LIDERAZGO CORAL EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PRIMER GOBIERNO DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-‍1986)

I. INTRODUCCIÓN: CAMBIO POLÍTICO Y CRISIS ECONÓMICA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA[Subir]

La Transición constituyó un cambio político tipificado como «reforma pactada-ruptura pactada» (‍Linz y Stepan, 1996; ‍Linz, 2019). Tal cambio supuso que las élites de la España posfranquista concentraran sus esfuerzos en varios acuerdos y pactos políticos para transformar las estructuras del régimen franquista, a través de mudanzas legislativas reformistas y rupturistas. Ejemplos de ello son: la Ley para la Reforma Política (1976), los Pactos de la Moncloa (1977), y la Constitución española (1978). Así, se desarrolló un proceso de cambio político gradualista y posibilista, pero también rupturista, liderado por Adolfo Suárez, conducido por Torcuato Fernández-Miranda y pilotado por el rey Juan Carlos I (‍Martorell y Juliá, 2020; ‍Powell, 2001; ‍Preston, 2020). Después de la aprobación de la Constitución, en diciembre de 1978, y sobre todo tras la dimisión del presidente Suárez, en enero de 1981, otros líderes protagonizaron la vida política, tales como Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González, Alfonso Guerra y Manuel Fraga (‍Jiménez-Díaz y Delgado-Fernández, 2016).

Sobre la Transición española existen innumerables estudios de los cambios políticos e institucionales que la conformaron (‍Álvarez-Junco y Shubert, 2018; ‍Juliá, 2007; ‍Linz y Stepan, 1996; ‍Linz, 2019; ‍Maravall, 1985; ‍Powell, 2001; ‍Preston, 2020; ‍Tezanos, Cotarelo y de Blas, 1989; ‍Tusell, 2007; ‍Radcliff, 2018). Sin embargo, se disponen de pocos estudios politológicos que, considerando la situación socioeconómica vivida por España en la Transición, analicen la forma de abordarla por parte de los líderes políticos y, en particular, de los presidentes del Gobierno y sus equipos. Aunque se conocen múltiples datos y detalles sobre cómo se llevó a cabo la citada reforma pactada-ruptura pactada, se conoce menos el proceso de cambio socioeconómico producido en esta etapa democrática.

España vivió una situación muy compleja entre los años 1974 y 1984, pues este periodo coincidió con una larga crisis económica enraizada en las crisis del petróleo de 1973 y 1979. Estas crisis llevaron al aumento del precio del crudo y de las materias primas, la subida del paro, elevada inflación, incremento del déficit público y estancamiento económico. Además, las políticas económicas proteccionistas promovidas por el franquismo, en un contexto en el que las economías nacionales intensificaban su apertura al exterior y la creciente competencia en el mercado internacional, profundizaron la referida crisis (‍García Delgado y Jiménez, 2007: 480-‍490; ‍Martín-Aceña, 2010; ‍Serrano Sanz, 1994). No obstante, en plena escalada del precio del petróleo (1973-‍1975), la dictadura franquista continuó subvencionando los carburantes consumidos en España, lo que llevó a pagar unos precios irreales por los mismos. La dictadura también subvencionaba al sector industrial del país, creado por el Instituto Nacional de Industria (INI)^[1], que ya no era competitivo internacionalmente y resultó obsoleto durante la década de 1970. La política intervencionista de la dictadura, si bien mantenía cierta estabilidad social no exenta de crecientes protestas políticas y huelgas laborales, perjudicaba la competitividad internacional del país. A su vez, desde 1975, surge un modelo en el que «las fases de aceleración de la productividad del trabajo se corresponden a las de un avance lento del PIB per cápita y viceversa» (‍Prados de la Escosura, 2018: 256).

Este escenario contribuyó a que España incurriese en altas tasas de inflación (por encima del 20 % anual), en creciente déficit presupuestario, elevada deuda exterior y en el constante aumento de la cifra de parados entre 1975 y 1985. A ello se sumó el retorno de los emigrantes españoles procedentes de diversos países europeos durante los años setenta, pasando muchos a engrosar las listas de desempleados. Así, se ha dicho que en el proceso de democratización española se cruzaron dos circunstancias que resultaron en una situación muy insegura y grave: por un lado, «una transición especialmente precaria y notablemente dificultada por la crisis económica», y, por otro, «una debilidad suma en las organizaciones sindicales, en las que, además, pesaba su reciente pasado radicalmente antisistema» (‍Oliet Palá, 2000: 478). Aunque esta situación se mantuvo con mucha dificultad en la etapa final de la dictadura y en los primeros años de la Transición, la primera se hizo prácticamente inviable en el contexto de la nueva democracia y en una economía mixta, interdependiente y globalizada.

