LA PAZ CON LOS GRUPOS PARAMILITARES Y LAS FARC-EP: DIFERENCIAS
ENTRE DOS PROCESOS TRANSICIONALES EN COLOMBIA (2005-‍2016)^‍[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

En la década que transcurre en Colombia entre 2005 y 2016 tienen lugar los dos procesos de desmovilización más numerosos respecto de actores armados del conflicto interno. Primero, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. Después, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), gracias al Acuerdo de Paz suscrito con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.

Estos dos acontecimientos, por sus implicaciones, merecen ser analizados en conjunto, al menos por tres razones. Primero, por la incorporación de mecanismos transicionales de justicia que difieren de los mecanismos punitivos ordinarios (‍‍Pizarro, 2017). En segundo lugar, porque su mirada comparada permite escapar de reduccionismos sectarios entre quienes se posicionan de uno u otro lado. Finalmente, porque al desarrollarse en momentos muy diferentes es posible observar diversas estrategias implementadas por el Estado colombiano para la terminación del conflicto armado (‍‍López, 2016).

La desmovilización paramilitar y la de la guerrilla muestran que las medidas de justicia transicional dependen de factores altamente relacionados con el grado de responsabilidad, participación o afectación a los derechos humanos (DDHH) y al derecho internacional humanitario (DIH) durante la prolongación de la violencia. Como reconoce el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (‍‍2017), se trata de elementos que devienen a la vez indisociables en todo proceso de paz, si bien son «normalidades» que no quedan exentas de tensiones. Esto se ha podido comprobar con el caso de las FARC-EP en Colombia, en donde la justicia transicional ha sido uno de los principales elementos de contienda política, por entenderse que se trata de un tipo de beneficio que colinda con la impunidad (‍‍Melamed, 2017; ‍‍Basset, 2018).

La pregunta de partida desde la que se construye este trabajo es la siguiente: ¿cuáles son las similitudes y diferencias que concurren, en términos de justicia transicional, en los marcos normativos que permitieron la desmovilización tanto paramilitar como de las FARC-EP? La hipótesis de partida pasa por entender que en el segundo de los procesos de paz existe un mayor compromiso con los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Empero, para entender el alcance y significado de cada experiencia es imprescindible analizar cuatro aspectos fundamentales.

Primero, debe destacarse la importancia de la diferente condición internacional en cada caso. La Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las AUC, tuvo lugar en un momento de prevalencia de la agenda securitaria posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, bajo una marcada influencia de Estados Unidos. Todo muy diferente a lo que sucedió con las FARC-EP, en donde hubo un gran respaldo de la comunidad internacional, especialmente, de actores altamente comprometidos con los DDHH, como la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas o la Unión Europea, además de otros muchos Estados de la región latinoamericana.

En segundo lugar, se reconoce la importancia de observar la dimensión estrictamente nacional y las relaciones de poder entre los actores violentos y el Estado. Mientras que entre este último y el paramilitarismo hubo elementos puntuales de concomitancia ante un enemigo común como era la guerrilla, en el caso de las FARC-EP existe una razón evidente de enemistad alimentada durante décadas. Es decir, esta circunstancia se entiende como fundamental para entender el grado de concesiones de parte del Estado, las exigencias reparadoras de los actores violetos y el nivel de taxatividad sobre los intercambios cooperativos que acompañaron a cada momento de desmovilización.

Una tercera cuestión tiene que ver con la dimensión política que entiende la necesidad de un desarrollo normativo exprofeso que intervenga sobre los factores estructurales, institucionales y territoriales que soportaron la violencia. A tal efecto, mientras que en la experiencia paramilitar hubo un planteamiento minimalista, centrado en la mera desaparición del actor armado, en el caso de las FARC-EP concurre un planteamiento maximalista, más complejo y ambicioso en sus términos.

Finalmente, resulta imprescindible prestar atención a la posición de la sociedad civil en relación con estos instrumentos normativos. Esto es así porque incide en el resultado final, dado que no es igual la situación de favorabilidad que acompañó al desmantelamiento paramilitar que la coyuntura de polaridad y encono que se mantuvo durante el proceso de diálogo con la guerrilla, especialmente, en sus últimos años.

Para cumplir con lo anterior se identifican hasta veinte diferencias sustanciales, que abordan, problematizan y analizan aspectos y dimensiones que sustantivan el grado de complejidad y sofisticación de los instrumentos de justicia transicional que cada acuerdo de paz propone. Se analizan como variables a considerar la duración del proceso, los mecanismos de esclarecimiento e investigación, la naturaleza de las sanciones y los beneficios procesales en forma de posibles amnistías o indultos. Igualmente, se atiende a la aplicación de la justicia, la concurrencia de mecanismos de extradición y el carácter de las sentencias. Además, entre las variables de análisis se incorporan el presupuesto, el tipo de reconocimiento a las víctimas y el papel que se otorga al reconocimiento de responsabilidades. Esto es complementado con otros aspectos como la posibilidad de participar políticamente, el protagonismo de las víctimas, la participación ciudadana y de las fuerzas militares o la existencia de un cese de las hostilidades. Finalmente, se atiende a la existencia de mecanismos de refrendación, la arquitectura institucional concurrente, el papel de la comunidad internacional, el alcance de la desmovilización y el nivel de compromiso conforme a la entrega de bienes propiedad del grupo armado.

