PENSAMIENTO POLÍTICO FEDERAL ESPAÑOL: AZAOLA, SOLÉ TURA, TRUJILLO

1.1. La democracia del detalle. El centralismo. Región y provincia. El diseño constitucional de la descentralización. La construcción de Europa[Subir]

Los dos objetos temáticos del pensamiento de Azaola a que antes nos referíamos se encuentran relacionados, pues muchas de las tesis y la propia actitud de Azaola ante el tema de la regionalización proceden de su valoración del autogobierno vasco, lo que él entiende que es la descentralización típica vasca, esto es, el sistema político administrativo foral.

Azaola publica su libro importante, Vasconia, en 1972. Ahí aparece el primer volumen. El segundo volumen, o la segunda parte que tiene dos tomos, en 1976. Azaola está más preocupado por la suerte y el reconocimiento de las entidades, que integran el Estado, que de la propia organización del Estado descentralizado. Esto me parece que tiene interés decirlo. Su enfoque se centra más en el proceso de descentralización y el reconocimiento del autogobierno a las unidades integrantes del conjunto que a la organización general común. Podríamos apuntar entonces que Azaola tiene en la cabeza más un federalismo de descentralización que de integración, subrayando más las necesidades de afirmación de los miembros que las exigencias de unión del conjunto.

Azaola es partidario de la descentralización, de lo que entiende por democracia del detalle. Una democracia que reconoce la participación a los ciudadanos, y persigue su implicación en el proceso político, de manera que no se limiten a contemplar como espectadores la actividad política, sino que se comprometan como protagonistas en cada nivel correspondiente. Hay una triple justificación de esa forma de gobierno descentralizada. En primer lugar, una justificación filosófica, pues la participación en la política corresponde a la condición social de la persona. La vida política en estos escalones inferiores es el ámbito en el que se incluye el ciudadano, participación especialmente indicada en momentos difíciles de la vida de la comunidad o del proceso social. También por razones éticas, pues la participación es congruente con la dignidad de la persona, según una idea aristotélica, clásica, que Azaola asume gustosamente. La persona no se realiza como tal sino en la acción política, casi al modo de Arendt, la forma más noble de existir. El hombre, efectivamente, es, desde este punto de vista, también para Azaola, un animal político. Además, la democracia del detalle o democracia local se destaca también por su eficiencia. Es decir, es bueno que las personas participen en aquellas cosas de las que entienden, que son las cosas que tienen próximas. Es una manera de asegurar la eficiencia de la actividad pública.

Además, Azaola está en contra de los peligros que él ve en lo abstracto. Dice que lo abstracto lleva al dogmatismo y a la intolerancia, e incluso, en su caso, a la violencia. Acoge la idea de Tocqueville de que es en la vida local donde se forman los verdaderos ciudadanos. Y llama la atención sobre el hecho de que la democracia existe donde hay una vida local plena. Los países, dice él, «donde tradicionalmente se respetan las libertades locales, Suiza, Escandinavia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, algunas zonas de Alemania, son también aquellos donde mejor garantizados se han visto al correr de los tiempos los derechos políticos de los ciudadanos, y donde más sólidas son las estructuras democráticas del Estado».

La afirmación de la descentralización regional, o democracia al detalle, exige acabar con el centralismo. Y aquí Azaola ejemplifica el centralismo como enemigo, precisamente, de una vida política plena, de la democracia de detalle, en Francia, y en el caso español, en Madrid. Es curioso lo que Azaola dice al respecto. Azaola mantiene una actitud un poco ambigua respecto a Francia. Reconoce que la cultura francesa es una cultura refinada, pues sabe, en definitiva, lo que ha supuesto en el progreso de la humanidad la aportación de la Ilustración. Ha pasado tiempo en París. Azaola fue traductor, como se ha señalado, en la Unesco y, trabajando en el Instituto Español del Libro, residió en París. Pero, dice, en Francia, el Estado agota a la sociedad. Es decir, el centralismo en Francia, quiere decir colbertismo, significa, en definitiva, dirigismo. Realmente, el sistema político francés en todas sus fases adopta un esquema que anula las potencialidades de la sociedad. En Francia, el Estado, cree, ha asfixiado a la sociedad.

España, cuando copia cosas de Francia, tiende también a importar esta idea asfixiante del Estado. Pasó ya en la Edad Media con Cluny, y pasa, sobre todo en el siglo xviii, en la monarquía del Antiguo Régimen, y especialmente en el xix. El xix para Azaola es un siglo en el que los dirigentes políticos españoles se han inspirado en Francia, ateniéndose su modelo político a la Revolución. Se trata de un Estado que sujeta y esclaviza a la sociedad, en vez de, en un sentido inverso, que la sociedad se sirva de él. Propagándose «un patriotismo que degenera en nacionalismo» y «un unitarismo artificial que, para imponerse, tiene que acentuar la centralización y entronizar la burocracia» (tomo I: 110).

Cuando traslada ese rechazo del centralismo al caso español, Azaola piensa en Madrid. Quizá por esta razón, al final de su vida, los últimos años prefiere para vivir Alcalá. De Madrid tiene una idea muy curiosa. Cree que Madrid agota a Castilla, «chupando», dice, de toda España. Tiene la convicción de que el gigantismo de Madrid causa, en fin, la anorexia de Castilla la Nueva. En el año 2000 —escribe en 1976— tendría 12 000 000 de habitantes. De ahí que insista en la idea de que hay que desmochar Madrid. Es decir, hay que abandonar Madrid y, como ocurrió en Brasil, construir una capital administrativa, a la que habría que llevar, efectivamente, todos los servicios de la Administración. Se impone la división de la capital y separar su parte administrativa, su Brasilia, y llevarla a 100 o 200 kilómetros. Esto ha de aligerarla «de una carga que empieza ya a pesar gravemente sobre los hombros de los madrileños y el resto de los españoles, obligados a financiar a través del impuesto, los enormes despilfarros a que conduce el mastodontismo urbano». Y Azaola lleva a cabo una descripción de los alrededores de Madrid, que parece de La Busca de Baroja: «Cuando el madrileño sale de su villa, no encuentra nada. Recorre kilómetros y kilómetros de desierto, interrumpido de cuando en cuando por un villorrio insignificante, por una vieja ciudad aletargada, de reducidas dimensiones, y de espíritu más reducido todavía. O por una aglomeración desangelada, satélite de la propia capital. Nada de lo cual cuenta, como es lógico, a sus ojos».

