ESTADO DE BIENESTAR Y OFERTA PROGRAMÁTICA EN ESPAÑA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA COMPARATIVA DE LOS PERFILES SOCIALES DE LOS PARTIDOS

1. Índices de posición sobre la extensión del gasto social y el énfasis en los recortes[Subir]

Para el cálculo de las preferencias de los partidos y Parlamentos nacionales de la UE-15 empleamos la base de datos principal del proyecto Manifesto ( ‍Volkens, A., Lehmann, P., Matthieß, T., Merz, N., Regel, S. y Weßels, B. (2017). The Manifesto Data Collection. Manifesto Project (MRG/CMP/MARPOR). Versión 2017b. Berlín: WZB. https://bit.ly/2HSc4Ba.Volkens et al., 2017). Optamos, de este modo, por datos elaborados a partir del análisis de contenido cuantitativo de programas electorales. Este se realiza a través de la codificación manual por parte de expertos en los distintos países, capaces de atribuir significado a los argumentos contenidos en las unidades de análisis, que son las cuasifrases, y no las palabras, porque las palabras no tienen significado fuera de contexto. Para profundizar sobre el método de este proyecto, pueden consultarse Alonso et al. ( ‍Alonso, S., Volkens, A. y Gómez, B. (2012). Análisis de contenido de textos políticos. Un enfoque cuantitativo. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 2012), Ares y Volkens ( ‍Ares, C. y Volkens, A. (2017a). ¿Por qué y cómo se está extendiendo el Manifesto Project a América Latina? Revista Española de Ciencia Política, 43, 115-‍135. Disponible en: https://doi.org/10.21308/recp.43.05. 2017a,  ‍Ares, C. (2017b). Representación, estructura de la competencia e ideología de los partidos políticos: el empleo de los indicadores de MARPOR en América Latina. Revista Latinoamericana de Política Comparada, 12, 9-‍28. 2017b) y Volkens et al. ( ‍Volkens, A., Bara, J., Budge, I., McDonald, M. y Klingemann, H.D. (ed.) (2013). Mapping Policy Preferences from Texts III. Statistical Solutions for Manifesto Analysts. Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199640041.001.0001. 2013 y  ‍Volkens, A., Ares, C., Bratanova, R. y Kaftan, L. (2015). Scope, Range, and Extent of Manifesto Project Data Usage: A Survey of Publications in Eight High-Impact Journals. Handbook for Data Users and Coders. Versión 1. Disonible en: https://bit.ly/2Wh99Wk. 2015).

En esta investigación tomamos las siguientes cuatro variables del esquema de clasificación estándar, porque son las que versan sobre gasto social:

Para el cálculo de la posición de cada uno de los 729 partidos sobre la extensión del gasto social, aplicamos la siguiente fórmula: (504 + 506) – (505 + 507). En el nivel macro, para la obtención de la posición del Parlamento nacional en cada legislatura, ponderamos las preferencias de los partidos con representación en el período por su número de escaños.

El índice de énfasis en los recortes sociales es el resultado de sumar las dos categorías que capturan los posicionamientos favorables a la limitación del gasto social (505 + 507). A nivel macro, se realiza la misma ponderación que para el anterior índice de posición sobre la expansión del volumen de recursos destinado a las políticas de bienestar en cada uno de los 94 períodos legislativos cubiertos.

2. Preferencias de los parlamentos nacionales de la UE-15 sobre gasto social[Subir]

Este epígrafe ofrece una aproximación al espacio real de diferenciación de la oferta sobre las políticas sociales en la UE-15, que nos permite desmentir algunas falsas creencias presentes en la conversación acerca del EdB. Los gráficos 1 y 2 ilustran una enorme cantidad de información, fruto del cálculo de los dos índices anteriormente presentados para los 729 partidos y las 94 elecciones celebradas en estos países entre 1993 y 2017 y codificadas por el Manifesto Project a finales de 2017.

En el primero, se observa nítidamente cómo el apoyo al incremento del gasto social creció hasta el año 2000, cuando se estancó, y cómo se desplomó después en los primeros años de la Gran Crisis.

Llama la atención el consistente mantenimiento a lo largo del tiempo de las preferencias del Congreso de los Diputados en torno a tres puntos por debajo de la media de los Parlamentos de la UE-15. Sin embargo, en 2011 el Parlamento español se ubica inusualmente en la posición media y las líneas se cruzan.

El gráfico 2, por su parte, refleja la escasa presencia de posicionamientos programáticos favorables a la limitación del gasto social. Cuando en el conjunto de la UE-15 se incluyeron más argumentos a favor de los recortes, en el ciclo electoral de 2011, durante los momentos más duros de la Gran Recesión, no llegaron a sobrepasar el 1,02 de la oferta. Este limitado énfasis es característico de los quince países, y en mayor medida de España, que solo se aproxima a la media de la UE-15 en los años 2000.

