EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN COLOMBIA. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL CONSEJO DE ESTADO^[1]

1. Apertura de la Constitución colombiana en materia de Derecho Internacional[Subir]

La Constitución de 1991 es rica en referencias a los derechos humanos y su protección desde el ámbito internacional^[7]. La propia Carta equipara cierto tipo de normas internacionales al rango de normas constitucionales, ya que les da prevalencia en el orden interno. Así pues, el art. 93 CP establece la prevalencia en el orden interno de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos (que no pueden ser suspendidos bajo estados de excepción) y el 94 que reconoce la apertura constitucional a la hora de reconocer derechos humanos.

De estas normas se puede interpretar que tanto los derechos contenidos en la Constitución como los reconocidos por tratados internacionales tienen un valor al menos equivalente a los constitucionales y, según el caso, de aplicación prevalente en el orden interno. En virtud de estas dos normas es posible reconocer, además, que la Carta permite la configuración de derechos fundamentales ajenos a su propio texto y que su garantía es un imperativo para el Estado.

Resulta pues revelador que el constituyente estableció una Carta con apertura al derecho internacional, con especial énfasis en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos. Así pues, aspectos cruciales como la incorporación de los derechos humanos en el derecho positivo, el reconocimiento de dimensiones ignotas que pueden vulnerar o amenazar la dignidad humana y los límites a la regulación de los derechos bajo estados de excepción se ven nutridas por los derroteros establecidos en el derecho internacional.

2. Corte Constitucional [Subir]

La Corte Constitucional colombiana ha sido reacia a adoptar el concepto de control difuso de convencionalidad como herramienta argumentativa en el ejercicio de sus competencias. Esto no quiere decir que la Corte Constitucional haya desconocido las ordenes de la Corte IDH, o que haya incumplido con las obligaciones de la Convención o las interpretaciones y estándares creados por la jurisprudencia interamericana^[8], sino que se ha hecho a través de otros recursos argumentativos, fundamentalmente a través de la conformación del bloque de constitucionalidad^[9].

Como prueba de esta actitud, se pueden citar casos donde se reconoce que el control de convencionalidad ha sido objeto de debate de la Sala de Decisión de la Corte Constitucional, pero que no se recogen las reflexiones en la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala, y así consta en los salvamentos o aclaraciones de voto^[10]; asimismo, una permanente y reiterada postura de algunos magistrados que cuestionan el tratamiento que la Corte Constitucional ha mantenido con respecto al control de convencionalidad y donde se cuestiona la ausencia de una doctrina al respecto^[11].

Pese a que la Corte Constitucional no ha adoptado el control de convencionalidad en su jurisprudencia, lo cierto es que el concepto de control de convencionalidad se ha consolidado en la práctica jurídica. Las sentencias permiten apreciar cómo en las pretensiones de los accionantes se solicita de forma reiterada la aplicación del control de convencionalidad para la resolución de los casos concretos^[12]. Es más, existe un caso donde la Corte Constitucional ha cotejado normas de la Convención con leyes internas y las ha fundamentado en la teoría del bloque de constitucionalidad.

En la Sentencia C-327/16 se estudia la acción de constitucionalidad contra una parte del art. 90 del Código Civil, ya que los accionantes consideran que «viola el artículo 4 de la Convención [...], los arts. 11 y 93 de la Constitución y el precedente establecido en la sentencia C-133 de 1994 de la Corte Constitucional» (Corte Constitucional, Sentencia C-327/16). La demanda fue admitida únicamente por los cargos correspondientes a la posible violación del art. 93 de la Constitución y del art. 4 de la Convención, quedando explícitamente inadmitida (y posteriormente rechazada) la acción respecto de los demás cargos.

Ahora bien, el caso podría adecuarse al concepto que ha propuesto la Corte IDH respecto de los que significa el control de convencionalidad:

Lo primero que es interesante para efectos de nuestro trabajo es que la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre la constitucionalidad del art. 90 del Código Civil mediante Sentencia C-133 de 1994. Específicamente, el problema jurídico en dicho pronunciamiento se centró en el mismo punto de derecho, por lo cual en principio operaría el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, sostiene la Corte que en la decisión anterior no se tuvo en cuenta la Convención para resolver la constitucionalidad de la norma acusada y en ese sentido, no operó la cosa juzgada respecto del cargo que se estudió. Además, advierte la Corte Constitucional que la Convención Americana forma parte del bloque de constitucionalidad; es decir, que sirve como parámetro de control (Corte Constitucional, Sentencia C-327/16, consideración 11).