Hay un tópico en el pensamiento de Azaola que tiene interés, que es el de la provincia. Azaola cree que el sujeto político en el que hay que cifrar las esperanzas de la regeneración política es la región, pero no comparte la idea desdeñosa de la provincia, denunciando su artificialidad. En ese sentido, contrapone la provincia francesa, que es una demarcación establecida con mentalidad de burócrata, dibujada con cartabón; y lo que es la provincia española, que en buena parte de los casos tiene una cierta identidad territorial que podría permitir basar sobre ella una propia vida política. Por supuesto, lo que hay en esta consideración de la provincia, nuevamente, es una huella del aprecio que él tiene a las provincias o a los territorios históricos del País Vasco y de Navarra. Esta reconsideración positiva de la provincia se apunta a la idea orteguiana de las comarcas, de las regiones. Tales núcleos servirían a los ciudadanos, según Ortega, para apasionarse y entrenarse en la política, aunque no comparta la visión algo abstracta del filósofo madrileño de los problemas políticos, que juzga doctrinaria y demasiado sistemática. Cuando Azaola explica a Ortega, no tiene en cuenta la contraposición de la idea de la regionalización española de Azaña, en contraste con Ortega. Y tampoco Azaola capta el acierto de Ortega, verdaderamente extraordinario, de identificar el federalismo, entendiendo por federalismo una descentralización generalizada, con la democracia.

Hay algunas reflexiones interesantes de Azaola sobre la configuración de la región. Unas reflexiones que dan cuenta de la idea que él tiene de la región como la suma de tres factores: la existencia de unos determinados datos geográficos e históricos; la asunción de esa realidad territorial, que es la región; y una decisión democrática sobre la misma. Las regiones, determinadas democráticamente, «son un producto de la historia y de la geografía, de las condiciones económicas y de la vecindad, de la voluntad de vivir en común y de trabajar juntos sus habitantes, y de unas concepciones y unas aspiraciones sólidas y compartidas» (‍Azaola, J. M. (1972 y 1977). Vasconia y su destino. Madrid: Revista de Occidente.Azaola, 1972: 463).

Tiene interés también lo que Azaola señala sobre la estructura interna de la región. Contrapone la región que tiene un centro, esto es, una capital que vive de ella. Es el caso de Madrid, con Castilla la Nueva; o es el caso de Barcelona con Cataluña. Supongo que podría haber dicho también el caso de Zaragoza con Aragón, o de Sevilla con Andalucía. Y otra estructura de la región, que él cree que es preferible, que es la estructura radial, una estructura con varios centros, de parecida entidad numérica, y que está dispuesta a aceptar más que una capital, una rectoría. Azaola está pensando en el País Vasco. El País Vasco como región, con esta estructura radial de capitales de provincia que van de los 150 000 a los 300 000 habitantes, y en donde se reconoce una supremacía casi simbólica, lo que él llama «rectoría», la cabecera de Bilbao. Se trata de «una solución mucho más favorable y deseable que no una sola ciudad de 800 000 o un millón de habitantes, en cuyas proximidades no hay sino pequeños centros mal surtidos de servicios».

Dediquemos algo de tiempo a la prefiguración que Azaola hace de lo que será el diseño constitucional, que realmente es asombrosa por su exactitud. El maestro García de Enterría ha sugerido que Ortega es el padre del título VIII de la Constitución. Es Azaola. La primera afirmación de Azaola considera a la regionalización un proceso imparable: obedece al principio de emulación, que ha de impedir que ninguna parte del territorio nacional se quede al margen, como ya ocurrió en la Segunda República, pues cuando estalla la guerra, se están preparando Estatutos de autonomía en Aragón, en Valencia, en Andalucía, etc. Incluso, señala con sagacidad nuestro autor, el proceso hubiese afectado a la época de la Restauración, pues de no haberse producido el golpe de Primo de Rivera habría habido un Estatuto de Cataluña, convirtiéndose la Mancomunidad en una comunidad o región autónoma, y eso se hubiese extendido como la pólvora. Siendo la regionalización un fenómeno o proceso generalizado, se evitará la división entre lo que Ortega llamó la «España arisca», y todas las demás regiones.

Segunda afirmación que hace Azaola: hay diferentes tipos de regionalización, hablemos de un Estado federal o o de otras posibles formas federativas. Se apunta así a la idea del pluriformismo de los fenómenos federales. Como dice Lenaerst, el federalismo tiene muchos rostros, y esto también lo establece claramente Azaola.

En tercer lugar, Azaola defiende una base constitucional de la regionalización, que asegurará su generalización y una cierta homogenización. Es partidario, efectivamente, de una regionalización que se contemple y se decida en el nivel constitucional. «La institucionalización de las regiones debe, pues [escribía Azaola], ser objeto de una decisión lo más sencilla, lo más coherente, lo menos fraccionada en el tiempo, lo más uniforme en el espacio, que sea posible» (‍Azaola, J. M. (1972 y 1977). Vasconia y su destino. Madrid: Revista de Occidente.1972: 477).

La base constitucional de la regionalización llevará a su extensión nacional, pero con una matización bien importante. La descentralización se asume sobre la igualdad jurídica de todos los componentes territoriales del Estado, lo que no equivale —subrayo— a su igualdad efectiva. La asimetría se desarrolla entonces con plena legitimidad en el plano de la realidad, fuera del orden prescriptivo. Esta es la cita de Vasconia: «Todas las regiones de España deben tener iguales facultades en un régimen de descentralización generalizada, aunque, como es natural, cada una de ellas usará, llegado el caso, de tales facultades, en forma y con una amplitud diferentes, ateniéndose a las propias circunstancias». Es decir, la asimetría no puede ser una asimetría jurídica, sino de facto, pues la igualdad prescriptiva de todas las comunidades ha de ser la norma. Esto lo dice Azaola, en 1972.

Penúltima tesis interesante de Azaola: fiel a su idea de democracia descentralizada o de detalle, nuestro autor, de acuerdo con el relieve que la vida local adquiere en los sistemas descentralizados europeos, insiste en la necesidad de la consagración constitucional de la autonomía municipal y provincial. No se trata de un reconocimiento retórico, pues acompañando a la garantía institucional en cuestión han de figurar las libertades locales concretas en que se plasma tal autonomía, y el procedimiento de salvaguardarlas.

Con extraordinaria lucidez, por último, y sin duda utilizando su experiencia como funcionario internacional y su conocimiento de la vida política europea, repara en la simultaneidad de la regionalización de España con la construcción de Europa. Azaola no llama la atención sobre el tópico del despojo de soberanía del Estado que tal proceso implicaba, sino que penetrantemente alude al peso de los Estados y las regiones en la nueva forma política en constitución. Ni Europa es un mega-Estado ni las regiones son sus elementos integrantes. Europa no puede edificarse sobre el modelo de los Estados, que son, no obstante, su base constitutiva y operativa.

Necesariamente la unidad base de Europa no son las regiones sino los Estados. Desintegrados estos, Europa se desquiciaría: quedaría atomizada, dividida en cien entes minúsculos, cuyos microorganismos son tan peligrosos y aberrantes como los macronacionalismos, que hoy están retrasando el advenimiento de la unidad continental. Sin duda, añade Azaola, «la Europa unida y fuerte del porvenir debe basarse jurídicamente y políticamente en la unión de los Estados» (‍Azaola, J. M. (1972 y 1977). Vasconia y su destino. Madrid: Revista de Occidente.1972: 533).

