ERROR JUDICIAL Y PRISIÓN PREVENTIVA. INERCIAS TRANSPERSONALISTAS QUE ERRADICAR^[1]

1. Naturaleza y fines de la prisión preventiva[Subir]

La prisión preventiva, también denominada provisional^[2], es la medida cautelar personal más grave de las previstas en la ley procesal penal, pues su naturaleza material la identifica con la pena de prisión, hasta el extremo de abonarse el tiempo de su duración al del cumplimiento de la pena del mismo carácter que posteriormente se le llegue a imponer en sentencia firme (arts. 58.1 y 38.1 CP).

Partiendo de esta realidad incuestionable, la naturaleza jurídico-penal que, en primer término, tiene que asignarse a la prisión preventiva es la de una pena anticipada impuesta con las finalidades preventivas luego mencionadas, naturaleza que se ve reforzada por la regulación en la LECrim de este instituto, que la configura como la ultima ratio entre las medidas cautelares dada su gravedad, exige tener en cuenta la entidad de la pena que correspondería imponer al delito imputado (arts. 502.2 y 3, y 503.1) y limita su duración en función de esta con topes máximos, unos relativos y otro absoluto, bajo el criterio general de que dure «el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos» en la ley (art. 504)^[3].

2. Condena firme del preso preventivo[Subir]

Cuando el proceso termina con una sentencia condenatoria, se torna en represivo y firme el carácter preventivo y provisional de la prisión, abonándole y descontándole al preso, de su pena privativa de libertad, el tiempo de privación de libertad ya cumplido. Si el preso tiene otras causas pendientes en el momento de producirse la absolución en la causa en la que se acordó su prisión preventiva, o, en el supuesto de condena, que la duración de la pena privativa de libertad en sentencia fuera menor que el tiempo de prisión ya cumplido, se le podrá abonar a esas otras causas dicho saldo positivo (art. 58 CP).

3. Absolución o sobreseimiento: un error judicial específico[Subir]

Pero no siempre termina el proceso con una sentencia condenatoria o, siendo condenatoria, con un tiempo de prisión preventiva superior al de la pena impuesta que pueda ser abonado en su totalidad a otras causas, y estos casos son el objeto de estudio del presente artículo, con el propósito de demostrar que se trata de un error judicial específicamente contemplado en la LOPJ (art. 294), recientemente modificado por el TC (STC 85/2019, de 19 de junio) en su facultad de deslegislar, al resolver la autocuestión de inconstitucionalidad relativa a la limitación del derecho a una indemnización a los raros casos de inexistencia del hecho indiciariamente delictivo, cuestión que trataremos ut infra al exponer los precedentes históricos de la legislación vigente.

La prisión preventiva se evidencia como errónea y merecedora de indemnización, salvo excepciones luego analizadas, cuando la causa en la que se acordó termina en sobreseimiento libre o en sentencia absolutoria. En realidad, el error se evidencia ex post a la imposición de la medida cautelar, pero ese error que se patentiza entonces es el cometido ex ante al emitir el juicio de pronóstico de una futura sentencia condenatoria, juicio de pronóstico erróneo al considerar los indicios prima facie como prueba plena o cuasi plena, acreditativa tanto de la comisión de un delito suficientemente grave como de la participación en este del investigado, y con tal grado de certeza que resultaba prudente pronosticar una condena al final del proceso. Si la realidad futura contradice tal pronóstico habrá que concluir que dicho juicio fue erróneo y, en su virtud, se impuso al imputado una pena privativa de libertad tan anticipada como injusta.

Carnelutti (‍2010: 102-‍104)^[4] argumenta de un modo clarividente que este supuesto es un error judicial del siguiente modo:

Los prácticos que lean este párrafo pensarán, por experiencia, que no siempre se puede ser tan generoso con los que yerran al solicitar y acordar esta pena anticipada.

El TS, Sala 3.ª, no considera error estos supuestos, sino consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, en congruencia con su aberrante doctrina sobre el error genérico que de inmediato se critica. Las sentencias dictadas con posterioridad a la reforma introducida por el TC en el art. 294 LOPJ así lo siguen reconociendo expresamente^[6]. Incluso en el supuesto de que el legislador no mejorase la actual regulación de los arts. 292 a 296 LOPJ, la jurisprudencia debería sistematizar más lógicamente los supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado-juez, ampliando el concepto genérico de error judicial y calificando de error específico el consistente en haber decretado una prisión preventiva que deviene en indebida por posterior absolución o sobreseimiento.

