Diez años de la adopción de la decisión marco 2008/841/jai del consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada. Luces y sombras de un legado más que dudoso

1. Definiciones y elementos de referencia[Subir]

La DM ofrece pocas innovaciones respecto del marco penal transnacional y europeo vigente en materia de definición de los delitos a tipificar. Así, mantiene —con ligeras modificaciones— las amplias definiciones incorporadas al derecho comunitario por la Acción Común y contenidas en la Convención de Palermo, comprometiendo el alcance e impacto real de la aproximación pretendida inicialmente con la propuesta de la Comisión. En primer lugar, la DM emplea la expresión «organización delictiva»^‍‍[9] en su articulado, a diferencia del correspondiente concepto «grupo delictivo organizado» de la Convención de Palermo, que resalta el perfil «organizado» del grupo criminal, tal y como lo ha concebido tradicionalmente la doctrina. No obstante, contrariamente al marco comunitario anterior, en la DM se especifica que el fin último de toda «organización delictiva» es la búsqueda del lucro económico «u otro beneficio de orden material» ampliamente considerado^‍‍[10]. En consecuencia, quedan excluidos de este nuevo marco comunitario los grupos terroristas, regulados de manera diferenciada tanto a nivel internacional y transnacional como de la propia Unión^‍‍[11].

Adicionalmente, la DM exige otros elementos comunes indispensables para considerar un grupo criminal como organización delictiva: 1) pluralidad de individuos; 2) estabilidad temporal del grupo criminal; y 3) cierta estructura organizativa ( ‍Méndez Rodríguez, C. (2009). La lucha contra la delincuencia organizada: comentario a la Decisión marco 2008/841. Revista General de Derecho Europeo, 18, 6.Méndez Rodríguez, 2009;  ‍Maljević, A. (2011). “Participation in a criminal organization” and “conspiracy”. Different legal models against criminal collectives. Berlín: Duncker und Humblot.Maljevic, 2011). Con relación al número de integrantes, la DM mantiene que sean, como mínimo, «más de dos personas», sin innovar respecto de la Acción Común pese a las críticas recibidas desde la criminología por el bajo número de integrantes exigido por la normativa comunitaria. Asimismo, a pesar de los intentos de supresión del carácter estructural por parte de la Eurocámara ( ‍Parlamento Europeo. (2005). Informe sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, A6-0277/2005, 28-‍9-2005.Parlamento Europeo, 2005) y en un intento por acotar el ámbito subjetivo y material de la DM, la definición del art. 1 incluye otros requisitos suplementarios con el fin de distinguir la «organización delictiva» de formas tradicionales de codelincuencia ( ‍Méndez Rodríguez, C. (2009). La lucha contra la delincuencia organizada: comentario a la Decisión marco 2008/841. Revista General de Derecho Europeo, 18, 6.Méndez Rodríguez, 2009: 14). Estos criterios de estructuración quedarían precisados terminológicamente, en teoría, con la definición de «asociación estructurada» incluida en el mismo art. 1^‍‍[12].

Un requisito adicional que se desprende de esta definición de «organización delictiva» y del elemento estructural es el necesario «concierto» de sus componentes. Para que estos delitos sean objeto del ámbito material de la DM, los miembros de una organización delictiva han de «acordar» su actividad criminal conforme a un plan, a instigación y/o bajo la dirección de uno o varios individuos. Esta sería la «delincuencia de grupo» ( ‍Choclán Montalvo, J. A. (2001). Criminalidad organizada: concepto, la asociación ilícita, problemas de autoría y participación. Cuadernos de Derecho Judicial, 2, 215-‍268.Choclán Montalvo, 2001) o el elemento «sistémico» de la actuación criminal ( ‍Aleo, S. (2002). «The Definition and Repression of Organized Crime». En F. Longo (ed.). The European Union and the Challenge of Transnational Organised Crime (pp. 61-‍75). Milano: Giuffrè Editore. Aleo, 2002;  ‍Martin, J. M. y Romano, A. T. (1992). Multinational Crime. Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking. Thousand Oaks: Sage Publications.Martin y Romano, 1992); una característica que, sin embargo, aparece difuminada en el marco comunitario al no haberse recogido finalmente los delitos de «dirección» e «instigación» en la DM aprobada por el Consejo, como inicialmente propusiera la Comisión.

Por último, se requiere la comisión de un delito grave para que la normativa comunitaria sea de aplicación. Según la lacónica definición de «organización delictiva» recogida en la DM, se entiende que será toda conducta sancionable con una pena máxima de reclusión de «al menos cuatro años o con una pena aún más severa» (art. 1). Con la incorporación de este umbral mínimo de penas, la Unión rehúye entrar en un debate baldío sobre los criterios indispensables para determinar la gravedad de los delitos que hubiera afectado al consenso necesario para adoptar la DM, si bien a costa de sacrificar cierta seguridad jurídica. La ausencia de una enumeración detallada, no obstante, ha sido suplida por las referencias continuas al listado incluido en el anexo del Convenio Europol^‍‍[13] y por otros instrumentos del derecho penal de la UE que, indirectamente, han acotado el fenómeno del COT al legislar específicamente sobre aspectos parciales y delitos relacionados con el mismo (por ejemplo, tráficos ilícitos, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y productos del delito, ciberdelincuencia, etc.), en cuyo caso el delito de pertenencia a organización delictiva ha sido introducido como circunstancia agravante.

