¿La tumba de Otero? NATURALEZA, FUNCIONAMIENTO Y PROBLEMÁTICAS DE La declaratoria general de inconstitucionalidad en méxico

1. Categorías constitucionales[Subir]

La reforma constitucional de amparo de 2011 estableció en el párrafo tercero de la fracción II del art. 107 la figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad respecto a normas (en adelante DGI)^[5]. Dicha redacción fue objeto de modificación parcial por la reciente reforma constitucional de 2021 para quedar con el texto siguiente:

Resulta conveniente establecer sus características constitucionales esenciales. A mi juicio, existen las siguientes características: a) naturaleza procesal autónoma; b) jurisprudencia como hipótesis detonante (sea por reiteración o por precedentes, opción última introducida en la reforma constitucional de 2021); c) notificación como mecanismo de cooperación entre poderes; d) concentración orgánica; e) mayoría calificada; f) delegación legislativa; y g) materia de excepción.

En primer término, existe una naturaleza procesal autónoma^[6]. La declaratoria general no es consecuencia directa (efecto^[7]) del dictado de una resolución en amparo. Por ello, las conclusiones de Fix-Zamudio sobre los proyectos de reforma en cuanto a la fórmula Otero son trasladables a la realidad actual: «[…] no se propone su supresión, sino exclusivamente su revisión, pero de manera muy prudente y moderada, casi pudiéramos calificarla de conservadora». (‍Fix-Zamudio, 2001: 152). Lo propio hace Piña (‍2017:1697) al sostener que «la declaratoria general de inconstitucionalidad […] si bien no elimina la vigencia del principio de relatividad, sí atempera sus efectos indeseables».

La declaratoria general no tiene una naturaleza accesoria a los amparos que la originan sino, por el contrario, crea un proceso^[8] cuya apertura tiene condicionantes externos y cuyos elementos esenciales procesales varían a los del dictado de las sentencias que sirvieron para la integración de la jurisprudencia o el precedente vinculante, que es, a su vez, el inicio procesal. En ese sentido, al variar el órgano resolutor y potencialmente las mayorías y el tipo de asunto, no puede afirmarse que la configuración constitucional de la DGI con naturaleza procesal autónoma difumine, stricto sensu, los efectos del amparo. Más bien, existe un proceso distinto, como parecen sugerir también Ferrer y Sánchez (‍2013: 45).

En segundo término, es un proceso sin legitimación activa o pasiva. En la actualidad, existen dos procesos constitucionales de control sin sujeto legitimado activo: la DGI^[9] del art. 107 constitucional y la revisión oficiosa de decretos de suspensión del art. 29 constitucional (aún sin emplear). La DGI carece de sujeto legitimado y, en cambio, la emisión de jurisprudencia por reiteración (por parte de un Tribunal Colegiado) o por precedentes vinculantes por parte de la Suprema Corte, es el presupuesto fundamental de inicio del proceso y no la voluntad de accionar de órgano alguno.

La DGI no es una forma de crear jurisprudencia^[10] ni tampoco de emitir precedentes vinculantes, sino un proceso autónomo iniciado por la emisión de jurisprudencia (sea por reiteración o precedentes, según el caso). Por ello, a la luz de la reforma constitucional de 2021, tanto la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito conforme a las reglas de integración de la ley de amparo, como las sentencias aprobadas por ocho votos en el Pleno de la Suprema Corte o cuatro votos en sus Salas implican, autónomamente, el inicio de la declaratoria general^[11]. Es decir, la hipótesis de inicio se escinde según el sujeto específico, a saber, jurisprudencia por reiteración para el caso de Tribunales Colegiados y por precedentes vinculantes, para el caso de la Suprema Corte.

La terminología constitucional es suficientemente amplia como para que una reforma secundaria modulase que el inicio de la DGI no necesariamente implique, bajo la hipótesis de precedentes, que tal precedente derive de un amparo indirecto en revisión (podría derivar de un amparo directo o un amparo directo en revisión o inclusive un recurso de reclamación o queja si en él se determinase ex officio la inconstitucionalidad de un precepto de la ley de amparo, siempre que se aprobase por la Suprema Corte mediante la mayoría calificada para formar precedente vinculante^[12]). A pesar de que, a efectos de la operatividad de la DGI, la segunda opción resultaría más favorable la Ley de Amparo mantuvo en 2021 la acotación previamente introducida en el 2013 a amparos en revisión, excluyendo al amparo directo y amparo directo en revisión.

