LAS DECISIONES JURISDICCIONALES DE CARÁCTER CONSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN IBEROAMÉRICA: UN DIFÍCIL EQUILIBRIO

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

En la construcción de una sociedad democrática, la existencia de elecciones justas, transparentes y que den lugar a mandatos legítimos, es un elemento esencial. Para garantizarlo en la mayoría de los países se otorga a los organismos electorales la difícil tarea de organizar el proceso electoral y resolver eventuales controversias fruto de ese proceso, evitando que vicios o errores en el mismo contaminen sus resultados y reduzcan su credibilidad. Estos organismos adoptan naturaleza y composición diversa en cada sistema electoral, adecuándose a las características históricas, políticas y jurídicas de cada país. Existe una tendencia creciente a dotar a estos organismos de rango constitucional, insertándolos en el sistema de división de poderes como un poder propio o un poder judicial con autonomía propia.

Las decisiones de los organismos electorales, incluso aunque en ocasiones sean de naturaleza meramente administrativa, tanto por su transcendencia en el reparto de los poderes como por su impacto en los derechos fundamentales tienen transcendencia constitucional. Ante las mismas, en determinados ordenamientos, no cabe ningún tipo de recurso. En ocasiones, estos organismos se ven obligados a cubrir lagunas constitucionales y normativas en un ejercicio amplio de su papel de interpretación, lo que hace que su papel sea cada día más polémico y haya provocado conflictos con otros poderes constitucionales.

Consideramos de interés analizar cómo esta jurisdicción electoral, ejerciendo funciones constitucionales, está adoptando decisiones que muchas veces están a caballo entre la transformación normativa, el activismo judicial y el abuso constitucional. Para hacerlo analizaremos una serie de decisiones adoptadas por los órganos electorales iberoamericanos donde se observa esta tendencia de manera clara y los conflictos que se plantean.

II. LA NATURALEZA constitucional DE Los Organismos Electorales EN LA REGIÓN[Subir]

El proceso electoral es un momento central en la democracia. Para garantizar su integridad, en la mayoría de los países se confía su protección a «redes de gobernanza de la gestión electoral» (‍James, 2020), de las que forman parte principal los organismos electorales, que, tanto en la organización como en la resolución de controversias fruto del proceso, buscan ofrecer garantías suficientes de que el resultado electoral se corresponda con la voluntad del cuerpo electoral. Su diseño y composición estará influido por el contexto cultural, social y político, una vez que esos elementos tienen un fuerte impacto en la efectiva capacidad del sistema para alcanzar sus fines.

Dentro de estas «redes de gobernanza de la gestión electoral» ocupa un papel central la justicia electoral, entendida como una serie de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los principios de elecciones libres, justas y auténticas, y la protección de los derechos político-electorales, fundamental para la legitimidad democrática y la credibilidad de los procesos electorales (‍IDEA, 2011).

Además de tener un marco normativo adecuado y eficiente, es necesario que el diseño del sistema electoral sirva para garantizar la percepción de fiabilidad del proceso electoral y, en consecuencia, de sus resultados. La percepción de que el proceso electoral está en manos de organismos neutros, imparciales y transparentes favorece la normalidad del proceso electoral y la solución de eventuales conflictos que puedan surgir. Cualquier disfunción en su funcionamiento alimentará el fantasma del fraude electoral al poner en duda la legitimidad del sistema electoral.

La existencia de un marco legal adecuado, que corresponda a las necesidades y características de un país, y el funcionamiento adecuado de una organización electoral consolidada, aunque no garantizan unas elecciones limpias y justas, aumentan las posibilidades de tener resultados legítimos y representaciones más adecuadas. En ese sentido, un adecuado funcionamiento de la justicia electoral garantiza que esta pueda desempeñar efectivamente sus misiones de garantizar que cada acto, procedimiento o resultado electoral fruto de la organización electoral se ajuste al marco normativo (la constitución, la ley, los instrumentos o tratados internacionales y demás normativas jurídicas aplicables), y proteger o restaurar el goce de los derechos electorales.