En resumen, la DM mantiene las lagunas y errores en la delimitación del COT del marco anterior, dejando excesivamente abierto el ámbito de aplicación material y personal de la DM. Especialmente, se echan en falta en las definiciones determinados elementos esenciales identificados por la criminología que no han sido tenidos en cuenta en la redacción y tramitación de la DM para delimitar el COT frente a otros tipos de criminalidad, como el uso de algún tipo de disciplina o de control por parte de la organización, la utilización de la violencia u otros medios destinados a intimidar o que sus componentes pretendan ejercer influencia sobre el medio político y económico, si bien estos elementos sí estaban incluidos como características del COT en documentos previos que han tenido cierta relevancia en el desarrollo de la política de la UE en esta materia ( ‍Consejo de la Unión Europea. (2000). Revisión del doc. 6204/2/97 ENFOPOL 35 REV 2, basado en el doc. 8469/1/99 CRIMORG 55 REV 1, 10415/00, 3-‍8-2000.Consejo de la Unión Europea, 2000: 11-‍12;  ‍Europol (2004). Informe 2004 de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada (versión pública). La Haya. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/. Europol, 2004;  ‍Comisión Europea. (2005b). Desarrollo de un concepto estratégico para hacer frente a la delincuencia organizada, COM (2005) 232 final, 2-‍6-2005.Comisión Europea, 2005b). Asimismo, es, cuando menos, llamativa la falta de mención en toda la DM al carácter transnacional del crimen organizado, germen de la intervención comunitaria, o a la corrupción como «vehículo de las actividades» del COT ( ‍Comisión Europea. (2011). Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal, COM (2011) 573 final, 20-‍9-2011. Comisión Europea, 2011: 12). Sin embargo, como en el caso de otras importantes ausencias apuntadas anteriormente en cuanto a los elementos del COT, la corrupción no está presente entre los delitos a tipificar por mandato de la DM, además de otras ofensas previstas en el marco transnacional de Palermo que no fueron retenidas por el legislador europeo.

2. La tipificación de los delitos de pertenencia [Subir]

En su art. 2, la DM insta a que los legisladores nacionales tipifiquen como delito la participación en una organización delictiva. Esta disposición, a pesar de la propuesta inicial de la Comisión, mantiene el doble modelo de participación del marco anterior: la «participación activa» en una organización delictiva y/o el «acuerdo». En cuanto al primero de ellos, la DM introduce algunas modificaciones para recoger los preceptos contenidos en la Convención de Palermo, ampliando considerablemente el ámbito cubierto por el delito de participación activa. Así, la participación activa en la organización delictiva se recoge en términos generales en la DM, sin que quepa diferenciar el grado de responsabilidad de cada miembro dentro de la organización o en la comisión de un delito. Esta cuestión ha sido objeto de críticas por buena parte de la doctrina penal por los riesgos que conlleva incriminar a un colectivo aludiendo a términos tan laxos como los introducidos por la normativa comunitaria.

Varios son los puntos más críticos de la DM en este sentido. En primer lugar, no se distingue entre los diversos grados de responsabilidad y autoría dentro del amplio espectro del delito de participación activa. Es decir, por un lado, los actos indispensables para conseguir los fines de la organización —instigación, dirección o ejecución material del delito— y, por otro, aquellas actividades subsidiarias o de apoyo a la organización, como serían proporcionar información relevante, financiación o reclutar a nuevos miembros para la organización (mera «participación delictiva»). En este caso, contrariamente a la distinción efectuada por la Acción Común, la DM diluye las diferentes actividades de autoría con las de participación delictiva, instando a los Estados miembros a tipificarlas indiscriminadamente como delito de participación. En segundo lugar, la DM tampoco distingue entre las conductas de autoría, instigación o colaboración necesaria; una diferenciación indispensable para garantizar la efectiva proporcionalidad de las sanciones impuestas a nivel penal estatal. En tercer lugar, además de la participación activa (principal o subsidiaria), es requisito que se tipifique a nivel nacional la simple «pertenencia» o membresía en organización delictiva, siendo sancionada con arreglo al art. 2 de la DM como delito autónomo, independiente de la autoría o de la comisión efectiva de un delito^‍‍[14] y del grado de implicación del miembro en su ejecución o planificación. En cuarto y último lugar, se excluyen del ámbito cubierto por la DM aquellos delitos de mera «omisión», ya que se exige tipificar el carácter activo de la participación ( ‍Méndez Rodríguez, C. (2009). La lucha contra la delincuencia organizada: comentario a la Decisión marco 2008/841. Revista General de Derecho Europeo, 18, 6.Méndez Rodríguez, 2009: 20).

Adicionalmente, la tipificación de la pertenencia y participación activa requiere que el individuo sea consciente de que la organización comete actividades ilegales o su intención de perpetrarlas en un futuro próximo. Este requisito doloso ya venía recogido en la Acción Común de 1998 —ex art. 2.1.a)—, si bien la novedad radica ahora en que es obligatorio para incriminarlo que dicho individuo esté al tanto de que «su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva» de la organización. De esta forma, al contrario que para el caso de las personas jurídicas, la DM elimina la posibilidad de imputar a un individuo por imprudencia. Además, ese requisito doloso enlaza con la delincuencia de grupo o societas identificada tradicionalmente por la doctrina.

Por otra parte, la DM conserva el doble esquema de participación en organización delictiva instaurado previamente por la Acción Común al incluir la «conspiración» como segunda alternativa para tipificar este delito. En su art. 2.1.b), la DM permite que los Estados miembros tipifiquen el acuerdo o conspiracy, contradiciendo la propuesta de la Comisión destinada a simplificar la intervención europea mediante la introducción de un modelo coordinado único —además de contravenir el elemento de delincuencia de grupo analizado por la doctrina—. Mediante esta alternativa el legislador nacional puede tipificar como delito el acuerdo entre dos o más personas «para proceder a una actividad que, de ser llevada a cabo, suponga la comisión de delitos considerados en el artículo 1»; es decir, un delito grave. Se trata, por tanto, de un concierto entre varios individuos con carácter previo a la organización y, eventualmente, la posterior comisión de un delito grave. Además, como en la Acción Común, puede tipificarse «aun cuando esa persona no participe en la ejecución de la actividad». Por el contrario, a diferencia del marco anterior, la DM circunscribe su ámbito material a aquellos acuerdos relacionados obligatoriamente con las actividades de una organización delictiva. Esto implica una mejora, pues, en función de los grados de sanciones mínimos aplicables a los delitos graves objeto del acuerdo, se excluyen (en teoría) otras actividades de menor gravedad o conductas antisociales sancionadas con una pena inferior.