4. Aberrante interpretación jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial del Estado-juez[Subir]

Esta obligación del Estado-juez está dispuesta en el art. 121 CE, que consagra el derecho del ciudadano a exigirle una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, por los daños causados por error judicial o por su funcionamiento anormal, pero solo en los términos previstos por la ley^[7]. Se trata de un derecho del justiciable análogo al previsto frente al Estado-Administración en el art. 106.2 del mismo texto constitucional, «por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos». La LOPJ es la norma que regula este instituto relativo al Estado-juez en sus arts. 292 a 296, de un modo excesivamente genérico, lo que ha permitido a la Sala 3.ª del TS, y a las restantes salas en lo atinente a las reclamaciones por error judicial, hacer una interpretación aberrante contra civibus por persistencia de inercias de un Estado absolutista o totalitario, o, si se prefiere, transpersonalista, en el sentido utilizado por Recasens Siches (‍1970: 498-‍499)^[8].

Tal declaración, luego pormenorizada, tiene como uno de sus referentes el tratamiento legal de la responsabilidad patrimonial del Estado-Administración, en los arts. 32 a 37 de la LRJSP 40/2015, de 1 de octubre, mucho más detallada que la contenida en la LOPJ aludida, y que distingue como títulos de exigencia de esta responsabilidad el normal y el anormal funcionamiento, lo que llevó a los primeros comentaristas del art. 121 CE^[9] a considerar el error judicial como equivalente al normal funcionamiento, por eso de que equivocarse entraba dentro de lo normal, en un sentido estadístico y de experiencia común^[10], tema sobre el que más adelante se vuelve. Otro referente es el propio texto constitucional, que diferencia en régimen alternativo el error judicial del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Pues bien, la jurisprudencia ha configurado un concepto de error judicial tan restringido que lo ha convertido en una modalidad más del anormal funcionamiento, como también se detallará ut infra.

5. La prisión preventiva devenida en errónea[Subir]

En este aberrante contexto un supuesto específico de error judicial ha sido el previsto en el art. 294 LOPJ, relativo a la indemnización que puede reclamar el que ha sido preso preventivo y luego absuelto o sobreseído libre, precepto que nació lastrado con la misma inercia transpersonalista del desarrollo legislativo del art. 121 CE, lastre agravado por una regresiva interpretación jurisprudencial que en 2010 redujo el significado del término complejo «inexistencia del hecho», como más adelante se relata, cicatería legislativa y jurisprudencial sanada en este caso, como se ha dicho, por el TC al declarar inconstitucional tal praxis contra civibus (SSTC 85/2019, 125/2019 y 177/2020).

Pero si los problemas genéricos de la responsabilidad patrimonial del Estado-juez no se han solucionado con esta intervención del TC, que solo puede ser un legislador negativo (o, en términos positivos, un intérprete de la ley conforme a la Constitución), tampoco se han visto resueltos los específicos relativos a la prisión preventiva que deviene en indebida, que constituyen el objeto de este artículo y son los siguientes:

Para el tratamiento de estas cuestiones se sigue el esquema descrito en el sumario.

1. Precedentes históricos[Subir]

2. Regulación vigente[Subir]

3. Ejemplos en la legislación comparada[Subir]

Con este propósito de ofrecer referentes de derecho comparado en la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado por este específico error judicial, se han elegido como muestras suficientemente significativas las de Italia, Francia y Alemania, y el primer dato que proporciona su análisis es que en ninguno de los tres países se hace expresa referencia constitucional a la responsabilidad patrimonial del Estado-juez^[18], a pesar de lo cual tienen una legislación más personalista, concreta y completa que la española, cuya Constitución sí la destaca.

