LA FUTURA CONSTITUCIÓN CHILENA SERÁ ESCRITA CON MUJERES

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Las demandas sociales y las movilizaciones ciudadanas que acontecieron en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 se originaron en un profundo descontento por la inequidad en materia de seguridad social, salud, educación, vivienda y acceso al agua. Esta situación desencadenó una grave crisis política y social que halló una salida institucional a través del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. El objetivo de este acuerdo —suscrito el 15 de noviembre del mismo año por casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria— fue delinear un Estado más incluyente e igualitario en una nueva Carta Fundamental.

En el marco de este acuerdo, prontamente se estimó que el proceso constituyente debía cumplir con ciertos requisitos: a) ser participativo, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad; y b) comprender deliberadamente a las mujeres como protagonistas del ejercicio de la función constituyente. La consideración de ambos asuntos permitiría dotar de legitimidad al ejercicio del poder constituyente en democracia y a su resultado: la nueva Constitución. Ello desembocó en la configuración política y constitucional de una Convención Constitucional con paridad de género; es decir, integrada equilibradamente por hombres y mujeres, cuyo fin es proponer a la ciudadanía un proyecto de nuevo texto constitucional.

En tal sentido, el objetivo de este artículo es identificar cómo el itinerario constituyente se configuró —y sigue configurándose— para que el proceso cons- tituyente sea participativo, representativo e inclusivo de todos los sectores de la sociedad; y bajo esas premisas sintetizar cómo se delineó en Chile la primera convención paritaria del mundo. Para la consecución de este objetivo se propone el siguiente plan de análisis: a) una descripción del iter constituyente en curso, con mención especial de su característica más notoria: la paridad de género en el órgano constituyente; b) una sucinta relación de los principales argumentos esgrimidos ante el poder de reforma que permitió la aprobación de una modificación constitucional que estableció la opción de un órgano constituyente con una integración equilibrada de hombres y mujeres: la Convención Constitucional; c) un detalle de las dificultades de las candidaturas y los resultados de las elecciones de convencionales constituyentes y el perfil de las constituyentes electas, y d) unas reflexiones finales centradas en los desafíos de la Convención paritaria en funciones para transitar desde una representación descriptiva a una representación sustantiva de la sociedad que redunde en una Constitución con perspectiva de género.

Corresponde adelantar la complejidad que supone escribir estas líneas en pleno curso de un proceso constituyente que, además, ocurre vertiginosamente, en un tiempo intensamente politizado para Chile^[1] y en el marco de una pandemia global. La principal dificultad es que la bibliografía especializada sobre los asuntos que aquí se tratan —la paridad de género en el proceso constituyente chileno— se encuentra en desarrollo. Con todo, se propone un panorama que describe el proceso, pero que, al mismo tiempo, reflexiona críticamente sobre lo acontecido; y proyecta futuros desafíos de una Constitución escrita por mujeres que se espera recoja la perspectiva de género en su articulado. Como el presente trabajo no se escribe exclusivamente para el público chileno, se refieren datos y se pormenorizan fuentes normativas que permiten contextualizar el proceso y contar con elementos para quienes deseen profundizarlo. Asimismo, se omiten referencias que solo podrían interesar en el ámbito local.

II. EL ITINERARIO CONSTITUYENTE[Subir]

Tras un mes de protestas sociales, en noviembre de 2019 se inició un proceso constituyente orientado a reemplazar la Constitución Política de la República de Chile (en adelante la Constitución Política) dictada en 1980, en el régimen autoritario de Augusto Pinochet. Los hitos de este proceso actualmente en desarrollo son: a) el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, de noviembre de 2019^[2]; b) la reforma constitucional que estableció en el capítulo XV de la Constitución Política un mecanismo para su sustitución, de diciembre de 2019^[3]; c) la reforma constitucional que estableció la paridad de género en el órgano constituyente, de marzo de 2020^[4]; d) el plebiscito de apertura que fue aprobatorio por una nueva Constitución generada por una Convención Constitucional, de octubre de 2020^[5]; e) la reforma constitucional que incorporó escaños reservados para pueblos originarios, de diciembre de 2020^[6]; f) la elección de convencionales constituyentes, de mayo de 2021, y g) la instalación de la Convención Constitucional, de julio de 2021. El itinerario original sufrió varios cambios con motivo de la pandemia de la COVID-19, por lo que se recalendarizó en más de una ocasión (‍Henríquez, 2021: 340-‍343)^[7].