En consecuencia, a pesar de las evidentes lagunas de la DM, la tipificación de la participación en una organización delictiva crea el marco legal básico para sancionar al individuo por su mera pertenencia, independientemente de la materialización del delito concreto. A través de su normativización, se constituye en un delito autónomo, en sí mismo perseguible en todo el ELSJ. Además, la pertenencia a organización delictiva representa una circunstancia agravante a la hora de imponer las penas en el caso de la comisión de otros delitos (art. 3.2). Este marco ha permitido avanzar igualmente en el desarrollo estratégico y programático de esta política «común» contra el COT ( ‍Ruiz Díaz, L. J. (2015). La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea. Aspectos internos y dinámicas externas del discurso securitario [tesis doctoral]. Univesidad de Granada. Disponible en: https://bit.ly/2O56cZx.Ruiz Díaz, 2015), si bien su repercusión en los ordenamientos internos estatales no ha sido tan amplia como se esperaba inicialmente, como veremos en el siguiente apartado. Es necesario, no obstante, insistir en que las novedades introducidas por la DM son escasas. En especial porque las instituciones comunitarias han obviado la oportunidad que el marco transnacional de Palermo ofrecía para profundizar la integración europea en este terreno, en particular en cuanto a la tipificación de la «dirección de una organización delictiva» o de otros delitos relacionados con el COT ausentes en la normativa comunitaria, como el blanqueo (art. 6 de la Convención), la corrupción (art. 8 y Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción^‍‍[15]) y la penalización de la obstrucción a la justicia (art. 23). Estas omisiones, claramente deliberadas por voluntad política, cuestionan la utilidad real de esta DM y de su impacto en los Estados miembros, sobre todo si se tiene en cuenta cómo se han implementado en materia de sanciones.

3. Sanciones[Subir]

Inicialmente, la DM aspiraba a superar las limitaciones del anterior marco comunitario en materia de sanciones. Sin embargo, como en el caso de las tipificaciones, la DM tampoco satisfaría las expectativas creadas en un principio por la propuesta de revisión de la Comisión. Según la Acción Común de 1998, las sanciones establecidas por los legisladores nacionales debían ser «efectivas, proporcionales y disuasorias». Esta amplitud dejaba un dilatado margen de maniobra a los Estados miembros a la hora de establecer las sanciones correspondientes según su ordenamiento, en función del grado de implicación del individuo. Con la adopción de la DM, se intentaba armonizar el nivel de sanciones penales en la UE fijando un grado mínimo de reclusión para los delitos de participación en organización delictiva. Así, el art. 3 de la DM fija para estos delitos una «pena máxima de reclusión de al menos entre dos y cinco años», más reducido que el propuesto inicialmente por la Comisión ( ‍Comisión Europea. (2005a). Propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2005) 6 final, 19-‍1-2005.Comisión Europea, 2005a: 6). Para el delito de «acuerdo» del apartado b), por su parte, la DM plantea dos opciones: 1) misma pena máxima de reclusión que la aplicable al delito objeto de la conspiración, o 2) una pena máxima de prisión de al menos entre dos y cinco años, como para el delito de participación.

Estos umbrales en el establecimiento de las sanciones buscaban, en definitiva, agilizar la cooperación judicial en el seno de la Unión, sumándose así a disposiciones similares en otras normas del ELSJ, como la orden europea de detención y entrega (o euroorden)^‍‍[16]. Sin embargo, este nivel de sanciones resulta ser posiblemente inferior al que debiera corresponderle por la supuesta gravedad de las actividades criminales de estas organizaciones y del peligro que este tipo de grupos representa para la economía y la sociedad europeas, tal y como se reconoce en el art. 1. Además, dicha peligrosidad es el fundamento mismo de la necesidad de tipificar la pertenencia a organización delictiva como delito autónomo. Por otra parte, este umbral contradice al pactado por el Consejo en 2002 sobre los niveles de sanciones penales y las categorías de delitos en función de su gravedad ( ‍Consejo de la Unión Europea. (2002). Conclusiones del Consejo sobre el enfoque que debe seguirse para la aproximación de las penas, 9141/02, 27-‍5-2002.Consejo de la Unión Europea, 2002). De hecho, por ejemplo, el Código Penal español establece como graves aquellos delitos para los que está prevista una pena de, como mínimo, cinco años de prisión, mientras que las sanciones previstas por la DM entrarían en la categoría de menos graves atendiendo a las penas impuestas por nuestro ordenamiento (art. 33 del Código Penal español).

En verdad, este umbral fijado por la DM sufrió una rebaja considerable durante su tramitación en el Consejo. Entre las dudas suscitadas por algunos Estados miembros en la negociación del texto, los países nórdicos se manifestaron contrarios a castigar con una pena mayor de dos años la participación en organización delictiva al no prever específicamente en sus códigos penales este tipo por considerarlo contrario al principio de libertad de asociación, constitucionalmente reconocido en sus ordenamientos internos^‍‍[17]. De esta forma, en Suecia y Dinamarca la membresía a este tipo de grupos no es delito por sí mismo, por lo que los jueces de otros Estados miembros deberían alegar otras infracciones para poder recibir ayuda de sus homólogos suecos y daneses ( ‍Calderoni, F. (2010). Organized Crime Legislation in the European Union. Harmonization and Approximation of Criminal Law, National Legislations and the EU Framework Decision on the Fight Against Organized Crime. Heidelberg: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04331-4.Calderoni, 2010: 65-‍74). Estas reservas se observan también en la práctica seguida por las autoridades judiciales de otros Estados miembros. Así, por ejemplo, en Alemania, si bien recoge en su código penal esta tipificación, «el delito de asociación es raramente utilizado» por los impedimentos que se plantean a la hora de imponer las sanciones ( ‍Manacorda, S. (2002). L’infraction d’organisation criminelle en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Union européenne). Paris: Presses Universitaires de France.Manacorda, 2002: 15).