Adicionalmente, la Corte Constitucional ya había previsto la posibilidad de revisar decisiones en virtud de la jurisprudencia sobreviniente de la Corte IDH (Sentencia C-500/14, numeral 8.3.2), de tal manera que, en este caso concreto, el cargo tenía aún más posibilidades de ser admitido puesto que la solución al caso consistiría en un cotejo directo entre la ley y la Convención^[13].

Es importante esta primera manifestación, ya que implica que el baremo o parámetro de constitucionalidad no se agota en la mera Constitución, y reconoce el valor normativo de la Convención. A este respecto, la contundente aclaración de voto de la magistrada Calle Correa propone que el concepto de bloque de constitucionalidad no sea únicamente para construir el parámetro de control de constitucionalidad de la ley, sino que, según su parecer, consiste en la Constitución misma (Corte Constitucional, Sentencia C-327/16, s. f. Aclaración de voto de la magistrada Calle Correa, punto 16)^[14].

Para resolver este caso, la Corte Constitucional reitera la doctrina de la conformación del bloque de constitucionalidad e insiste en que la Convención forma parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Habíamos advertido antes en este mismo trabajo que el art. 93 de la Constitución establece que los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos constituyen un criterio de interpretación de los derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte matiza el alcance de dicha integración. En primer lugar, señala la necesidad de que la interpretación de los derechos fundamentales se realice teniendo en consideración el derecho internacional de los derechos humanos, pero que necesariamente deben «ser interpretadas de forma consistente con la Carta, para que se constituya un parámetro coherente», y termina diciendo que no se puede interpretar que las normas internacionales prevalezcan sobre la Constitución, sino que demanda de una actividad interpretativa (Corte Constitucional, Sentencia C-327/16, s. f., consideración 15).

Por tanto, la Corte ha considerado que las normas convencionales (bloque de constitucionalidad en sentido estricto) deben interpretarse en armonía con la Constitución; es decir, que el bloque de constitucionalidad exige una interpretación sistemática, pero no una trasposición automática. Con esta consideración queda claro que la Corte Constitucional no está dispuesta a utilizar un instrumento de derecho internacional como la Convención de forma exclusiva para realizar su función de control de constitucionalidad del ordenamiento jurídico, sino que es preciso hacer la integración normativa con los contenidos propios de la Constitución para integrar la norma que servirá de referencia en el juicio de constitucionalidad.

La sentencia continúa con la construcción y la caracterización del bloque de constitucionalidad y afirma que tiene dos funciones: de un lado una integradora y otra interpretativa. La integradora responde a la «provisión de parámetros específicos de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales expresas, por remisión directa de los artículos 93 […]», mientras que la interpretativa «sirve de parámetro guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones admisibles a los derechos fundamentales. En esta dirección, este tribunal ha dicho que la función interpretativa permite acoger la interpretación de órganos autorizados en el control constitucional como criterio de apoyo hermenéutico» (Corte Constitucional, Sentencia C-327/16, consideración 16).

Esta posición parece problemática si pensamos en casos contenciosos ante la Corte IDH, como el de La última tentación de Cristo vs. Chile, donde la Corte IDH identificó la violación de la Convención por una norma constitucional y ordenó al Estado chileno cambiar su Constitución. Sin embargo, teniendo en cuenta que los efectos de las decisiones de la Corte IDH no tienen la capacidad de expulsar la norma del ordenamiento jurídico, esta dificultad es más aparente que real. Es decir, en caso de que una norma, en este caso constitucional, viole los postulados de la Convención, es responsabilidad del Estado adecuar el ordenamiento jurídico de acuerdo con las disposiciones convencionales; sin embargo, lo que no parece posible es que un tribunal constitucional, en virtud de una sentencia de la Corte IDH, expulse un precepto constitucional o lo inaplique en un caso concreto.

A renglón seguido, la Corte reafirma que las decisiones de la Corte IDH, entre otro tipo de pronunciamientos de diferentes organismos, constituyen un «criterio hermenéutico relevante» para determinar el alcance de los derechos fundamentales^[15]. Sin embargo, cuando Colombia es parte u objeto de las recomendaciones tienen una naturaleza vinculante^[16], aunque esta postura no es pacífica^[17].