2.1. El pluralismo como rasgo constitutivo. El mundo espiritual vasco: lengua, religión y sexo. La idea de los fueros. La crisis liberal del régimen foral[Subir]

Por lo que se refiere a su idea del País Vasco, la misma es muy tributaria del grupo generacional al que corresponde, de manera que el tomo II de su Vasconia, que es donde queda principalmente reflejada, es un diálogo con sus amigos Caro, Michelena, Arocena y Arteche. Hay, no obstante, alguna singularidad en sus planteamientos y, sobre todo, una especialización o insistencia en la visión histórica del País Vasco, atinente especialmente al foralismo.

Su punto de partida consiste en su insistencia en el pluralismo como rasgo constitutivo del País Vasco, rasgo que Azaola ha subrayado con anterioridad a Juan Pablo Fusi. El País Vasco queda definido como «verdadero mosaico», caracterizado por «la proliferación de singularidades y particularismos». Esta complejidad es de todo tipo; geográfica: la Vasconia atlántica y la del interior; social: urbana y rural; de mentalidad: tradicionalista y dinámica. Sin una capital que dirigiese su vida, se trata de un verdadero poliedro desde el punto de vista religioso, ideológico, político. Cierto que es indudable la existencia de una unidad subyacente dotada de originalidad y coherencia suficientes, que no contradice la variedad institucional desde el punto de vista territorial. Su Vasconia (el País Vasco navarro o Euskalerria) está integrada por las cuatro provincias españolas y las tres francesas. Pero, según Azaola, el hecho de que el País Vasco sea una unidad coherente en lo cultural, a pesar de su variedad, no quiere decir que esto tenga una correspondencia política. Incluso es inconveniente que tenga una correspondencia política. Hay unidades culturales —dice él— que se corresponden con diversos Estados, y al contrario, diversos Estados que asumen diferentes coberturas políticas. Se supera así la ecuación típica del pensamiento nacionalista, entre base territorial homogénea, y estructura o superestructura política compartida. Azaola no acepta que una cosa siga necesariamente a la otra.

La reflexión sobre el mundo espiritual vasco se dirige a la lengua, la religión y los fueros. Tiene sentido recordar la lucidez con la que Azaola reconoce carácter propio en el País Vasco al castellano. Mientras que el euskera es la lengua privativa u originaria de los vascos, el castellano, que es un idioma cuña entre los romances de la península —en el este, el catalán; en el oeste, el gallego, el leonés y el portugués—, en cuanto cuerpo extraño o anomalía, es una lengua propia o que lleva el sello vasco. Azaola no utiliza la expresión, tan hermosa, de Michelena, Gaztelania ere hemengoa da (El castellano también es de aquí), pero la idea es la misma. Hay lenguas privativas y lenguas propias. El vasco es lengua privativa pero el castellano también es lengua propia del País Vasco.

Según Azaola, la religiosidad vasca es eminentemente práctica, por tanto, moral más que especulativa o teológica. Por lo que se refiere al mundo rural, es básica su contribución a la sedimentación familiar, lo que da cuenta de su extremosidad en lo sexual. Se trata de una religiosidad exigente, rigorista, puritana, pero no tanto por mor de la ortodoxia como por razones funcionales.

En el caso de la religiosidad popular se incurre en la extremosidad en lo sexual. «No es que el vasco sea (yo por lo menos no pienso que sea) menos lujurioso que cualquier pueblo vecino suyo; pero se me ocurre que la lujuria es el pecado que más directamente afecta a la solidez y a la seguridad de una institución que para él es excepcionalmente sagrada: la familia». En el caso de la religiosidad urbana, la religión aporta una justificación al esfuerzo económico, según confirma el puritanismo de los jesuitas, expresión afortunada del modo vasco de ser católico. La salvación individual es la coronación del éxito económico, que la anticipa en este mundo, afirma weberianamente Azaola. Paralelamente, la salvación, como se deduce del Libro de los Ejercicios de San Ignacio y la Constitución, es un negocio, el negocio del alma. Este credo, obviamente, conviene a la burguesía emprendedora vasca y explica el éxito de los religiosos que son los apóstoles de este mensaje.

La parte más interesante del pensamiento de Azaola sobre el País Vasco tiene que ver con su idea de los fueros. Nuestro autor identifica correctamente el régimen foral como un sistema de autogobierno político administrativo, procedente de la época estamental, que descansaba en el equilibrio entre las Juntas, como representación del territorio, y el Señor. Equilibrio que comprende determinados instrumentos de actuación de las Juntas sobre el Señor, y del Señor sobre las Juntas. Azaola subraya más la parte que tiene que ver con la posición en el sistema institucional total de las Juntas, así los fueros deben ser jurados por el monarca, y el derecho regio tiene que superar para su vigencia en las provincias el pase foral. A mi juicio, Azaola descuida un poco los otros elementos del sistema, que tienen que ver con el significado de la posición del Rey y de su representante en los diversos territorios, como ocurre en el caso de la protesta, que es el recurso de la minoría que ha sido derrotada en las Juntas ante el Señor. Se trata de una especie de control de la constitucionalidad, que lleva a cabo el corregidor en el sistema.

Es interesante la explicación que da Azaola del régimen foral, que ha superado el uniformismo de los Borbones, pues, frente a lo que ha pasado con los sistemas propios de otros territorios, así en la Corona de Aragón, después de la llegada de Felipe V, se conservan los fueros. Él da una explicación de la supervivencia foral doble, una explicación política y una explicación, vamos a decir, institucional o de buen gobierno. En primer lugar, el mantenimiento del sistema foral depende de la lealtad de los vascos en el cumplimiento de sus obligaciones respecto de sus señores naturales. Pero, en segundo lugar, Azaola subraya la importancia de algunos elementos institucionales del sistema. Sin duda el régimen foral constituía un sistema de gobierno bastante bien diseñado, es decir, en la forma política foral había unas tareas o funciones políticas mayores que corresponden al monarca: la guerra, las relaciones exteriores, la justicia; y otras labores menores que tienen que ver con la Administración o el fomento público. De las primeras, se encarga el Rey, o su representante, el corregidor; y de las otras, se encargan las Juntas o las diputaciones en Guipúzcoa y los regimientos en Vizcaya. La idea de Azaola del régimen foral se adecua bastante bien a la caracterización tradicional, con la que romperá la lectura soberanista del nacionalismo. Se trata de un régimen de autogobierno limitado y que no niega en última instancia al monarca la preeminencia, innegable en el horizonte ideológico de la monarquía absoluta.