III. DECISIONES DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES: ENTRE LA TRANSFORMACIÓN Y EL ABUSO[Subir]

Hoy en día los procesos electorales se han convertido en objeto de conflicto. Un amplio sistema legal de regulación sobre los comicios electorales convive con un notable déficit de representatividad y las normas jurídicas, tal como son interpretadas, no están ayudando para promover una percepción de fiabilidad del sistema. Esta situación ha convertido la sospecha sobre la integridad del proceso en componente habitual de los procesos electorales alrededor del mundo. Lo anterior hace necesaria una nueva lectura de los papeles de los poderes en la arquitectura del Estado, una mirada del diseño constitucional orientada a materializar principios dotados de fuerte carácter aspiracional, habituales en el constitucionalismo latinoamericano (‍Bogdandy, 2015). En definitiva, «las funciones que la justicia electoral desempeña en una teoría o sistema de gobierno, dependen, a final de cuentas, de la concepción que se tenga de democracia» Cossio (‍2020: 20).

Como señala Nohlen, (2017: 17-‍18), «El trasfondo natural es que la constitución y la ley electoral no pueden contener reglas que cubran cualquier caso, incluso los imprevisibles en el momento de su legislación. Lo importante entonces es captar el espíritu de la constitución, tomando en cuenta el contexto político en el que se plantea el asunto sin precedente. El sencillo argumento de que todo lo que no esté expresamente prohibido por la Constitución está permitido es una tesis que no hace honor —como vamos a ver más adelante— a los que están llamados a defenderla. Es una invitación a burlar la Constitución en su sentido de Constitución. El juez constitucional y/o electoral tiene que profesar una postura en favor de la democracia, su buen funcionamiento y su profundización en la cultura política del pueblo, y tiene que tomar en cuenta las consecuencias de su decisión en la cultura institucional en la que tiene que sustentarse la forma de gobierno.» En el campo electoral, esa mirada transformadora tiene un fuerte impacto en la democracia, no solo al permitir que las reglas constitucionales garanticen su efectividad al garantizar un juego electoral más justo, legítimo y limpio sino también al consolidar otros principios constitucionales para el proceso electoral, llegando incluso a lo que Norris (‍2004) denominó la ingeniería electoral, entendida como los cambios en el sistema electoral que afectan al comportamiento del votante y a la representación política.

Esta actuación no está exenta de conflictos. Si, por un lado, se presenta relevante y necesaria en la medida en que estos organismos, conduciendo el juego electoral, tienen el deber de garantizar que las reglas existentes observen los valores consagrados en la constitución y en los estándares internacionales; por otro lado introducen un desequilibrio asumiendo un papel que no les corresponde, y que entra en conflicto con otros poderes del Estado, especialmente el poder legislativo y, en ocasiones, el judicial. Asistimos a una mayor politización de los tribunales electorales de la región; la confusión constitucional entre el sistema electoral y el derecho de sufragio; la enorme ampliación de sus competencias, que obliga a estos órganos a adoptar decisiones; y la creciente judicialización de la política (que también afecta a la materia electoral), que provoca que los órganos electorales pasen a jugar un rol activo, «dejando de lado el self restraint judicial, en un ambiente que pierde de vista la sana diferenciación de funciones en un Estado Constitucional» (‍Nohlen, 2017: 16).

Aunque es cierto que, como señala Nohlen (‍2017: 7), «el juez electoral o constitucional requiere de un conocimiento de la sistemática electoral para cumplir bien con su función, de tomar decisiones en controversias sobre sistemas electorales, a veces en condiciones en que no existen normas constitucionales o legales claras en las que sostenerse», también es verdad que la mayor judicialización de la política aumenta la politización de la misma y produce una creciente y contradictoria diversidad de normas, que terminan por ser interpretadas de acuerdo a coyunturas políticas, más que conforme a la constitución y la teoría de la democracia, la norma y la idea o el valor detrás de la norma.

En ese sentido, encontramos en Iberoamérica un número creciente de decisiones de la jurisdicción electoral donde los mandatos constitucionales y los estándares internacionales pasan a ocupar un papel central en la realización de los fines políticos establecidos en la constitución, superando frecuentemente el marco legal, Así lo señala Cossio (‍2020: 10): «El signo de nuestros tiempos es el de una justicia constitucional y de derechos, que hace necesario que los jueces superen los, hasta hace poco vigentes, marcos de la legalidad contractualista».