En tercer término, se estableció un mecanismo de notificación dual. Así, existe la obligación de notificar la resolución de la inconstitucionalidad de una norma general por la Suprema Corte por vez primera y, en segundo término, también la obligación por parte del poder judicial de dotar al órgano legislativo en cuestión de un periodo de 90 días para «superar» el problema de constitucionalidad. Podríamos hablar de dos notificaciones distintas, una preprocesal (a raíz de la resolución de un amparo en revisión en la cual la DGI no inicia necesariamente desde un punto de vista formal) y una notificación procesal, a partir de la cual corre efectivamente un plazo fijo previo a la discusión de la DGI (sin que el plazo imponga una carga).

La vista preprocesal^[13] tiene como objeto alertar al cuerpo legislativo de que existe una norma sobre la cual potencialmente pueda, en algún momento, iniciarse una declaratoria general de inconstitucionalidad. Es una alerta sobre una discusión de constitucionalidad latente. En cambio, la vista procesal es una forma de dotar de deferencia al legislador para actuar, previo al inicio de la discusión de la DGI en la Suprema Corte.

Respecto del plazo procesal, la Constitución incurre en errores conceptuales. Por una parte, presupone la existencia de un «problema» de inconstitucionalidad que debe ser «superado» pero condiciona, a la vez, la declaratoria a mayorías diversas con lo cual admite la posibilidad de que mayorías distintas difieran con el criterio primario que activó la DGI. Esto es, el «problema» será evidenciado hasta en tanto se obtenga la mayoría calificada correspondiente. La clara intención del texto constitucional es permitir un margen de acción legislativa previo a la invalidez de la norma^[14]. La mayoría parlamentaria no está obligada a modificar la norma (la vista no es una orden de modificación), sino puede legítimamente forzar el pronunciamiento de la Corte confiando en la ausencia de mayorías calificadas suficientes^[15].

La vista procesal al cuerpo legislativo, al permitirle la modificación de la norma es una deferencia al legislador democrático (lo cual, inclusive, resulta acorde con la filosofía subyacente a la fórmula Otero). Sánchez Cordero (‍2010: 68) y Rivera (‍2010: 41) encontraron en ello una deferencia propia de la naturaleza contramayoritaria de la judicatura. Algunos autores han afirmado que la reforma de la norma es el mejor escenario de la declaratoria general (‍Hernández, 2019: 138-‍143).

En ese sentido, considerar que el resolutivo «sin materia» es el mejor escenario, presupone que, más que un mecanismo de control, debe ser un mecanismo de persuasión que permita que el propio legislativo modifique las normas en cuestión en un grado de libertad mayor al de la simple invalidez directa. Ello hará interesante, en un futuro, realizar un análisis del número de declaratorias generales «sin materia» a efecto de evaluar cuantitativamente el componente disuasorio del proceso. Hasta la fecha, existen 17 DGI resueltas o en trámite, lo cual es un material escaso para emprender con fiabilidad tal análisis. Bajo el material actual, solo dos (11 %) han sido declaradas fundadas e invalidado la norma. En cuatro ocasiones^[16] se ha declarado sin materia por reforma de la norma. Las restantes once se encuentran en trámite sea de solución o de integrar jurisprudencia al haber sido tramitadas con el texto constitucional previo a 2021 (es decir, solo se ha realizado la notificación preprocesal, en el caso de DGI iniciadas por la Suprema Corte por segunda resolución consecutiva^[17]) o han sido archivadas/concluidas por motivos formales^[18].

Previo a la reforma de 2021 la dualidad de notificaciones, que hemos denominado «preprocesal» y «procesal», tenían más coherencia que el texto constitucional actual. Así, en la redacción original de 2011 (vigente hasta 2021), se establecía que la notificación preprocesal se realizaba únicamente en el caso en que la Suprema Corte resolviera la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva (notificación preprocesal). Esta notificación nunca podía ser la misma, bajo ninguna hipótesis, que la notificación procesal^[19]. La notificación preprocesal, así, adquiría sentido. Si la Constitución y la Ley de Amparo suponían que la DGI iniciaba formalmente con el establecimiento de jurisprudencia por reiteración (cinco casos) la notificación preprocesal (respecto a la cual no hay plazo) iniciaba al segundo caso, en tanto ya había una tendencia por parte de la Suprema Corte de, probablemente, llegar a los cinco asuntos requeridos para formar jurisprudencia, pero aún faltaba tiempo para que dicho presupuesto se completase.