Azaola es un liberal fuerista que en el fondo cree que, mediando un esfuerzo de acomodación o reactualización adecuado, no hay problemas de integración entre el sistema constitucional y el régimen foral. Piensa, como los buenos fueristas del siglo xix, que el tratamiento del liberalismo español del fuerismo no ha sido suficientemente generoso. Para Azaola el modelo foral es la Ley Paccionada navarra de 1841, que guarda las instituciones representativas del Reino, al tiempo que atribuye al gobierno foral la vigilancia sobre el régimen local, con competencias económicas, etc. Y cree que ese debería haber sido el sistema que se tendría que haber observado en el caso del régimen foral en el siglo xix, en su conjunto una época desafortunada para el régimen foral vasco. Esta idea es discutible, pues en el fondo asume el desmantelamiento del régimen foral en el siglo xix, cuando se impone el mimetismo afrancesado y centralista que Azaola denuncia como sabemos. Sin duda en el siglo xix hay una quiebra del régimen foral, debida a un designio externo, pero sobre todo causada por problemas internos o deficiencias oligárquicas, aunadas al rechazo del mercado nacional. Así se explica que, en 1870, Bilbao, que tenía en el régimen foral la misma representación en las Juntas que Arrigorriaga, o que Plencia, con ocasión de su ensanche se sienta incomprendido por las Juntas, y las abandone. En Guipúzcoa, en el año 1832, es la ciudad, San Sebastián, la que quiere que la frontera vaya al mar, sea limítrofe con Francia y, efectivamente, ante la posición de la provincia al respecto, amenaza también con dejar las Juntas.

Tiendo a pensar más bien, de acuerdo con algunas aportaciones bibliográficas posteriores a la obra de Azaola, en la persistencia del régimen foral durante la mayor parte del siglo xix, a pesar del marco institucional ciertamente no fácil para el régimen político vasco, y la ideología unitaria de la época, que se corresponde a la debilidad del centralismo de nuestro liberalismo (‍Castells, L. y Cajal, A. (2009). La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-‍2008). Madrid: Marcial Pons.Castells y Cajal, 2009). Parte no pequeña en la explicación de la supervivencia foral ha de atribuirse a los mecanismos de influencia del liberalismo moderado vasco, principalmente en Madrid: me refiero a la actuación de algunos representantes «en Corte» de las provincias (los Egaña, Antón Luzuriaga, etc.) y la simpatía de las reinas por el País Vasco, bien correspondidas con la presencia permanente de sus nombres en las calles y edificios públicos de Bilbao y, especialmente, San Sebastián.

Hay dos últimas observaciones que subrayar en la exposición del planteamiento foral de Azaola. Azaola capta muy bien el significado de la Constitución de Cádiz, como ruptura explícita con el Antiguo Régimen e implantadora, por primera vez, de la homogeneidad institucional y los derechos de los españoles. Por otra parte, aparece un solicitante nuevo de la lealtad política de los españoles: es más abstracto, pero más exigente. Se trata de la nación española. Sin duda, entonces, en 1812 se cuestiona la especificidad foral como expresión hasta cierto punto de un dualismo político que la atribución de la soberanía a la nación no hacía posible.

La segunda observación de Azaola pretende llamar la atención sobre una deficiente incorporación de la élite vasca al sistema liberal español, que puede tomarse como sugestiva matización o interpretación sustitutiva al célebre triángulo de que hablara Vicens (cuyos vértices eran los propietarios castellano-andaluces, los laneros catalanes y los ferreteros vascos) como base del orden político decimonónico. Según Azaola no hay representación suficiente vasca en el sistema político español, como tampoco la hubo catalana (la incorporación de Ventosa y Cambó ya es tardía), al menos en su personal, monopolizado por una élite madrileña-andaluza, aunque haya gente, sobre todo guipuzcoana, como Joaquín María Ferrer, Egaña o como el duque de Mandas, don Fermín Lasala. «El vizcaíno, Victor de Chavarri, estaba sin duda destinado a cumplir esa función; pero murió prematuramente. Ningún vasco desempeña, en los días de Isabel II, de Alfonso XII y de la regencia de María Cristina de Habbsburgo, el papel que, en las postrimerías del antiguo régimen, había desempeñado el bilbaíno Mariano Luis de Urquijo, cuya prometedora carrera quedó truncada por la colaboración que prestó al intruso José Bonaparte» (‍Azaola, J. M. (1972 y 1977). Vasconia y su destino. Madrid: Revista de Occidente.Azaola, 1977: 351).

1.1. Catalanismo y Revolución burguesa. La idea de nación de Solé Tura y sus presupuestos[Subir]

La exposición del pensamiento político de Solé Tura^‍‍[4] puede comenzar con la consideración de su libro Catalanismo y Revolución burguesa, que fue su tesis doctoral, realizada bajo la dirección de Jiménez de Parga. Aparece en 1967 en catalán, y después en castellano, en la editorial Cuadernos para el Diálogo (en 1970). Con Jiménez de Parga Solé Tura mantuvo una relación muy cálida, pues siempre reconoció su magisterio, aunque las perspectivas intelectuales y académicas obviamente son muy diferentes en los dos casos. En realidad, no tiene nada de extraño que Solé Tura dedicase su tesis doctoral a la exposición canónica del nacionalismo catalán de Prat de la Riba. El nacionalismo es un tópico importante del pensamiento marxista y sin duda tenía una trascendencia considerable la utilización de este argumento en la movilización contra el franquismo que podría dar lugar a partidos o fuerzas en un futuro político democrático por venir. Solé Tura, según cuenta en sus memorias (‍Solé Tura, J. (1999). Una historia optimista.Memorias. Madrid: Aguilar.1999: 158-‍159), había redactado ya un informe sobre el problema nacional para el PSUC, o sea que, de algún modo, se trataba de incidir en un tema que le era familiar.

El libro fue acogido críticamente, porque se entendió por los nacionalistas que debilitaba la oposición al franquismo, al hacer una lectura de algún modo desmitificadora del catalanismo, al insistir en su presentación burguesa. Tampoco es recibido demasiado bien por algunos sectores intelectuales que piensan, por ejemplo el historiador Termes, que el significado del nacionalismo, al menos tras la revolución social de los años cuarenta del pasado siglo xix, tiene unos perfiles populares que permiten otra visión del catalanismo, que no es la que da Solé Tura, como un pensamiento correspondiente a la burguesía industrial o comercial, preferentemente. Jordi Solé Tura acusó el golpe, especialmente las críticas de algún nacionalista como Benet.

Pero, podemos preguntarnos, ¿estas críticas tenían justificación? En realidad, Solé Tura hace una exposición muy considerada de Prat de la Riba, del que alaba su talento intelectual y su capacidad política. Prat ofrece una formulación significativa del nacionalismo catalán, integrando diversos aportes limitados previos, proviniesen de la derecha o de la izquierda ideológica, y por lo demás en plena onda del nacionalismo romántico europeo y de algunas corrientes positivistas como el organicismo. Además, Solé Tura ofrece también una idea del talento organizativo de Prat, creador de la Lliga y presidente de la Mancomunitat de las diputaciones catalanas.

Lo que hace Prat, antes de nada, es proceder a una presentación sistemática y completa de la ideología nacional, además con la pretensión de utilizarla para la movilización política. Esta síntesis, dice Solé Tura, la lleva a cabo Prat de la Riba, especialmente en su libro sobre La nacionalitat catalana, a partir de diversos aportes anteriores, ciertamente sectoriales y concretos. Almirall podía resultar demasiado abstracto, los planteamientos de Torras o de Balmes, demasiado conservadores, representantes más bien de la visión rural de Cataluña. Quien lleva a cabo la síntesis e intenta una construcción ideológica con pretensión de conjunto es Prat de la Riba, alumbrando la idea total y verdaderamente nacional de Cataluña, reflejando su personalidad y descubriendo la estructura de su organismo. De otra parte, esta labor configuradora de Prat, advertíamos, se realiza en sintonía con el pensamiento europeo europeo, hablemos del historicismo de Savigny, Burke o Taine, o pensemos en otros autores positivistas u organicistas que nuestro personaje conoce perfectamente y a los que introduce efectivamente en la formulación de su pensamiento nacionalista.