Uno de los campos donde los organismos electorales han sido más propicios a establecer normas es el de la paridad, donde se mezclan los estándares internacionales y la interpretación constitucional. El TEPJF de México^[3] se ha caracterizado por su actividad en este campo con decisiones como la de ampliar, sin un mandato legal, la paridad de género a las elecciones para las gobernaturas de manera transversal^[4]. Lo paradójico de este caso, es que el Tribunal revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenaba a los partidos políticos la paridad de género con la postulación de siete mujeres como candidatas para competir por las quince gubernaturas en 2021, al considerar que dicha autoridad se excedió en sus facultades, al violar el principio de reserva de ley. En su motivación señaló que en ese momento no existían directrices por parte de la legislatura para la postulación paritaria en gubernaturas, lo que no habilita a las autoridades electorales a imponer obligaciones a los partidos políticos, al tratarse de una cuestión que, constitucionalmente compete definir en exclusiva a los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión. En ese sentido, la sentencia insta a los referidos órganos legislativos para que legislen y garanticen la paridad respecto de las gubernaturas en los próximos procesos electorales posteriores a los de 2021, pero lo transformador se produce en el acuerdo de vincular a los partidos políticos a que, en la medida de lo posible, en atención a sus disposiciones internas y a pesar de la ausencia de normativa en vigor implementen inmediatamente la medida, en lo que toca a la selección de sus candidaturas a las gubernaturas, en las elecciones que se celebrarían solo unos meses después (6.6.2021), lo que convierte este requerimiento en obligación. 

En Brasil^[5], también la búsqueda de la paridad de género en la política ha sido objeto de este tipo de decisiones de los organismos electorales. La ley brasileña, desde 2009, obliga a que los partidos políticos observen la proporción mínima de 30 % de candidaturas por género. Sin embargo, la previsión legal no había producido el incremento de representatividad buscado en razón de la proliferación de las candidaturas ficticias de mujeres con la finalidad única de cumplir formalmente con este requisito de género^[6]. En 2016 el TSE identificó que de los 16.131 candidatos que no habían obtenido ningún voto, 14.417, casi el 90 % eran mujeres. En la búsqueda de la igualdad, el Supremo Tribunal Federal brasileño modificó la opción del legislador de establecer un porcentaje de reserva del fondo público de financiación de campañas para las candidaturas femeninas en un porcentaje inferior al de la cuota (en el art. 9º de la Ley n.º 13.165 de 2015 establecía que fuera entre 5 y 15 %) y definió que ese valor debe ser equivalente a la participación femenina en las candidaturas (de manera que 30 % es el mínimo). Aunque la norma no establecía las exactas sanciones para los casos de fraude el TSE adoptó una postura firme decidiendo que todos los candidatos de la lista del partido que hayan sido beneficiados por la acción fraudulenta perderán sus cargos, independientemente de la comprobación de su efectiva participación directa^[7].

En los dos casos anteriores la actuación de las cortes electorales buscó garantizar la efectividad del derecho fundamental a la igualdad, persiguiendo la paridad en las campañas electores. Esa postura encuentra amparo en los estándares internacionales ya presentados que colocan la búsqueda de la representatividad femenina en las contiendas electorales como una buena práctica.

En la misma línea, otro caso interesante sobre el establecimiento por vía administrativa y jurisdiccional de acciones afirmativas ha sido, de nuevo, el del TEPJ mexicano. Estas fueron introducidas inicialmente por el Consejo General del INE (CGINE)^[8] que incluyó una acción afirmativa indígena basada en la auto adscripción, que debía incluirse al menos en 21 de los 28 distritos electorales federales con población indígena, respetando el principio de paridad. En línea con la demanda creciente en pro de la inclusión y el empoderamiento femenino en el entorno político, así como por el fortalecimiento de las voces minoritarias (‍Norris, 2004: 179). Ante la impugnación de un ciudadano que alegó la inexistencia de medidas afirmativas para personas con discapacidad, la Sala Superior del TEPJF modificó el Acuerdo INE/CG572/2020, y ordenó al INE establecer de inmediato medidas afirmativas para la postulación de personas con discapacidad en las candidaturas a los cargos de elección popular en el proceso electoral ya en marcha. Además, vinculó al INE para diseñar acciones afirmativas destinadas a otros grupos vulnerables que fueran merecedores de representación legislativa privilegiada y dio vista al Congreso para que incorporara en la legislación este mandato de inclusión. La decisión fue implementada por el INE y generó nuevos cuestionamientos sobre la necesidad de nuevas medidas afirmativas, esta vez a favor de la comunidad migrante, lo que se tradujo en otra decisión del TEPJF ordenando de nuevo al Consejo General del INE la implementación de medida a favor de la comunidad migrante. Estas decisiones, que no estaban respaldadas en la ley electoral ponderan la situación de estos grupos vulnerables, adoptando la decisión en un momento en el que los partidos todavía estaban a tiempo de introducir estos cambios en sus candidaturas. De esta manera el TEPJF, asume su papel como órgano constitucional, al determinar que ese grupo de mexicanas y mexicanos podrá, por primera vez, optar con mayor facilidad a obtener representación en el proceso electoral de 2021^[9]. Se confirman también en este caso los estándares internacionales que consideran que los escaños reservados son una forma de favorecer la representación de las minorías, y que la acción afirmativa en el ámbito de las normas electorales es una de las formas de establecer la participación efectiva de las personas pertenecientes a minorías nacionales. En este sentido, la ley electoral puede ir más allá y consagrar medidas especiales que busquen solucionar los desequilibrios de representación tradicionalmente existentes.

Existen otros casos en los que resulta más difícil enmarcar la decisión de forma clara, al no existir estándares internacionales consolidados jurisprudencialmente o chocar las decisiones adoptadas con la propia Constitución. De esta forma, en México encontramos un caso que afecta al voto de las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva^[10], donde, frente a la literalidad del articulo 38 de la Constitución mexicana, que restringe este derecho cuando una persona esté sujeta a un proceso criminal o ha sido condenada, el Tribunal Electoral establece que las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia. De esta manera y para salvaguardar el derecho de las personas en prisión preventiva, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba en el que se de respuesta a las necesidades y posibilidades administrativas y financieras que se requieran, y se establezca el mecanismo para que las personas puedan sufragar en prisión, incluido el voto por correspondencia. La sentencia, que parte del hecho de que la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia, de la que se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, asume estándares internacionales como los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce que la condición de preso implica la supresión o delimitación de algunos de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos; pero esto no supone que la totalidad de derechos deban ser eliminados, el derecho al voto es un buen ejemplo, salvo en casos en los que el ejercicio del derecho guarde relación estrecha con el delito que ha provocado la condena. Un principio que se recoge y se aplica en la sentencia, haciéndolo extensivo a un caso que podría afectar a presuntos delitos electorales^[11], lo que pone el peso de la decisión en el principio de la presunción de inocencia. De esta manera la decisión del TEPJF de facto considera que la prohibición de votar establecida en la Constitución supone un trato discriminatorio, ya que no existe base objetiva alguna que justifique el recorte de derechos que sufren con respecto al resto de los ciudadanos, por lo que se plantea implícitamente una reforma del art. 38.

Adoptando una postura más transformadora, la Corte Electoral brasileña, también sin un marco legal claro, ha impuesto sanciones graves a un candidato que propagó desinformación sobre el proceso electoral. A pesar de, hasta la edición de la Resolución-TSE 23.671/2021, no existir una previsión legal específica de sanción para la divulgación de informaciones falsas que resulten en daños a la credibilidad del proceso electoral, el TSE reconoció el establecimiento de la pena de pérdida de cargo público al candidato que actúe en el sentido de perjudicar las elecciones por medio de la propagación de bulos^[12]. Se trató del caso de un candidato al cargo de diputado federal (resultó electo) que, durante la jornada electoral, por medio de una «live» en la red social Youtube^[13] denunció la existencia de fraudes en las urnas electrónicas y otros hechos que cuestionaban la fiabilidad del proceso electoral^[14]. El problema al que se enfrentó el TSE era que la norma en que se encuadraban las conductas del diputado tenía más de treinta años y trataba solamente de la utilización indebida de medios de comunicación como la televisión y radio, establecidas en la regulación estatal. Sin embargo, el TSE consideró que no se puede ignorar la realidad de internet como un nuevo entorno mediático que afecta a la manera como son desarrolladas las campañas electorales, de forma que, aunque no había sido explicitado por el marco legal brasileño, Internet y las redes sociales se amoldaban al concepto de «vehículos o medios de comunicación». Con ese fundamento, el Tribunal decidió que la diseminación de desinformación sobre el proceso electoral, también a través de las redes sociales, equivale a una mala utilización de los medios de comunicación, y decretó la pérdida del cargo de Diputado Federal. En este caso, el Tribunal Electoral mostró su naturaleza constitucional, posicionándose de manera activa en la defensa del ambiente democrático en el país, y reconociendo la necesidad que el sistema legal se adecue al nuevo entorno existente. Además, la decisión podría leerse como la confirmación de nuevos estándares internacionales^[15] que reconocen que el fenómeno de la desinformación mina la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas.

Otro caso, en esta ocasión de México, sería el de la lista nacional de infractores de violencia política de género^[16], donde se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear una lista nacional pública que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género, para tomarla en cuenta en las próximas elecciones. Tras ratificar una sentencia donde la Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmaba la existencia de violencia de género contra una regidora y ordenaba al instituto electoral local integrar una lista de infractores que incluya el nombre del presidente municipal que había perpetrado el delito, fue más allá estableciendo de hecho una lista de infractores de violencia política de género con alcance nacional. Esta decisión, que obliga al INE a establecer el mecanismo de elaboración y de consulta de cara al registro de candidaturas, busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione información para valorar las solicitudes de inscripción de cualquier candidatura de elección popular, con el objeto de verificar si se cumplen los requisitos para su postulación; y, en consecuencia, poder autorizar o denegar el registro, afecta de manera clara el derecho a la privacidad de los infractores, un derecho fundamental cuya regulación correspondería a la Constitución o a normas reforzadas.

Por último, existen otros casos en los que los organismos electorales yendo más allá de las previsiones normativas nacionales se sitúan al borde de la actuación abusiva. En Argentina, en junio de 2009, la Cámara Electoral Nacional refrendó la práctica de candidaturas testimoniales que encabezan las listas cerradas y bloqueadas, formadas por cargos públicos que se postulan para mandatos parlamentarios a los que renuncian en caso de ser elegidos, lo que va en contra de la naturaleza representativa de la democracia.

También en Ecuador, en 2006, tras el rechazo del Congreso Nacional a la realización de un referéndum sobre la instalación de una asamblea constituyente, el Tribunal Supremo Electoral decretó la puesta en marcha del referéndum, en contra del parlamento y el Tribunal Constitucional (y de la propia Constitución) convirtiéndose en actor político parte del conflicto institucional (‍Nohlen, 2017: 16)

En Venezuela, en 2006, el Consejo Nacional Electoral admitió el mecanismo conocido como «las morochas» (que en ese momento no formaba parte del sistema electoral), y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia justificó aplicar el sistema electoral proporcional-personalizado, en contra del principio de representación proporcional establecido en la Constitución, de manera segmentada, al permitir que los escaños uninominales mayoritarios obtenidos por los partidos, no tendrían que restarse de los obtenidos por el voto proporcional (el voto de lista). En este caso, la decisión del Consejo Nacional Electoral fue refrendado por la Sala Constitucional^[17], que declaró que este mecanismo no se encontraba prohibido ni por la Constitución ni por el resto del ordenamiento jurídico, concluyendo que aquello que no esté prohibido no puede estar en contra de la ley. El Tribunal, al aplicar este principio del derecho penal al derecho constitucional, omite la contradicción evidente de su interpretación con la ley electoral así como su responsabilidad de aplicar la Constitución y su defensa de la democracia representativa, negando sus principios constitucionales. Como señaló el voto de la minoría «una tergiversación al sistema de adjudicación según la representación proporcional, jurídicamente se traduce en un fraude a la Ley y más grave aún, en un fraude a la Constitución, a través de un evidente abuso de las formas jurídicas en pro de conseguir una finalidad distinta a la que las normas constitucional y legal establecieron». La consecuencia fue que una fuerza política, la del presidente Chávez, obtuvo el 90 % de los escaños con el 60 % de los votos.

Por último, en El Salvador donde existía una lista nacional, cerrada y bloqueada, la Sala de lo Constitucional, en aplicación del art. 78 de su Constitución que establece el sufragio igualitario y libre, prohibió el umbral de votación para mantener la inscripción en el registro de partidos y la propia plancha, por lesionar la proporcionalidad, por su efecto en las circunscripciones territoriales, imponiendo al legislador, en 2012, la sustitución de la lista cerrada y bloqueada por la lista cerrada y desbloqueada, y en 2015 por la lista abierta, en lo que supone otra muestra más de sustitución del legislador por el Tribunal Supremo Electoral (‍Nohlen, 2017: 19).

IV. CONCLUSIONES[Subir]

Los órganos electorales autónomos han realizado una contribución esencial en los procesos de transición y consolidación democrática, desempeñando un papel significativo en la consolidación de determinados derechos electorales y en el fortalecimiento del ambiente democrático iberoamericano.

En esta labor han desempeñado una función constitucional que les ha llevado a reforzar una interpretación dirigida a maximizar los valores constitucionales, aunque en ocasiones esto suponga ir más allá de las normas existentes, con la intención de fortalecer el ambiente democrático del Estado, materializando principios constitucionales insuficientemente consolidados como los déficits en la representatividad política femenina y grupos minoritarios, las dificultades en el control de la financiación de las campañas electorales, el papel de los representantes en su relación con los partidos políticos o la desinformación que ataca la percepción de fiabilidad del sistema electoral.

En este sentido, la actuación transformadora de la jurisdicción constitucional sin duda tiene el potencial de mejorar las reglas del juego para reforzar los mandatos constitucionales y fortalecer el sistema democrático. La motivación de esta labor transformadora se justifica en la imposibilidad de mantener situaciones contrarias a los estándares internacionales (aplicable a la igualdad de género), evitar la implementación de recomendaciones realizadas por los organismos internacionales (voto prisión preventiva) y proteger el sistema electoral contra desafíos de dimensión global como la desinformación. De ahí que los cambios introducidos por vía jurisprudencial se apoyen habitualmente en la existencia de estándares internacionales y deban respetar las condiciones generales establecidas, por ejemplo, por la Comisión de Venecia: a) respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión; b) la protección frente a la manipulación electoral y c) las garantías procesales necesarias.

Estas decisiones, bajo la voluntad de adaptación de la normativa electoral a la realidad cambiante^[18], se realizan en ausencia de norma, o incluso en contra de la misma, sea norma electoral o Constitución. De esta manera los organismos electorales vienen realizando, de hecho, importantes reformas a la legislación electoral, las cuales, en su mayoría, maximizaron los derechos político-electorales de la ciudadanía o permitieron generar mejores condiciones de equidad en los procesos electorales. Sin embargo, existen también otras decisiones en las que estos organismos electorales, en lugar de proteger y reforzar derechos, han modificado el sistema electoral, reduciendo, por ejemplo, la proporcionalidad del voto y limitando los derechos político-electorales. La indeterminación de estas decisiones, en que los organismos electorales han asumido un papel proactivo, con sentencias más creadoras de derechos que interpretes de los mismos, asumiendo un papel de agentes del cambio que adaptan la normativa existente en una materia concreta a una realidad de evolución constante, puede terminar perjudicando la seguridad jurídica electoral.

Los organismos electorales han convalidado auténticas piezas de legislación desarrolladas a través de la potestad reglamentaria de las autoridades administrativas, ajustes normativos en los que, con la intención de aplicarlos al proceso en marcha, y ante la imposibilidad, o dificultad, de modificaciones por parte del poder legislativo se adopta una decisión que obliga desde ese momento a todos los actores involucrados en el proceso electoral, lo que afecta a los plazos, muy cercanos al inicio de los procesos y a la reserva de ley. También en su interpretación de casos concretos han establecido auténticas normas electorales, que, aunque suelen advertir de la necesidad de realizarlas por vía legislativa para ser aplicadas en procesos electorales posteriores, establecen la obligación de, ante el retraso que supone su desarrollo legislativo, aplicarlos directamente a aquellos que se encuentran próximos o en curso, con el peligro de consolidar sus mandatos, aun en ausencia de desarrollo legislativo.

Aunque la interpretación de los organismos electorales no considera estas decisiones como cambios normativos sino como la modulación de principios ya existentes, la materialización a través del desarrollo de principios constitucionales y la proyección de estándares internacionales generales que se concentran más allá de la potestad del tribunal, el estudio de las sentencias plantea un verdadero uso transformador de su potestad.

El principio de seguridad jurídica recomienda que este tipo de modificaciones de las normas electorales deba tener rango constitucional o llevarse a cabo en una norma de rango superior a la ley ordinaria, buscando un consenso amplio de los actores involucrados. De ahí la necesidad de establecer límites o criterios que deban respetar este tipo de decisiones jurisdiccionales cuando no existe regulación por parte del legislativo. Para hacerlo pueden resultar de referencia los principios de necesidad, teniendo en cuenta la premura de los procesos electorales; proporcionalidad, ponderando los derechos en juego; y el principio de anualidad que se basa en la distinción entre acciones puntuales y aquellas con efectos permanentes y se concreta en que estas decisiones no debieran realizarse en el periodo inmediatamente anterior a las elecciones, para evitar que las modificaciones puedan favorecer a alguno de los contendientes^[19] y permita garantizar la seguridad jurídica necesaria para que todos ellos puedan familiarizarse con las nuevas normas, prepararse para poder cumplirlas, reforzar su confianza en el sistema electoral y participar en condiciones de igualdad.