El actual texto constitucional prescinde del concepto de jurisprudencia por reiteración (únicamente en relación con la Suprema Corte) y transforma a los precedentes vinculantes del máximo tribunal, adoptados por una mayoría idónea, en el inicio de la DGI (a partir de lo cual se activa la notificación procesal). Sin embargo, mantiene la notificación preprocesal al resolverse la inconstitucionalidad de una norma en un amparo en revisión. ¿Cuál puede ser la intención de mantener la notificación preprocesal (que no abre plazo alguno) si un solo precedente puede iniciar el procedimiento obligando a la notificación procesal misma? Si bajo el texto constitucional de 2021 se resolviese un amparo en revisión por una mayoría calificada de cuatro votos en un primer caso ello formaría un precedente vinculante y las notificaciones de los párrafos primero y segundo de la fracción II del art. 107 constitucional serían la misma notificación. La primera vez que se resolviera la inconstitucionalidad de una norma general (que daría lugar a la notificación preprocesal) sería también la vez en que se estableciese precedente vinculante (que daría lugar a la notificación procesal^[20]). Ciertamente la configuración despierta dudas.

Una probable respuesta es que no todo amparo en revisión aprobado por la Corte (sea en Pleno o Salas) automáticamente alcanzará la mayoría requerida para formar precedente vinculante. Por ejemplo, un amparo en revisión puede resolverse 3-‍2 en Sala o 6-‍5 en Pleno (y no llegar a la mayoría calificada requerida de 4-‍1 y 8-‍3, respectivamente, para formar precedente vinculante). Allí la notificación preprocesal (que no abre plazo) pudiera estar pensada como una comunicación al cuerpo legislativo de que resulta probable que la mayoría calificada para integrar precedente y, en consecuencia, iniciar la DGI, se alcance rápido, pues solo sería necesaria la oscilación de un solo voto en Sala o de dos votos en Pleno. De cualquier forma, la utilidad de la notificación preprocesal resulta menor en la actualidad que previo a la reforma constitucional de 2021.

La cuarta característica es la concentración orgánica, entendiendo por esta el hecho de que es un solo órgano (Pleno de la Suprema Corte) el que deberá resolver la declaratoria^[21]. En esa tesitura (quinta característica), la mayoría requerida para la invalidez respectiva es una mayoría calificada (ocho votos) equivalente al 72 % del órgano. La formulación de tal mayoría sufre los mismos efectos que la configuración análoga establecida para acciones y controversias, es decir, es independiente de la conformación del órgano. Ello implica que la mayoría respectiva es móvil en virtud de las ausencias de los miembros del Pleno^[22]. A mi juicio, tal mayoría tampoco se encuentra constreñida en el sentido de la votación. No existe ni en la Constitución (ni con posterioridad en la Ley de Amparo) aspectos constatables para la votación (requisitos cuya actualización obligaría a votar a favor de la declaratoria). En ese sentido, debe entenderse que es una votación libre y no acotada, que puede basarse en una apreciación propia de la temática a discusión con independencia de la jurisprudencia o precedente vinculante que haya dado origen a la DGI. En resumen, los ministros pueden votar a favor o en contra de emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad por diversas razones, incluyendo, si consideran que tal norma es inconstitucional o no. Paradójicamente, la falta de la mayoría requerida de ocho votos no implica la supresión de la obligatoriedad del criterio, sino únicamente que este no alcanzará el efecto invalidante normativo y la jurisprudencia o precedente deberá seguir siendo invocada en sede judicial (‍Coello y Herrera, 2017: 79 y 80)^[23]. De igual forma, hipotéticamente, tampoco hay obstáculo constitucional para que los Ministros cambien su voto en caso de que hubiesen votado un precedente vinculante que hubiese dado origen a la DGI.