Cierto que Solé Tura, al exponer el pensamiento de Prat, presenta una idea del catalanismo apegado a los intereses de la burguesía comercial e industrial^‍‍[5], pero con sus limitaciones políticas, que le llevaba a incurrir en contradicciones palmarias, pues a la postre no casaban sus propósitos regeneradores con su dependencia de Madrid, especialmente en los momentos críticos en que peligraba el orden público, por ejemplo, la Semana Trágica de 1909^‍‍[6].

El planteamiento de Prat de la Riba es intentar la regeneración del Estado español desde una Cataluña plenamente consciente de su personalidad y genio propio. Es decir, Prat de la Riba está pensando, sin veleidad separatista alguna, en una federación, como organización política española, a conformar según el modelo catalán, que Prat quiere que sea como Cataluña, más precisamente como cree que esta es o como pueda ser^‍‍[7].

Desde luego, Prat aprecia una diferencia importante entre lo que verdaderamente es Cataluña y lo que él cree es la verdadera naturaleza del Estado español. Se trata de dos órdenes diferentes —correspondientes a dos sociedades estructuralmente contrapuestas: dinámica y moderna la catalana, retardataria la española^‍‍[8]— y no solo en el plano organizativo, sino quizá en un nivel más profundo. Prat de la Riba denuncia el Estado liberal o el sistema político de la Restauración como un tinglado oligárquico y poco racional, asfixiante y con un parlamentarismo ineficiente… Pero hay también una pretensión de Prat, que es más seria, que apunta la diferencia cualitativa que hay entre lo que él cree que es el alma, o la personalidad catalana, y Castilla, de la que tiene, efectivamente, una visión peyorativa. No solo es que España está mal organizada, no solo que el parlamentarismo, efectivamente, es un sistema de gobierno que conlleva la oligarquía, la hipertrofia de los funcionarios, la duplicación de las administraciones, sino que, lo que insinúa Prat, es que el genio nacional espiritual catalán es superior a Castilla, y no puede aceptar una cobertura política con la que puede contentarse el resto de España. Esto parece obvio.

La ambivalencia que señala Solé Tura en el pensamiento de Prat resalta la contradicción entre la pretensión de regenerar, desde la diferencia, el Estado, a partir del ejemplo de Cataluña, con el reconocimiento de la imposibilidad de hacer esto, pues a la hora de la verdad, cuando hay problemas graves en la convivencia catalana que tienen que ver sobre todo con la garantía del orden público, la dirigencia acaba transigiendo. Esta es la contradicción, sobre la que Solé Tura llama la atención. Es decir, desde Cataluña, especialmente tras la pérdida de las colonias en el 98, se pide la rectoría del Estado, pero a la hora de la verdad hay una renuncia a esa pretensión de liderazgo, y se acaba aceptando el pacto con Madrid.

En realidad, el caso de Prat de la Riba ilustra la idea del nacionalismo que tiene Solé Tura (‍Solé Tura, J. (1975). Historiografía y nacionalismo, consideraciones sobre el concepto de nación. Boletín Informativo de la Fundacion Juan March, 42, 3-‍14.1975)^‍‍[9]. La nación para nuestro autor es la formación social propia de una realidad territorial diferenciada. En la nación, antes que nada, hay determinados datos o hechos diferenciales, cierto componente geográfico, cultural, económico, etc. Pero claro, la cuestión en el nacionalismo no son los datos de diferencia, sino la asunción de esa diferencia o conciencia, y sobre todo la trascendencia política de esa diferencia, esto es, adónde se quiere llegar en relación con el Estado en el que se está y en relación con el Estado que se pretende. La trascendencia política depende de los intereses de la clase social hegemónica en un momento^‍‍[10]. Si la clase social hegemónica cree que le conviene seguir en la posición en la que se está, entonces el nacionalismo, desde un punto de vista político, es inane. Ahora, si la clase hegemónica, sea la burguesía o los sectores populares, cree que tiene expectativas preferibles en la independencia, entonces, efectivamente, la relevancia del nacionalismo será obvia, y se superará una fase cultural para ir verdaderamente al nivel o plano político.

La verdad es que resulta interesante el análisis de Solé Tura leído en la actualidad. Primero, resalta la condición superestructural de la ideología nacionalista, como adhesión espiritual propia de una clase social, en el caso del catalanismo, por parte de la burguesía. Aunque es cierto que la correspondencia clasista, quiero decir a una clase concreta, pudiese variar con el tiempo y así la consecución de la hegemonía por las clases populares o el proletariado pudiese permitir pensar en un catalanismo no burgués. En esta perspectiva la oposición de Solé Tura y de Prat es obvia, pues Prat no hubiese admitido otro patrocinio, al menos hegemónico, que el de la clase burguesa para el catalanismo. El caso es que somos reacios a admitir la determinación social de la ideología, cuyos desarrollos mentales se producen con autonomía, o en cualquier caso no dependientes hasta el punto que creía Solé Tura, obediente sin duda a una concepción marxista, de su apropiaciónm por una clase concreta^‍‍[11]. Bien es cierto que en la instrumentalidad social de las ideologías han incurrido algunos historiadores, así, entre nosotros en concreto, se han realizado algunos esfuerzos por diferenciar a los euskalerriacos de los sabinianos, en cuanto primeras familias del nacionalismo vasco, ligando el foralismo más templado de los euskalerriacos a la pequeña burguesía, mientras que el independentismo más duro correspondería a los intereses gruesos de la burguesía vasca (‍Corcuera, J. (1979). Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-‍1904). Madrid: Siglo XXI.Corcuera, 1979).

La segunda sorpresa tiene que ver con la facilidad con que Solé Tura asume la denuncia de la oligarquización del sistema de la Restauración que lleva a cabo Prat. En no pequeña medida Solé Tura acepta la caracterización de la Restauración como un régimen esencialmente inepto y corrupto dominado por una clase social madrileña-andaluza que era imposible penetrar, obediente además absolutamente a los militares, que son los que establecen los márgenes del juego político. Prefiero la imagen de la Restauración que ha dado un autor como Francisco Ayala, esto es, la de un sistema que, a pesar de sus limitaciones y exclusiones, permitió un orden liberal con libertad de prensa, vida parlamentaria y unas garantías constitucionales que hicieron posible la vida civilizada en España al nivel de otros países europeos (‍Solozabal, J. J. (1997). Restauración, régimen constitucional y parlamentarismo. Claves de Razón Práctica, 77, 16-‍23.Solozabal, 1997: 16-‍23).