A tal efecto, se recurre a una metodología cualitativa, cuyas fuentes primarias de referencias son los Acuerdos de Santa Fe de Ralito en 2001 y de Fátima en 2004 con las AUC, además de la referida Ley de Justicia y Paz de 2005. Con las FARC-EP la norma de referencia es el Acuerdo Final del Teatro Colón, firmado el 24 de noviembre de 2016. Igualmente, este trabajo se sirve de una profunda revisión bibliográfica que, abordada de forma exhaustiva y sistemática, permite elaborar diferentes categorías de análisis. A ello se suma una profunda revisión de sentencias, leyes, decretos y directivas que guardan relación con el marco transicional. Por último, se recurre a relatos provenientes de algunas entrevistas en profundidad realizadas con actores clave de la violencia en Colombia, a efectos de ilustrar algunos argumentos o consideraciones expuestas. Tal es el caso de Álvaro Uribe (presidente de Colombia entre 2002 y 2010); Edwar Cobos, alias Diego Vecino (comandante paramilitar del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC); Freddy Rendón, alias el Alemán (comandante paramilitar del Bloque Élmer Cardenas de las AUC); Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez (comandante del Bloque Caribe de las FARC-EP y jefe del equipo negociador en La Habana); Elda Neyis Mosquera, alias Karina (comandante del Frente 47 de las FARC-EP), y Sergio Jaramillo (Alto Comisionado de Paz bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos).

El artículo se organiza en cuatro partes claramente diferenciadas. Primero se realiza una caracterización, en clave nacional e internacional, del momento y las relaciones de poder en que transcurren y se enmarcan los dos procesos transicionales objeto de estudio. Seguidamente, se procede con un planteamiento que llega a diferenciar hasta una veintena de aspectos entre el proceso desarrollado con las AUC y con las FARC-EP. Finalmente, a modo de discusión, se presenta un análisis de los componentes que caracterizan las negociaciones y acuerdos con ambos grupos, los cuales se acompañan, a modo de corolario, de unas conclusiones con las que ofrecer nuevas perspectivas para el estudio de la justicia transicional en Colombia.

II. MARCO TEÓRICO[Subir]

Durante las últimas tres décadas, aproximadamente la mitad de los países del mundo han aplicado medidas que podrían considerarse como de justicia transicional (‍‍Stan y Nedelsky, 2013), la mayoría de ellas relacionadas con cambios de régimen a nivel mundial, desde el proceso de democratización en América Latina hasta los tribunales ad hoc en la antigua Yugoslavia y Ruanda (‍‍Peskin, 2008).

Para el análisis que se propone desde las siguientes páginas, la justicia transicional se entiende simultáneamente como un concepto y como un proceso (‍‍Mihr, 2017) que abarca una serie de instrumentos judiciales y no judiciales (‍‍Naciones Unidas, 2010) y que son diseñados para afrontar atrocidades y masivas violaciones a los derechos humanos —generalmente, producto de un cambio de régimen o de un conflicto violento (‍‍de Greiff, 2006)—. Los dispositivos legales, políticos y culturales pueden acelerar, fortalecer o debilitar los procesos de cambio o de consolidación de la nueva democracia (‍‍Mihr, 2017), a la vez que deslegitiman el sistema político anterior (‍‍Teitel, 2014), contribuyendo al restablecimiento del Estado de derecho (‍‍McAdams, 1997). Desde una mirada legal, la justicia transicional se ha apoyado en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (‍‍Naciones Unidas, 2010) como elementos nucleares para establecer los cimientos sobre los que debe reposar un proceso de construcción de paz y de reconciliación pleno.

Generalmente, es necesario destacar cómo la justicia transicional siempre está más orientada a mirar hacia el futuro que hacia el pasado (‍‍Skaar, 2018), lo cual contribuye, aunque no automáticamente, a la construcción de confianza en las instituciones (‍‍Hayner, 2002), entre sociedades divididas, excombatientes, enemigos y grupos étnicos, lingüísticos o religiosos (‍‍Minow, 1999).

De otro lado, las medidas de justicia transicional pueden ser aplicadas en contextos no transicionales como Colombia, en donde la democracia está consolidada. Así, estas medidas abarcan crímenes cometidos décadas atrás y buscan complementar un proceso tardío de transición frente a procesos complejos de violencia política (‍‍Collins, 2011). Esta dinámica postransicional se puede encontrar, por ejemplo, en el caso argentino a partir del proceso contra la antigua Junta Militar entre 2007 y 2017, casi veinticinco años después del final de la dictadura.

Como tercera posibilidad existe una justicia exotransicional, la cual se aplica en períodos que no tienen ninguna relación con un momento de transición (‍‍Daviaud, 2010). Una muestra de ello es la recién inaugurada Comisión de Reparaciones creada en el estado de California en los Estados Unidos, cuyo mandato es estudiar los daños de la esclavitud y del racismo sistémico. Este tipo de justicia transicional no guarda una conexidad directa con un proceso de democratización o de búsqueda de paz, sino que se insertan en dinámicas de cambio social sin verdadera transición. Ahora bien, es válido aclarar que todo proceso de justicia transicional debe ser entendido como polémico y polisémico, de modo que hasta la fecha ninguno ha logrado satisfacer en su totalidad las expectativas de las partes involucradas (‍‍Hamber, 2002).

Por último, conviene añadir cómo diversos autores se han preocupado por desarrollar una teoría de la justicia transicional en términos de teoría política, tal y como sucede con Caney (‍‍2006), Dube (‍‍2011), Grodsky (‍‍2009), Rincón (‍‍2010), Hansen (‍‍2011) o Winter (‍‍2013). Todos ellos se basan en hechos, datos, mediciones y estudios de caso, y tienen en común el concepto de la justicia planteado por Rawls (‍‍1971)^‍[2]. En cuanto a los estudios históricos, Elster (‍‍2004) identifica los antecedentes más remotos de la justicia transicional en los juicios y las purgas acaecidos durante las revueltas políticas en Atenas hace más de dos mil años, toda vez que De Greiff (‍‍2006) se enfoca en el desarrollo del concepto en el tiempo, y Teitel (‍‍2003) elabora una genealogía de la justicia transicional a partir del proceso de Nuremberg.