La reforma de 2021 introdujo otro aspecto curioso. Anteriormente (texto vigente desde 2011 hasta 2021) había una clara distinción entre los asuntos que daban inicio a una DGI y la DGI misma cuando esta era iniciada por la Suprema Corte. Es decir, se requería formar jurisprudencia por reiteración (cinco asuntos decididos en el mismo sentido por votación idónea) y, con posterioridad, la DGI debía ser aprobada por mayoría calificada de ocho votos en Pleno. Esta disposición implicaba que el inicio de la DGI estaba, en la práctica, reservado a las Salas de la Suprema Corte, porque el Pleno rara vez discute amparos en revisión y, mucho menos, resuelve precedentes consecutivamente como para formar jurisprudencia por reiteración: a pesar de ser teóricamente posible es prácticamente muy inusual. Al haberse modificado el inicio de la DGI a un solo precedente vinculante, la mayoría de aprobación sigue siendo distinta en el caso de las Salas, pero ¿qué ocurre con el Pleno? En la actualidad es posible que se resuelva un amparo en revisión por ocho votos, dando origen a la notificación procesal y que luego se obligue al Pleno a repetir la misma votación para invalidar erga omnes la norma, que ya se alcanzó previamente para iniciar la DGI. En el diseño actual, al menos podría considerarse una futura reforma para, en este caso específico, tornar la invalidez en una consecuencia directa del proceso primario (amparo en revisión) y no someterla a un proceso independiente (DGI) porque órgano de inicio y mayoría calificada coinciden (y el debate sería si la eliminación del plazo como mecanismo deferencial es significativo).

Por delegación legislativa (sexta característica), entiéndase que la propia Constitución parece abrir una delegación a ley reglamentaria de aspectos procesales no regulados sustantivamente por la Constitución.

Finalmente, como séptima característica, la materia tributaria está exceptuada en la DGI. Las normas tributarias gozan de un régimen especial que permite su pervivencia en casos en que la propia Constitución estima que, tratándose de una materia diferente, debería establecerse un efecto general. Sobre esta excepción se han ofrecido dos explicaciones. La primera, es la salvaguarda recaudatoria del Estado al evitar que declaratorias de inconstitucionalidad modifiquen los montos de ingresos presupuestados. La segunda postura considera que la industria del amparo fiscal genera una dinámica que específicamente se opone a una consideración erga omnes de los efectos en tal materia por razón clientelar (‍Hernández, 2014: 310 y 311). Debe considerarse altamente significativo el hecho de que tal restricción no haya sido objeto de enmienda en la reforma constitucional de 2021. Ello implica que los actores políticos han alcanzado un dudoso consenso sobre la conveniencia de realizar un trato absolutamente excepcional a normas tributarias inconstitucionales.

2. Primer desarrollo reglamentario[Subir]

(AG 11/2011). Posterior a la reforma constitucional de 2011, la dilación en la emisión de normativa reglamentaria provocó problemáticas. En el caso de la DGI, el Pleno de la Suprema Corte, en ejercicio de su facultad reglamentaria, emitió el Acuerdo General 11/2011^[24]. Dicha normativa, ya preveía un sencillo proceso sumario en ocho puntos acotado a los amparos indirectos en revisión. El acuerdo establecía la acotación natural de los días tras la notificación y un término de diez días hábiles para presentar el proyecto de la declaratoria general tras la finalización del plazo tras la notificación.

3. Fundamento normativo secundario[Subir]

(2013-‍2021). La Ley de Amparo (2013) reguló la dgi en el título cuarto, capítulo VI (arts. 231-‍235). Esta regulación se modificó en 2021 con las reformas a la ley de amparo a fin de adecuarla a la reforma constitucional del mismo año. La regulación legal pareciera no distar mucho de la regulación constitucional originalmente adoptada en 2011, pero, en realidad, sí tiene importantes matices diferenciadores y complementarios.