La DM se ha enfrentado igualmente a otros retos en este punto relativo a las penas. Además de las dificultades en relación con la prueba de los elementos característicos de organización delictiva, el derecho penal debe afrontar el reto de sancionar la pertenencia con la misma pena que a los autores materiales de un delito cometido en su seno, a pesar de que es «común en los sistemas penales modernos reflejar en la entidad de la pena el grado de ejecución del delito» ( ‍Méndez Rodríguez, C. (2009). La lucha contra la delincuencia organizada: comentario a la Decisión marco 2008/841. Revista General de Derecho Europeo, 18, 6.Méndez Rodríguez, 2009: 22). Igualmente, el derecho penal tradicional ha expresado sus inquietudes ante la eventual sanción por la peligrosidad de la pertenencia de un individuo a una organización delictiva y no por la gravedad del delito finalmente cometido en su seno, rompiendo con uno de sus principios clásicos, el de proporcionalidad. Por ello, este umbral que establece la DM es congruente con esos temores del juez nacional, ya que la judicatura ha optado por aludir al delito de participación como agravante en la imposición de las penas, apelando a esta figura «solamente en ausencia de otros delitos susceptibles de proporcionar a la acusación perspectivas de éxito» ( ‍Manacorda, S. (2002). L’infraction d’organisation criminelle en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Union européenne). Paris: Presses Universitaires de France.Manacorda, 2002: 62).

Por otra parte, la participación en organización delictiva ha sido igualmente codificada como circunstancia agravante en la DM (art. 3.2). Con ella, se pretende que el juez nacional imponga una pena superior o más rigurosa en el caso de que un delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva, en función de la gravedad del delito y del peligro que representan estos grupos. Esta agravante no supone una innovación en el contexto europeo, ya estaba prevista en algunos Estados miembros para determinados delitos, estuvieran o no conectados con el COT, como los tráficos ilícitos de drogas o armas y la trata de seres humanos. Además, la UE había incorporado esta circunstancia agravante en otros textos legales en el ámbito penal, que igualmente atañen a la lucha contra el COT. Por último, también se prevé en la DM una cuestión novedosa en el marco europeo —aunque tremendamente controvertida en la práctica ( ‍Cesoni, M. L. (2007). Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: La normalisation de l’exception. Étude de droit comparé (Bélgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France). Bruxelles: Bruylant.Cesoni, 2007;  ‍Núñez Paz, M. Á. y Guillén López, G. (2009). El «arrepentido» en el ámbito del crimen organizado y en el tráfico de drogas. El artículo 376 del Código Penal español. Revista de Derecho de Extremadura, 5, 132-‍150.Núñez y Guillén, 2009)—, igualmente recogida en el marco transnacional de Palermo: la posible atenuación de las penas e, incluso, su inaplicación para quienes, arrepentidos, abandonan la actividad criminal y proporcionan a las autoridades información de interés para la investigación de los delitos (art. 4), con el fin de que esta colaboración con las autoridades judiciales y policiales ayude a desmontar una organización delictiva o impida la comisión de sus actividades ilícitas. Es de lamentar, no obstante, que no se tuviera en cuenta en su día la opinión del Parlamento Europeo, que solicitó penas complementarias de inhabilitación y el decomiso de los bienes producto del delito como elemento preventivo y disuasorio de la actividad delictiva ( ‍Parlamento Europeo. (2006). Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 26-‍10-2005, DO C 272 E, de 9 de noviembre de 2006, p. 428.Parlamento Europeo, 2006). Además, hubiera significado un alineamiento del derecho penal europeo con el marco transnacional de Palermo.

1. Evaluación general del impacto de la decisión marco en el ordenamiento de los estados miembros[Subir]

Como era más que previsible, la implementación de la DM ha dejado mucho que desear. En particular, no ha supuesto una mayor armonización de las legislaciones penales de los Estados miembros, ni ha resuelto los principales interrogantes planteados cuando se adoptó la Acción Común. Desde el punto de vista del derecho penal, la DM no cumple con las expectativas creadas en cuanto al grado de armonización previsto por la propuesta de la Comisión, que se desmarcó del documento finalmente adoptado por considerar que no lograba «el grado mínimo de aproximación de los actos de dirigir o participar en una organización criminal» ( ‍Consejo de la Unión Europea. (2006). Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 9067/06, 10-‍5-2006.Consejo de la Unión Europea, 2006: 12). Por todo lo analizado en las líneas precedentes, es evidente que la aportación de la DM a la integración del espacio judicial europeo es bastante limitada, tanto por mantener el doble modelo de participación heredado del marco comunitario anterior, como por resultar parcial y sectorial en comparación con la Convención de Palermo, que insta a los Estados parte a tipificar un abanico más amplio de delitos relacionados con el COT (por ejemplo, dirección de organización delictiva) y aquellos que facilitan su expansión (corrupción, blanqueo de capitales y obstrucción de la justicia), obviados claramente por la DM. Por último, Estados miembros como Dinamarca y Suecia han optado por no tipificar la participación como delito autónomo, mientras que otros que sí la consideran limitan la aplicación del delito de participación en una organización delictiva a «circunstancias que implican el uso de intimidación, amenaza, violencia, fraude, corrupción o estructuras comerciales», como Bélgica ( ‍Comisión Europea. (2016). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2016) 448 final, 7-‍7-2016.Comisión Europea, 2016: 5).