Cada hito de este proceso es inédito y coloca a Chile a la vanguardia en la forma en que se genera un nuevo pacto político y social. La primera particularidad es que, si bien las demandas sociales que dieron origen al estallido social del 18 de octubre son multidimensionales, diversas y complejas, estas encontraron un único cauce institucional y democrático de salida: un cambio constitucional profundo. La segunda peculiaridad es que ese cambio no supuso una ruptura ni una reforma constitucional total, sino una reforma constitucional puntual a la Constitución Política, previendo su remplazo condicionado a la decisión de la ciudadanía a través de un plebiscito de apertura que no solo consultó por la voluntad del cambio, sino por el órgano que debía concre- tarlo (‍Núñez y Henríquez, 2020a).

En el referido plebiscito de apertura, la alta adhesión a la alternativa «Apruebo» no dejó lugar a dudas acerca de la voluntad ciudadana de elaborar una nueva carta fundamental que reemplace a la actualmente vigente^[8]. A lo anterior, se suman los altos niveles de participación electoral alcanzados^[9]. Por otra parte, el órgano escogido para redactar la nueva Constitución —con el mismo amplísimo apoyo en las urnas— contiene en su diseño un factor de suyo legitimador del trabajo de la Convención: la paridad de género (‍Núñez y Henríquez, 2020b).

En un contexto cruzado por la pandemia de la COVID-19, el 15 y 16 de mayo de 2021 se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes. Tras la elección fueron elegidos 155 integrantes, 77 convencionales mujeres y 78 convencionales hombres^[10]. La Convención Constitucional chilena es así el primer órgano constituyente paritario en el mundo y, posiblemente, la futura norma suprema procederá de una deliberación con representación equilibrada de hombres y mujeres.

A partir de su instalación, que tuvo ocasión el 4 de julio de 2021, la Convención cuenta con nueve meses, prorrogables por tres meses más, para generar una propuesta de texto constitucional que quedará sujeto a un plebiscito ratificatorio^[11]. Tras su eventual aprobación, restarán las etapas de promulgación, juramento y publicación de la nueva Constitución. Son etapas eventuales porque dependen de la decisión aprobatoria que la ciudadanía asuma en el plebiscito de salida. La aprobación del nuevo texto derogará la Constitución Política; el rechazo implicará su pervivencia. Estas etapas se encuentran reguladas entre los arts. 130 a 143 de la Constitución Política vigente y en una serie de disposiciones transitorias.

III. LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS EXPUESTOS ANTE EL PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN FAVOR DE LA PARIDAD[Subir]

La demanda por un órgano constituyente paritario se hizo patente desde el inicio del proceso constituyente, impulsada por las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, organizaciones feministas, constitucionalistas y politólogas conformadas en red, con el apoyo transversal de parlamentarias que trabajaron conjuntamente para concordar la reforma constitucional aprobada por la ley n.° 21 216. Como sintetizan Beatriz Roque y Valentina Moyano, la paridad fue una virtuosa consecuencia de las movilizaciones previas:

Una vez aprobada esta reforma constitucional, la integración paritaria del órgano constituyente no era algo asegurado porque dependía del resultado del plebiscito de apertura. Como se explicó en el apartado anterior, en este plebiscito se consultó a la ciudadanía no solo si quería una nueva Constitución, sino también por el órgano constituyente que debía preparar la propuesta de nuevo texto. Sobre esto último incidía la paridad. Ante la pregunta «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?», las opciones fueron «Convención Mixta Constitucional», integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, o «Convención Constitucional», integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. La paridad de género aplicaba plenamente a la Convención Constitucional y solo a la parte integrada por los ciudadanos elegidos popularmente de la Convención Mixta (‍Henríquez, 2020b). El resultado del plebiscito fue rotundo por la opción Convención Constitucional, con un 78 % de los votos válidamente emitidos.

Como señala Pamela Figueroa, la paridad en la Convención Constitucional es un logro que se explica en cuatro factores sustantivos: «a) Una coyuntura histórica de cambio constitucional; b) movimientos feministas y de mujeres que presionan a las élites políticas; c) la coordinación transversal de mujeres políticas y de organizaciones sociales, y d) el liderazgo político de mujeres clave en la institucionalidad» (‍Figueroa, 2021: 3).

Los principales argumentos expuestos ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado —órganos que conjuntamente con la Presidencia de la República ejercen el poder de reforma constitucional— fueron: a) un nuevo entendimiento del titular del poder constituyente; b) otra forma de concebir a la democracia, esto es la democracia paritaria; c) la ampliación de las nociones de representación; d) las experiencias comparadas sobre la paridad y las cuotas de género, y e) la insuficiencia de las cuotas para alcanzar una representación significativa.