Los Gobiernos de la Transición y de la nueva democracia tuvieron que afrontar un proceso de reformas socioeconómicas de gran calado en la medida que lo permitían las circunstancias sociales y la correlación de fuerzas políticas. Así, en palabras de Enrique Fuentes Quintana, ministro de Economía con el presidente Adolfo Suárez: «[había] llegado la hora de la economía. Porque [de no resolver] con decisión nuestros problemas económicos, […], quedarán expuestas a graves riesgos las propias instituciones democráticas» (‍Fuentes Quintana, 1977: s/p). Es decir, el Gobierno de Suárez, tras las elecciones de 1977, era consciente de que «una economía en crisis [constituía] un problema político de primer orden» (‍Martín-Aceña, 2010: 2). Ello se observó en varios acuerdos y/o medidas políticas adoptadas durante la Transición, tales como los citados Pactos de la Moncloa (1977), la larga fase de redacción de la Constitución española de 1978, la elaboración del Estatuto de los Trabajadores de 1980, el dilatado proceso de reconversión industrial y los ajustes económicos del primer mandato del presidente González que facilitaron la entrada en las Comunidades Europeas (‍Fernández-Navarrete y Matías-Clavero, 2006: 40). También se reveló en algunas intervenciones económicas puntuales como las devaluaciones de la moneda de 1977 y 1982. En 1977, siendo ministro de Economía Fuentes Quintana, se produjo la mayor devaluación histórica de la peseta: un 24,87 % respecto al dólar. En 1982, las primeras medidas económicas del Gobierno socialista, con Miguel Boyer en el Ministerio de Economía y Hacienda, fueron devaluar la moneda un 8 % y subir el precio de los carburantes más de un 20 %.

Por tanto, los peores momentos de la crisis económica de los setenta coincidieron con los años más difíciles de la transición democrática, que en España conformó «un delicado proceso envuelto en todo tipo de amenazas potenciales. En realidad, la economía en crisis constituía el problema político fundamental, dada la legitimidad que requiere cualquier orden democrático, cuanto más uno emergente» (‍Oliet Palá, 2000: 476). De este modo, los presidentes del Gobierno y sus ministros, entre 1976 y 1986, particularmente los ministerios de Economía y Hacienda, Industria y Energía, Trabajo y Seguridad Social, empeñaron sus esfuerzos y liderazgos en ajustes económicos, reestructuraciones industriales y limitaciones del gasto público para afrontar la crisis económica.

Partiendo de este escenario, se plantean varias preguntas de investigación: ¿quiénes fueron los inspiradores de la política económica gubernamental desarrollada entre 1982 y 1986?, ¿quiénes y cómo desempeñaron el liderazgo en materia económica durante el primer Gobierno de Felipe González?, ¿qué papel jugó el liderazgo presidencial de González? Para responder a estas preguntas se estudia, por un lado, el contexto económico y político de España a finales de la década de 1970 y en la primera mitad de la década de 1980. Por otro lado, se analiza cómo ejerció el liderazgo Felipe González en su etapa de formación política y durante la Transición (1974-‍1981), así como su desempeño en el primer mandato socialista (1982-‍1986) vinculado con los ministros dedicados de la gestión económica. En consecuencia, se examinan varios acontecimientos históricos de España que es necesario conocer para comprender algunos problemas actuales del país (‍Tardivo y Fernández, 2017).

Este artículo se propone comprobar la siguiente hipótesis: Felipe González en su primer mandato presidencial adoptó un liderazgo carismático e innovador forjado en la Transición a la democracia (‍Aparicio-García, 2003; ‍Linz, 2019; ‍Ortega-Ruiz, 2015). A su vez, la política económica en dicho mandato se gestionó de modo pragmático y bajo un liderazgo coral y/o en equipo (‍Shaw-Burke et al., 2011: 341-‍343). En este tuvieron un papel destacado los ministros del área económica: Almunia, Boyer y Solchaga. Estos ministros, de perfil marcadamente tecnocrático, estuvieron inspirados por las ideas del socialismo liberal y del reformismo radical (‍Fernández-Ordóñez, 2003; ‍Maravall, 1979; ‍Tardivo, 2016). Tales ideas implicaron transformar todo sin revolucionar nada en la arena socioeconómica, pero llevó a incumplir algunas promesas del programa electoral con el que González ganó sus primeras elecciones generales.

En efecto, el presidente González, en su primer mandato, se rodeó de un equipo de ministros jóvenes, de extracción elitista y universitaria que habían ocupado «altos cargos técnicos en el sector público y en el sector privado» (‍Gálvez Biesca, 2013: 430), sobre todo los ministros de asuntos económicos. Estos lideraron un conjunto de reformas liberalizadoras y modernizadoras de las estructuras socioeconómicas del país para abordar la crisis económica (‍Rodríguez Teruel, 2011: 152-‍155). Tales reformas fueron legitimadas por la mayoría absoluta obtenida por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) en 1982, y estuvieron orientadas por una visión política posibilista, pragmática y reformista (‍Aparicio-García, 2003; ‍Juliá, 2007: 278; ‍Soto Carmona, 2006: 16), así como por una ideología de «socialismo liberal» y/o «socialdemocracia ligera» (‍Gálvez Biesca, 2013: 434; ‍Tardivo, 2016: 239 y ss.), pero no por un programa socialista que defendiera los intereses de los trabajadores.