En cuanto al caso colombiano, son varios los académicos que lo clasifican como un proceso de justicia transicional sin transición (‍‍Uprimny Yepes et al., 2006). En el marco de su particular violencia interna se han aplicado diversos dispositivos con el propósito de lograr su definitiva desactivación. Así ha sucedido con la Ley de Justicia y Paz de 2005, que permitió la desmovilización de las diversas estructuras paramilitares, y con el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP. Dos marcos normativos que ocuparán las siguientes páginas y que evidencian una profunda innovación legislativa (‍‍Romero, 2021), además de una evolución constante en la búsqueda por responder a los diversos dilemas y desafíos que dificultan la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia (‍‍Gutiérrez, 2021).

En cualquier caso, en Colombia ya hubo experiencias previas para favorecer la negociación y el desarme de las guerrillas y de los grupos paramilitares, especialmente a finales de los noventa y principios del nuevo milenio (‍‍García-Godos y Andreas, 2010). Sin embargo, Rúa (‍‍2015) sostiene que solo se puede hablar de justicia transicional en Colombia a partir del año 2005, habida cuenta de que con la Ley de Justicia y Paz se establecen los primeros estándares mínimos de protección y satisfacción para los derechos de las víctimas. No obstante, otros como García Jaramillo (‍‍2017) entienden que con la Constitución de 1991, surgida tras la desmovilización de varios grupos armados, ya existe un marco transicional. Algo que, incluso, puede retrotraerse varias décadas atrás con motivo de las primigenias comisiones de investigación para el esclarecimiento de la violencia y su superación (‍‍Jaramillo, 2014).

III. EL CONTEXTO Y LA NEGOCIACIÓN CON LAS AUC [Subir]

Aunque el fenómeno paramilitar surge a finales de la década de los setenta (‍‍Medina, 1990), su actor de referencia desde abril de 1997 son las conocidas AUC, herederas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), conformadas entre 1993 y 1994. Con especial arraigo en el Magdalena Medio, la región Caribe y el departamento de Antioquia, las AUC, con la familia Castaño al frente, se erigen como actor nuclear de la violencia gracias a su presencia en casi doscientos municipios y un grueso de efectivos que llega a superar ampliamente los diez mil integrantes (‍‍Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013; ‍‍Ríos, 2021a).

Hablar de estos grupos paramilitares, en realidad supone hacer referencia a un instrumento contrainsurgente, armado e irregular (‍‍Franco, 2002) que involucraba directamente a la población civil (‍‍Cubides, 1998) y que desde la década de los ochenta se nutrió de ingentes fuentes de financiación ilícita (‍‍Palacio y Rojas, 1990; ‍‍Romero, 2003), además de la cooptación de elites locales y regionales con las que compartían como enemigo común a las guerrillas (‍‍Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012).

Tales AUC funcionaron, hasta 2005, en paralelo con la lucha contrainsurgente desplegada por la política de seguridad democrática (PSD) del presidente Álvaro Uribe, debilitando especialmente la presencia de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en algunos de sus enclaves con mayor arraigo e influencia (‍‍Ríos, 2021a). Una PSD que, además, fue desarrollada desde un marco de total oposición a las guerrillas, dada la negación por parte del mismo presidente Álvaro Uribe de que en Colombia existiera en realidad un conflicto armado, tal y como expresa de la siguiente manera:

Es decir, para el uribismo se parte de la premisa de que el problema colombiano es más bien producto del narcoterrorismo (‍‍Gaviria, 2005), de modo que se difuminan decididamente las normas que regulan la guerra en relación con los DDHH y el DIH, y quedan legitimados todos los excesos con el fin de derrotar militarmente al enemigo^‍[3]. Un contexto, además, que se encuentra favorecido por el cambio en el código geopolítico de Washington y la afectación al orden global de la lucha contra el terrorismo (war on terrorism) que se desarrolla tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center (‍‍Cairo, 2018). Aspectos a los que, además, cabía añadir unas muy tensas relaciones diplomáticas con Venezuela, Ecuador e, incluso, Cuba (‍‍Pizarro, 2017).

Bajo esta tesitura transcurren los sucesivos diálogos con los grupos paramilitares, coadyuvados, si cabe más, por diferentes cuestiones. La connivencia entre estos grupos y la fuerza pública permitió reducir muy sustancialmente la presencia guerrillera en algunos enclaves, de manera que, siendo ese el principal propósito para su sustento de parte del Gobierno, su continuidad, una vez fortalecido el Estado en su dimensión estrictamente militar, pasaba a resultar tan desfavorable como poco deseada (‍‍Ríos, 2021a). Asimismo, Estados Unidos había incluido a las AUC en las circulares de grupos terroristas, solicitando incluso la extradición de sus dos principales líderes, como era el caso de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Por si fuera poco, Colombia, en 2002, había ratificado el Estatuto de Roma, de manera que resultaba posible que algunos de los comandantes pudieran terminar siendo juzgados por la Corte Penal Internacional, algo que el uribismo estaba dispuesto a evitar a toda costa.

