciones impugnadas en la situación jurídica del recurrente, no la forma concreta en la que adopten dichas prohibiciones. Después, en lo relativo a que Venezuela no podría equipararse a un operador económico, el TJ consideró que, a efectos de determinar el criterio de la afectación directa, tampoco importaba que la actividad del recurrente no se limitase a los de un operador económico presente en los mercados puesto que, como añade el AG, del tenor del art. 263 TFUE, párrafo cuarto^[46], no podía desprenderse que se imponen condiciones relativas al estatuto o capacidad de la persona^[47]. Lo que finalmente lleva al TJ a afirmar que «no es necesario distinguir si esas operaciones comerciales se efectúan iure gestionis o iure imperii, ya que tal distinción no puede inferirse ni del art. 263, párr. cuarto, ni de ninguna otra disposición de la Unión»^[48].

En síntesis, se puede afirmar que con respecto a los efectos de las disposiciones impugnadas en la situación jurídica del recurrente el TG se decanta por una interpretación «sumamente artificial e indebidamente formalista»^[49], mientras que el TJ ha preferido una interpretación mucho más flexible.

V. LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA[Subir]

En contra de lo alegado por el Consejo y algunos Estados miembros, cabe estimar que incluir a Estados terceros contra los que van dirigidas medidas restrictivas de la UE en el concepto de «persona jurídica» según el art. 263 TFUE, párr. cuarto, aporta una garantía más con respecto de la tutela judicial efectiva, que debe ser observada por la UE y contribuye a consolidar su imagen en el exterior como una organización que consagra el Estado de Derecho como uno de sus valores fundamentales. Esto viene reforzado por la idea de que «las normas sobre la legitimación activa establecidas en el artículo 263 TFUE y, en particular, en su párrafo cuarto se basan en criterios objetivos que se establecieron en los Tratados y que han sido interpretados por los tribunales de la Unión y no en la existencia o ausencia de acuerdos recíprocos sobre la legitimación activa entre la Unión y terceros Estados»^[50] y, por tanto, ningún otro criterio puede hacer que la UE postergue su obligación de respetar los valores sobre los que se asienta.

Habrá que esperar para comprobar si en un futuro esto también podría suponer un cambio en el enfoque de la UE con respecto de la elección de medidas restrictivas autónomas, puesto que si se ha reconocido la legitimación activa a Estados terceros para impugnar medidas de ejecución de decisiones como las relativas a la interrupción o la reducción de las relaciones económicas y financieras contra un tercer Estado, a partir de ahora la UE podría inclinarse por la aplicación de regímenes de sanciones temáticos (‍Finelli, 2021). En este sentido, y dado que las medidas restrictivas individualizadas no han sido el objeto de controversia en el presente asunto, quizás la reciente aprobación de un nuevo régimen global de sanciones en materia de derechos humanos^[51] permitiría superar un régimen de medidas dirigidas a Estados terceros «ante el riesgo de que se produzcan […] nuevas violaciones o abusos de los derechos humanos»^[52] y priorizar aquellas relativas al bloqueo de fondos y recursos económicos de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que sean responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos. No obstante, también habrá que esperar para comprobar en qué medida las sanciones individuales pueden producir cambios en las conductas de ciertos sujetos para prevenir futuras violaciones graves de los derechos humanos.

En todo caso, parece necesario recordar que una cosa es que se esté reconociendo a un tercer Estado la posibilidad de ser considerado como persona jurídica a efectos del art. 263 TFUE, párr. cuarto, y otra bien distinta es que se esté eximiendo a estos sujetos de cumplir con los demás requisitos de admisibilidad contemplados en la disposición citada o, incluso, que se esté posibilitando a Estados terceros discutir la pertinencia, que no la legalidad, de las medidas restrictivas adoptadas por la UE.

Bibliografía