En este sentido, el discurso de investidura del candidato Felipe González, pronunciado en el Congreso de los Diputados, el 30 de noviembre de 1982, apuntaba cuatro prioridades del citado programa electoral que, a su vez, conformaban «la base del programa de Gobierno» (‍González, 1982: 30). Con este se pretendía satisfacer la voluntad mayoritaria de los españoles, y su anhelo de «cambio», palabra repetida en 14 ocasiones. Aún más reiterada, en ese mismo discurso, fue la palabra «paro» (18 reiteraciones), con más menciones que «crisis» (9), «empleo/s» (10), «acuerdo/s» (10) o «España» (16). Así, la principal prioridad del candidato fue «la lucha contra la crisis económica y el paro» para lo que se fijaba el objetivo de «la creación de 800 000 empleos netos en cuatro años» (ibid.: 30 y 32) y, así, «mejorar la situación del empleo» (‍Fernández Marugán, 1992: 149). Más adelante se muestra que las prioridades del primer Gobierno de González fueron las reformas económicas y la reconversión industrial, pero ello no implicó la generación de nuevos empleos, sino la subida del paro.

En consecuencia, el presente artículo se centra en el análisis del liderazgo carismático e innovador de Felipe González (‍Aparicio-García, 2003; ‍Delgado-Fernández, 2009; ‍Ortega-Ruiz, 2015; ‍Linz, 2019; ‍Tardivo, 2016) en su primer mandato presidencial (1982-‍1986). Para llevar a cabo dicho análisis, además de esta introducción, se desarrolla un enfoque de liderazgo basado en la metodología biográfica e histórica, como se expone en el segundo apartado. Después, se contextualizan los liderazgos innovadores en la Transición, un contexto de gran incertidumbre y muy cambiante en el ámbito político y socioeconómico. En el cuarto apartado se aportan un conjunto de claves biográficas e históricas sobre la construcción del liderazgo y visión política de González. El quinto apartado se ocupa del análisis del liderazgo coral en la política económica del primer Gobierno de González. El artículo finaliza con unas reflexiones sobre la investigación realizada.

II. ENFOQUE PARA ESTUDIAR EL LIDERAZGO: APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA E HISTÓRICA[Subir]

Para conocer en profundidad los procesos de liderazgo público es relevante considerar «qué circunstancias hacen que determinados individuos se conviertan en líderes» (‍Delgado-Fernández, 2004: 20). Esto es, si pretendemos entender adecuadamente el liderazgo «es necesario situarlo en contexto» (‍Brown, 2018: 51). Por ello, la biografía, las acciones políticas y el contexto, entendido como campo en el que se despliegan las fuerzas y credenciales de los diversos actores políticos, permiten observar cómo las personas interiorizan, perciben, conciben y explican los cambios acontecidos durante sus vidas. Esto, de alguna manera, contribuye a comprender «la vida en la misma historia y amplía sus horizontes» (‍Thompson, 2000: 23). Es decir, entender en profundidad los fenómenos humanos exige «contar una historia» y aplicar la «razón narrativa» (‍Ortega y Gasset, 1971: 53). No en vano, biografía e historia conforman una dualidad necesaria en los análisis sociopolíticos, pues ello refleja la relación dialéctica, de interdependencia y condicionamiento recíproco entre la agencia humana y las estructuras sociales (‍Giddens, 1995; ‍Pujadas, 2002; ‍Tardivo y Fernández, 2017).

El liderazgo político constituye un proceso de interacción-comunicación entre personas (líderes y seguidores) que construyen vínculos significativos mediante variados símbolos, tales como lemas, discursos, ideologías, programas, acuerdos, etc., en el contexto sociopolítico y situación social en que conviven dichas personas (‍Collado-Campaña et al., 2016). Así, el punto de partida del presente artículo es el paradigma interaccionista: es decir, el liderazgo es entendido como resultado de la interacción entre líderes y seguidores, sus estilos y personalidades, así como el contexto histórico en el que se desarrolla la acción de liderar (‍Elgie, 2015). Tal contexto está conformado por la estructura institucional, las necesidades y demandas de la sociedad, la tradición histórica y la cultura política (‍Brown, 2018). Dicho paradigma permite aproximarse a las relaciones entre las personas y los contextos en los que maniobran los dirigentes políticos. Además, el paradigma interaccionista permite aproximarse al proceso de interacción-comunicación considerando los factores subjetivos y objetivos; la personalidad reflejada en la biografía y en el proceso de socialización del líder, así como el contexto político en el que el liderazgo se institucionaliza y legitima (‍Álvarez, 2014; ‍Blondel, 1987; ‍Elgie, 2015; ‍Jiménez-Díaz, 2008; ‍Shamir et al., 2005).

Sin duda, todo liderazgo político se construye en unas circunstancias específicas y cambiantes. En tales circunstancias, el líder experimenta su proceso de socialización en el que aprehende su particular forma de ver el mundo, sus maneras de pensar, decir y hacer las cosas, así como diversas habilidades políticas y, de este modo, compone su impronta personal en la cambiante arena política. Además, las trayectorias biográficas de los líderes expresan las estructuras sociales y políticas de dos formas generales (‍Jiménez-Díaz, 2008, ‍2009). En primer lugar, como un proceso de institucionalización y/o cristalización de pautas de acción, esto es, la creación y consolidación de los «medios externos» en que se apoya la relación de dominación entre líderes y seguidores. En segundo lugar, como proceso de justificación y/o legitimación de esa relación de dominación que es el liderazgo, esto es, su «justificación interna». Precisamente, en el liderazgo juega una función relevante la dominación carismática, esto es, las cualidades extraordinarias que le son atribuidas al «líder», así como la confianza personal, entrega apasionada y creencia firme que el dirigente inspira en sus seguidores (‍Weber, 2007: 57-‍60). Además de un liderazgo carismático, también puede surgir un liderazgo ideológico y visionario, así como un liderazgo pragmático en función de los acontecimientos socio-vitales que configuran la personalidad y el estilo adoptado por los líderes en una situación histórica concreta (‍Ligon et al., 2008). Ello influirá en los marcos cognitivos, en los lenguajes y discursos públicos desplegados por los líderes y, por ende, en sus interpretaciones de la realidad (‍Collado-Campaña et al., 2016).