No se puede pasar por alto que durante su primer gobierno (2002-‍2006), y como después quedó destapado a tenor del escándalo de la parapolítica, las AUC mantuvieron excelentes relaciones con buena parte del Congreso (‍‍Ronderos, 2014) y del alto mando militar (‍‍Ruiz, 2014). Es decir, era de esperar que toda interlocución fuese más sencilla que en cualquier otro tiempo pasado, aunque siempre considerada en términos más políticos que militares, como denotan las siguientes palabras del jefe paramilitar de las AUC, Edwar Cobos, alias Diego Vecino:

A pesar de estas circunstancias, la voluntad del Gobierno de Álvaro Uribe era proponer una suerte de diálogo exprés, tal y como muestra la omisión de las normas provenientes del DIH, o la aceptación de un cese de las hostilidades que nunca se cumplió. De la misma forma, se tramitó una ley con penas alternativas que llegaba a ofrecer beneficios importantes siempre que se asumiera un proceso condicionado de desarme, hasta el punto de obviarse cualquier magnitud con respecto a los crímenes cometidos incluso antes de negociar (‍‍Pizarro, 2017).

En realidad, lo anterior no prosperó, aunque no por ello cesaron los intereses por obtener un marco favorable de desmovilización. Sin embargo, esto se realizaba bajo difíciles circunstancias, pues la violencia paramilitar seguía vigente en forma de masacres y asesinatos a la población civil, desplazamiento forzado masivo y despojo sistemático de tierras en aquellos enclaves en donde su proyecto criminal se había consolidado (‍‍Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). Una dificultad añadida al diálogo reposaba en las confrontaciones al interior del paramilitarismo, lo cual dejó consigo muertes importantes como la del mismo Carlos Castaño, Carlos García Fernández Doble Cero o Miguel Arroyave, además de la venta de las franquicias paramilitares a grupos narcotraficantes para evitar con ello ser extraditados a Estados Unidos. Por último, no se puede pasar por alto que, incluso, algunos comandantes como el citado Castaño, Ramón Isaza o Iván Roberto Duque Ernesto Báez llegaron a comparecer públicamente en el Congreso a efectos de reivindicar y defender la «contribución» que había realizado el paramilitarismo para la consecución de la «paz» en Colombia.

Tras todo lo expuesto finalmente entra en vigor la Ley 782 de 2002, la cual permite al mismo Álvaro Uribe negociar tanto con los grupos paramilitares como con las guerrillas. No obstante, había una particularidad frente a los procesos realizados desde los años ochenta, y era que en este caso no resultaba necesario demostrar el carácter político de los grupos armados y se cerraba cualquier posible interlocución con grupos pertenecientes al crimen organizado y cárteles narcotraficantes. El Gobierno designó como Alto Comisionado de Paz a Luis Carlos Restrepo, para así liderar la interlocución con las distintas formaciones paramilitares. A tal efecto, el 23 de diciembre de 2002 se creó una Comisión Exploratoria cuyo cometido era el de adelantar diálogos preliminares en compañía de los obispos de Apartadó y Montería, la diócesis de Sonsón-Rionegro y la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual constituyó el 23 de enero de 2004 la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP).

Desde el inicio de estos diálogos se observaron importantes avances formales. Varios jefes paramilitares suscribieron actas de compromiso con esta primera negociación exploratoria, condicionando incluso su propia posición de comandantes (‍‍Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2006). Dados estos acontecimientos, y acogiendo las recomendaciones propuestas por la Comisión Exploratoria el 25 de junio de 2003, se firma el conocido Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el que el Alto Comisionado de Paz y los responsables de las AUC firman el 15 de julio de 2003 un compromiso con el que iniciar un proceso de negociación formal.

Si bien algunos comandantes de estructuras paramilitares no lo hicieron, con el paso de los meses diferentes dirigentes se fueron sumando a los compromisos adquiridos, de manera que el 31 de julio de 2004 se llega a suscribir un segundo acuerdo, el de Fátima, en el municipio de Santa Fe de Ralito, y que con 368 km² concentró los diálogos para avanzar en el plan de desmovilización paramilitar. Comienza el 25 de noviembre de 2003 y finaliza a comienzos de 2006, si bien la mayoría de los grupos y bloques paramilitares desarrolla su proceso de dejación de armas entre 2005 y 2006. Esto no sin tensiones ni contradicciones, como reconocía al ser entrevistado el exjefe paramilitar, Freddy Rendón:

En cualquier caso, conviene señalar que todo este proceso se realizó desde una absoluta «nebulosa» jurídica, pues a medida que se producían las desmovilizaciones en realidad no había claridad con respecto a la situación legal que albergaba a combatientes, mandos medios y comandantes de las AUC, tal y como reconoce Ronderos (‍‍2014: 369):

Bajo esta circunstancia fueron presentados varios proyectos de ley con los que dar cobertura legal al Acuerdo. Inicialmente, se presentó la Ley de Alternatividad Penal, la cual no fue aprobada por el Congreso. Después se presentaron otros intentos, entre los que destacó uno promovido desde el Gobierno, el cual ofrecía tratos de favor generosos para todos los paramilitares —presentado por Claudia Blum y Mario Uribe—. Lo mismo sucedió con un segundo proyecto, con origen parlamentario e impulsado por Luis Fernando Velasco, Gina Parody y Wilson Borja, que enfatizaba en los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. No obstante, como cabe esperar, este último tuvo muy poco recorrido y finalmente resultó aprobada la primera de las iniciativas, la Ley 975 de 2005, conocida comúnmente como la Ley de Justicia y Paz.

Dicha ley se erigiría como el marco jurídico de referencia para el desarme, la desmovilización y la reinserción a la vida civil del grueso de quienes conformaban este grupo. Además, en una sentencia de 2006, la Corte Constitucional respaldaba su legalidad, aunque con matices y la solicitud de incorporar algunos cambios para que se ajustara plenamente al derecho interno y los tratados internacionales ratificados por Colombia. De este modo, con tal fallo de la Corte se fortalecía, en parte, los derechos de las víctimas, al exigirse a los paramilitares el reconocimiento de los delitos, la necesidad de reparación y garantizar la plena verdad y no repetición.