Como sabemos, teóricamente el pueblo es el titular del poder constituyente, quien ejerce la función de reformar o dictar una nueva Constitución. El debate de la sociedad y de los parlamentarios en los meses previos a la aprobación de la paridad en el órgano constituyente dejó en evidencia que no era suficiente la concepción de pueblo como un ente abstracto y homogéneo. La discusión expuso la necesidad de considerarlo como un pueblo concreto, expresión de una comunidad diversa, que contempla a las mujeres, a los hombres y a cada uno de los grupos que conforman la sociedad chilena (‍Henríquez, 2020b).

Otro argumento expuesto fue la democracia paritaria. Como expresa Yanira Zúñiga, la democracia paritaria se caracteriza por el acceso igualitario de todos los ciudadanos (hombres y mujeres) a las estructuras de poder estatales (‍Zúñiga, 2005: 131-‍154). Esta democracia promueve el ideal de igualdad de las personas, de hombres y mujeres, no solo desde una perspectiva formal sino real y sustantiva. Se planteó que la democracia no solo debe entenderse como un mecanismo de adopción de decisiones basado en la regla de la mayoría, sino como un espacio en el que comparecen a adoptar decisiones todos los sectores de la sociedad, entre ellos las mujeres.

Por su parte, el proceso de deliberación de la paridad de género convocó e introdujo con fuerza una noción de representación más compleja y actual: la representación descriptiva de la sociedad. Como explica Hanna Pitkin, la noción de representación descriptiva (extrapolable al órgano constituyente) «exige que el legislativo sea elegido de una forma tan estricta que su composición corresponda con exactitud a la de toda la nación» (‍Pitkin, 2014: 83). En tal sentido, el principal argumento utilizado en el debate parlamentario en favor de la paridad fue que como las mujeres son la mayoría de ese pueblo concreto y plural, ellas deben ser parte de forma igualitaria en el órgano constituyente que lo represente. La representación descriptiva busca exponer que el elemento central deja de ser la autorización o la responsabilidad de los delegados ante los electores y que la representación debe ser el espejo o reflejo de la sociedad.

Respecto a las experiencias comparadas, los casos presentados fueron aquellos que, en sus procesos constituyentes, contemplaron la paridad en las candidaturas. Se dieron como ejemplos los casos de Ecuador, Túnez e Islandia. Se señaló que en la elección de la Asamblea Constituyente de Ecuador de 2007 se estableció el 50 % de mujeres y 50 % de hombres en las listas, con mandato de posición individualizado de un hombre-una mujer o viceversa, aplicable a papeletas tanto de número par como impar. Se explicó ante el Congreso Nacional que la Asamblea Constituyente ecuatoriana —pese a estas medidas— se configuró con el 35 % de la representación de mujeres (‍Goyes, 2013: 64). Otro ejemplo que se expuso fue la elección de la Asamblea Constituyente de Túnez de 2011, que contempló paridad por medio de listas cerradas y bloqueadas con alternancia entre candidatos y candidatas, logrando que el 31 % de las bancas fueran de mujeres. Por su parte, se señaló que la asamblea constituyente de Islandia fijó una cuota en el resultado; esto es, que ningún sexo podía superar más del 60 % del total de delegados constituyentes. En caso de no lograrse esa proporción se procedería a incluir hasta seis delegados adicionales hasta alcanzarla. Las mujeres electas en Islandia fueron el 40 % (‍Henríquez, 2020a). De este modo, la experiencia comparada demostraba que las candidaturas paritarias se acercaban solo a un magro 35 % de mujeres electas. Por ello, la propuesta se orientó a considerar, además de la paridad en las candidaturas, la asignación paritaria de escaños.

Se enfatizó que las soluciones jurídicas y políticas planteadas hasta ese momento para alcanzar una representación descriptiva de género son las cuotas de género. Sin embargo, también se advirtió que estas medidas no son efectivas para garantizar una igualdad en el resultado (‍Henríquez, 2019a). Para evidenciarlo se recurrió a la diferenciación de las cuotas y la paridad y a la experiencia de la implementación de la ley n.° 20 840.

En el primer sentido, especialistas chilenas de la talla de Yanira Zúñiga plantearon que

agregando que

Por otro lado, la ley n.° 20 840, además de cambiar el sistema electoral en Chile, introdujo una ley de cuotas que obliga a los partidos políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, a presentar un porcentaje no menor del 40 % de mujeres entre sus candidatas para las elecciones parlamentarias^[12].