Con independencia del modelo de participación elegido, resulta patente que definir en negativo «organización delictiva», como lo hace la DM, ha dejado un margen de maniobra muy amplio al legislador estatal para delimitar el concepto y establecer los elementos que considere más oportunos incluir en su ordenamiento interno. Así, por ejemplo, en España se han incorporado en nuestro ordenamiento requisitos adicionales, mientras que otros recogidos en la DM han sido eliminados (véanse arts. 570 bis y ter del Código Penal y 282 bis.4 LECRim). Como consecuencia de la amplitud de los términos de la DM, los cambios en los Estados miembros han sido mínimos, como muestra, por ejemplo, el caso francés y el mantenimiento en su legislación penal de la association de malfaiteurs, un concepto mucho más amplio y difuso que el de organización delictiva de la DM al no requerir la permanencia temporal o estructura alguna. Igual sucede en otros Estados miembros que no incluyen ninguno de estos elementos, como Alemania, Eslovenia, Italia, Letonia, Malta, Países Bajos y Polonia. Mientras, otros (Suecia y Dinamarca) no creen conveniente tipificar la membresía como un delito autónomo por considerar que afectaría a la libertad de asociación de su ciudadanía. En definitiva, esta amplitud terminológica y la vaguedad de los conceptos empleados por la DM han sido generosamente explotadas por los Estados miembros para conservar su legislación sin introducir apenas cambios o para incluir modificaciones insustanciales, como afirman tanto la doctrina ( ‍Calderoni, F. (2010). Organized Crime Legislation in the European Union. Harmonization and Approximation of Criminal Law, National Legislations and the EU Framework Decision on the Fight Against Organized Crime. Heidelberg: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04331-4.Calderoni, 2010;  ‍Mitsilegas, V. (2011). The Council Framework Decision on the Fight against Organized Crime: What can be done to strengthen EU legislation in the field? Bruselas: Parlamento Europeo, PE 453.195. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/studies.Mitsilegas, 2011) como las instituciones europeas ( ‍Comisión Europea. (2016). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2016) 448 final, 7-‍7-2016.Comisión Europea, 2016;  ‍Parlamento Europeo. (2011). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea, DO C 131 E, de 8 de mayo de 2013, p. 66.Parlamento Europeo, 2011). En algunos casos, dichas reformas han estado motivadas más por criterios internos de los legisladores nacionales que por la necesidad de cumplir con las disposiciones de la DM ( ‍Di Nicola, A., Gounev, P., Levi, M., Rubin, J. y Vettori, B. (2014). Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.Di Nicola et al., 2014).

Por otra parte, también en el ámbito del establecimiento de las sanciones se ha visto mermada la supuesta armonización pretendida inicialmente al contemplar la gravedad del delito en términos cuantitativos, según lo estipulado en el art. 1 de la DM, y no cualitativos o con arreglo a un listado de delitos principales graves como hubiera sido deseable. En primer lugar, la participación (activa) en organización delictiva es sancionada en los ordenamientos de los Estados miembros con penas privativas de libertad muy dispares, que oscilan entre los dos hasta los ocho años como mínimo (Finlandia y Letonia, respectivamente) a los diecisiete años como máximo (Letonia), aparte de las sanciones de reclusión previstas en aquellos países en los que está tipificada la conspiración (Bulgaria, Croacia, Grecia y Malta), considerablemente más bajas que el resto. En segundo lugar, la mayoría de los Estados miembros ha incorporado sanciones más severas a las previstas en la DM para determinadas conductas agravadas, en función de la gravedad del delito cometido o de la posición concreta del individuo en la estructura organizativa, por ejemplo, en el caso de la dirección de la organización. Asimismo, aunque seis no contemplan esta posibilidad (Estonia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos y Rumanía), existe disparidad en cuanto a la consideración del delito de participación como agravante en la mayoría de los Estados miembros que sí lo prevén, siendo unánime la instauración de condicionantes para ello, bien en atención al mínimo de reclusión previsto a nivel interno (Eslovenia e Irlanda), bien respecto a una lista de delitos principales graves perpetrados en el seno de una organización delictiva (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Italia, Letonia, Malta y Portugal) o para cualquier tipo de delito, independientemente de la gravedad del mismo (Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Polonia y República Checa). Por último, las sanciones previstas para las personas jurídicas varían ampliamente de un Estado miembro a otro, pudiendo ser penales o meramente administrativas y de aplicación otras medidas adicionales diferentes de las multas, previstas por la mayoría de Estados miembros, como la exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas.

Por ello, dada la diversidad en el establecimiento de sanciones hubiera resultado más conveniente implantar un listado (ampliable) de delitos calificados siempre como graves dentro de la UE o de otros que debieran ser tipificados independientemente de la gravedad, como recoge la Convención de Palermo y estipulan algunos ordenamientos estatales e, incluso, en la propia euroorden. Además de facilitar la prevención y represión del COT, permitiendo una mayor coordinación de las autoridades estatales, sería un buen elemento para reforzar la confianza mutua entre jurisdicciones, al poseer un denominador común independiente del grado de sanción prevista para el delito de participación en un Estado miembro u otro. De hecho, ante el escaso éxito obtenido por la DM en relación con la armonización de las sanciones, se presta necesaria la instauración de instrumentos de coordinación que impidan un abuso de esta figura de participación en organización delictiva por parte de determinadas autoridades nacionales aludiendo al mismo para el enjuiciamiento de un individuo por infracciones menores, como se ha observado en la práctica de la euroorden ( ‍Sousa Santos, B. (2010). The European Arrest Warrant in Law and in Practice: A Comparative Study for the Consolidation of the European Law-Enforcement Area. Disponible en: https://bit.ly/2NkOP1B.Sousa Santos, 2010).

Para la criminología tampoco ha resultado satisfactoria la DM. Como analizamos en las líneas precedentes, la DM deja fuera de su ámbito material ciertos elementos que se consideran indispensables desde el punto de vista criminológico para considerar una organización delictiva y que, en último término, justifican la intervención comunitaria. Este hecho ha producido una implementación dispar en los ordenamientos internos de los Estados miembros, que han aprovechado la flexibilidad de la DM para minimizar su impacto real. Los requisitos mínimos incluidos en las definiciones aportadas por la DM para calificar como tal a una organización delictiva resultan ambiguos y amplios si nos atenemos a la necesaria claridad de los términos para que, desde el punto de vista penal, garanticen un mínimo de seguridad jurídica; pero también se tornan desatinadamente genéricos para la criminología. La delimitación del concepto por la DM es prácticamente inexistente, pues define la organización delictiva en términos muy amplios, abriendo la posibilidad de dar cabida a diversos fenómenos delictivos sin aparente conexión con el COT. De esta forma, los elementos de «estructura» y «continuidad» se ven reducidos al mínimo en la DM, planteándose la interrogante de si nos encontramos en realidad ante una organización delictiva con un horizonte temporal independiente de los individuos que la componen o ante un simple acuerdo para delinquir de un grupo de personas con un cometido específico y limitado en el tiempo. Además, contrariamente al marco transnacional de Palermo, en ningún momento alude la DM a otros elementos característicos del COT según la criminología, como el uso o la amenaza de la violencia, la extorsión y la corrupción.

En realidad, la laxitud y vaguedad de los términos en la DM es un reflejo de la tradicional ambigüedad conceptual de la UE en relación con el COT, cuestión que ha tenido un claro impacto en su transposición en los ordenamientos internos. De hecho, como recoge la Comisión en su informe de implementación, solamente tres Estados miembros (Bélgica, Eslovaquia y Luxemburgo) han incluido expresamente en sus ordenamientos internos el criterio de la obtención del beneficio económico o material, dejando abierta la posibilidad de que se aplique esta normativa interna a otro tipo de organizaciones delictivas o asociaciones no necesariamente ligadas al COT, como ha sucedido en la práctica (Di Nicola et al., 2014). Es por todo lo analizado anteriormente que la DM repite los fallos del marco anterior, desdibujando el elemento preventivo y, en general, perjudicando la respuesta coordinada de la UE contra el COT al instaurar cierta inseguridad jurídica que menoscaba claramente la implementación del reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y de admisión de pruebas.

Años más tarde tras su adopción, en 2013, el Parlamento Europeo volvería a recordar en el «Informe Iacolino» las principales lagunas de la DM. En él, la Eurocámara pedía que la Comisión propusiera una revisión legislativa para incorporar en el ordenamiento comunitario una definición común que incluyese, como mínimo, las notas relativas al espíritu empresarial del COT, el poder de intimidación de estas organizaciones y su estructura organizativa ( ‍Parlamento Europeo. (2013). Informe del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (Informe Iacolino), A7-0307/2013.Parlamento Europeo, 2013), como recoge la Convención de Palermo y se ha tipificado en algunos Estados miembros. Solamente unos años después, los europarlamentarios volverían a solicitar una normativa europea más precisa y detallada en determinados ámbitos de la lucha contra el COT ( ‍Parlamento Europeo. (2016). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM [2015/2110(INI)].Parlamento Europeo, 2016). Es clara, por tanto, la necesidad de colmar las lagunas del marco normativo europeo con un instrumento mucho más eficaz y coherente con la peligrosidad del COT. Dicha reforma, además de estar en línea con el planteamiento estratégico de la Unión y las disposiciones del marco transnacional de Palermo, tomaría en consideración los recientes compromisos internacionales adquiridos por la UE en el seno del Consejo de Europa, que viene a sumar al marco transnacional nuevos instrumentos que reafirman la necesidad de mejorar la coordinación multilateral y la cooperación internacional contra el COT y de implementar eficazmente la legislación existente para atajar este fenómeno criminal^‍‍[18]. Sin embargo, parece que los Estados miembros se muestran generalmente satisfechos con la flexibilidad que les proporciona el actual marco europeo^‍‍[19], desincentivando cualquier iniciativa al respecto por parte de los servicios de la Comisión en el corto plazo.

2. Las principales lagunas y cuestiones por resolver[Subir]

La Comisión reconoce en su informe las principales carencias en la implementación de la dm y se reafirma en que, con este instrumento, no se ha alcanzado el grado mínimo de aproximación necesario ( ‍Comisión Europea. (2016). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2016) 448 final, 7-‍7-2016.Comisión Europea, 2016). Dicho esto, algunos de estos vacíos son merecedores de especial atención por las implicaciones que acarrean para el conjunto del ELSJ y, en concreto, del espacio judicial europeo y la implementación en la práctica de uno de sus principios cardinales: el reconocimiento mutuo. Primeramente, hemos de insistir en la necesidad de aclarar los términos de las definiciones empleadas, como solicitara la Eurocámara en repetidas ocasiones ( ‍Parlamento Europeo. (2006). Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 26-‍10-2005, DO C 272 E, de 9 de noviembre de 2006, p. 428.Parlamento Europeo, 2006,  ‍Parlamento Europeo. (2013). Informe del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (Informe Iacolino), A7-0307/2013.2013 y  ‍Parlamento Europeo. (2016). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM [2015/2110(INI)].2016). De lo analizado anteriormente no se deduce que la DM emplee con claridad ciertas definiciones, cuya ambigüedad ha sido plenamente aprovechada por los Estados miembros para no realizar prácticamente ningún cambio legislativo en su transposición interna; ni de los términos utilizados para avanzar en la integración penal y la lucha contra el COT a nivel europeo, pues muchos de ellos acaban siendo utilizados como «cajón de sastre» en caso de no encontrar fundamento legal en los tratados para la intervención comunitaria. Así, por ejemplo, en la UE se alude a COT y delincuencia organizada y/o grave en los documentos de evaluación de la amenaza e informes de Europol en los que se basa el ciclo de intervención de la UE y, en consecuencia, su acción en materia de aproximación legislativa.

Esta (calculada) indefinición terminológica se torna problemática y exige de una mayor precisión en el marco legal comunitario. Especialmente, resulta indispensable si consideramos los particulares procedimientos de investigación seguidos, la posibilidad de ampliar los plazos de la detención preventiva y de algunas medidas de seguridad privativas de libertad específicas que los jueces pueden tomar ante este tipo de organizaciones criminales, además del decomiso de capitales ampliado y de los particulares métodos de investigación policial; medidas que nos acercan más a un «derecho de excepción generalizado» ( ‍Cesoni, M. L. (2007). Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: La normalisation de l’exception. Étude de droit comparé (Bélgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France). Bruxelles: Bruylant.Cesoni, 2007) que a una intervención de última ratio dentro de una política criminal europea coherente. Por ello, es evidente que el actual marco de lucha contra el COT establecido en estos últimos años en la UE —del cual esta DM es únicamente una muestra— puede llegar a quebrantar la tutela judicial de los derechos fundamentales de los investigados e inculpados si no se incorporan las suficientes garantías procesales a los ordenamientos de los Estados miembros o la judicatura interpreta la norma europea con la diligencia que esta divergencia normativa y sancionadora resultante demanda. Además, está por justificar todavía la utilidad práctica de tipificar la participación en organización delictiva con independencia de la ventaja que supone para las autoridades estatales extender el alcance de la investigación judicial y policial del COT a otros sectores relacionados y, en consecuencia, mejorar la efectividad de la prevención y represión de este fenómeno delictivo. Puede, incluso, llegarse a dudar de la legalidad de estas actuaciones policiales y judiciales con recurso a las medidas excepcionales propugnadas por la DM, que no se han visto compensadas con un fortalecimiento de las garantías procesales a nivel de la UE, integradas actualmente en el marco comunitario en su mínimo común denominador ( ‍Flore, D. (2014). Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne. Bruselas: Éditions Larcier.Flore, 2014: 327-‍435;  ‍Peers, P. (2011). EU Justice and Home Affairs Law (3ª ed.). Oxford: Oxford University Press. Peers, 2011: 675-‍749). De la práctica seguida hasta ahora por autoridades policiales y judiciales se desprende, no obstante, que los instrumentos comunitarios han servido más al carácter represivo o punitivo de la respuesta común que a la finalidad preventiva prevista en la mayoría de iniciativas legislativas en esta materia ( ‍Comisión Europea. (2016). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2016) 448 final, 7-‍7-2016.Comisión Europea, 2016;  ‍Sousa Santos, B. (2010). The European Arrest Warrant in Law and in Practice: A Comparative Study for the Consolidation of the European Law-Enforcement Area. Disponible en: https://bit.ly/2NkOP1B.Sousa Santos, 2010).

Continuando en el terreno procesal, en principio una de las mejoras más relevantes de la DM ha sido la incorporación al derecho de la UE de una norma, hasta cierto punto, más precisa en relación con los posibles conflictos de jurisdicción. Su alcance, sin embargo, ha estado claramente condicionado a su transposición al ordenamiento interno por los Estados miembros ante las numerosas disposiciones facultativas incluidas en la DM. La regla básica de la que parte el art. 7 es el principio tradicional de «territorialidad», al que viene a sumarse el de «personalidad» activa y pasiva. Partiendo de esa base, los Estados miembros tienen que delimitar sus competencias para enjuiciar los delitos tipificados con arreglo a la DM (participación activa o acuerdo) que se ejecuten o planifiquen en su territorio, total o parcialmente, independientemente del Estado miembro en el que la organización delictiva opere, esté radicada o blanquee los productos de sus actividades criminales. Además, de manera facultativa, los Estados miembros podrán extender su jurisdicción extraterritorialmente bien mediante la competencia personal, bien cuando el delito se haya perpetrado «en beneficio de alguna persona jurídica establecida en el territorio de dicho Estado miembro».

A pesar de lo que pudiera parecer en un primer momento, el alcance de este precepto relativo al establecimiento de la jurisdicción competente es más limitado que el correspondiente en el marco anterior. La extinta Acción Común demandaba de la autoridad judicial una intervención preceptiva en caso de existir un vínculo territorial, incluso si no concurrían otros nexos de competencia, planteando en algunos casos un posible conflicto (positivo) de jurisdicción. La mejora que plantea la DM para zanjar potenciales conflictos de jurisdicción radica en establecer un criterio de mínimos relativamente más operativo que el contenido en la Convención de Palermo, al obligar a las autoridades de los Estados miembros a colaborar previamente, recurriendo —si fuera necesario— a Eurojust u otros actores del ELSJ, como la Fiscalía Pública Europea en caso de ampliar su competencia a estos delitos. No obstante, la implementación de este precepto sigue dependiendo en la práctica de la voluntad de colaboración de las autoridades estatales, puesto que se les deja un amplio margen de maniobra en la valoración de los medios de cooperación y su obligatoriedad, dado el carácter facultativo de las medidas propuestas; un esquema que se repite en otras normas aplicables en materia de resolución de conflictos de jurisdicción en el ELSJ^‍‍[20], manteniendo el tradicional enfoque comunitario sobre jurisdicción, al servicio de los Estados miembros individualmente considerados ( ‍Klip, A. (2009). European Criminal Law. An Integrative Approach. Antwerpen: Intersentia.Klip, 2009: 187). Dada la amplitud de los términos empleados, de los elementos finalmente incluidos en la definición de los tipos a nivel nacional y de las sanciones impuestas a nivel interno, hubiera sido preferible incluir alguna regla más clara y preceptiva para la delimitación de la jurisdicción competente o en mejor posición para conocer del caso, en particular teniendo en cuenta que el criterio de «territorialidad» no es siempre el más importante en la casuística de Eurojust y se siguen planteando conflictos de jurisdicción complejos entre EEMM en la investigación de delitos en los que participan organizaciones delictivas ( ‍Eurojust (2018). Report on Eurojust’s casework in the field of prevention and resolution of conflicts of jurisdiction. La Haya. Disponible en: http://www.eurojust.europa.eu/.Eurojust, 2018: 9;  ‍Ruggeri, S. (2015). Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe. Developments in EU Legislation and New Challenges for Human Rights-Oriented Criminal Investigations in Cross-border Cases. Heidelberg: Springer.Ruggeri, 2015: 219-‍220).

También la DM ha dejado la puerta abierta a incluir otras incógnitas no resueltas en el marco europeo, esta vez relacionadas con la prevención del delito en términos generales. Así, a través de una serie de iniciativas, en los últimos años la UE ha instrumentalizado el decomiso, convirtiéndolo en una pieza más de una estrategia más global de prevención del delito y, en particular, de la lucha contra el COT, adquiriendo una incuestionable componente preventiva que ha alterado claramente su naturaleza ( ‍Jiménez- Villarejo Fernández, F. (2011). Novedades legislativas en materia de decomiso y de recuperación de activos. Revista de Derecho Penal, 34, 91-‍116.Jiménez-Villarejo, 2011). En línea con este cambio de enfoque, perceptible tanto a nivel nacional como internacional, la UE ha configurado un marco normativo relativamente amplio para proteger al sistema financiero y bancario contra el blanqueo de los productos del delito o, en general, proteger la integridad del sistema financiero comunitario ( ‍Siclari, D. (2016). The New Anti-Money Laundering Law. First Perspectives on the 4th European Union Directive. London: Palgrave Macmillan.Siclari, 2016;  ‍Marletta, A. (2016). Interinstitutional Relationship of European Bodies in the Fight against Crimes Affecting the EU’s Financial Interests. Past Experience and Future Models. Eucrim. The European Criminal Law Associations’ Forum, 3, 141-‍145.Marletta, 2016). De manera particular, si bien la DM analizada no incluye ninguna disposición al respecto, la directiva de 2014 referente al decomiso de los productos del delito^‍‍[21] regula el marco europeo y busca evitar que los fondos ilícitamente obtenidos por las organizaciones delictivas sirvan para cometer nuevos delitos. Para ello, esta directiva armoniza el «decomiso ampliado» y pretende afianzar el reconocimiento mutuo tanto de medidas temporales (por ejemplo, el embargo preventivo y la confiscación de bienes), como de resoluciones judiciales que, con carácter definitivo, permitan el embargo de los productos del delito y/o de los bienes empleados para su comisión. Además, los Estados miembros deberán adoptar medidas de decomiso ampliadas en caso de que el delito se haya cometido en el seno de una organización delictiva, posibilitando que los jueces puedan, asimismo, decomisar (total o parcialmente) otros bienes que consideren igualmente sean producto de otros delitos relacionados, a los que vendrían a sumarse aquellos de los allegados y de las personas jurídicas bajo su control.

La normativa europea sobre el decomiso introduce, no obstante, las indefiniciones que le son propias al derecho europeo penal. Esta norma marco permite que sean las autoridades judiciales de los Estados miembros quienes determinen, atendiendo a unos criterios vagamente definidos, el alcance real de estas medidas de prevención a través del decomiso de bienes e instrumentos del delito. Así, el marco comunitario aprueba que la autoridad judicial estatal ejecute el decomiso en ausencia del acusado durante la tramitación e, incluso, la incoación del expediente, una posibilidad que no está prevista en todos los Estados miembros. Igualmente, el decomiso ampliado previsto por la directiva puede vulnerar las garantías procesales del inculpado o investigado, en particular en cuanto a su presunción de inocencia ( ‍Díaz Cabiale, J. A. (2016). El decomiso tras las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18 (10), 1-‍70.Díaz Cabiale, 2016: 36). En el caso de España, por ejemplo, su implementación en el ordenamiento interno ha supuesto ampliar de manera «desproporcionada» el alcance de la posibilidad de confiscar bienes por un valor «equivalente» a los que se presumen obtenidos de forma ilegal basándose en indicios y no pruebas directas ( ‍Roig Torres, M. (2016). La regulación del comiso. El modelo alemán y la reciente reforma española. Estudios Penales y Criminológicos, 36, 199-‍27.Roig Torres, 2016: 251). Hubiera sido conveniente incluir en la DM algún precepto sobre las medidas necesarias para poder proceder con todas las garantías al embargo y decomiso ampliado en el marco de las técnicas e instrumentos especiales de lucha contra el COT, como ha propuesto hasta en dos ocasiones la Eurocámara ( ‍Parlamento Europeo. (2006). Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 26-‍10-2005, DO C 272 E, de 9 de noviembre de 2006, p. 428.Parlamento Europeo, 2006 y  ‍Parlamento Europeo. (2011). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea, DO C 131 E, de 8 de mayo de 2013, p. 66.2011), fundamentalmente en aquellos casos que tengan carácter preventivo o en ausencia de condena. Además, hubiera sido deseable introducir una definición clara de los términos «productos del delito» (más amplio) y «beneficio económico» (más restringido), e insistir en que estas medidas no se encuentren ligadas únicamente a los supuestos en los que las actividades delictivas de estos grupos hayan representado un beneficio económico, como apunta esta directiva (art. 5.2), sino que sean aplicables a la comisión de delitos graves por dichas organizaciones delictivas en todo caso.

Por todo lo analizado a lo largo de estas líneas, ahora más que nunca se hace necesario avanzar para colmar las lagunas observadas tanto en el ámbito material como procesal del marco comunitario contra el COT. Pasos en este sentido servirían para afianzar la confianza mutua entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, antes de que sea demasiado tarde y las disparidades y la mala praxis de la judicatura hagan inviable el buen funcionamiento del espacio judicial europeo, como se está dejando entrever en relación con otros instrumentos en este sentido —por ejemplo, la euro-orden ( ‍Sousa Santos, B. (2010). The European Arrest Warrant in Law and in Practice: A Comparative Study for the Consolidation of the European Law-Enforcement Area. Disponible en: https://bit.ly/2NkOP1B.Sousa Santos, 2010)—.