2.1. El problema vasco. El tratamiento del Estado autonómico. La autodeterminación[Subir]

Nos quedan dos o tres tópicos más que destacar en el pensamiento político de Solé Tura. En primer lugar, el problema vasco^‍‍[12]. El profesor Solé Tura sentía una preocupación y un afecto muy grandes por Euskadi, cuyos problemas conocía bien. Solé Tura está también sorprendido, primero, claro, por el fenómeno de la violencia, de ETA, como expresión de cierta rigidez del nacionalismo. Advierte asimismo falta de flexibilidad en el momento constituyente por parte del nacionalismo vasco. De manera que compara lo que es o puede ser la actitud de Miguel Roca, y la posición de Arzalluz, y dice, bueno, aquí realmente, ¿qué pasa? Creo que da dos argumentos para explicar la rigidez, quiero decir, la intransigencia o la falta de ductilidad, que es bastante vasca. Piensen en efecto que las bases más considerables del partido intransigente en el siglo xix eran guipuzcoanas. Al primer argumento podemos llamarle estructural y resalta el carácter no nacional del nacionalismo vasco como ideología, si se compara con el nacionalismo catalán. En el fondo del nacionalismo vasco había, según Solé Tura, históricamente una gran dificultad para articular una propuesta general sobre la configuración política del país: en Cataluña la afirmación nacional se llevaba a cabo frente al Estado, pero partiendo de cierto acuerdo social mínimo compartido. En Euskadi, ni la burguesía ni el proletariado tras la industrialización del xix tienen un proyecto común, pues se encuentran escindidos por lealtades políticas contrapuestas. Efectivamente, el nacionalismo vasco no ha sido capaz de aglutinar a todos los sectores de la sociedad, como comenzó ocurriendo con la clase obrera de la Restauración en Vizcaya, preferentemente. Ello, en parte, por la brusquedad del proceso de industrialización liquidador de la condición social y política tradicionales vascas, en parte también por la propia tosquedad del socialismo de la Lucha de clases, de finales del siglo xix. El Partido Socialista, históricamente, no ha admitido la compatibilidad política de lealtades, ha sido un partido obrerista y un partido, efectivamente, español, en ese sentido. Incluso españolista, si se apura la expresión. Sin duda, el Partido Socialista, históricamente, ha tenido una cierta incomprensión, explicable, si se quiere, en relación con las especificidades vascas, que han sido presentadas antes como privilegios —estoy hablando del pasado— que como singularidades. La debilidad nacional del nacionalismo explica su intransigencia y su comprensión con la violencia, que para muchos será la carga imprescindible de la construcción política propia.

El otro argumento es el origen ideológico del nacionalismo vasco si se compara con el nacionalismo catalán. En efecto, la rigidez del nacionalismo tiene otras causas que la debilidad estructural y es debida a cierta entequez espiritual, así puede compararse la entidad intelectual de un Sabino Arana frente a la ductilidad de Prat de la Riba, que ya hemos referido. Prat de la Riba es una persona civilizada, con un pensamiento trabado, deferente, por supuesto, con el Estado español, y con España. No hay ninguna frase en su obra de descalificación, aunque se haya aludido por mí, con algo de suspicacia, quizá, a cierta desconsideración espiritual. Vemos en cambio a Sabino Arana, dominado por la obsesión de la idea de la inferioridad de la raza española, y el contagio, la desgracia, que supone para el País Vasco, la invasión maqueta, etc. Este planteamiento ha dejado una impronta que hace necesario un esfuerzo por superar su simplismo. Lo que requiere un intento conciliador del actual nacionalismo vasco algo forzado con su formulador primero, aunque sea de labios afuera.

Los tonos fuertes o intransigentes el nacionalismo vasco, esto es, su escasa propensión a la ductilidad o el pacto, que Solé Tura constata, según decíamos, con ocasión de la elaboración de la Constitución de 1978, quedaron subrayados por la experiencia del franquismo, particularmente dura y represiva. Creo que Solé Tura entendía perfectamente la capacidad integradora del reconocimiento foral constitucional y captó plenamente el alcance de la autonomía en serio que nuestra Ley Fundamental atribuía a Euskadi, así como el papel de referente que tanto Cataluña como el País Vasco habrían de tener en el sistema autonómico español.

Por lo que hace al tratamiento del Estado autonómico, tópico que como constitucionalista habría de ocupar su atención, Solé Tura realizó tres observaciones bien interesantes^‍‍[13]. En primer lugar, entiende que el sistema de descentralización autonómico es irreversible. Ni siquiera, cuando él escribe, admite la posibilidad de la reforma constitucional. La defensa de la Constitución se hace en un doble plano, primeramente, como marco imprescindible del proceso político; pero, en segundo término, su constitucionalismo depende también del aprecio concreto por la Norma Fundamental de 1978. Y entonces, Solé Tura dice: «Bueno, si reformamos la Constitución, cuidado con lo que va a pasar, a ver si vamos a dar un paso atrás». El profesor catalán liga muy claramente la forma autonómica con la democracia. Y entiende, efectivamente, que una reforma en sentido de retroceso de la organización territorial sería inconstitucional por antidemocrática, de modo que la rectificación centralista de nuestro Estado afectaría a la condición democrática del mismo. Por tanto, no se podría presentar como reforma o cambio jurídico, sino más bien como ruptura o como quebrantamiento constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo con Solé Tura.

Una segunda tesis interesante. Solé Tura defiende la generalización y la homogeneidad de la descentralización. Él cree que el modelo nuestro de generalización autonómica y de indiferenciación entre nacionalidades y regiones, en el plano constitucional, es un acierto. Hay una frase que suele repetir muchas veces. Dice: «Bueno, hay que ver el rechazo que suscita en muchas partes de España la afirmación nacionalista despectiva en relación con el café para todos [...] Yo estoy con el café para todos». No hay razón para distinguir en el plano prescriptivo, por lo menos, entre nacionalidades y regiones; él lo asume y cree que el modelo de la Segunda República, efectivamente, no es un modelo razonable. En esto también está con Azaola.

Finalmente, Solé Tura entiende que el modelo autonómico es apto, diríamos, para el desarrollo económico de España, según una tesis que mantiene en varios de sus trabajos. Para Solé Tura, la descentralización tiene indudablemente sus problemas, pero entre ellos no está su contribución a aumentar la distancia entre zonas ricas y zonas pobres en España, sino al revés, considera que la autonomía es un acicate para un desarrollo generalizado y hasta cierto punto comparable de las regiones de España.

En suma, como federalista auténtico, Solé Tura fue partidario de dos notas que consideraba imprescindibles del sistema español de descentralización, a saber, su generalización y su homogeneidad sustancial. También aceptó consecuentemente la idea dinámica de nuestro Estado, dependiente en su desarrollo hasta su cumplimiento final en el modelo federal.