En Italia, hasta la Sentencia de la Corte constitucional 2/1968, de 14 de marzo, no se consideró a los jueces y magistrados, y, en consecuencia, a la Administración de Justicia, inmersos en la general responsabilidad patrimonial del Estado, y fue la Ley 117/1988, de 13 de abril, la que reconoció la acción directa con la facultad de regreso contra el juez o magistrado, ley cuyo art. 14 remite a la regulación específica del error judicial que, en lo atinente al genérico, está regulado en el art. 643 del Codice de procedura penale, y el específico, relativo a la prisión devenida en indebida, en su art. 314, que declara merecedor de indemnización al absuelto o sobreseído por cualquiera de los siguientes motivos: «[…] porque el hecho no existe, por no haber cometido el hecho, porque el hecho no constituye delito o no está previsto en la ley como delito», siempre que el sujeto pasivo de la medida «no la causó o contribuyó a causarla por fraude o negligencia grave»; también procede cuando «se ordenó la medida sin cumplir las condiciones de aplicación previstas en los artículos 273 y 280», excluyendo de este derecho la pena computada para limitar la privativa de libertad, la medida que resultara impuesta por otro título y, en los supuestos de aplicar una ley más favorable con efecto retroactivo, el tiempo en el que hubiera estado vigente la ley derogada. El Tribunal Constitucional italiano, en las sentencias 306/1996, de 25 de junio, y 109/1999, de 2 de abril, declaró que tienen el mismo derecho los detenidos en flagrante delito o por ser sospechosos, si se cumplen las condiciones previstas en este precepto.

En Francia, el art. 149 del Code de procedure penale, modificado por la Ordonnance n.º 2006-‍673, de 8 de junio, dispone que, al margen de la responsabilidad patrimonial del Estado-juez por el anormal funcionamiento y de las responsabilidades de los jueces y magistrados (art. L. 141.1, 2 y 3 del Code de l’organisation judiciaire), la persona que haya sido objeto de una detención provisional en un procedimiento finalizado respecto a ella por sobreseimiento, de relaxe o absolución que haya adquirido firmeza tiene derecho, previa petición, a la reparación íntegra del daño moral y material que le haya causado dicha detención. Sin embargo, no procede indemnización cuando el único fundamento de esta decisión sea el reconocimiento de su irresponsabilidad en el sentido del art. 122-‍1 del Código Penal, una amnistía posterior a la prisión preventiva o la prescripción de la acción pública después de la liberación de la persona, cuando al mismo tiempo se encontraba detenida por otra causa, o cuando fue objeto de una detención provisional por haberse acusado libre y voluntariamente o permitido ser acusada injustamente para evitar que el autor de los hechos sea procesado. A solicitud del interesado, el daño será evaluado por peritaje contradictorio realizado en las condiciones del art. 156 y ss. Cuando se le notifique la decisión de sobreseimiento, alta o absolución, se informará a la persona de su derecho a solicitar una indemnización, así como de lo dispuesto en los arts. 149-‍1 a 149-‍3.

En Alemania, también al margen de la regulación relativa a la responsabilidad de los jueces por dolo o imprudencia —culpa—, hay que destacar, como cuestión previa, que los parágrafos 467 y 467 (a) del Código procesal penal regulan el derecho a cargar las costas del absuelto o sobreseído al Tesoro público, que es la regla general con algunas excepciones^[19]. Y es la Ley de compensación por medidas de aplicación de la ley (StrEG) la que regula expresamente el supuesto objeto de estas líneas, disponiendo en su parágrafo 2 (1) que «[q]uien haya sufrido daños como consecuencia de la ejecución de la prisión preventiva o de cualquier otra medida de enjuiciamiento penal será indemnizado por el Estado si es absuelto o se suspende el proceso en su contra o si el tribunal se niega a abrir procedimiento principal contra él», añadiendo en su apartado 3 que, «[a] los efectos de esta disposición, las medidas de enjuiciamiento penal incluyen la detención pro extradición» y otras medidas.

Se excluyen de este derecho, parágrafo 5, los supuestos de compensación con prisiones confirmadas en otras causas, los casos en que se dictó una medida de reforma y seguridad o se había renunciado a dicha orden porque el objeto de tal medida se había cumplido mediante la privación de libertad, cuando el acusado haya causado la medida intencionadamente o por negligencia grave, y también cuando se decretó la prisión por incomparecencia en las presentaciones periódicas acordadas como medidas en el proceso.