Se explicó en las audiencias ante las Cámaras del Congreso Nacional que la aplicación de la Ley n.° 20 840 supuso un avance, con un incremento cercano al 7 % en la elección de diputados y senadores, pero que las cuotas no aseguraban la paridad en el resultado. Puntualmente, se mostró que en las elecciones parlamentarias de 2017, de 15,8 % de representantes mujeres se aumentó a 22,6 % en la Cámara de Diputados y a 23,3 % en el Senado. Como lo expresaron Carmen Le Foulon y Julieta Suárez-Cao, para el caso chileno la efectividad de la cuota es baja porque al no ser por distrito permite que los partidos seleccionen en qué distritos ubican a sus candidatas. Esto genera incentivos para que los partidos protejan a sus incumbentes, mayoritariamente hombres, y ubiquen a las nuevas candidatas en los distritos menos competitivos (‍Le Foulon y Suárez-Cao, 2018: 100).

Todos los argumentos reseñados se expusieron ante la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se originó la tramitación de la reforma constitucional en base a la propuesta de la Mesa Técnica, que dejó sin decidir tanto la paridad de género como la participación de los independientes en listas o pactos y los escaños reservados para los pueblos originarios. Así, en las sesiones 168 y 169, del 13 y 16 de diciembre de 2019 respectivamente, bajo el liderazgo del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Matías Walker, se recibieron las opiniones de los miembros de la Mesa Técnica, de profesoras universitarias de derecho constitucional, de las organizaciones de la sociedad civil, de la Red de Politólogas, de Comunidad Mujer, de Corporación Humanas y de la Asociación de Abogadas Feministas, entre otras^[13].

Por su parte, los principales argumentos que se expresaron en contra de la paridad fueron: a) se trata de un mecanismo que interviene directamente en la urna, alterando las preferencias de las personas y la igualdad del voto; b) las distorsiones de los sistemas electorales aplican sobre criterios de adscrip- ción voluntaria, mientras que la paridad opera en razón de una discriminación objetiva: ser hombre o mujer; c) responde a una idea de que hay ciertas injusticias que corregir, premisa cuestionable, toda vez que no existen limitaciones objetivas que permitan a unos más que a otros participar activamente de la política; d) mina la autoconfianza de los grupos «rezagados» haciéndoles verse como víctimas, incapaces de triunfar sin la ayuda del árbitro, y e) podría terminar perjudicando a las mujeres^[14].

La tramitación de la paridad se inició por una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados y Diputadas^[15]. La paridad fue aprobada en esta cámara el 19 diciembre de 2020. El Senado aprobó con modificaciones la propuesta el 22 enero de 2021^[16]. Estas modificaciones fueron rechazadas por la Cámara de Diputados y Diputadas el 30 de enero de 2020, situación que generó la conformación de una Comisión Mixta —con integrantes de ambas Cámaras del Congreso Nacional» que aprobó la paridad el 4 de marzo de 2021.

IV. LA FÓRMULA DE LA PARIDAD DE GÉNERO[Subir]

La propuesta inicial de «la fórmula de la paridad», presentada por la Red de Politólogas, consideró dos momentos: uno previo a la elección que exige la paridad en las candidaturas; y otro posterior de la mano de la asignación paritaria de escaños. En el primer momento se planteó que todas las listas de candidaturas debían ser paritarias por distrito; es decir, ningún sexo podría superar el 50 % del total de las candidaturas que componen la lista. En los distritos donde exista un número impar de candidaturas, la diferencia entre sexos no podría ser superior a uno. Además, se estableció que las listas debían siempre estar encabezadas por una mujer, y luego ordenadas sucesivamente de manera alternada entre hombres y mujeres (‍Arce et al., 2020: 16). A su vez, correspondía considerar la asignación paritaria de escaños una vez celebradas las elecciones:

Esta propuesta fue aprobada con modificaciones, introducidas principalmente por la Comisión Mixta (tras la aprobación con modificaciones en el Senado) a través de una reforma constitucional que incorporó un par de disposiciones transitorias a la Constitución Política, estableciendo un piso mínimo de 45 % y un techo máximo de 55 % de mujeres en el órgano constituyente. Como explica Javiera Arce, el día 4 de marzo de 2020, gracias a un acuerdo suscitado por una modificación sustantiva a la fórmula inicial, se logró aprobar la paridad de género para la eventual Convención Constitucional. Esta vez, la asignación de escaños establece las siguientes reglas: paridad en los distritos pares (4, 6, 8 escaños) y equilibrio de género en los distritos impares (3, 5, 7 escaños). Si la asignación de escaños no produce paridad de resultado, este se corregirá comenzando por las listas que posean menos votos, en las que habrá que reemplazar al candidato o a la candidata con más votos por quien corresponda por sexo para alcanzar la paridad. Se repite el mismo ejercicio con la siguiente lista y así hasta alcanzar la paridad (‍Arce, 2020: 59-‍74).