El último punto al que deberíamos dedicar una atención mínima es la cuestión de la autodeterminación (‍Solé Tura, J. (1985). Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo Autodeterminación. Madrid: Alianza.1985: cap. IV). Lo primero que llama la atención es el planteamiento de este problema desde un punto de vista práctico o político, más que doctrinal, aunque Solé Tura expone la significación del principio de autodeterminación en el derecho internacional, lo que ha sido en la práctica, así como el pensamiento marxista y de la socialdemocracia al respecto. Solé Tura objeta la autodeterminación en un triple orden de consideraciones. Creía, en primer lugar, que se trataba de una idea innecesaria en el caso español, pues pensaba que la cobertura política de las nacionalidades se encontraba suficientemente asegurada constitucionalmente: el Estado federal, que es la forma verdaderamente establecida en la Constitución, dota de suficientes atribuciones de autogobierno a las nacionalidades y regiones españolas, compensadas por sus oportunidades de intervención como tales en la actuación del Estado común.

Solé Tura pensaba, en segundo lugar, que, desde un punto de vista socialista, era una inconsecuencia solicitar el reconocimiento de un derecho cuya afirmación no hacía sino disminuir la legitimación del Estado que se defendía. No era lógico apostar por la forma política del Estado autonómico, facilitando al tiempo su cuestionamiento. Solé Tura comprendía la reclamación del derecho de autodeterminación por los partidos nacionalistas cuyo compromiso con el Estado era bien débil y cuyo oportunismo político era detestable desde un punto de vista ideológico, al estar dispuestos a toda amalgama que redundara en un rédito electoral mayor. Pero si se trataba del partido socialista, consideraba que una posición autodeterminista por su parte era una inconsecuencia lógica con un coste de deslegitimación inasumible para el sistema^‍‍[14].

Pero las objeciones a la autodeterminación se planteaban para Solé Tura especialmente desde el punto de vista ético o ideológico. La autodeterminación era una añagaza nacionalista que solo a las fuerzas de este signo podía beneficiar, por ello centrar el debate político en ese terreno era una equivocación táctica imperdonable. Además, la fragmentación del espacio político que pretenden los nacionalistas autodeterministas es inaceptable desde un punto de vista ético. La solidaridad se opone a la fragmentación política, donde el reconocimiento del pluralismo está asegurado. Las fronteras son regresivas y la solidaridad lo que demanda es la integración, no la independencia. Una mentalidad progresista, creía Solé Tura, no puede desentenderse de las demandas de igualdad y desarrollo de las partes integrantes del Estado y apuntarse exclusivamente a las ventajas, pero no a los costes de las obligaciones comunes.

1.1. La idea realista de Constitución. La significación legitimadora del federalismo histórico español[Subir]

Como sabemos, la impronta jurídica es muy marcada en el enfoque de los estudios sobre el federalismo de Trujillo, cuya obra puede considerarse como el intento más serio, por lo profundo y concienzudo, que entre nosotros se ha hecho por entender el Estado autonómico^‍‍[15]. El profesor canario, por lo demás, había dedicado un estudio al recurso de contrafuero como instrumento de defensa pseudojurisdiccional de los principios del Movimiento. Trujillo adopta una idea realista o instrumental del derecho constitucional. La Constitución es el marco o el depósito de posibilidades en que se mueven los agentes del sistema político. Como concepto, Trujillo piensa que es un instrumento de articulación institucional o técnica de organización y a la vez el límite de contención del orden político, antes que el plano de los principios metapositivos de una determinada comunidad que valen por sí mismos. Así, Trujillo está preocupado con la integración de los nacionalismos, que él entiende no desde una óptica general o teórica, sino desde una perspectiva diacrónica o histórica. Es decir, la integración de los nacionalismos se puede ir dando en el funcionamiento del sistema, dependiendo por tanto no solo de decisiones que haya podido tomar en ese sentido, reconociendo el pluralismo, la Constitución, sino de una praxis política posterior. Así, por ejemplo, asume una idea positiva, discutible desde luego, del juego que puede dar de cara a la integración, hablemos de los gobiernos de González o de Aznar, la actuación como bisagra del nacionalismo, descuidando su significado como sobreprima que el sistema les confiere más allá de su estricto relieve representativo. En esa visión diacrónica del sistema constitucional, Trujillo constata con preocupación algunos desarrollos nacionalistas. Escribe en plena efervescencia del plan de Ibarretxe, de manera que el nacionalismo vasco en los últimos tiempos de la vida de Trujillo se radicaliza, diríamos, y ve también con preocupación la deriva de la izquierda catalanista. Todavía no teníamos sobre la mesa, naturalmente, lo que después iba a ser la evolución del nacionalismo moderado en el caso de Cataluña.

Un segundo punto a analizar, luego de esta introducción sobre la idea realista de Constitución de Trujillo, es la reflexión sobre los fundamentos del federalismo en España, esto es, la obra de Pi y Margall y su estudio de algunos proyectos federales del tiempo de la Primera República. De lo que se trata en suma es de contribuir a la legitimación democrática del Estado autonómico. Y el federalismo democrático de Primera República cree que puede desempeñar esa misión, de manera que es interesante tener una referencia, saber de —esto es muy cervantino— dónde viene uno. Bueno, pues nosotros venimos, nuestro sistema viene de allá, viene del federalismo democrático. La democracia en España siempre ha sido federal. Entendiendo por federal una atención especial a la descentralización. Y el federalismo, desde luego, siempre ha tendido a ser democrático. Entonces, lo que hace Trujillo es exponer el pensamiento de Pi y Margall con una doble perspectiva, filosófica y social. Desde el primer punto de vista, el Estado es la última fase de una actuación de los individuos por la vía del contrato, con sociedades o asociaciones cada vez más complejas, hasta que se llega al plano de la forma política. Ahí recoge ideas de Proudhon y también del krausismo español. Y Trujillo también repara asimismo en el fondo popular o democrático del federalismo, diríamos su base social, que constituyen el artesanado, las clases periféricas, los pequeños comerciantes, etc., que integraban los partidos y las agrupaciones federales. Con todo, la aportación singular de Trujillo al estudio del federalismo, según insinuábamos antes, es el enfoque jurídico. Es decir, sobre el federalismo español ha habido estudios filosóficos, y estudios históricos, y Trujillo lo que hace es abordar ese material haciéndolo objeto de un planteamiento propio, cualificado, que es el del jurista.

2.1. Visión de conjunto[Subir]

Un tópico a reflexionar en el pensamiento de Trujillo es su visión de conjunto del sistema autonómico, que, con algunos matices, identifica con el Estado federal, comenzando por el detalle de que las comunidades autónomas frente a los Estados miembros de la federación carecen de poder constituyente. El sistema autonómico se identifica sobre todo con la variante del federalismo descentralizador, el federalismo de la devolution, no con el federalismo de la integración, con una problemática especial centrífuga, que tendría este federalismo respecto del federalismo de integración o federalismo unificador^‍‍[16].