Y en el parágrafo 6 se prevé la denegación total o parcial de la indemnización si el acusado, apartado 1, se incriminó falsamente en puntos esenciales o en contradicción con sus declaraciones posteriores u ocultando circunstancias exculpatorias esenciales, aunque haya comentado la acusación, o no fue condenado por un delito penal o el proceso en su contra se detuvo solo porque actuó en estado de incapacidad o porque existió un obstáculo procesal, y en su apartado 2 si el tribunal aplica las disposiciones aplicables a un joven y tiene en cuenta cualquier privación de libertad sufrida.

1. Razones para no indemnizar todos los supuestos[Subir]

De un lado, encontramos un bloque de supuestos en los que la indemnización es más que discutible, por ejemplo, cuando concurren circunstancias a posteriori de la comisión del ilícito penal, pero antes, e independientemente de la existencia de un pronunciamiento firme en sentencia o en auto de sobreseimiento libre, un escenario en el que puede producirse el archivo definitivo de la causa, como es el caso de las causas de extinción de la responsabilidad penal ex art. 130 del CP, tales como la muerte del reo, el perdón del ofendido o la prescripción del delito. Estas causas determinan el archivo definitivo, pero no suponen una valoración de fondo.

Un corolario parecido puede alcanzarse cuando concurren circunstancias eximentes que afecten a la culpabilidad. Por ejemplo, cuando existen condiciones de inimputabilidad del sujeto como la enajenación mental del art. 20.1 del CP, la intoxicación plena del art. 20.2 del CP, las alteraciones en la percepción con alteración grave de la conciencia de la realidad del art. 20.3 del CP o el miedo insuperable del art. 20.6 del CP. También por lo que se refiere a las circunstancias eximentes que afecten a la antijuridicidad de la conducta típica, como podrían ser los casos en los que existen causas que justifican el obrar delictivo, como los previstos en supuestos de legítima defensa del art. 20.4 del CP, estado de necesidad del art. 20.5 del CP, el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo del derecho, oficio o cargo del art. 20.7 del CP, o el consentimiento del ofendido como elemento objetivo del tipo penal concreto. Por si lo anterior fuera poco, además, también debemos sumar a la ecuación aquellas circunstancias que afectan a la punibilidad, como las excusas absolutorias. Los supuestos de error invencible conforme el art. 14 del CP, ya sea error de hecho constitutivo de la infracción penal o error de prohibición sobre la ilicitud del hecho, también pueden incluirse dentro de este bloque.

En la mayoría de estos supuestos, no tenemos condena por circunstancias específicas previstas ex lege, y la indemnización en la práctica nunca debería alcanzar cifra alguna, puesto que, si aplicamos el criterio de la compensatio lucri cum damno, nos atrevemos a aventurar que la compensación siempre tendrá un saldo negativo a favor del Estado. Y ello debido a la subsistencia de la responsabilidad civil derivada de delito ex art. 118 del CP y las posibles compensaciones cuando el Estado haya asumido o deba asumir la reparación a las víctimas de delitos subrogándose en los derechos de estos.

2. Supuestos que no dan lugar a indemnización sin explicación plausible o razonable[Subir]

Otro bloque de supuestos más problemáticos que no dan lugar a indemnización son aquellos en los que también se produce el archivo de la causa, aunque de forma provisional, cuando el procesado se demencia después de la acción típica y hasta que recobre la salud ex art. 333 de la LECrim o cuando hechos que eran indudablemente delictivos en el momento de su comisión e imputables sin duda a persona o personas determinadas quedan despenalizados por una reforma legislativa posterior al momento de su comisión. En el sistema que se ha venido a establecer por el TC, y con base en la literalidad del precepto actual, los tribunales no pueden atender a estas circunstancias sobrevenidas a la comisión del ilícito penal y la indemnización por prisión preventiva injusta no tendría lugar^[26].

Imagínese el supuesto del investigado en prisión provisional que se demencia fruto del empeoramiento de salud mental y estado psíquico durante su estancia cautelar, y que paradójicamente no tendrá derecho a indemnización alguna por una injerencia tan intensa realizada en aras del interés general y el ius puniendi estatal. O el supuesto de aplicación retroactiva de la norma más favorable que, de un lado, impedirá que el inocente obtenga un pronunciamiento sobre el fondo, y, del otro, lo aparta del sistema de indemnización por prisión provisional injusta o indebida. Resulta difícil argumentar que el daño fruto de la injerencia estatal en la libertad personal de los presos sin condena en estos casos no ha alcanzado el umbral para exigir el resarcimiento.