En una etapa de cambios y/o crisis socio-políticas relevantes, como la aquí estudiada, la sociedad y los potenciales seguidores tienden a demandar líderes carismáticos, fuertes y/o innovadores (‍Brown, 2018; ‍Linz, 2019; ‍Nye, 2011; ‍Weber, 2007). Al mismo tiempo, se ha revelado que «los mayores logros de un Gobierno tienen menos que ver con la persona que está al frente que con otros miembros de su equipo» (‍Brown, 2018: 50). El liderazgo público requiere más una acción adaptativa y colectiva que individual y personalista, puesto que la acción de liderar es una función social distribuida, y con efectos, en los diversos niveles del sistema sociopolítico (‍Jiménez-Díaz, 2008). Es decir, el estudio del liderazgo implica evitar un enfoque líder-centrista y, por ende, analizar detalladamente el contexto, los seguidores, los líderes y sus equipos (‍Kellerman, 2012). Por su parte, los líderes carismáticos, mientras que ejercen como tales, gozan de más legitimidad social durante cierto tiempo, y, a su vez, tienen más libertad para transformar el contexto a fin de producir los resultados políticos pretendidos en sus programas electorales. Todo ello es especialmente importante considerarlo en tiempos de crisis e incertidumbre (‍Nye, 2011).

Para argumentar y fundamentar las ideas del artículo, se han utilizado las siguientes fuentes: el citado discurso de investidura del presidente González (‍González, 1982); documentación epistolar del archivo de la Fundación Felipe González^[2] donde se constata que este mantuvo contactos frecuentes con los ministros Almunia, Boyer y Solchaga; los relatos autobiográficos de Almunia, Solchaga, y González, varios años después de su salida del Gobierno (‍Almunia, 2002; ‍Iglesias, 2003); información contenida en varias tesis doctorales y/o publicaciones (‍Álvarez, 2014; ‍Aparicio-García, 2003; ‍Arráez-Bueno, 2017; ‍Gálvez Biesca, 2013; ‍Luque Castillo, 2014; ‍Ortega-Ruiz, 2015; ‍Tardivo, 2016); así como el archivo web del diario El País^[3] para el análisis de los acontecimientos históricos estudiados.

III. LÍDERE INNOVADORES EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE: ESPAÑA, 1976-‍1986[Subir]

Para Linz (‍2019), los dos dirigentes más relevantes de la Transición fueron Adolfo Suárez y Felipe González que actuaron como líderes innovadores en esta etapa. Es decir, ambos afrontaron exitosamente

Precisamente, la ciudadanía demanda la función del liderazgo en contextos de crisis e incertidumbre. Pero no todo gobernante por el hecho serlo se convierte en líder (‍Aparicio-García, 2003: 7-‍8; ‍Nye, 2011). De hecho, lo que caracteriza a los períodos de cambio político es que el líder innovador ha de saber negociar con otros líderes para poner en marcha el nuevo régimen, y presentarlo ante la ciudadanía como el mejor sistema para la convivencia. Pero ello exige un tiempo que es difícil de conseguir, porque las decisiones deben aceptarse rápidamente y evitar las presiones de grupos con posiciones antagónicas. Es decir: el contexto exigía a los dirigentes ganar tiempo, pues el factor tiempo es «una característica central del liderazgo en este tipo de proceso» (‍Linz, 2019: 80). Además, como «el liderazgo es esencialmente inestable» (ibid.: 81) quienes lo ostentan en situaciones de crisis política y/o económica deben ganarse cuanto antes el apoyo ciudadano para cumplir con sus objetivos primordiales: la consecución y/o preservación de la democracia y la configuración de una cultura política favorable a la democracia (ibid.: 87). En suma, estos líderes son personas arriesgadas, capaces de tomar decisiones que cambian el sentido de la transición y la afianzan, manteniéndose estos cambios en el tiempo, si bien estos mismos líderes tienen muy pocas posibilidades de mantenerse en la vida política activa, ya que «[s]u liderazgo solo existe durante el momento de cambio político» (‍Ortega-Ruiz, 2015: 18, n.3).