Ahora bien, según las consideraciones 21 y 22 de la decisión que venimos comentando (C-327/16), la jurisprudencia de la Corte IDH (en los casos donde Colombia no es parte) tendría una relevancia de criterio hermenéutico en la medida que son pronunciados por un órgano que monitorea el cumplimiento de la Convención. Además, la sentencia resalta que la posición de la jurisprudencia constitucional no ha sido uniforme en esta materia y que ha oscilado entre considerar que se trata de un «criterio relevante de interpretación» y en reconocer auténtico poder «vinculante» a estas decisiones, aunque con prevalencia del primero.

Respecto de las decisiones de la Corte IDH, se trae a colación una referencia de la Sentencia C-010 de 2000, en la que se considera que, si bien la Corte IDH es «el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente» la Convención, se deben tener en cuenta sus decisiones «pero esto no implica que deba concluir exactamente lo mismo que precisó la Corte IDH, pues puede apartarse de esa interpretación» (Corte Constitucional, Sentencia C-327/16, consideración 23).

Sin embargo, aquí es importante retomar la idea según la cual ni la Convención, ni la Corte IDH se han decantado por un modelo concreto de control de convencionalidad o de constitucionalidad. En consecuencia, la adopción de los estándares interamericanos mediante la conformación del bloque de constitucionalidad cumple cabalmente con los objetivos del Sistema Interamericano. Así, la falta de desarrollo de doctrina sobre el control de convencionalidad por parte de la Corte Constitucional no conduce al desconocimiento de las obligaciones internacionales que se derivan de la Convención o de la jurisprudencia interamericana. Con todo, la Corte Constitucional reconoce la aplicación del control de convencionalidad por parte de otras altas cortes, como el Consejo de Estado (Corte Constitucional, Auto A-368/15, ver salvamentos; Sentencia C-694/15, consideración 5.4; Sentencia T-296/18).

No obstante, podría ser útil que la Corte recondujera la argumentación y la construcción del bloque de constitucionalidad, ya que sería necesario reconocer que las decisiones de la Corte IDH forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y con una función integradora y no meramente interpretativa en la medida que el desconocimiento de los estándares fijados por la Corte IDH conduce a la responsabilidad internacional del Estado.

La Corte Constitucional destaca «la significativa importancia» que le ha asignado a la jurisprudencia interamericana respecto de la interpretación de los derechos humanos, así como las consideraciones de la Corte IDH respecto del deber de aplicar un control de convencionalidad por parte de las autoridades locales y la necesidad de armonizar la figura de la cosa juzgada constitucional con las disposiciones del derecho internacional y el derecho interno (Corte Constitucional, Sentencia C-500/14, consideración 8.3.2.4). No obstante, se desvincula parcialmente diciendo que

Para el propósito de este trabajo es importante destacar que la Corte Constitucional ha adoptado los estándares fijados por la Corte IDH en su jurisprudencia, reconociendo su fuente convencional, desarrollándolos y aplicándolos, eso sí, a través de la teoría del bloque de constitucionalidad. Y además reforzando la necesidad de que la interpretación de las normas sea conforme con los tratados internacionales de derechos humanos (Corte Constitucional, Sentencia C-500/14, numeral 8.3.2.2).

El control de convencionalidad ha sido entendido por la doctrina minoritaria de la Corte Constitucional con las siguientes características:

Como presupuestos dogmáticos se puede determinar que el control de convencionalidad responde a los principios de que el ordenamiento interno no exime de la aplicación de los tratados internacionales, así como la ejecución de buena fe de los tratados por parte de los Estados parte y del principio pacta sunt servanda. Lo anterior se refuerza con la necesidad de que la actividad jurisdiccional busca garantizar el efecto útil de los tratados en materia de derechos humanos^[19].

Sin embargo, existen casos que podrían resolverse con mayor facilidad si se atiende a la existencia del control difuso de convencionalidad ejercido por la Corte Constitucional; por ejemplo, los de cosa juzgada constitucional cuando los estándares del sistema interamericano han cambiado.