Un federalismo también final. Sin duda es discutible que en el plano normativo de la constitution, nosotros seamos un Estado federal, pero en el plano de la práctica, en el plano del government^‍‍[17], vamos hacia esa situación, de manera que, con muy buen tino, y apropiadamente, Gumersindo Trujillo habla de «federalismo de llegada». Es también un federalismo abierto. Quiere decirse, un federalismo que no está constreñido por una cláusula definitoria, como la que existía en la Segunda República, o como la que se daba en la Primera República. Sin definición constitucional del Estado, el federalismo nuestro es el federalismo que resulta, diríamos, el federalismo efectivo, que no un federalismo nombrado o nominal. Las cláusulas definitorias tienen sus ventajas, pero tienen también sus inconvenientes. Gumersindo Trujillo se apunta más bien a las ventajas de la inexistencia de cláusulas definitorias. Así, la naturaleza verdadera de nuestra forma política depende, en definitiva, de lo que los integrantes territoriales del Estado autonómico hagan, obedientes al principio dispositivo^‍‍[18].

Es, finalmente, un federalismo seguro, es decir, un federalismo no reversible. Es decir, el sistema federal efectivamente tiene, diríamos, dos pistas; una pista es la autonómica, y otra, la general. Si atendemos al plano autonómico, vemos que su modificación solo es posible si lo quieren las comunidades autónomas, que cuentan con la iniciativa para reformar sus Estatutos, no en exclusiva, pero sí de modo sobresaliente. Y porque, en cualquier caso, como resulta sabido, la comunidad autónoma puede retirar el proyecto de modificación del Estatuto en su tramitación parlamentaria, de manera que la permanencia del sistema autonómico está directamente en manos de las comunidades autónomas en lo que se refiere al orden territorial.

En lo que se refiere al otro plano, resulta que no se puede llevar a cabo la reforma territorial del Estado, que tendría que realizarse por la vía del 168 CE, sin la conformidad del Senado. En la medida que el Senado aparezca como una cámara de representación territorial, la verdad es que el federalismo, como dice Trujillo, está seguro.

2.2. Aspectos concretos[Subir]

Algunos apuntes rápidos, sobre diversos aspectos del Estado autonómico, comenzando por la caracterización que hace del Estatuto, como norma clave de la autonomía, aunque ella misma, como ha dicho el Tribunal Constitucional, sea heterónoma. Trujillo reflexiona sobre el relieve materialmente constitucional del Estatuto, sobre su hechura constitucional, si se me permite utilizar la expresión de Carles Viver, aunque con rango subconstitucional. Muchas veces, Gumersindo Trujillo arremete lúcidamente contra la tesis de la levedad constitucional, que reduce la norma constitucional a su condición procedimental, irrelevante por tanto en el plano material^‍‍[19], en el de la constitution of conversation; pero que es una caracterización que posibilita la reevaluación, en cambio, del Estatuto, que, en cuanto integrante del parámetro de constitucionalidad para el propio Estado, es una norma que está llamada a decir mucho. Trujillo previene, por tanto, contra la tesis de la insignificancia constitucional, que sostiene que en la Constitución no hay nada y el Estatuto es una norma cuasi constitucional, no solo por materia, sino por el rango. Me parece que es muy lúcido.

Interesante también lo que dice Trujillo sobre el concepto jurídico de nación, que se contiene en una típica cláusula de la Constitución dialogada, la constitution of conversation^‍‍[20], pero que tiene mucha importancia. Como categoría constitucional la nación es, a la vez, un depósito de posibilidades y un límite en el desarrollo del Estado autonómico. La nación ofrece una estructura bipolar: de una parte, está la unidad, de otra parte está el pluralismo; de un lado, la nación responde a la idea de solidaridad y, de otro, a la idea de autonomía. Como sobre la nación adopta una visión exclusiva o estrictamente jurídica, Trujillo no repara demasiado en las posibilidades legitimadoras del concepto.

En relación con el Senado^‍‍[21], hay algunas tesis destacables de Gumersindo Trujillo. Trujillo llama la atención sobre la función territorial de esta Cámara, pero inmediatamente señala que esta función territorial corresponde al Congreso también, y además en primer término. Ello resulta de interés, pues algunos han pretendido reducir el Senado a la elaboración y aprobación de las leyes, exclusivamente autonómicas, privándole al Congreso, en definitiva, de la iniciativa o de la decisión sobre esta materia. Trujillo está en contra claramente.

Es muy interesante lo que dice nuestro autor en relación con la función que a veces se ha atribuido al Senado, en la cooperación. Para Trujillo, la cooperación, como problema o institución, es fundamentalmente gubernamental. Es decir, las decisiones sobre la cooperación corresponden sobre todo al Gobierno, y hay que organizar esta cooperación en las comisiones, las conferencias sectoriales, etc. En esta cuestión, al Senado puede corresponderle ofrecer el espacio, pero realmente se trata de un asunto que primordialmente depende de los Ejecutivos.

Resulta de interés el desarrollo del profesor Trujillo sobre la condición del Senado como cámara de representación territorial. ¿En qué puede consistir esta representación territorial? No es una representación extraña o ajena, dice él, obviamente, a la representación popular que protagoniza el Congreso, aunque ciertamente la modula o matiza. La condición territorial del Senado le permite asumir la representación, no de voluntades, sino, dice él, de intereses de las comunidades autónomas^‍‍[22]. Y el Senado es un órgano del Estado, no es un órgano de las comunidades autónomas.

Finalmente, hay una reflexión también, muy pertinente, de Trujillo, en relación con los hechos diferenciales. Los hechos diferenciales son las marcas territoriales que contienen la Constitución y los Estatutos, expresión, por tanto, del pluralismo, y no pueden constituir, según Trujillo, una base de privilegio o la justificación de un desarrollo que solo existiría en el caso de las comunidades que aleguen dichos rasgos diferenciales.

Trujillo, por supuesto, es sensible ante los hechos diferenciales. Contempla, empezando naturalmente por el de Canarias, la especificidad insular y fiscal, y siempre que se refiere al reconocimiento constitucional foral, esto es, al tratamiento constitucional de la foralidad, habla con respeto, y de manera contenida. Trujillo no estaría dispuesto a llevar a sus últimas consecuencias el principio, ciertamente necesario, de la unidad del orden político, pues hay quienes, abducidos por tal prurito, están empeñados en el allanamiento de nuestra forma territorial demandando la realización a la perfección de la igualdad. Ese sería el ideal, por cierto, también de algunos federalistas. Creo que Trujillo, como yo mismo, no compartía esa idea: es preferible un poco de relieve o de variedad, si no el paisaje es demasiado monótono y aburrido.

Una observación final de Trujillo sobre los hechos diferenciales. Los hechos diferenciales, sobre todo, tienen expresión en los ordenamientos territoriales. Es ahí, en la pista autonómica, donde deben jugar su papel; y, en cualquier caso, en lo que se refiere a su reflejo en los órganos del Estado, este debe producirse no en el Congreso, sino en el Senado. «La preservación de la diversidad, consustancial al Estado autonómico, en tanto que Estado complejo, debe llevar a enfocar los hechos diferenciales, no algo por naturaleza refractario a su conocimiento por la Alta Cámara, sino, por el contrario, como algo que tiene en la “Cámara de la diversidad” un aliado razonable» (‍Trujillo, G. (2006). Escritos sobre estructura territorial del Estado. Madrid: Departamento de Publicaciones del Senado.Trujillo, 2006: 703).

Bibliografía