Felipe González, sin embargo, ocupó la Presidencia del Gobierno de España durante trece años y medio, de 1982 a 1996, mucho más tiempo del esperado en los líderes innovadores y por él mismo: «Yo creía que yo iba a transitar por la política institucional poco tiempo. Eso es lo que pensaba» (González citado en ‍Arráez Bueno, 2017: 335). Por ello, González se ha estudiado detalladamente en el contexto político nacional e internacional (‍Aparicio-García, 2003; ‍Arráez-Bueno, 2017; ‍Blázquez-Vilaplana, 2006; ‍Ortega-Ruiz, 2015; ‍Tardivo, 2016; ‍Linz, 2019). No obstante, hasta el presente, se echan en falta estudios sobre el liderazgo socioeconómico de los mandatos presidenciales de Felipe González, pese a que fue en este ámbito en el que los Gobiernos del PSOE promovieron notables reformas.

El papel de González como líder innovador se mostró en sus primeros años en la Presidencia del Gobierno. Efectivamente, durante su primer mandato presidencial se produjeron los cambios más importantes tanto en el ámbito político-institucional (reforma del Ejército, entrada de España en las Comunidades Europeas, referéndum sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, desarrollo incipiente del Estado de bienestar, etc.) como en el ámbito socioeconómico (reconversión industrial, reestructuración del sistema bancario, Acuerdo Económico y Social de 1984, reforma de las pensiones en 1985, etc.). Cada una de estas reformas fue liderada y/o legitimada por el propio presidente González, como líder innovador y carismático, así como por varios ministros con competencias económicas, principalmente Joaquín Almunia Amann (1948), Miguel Boyer Salvador (1939-‍2014) y Carlos Solchaga Catalán (1944).

Entre los años 1977 y 1986, se sucedieron tres presidentes en el Gobierno nacional y una sola alternancia en el mismo. Dicha alternancia se produjo cuando Felipe González ganó las elecciones generales de 1982, por mayoría absoluta, sustituyendo al presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Así, en menos de una década se produjeron cambios cruciales que han condicionado profundamente el sistema político y económico español hasta el presente (‍Tardivo, 2016). Como resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno socialista, entre 1982 y 1986, se forjó un nuevo sistema socioeconómico internacionalizado y mucho más interdependiente, pasando España de ser un país con escasos vínculos internacionales a estar integrado en las instituciones internacionales (principalmente la CEE). De esta forma, el país pasó a disponer de una economía relevante y globalizada, pero con graves problemas estructurales, como la alta tasa de paro y su gran dependencia del exterior.

Durante la década de 1976-‍1986, la política española estuvo condicionada por, al menos, cinco acontecimientos decisivos que transformaron la economía y la política. Primero, la mencionada Transición se produjo en el contexto de la grave crisis económica que vivía el país durante los años setenta y primeros años ochenta. Segundo, la aprobación de la Constitución española de 1978, como momento culmen del cambio político. Tercero, la dimisión del presidente Suárez a finales de enero de 1981, y el fallido golpe de Estado producido pocas semanas después. Cuarto, la referida alternancia política producida con la victoria electoral de Felipe González el 28 de octubre de 1982, que llevó al poder al primer Gobierno plenamente socialista de la historia de España. Y por último, en enero de 1986, tras un largo periodo de negociaciones políticas iniciado en 1977, el país se incorporó como miembro oficial de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), ahora Unión Europea (UE). Así, probablemente, el mayor logro de la Transición fue que la mudanza política y el derribo institucional de la dictadura se produjeran «en un contexto de crisis económica profunda, grave y mundial» (‍Cabrera, 2011: 83), a la vez que se impulsó un proyecto modernizador y europeísta del país (‍Martín-Aceña, 2010; ‍Serrano Sanz, 1994; ‍Soto Carmona, 2006).

Desde luego, los presidentes Adolfo Suárez y Felipe González vivieron un contexto favorable para la aparición de liderazgos fuertes, innovadores y carismáticos, al tiempo que ambos tuvieron que gestionar importantes problemas tanto en sus mandatos como dirigentes de los partidos que regentaban como en la Presidencia del Gobierno (‍Jiménez-Díaz y Delgado-Fernández, 2016). Así, el primero de los presidentes citados tuvo que asumir el enorme reto de conducir los cambios hacia la democracia y, por ende, lidiar con las diversas críticas que provenientes de distintos ámbitos se oponían a tales cambios, así como gestionar la crisis económica de finales de los años setenta. Tales críticas provocaron un enorme deterioro en la credibilidad pública del primer presidente de la democracia. Por su parte, Felipe González acumuló un enorme capital político personal sobre todo a raíz del éxito electoral obtenido por el PSOE en 1982, consiguiendo una mayoría absoluta histórica que lo aupó al Gobierno de la nación. Las acciones del Ejecutivo socialista no se centraron tanto en los cambios políticos-institucionales como en el ámbito de las políticas socioeconómicas.

Las reformas emprendidas en el primer mandato presidencial de Felipe González fueron lideradas de forma colectiva por el presidente del Gobierno, Miguel Boyer (ministro de Economía, Hacienda y Comercio), Carlos Solchaga (ministro de Industria y Energía), y en menor medida por Joaquín Almunia (ministro de Trabajo y Seguridad Social). Entre tales reformas destacan: la reconversión industrial, el proceso de ajuste económico para el acceso de España a Europa, la implantación del Estado de bienestar y el desarrollo de las políticas sociales, y la reforma del sistema de pensiones (‍Álvarez, 2014: 35-‍37; ‍Aparicio-García, 2003: 571-‍589; ‍Jiménez-Díaz, 2009; ‍Juliá, 2007: 272-‍293). Este conjunto de acciones supusieron que el presidente socialista condujera la modernización y la transformación institucional del país e hiciera del mismo un Estado homologable a las naciones que conformaban la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en los años ochenta. Felipe González y sus ministros parecían tener muy claro que la modernización de España pasaba por su homologación socioeconómica —no solo política— con los países europeos más avanzados, y bajo tales premisas concebían el desarrollo nacional (‍Solchaga, 2003).