Como se advierte, la paridad en el órgano constituyente no fue sancionada en la reforma constitucional de diciembre de 2019 al capítulo XV de la Constitución que originó el proceso constituyente, sino con posterioridad a aquella. Asimismo, no se previó en el cuerpo permanente de la Constitución Política, sino en sus disposiciones transitorias. Así, la Ley 21 216, de 24 de marzo de 2020, dispuso incorporar a la Constitución Política la disposición transitoria trigésima a fin de establecer reglas sobre la declaración de candidaturas para la Convención en equilibrio de género. Textualmente el mencionado artículo trigésimo señala:

A su vez, incorporó como norma trigésimo primera la llamada asignación paritaria para asegurar el equilibro entre mujeres y hombres en la elección de convencionales constituyentes. Literalmente el artículo estableció:

La paridad de género aprobada buscó una nueva forma de concebir el sistema político chileno, no solo desde una perspectiva de igualdad formal, sino también sustancial. También enriquecer a la democracia representativa posibilitando que las mujeres no solo sean representadas, sino que se haga efectiva el derecho a ser elegidas (‍Henríquez, 2019b: 12).

V. LAS CANDIDATURAS Y LA ELECCIÓN DE LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES[Subir]

El 11 de enero de 2021 se presentaron 1468 candidaturas a convencional constituyente, de las cuales un 51 % (745) fueron de mujeres. Pese a que la paridad en la Convención Constitucional estaba asegurada, previamente a la inscripción de las candidaturas y en el marco de las campañas se advirtieron obstáculos estructurales en los partidos políticos, en el financiamiento de las campañas, en el acceso desigual a los medios de comunicación, entre otros campos, en desmedro de las candidaturas de mujeres. El financiamiento de las campañas fue paradigmático, según un informe de Plataforma Contexto: «Del total general de recaudaciones (considerando anticipo fiscal, aportes propios, con y sin publicidad, y crédito con mandato), de los casi 8600 millones, el 59,6 % corresponden a candidatos, mientras que el 40 % fue de candidatas»^[17].

No obstante, los resultados fueron positivos para las candidaturas de mujeres. Según un estudio de Ciper, realizado con la información publicada por el Servicio Electoral, con un universo de 97 % a 100 % de las mesas escrutadas por distrito, las mujeres concentraron un 52,2 % de las preferencias válidamente emitidas para candidatos convencionales, equivalente a más de 2,9 millones votos. Pero, a pesar de concentrar 4,4 % más de votación que los candidatos hombres (47,8 %), las mujeres ocuparon el 49,3 % de los escaños (68) de la Convención Constitucional, mientras que los convencionales hombres accedieron a 70 cupos (50,7 %) con poco más de 2,7 millones de votos válidamente emitidos. Lo anterior, sin incluir la votación para escaños de pueblos indígenas. Si a esto se agrega la elección de escaños reservados para pueblos indígenas, de los 155 cargos para convencionales el 50,3 % (78) resultaron ser para hombres y un 49,7 % (77) para mujeres (‍Segovia, 2021).

Según el mismo informe, el ajuste de la paridad de salida fue aplicado en 17 ocasiones incluyendo a los cupos indígenas. Se debió reemplazar a 12 mujeres electas y 5 hombres electos. En el caso de los pueblos indígenas afectó a 4 mujeres: 2 mapuche, 1 colla y 1 atacameña. Paradójicamente, la asignación paritaria favoreció más a las candidaturas de hombres que a las de mujeres.

Por otro lado, según el origen de las convencionales electas, conforme a un estudio del Observatorio Nueva Constitución, «las electas provienen principalmente del mundo independiente, con un 75 %, que incluyen a las candidatas independientes en listas de partidos (20), en listas de independientes (29) e integrantes de pueblos originarios (9), mientras que solo 19 son militantes de partidos políticos»^[18].