La mencionada Ley de Justicia y Paz integraba algunos novedosos elementos de justicia transicional al ordenamiento jurídico colombiano, tal y como sucedió, por ejemplo, con la definición de víctima, que tradicionalmente tomaba como referencia el Código Penal y se limitaba a concebir un daño causado por algo/alguien que debía ser reparado. Empero, en esta nueva ley, según su artículo 5, la víctima pasaba a ser concebida exclusivamente como resultado de actores armados y no de agentes del Estado, tal y como evidencia el siguiente párrafo:

No obstante, este será igualmente un punto controvertido que acompañará en todo momento a la implementación de la ley, en tanto que el énfasis que se realiza sobre las víctimas queda desdibujado en la realidad, al ofrecer y garantizar un marco de punibilidad de un máximo de ocho años de privación de libertad, con independencia de cuál fuese la magnitud y la cantidad de los crímenes realizados (‍‍Angarita y Gallo, 2012).

IV. EL CONTEXTO Y LA NEGOCIACIÓN DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS CON LAS FARC-EP[Subir]

Desde el año 1982 se ha intentado llevar a cabo diálogos formales e informales con las FARC-EP para lograr un marco de negociación con esta guerrilla. Todos los presidentes, desde Belisario Betancur hasta Juan Manuel Santos, en algún momento plantearon políticas de acercamiento con este grupo armado (‍‍Pizarro, 2017; ‍‍Ríos, 2021a), si bien hubo tres intentos formales que, previos a los diálogos de La Habana que transcurrieron entre 2012 y 2016, terminaron fracasando.

En primer lugar, en 1984 el presidente Belisario Betancur consiguió suscribir los Acuerdos de La Uribe. Estos implicaban varias cuestiones que destacar: a) se reconocía la impronta política de la guerrilla y se aceptaban las condiciones estructurales de la violencia como un fenómeno explicativo del conflicto armado (‍‍Ríos, 2021a); b) se acordaba un cese de las hostilidades de carácter bilateral y se consiguió que las FARC-EP condenasen actos como el secuestro; finalmente, c) se aceptaba la creación de un partido político, la Unión Patriótica, que debía favorecer el tránsito de las armas a las urnas y que obtuvo importantes resultados electorales (‍‍Sánchez y Chacón, 2003).

Empero, el auge del fenómeno paramilitar, la ausencia de garantías para el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la continuidad de la violencia y las tensiones en las relaciones cívico-militares terminaron imposibilitando cualquier avance (‍‍Illera y Ruiz, 2018). De ello dan buena cuenta, por ejemplo, las siguientes palabras de Iván Márquez, antiguo comandante de las FARC-EP, al ser preguntado por ello:

En segundo lugar, hay que destacar los diálogos de Caracas y Tlaxcala producidos durante el Gobierno de César Gaviria. A estas conversaciones se incorporaron, igualmente, el ELN y el EPL, llegándose a identificar una hoja de ruta de diez puntos por negociar (‍‍Chernick, 2012). Desde el principio se observó la escasa disposición por dialogar de parte de unas guerrillas que carecían de incentivos, habida cuenta del auge de las fuentes de financiación ilícita, la importante tendencia de crecimiento y acumulación de recursos y la notable debilidad institucional del Estado (‍‍Pécaut, 2008). Finalmente, algo similar sucedió con el proceso del Caguán, entre 1999 y 2002, en la presidencia de Andrés Pastrana. Tras 1139 días de aparente diálogo no se llegó, ni siquiera, a abordar el primer punto de los doce que conformaban la agenda de negociación. Sobre todo porque durante este tiempo, las FARC-EP se aproximan a los ochenta frentes de guerra y los 18 000 combatientes, además de disponer de una zona de distensión de 42 000 km² que contribuyó a su fortalecimiento durante el aparente diálogo de paz (‍‍Ríos, 2021a). Razones todas por las que el proceso de diálogo resultaba impracticable y llevaba a la guerrilla a concebir como plausible una victoria militar sobre el Estado, como evidencian las siguientes palabras de la excomandante de las FARC-EP, Elda Neyis Mosquera, alias Karina:

El proceso que comienza a finales de 2012 en Oslo bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-‍2018) vendría a ser el cuarto intento formal de diálogo, aunque, a diferencia de los anteriores, es el que verdaderamente conseguiría desactivar el conflicto con esta guerrilla. En primer lugar conviene destacar que, de manera diferente a los anteriores tres intentos, las FARC-EP llegaban en un claro proceso de debilitamiento, producto del profundo desgaste al que habían sido sometidas durante los ocho años de la PSD (‍‍Echandía y Cabrera, 2017). Es decir, entre principios y finales de la primera década del siglo xxi, la guerrilla reduce a más de la mitad su número de efectivos y presencia territorial (‍‍ODHDIH, s. f.), mientras que las capacidades militares del Estado se encuentran claramente fortalecidas.

También hay que destacar un cambio con respecto a las relaciones diplomáticas con los vecinos regionales. Primero, porque tras ocho años de tensas relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador, desde su llegada a la presidencia en agosto de 2010 Santos dedica lo primeros esfuerzos a normalizar las relaciones con Caracas y Quito, conocedor de que devienen como socios estratégicos fundamentales en cualquier marco posible de negociación (‍‍Santos, 2019). Igualmente, en parte porque a lo largo de los últimos años el conflicto armado interno había experimentado una tendencia de periferialización (‍‍Ríos, 2016), de manera que los departamentos colombianos en la frontera ecuatoriana (Nariño, Putumayo) o venezolana (Arauca, Norte de Santander) se habían convertido en escenarios de intensificación de la violencia guerrillera y de enquistamiento territorial del conflicto.