Es más, en algunos salvamentos y aclaraciones de voto que reconocen la necesidad de desarrollar el control difuso de constitucionalidad se limita su efectividad, dejando claro que la adopción de los estándares interamericanos no hacen un tránsito automático al ordenamiento interno, o al menos no frente al control que puede ejercer la Corte Constitucional, ya que requiere de una interpretación pro personae, y de esta manera la Corte debe asegurase de elegir el criterio que mejor proteja los derechos en estudio (Corte Constitucional, Sentencia C-792/14, salvamento de voto de la magistrada Sáchica).

Otro caso relevante donde se puso de presente la falta de adecuación del ordenamiento jurídico interno de Colombia, por la vía del control difuso de convencionalidad, se presentó con la Sentencia SU-355/15. De manera sucinta, el caso trata sobre la sanción disciplinaria por parte del procurador general de la nación a un alcalde que termina con su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos (esta decisión forma parte del caso Petro vs. Colombia estudiado por la Corte IDH).

El alcance de este tipo de sanciones, que pueden comprometer el ejercicio de los derechos políticos, había sido definido claramente en el caso López Mendoza vs. Venezuela, y esta jurisprudencia interamericana resultaba directamente aplicable al caso concreto. En ella se establecía que la privación de los derechos políticos correspondía necesariamente a una decisión judicial y no administrativa. Sin embargo, la Corte Constitucional no se pronunció de fondo y confirmó la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto.

Esta sentencia dio lugar a dos aclaraciones de voto que hacían una clara referencia a la necesidad de adelantar un control de convencionalidad para resolver el caso planteado (Sentencia SU-355/15, aclaraciones de voto de los magistrados Rojas y Ávila), entendiendo que los criterios fijados por la CIDH en el caso López Mendoza contra Venezuela eran aplicables al caso y que tenían poder vinculante.

Adicionalmente, la sentencia C-442/11 es un caso interesante donde se demuestra la resistencia de la Corte Constitucional para adoptar el estándar interamericano de manera automática como parámetro de control de constitucionalidad^[20].

El caso se presenta por la acción de inconstitucionalidad contra la tipificación de los delitos de injuria y calumnia en el Código Penal (Ley 599 de 2000). Sobre la configuración de estos delitos ya existía un criterio fijado por la CIDH en el caso Eduardo Kimel vs. Argentina en el sentido de que los elementos normativos del tipo no podían ser abiertos y que deberían responder a términos estrictos y unívocos que proporcionaran seguridad jurídica al ciudadano. En el caso concreto, la Corte Constitucional considera que los tipos en cuestión se ajustan a la Constitución, pese a que su redacción es muy similar a la que dio lugar a la responsabilidad internacional de Argentina, debido a que la Corte Suprema de Justica ha delineado los elementos del tipo penal pese a su vaguedad en el código penal (Corte Constitucional, Sentencia C-442/11, consideración 7)

Finalmente, como jurisprudencia reciente que mantiene una posición de cautela en la adopción de los estándares internacionales, se encuentra la Sentencia SU-312 de 2020, que estudia una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia por declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, al haber trascurrido más de dos años entre el instante que la actora tuvo conocimiento del daño antijurídico, derivado de un delito de lesa humanidad, y el momento en que presentó la demanda.

De esta forma, la Corte realiza un estudio de los distintos convenios y tratados que imponen el deber de imprescriptibilidad de la acción, como ocurre con el art. 7 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como las distintas garantías constitucionales involucradas, su propio precedente y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Por último, considera la Corte «razonable y proporcional» estimar la procedencia del termino de caducidad en el medio de control de reparación directa «desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio» (Corte Constitucional, Sentencia SU-312/20, consideración 6.27 y ss.).

Con la adopción de esta decisión, en el sentido de aplicar el termino de caducidad de la acción de reparación directa en delitos de lesa humanidad, se desconoce el estándar interamericano de protección de derechos humanos. Así lo señala en su salvamento de voto el magistrado José Fernando Reyes Cuartas (Corte Constitucional, Sentencia SU-312/20, salvamento de voto del magistrado Reyes, apartado 30).

De todo lo anterior es posible concluir que la Corte Constitucional reconoce la existencia del control difuso de convencionalidad y el deber de aplicación que supone para los jueces nacionales, en el cual se debe atender tanto al texto de la Convención Americana como la interpretación autorizada que haya desarrollado la Corte IDH; sin embargo, deliberadamente decide no aplicarlo en sus propias decisiones y apartarse de su ámbito de aplicación para preservar sus propios desarrollos jurisprudenciales a la hora de determinar e interpretar el alcance de los derechos humanos.