El mismo informe del Observatorio Nueva Constitución expone el perfil de los convencionales electos en relación con las demandas feministas (a partir de los programas presentados al inscribir sus candidaturas) y destacan que:

El perfil antes reseñado (mayoritariamente feminista o promujer), es probablemente la causa de que tempranamente la Convención Constitucional se planteara las siguientes preocupaciones: ¿cómo su organización puede aumentar las posibilidades de que las convencionales repercutan en la discusión y en la adopción de los contenidos constitucionales? ¿Qué formas de trabajo son más favorables al desempeño de las convencionales? ¿Cómo prevenir la violencia política de género? Algunas de las respuestas fueron anticipadas por varias organizaciones feministas al proponer un Reglamento Feminista para la Convención^[20]. En los hechos, desde la instalación del órgano constituyente, los convencionales consideraron el criterio de paridad en la integración de sus órganos. De esta forma, las convencionales no solo integran la Convención, sino que han conformado la Mesa Directiva y las coordinaciones de las comisiones provisorias, y una mujer indígena, Elisa Loncon, la preside.

VI. REFLEXIONES FINALES[Subir]

Este trabajo se escribe mientras la Convención Constitucional se está dando sus reglas de organización y funcionamiento y en circunstancias en las que aún no ha comenzado el debate sobre los contenidos constitucionales. En este tránsito persisten dudas sobre si la representación descriptiva de género supondrá una representación sustantiva; es decir, si las mujeres electas actuarán por las mujeres. Como explica Hanna Pitkin, la representación sustantiva es «actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos» (‍Pitkin, 2014: 265). Más concretamente surgen las siguientes interrogantes: ¿existe una relación entre la democracia descriptiva y la sustantiva? ¿Las mujeres electas actuarán en favor de los intereses de las mujeres y las demandas feministas? ¿Las convencionales constituyentes priorizarán y desarrollarán una agenda de género? ¿Cuáles son los intereses de las mujeres? (‍Henríquez, 2020b).

Como expresan Sabrina Ragone y José Ignacio Núñez, las respuestas solo podrán darse en retrospectiva una vez concluido el proceso constituyente: «Su participación augura la adopción de un enfoque de género en toda parte de la Constitución, desde las normas orgánicas a los derechos a la organización del poder público. Sin embargo, solo el análisis empírico de los futuros debates y el estudio de las normas constitucionales que de ello resulten podrá demostrar hasta qué punto efectivamente la composición habrá afectado a los contenidos» (‍Ragone y Núñez, 2021: 847).

La respuesta a estas preguntas genera divisiones entre los especialistas. Algunos sostienen que la relación no es directa; es decir, que un mayor número de mujeres integrantes de un órgano político colegiado no necesariamente supondrá la representación de los intereses de las mujeres (‍Phillips, 1993). Algunos, como Hanna Pitkin, dicen que la relación no es directa, pero la representación sustantiva requiere de la representación descriptiva. Una es causa necesaria de la otra.

Como se advierte, los perfiles e intereses de las convencionales constituyentes no son comunes porque son un grupo diverso y heterogéneo según su ideología o la de su partido, condicionado por alineamientos de clase, culturales, religiosos u otros. Pese a esa diversidad, posiblemente las convencionales constituyentes llevarán al debate constitucional sus propias experiencias de vida, que en algún punto dejarán de ser individuales y serán trayectorias compartidas de discriminación en el ámbito civil, social y político por el mero hecho de ser mujeres (‍Henríquez, 2020c). Si estas experiencias no son suficientes para constituir intereses comunes, sí pueden transformarse en el punto de partida para la elaboración de una perspectiva crítica respecto de las prioridades de la agenda política (‍Marques-Pereira, 2001: 65). Esta presencia equilibrada de mujeres en la Convención posiblemente permitirá un avance hacia una representación de las demandas de género o, al menos, las priorizará.

Es probable que en el debate constitucional sobre los contenidos constitucionales las mujeres estén dispuestas a e interesadas en apoyar iniciativas enfocadas en las mujeres. Por ejemplo, aquellas que regulen la igualdad y la no discriminación, la equidad salarial, las prestaciones básicas de salud y de seguridad social, la seguridad física y la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros asuntos^[21]. En todo caso, aunque las mujeres son —en general— las que sienten la responsabilidad de destacar los intereses de las mujeres, esto no significa que sean sus únicas preocupaciones porque todos los temas constitucionales conciernen a las mujeres.

Solo una constitución coescrita por mujeres y con perspectiva de género permitirá construir una sociedad más democrática, incluyente y sostenible.