IV. LIDERAZGO Y VISIÓN POLÍTICA DE FELIPE GONZÁLEZ[Subir]

Entre los años 1966 y 1973, Felipe González Márquez (Sevilla, 1942) se desempeñó como profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Sevilla y como abogado defensor de diversas causas obreras y al amparo del sindicato UGT (Unión General de Trabajadores). Durante este mismo período en el PSOE se produjo una reestructuración organizativa y un debate político entre el partido del interior y el partido del exilio (‍Jiménez-Díaz, 2009). Este debate generó varios conflictos que, a la larga, perjudicaron a la «vieja guardia» del partido liderada por Rodolfo Llopis en el exilio y benefició a los socialistas del interior. Entre estos últimos adquirieron gran protagonismo el grupo de los socialistas sevillanos, representados desde 1969 por Felipe González, y más tarde en los congresos del PSOE de la primera mitad de los años setenta, especialmente en el Congreso de Suresnes (1974). En este Congreso, González fue elegido Secretario General del PSOE. Sobre el proceso de formación del liderazgo de González, Manuel Chaves, que formó parte del referido grupo sevillano, dijo las siguientes palabras:

El liderazgo de González empezó a institucionalizarse y legitimarse entre los años 1974 y 1982 en la arena política del socialismo. Dicho liderazgo se caracterizó por la acelerada transformación ideológica del dirigente en su etapa de acceso al poder, que llevó, a su vez, a la renovación y moderación ideológica del PSOE (‍Soto Carmona, 2006). En este sentido, González consiguió cuatro logros en el campo político del socialismo español en estos años. Primero, obtuvo el citado cargo de secretario general del PSOE en 1974. Segundo, el PSOE se presentó a las primeras elecciones democráticas, celebradas en junio de 1977, siendo el segundo partido más votado y obteniendo 118 escaños en el Congreso de los Diputados. Tercero, el PSOE abandonó el ideario marxista por exigencia ética del propio González, escenificando su dimisión en el congreso del PSOE de mayo de 1979. Por último, el líder socialista ganó las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 con más de 10 millones de votos y 202 escaños, obteniendo una mayoría absoluta histórica. En consecuencia, González fue investido presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el 1 de diciembre de 1982, por 207 votos a favor y 115 en contra. Así se produjo la primera alternancia democrática con el mayor apoyo parlamentario en una sesión de investidura (‍Radcliff, 2018: 330-‍339).

La visión de futuro de González, nacido y socializado en pleno franquismo en una familia de clase media, que le dio acceso a instituciones educativas y relaciones sociales con la élite sevillana, fue clave para entender su liderazgo en la Transición. Además, González encarnó un liderazgo transformacional tanto en objetivos como en medios o estilo político, al menos en sus dos primeras legislaturas como presidente (‍Álvarez, 2014: 35). Gracias a dicha visión, el líder socialista pudo convencer a la mayoría de los votantes y ganar tres elecciones generales consecutivas con mayorías amplias (1982, 1986 y 1989) y otra elección general con mayoría simple (1993). Una visión y discurso político centrados en la democratización, europeización, modernización y regeneración de España le hicieron sobresalir frente a otros líderes incapaces de ofrecer una alternativa creíble. El proyecto ilusionante de un nuevo país, alejado del franquismo, y transmitido de manera brillante y apasionada, primero entre los miembros de su partido y luego entre los ciudadanos españoles (‍Ortega-Ruiz, 2015), se convirtió en hegemónico en los años ochenta.

Más allá de lo expresado, el liderazgo de Felipe González no puede entenderse sin la evolución del PSOE entre 1970 y 1982, etapa en la que fue decisivo el papel de sus colaboradores en los triunfos electorales socialistas. Dicho líder incorporó un estilo visionario, participativo y transformacional de liderazgo, pues su visión y sus actuaciones estuvieron respaldadas por sus colaboradores más cercanos, especialmente por Alfonso Guerra entre 1982 y 1991 (íd.), pero también por Joaquín Almunia, Miguel Boyer, Roberto Dorado, José María Maravall, Ludolfo Paramio y Carlos Solchaga. Estos fueron los principales asesores en asuntos políticos y económicos de González entre 1974 y 1986 (‍Aparicio-García, 2003), y le ayudaron tanto a implicar a la ciudadanía como a transformar sus condiciones de partida. En este sentido, cabe destacar lo dicho por uno de sus más estrechos colaboradores:

Por ello, el remate de la mudanza política-institucional y socioeconómica de la Transición fue liderada por el presidente González (‍Álvarez, 2014). Así, el programa de los Gobiernos presididos por él no tuvo como objetivo la transformación socialista de la sociedad española, sino la modernización socioeconómica de la misma para equipararla con otras democracias europeas. Es decir: el líder socialista asumió el «compromiso global de cambiarlo todo sin revolucionar nada» incorporando «una nueva ética política» y «un proyecto de regeneración del Estado y de la sociedad» (‍Juliá, 2007: 274). Este enfoque pragmático de la política, al que se puede denominar socialdemócrata de signo liberal, implicaba condensar el lema electoral del PSOE de 1982 en la siguiente frase: el cambio es «que España funcione» (íd.) y un país «mejor para todos» (‍González, 1982: 29). Tal cambio, obviamente, era entendido de modo más instrumental que sustancial, pero igualmente transformaría el país. Era un reformismo radical que evitaba aplicar un programa socialista, se alejaba del marxismo y adoptaba un perfil moderado, posibilista y pragmático (‍Maravall, 1979), lo que hacía conectar a González «más con los deseos de la mayoría de los ciudadanos que con los planteamientos de los militantes socialistas» (‍Soto Carmona, 2006: 16). Para González: «Entonces el funcionamiento era modernización, entrada en Europa, asentar los pilares de la sociedad de bienestar y superar la larga crisis económica que duraba ya muchos años con un proceso dolorosísimo de reconversión industrial» (citado en ‍Arráez Bueno, 2017: 335).

Por tanto, entre 1982 y 1986, González contó con un enorme capital político personal acumulado, no solo por las victorias electorales, sino por sus acciones políticas: reestructuración económica, reforma del Ejército, integración de España en las Comunidades Europeas, implantación del Estado de bienestar y desarrollo de políticas sociales (‍Álvarez, 2014: 35-‍37; ‍Jiménez-Díaz, 2009). Tales acciones le permitieron liderar un proyecto de modernización del país y, así, hacerlo homologable al resto de los estados europeos de la CEE en los años ochenta. Además, el líder socialista tenía la capacidad de persuadir e involucrar a todos los españoles en dicho proyecto, como así mostró en la noche electoral del 28 de octubre de 1982: «Ningún ciudadano debe sentirse ajeno a la hermosa labor de modernización, de progreso y de solidaridad que hemos de realizar entre todos. La colaboración de cada español dentro de su ámbito es imprescindible para lograr el objetivo de sacar a España adelante» (González citado en ‍Ortega-Ruiz, 2015: 141).

No obstante, el liderazgo carismático-transformacional del presidente González se puso a prueba en las diversas crisis de su primer mandato presidencial. Es decir, tuvo que abordar la complicada crisis industrial, el incremento de los desempleados debido a las políticas de ajuste económico, las crecientes protestas laborales, y los retos de preparar el país para su adhesión a la CEE, pasando por la celebración del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN en marzo de 1986. Por ello, en los primeros años de gobierno, González adoptó un carácter pragmático dispuesto a sacrificar parte del ideario socialista para facilitar la modernización y europeización de España. Encabezó una «socialdemocracia ligera», flexible y adaptable a su acción de gobierno (‍Tardivo, 2016), a la vez que concebía el ejercicio del poder como una tarea autónoma respecto a su partido. Por ello, el líder socialista veía oportuno que varios miembros del Gobierno no fueran militantes partidistas o que si lo eran no actuasen como tales. De hecho, apenas la mitad de los ministros del primer Gobierno socialista provenía de las filas parlamentarias del PSOE. En suma, González ejerció una política adaptativa y posibilista en la que, cuando fue necesario, obvió el programa electoral de 1982, aunque ello le generó una notable pérdida de electores, si bien retuvo la hegemonía política a medio plazo.

V. LIDERANDO LA MODERNIZACIÓN SOCIALISTA: DE LAS CRISIS A LAS REFORMAS[Subir]

La crisis económica española, que se prolongó entre los años 1974 y 1984, implicó un relevante proceso de transformación de la estructura económica nacional. Así, «la economía de 1985 poco tenía que ver con la de 1973» (‍Serrano Sanz, 1994: 163). Varios datos constatan esta afirmación: la agricultura nacional pasó de representar el 13 % del PIB nacional en 1973 a descender al 6 % en 1985. La aportación del sector servicios a la renta nacional se elevó del 47 % al 58 % en ese mismo periodo. Por tanto, a mediados de la década de 1980 se produjo la terciarización de la economía nacional: esta se convirtió en una economía de servicios. Todo ello estuvo acompañado de un proceso de desindustrialización (‍Martín-Aceña, 2010). Además, la economía española se abrió al exterior y empezó a competir con la de otros países industriales (‍Serrano Sanz, 1994: 163). Con lo cual, «la crisis industrial no significó ni un retroceso hacia lo agrario ni un freno a la modernización» (íd.). Sin embargo, estos cambios se acompañaron del aumento de la tasa de paro en España, la cual en 1980 doblaba la media de los países más desarrollados. El problema del desempleo se agravó en la primera mitad de la década de 1980, pasando la tasa de paro del 11,5 % en 1980 al 21,9 % de la población activa en 1985, al tiempo que descendió «la población ocupada al nivel más bajo de la historia reciente: 10,6 millones de ocupados, dos [millones] menos que en 1976» (‍Juliá, 2007: 278). El número de parados creció en un millón de personas entre los años 1982 y 1985. Estas cifras macroeconómicas contradecían la promesa hecha por el PSOE en la campaña electoral de 1982, cuando se propuso crear 800 000 nuevos empleos.

VI. CONSIDERACIONES FINALES[Subir]

A los líderes políticos se les conoce mejor en tiempos y contextos de crisis. En estos, los líderes muestran tanto sus fortalezas como sus debilidades, puesto que han de poner en juego sus habilidades y/o capacidades de liderazgo en situaciones cambiantes e inciertas. El presente artículo analiza el liderazgo de las reformas económicas encabezadas por Felipe González en el contexto de su primer Gobierno (1982-‍1986). Este constituye un periodo muy significativo y paradigmático de la política española en el siglo pasado, pues se revelan diferentes problemas socioeconómicos que aún persisten en España. Por ello, se ha optado por un enfoque biográfico e histórico que permita aprehender tanto las perspectivas de los sujetos implicados como los cambios políticos-institucionales y socioeconómicos acontecidos en el país. Tales cambios han marcado la sociedad y política españolas hasta el presente.

Este artículo responde a varias preguntas planteadas en la introducción. A este respecto, cabe destacar que los inspiradores de la política económica del primer Gobierno socialista fueron tanto el presidente como sus ministros Almunia, Boyer y Solchaga. El primero ejerció un papel de coordinación, supervisión y legitimación de las reformas económicas, pero estas fueron promovidas y ejecutadas por los segundos. Así, en el área económica sobresalió la gestión del llamado «superministro» Boyer, sobre todo en lo relativo a las políticas de ajuste económico y de contención del gasto público. Sin embargo, un conjunto de importantes medidas como, por ejemplo, el AES de 1984, la reforma de las pensiones, y la reconversión industrial fueron promovidas y ejecutadas, respectivamente, por los ministros Almunia y Solchaga. Los tres ministros, de perfil tecnocrático, se inspiraron en las ideas del socialismo liberal para promover y ejecutar las reformas económicas. La priorización de estas impidió cumplir con la promesa electoral de crear nuevos empleos, debido a la dureza del ajuste económico. Por ello, entre el presidente y los citados ministros se configuró un liderazgo en equipo y/o coral para afrontar los problemas derivados de la crisis económica, arrastrados desde los años setenta y aplazados por los Gobiernos de Suárez y Calvo-Sotelo. González abordó la crisis económica mediante un liderazgo innovador y pragmático, desempeñando un papel clave en la legitimación política de dichas reformas económicas. En consecuencia, la hipótesis de partida resulta confirmada.

En efecto, el primer Gobierno de González transcurrió en un escenario de grandes dificultades socioeconómicas. En tales circunstancias, el presidente y sus ministros Almunia, Boyer y Solchaga tuvieron que abordar diversas reformas económicas estructurales, como la citada reconversión industrial, en la que se jugaron su capital político y el apoyo popular. En cualquier caso, tanto González como dichos ministros asumieron las reformas y ajustes económicos casi de manera inmediata, tras asumir sus cargos, para así responder a importantes problemas de la economía española en la Transición. Es decir, Felipe González empeñó su liderazgo y capital político en priorizar y abordar los problemas económicos nacionales durante su primer mandato, pues el enquistamiento de tales problemas llevaba a la recesión económica, poniendo en peligro las instituciones democráticas y la consolidación del nuevo régimen.

La situación socioeconómica con la que González se encontró, durante su primer mandato, condicionó la forma de gestionar los asuntos económicos. Los sindicatos y las organizaciones empresariales presionaron en diferentes direcciones para defender sus intereses en las múltiples reformas efectuadas. En estas, el presidente estuvo respaldado por el liderazgo coral de sus ministros económicos. Mientras que González y el Gabinete presidencial abordaron la dirección, coordinación y supervisión política-institucional del Ejecutivo, los citados ministros se centraron en la gestión diaria de los múltiples ajustes y reformas económicas derivadas de las variadas crisis que tuvo que gestionar el Gobierno socialista: crisis industrial, aumento del paro, recorte del gasto público. Además, hubo que atender a las exigencias económicas impuestas para la entrada de España en la CEE y su homologación con los Estados europeos más desarrollados. En enero de 1986, unos meses antes de finalizar el primer mandato de González, España ingresó como miembro de pleno derecho de la Comunidad Económica Europea. El proyecto modernizante y democratizador liderado por el presidente se vinculó a la europeización de España. Tal proyecto tenía sus pros y contras para una ciudadanía como la española que empezaba a conocer las ventajas de vivir en libertad y en Europa, al tiempo que el país padecía varios problemas estructurales, con características genuinas, como el desempleo y la desindustrialización.

El estudio presentado puede tener continuidad en futuras investigaciones que indaguen si en los siguientes mandatos presidenciales de Felipe González (1986-‍1996), este desempeñó un liderazgo en equipo entre él, Carlos Solchaga, Pedro Solbes y otros ministros del área económica, o bien se adoptó un liderazgo mucho más concentrado en la persona del presidente y en el Gabinete del Gobierno. Por su parte, otros estudios pueden analizar el liderazgo económico desarrollado en los ejecutivos del PSOE (2008-‍2011) y del PP (2011-‍2018) ante la crisis económica y financiera de 2008, así como el desempeño económico del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (desde 2020).