Los problemas se multiplican en el ámbito del sobreseimiento provisional, que queda excluido a efectos indemnizatorios tras el filtro constitucional (STC 85/2019), dada la sustantividad propia del sobreseimiento libre y definitivo frente al meramente provisional en el marco de los arts. 637 y 641 de la LECrim. La decisión acerca de la modalidad de sobreseimiento que corresponde adoptar en el caso concreto responde a una cuestión de legalidad ordinaria propia del orden jurisdiccional penal^[27], sometida exclusivamente al arbitrio judicial con un amplio margen de discrecionalidad harto criticable.

La Audiencia Nacional, recientemente, ha confirmado este criterio y lo ha aplicado en todas sus resoluciones^[28]. Para la aplicación del art. 294.1 de la LOPJ se exige una sentencia absolutoria o un sobreseimiento libre, supuestos de base, formal y materialmente objetivos, que luego se extrapolan también a una supuesta objetivación del daño dentro de un marco compensatorio que incluso puede establecerse sobre la base de criterios objetivos y generales^[29].

Como muy bien señala el magistrado Díaz Fraile^[30], en sus muchos votos particulares a las SSAN^[31] que dicta en procesos de reclamación de responsabilidad patrimonial por prisión provisional indebida o injusta, el caso del sobreseimiento provisional estaría excluido de indemnización si nos atenemos a una comprensión meramente literal del fallo de la STC 85/2019, y, sin embargo, «este es un ejemplo paradigmático de que la virtualidad de esta última sentencia no se agota en su fallo y que toda la problemática del artículo 294 de la LOPJ ha de resolverse bajo los parámetros de la doctrina constitucional»^[32].

Se refiere, así, a la doctrina constitucional que ha señalado que el sobreseído provisionalmente debe se tratado como inocente a todos los efectos: «[…] el auto de sobreseimiento provisional, por su propia naturaleza, no puede jurídicamente afectar a la presunción de inocencia, y, en consecuencia, el sobreseído ha de ser tenido como inocente a todos los efectos, incluido por supuesto el ejercicio de sus derechos, dado que no se ha producido una decisión condenatoria en forma de sentencia»^[33]. Luego el sobreseído provisionalmente también debería poder optar a la indemnización. No parece plausible que una diferenciación en este ámbito pueda superar el estándar de comparación exigido por la doctrina del TEDH^[34]; un rechazo que plantea dudas más que razonables sobre la vulneración de la presunción de inocencia y del principio de igualdad^[35].

En este estado de cosas, el sobreseimiento provisional resume probablemente mejor que ninguno los problemas del régimen y configuración legal del sistema de indemnización por prisión provisional injusta y la falta de determinación legislativa de los supuestos de la indemnización o de su eventual automatismo, en el caso de que así lo desee el legislador.

1. Doctrina y jurisprudencia nacional[Subir]

En esa primera resolución, el TS recuerda los criterios legales previstos ex art. 294.2 de la LOPJ, de un lado, el tiempo y/o duración de la privación cautelar de libertad, y, del otro, las consecuencias personales y familiares que se hayan producido^[37]. El primero, un aspecto objetivo, el cómputo de los días en prisión; mientras que el segundo bien podría ser un cajón de sastre abierto a peticiones y argumentaciones muy diversas. El TS advierte de que la obligación de acreditar los daños y perjuicios que se alegan causados por la prisión preventiva recae en la parte demandante, que es quien tiene la carga probatoria y, por ende, a quien corresponde aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños causados^[38].

Una carga probatoria que encierra la contradicción inherente de exigir a aquel que ha ingresado en prisión por error, como acredita la absolución, que acredite el daño que ha padecido, algo en cierto modo evidente, si bien hay circunstancias personales, familiares y económicas, entre muchas otras, que pueden ser desconocidas por la autoridad administrativa competente^[39] que resuelve de la solicitud de indemnización, y esta, probablemente, es la única forma plausible de encauzarlo.