Además de las mejores relaciones de vecindad y la condición de derrota estratégica, que no militar, de las FARC-EP, hay quienes consideran que un factor adicional para entender el buen puerto de las negociaciones se debe al cambio generacional experimentado en parte de la comandancia de la guerrilla. Es decir, entre los nuevos dirigentes había varios que habían cursado estudios universitarios y, asimismo, se apreciaba un menor dogmatismo del que exhibían los otrora Manuel Marulanda, Mono Jojoy o Raúl Reyes. De hecho, de los siete miembros del Secretariado que habían sido seleccionados en la VIII Conferencia Guerrillera de 1993, tan solo llegan vivos dos: Rodrigo Londoño Echeverri Timochenko y Luciano Marín Arango Iván Márquez (‍‍Ríos, 2021b).

De otra parte, ha de tenerse igualmente en consideración el talante negociador de Juan Manuel Santos, que ya en 2010, y desmarcándose de su predecesor, señalaba que «la puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos» (‍‍Santos, 2019:184). Así, una de las primeras muestras de esa propensión al consenso fue, precisamente, reconocer la existencia de conflicto armado en el país, en unos términos similares a los que, previamente, había hecho la Corte Constitucional, y entender que las guerrillas, a diferencia de lo que proponía Álvaro Uribe, eran un actor político.

Bajo estas circunstancias se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y el concepto de víctima vigente por la Ley de Justicia y Paz se extendió para conferir mayores garantías y protección, reconociendo como víctima también a aquellas que provenían de la acción del Estado. De la misma manera, se conformaron enfoques diferenciales para los pueblos indígenas (Decreto Ley 4633 de 2011), el pueblo rom (Decreto 4634 de 2011) y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Decreto Ley 4635 de 2011). Igualmente, se creó una arquitectura institucional que diese robustez a este tipo de política pública, creándose la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

También ha de destacarse la aprobación del Acto Legislativo 1 de 2012, que negociado con las FARC-EP tenía como prioridad la inclusión de la justicia transicional en el cuerpo constitucional colombiano, sirviendo como soporte para el futuro proceso de paz con la guerrilla —en tanto que generaba confianza para el diálogo y facilitaba el impulso para un bueno inicio de las conversaciones—. Por último, queda señalar que tales conversaciones transcurrieron a lo largo de cuatro etapas: a) una fase informal que tuvo lugar en 2010 y 2011; b) una fase exploratoria que transcurrió entre 2011 y 2012; c) una fase de negociación formal, que se desarrolló entre 2012 y 2016 y, finalmente, d) una fase de implementación, que comenzó desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, y que se mantiene en la actualidad (‍‍Bermúdez, 2021)

Más allá de las dificultades, el resultado del «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» resolvía seis elementos especialmente nucleares a la hora de poner fin a la violencia, pero, sobre todo, en cuanto a superar las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que durante décadas soportaron la violencia en Colombia. De esta manera, los elementos más destacados sobre los que gravitaba el Acuerdo eran: a) reforma rural integral; b) participación política; c) fin del conflicto; d) solución al problema de las drogas ilícitas; e) víctimas, y f) implementación, verificación y refrendación (‍‍Ríos, 2017). Aspectos que, como sostenía el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, eran la base nuclear de la violencia, de acuerdo con las siguientes palabras:

En todo caso, y para conferir al Acuerdo un mayor elemento de legitimidad, conviene recordar que se planteó una consulta plebiscitaria que, en realidad, sirvió mayormente para polarizar política y socialmente al país y dejar consigo un resultado inesperado, por el cual el 50,2 % de los votantes optaba por rechazar lo comprometido con la guerrilla (‍‍Basset, 2018). Un punto de inflexión que obligó a renegociar y redefinir hasta 58 de las 60 peticiones que realizaron los opositores al Acuerdo de Paz (‍‍Santos, 2019), y que permitió su firma definitiva en noviembre de 2016, en las instalaciones del Teatro Colón en Bogotá.

V. DIFERENCIAS ENTRE LOS ACUERDOS CON LAS AUC Y LAS FARC-EP[Subir]

Realizada la contextualización de ambos procesos de negociación, en las siguientes páginas se propone un análisis comparado entre los aspectos más destacados de la negociación llevado a cabo con los grupos paramilitares y la desarrollada con las FARC-EP. De esta manera, se identifican hasta veinte variables diferentes que permiten, con posterioridad, desarrollar un marco analítico que tenga a la justicia transicional como principal categoría de reflexión.

VI. PARTICIPACIÓN POLÍTICA[Subir]

En el caso de las AUC nunca se aceptó que hubiera estatus político alguno; incluso la Corte Suprema negó la relación de sus delitos conexos con el ámbito político. Todo lo contrario a lo sucedido con las FARC-EP, que desde el inicio dispusieron al menos de cinco representantes a la Cámara y cinco senadores por dos mandatos sucesivos de cuatro años, y susceptibles de ampliarse si, finalmente, obtenían el respaldo electoral suficiente. Sea como fuere, respecto de aquellos que sea condenados por la JEP será el tribunal transicional el que decida si los condenados pueden o no participar en política.

VII. DISCUSIÓN[Subir]

El análisis comparado de los procesos adelantados con los paramilitares y las FARC-EP, como se puede observar, muestran diferencias sustanciales que van más allá de las presentadas con anterioridad. A continuación, y a modo de discusión, se presentan cuatro tesis con las que intentar contribuir al estudio académico de la justicia transicional y de los procesos de paz en Colombia.

En primer lugar, es evidente que los contextos nacionales e internacionales jugaron un papel muy importante en cada negociación. La postura del Gobierno de Álvaro Uribe frente al conflicto armado tuvo eco en el contexto global de lucha antiterrorista, fuertemente influido por las consecuencias que dejaron consigo los atentados del 11-S y, en particular, en el código geopolítico desplegado por Bogotá y Washington. La prioridad de la comunidad internacional, y en especial de Estados Unidos, era combatir a Al-Qaeda y a sus redes transnacionales, de manera que los diálogos con los paramilitares no contaron, ni mucho menos, con el mismo escrutinio que se dispuso con las FARC-EP. De hecho, durante el proceso de diálogo dispuesto por Álvaro Uribe, el único actor internacional que legitimó regionalmente el proceso fue la Organización de Estados Americanos.

De este modo, un eventual diálogo con estas mismas condiciones para un proceso con las FARC-EP era impensable, no solo porque el contexto internacional era más garantista en materia de DDHH y DIH, sino porque la opinión de los colombianos sobre las FARC-EP era mayoritariamente desfavorable, por encima de los 97 puntos porcentuales entre 2002 y 2015 (‍‍Gallup, 2019). Además, la Corte Penal Internacional tenía puesta su atención en Colombia, en tanto que desde 2004 comenzó un examen preliminar en el país a efectos de observar su grado de cumplimiento con respecto a las normas humanitarias internacionales. Incluso países como Cuba o Venezuela, que mostraron públicamente sus simpatías con las FARC-EP, comenzaron a cuestionar muchas de sus prácticas, como era el caso del secuestro. Es decir, todos estos factores hicieron que la negociación con las FARC-EP contara con mayores instrumentos de control y vigilancia de parte de la presidencia de Barack Obama, la Unión Europea o Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad llegó a aprobar hasta cinco misiones para acompañar el cese de hostilidades, la dejación de armas y la reincorporación de excombatientes a la vida civil.

De otro lado, la negociación con los paramilitares fue un proceso que se llevó a cabo no entre enemigos directos, pero tampoco entre simpatizantes confesos. Tal vez quien mejor define esta situación es Ljodal (‍‍2002), quien describe el paramilitarismo como una organización armada al margen del Estado, pero que no necesariamente se ha de oponer a él. Si bien la decisión por encontrar una salida a su situación pudo estar influida por la presión que ejerció los Estados Unidos para la extradición de sus máximos líderes, la verdad es que las AUC encontraron en el Gobierno de Álvaro Uribe una ventana de oportunidad política para obtener un acuerdo de máximos. Esto es, con penas y castigos de escasa relevancia, favorecidos por el amplio respaldo político institucional con el que contaban en el Congreso, y en donde no existieron condiciones con respecto a embargos económicos o exigencias con respecto a unos mínimos de contribución a la verdad. A tal efecto, el Gobierno se aprovechó del amplio respaldo popular del que gozaba y de los excelentes resultados militares en la lucha contra las guerrillas que provenían de la PSD para así desarmar un grupo armado que podía ser incomodo en el futuro. De esta manera, los diálogos terminaron concentrándose exclusivamente en el tema de justicia y no en una agenda amplia que buscase resolver los problemas de las zonas marginadas del país, más golpeadas por la violencia.

Diferente fue lo que sucedió con las FARC-EP, en cuyo Acuerdo sí había una distinción clara entre lo que suponía ser un grupo armado alzado en armas y, por otro lado, el Estado en su máxima expresión político-institucional. Prueba de ello fue el reconocimiento de un conflicto armado interno y, por ende, la consideración de la guerrilla como actor político. Igual sucede con el alcance de la agenda de seis puntos que fue finalmente suscrita. Seis puntos entre los cuales se aspiraba a resolver problemas y necesidades directamente asociados a la violencia como las víctimas, la entrega de armas o el narcotráfico, e igualmente aspectos estructurales como el fortalecimiento de la democracia colombiana o la inversión sobre la geografía más afectada por décadas de conflicto armado.

En tercer lugar, la voluntad de las partes es también un aspecto para destacar. La predisposición al diálogo deja ver, por un lado, el proceso de maduración de un conflicto armado y, por otro, la posición de poder y los intereses de los actores intervinientes. En consonancia con lo anterior, las AUC y el Gobierno de Álvaro Uribe aprovecharon la coyuntura política para obtener un acuerdo que beneficiase claramente los intereses de ambas posiciones. Una muestra de ello fue, por ejemplo, el proyecto de ley de alternatividad penal, que se propuso antes de negociar y que terminaba siendo una legislación a todas luces benévola con los crímenes perpetrados por el paramilitarismo. Y aunque esta ley finalmente no prosperó, tampoco la Ley de Justicia y Paz exigió demostrar el carácter político de las AUC.

La voluntad de negociar de las FARC-EP y del Gobierno de Juan Manuel Santos bebía de otras fuentes (‍‍Ríos et al., 2021). La guerrilla, que venía de lograr sus máximos triunfos militares en los años noventa, sufrió un proceso de debilitamiento de sus estructuras y de derrota estratégica en el nuevo milenio. Sus principales líderes habían muerto y estaban replegados en zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela. En apenas ocho años, entre 2002 y 2010, había perdido la mitad de su número de combatientes y su control territorial, aparte de haber experimentado la desmovilización nada desdeñable de 15 000 efectivos. La nueva comandancia era menos dogmática que la anterior y el contexto internacional resultaba menos favorable. A su vez, por las propias transformaciones territoriales de la violencia, al Estado le resultaba cada vez más difícil intervenir sobre escenarios altamente periféricos y fronterizos, de manera que el conflicto armado transitaba por lo que en la literatura especializada se conoce como un «estancamiento mutuamente doloroso» (mutually hurting stalemate) (‍‍Touval y Zartman, 1985).

El propio Juan Manuel Santos supo interpretar este momento de las FARC-EP y trató de favorecer un escenario de negociación política, cambiando por completo el discurso político y aceptando públicamente la existencia de un conflicto interno en el país, hasta el punto de promover la Ley de Víctimas 1448 de 2011 y el Marco Jurídico para la Paz de 2012, entre otros dispositivos normativos. Además, reorientó las relaciones diplomáticas con sus vecinos e instó a la comunidad internacional para que apoyase el nuevo proceso de paz que se comenzaba a preparar, habida cuenta de que se consideraba que la opción de la violencia había llegado a un punto de mutuo empate negativo, sin atisbo de superación.

Por último, queda mencionar dos aspectos especialmente relevantes: la oposición a los acuerdos y el espíritu jurídico de estos. Quienes se manifestaron en contra de la Ley de Justicia y Paz fueron, principalmente, sectores políticos alternativos, colectivos de abogados y defensores de derechos humanos además de numerosos movimientos de víctimas. Las AUC y el Gobierno de Álvaro Uribe, pero también una amplia parte de la sociedad colombiana, compartían la idea del enemigo común que eran las guerrillas, entendiendo que el paramilitarismo, en realidad, era un problema menor para el Estado. Claro está, la magnitud de la confrontación con la guerrilla en ese momento era sustancialmente mayor, como igual lo era la popularidad del presidente, quien en 2006 resultó reelegido en primera vuelta con más del 60 % de los votos —lo que indirectamente fortalecía al acuerdo con las AUC—.

Sensu contrario, la oposición al Acuerdo con las FARC-EP resultó ser mucho más fuerte. Primero, porque la popularidad de Juan Manuel Santos cuando se suscribe el Acuerdo en 2016 es muchísima menor (próxima al 30 %), y después por la movilización en contra del mismo que motivaron los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, además de algunas de las figuras de referencia del conservatismo colombiano, como Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez. Fruto de lo anterior es que el plebiscito de octubre de 2016, tras imponerse por un margen mínimo, en realidad dejó consigo una sociedad civil altamente fracturada, a la vez que un Acuerdo fuertemente cuestionado —más si cabe tras la llegada de Iván Duque a la presidencia en 2018—.

VIII. CONCLUSIONES [Subir]

Antes de los acuerdos con las AUC y las FARC-EP se suscribieron cinco procesos de paz con otros grupos armados como el M-19, el EPL o la guerrilla indigenista Quintín Lame, entre otros. Es decir, dicha experiencia colombiana lo que viene a mostrar es la ocurrencia, en todo caso, de acuerdos parciales, de manera que mientras se negocia con ciertos actores ilegales otros se mantienen alzados en armas.

Las negociaciones con los paramilitares fueron el primer esfuerzo por integrar mecanismos, aunque fuesen de mínimos, para el reconocimiento y la satisfacción de los derechos de las víctimas. A grandes rasgos, y como se ha podido observar a lo largo de estas páginas, se trató de un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes a través de una agenda enfocada exclusivamente en el componente de justicia, y que fue mejorada gracias a la intervención de la Corte Constitucional. No obstante, tras más de quince años de aquella Ley de Justicia y Paz existen aún grandes deudas con las víctimas colombianas, como evidencian, por ejemplo, las escasas 70 sentencias condenatorias a 588 paramilitares por razón de 9929 delitos que dejaron consigo un total de 38 000 víctimas. En otras palabras, los condenados equivalen al 1,8 % del total de desmovilizados, aun cuando más de 200 000 fueron los crímenes cometidos por el paramilitarismo según la Fiscalía General de la Nación.

El Acuerdo con las FARC-EP es más generoso y ambicioso en materia de justicia transicional, en parte por el desarrollo de este campo desde 2005, con prominentes avances durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. No obstante, han pasado casi cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla y si bien se han cumplido algunas de sus disposiciones, numerosos aspectos críticos de la implementación, como la reforma rural integral, la reparación a las víctimas o las medidas que buscan ampliar la democracia presentan muy escasos avances cuando no retrocesos (‍‍Instituto Kroc, 2021).

Tanto un proceso como otro evidencian, por un lado, la asimetría del avance de la justicia transicional en Colombia y, por otro, muestran el peso importante que a tal efecto representan el contexto nacional e internacional y la voluntad política de los gobernantes implicados. En los dos casos, igualmente, ha terminado primando el componente político sobre el jurídico, de manera que se pondera la búsqueda de la paz con respecto a los derechos de las víctimas y la justicia, si bien toda fuente última de los derechos fundamentales acaba dependiendo directamente del sentido político en el que se inscribe cada proceso de paz.

Este ejercicio de análisis comparado, por tanto, permite observar las diferencias entre los procesos llevados a cabo con el paramilitarismo y las FARC-EP. Sin embargo, para futuras investigaciones es posible, igualmente, indagar en marcos comparados de la misma experiencia colombiana, como los provenientes de los procesos con el M-19, el EPL o el PRT; pero también con prácticas regionales como las de Guatemala, El Salvador o Perú. En todas ellas será posible encontrar lecciones aprendidas, buenas prácticas y desaciertos que dotan a este objeto de estudio de posibilidades inagotables de estudio e investigación.