Uno de los cambios visibles respecto a la regulación constitucional de 2011 resultaba la determinación específica de los órganos y procedimientos de fijación de jurisprudencia. Así, a pesar de que inicialmente existía una duda relativa a si la Constitución ofrecía un margen para apartarse de la reiteración en amparos en revisión como mecanismo único de fijación de jurisprudencia, la Ley de Amparo acota el inicio a la fijación de jurisprudencia por parte del Pleno o las Salas de la Corte en juicios de amparo indirecto en revisión (y los tribunales colegiados, como se verá a continuación). Ello excluye, en el caso de la Suprema Corte, semánticamente a los amparos directos en revisión y amparos directos por atracción en donde, a pesar de poder presentarse un análisis de inconstitucionalidad de una norma, ello se hace incidentalmente y no como acto destacado, como sí es el caso del «amparo contra leyes^[25]». Existen diferencias sustanciales en ambos mecanismos. En amparo directo, la norma no es un acto destacado y, por ello, no comparecen las autoridades en su defensa, sino que su análisis es incidental al caso. En amparo contra leyes (amparo indirecto) la norma como acto destacado implica la comparecencia de las autoridades en cuestión. Tales diferencias, sin embargo, no parecen particularmente afectar el análisis que cualitativamente es similar. Existe una importante exclusión que pudiera haber sido matizada. Una solución posible podría haber sido no limitar al tipo de proceso pero establecer que, en el caso de amparos directos y amparos directos en revisión, previo al inicio de la declaratoria correspondiente comparecerán las autoridades en cuestión a efectos de ofrecer argumentos que sean considerados en la resolución de la declaratoria (tomando en cuenta que la propia Constitución contempla un proceso en que la discusión en la declaratoria general es independiente y no una simple verificación formal, como se mostrará). A pesar de que la reforma a la ley de amparo de 2021 abrió la posibilidad de revisar esta acotación, la legislación mantuvo expresamente el mismo diseño. Ello es problemático. Bajo el esquema de amparo indirecto/directo existen normas cuya impugnación natural se dará en amparo directo y no en indirecto (por ejemplo, normas procesales que no causan afectaciones sustantivas a derechos fundamentales o normas que se aplican en la sentencia definitiva). Tales normas nunca podrán ser objeto de DGI porque su vía natural de impugnación es la directa (al hilo de los conceptos de violación) y no la indirecta (como acto reclamado destacado)^[26].

También el propio art. 233 establece que los Plenos de Circuito podrán solicitar a la Corte, con base en los acuerdos generales de esta, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad (acotado también a los amparos indirectos en revisión cuando se establezca jurisprudencia en su circuito). Cuestión curiosa es que la norma restrinja esa petición a una determinación por «mayoría de sus integrantes» cuando el texto constitucional no requiere tal constatación y, por el contrario, parece dar apertura al proceso a partir del conocimiento de haberse establecido jurisprudencia^[27]. Tampoco es positivo que deban ser los Plenos los que den aviso como intermediarios del establecimiento de la jurisprudencia y no los órganos que hayan establecido la jurisprudencia directamente.

El texto legal clarifica también que, tratándose de autoridades legislativas, el plazo de 90 días previo a la emisión de la DGI se computa dentro de los días «útiles» de los periodos ordinarios de sesiones (lo cual, eventualmente, amplía de forma considerable el plazo en muchos casos). Dada la alusión a días «naturales» expresamente prevista en el art. 107 constitucional, fracción II, esta modulación resulta, a mi juicio, abiertamente inconstitucional al frontalmente contrariar el texto.

Otra precisión se realiza en el art. 234 de la Ley de Amparo que termina de hacer un deslinde formal entre el juicio de amparo/jurisprudencia derivada y la declaratoria, estableciendo que la declaratoria no modificará la resolución o jurisprudencia de origen y especificando que la declaratoria debe contener la fecha a partir de la cual surte efectos (habilitación modulativa y los alcances de tal declaratoria), así como su irretroactividad salvo en materia penal. Finalmente, se dispone que la declaratoria se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al diario local de la Entidad Federativa respectiva, en su caso, para su publicación (art. 235).

El párrafo antecedente muestra que la Ley de Amparo ha homologado la DGI al sistema no formalizado de precedentes de acciones y controversias al existir una identidad de elementos esenciales, específicamente a) mayorías; b) irretroactividad, salvo en materia penal; c) publicación en el respectivo diario oficial; y d) fijación específica de efectos. Además, debe considerarse que la declaratoria general comparte con las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales la posibilidad de efecto de invalidez general de normas (‍Piña, 2017: 1698) con el carácter materialmente derogatorio al que aludía Kelsen (‍2001: 54).

Un último dispositivo ignorado con frecuencia es el transitorio octavo de la Ley de Amparo. Dicho numeral sostuvo que las DGI no podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior. Existe una veda de iniciar el procedimiento aún si existía jurisprudencia respecto de una norma cuya inconstitucionalidad no varió por el solo hecho de modificarse procesalmente el mecanismo mediante el cual se había integrado jurisprudencia. Ello genera un problema. Mientras la norma no se modifique, no habría necesidad de emitir jurisprudencia nueva (solo aplicar la vigente), con lo que se excluye de control materialmente a normas declaradas inconstitucionales vía jurisprudencia previo a la entrada en vigor del mecanismo. Al existir ya jurisprudencia sobre ellas, cuyo carácter vinculante permanece, parece difícil que sean objeto de una nueva jurisprudencia, lo que las excluye de la DGI.

Como puede verse, la normativa secundaria parece establecer ciertas restricciones a la configuración constitucional de la DGI. Matizaciones no presentes en el texto constitucional resultaban, por ejemplo, el requisito de mayorías para la simple notificación de establecimiento de jurisprudencia en los Plenos de Circuito, la ampliación del plazo a días útiles de sesión legislativa, la imposibilidad de prever transicionalmente algún mecanismo para emitir declaratorias generales respecto a jurisprudencia ya aprobada y la acotación al amparo en revisión como único proceso del cual puede surgir la jurisprudencia respectiva (que pudo ser, quizá, matizada).

Un aspecto importante introducido por la Ley de Amparo es la creación de un supuesto específico para controvertir el «incumplimiento» de la declaratoria general no perfilado constitucionalmente. El art. 210 establece una «denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad» que tiene por objeto controvertir la aplicación de una norma que haya sido objeto de la declaratoria. La aplicación sucesiva de la norma implica la posibilidad (fracción II) de eventualmente darle tratamiento de denuncia de repetición de acto reclamado. Este procedimiento, no se constriñó a amparo, sino que el último párrafo del propio art. 210 lo hizo extensivo a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando existiesen resoluciones con efectos erga omnes.

La Ley de Amparo configuró también un supuesto específico del recurso de inconformidad (art. 201, fracción IV) para controvertir la resolución negativa que eventualmente recaiga a la denuncia. Ello implica que puede denunciarse la aplicación de una norma invalidada e impugnarse la determinación de dicha denuncia. El Pleno de la Suprema Corte sostuvo que el objeto del recurso de inconformidad es:

Esta conceptualización parece imprecisa. Si el recurso tiene por objeto la denuncia de aplicación de una norma inválida, en todo caso, no debe verificarse «si se acataron los alcances fijados por la declaratoria» (cuestión que atañe al proceso primario) sino únicamente si el juez aplicó o no la norma en cuestión expulsada del ordenamiento jurídico. Presuponer la revisión del acatamiento de las razones de la declaratoria es per se analizar la corrección material (por seguir o no el precedente) del acto denunciado. A contrario, debería atenderse, a mi juicio, únicamente si se aplicó o no específicamente la norma expulsada en el resolutivo. Recordemos que la denuncia opera frente a toda autoridad (no solamente las autoridades jurisdiccionales). Ello implica una distinción pues los precedentes judiciales (jurisprudencia, precedentes vinculantes, considerandos aprobados por ocho votos en procesos previstos en el art. 105 de la Constitución Federal) únicamente obligan al poder judicial y no así a otros órganos. Por su parte, la declaratoria general obliga a todos los órganos por la sencilla razón de que la expulsión erga omnes de la norma tiene un efecto de invalidez análogo a la derogación. ¿Cuál es el corolario de esto? Que, en realidad, las autoridades no jurisdiccionales no están obligadas por la sentencia de acción de inconstitucionalidad (considerandos) y sí por la expulsión específica. Por tanto, dado que no fueron ni parte en el proceso, ni están obligadas estrictamente por el criterio, su «acatamiento» no debería formar parte de la litis, sino únicamente la aplicación estricta o no de la porción normativa invalidada. Lo mismo ocurre con autoridades jurisdiccionales, en que únicamente debería analizarse si se aplicó o no la norma invalidada.

El mecanismo es atípico por varias razones. La primera de ella, es que se presupone que existe un «incumplimiento» de una declaratoria erga omnes. Por regla general, la expulsión de la normativa en acciones, controversia o declaratoria general es autoejecutable. La norma deja de existir con un efecto de invalidez que se asemeja a la derogación. Salvo en casos específicos en que se realiza un mandato al legislador de no incurrir en el mismo vicio (normas tributarias sujetas al principio de anualidad, por ejemplo^[29]) no se requiere un cumplimiento ulterior, porque la propia sentencia expulsa a la norma del sistema jurídico. ¿Resulta ahora patente la problemática? Hemos dispuesto un procedimiento de «incumplimiento» respecto a la aplicación de una norma que no es norma del todo. Si una autoridad/juzgador aplica una norma que ha sido expulsada erga omnes del ordenamiento jurídico y tal norma no goza de ultraactividad en situación alguna por configuración de los efectos de la sentencia, tal Juez no ha incumplido la ejecutoria de expulsión. Simplemente ha aplicado por error derecho inexistente en el sistema jurídico. No existe, en cambio, proceso específico alguno para denunciar que una autoridad ha aplicado derecho que ha sido derogado^[30] legislativamente de forma previa^[31].

En segundo lugar, resulta curioso que procesalmente se ha regulado un recurso relacionado con los mecanismos de acciones y controversias que tradicionalmente habían sido codificados únicamente en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art. 105 constitucional. Si bien es cierto que la nueva denuncia y recurso de inconformidad no matizan procesalmente los instrumentos de control constitucional del art. 105, sí parecieran establecer un mecanismo recursal derivado de la misma secuela procesal sobre los alcances de la sentencia. La lógica del mecanismo parece ser la descentralización si se toma en cuenta que en 2013 se reformó el art. 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art. 105 constitucional para establecer que cuando se aplique una norma general declarada inválida, cualquiera de las partes podrá realizar la denuncia correspondiente a efectos de iniciar un proceso cuya litis es, precisamente, determinar si hubo o no aplicación de dicha norma invalidada. Dado que con posterioridad, el propio artículo, en su redacción actual, regula el procedimiento para personas que no fueron «parte» en la controversia, haciendo una remisión a la Ley de Amparo, debe entenderse que la denuncia por incumplimiento del art. 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art. 105 constitucional atañe a las partes en el proceso constitucional específico (acciones y controversias) mientras que a los particulares^[32] se les reserva el procedimiento de la Ley de Amparo. Por ello, existe un curioso trasvase procesal entre la denuncia regulada en el art. 210 de la Ley de Amparo y la denuncia del art. 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del art. 105 constitucional cuya diferencia principal parece ser el órgano resolutor primario (un juez de distrito, en el primer caso y la Suprema Corte, en el segundo) y las partes legitimadas (cualquier particular, en el primer caso y las partes de los procesos de control que dieron origen a la invalidez general, en el segundo). Fuera de un potencial argumento de descentralización, no parece que el sistema haya sido formulado coherentemente. Ello se robustece por el hecho de que no se aprecia que el mecanismo esté diseñado para sancionar que el mismo cuerpo legislativo incurra en el mismo vicio de inconstitucionalidad, pero con un diferente fraseo de la norma (doctrina que ha desatado la discusión en acciones de inconstitucionalidad sobre la existencia o no de un «nuevo acto legislativo» que haría improcedente la acción). Por tanto, ante la falta de finalidades ulteriores frente al poder legislativo emisor, si se iba a formular un mecanismo meramente impugnatorio de aplicación de derecho inválido, parecía más sencillo permitir que tal actuación indebida se ventilase procesalmente y no de forma autónoma.

4. Segunda complementación reglamentaria[Subir]

(AG 15/2013). Tras la promulgación y publicación de la Ley de Amparo, la Suprema Corte emitió de forma plenaria el Acuerdo General 15/2013. Este acuerdo, que abrogó a su homólogo 11/2011, previó sutiles pero importantes matices a la legislación.

En primer término, clarificó que la prohibición del transitorio octavo de la Ley de Amparo no impedía que asuntos fallados con anterioridad sirviesen para integrar la nueva jurisprudencia que daría como detonante el inicio de la declaratoria (es decir, precisó que la prohibición expresa de «tesis» no se hacía extensiva a asuntos en concreto). El acuerdo reitera (punto sexto) un procedimiento sumario tanto en la redacción del proyecto como en su listado para resolución. Se dispone, así, diez días hábiles para que el ministro ponente presente el proyecto tras el vencimiento de los 90 días del periodo legislativo y diez días hábiles para que dicho proyecto se liste a discusión (intenta, así, evitar la lentitud resultante de incluirse en un orden natural en la lista). Fuera de lo anterior, se dispusieron únicamente complementos administrativos de la Ley de Amparo (integración del expediente, forma de notificación, constatación de la existencia o no de contradicción de tesis respecto de la temática de una jurisprudencia establecida por un órgano colegiado que dará eventual inicio a la declaratoria, forma de determinación de la naturaleza tributaria de la norma^[33]).

Parece previsible que se emita un nuevo acuerdo que reitere los aspectos procesales, pero que modifique los mecanismos de inicio y notificación preprocesal y procesal amoldando el mecanismo a los cambios a las hipótesis detonantes acarreados por la jurisprudencia por precedentes introducida en la reforma constitucional de 2021.