A los criterios legales debemos sumar los indicados expresamente por el máximo intérprete constitucional, que en la STC 85/2019 se refiere a los criterios propios de la teoría general de la responsabilidad civil y del derecho general de daños, justificando, además, que tal extremo respeta los amplios márgenes de configuración legislativa y de interpretación judicial en lo que afecta al quantum indemnizatorio. Las menciones se concretan en dos institutos propios del derecho general de daños: la compensatio lucri cum damno, cuyo significado ya hemos apuntado supra, y la relevancia causal de la conducta de la propia víctima.

Este último criterio podría ser muy controvertido si se aplica para determinar si corresponde conceder o denegar la indemnización, por los problemas que podría acarrear en su eventual revisión por el TEDH^[40]. El riesgo pasa por que se produzca una evaluación posterior^[41] al proceso penal que ha acabado en absolución, por parte de autoridades administrativas o judiciales, sobre el comportamiento procesal del demandante, lo que puede contribuir a alargar la sombra de duda sobre la culpabilidad o inocencia del afectado de forma contraria al CEDH. Y es que la doctrina del TEDH resulta incompatible de facto con una nueva valoración de la intervención o participación del reclamante en los hechos enjuiciados en el proceso penal (‍Guichot Reina, 2019: 249).

Sin embargo, la doctrina ha señalado que, si separamos claramente la concesión de la indemnización de la fijación del quantum, parece evidente que la relevancia causal de la conducta de la propia víctima es un elemento que necesariamente se debe tener en cuenta (‍Simón Castellano, 2020b: 354 y 355), más aún si tenemos en cuenta que el estándar de valoración de la prueba en un proceso para determinar la cuantía del daño es muy distinto al estándar de valoración probatorio que rige en el proceso penal (‍Doménech Pascual, 2015: 24 y ss.) y que exige absolver si existe una mínima duda sobre la eventual culpabilidad del investigado, en virtud del in dubio pro reo.

Para determinar la cuantía de la indemnización no debería existir inconveniente alguno en valorar si la víctima coadyuvó incumpliendo sus deberes más básicos, por ejemplo, al tratar de sustraerse de la acción de la justicia o al intentar coaccionar a los testigos o destruir elementos de prueba. En tal caso resultaría fundamental separar, radicalmente, el juicio y estándar de valoración probatorio acerca del comportamiento de la víctima durante la instrucción del juicio sustantivo sobre la culpabilidad stricto sensu. Y ello no solo en el plano sustantivo o material, sino también en el formal. Las expresiones y el lenguaje utilizado no deben dejar ningún tipo de duda sobre la inocencia de la víctima^[42].

Por el contrario, enjuiciar si aquel que ha padecido prisión preventiva indebida fue negligente o completamente pasivo al combatir la decisión de privación cautelar de libertad o si su propio comportamiento fue el que generó un panorama de sospechas es un ejercicio más difícil de separar del núcleo del juicio de culpabilidad y habría que descartar tal posibilidad, así como cualquier otra iniciativa que suponga una nueva valoración de la intervención o participación de este en unos hechos sobre los que ya ha resultado absuelto en sede judicial (‍Simón Castellano, 2020a: 355).

A nuestro juicio, el sistema de procesos autónomos permite garantizar que no se trate igual aquello que es, sustancialmente, distinto, y, por lo tanto, que se reserve una indemnización personalizada atendiendo a las circunstancias concretas del caso, aplicando criterios muy diversos que permitan tener en cuenta la singularidad del supuesto enjuiciado (‍Cobreros Mendazona, 2019: 40-‍41; ‍Medina Alcoz y Rodríguez Fernández, 2019: 167).

Finalmente, frente a la vaguedad de los criterios legales y también de aquellos apuntados por el TC, el TS ha tratado de desarrollar jurisprudencialmente el art. 294.2 de la LOPJ, estableciendo pautas que sirvan de orientación a fin de lograr un trato equitativo en cada caso y evitar desigualdades en la indemnizabilidad de los perjuicios por prisión preventiva devenida errónea. De ese modo, el TS ha elaborado un listado de elementos^[43] que valorar a la hora de determinar el quantum, que podemos clasificar u ordenar como sigue: