CONTRA FRANCO Y CONTRA EUROPA: EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA Y LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA (1957-‍1972)^[1]

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Desde sus inicios durante la década de los años cincuenta la integración europea fue abiertamente rechazada por los distintos partidos comunistas de Europa occidental. La historiografía sobre el comunismo europeo ha hecho evidente la similitud de planteamientos y condicionantes de dicho rechazo inicial y su posterior y gradual evolución hacia posiciones más flexibles ante el proceso integrador con diferencias significativas entre unos y otros partidos^[2]. Las razones esgrimidas desde el mundo comunista occidental contra dicho proceso se identificaban plenamente con la posición adoptada por la Unión Soviética ante las Comunidades Europeas^[3]. Esa identificación no obedecía solo a un seguidismo ciego de la política soviética, sino que era también producto de la percepción del mundo de posguerra que, desde las distintas realidades nacionales y desde la propia génesis histórica de los distintos partidos, impregnaba de forma generalizada la cultura política del comunismo^[4].

La denuncia del atlantismo, del apoyo al rearme alemán, del Plan Marshall y de la integración europea constituyeron durante los años cincuenta y primeros sesenta la base de un discurso político opuesto a la influencia sobre Europa de la potencia norteamericana en el marco de una lucha ideológica y cultural en la que no solo intervino la Unión Soviética, por medio de los partidos comunistas y de sus órbitas de influencia, sino también Estados Unidos, mediante sus terminales europeas intelectuales e ideológicas (​Boneau, D. (2005). Estudios sobre las redes estadounidenses de influencia. Cuando la CIA financiaba a los intelectuales europeos. Red Voltaire, 22-7-2005. Disponible en: http://www.voltaire-net.org/article126492.html.Boneau, 2005; ​Niño, A. (ed.). (2009). La ofensiva cultural norteamericana durante la Guerra Fría (dossier). Ayer, 75 (3), 13-‍23.Niño, 2009: 13-‍23).

La visión comunista del proceso comunitario se integraba por tanto en el contexto más amplio de una Europa de posguerra que era contemplada, desde la teoría marxista y las aportaciones leninistas, como el escenario de una lucha de clases en la última fase de desarrollo imperialista del capitalismo bajo la hegemonía estadounidense. Las repercusiones de dicha hegemonía sobre las políticas nacionales de los países occidentales aportaban también argumentos consistentes para un discurso ideológico opuesto a la integración europea al ser considerada esta como fruto de los designios de la potencia norteamericana para la defensa del capitalismo y la agresión contra la Unión Soviética (​Schwabe, K. (2001). The Cold War and European Integration, 1947-‍63. Diplomacy and Statecraft, 12 (4), 18-‍34. Disponible en: https://doi.org/10.1080/09592290108406224.Schwabe, 2001: 18-‍34). No debe olvidarse tampoco que la identificación con el modelo soviético, considerado como una forma de organización social superior a la de los países capitalistas, convertía en aberrante, a ojos del comunismo occidental, cualquier proyecto de unidad europea que excluyese a la Unión Soviética y a los países que, en su órbita, estaban iniciando la «construcción del socialismo»^[5].

A pesar de la similitud de sus planteamientos políticos, la conceptualización teórica de un marco general para los partidos comunistas occidentales de los años de posguerra, más allá de su identificación ideológica, de su subordinación a un «centro dirigente» y de una autodefinición leninista^[6], resulta bastante problemática. En los casos del Partido Comunista Francés y, en mayor medida, del Partido Comunista Italiano se trataba de formaciones políticas que, tras la Segunda Guerra Mundial, emergían como partidos de masas con vocación de integración social. Su protagonismo en la coalición vencedora del hitlerismo, gracias a su relevante participación en los movimientos nacionales de resistencia y a su identificación ideológica con una de las potencias victoriosas, hacía que confluyeran en ellos, en un marco de democracia política, la defensa de la independencia y la soberanía nacionales y las aspiraciones de transformación social de amplios sectores de la izquierda fascinados por la experiencia soviética (​Furet, F. (1995). El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo xx . Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.Furet, 1995: 433 ss.).

La diferencia con otros partidos, como el PCE, no podía ser más evidente. Debido a la derrota del bando republicano y su paso a la clandestinidad, el comunismo español atravesó por una situación precaria durante los años de la segunda guerra, viendo diezmada su militancia y siendo objeto de una intensa represión (​Hernández Sánchez, F. (2015). Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo. Barcelona: Crítica.Hernández Sánchez, 2015). El final de la guerra en Europa abrió una breve expectativa de cambio político en España, al que podía contribuir la presión de los países vencedores, ya que Franco había sido un aliado implícito de las potencias del Eje. Pero el desvanecimiento del aislamiento internacional del régimen y su consolidación como consecuencia del comienzo de la Guerra Fría reforzaron directamente en el comunismo español, junto a razones similares a las que se daban en el conjunto del movimiento comunista, un rechazo hacia los Estados Unidos y hacia el bloque occidental que se tradujo, a pesar de no ser España un país directamente afectado por el proceso integrador, en una contundente oposición a las Comunidades Europeas.

Cada caso nacional constituye, así pues, una experiencia singular y muestra, sobre todo en las trayectorias posteriores de la actitud ante la integración europea, una diversidad de matices que derivan de las características propias de cada organización, del contexto social y político en el que se desenvolvieron^[7] y de la evolución de las posiciones de sus dirigentes en función de los cambios en el espacio político (​Offerlé, M. (2006). Les partis politiques. París: PUF.Offerlé, 2006: 94). Por lo que se refiere al comunismo español son varios los factores específicos a tener en cuenta por su posible influencia en las posiciones mantenidas ante el proceso integrador. En primer lugar, a diferencia de partidos como el francés o el italiano, el PCE veía constreñidos su funcionamiento y organización por un régimen dictatorial que dificultaba enormemente su vertebración con el conjunto social. No obstante, la aspiración a convertirse en un partido de masas hizo que su práctica política e ideológica y sus planteamientos estratégicos se orientasen a priorizar la lucha contra el régimen atenuando su vertiente ideológica anticapitalista y revolucionaria, y con el tiempo su identificación con el bloque soviético. Un segundo factor determinante de la política del PCE fue su empeño por conseguir una amplia unidad de la oposición al régimen intentando limar o posponer toda propuesta de alternativa política que fuese más allá de la implantación de un régimen democrático. Dichos planteamientos —tercer factor— tropezaron con la percepción del comunismo, a consecuencia sobre todo del contexto internacional, como una opción ilegítima para la representación del amplio espacio social de la izquierda, en disputa con otros partidos de signo socialista o socialdemócrata^[8], lo que contribuyó a reforzar su tendencia a la moderación y a la adaptación evolutiva a los cambios operados en el espacio político español.

Desde el supuesto de que dichos factores determinaron la evolución de la política europea del comunismo español, inicialmente identificada con los planteamientos soviéticos, se pretende comprobar dicha hipótesis mediante un análisis de sus posiciones ante la integración comunitaria que puede contribuir a ampliar el conocimiento de una vertiente poco estudiada hasta el momento de la trayectoria del PCE durante la dictadura franquista y a evaluar también la influencia ejercida sobre dicha evolución por el propio proceso comunitario. En las páginas que siguen se analiza, con la utilización de fuentes del Archivo Histórico del PCE (AHPCE), prensa y documentos de la organización comunista y, hasta donde ha sido posible, testimonios orales^[9], la trayectoria de su política europea hasta la inflexión que a finales de los sesenta modificó en buena parte su rotundo rechazo de la integración para dar paso a una posición más flexible que con el tiempo culminó en el apoyo al Tratado de Adhesión por el que España se incorporaba a las Comunidades Europeas en 1985.

II. ANTE EL MERCADO COMÚN Y ANTE OCCIDENTE: LAS RAZONES DE UN RECHAZO[Subir]

En sintonía con los planteamientos comunes sobre la integración europea del movimiento comunista^[10], para el PCE la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) se interpretaba como un triunfo de los designios estadounidenses encaminados a mantener la Guerra Fría, ahondar la división de Europa, oponerse al mejoramiento de la situación internacional y fomentar el clima para la agresión contra el bloque soviético. La «cuestión alemana» adquiría una especial relevancia en el marco de dicha interpretación, ya que, según esta, la integración prevista en la CEE y el Euratom vivificaba y fortalecía el «militarismo en la Alemania occidental a la que se reserva[ba] el papel de fuerza de choque y avanzadilla en los planes de una tercera guerra mundial»^[11]. El Euratom llegaba a ser considerado como un instrumento para la fabricación por Alemania de sus propias armas nucleares con el fin de preparar «gradualmente el resurgimiento del fascismo en el país» y se responsabilizaba retrospectivamente a las potencias occidentales del rearme alemán en el período de entreguerras^[12].

Dada la situación marginal de España ante el proceso integrador y su nula repercusión en aquellos momentos sobre la política nacional, el rechazo del PCE a las dos comunidades se centraba fundamentalmente en razones ideológicas derivadas de su alineamiento con la posición mantenida por el Partido Comunista de la Unión Soviética frente a la integración. Las razones esgrimidas para justificar tal rechazo tenían un marcado carácter geoestratégico en el marco de la Guerra Fría, al considerar que dichas comunidades respondían «al deseo de los imperialistas de reforzar aún más la orientación militarista de la economía, como base económica para el Pacto Agresivo del Atlántico, enfilado contra los países del campo socialista»^[13].

Las posiciones en política internacional y europea del PCE se inscribían por tanto en lo que se consideraba un nuevo marco de la lucha de clases que habría adquirido un ámbito mundial con el enfrentamiento entre el capitalismo y los países que estaban emprendiendo la construcción del socialismo. En ese marco global, el Mercado Común y el Euratom se contemplaban como meros instrumentos para la lucha contra el bloque soviético, ya que su finalidad consistía en «crear la base económica de la militarización intensiva de Europa occidental»^[14]. En consecuencia, la situación política de los países occidentales era analizada como el resultado de un total sometimiento a los objetivos de la política exterior norteamericana de impedir «la construcción del socialismo en los nuevos países de Europa y Asia donde la clase obrera había tomado el poder» para posteriormente «liquidar el socialismo en la Unión Soviética y restablecer así el imperio mundial del capitalismo bajo la hegemonía americana»^[15].

A pesar de esa visión tan rotunda de la dominación estadounidense sobre la Europa del oeste, se vislumbraban ya en la misma, sin embargo, algunas matizaciones. Ante el viraje hacia Europa que comenzaba a darse en el seno del franquismo tras la constitución del gobierno de tecnócratas en 1957^[16] se admitía, al menos implícitamente, que Estados Unidos y la nueva Europa comunitaria no constituían un único bloque económico y que esta última podía disponer de una autonomía susceptible de ser aprovechada por parte de determinados sectores económicos deseosos de escapar al dominio económico estadounidense^[17]. Esa nueva orientación hacia Europa por parte del régimen se consideraba, no obstante, altamente perjudicial para los intereses nacionales. Si el Mercado Común representaba, según el PCE, un serio peligro aunque España no participase en el mismo, la participación española era contemplada como un peligro mucho mayor por dos razones. La primera de ellas porque un supuesto ingreso en las Comunidades Europeas podía proporcionar a Franco el vehículo con el que introducirse en otras organizaciones internacionales de signo occidental y especialmente en la OTAN, reforzándose por tanto el bloque antisoviético^[18]. La segunda remitía a las dificultades que para una economía altamente protegida como la española podrían derivarse de una pertenencia a la CEE que «colocaría la economía española en mayor dependencia del extranjero» y transformaría el país «en productor únicamente de ciertas materias primas y de determinados productos agrícolas, frenando su desarrollo industrial»^[19].

La radicalidad de las posiciones comunistas contra la CEE y otros organismos internacionales de la órbita occidental contrastaban notablemente con lo que podría considerarse el programa mínimo para la recuperación de la democracia en España. Si en el caso de la política internacional se daba una plena y permanente identificación con la Unión Soviética que anclaba al comunismo español en uno de los dos bloques de la Guerra Fría, la política de reconciliación nacional aprobada en 1956 había supuesto, por el contrario, un viraje hacia la moderación en sus propuestas para el derrocamiento de la dictadura^[20]. Dicha política se basaba esencialmente en el reconocimiento de que la guerra civil debía dejar de marcar una división entre los españoles que se habían enfrentado en los dos bandos y en la creencia (​Azcárate, M. (2004). La política de reconciliación nacional. En Contribuciones a la historia del PCE (pp. 315-‍330). Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas.Azcárate, 2004: 323 ss.) de que la dictadura no representaba ya más que los intereses de una minoritaria oligarquía política y económica. Más allá de los condicionantes de diverso tipo, externos e internos, que la propiciaron (​Erice, F. (2013). De la reconciliación nacional a la crisis de la transición. Madrid: Partido Comunista de España, Secretaría de Formación.Erice, 2013: 6 ss.), esa nueva estrategia suponía un cambio cualitativo de gran trascendencia y marcaba el comienzo de una cada vez más creciente influencia del PCE en sectores sociales muy alejados hasta entonces de la cultura política del comunismo y en nuevas generaciones que no habían vivido la guerra civil.

En un artículo publicado tras la crisis ministerial de 1957 por un destacado miembro de la dirección del PCE, Fernando Claudín, se analizaba la «descomposición de la dictadura en las altas esferas» y se consideraba posible el paso pacífico a una situación democrática mediante un gobierno liberal de transición que concediese una amplia amnistía e iniciase el establecimiento de las libertades políticas. «El Partido Comunista —decía Claudín— apoyaría lealmente un gobierno así» (​Claudín, F. (1957). Después de la crisis ministerial. Mundo Obrero, 01-03-1957, 3.Claudín, 1957: 3-‍4). En idéntico sentido se pronunciaba el órgano oficial del partido por esas fechas al analizar las propuestas efectuadas por «un grupo liberal» de orientación monárquica: se llegaba a aceptar la imposición de facto de una monarquía siempre que esta fuera posteriormente legitimada por una consulta al país^[21]. Meses después y de manera oficial se admitía por el Comité Central que en el seno del régimen se habían desarrollado divisiones políticas, que en un momento dado podrían facilitar la transición pacífica mediante la constitución de un «gobierno liberal». Aunque la alternativa democrática defendida por los comunistas se basaba en la creación de una amplia coalición de fuerzas democráticas y en un gobierno emanado de la misma, la posibilidad de dicho gobierno liberal, supuestamente surgido del propio régimen, se contemplaba como una solución transitoria que podría ser apoyada por el PCE, a pesar de no representar «una ruptura radical» con la situación existente^[22].

Es cierto que la casi total disponibilidad del PCE a finales de la década de los cincuenta para facilitar una transición o un cambio pacífico hacia la democracia se acompañaba también de un llamamiento a las masas para una movilización popular. Pero ese llamamiento se basaba fundamentalmente en la posibilidad de un hermanamiento de los españoles contra el régimen para superar las divisiones provocadas por la guerra civil. La apuesta por una «jornada de reconciliación nacional», finalmente celebrada en mayo de 1958, mostraba un escaso éxito para la lucha contra el régimen, aunque sí servía, al menos, para evidenciar la disposición del PCE a no obstaculizar con una estrategia más radical cualquier posible inteligencia de toda la oposición antifranquista:

Pero esa disposición a facilitar con su política nacional de reconciliación la más amplia coincidencia contra el régimen tenía su flanco débil en el alineamiento internacional del PCE contra el bloque occidental. La divergencia entre la moderación que presidía la política nacional y los planteamientos internacionales no podía, en efecto, sino provocar al PCE serias dificultades para las relaciones con otras fuerzas políticas, especialmente el PSOE. Los socialistas españoles se alineaban en la década de los cincuenta con las democracias occidentales y eran favorables al proceso de integración, al que consideraban como una especie de «tercera opción» entre los dos bloques (​Guirao, F. (1988). The Spanish Socialists and the European Question in the Decade of the 1950s. DOC IUE 312/88 (Col. 73). Florencia: European University Institute.Guirao, 1988: 14 ss.; ​Mateos, A. (1989). Europa en la política de «presencia internacional» del socialismo español en el exilio. Espacio, Tiempo y Forma, 2, 339-‍358.Mateos, 1989: 339-‍358). La pasividad de los socialistas españoles en la oposición a Franco era consecuencia para el PCE de ese alineamiento. Se acusaba al PSOE de inhibirse en las luchas interiores contra la dictadura y de buscar una solución exterior confiando en las democracias europeas y occidentales. En el VII Congreso del PSOE se había aprobado, en efecto, un requerimiento a los partidos de la Internacional Socialista para que en caso de muerte de Franco y de su sustitución por un régimen no elegido por el pueblo, lograran de sus gobiernos respectivos que no lo reconocieran, lo que era considerado por el PCE como algo completamente ilusorio:

El PCE buscaba la unidad con los socialistas, pero el apoyo a la URSS en acontecimientos como los de Hungría en 1956 ahondaba las divergencias ya existentes entre ambas formaciones políticas desde la finalización de la guerra civil. Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE y presidente de la UGT en el exilio, estaba imprimiendo en el socialismo español una orientación de pleno alineamiento con el bloque occidental incorporando el europeísmo, en la línea del socialista belga Paul-Henri Spaak, a las señas de identidad del partido (​Vargas, B. (1999). Rodolfo Llopis (1895-‍1983). Una biografía política. Barcelona: Planeta.Vargas, 1999: 262-‍274). La unidad de acción invocada por el PCE resultaba, así pues, totalmente incompatible con aspectos sustanciales de la política internacional del socialismo europeo y constituía un desafío completamente inaceptable que imposibilitaba cualquier entendimiento con el PSOE:

III. LA INFLEXIÓN LIBERALIZADORA DEL RÉGIMEN: CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN COMUNISTA DEL MERCADO COMÚN[Subir]

En abril de 1959 el Comité Central del PCE publicaba, con motivo del XX aniversario del fin de la guerra civil, un extenso documento en el que se realizaba un balance de los veinte años de dictadura y se hacían previsiones sobre el porvenir de la democracia española. En dicho documento se apuntaba el deterioro de la balanza comercial española y se responsabilizaba a la inflación del retroceso del nivel de vida de la clase trabajadora. La transferencia de rentas hacia los sectores más potentes y estatalmente privilegiados por el régimen provocada por una inflación permanente —se sostenía en el documento— era «el más pesado y el más injusto de los tributos que se impon[ía] a toda la sociedad» en beneficio de «una enriquecida oligarquía»^[26].

El análisis del deterioro a que había llegado la situación económica y social de España a finales de la década de los años cincuenta como consecuencia de la política autárquica era bastante certero. Las previsiones de una agudización del descontento resultaban bastante consistentes y, aunque improbable, no era del todo descabellado pensar, siempre y cuando que esa situación se prolongase, que una conjunción de movilizaciones populares y una posible unidad de acción de la oposición podía provocar una crisis terminal del régimen, resquebrajar su cohesión interna y servir de inicio a un proceso de liberalización política al que el PCE seguía dispuesto a dar apoyo sin exigir siquiera su participación en un futuro gobierno de transición democrática^[27]. Es muy posible que a esa percepción del deterioro social provocado por la política autárquica se uniese también la situación de debilidad de la organización comunista tras largos años de represión (​Hernández Sánchez, F. (2015). Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo. Barcelona: Crítica.Hernández Sánchez, 2015: 291-‍331). Ambos factores explicarían la moderación de las propuestas unitarias realizadas por el PCE hasta finales de los cincuenta que adquirirían posteriormente, tras la llegada de Santiago Carrillo a la Secretaría General en 1960, un mayor protagonismo comunista en la articulación de una alternativa democrática a la dictadura, y una más precisa definición en los objetivos de las movilizaciones populares y en la posible radicalización de estas (​Carrillo, S. (1961a). Deberes del pueblo español en la presente situación internacional y nacional (Informe al III Pleno del Comité Central). París: Parti Communiste Français.Carrillo, 1961a: 57).

En el plano económico, sin embargo, el PCE no había explotado ni explotaba ahora políticamente la contradicción entre el anquilosamiento del régimen y la necesidad de una apertura y liberalización del comercio exterior. La creación de la CEE en 1957 podría haberse convertido en una buena oportunidad para evidenciar el lastre que la dictadura suponía para que España iniciase una progresiva incardinación en las economías occidentales, dadas las dificultades políticas para una incorporación del régimen a las instituciones europeas^[28]. En todo caso, aunque muy improbable, una incorporación a la CEE no hubiera hecho más que poner en evidencia la propia obsolescencia del régimen y acelerar su descomposición (​Tamames, R. (2013). Más que unas memorias. Barcelona: RBA Libros.Tamames, 2013: 322). Por el contrario, la posición del PCE significaba, en la práctica, apostar por la perpetuación del aislamiento económico de España, ya que se condicionaban las posibles inversiones de capital europeo e internacional a una total protección de la industria nacional^[29] y se mantenía, en sintonía con las posiciones soviéticas, el rechazo hacia un espacio económico, como el de Europa occidental, que había iniciado mediante la Comunidad Económica Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio un proceso irreversible de desarme arancelario:

IV. DE MÚNICH A PRAGA: EUROPA COMO TRASFONDO[Subir]

El 9 de febrero de 1962, el ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, envió una carta al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, Couve de Murville, solicitando la apertura de negociaciones para examinar una posible vinculación de España con la Comunidad Económica Europea (​Senante, H. C. (2006). España ante la integración europea: el primer acercamiento. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.Senante, 2006: 61-‍75). La posibilidad de que esa solicitud fuese atendida y de que el régimen adquiriese algún tipo de legitimidad por parte de la CEE tuvo un efecto catalizador sobre los distintos sectores sociales y políticos de la oposición a Franco. Aprovechando la celebración en Múnich del IV Congreso del Movimiento Europeo, los miembros del Consejo español de dicha organización plantearon la introducción en el orden del día del Congreso —cuyo objetivo general era auspiciar la creación de una comunidad política europea encaminada hacia la constitución de unos Estados Unidos de Europa— de un debate específico sobre las futuras negociaciones entre el gobierno español y la CEE, cuya posibilidad había abierto la «carta Castiella». Finalmente, el Movimiento Europeo decidió promover un coloquio sobre la «cuestión española» que se celebró durante los días 5 y 6 de junio de 1962, previamente a las fechas oficiales del Congreso del 7 y 8 de junio.

La participación española en dicho coloquio abarcó a un amplio espectro de personalidades pertenecientes a sectores sociales y políticos contrarios, en mayor o menor medida, al régimen de Franco, con la exclusión del PCE, aunque se permitió la asistencia como observadores de dos representantes del mismo (​Tamames, R. (2013). Más que unas memorias. Barcelona: RBA Libros.Tamames, 2013: 323-‍324). De alguna forma, el que sería adjetivado posteriormente por el régimen de Franco como «contubernio de Múnich» simbolizó en gran parte la consecución de algunas de las aspiraciones comunistas. La «reconciliación nacional» de la casi totalidad de las fuerzas políticas cuyo enfrentamiento había precedido a la guerra civil se materializaba en torno a la apuesta europeísta de prácticamente toda la oposición a Franco, desde la derecha a la izquierda, y adquiría una especial visualización con el encuentro entre Gil Robles y Rodolfo Llopis que rompía, por primera vez, el muro entre «las dos Españas» (​Amat, J. (2016). La primavera de Múnich. Esperanza y fracaso de una transición democrática. Barcelona: Tusquets.Amat, 2016: 238 ss.). Lo mismo ocurría con las propuestas surgidas del coloquio para la recuperación de la democracia en España, prácticamente coincidentes con las postuladas por el comunismo español.

El PCE había quedado excluido de la reunión de Múnich, pero había mucho también de autoexclusión como consecuencia de su posición de alineamiento contra el bloque occidental y del rotundo rechazo de la integración europea. La propia valoración posterior de la reunión de Múnich expresaba la contradicción del PCE entre su apuesta por la unidad de la oposición antifranquista y sus posiciones sobre la integración europea. Según el PCE, la posición previa de los participantes en dicha reunión, que venía preparándose desde tiempo atrás, manifestaba una clara intención anticomunista. Los dirigentes de la oposición burguesa y socialdemócrata del interior y de la emigración se unían en la demanda de que España entrase en el Mercado Común para enarbolar así «frente a Franco la bandera del europeísmo, bandera anticomunista con la que esperaba[n] obtener el apoyo de las potencias imperialistas»^[44]. Pero, según la interpretación comunista de los resultados de la reunión, el viraje del régimen hacia Europa, con la solicitud de apertura de negociaciones por parte del ministro Castiella, y las movilizaciones obreras que habían tenido lugar en 1962 habrían obligado a los participantes en Múnich a radicalizar sus posiciones aprobando una resolución que coincidía con los planteamientos comunistas para el restablecimiento de la democracia y de oposición a la entrada de España en la CEE:

Dicha interpretación obviaba que el rechazo a la entrada de España en la CEE por parte de la oposición reunida en Múnich tenía exclusivamente un carácter transitorio e instrumental, con el objetivo de propiciar el aislamiento y el deterioro político del régimen. Para los comunistas españoles, por el contrario, dicho rechazo representaba un aspecto esencial de su política que a la fuerza tenía que condicionar, junto a otras razones, su separación del resto de fuerzas de la oposición más allá del indudable anticomunismo que, por razones de alineamiento internacional con el bloque occidental, caracterizaba a la mayoría de dichas fuerzas. No dejaba de resultar paradójico que, a pesar de dicha exclusión, el «contubernio» fuera utilizado propagandísticamente por el régimen como una maniobra antiespañola producto de una conspiración comunista si bien era cierto, como desde el propio PCE se argumentaba, que existía una coincidencia con las exigencias democráticas postuladas en Múnich para la admisión de España en la CEE, aunque se discrepara en la valoración favorable del Mercado Común:

El aislamiento frente al resto de la oposición a Franco no hizo variar de momento, tras el episodio de Múnich, las posiciones antieuropeístas del PCE. El anclaje en la doctrina del capitalismo monopolista de Estado y la perspectiva de la revolución democrática «antifeudal y antimonopolista» como necesaria alternativa al régimen franquista impedía percibir las aceleradas transformaciones sociales y económicas que desde 1959 se estaban produciendo en España. No obstante, a pesar de su petrificación ideológica, la penetración en los sindicatos oficiales y en los movimientos reivindicativos y la actuación política en difíciles condiciones de clandestinidad iban a proporcionar al PCE un destacado protagonismo en la oposición y su conversión por antonomasia en el «partido del antifranquismo» (​Molinero, C. e Ysás, P. (2004). El partido del antifranquismo (1956-‍1977). En Historia del PCE. I Congreso, 1920-‍1977 (vol. 2, pp. 13-‍32). Oviedo: FMI.Molinero e Ysás, 2004: 13-‍32). La detención en 1962 del dirigente comunista Julián Grimau y su posterior ejecución en 1963, tras una farsa de juicio que concitó una amplia repulsa internacional, dieron también al PCE una resonancia interna que servía para afianzar y ampliar su respaldo social como partido de oposición a Franco.

La cuestión europea continuaba, sin embargo, dificultando al PCE, tras el episodio de Múnich, un posible entendimiento con el resto «de las fuerzas de la oposición burguesas y socialistas», por más que estas estuvieran proponiendo un programa de alternativa política a la dictadura muy similar al suyo. Esa alternativa política se habría fraguado en Múnich, según el PCE, como un «intento de presentar una salida [del régimen] sin los comunistas, una salida amparada por la Europa del Mercado Común»^[47]. Junto a esa percepción de la CEE, todavía condicionada en gran parte por una visión de la misma como instrumento del anticomunismo, primaba una visión del desarrollo económico español, que estarían propiciando los sectores liberalizadores del régimen, como una vía aquejada de una contradicción interna cuya aplicación llevaba inevitablemente al deterioro de la situación social y económica en España. Se consideraba, sin percibir los cambios que desde 1959 se estaban produciendo, que las medidas estabilizadoras iban encaminadas a un fracaso que deslegitimaba a la «oligarquía» y que dicho fracaso tampoco podría ser paliado, como esta intentaba, mediante una integración en la CEE que ampliase los mercados, ya que ello supondría también un grave perjuicio para España:

El análisis teórico y político sobre esa supuesta imposibilidad de la «oligarquía» para solventar la contradicción económica que atenazaba al régimen, y que solo podría resolverse mediante la «revolución democrática», iba a provocar desde finales de marzo de 1964 una fractura interna en la dirección del PCE que se sumaba a las problemáticas relaciones de la organización comunista con el resto de la oposición evidenciadas en Múnich. El escenario se trasladaba ahora a la ciudad de Praga, en cuyo antiguo castillo de los reyes de Bohemia^[49] se desarrolló una reunión del Comité Ejecutivo en la que se inició una seria divergencia entre la mayoría de la dirección y un reducido grupo de dirigentes y militantes encabezado por Fernando Claudín^[50].

Las posiciones críticas de Claudín se centraban en el error de análisis que suponía confundir e identificar las formas fascistas de poder que anteriormente habían sido necesarias para el desarrollo por la vía monopolista del capitalismo español con ese propio desarrollo. Dichas formas fascistas habían entrado, según Claudín, en un proceso gradual de liquidación mientras que el capitalismo, como tal sistema social, se había fortalecido y perfeccionado. Aunque en su crítica sobre una «ilusoria» revolución democrática como instrumento para conseguir el derrocamiento del régimen de Franco Claudín no cuestionaba la doctrina del «capitalismo monopolista de Estado» ni la apuesta por una futura revolución socialista, sí planteaba que este podía ser compatible con formas políticas democráticas similares a las de los países europeos occidentales y que una estrategia realista de oposición debía tener en cuenta dicha circunstancia. Desde esta perspectiva la «cuestión europea» debía plantearse de forma distinta a como lo hacía la dirección comunista para «precisar las condiciones económicas que harían beneficiosa una asociación con el Mercado Común», mientras España siguiera siendo un Estado capitalista, y colaborar en «la elaboración de una estrategia común de la clase obrera de los países de la CEE» (​Claudín, F. (1978). Documentos de una divergencia comunista. Barcelona: El Viejo Topo.Claudín, 1978: 170-‍171). El análisis de Claudín sobre las relaciones con el Partido Socialista y otras fuerzas políticas de la oposición hacía también hincapié en las dificultades planteadas por la orientación occidental de dichas fuerzas en las que dominaba la perspectiva de una evolución democrática a la europea.

La reacción de la mayoría de la dirección comunista, agrupada en torno a Santiago Carrillo, cerró filas contra Claudín y otros «divergentes» y se reafirmó en su rechazo de la integración europea como instrumento de un capitalismo monopolista dispuesto incluso a acabar con las libertades y la democracia política:

V. HACIA EL VIRAJE «EUROPEÍSTA»[Subir]

A pesar del rechazo de las posiciones de Claudín, la divergencia comunista de 1964 dio origen en la práctica, paradójicamente, a una progresiva aceptación implícita de sus análisis sobre la situación española y también, por consiguiente, a un progresivo cambio en la actitud hacia la integración europea. Ya en 1964, tras la liquidación de la divergencia «claudinista», puede observarse una cierta inflexión en el total rechazo anterior a la CEE para dar paso a un planteamiento en el que predominaba la defensa del interés económico nacional y el aprovechamiento de las posibilidades que podría ofrecer la integración para una futura España democrática:

De ser un instrumento creado por el capitalismo monopolista con la intención de perpetuar su dominación, la CEE pasaba a ser el resultado de «una corriente universal objetiva hacia la integración de los mercados» a la que España no podía sustraerse. El nivel de desarrollo alcanzado «por las fuerzas productivas» era el que exigía la ampliación de los espacios económicos y «la integración de los mercados en sus múltiples formas»^[53]. El régimen de Franco se convertía así, ante esa necesidad objetiva, en un serio obstáculo para el porvenir de España que evidenciaba su carácter antinacional más allá de «reivindicaciones de clase» o de «posiciones» de uno u otro «sector político»:

En el giro del análisis sobre la situación económica y la cuestión europea que se estaba operando en el PCE cobró especial relevancia la aparición en 1967 del libro Un futuro para España: la democracia económica y política ^[55]. Se trataba de una obra colectiva auspiciada por el propio Santiago Carrillo que, sin reflejar oficialmente los planteamientos del comunismo español, constituía un amplio estudio de la situación social, económica y política de la España del momento en el marco de las resoluciones del VII Congreso del PCE de 1965^[56], aunque trascendiéndolas en muchos aspectos como un proyecto abierto al debate. Las páginas dedicadas a Europa en dicha obra significaban un indudable cambio de perspectiva sobre la aproximación a la CEE que estaban abriendo las negociaciones para la consecución de un acuerdo comercial preferente (​Senante, H. C. (2006). España ante la integración europea: el primer acercamiento. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.Senante, 2006: 153 ss.). El foco de atención no era ya el cuestionamiento de dicha aproximación sino el perjuicio que podía causar al interés nacional la debilidad negociadora de España como consecuencia de la no homologación democrática del régimen^[57]. La participación de España en la integración de una Europa democrática se consideraba ahora algo deseable a pesar de que dicha integración se produjese en el marco del «neocapitalismo». Se subrayaba también que el Mercado Común no habría de tener siempre el mismo carácter, ya que en los países comunitarios existían fuerzas de «carácter socialista y democrático» con creciente capacidad para influir en la orientación futura de la integración que se verían reforzadas con la incorporación de España a Europa^[58].

El giro que desde 1965 se iba a producir en la visión comunista de la integración europea coincidía en el fondo con las tesis de Claudín. A pesar del mantenimiento retórico de la línea política anterior y de las posiciones de Carrillo, la fuerza de los hechos daba la razón al diagnóstico que aquel había venido realizando sobre la situación social y económica de España y sobre el previsible apoyo internacional a una «liquidación del franquismo y al paso a una nueva forma política de poder» que, auspiciada por los sectores liberalizadores del régimen, se encaminaría a «obtener para el capitalismo español una base internacional más amplia y sólida, [y] una apertura al Mercado Común» (​Claudín, F. (1964). La política exterior del gobierno de Franco. Nuestra Bandera, 38, 19-‍27.Claudín, 1964: 26).

La propia evolución de la economía española y el desarrollo de los países comunitarios hacían imposible ya el «autoengaño» sobre las consecuencias negativas para España de la liberalización o sobre el deterioro de la situación de la clase obrera europea que supuestamente estaba produciendo el proceso de integración. Otras razones de orden internacional propiciaban también una independencia de criterio respecto a la Unión Soviética (​Erice, F. (2014). Santiago Carrillo y el partido del antifranquismo (1955-‍1975). Historia del Presente, 24, 43-‍57.Erice, 2014: 50 ss.) y posibilitaban una menor rigidez en el alineamiento incondicional con las posiciones del «centro dirigente», gracias a la distensión entre las dos superpotencias desde finales de los años sesenta y a la orientación de Alemania hacia la ostpolitik iniciada por el canciller Kiesinger y culminada por Willy Brandt a partir de 1970. La invasión de Checoslovaquia en el verano de 1968 y el fin de la «Primavera de Praga» suponían en ese contexto un punto de no retorno en el progresivo alejamiento de la Unión Soviética por parte de algunos partidos comunistas occidentales (​Pons, S. (2006). Berlingüer e la fine del comunismo. Torino: Giulio Einaudi.Pons, 2006: 17; ​Höbel, A. (2008). El PCI en el movimiento comunista, el 68 checoslovaco y la relación con el PCUS. En G. Pala y T. Nencioni (eds.). El inicio del fin del mito soviético. Madrid: El Viejo Topo.Höbel, 2008: 67-‍89) que, como el español, se inscribirían posteriormente en el denominado «eurocomunismo» (Pala y Nencioni, 2008: 139-‍201). La influencia del PCI en el comunismo español resultó sin duda, en ese nuevo marco, muy significativa para el cambio de orientación de la política europea del PCE durante esos años (​Treglia, E. (2015). El PCE y el movimiento comunista internacional (1969-‍1977). Cuadernos de Historia Contemporánea, 37, 225-‍255. Disponible en: https://doi.org/10.5209/rev_chco.2015.v37.50993.Treglia, 2015: 232) y lo mismo podría decirse del proceso de acercamiento entre comunistas y socialistas franceses que desembocó en el programa común de gobierno de 1972^[59].

El cambio cultural de la España de los sesenta empujaba también hacia un viraje proeuropeo. El PCE se estaba nutriendo de nuevas generaciones y conseguía apoyo en nuevos sectores sociales —en gran parte bastante cualificados profesional e intelectualmente y muy alejados de la cultura política tradicional del comunismo— que encontraban en dicho partido, por su neto antifranquismo, un vehículo para el desarrollo de movimientos reivindicativos con una gran carga de oposición a la dictadura. La principal motivación de dichos sectores era la consecución de una España en libertad que, en su deseable homologación a las democracias occidentales, difícilmente podía concebirse al margen del proyecto de unidad europea. Esa era también la aspiración de una gran parte de la intelectualidad española, en el interior y en el exilio, y de la mayor parte de la opinión pública desde finales de los sesenta cuyo creciente europeísmo, como signo de modernización y desarrollo, podía chocar con las posiciones de total rechazo a la integración comunitaria mantenidas anteriormente por el comunismo español.

En el VIII Congreso del PCE celebrado en 1972 quedó consagrada oficialmente la nueva orientación, dando la impresión de que esta respondía a un viraje exclusivamente táctico exigido por la circunstancias. Se sostenía ahora que, en condiciones democráticas, el PCE apoyaría un acuerdo con la CEE que permitiera ir progresando en la cooperación con esta «a medida que las estructuras económicas [de España] se ren[ovasen] y alcan[zasen] la competitividad necesaria» (​Carrillo, S. (1972). Hacia la libertad, Informe al VIII Congreso del PCE. París: Editions Sociales.Carrillo, 1972: 23). Se asumía incluso que de fracasar en su momento esa integración progresiva en la Europa comunitaria las consecuencias sociales y económicas serían muy dañinas para España creándose grandes dificultades en los distintos sectores de la economía y en el mantenimiento del empleo. Inhibirse ante la integración o rechazarla podía significar para el PCE cargar con una parte de culpa por dichas dificultades, lo que podría ser aprovechado en su contra «desde muchos ángulos políticos [que] se levantar[ían] apuntando con el dedo al Partido Comunista como responsable» de una «posición retrógrada» (​Gómez, J. (1972). Sobre el mercado común europeo. En VIII Congreso del PCE. Bucarest: Empresa Poligráfica «13 de diciembre de 1918».Gómez, 1972: 214).

VI. CONCLUSIONES[Subir]

El viraje comunista en la percepción de la CEE desde finales de la década de 1960 puso en evidencia las dificultades que para su propia praxis política interna habían supuesto sus posiciones anteriores sobre la integración europea. La evolución de dichas posiciones durante los años analizados puede ser explicada por la interacción de varios factores, tanto externos como internos, que la condicionaron. Alejada España durante los años cincuenta del contexto europeo, prevalecieron en el discurso comunista unos postulados marcadamente ideologizados y ajenos a las potencialidades del proceso integrador al que se contemplaba, casi exclusivamente, como una cuestión de política internacional en el marco de la Guerra Fría y una creación intencionada del capitalismo monopolista con la que agudizar la explotación de las clases trabajadoras. Los cambios derivados de la liberalización económica del régimen y de sus intentos de acercamiento a la CEE introdujeron en el planteamiento del PCE una mayor atención a la vertiente económica del proceso comunitario, aunque todavía muy condicionado por la visión soviética del mismo, según la cual se trataba de una experiencia efímera, de una especie de convenio económico temporal que sucumbiría como consecuencia de las rivalidades interimperialistas. Posteriormente, como consecuencia de la favorable evolución económica de España en comparación con la etapa autárquica y de la evidente consolidación de la CEE, el rechazo de la integración cedió el paso a una interpretación de esta como un resultado objetivo e inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que obligaba, ante el acercamiento de España a Europa, a una defensa de los intereses económicos nacionales que el régimen franquista no podía garantizar por su ilegitimidad democrática. Finalmente, otros factores de índole externa, como el distanciamiento de la Unión Soviética tras la invasión de Checoslovaquia o la actitud de otros partidos comunistas —especialmente el italiano— (​Battistelli, R. (2014). L’Europeismo del PCI. SinistrainEuropa.it, 2-6-2014. Disponible en: http://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/leuropeismo-pci/.Battistelli, 2014), propiciaron un viraje significativo en su planteamiento ante la integración. La incorporación al proceso integrador pasaba a ser para el PCE una necesidad para el propio desarrollo de la economía española, en un contexto de internacionalización de los mercados, y una oportunidad como marco de una acción conjunta con otros partidos obreros de la Europa comunitaria para su transformación hacia el socialismo.

Otros condicionantes, ligados a la propia estrategia comunista, contribuyen también a explicar ese viraje final favorable a la integración y al abandono de planteamientos más acordes con una ideología anticapitalista sobre dicha cuestión. De hecho, ese viraje se acomodaba mucho más a las posiciones que desde años atrás había venido manteniendo el comunismo español en su política de oposición al régimen y en su estrategia hacia la democracia para configurarse como un partido de amplia base social. El dilema entre el mantenimiento de la pureza ideológica y el pragmatismo necesario para la acción política había sido resuelto, en efecto, por el PCE para su política interna a favor de este último mediante el giro que había supuesto la política de reconciliación nacional. En el caso de la política europea, al igual que en otros partidos comunistas occidentales, la resolución de dicho dilema estuvo condicionada (​Charalambous, G. (2013). European Integration and the Communism Dilemma. Farnham: Ashgate.Charalambous, 2013: 15-‍34), sin embargo, por el indudable hecho de que la integración consolidaba el marco capitalista de las democracias de la Europa del oeste y de que su rechazo constituía además una piedra de toque para la lealtad hacia la Unión Soviética. El mantenimiento de la intransigencia doctrinal en la cuestión europea acarreaba así serias dificultades, de imprescindible resolución para el comunismo español, en cuestiones clave de su política interna: la posible vertebración unitaria de la oposición a Franco^[60] y el empeño por extender su influencia en amplias capas sociales para emerger, ante un futuro cambio político, como un auténtico partido de masas (​Gallego, I. (1970). El partido de masas que necesitamos. París: Éditions Sociales.Gallego, 1970). El pragmatismo —o lo que los detractores de la nueva orientación denominarían «oportunismo»— acabó así finalmente imponiéndose en el momento en que comenzaron a debilitarse los lazos con el centro dirigente y cuando los efectos estructurantes de la consolidación del proceso comunitario comenzaron también a condicionar el comportamiento de los actores nacionales. Otros acontecimientos y procesos posteriores, europeos y españoles, contribuyeron finalmente a abrir una nueva etapa en la política europea del PCE en el marco de los cambios y adaptaciones que durante la segunda mitad de la década de 1970 definieron, con el denominado eurocomunismo, un nuevo rumbo para una gran parte de los partidos comunistas de Europa occidental (​Forner, S. y Senante, H. (2015). La crisis del comunismo en Europa occidental. Historia y Política, 33, 303-‍331.Forner y Senante, 2015: 306 ss.).