3. Consejo de Estado[Subir]

El Consejo de Estado es la corte de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tiene la función de conocer de las acciones de nulidad contra los actos administrativos y en esa medida efectúa un auténtico control de constitucionalidad de las normas; por otra parte, conoce de las acciones de reparación directa impetradas contra Estado, sentencias que en su mayoría se encuentran vinculadas con el conflicto armado no internacional. Este último aspecto es de resaltar debido a la cantidad de sentencias de reparación directa donde se utiliza la noción de control de convencionalidad.

Al igual que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha adoptado los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos, incluso antes de desarrollar su doctrina sobre el control de convencionalidad^[21]. Por ejemplo, en el año 2008 el Consejo de Estado en la sentencia de 20 de febrero amplió el alcance de los deberes de reparación a medidas no pecuniarias (propias de los estándares interamericanos como pedir excusas en una ceremonia, difusión de los derechos humanos y publicidad de la sentencia condenatoria). En esta decisión se argumenta la necesidad de interpretar y fijar el alcance del principio de reparación integral del daño a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 16996).

Con todo, desde el año 2012 el Consejo de Estado ha utilizado la noción de control de convencionalidad en la argumentación de sus sentencias, aunque la aplicación propiamente dicha, así como la jurisprudencia y las reglas que se pueden extraer de la jurisprudencia, es inestable.

Si bien el Consejo de Estado utiliza con mucha frecuencia el concepto de control de convencionalidad^[22], lo cierto es que lo utiliza la mayoría de las veces realmente para identificar los estándares convencionales y aplicarlos o para reforzar su argumentación^[23].

En el año 2012 se utilizó por primera vez la noción de control de convencionalidad en un caso donde se rechazó una demanda. El caso se presentó por un error de la Administración de justicia, en la que se extraviaron los anexos correspondientes de una demanda (dentro del propio sistema judicial) y el juez procedió a inadmitir y rechazarla. El Consejo de Estado conoció del recurso de apelación, donde se reconoce el error de la Administración y ordena admitir la demanda. El Consejo de Estado considera que

En este primer uso de la expresión «control de convencionalidad» se observa claramente que es apenas un obiter dictum y que su mención no determinó de ninguna manera la decisión ni amplió los contenidos del derecho al acceso a la Administración de justicia^[24].

Esta postura respecto del acceso de la Administración de justicia fue reiterada en un pronunciamiento años después. Sin embargo, esta vez el Consejo de Estado decidió que la caducidad de la acción no operaba en casos de delitos de lesa humanidad y de graves violaciones de los derechos humanos^[25]. Materialmente, esta decisión implica no aplicar lo dispuesto por el art. 136 del de Código Contencioso Administrativo n.º 8^[26] y, en consecuencia, admitir la demanda a trámite pese a que, atendiendo al tenor literal del artículo en mención, ya habría operado la caducidad de la acción. Sostiene el Consejo de Estado que esta norma no puede ser un obstáculo para la aplicación de las nomas contra los actos de lesa humanidad, y afirma que

A pesar de esto, en el 2020, el Consejo de Estado en una sentencia de unificación considera que la imprescriptibilidad frente a los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra no opera en la acción de reparación ya que el art. 29 del Estatuto de Roma no forma parte del bloque de constitucionalidad.

Esta sentencia ha sido objeto de múltiples rechazos, entre los más importante, se encuentra el salvamento de voto del Consejero Alberto Montaña Plata quien señala que «la Sentencia desconoció el estándar vigente en el ordenamiento jurídico colombiano en materia de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes atroces y, a cambio, creó una regla jurisprudencial contra-igualitaria y regresiva y, en consecuencia, contra-convencional e inconstitucional» (Consejo de Estado, Sentencia del 29 de enero de 2020, Exp. 61033, salvamento de voto del magistrado Montaña).

Ahora bien, para continuar con la exposición de la evolución del control de convencionalidad, se presenta la segunda decisión que utilizó la expresión control de convencionalidad. Esta hace referencia a un caso de omisión del Estado de proteger a la población civil. En la decisión, el Tribunal refuerza sus argumentos para admitir elementos probatorios ajenos al proceso en casos de violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y afirma:

En la sentencia interamericana a la que se alude en la cita anterior, la Corte IDH reprochó la exclusión de material probatorio por meras formalidades (como la remisión de copias simples de documentos), así como la falta de valoración de otros procesos (penales y disciplinarios) que podrían ayudar a formar la decisión judicial. En este orden de cosas el Consejo decide que procederá a valorar los medios probatorios trasladados (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 22 de octubre de 2012, Exp. 24070).

En esta decisión el Consejo de Estado se acerca mucho más a la aplicación de un control de convencionalidad, en el sentido que sostiene que la aplicación del Código de Procedimiento Civil puede conducir a la vulneración de los derechos convencionales; sin embargo, lo que hace es reforzar sus argumentos atendiendo los criterios de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte IDH.

En una decisión de pocos días después de la anterior, en la aclaración de voto de una sentencia de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, se reconocieron algunas características del control de convencionalidad.

La aclaración reconoce la obligación de «efectuar un verdadero control de convencionalidad» y que

Esta concepción, expresada en la aclaración de voto, efectivamente correspondería a una aplicación del control de convencionalidad difuso por parte del Consejo de Estado, de acuerdo con el concepto y lineamientos de la Corte IDH, ya que en la práctica tendría como efecto la flexibilización del principio de la no reformatio in pejus (el problema central del caso) y de la doctrina del Consejo de Estado sobre la materia.

Finalmente, frente a la utilización del estándar internacional como parámetro de control de la normatividad interna, de forma reciente el Consejo de Estado, al momento de realizar el control inmediato de legalidad de los actos administrativos generales expedidos con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental debido a la pandemia COVID-19, ha destacado que en esta revisión es «mandatorio realizar un análisis de convencionalidad» (Consejo de Estado, Sentencia del 30 de octubre de 2020, Exp. 01033, apartado 39)^[27].

Con todo, el uso de la expresión control de convencionalidad la mayoría de las veces obedece simplemente al cumplimiento de los estándares interamericanos y de obligaciones internacionales^[28]; en otras tantas se utiliza para afirmar que el juez tiene la función de hacer un control de convencionalidad^[29], pero no existe una verdadera valoración de las obligaciones convencionales, y en algunas otras para reforzar la argumentación^[30].

En otros casos se ha hecho referencia al «principio de control de convencionalidad» con menos rigor. Así, por ejemplo, se habla de bloque de constitucionalidad como herramienta para hacer la integración normativa, al cual se le debe aplicar el principio de control de convencionalidad y por esta vía argumentativa se adopta el estándar interamericano (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Exp. 29764)^[31].

Este proceso de identificación, reconocimiento y aplicación de los estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte IDH es simplemente el cumplimiento de las obligaciones internacionales que se derivan de la Convención, y de la integración normativa que implica la adopción de un tratado internacional sobre derechos humanos. En otras palabras, la aplicación de todos estos elementos propios del Sistema Interamericano no necesita de un desarrollo sobre el concepto de control de convencionalidad y basta con aplicar la noción del imperio de la ley y de reconocer el valor normativo que tienen las decisiones de la Corte IDH en materia de interpretación y determinación del alcance de las normas convencionales.

En las decisiones que hemos presentado se observa claramente una aplicación del control de convencionalidad en el sentido que lo ha entendido la Corte IDH. Sin embargo, el hecho de que la inaplicación de la norma (el Código Contencioso Administrativo o el Código de Procedimiento Civil) sea motivada expresamente en aras de atender el estándar interamericano, permite delinear claramente la aplicación del control de convencionalidad como argumento fundamental de la decisión. Con todo, se considera que la legalidad de la inaplicación es posible gracias a la posibilidad que tienen todos los jueces de ejercer la excepción de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano^[32].

De hecho, el Consejo de Estado ha presentado las características del control de convencionalidad de forma similar a la establecida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Así ha señalado que:

Incluso, en sentencias sobre control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado ha estudiado la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de la mano del control de convencionalidad^[33].

Con esto quiero resaltar que la noción de control de convencionalidad no consiste en la creación de un nuevo procedimiento con características que permitan identificarlo como una novedad dentro del ordenamiento jurídico, sino que se tratada de una expresión de la supremacía de la Constitución, del imperio de la ley y de la integración normativa que la Constitución prevé para la protección de los derechos humanos.