El gráfico 3 muestra el limitado énfasis o la irrelevancia en el nivel macro de los Parlamentos nacionales de los posicionamientos favorables a los recortes sociales en los quince Estados. En este ciclo electoral ningún país presentó un dato de énfasis en la reducción de los programas de gasto por encima del 2,33 de Portugal, donde todavía así se mantuvo el apoyo al incremento de la financiación de las políticas de bienestar (11,3) unas décimas por encima de Alemania (11,17).

En este mismo gráfico salta a la vista cómo en España (0,02), al igual que en Grecia (0), los principales partidos evitaron estratégicamente las referencias a los recortes sociales en sus ofertas electorales.

Todos los datos anteriores contrastan con la sobrerrepresentación de posicionamientos antisociales en el debate público sobre el EdB, aspecto sobre el que abundaremos más adelante. Tras esta visión panorámica podemos afirmar que, en general, los ciudadanos de la UE-15 no votan a partidos antisociales y los partidos procuran no distanciarse del consenso a favor del MSE.

No obstante, una cosa es que no aumente el énfasis en los recortes y otra, como se ha mostrado en el gráfico 1, que se mantengan los posicionamientos favorables a la extensión de los programas de gasto. De hecho, estos caen para el conjunto de la UE-15 desde 2008.

En la comparación entre países destacan los Estados con movimientos en dirección contraria a la tendencia general, entre ellos España. El país donde más se fortalece el apoyo al aumento de la financiación para estas políticas en el Parlamento es Alemania (5,81 puntos), seguido de Dinamarca (5,16 puntos) y, en menor medida, Austria (2,73), Suecia (2,11) y Portugal (0,62), además de España (1,21 puntos).

Mientras, se desplazaron en sentido contrario, como la media de la UE-15, las posiciones sobre la extensión de los programas de gasto de los Parlamentos (de mayor a menor variación): griego (-12,06), irlandés (-7,38), holandés (-6,16), finlandés (-6,05), británico (-5,46), luxemburgués (-5,27), belga (-3,46), francés (-1,71) e italiano (-0,73). Todos estos movimientos se recogen en la tabla 2 del anexo.

Para poder interpretar estas variaciones, es preciso compararlas con las preferencias de las elecciones anteriores. En algunos países eran y, pese a su caída a partir de 2007, continuaron siendo favorables al crecimiento del EdB. Por ejemplo, en Francia el apoyo al aumento del gasto social descendió 1,71 puntos, pero no por ello, como se refleja en el gráfico 3, el galo dejó de ser el segundo Estado de la UE-15, solo por debajo de Suecia (26,49), con una posición más favorable a una mayor dotación presupuestaria para las políticas de bienestar (17,72). En la tabla 3 del anexo pueden consultarse no ya los cambios producidos durante la Gran Crisis (contenidos en la tabla anterior), sino las puntuaciones sobre la extensión del gasto de los quince Parlamentos nacionales en el ciclo electoral 2010-‍2013.

En definitiva, sería erróneo o intelectualmente deshonesto diagnosticar un deterioro dramático del apoyo programático a la extensión del gasto social en la UE-15 a nivel macro. No obstante, cabe apuntar algunas excepciones. En los País Bajos cayó 6,16 puntos, situándose en 6,38. Los rescates a Grecia (-12,06) e Irlanda (-7,38) tuvieron asimismo un impacto negativo en la defensa de la ampliación de los programas de gasto. En Finlandia el sostén al incremento de la financiación de las políticas de bienestar descendió 6,05 puntos, aunque continuó siendo el quinto más alto de los países estudiados.

Para terminar esta sección, se apuntan los datos desviados a nivel meso sobre el énfasis en los recortes sociales. La tabla 1 concentra información diversa valiosa para monitorizar las estrategias de oposición al EdB en la UE-15 desde 1993.

En primer lugar, el mayor énfasis en los recortes no siempre se produjo tras la Gran Crisis (lo que ocurrió en siete de los quince Estados), sino que en cinco de ellos (Alemania, Finlandia, Francia, Luxemburgo y Países Bajos) se había manifestado en la década de 1990 y en tres (Bélgica, España y el Reino Unido) en los primeros años 2000.

En segundo lugar, la puntuación más crítica es inferior a tres puntos no solo en España, sino también en Grecia, Irlanda y el Reino Unido. Tampoco alcanza los cinco puntos en ningún partido en ninguna elección desde el año 1993 en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia y Suecia.

Entre estos nueve países solo cabría destacar dos, debido al respaldo electoral de la fuerza política que presentó la posición más antisocial. Se trata de la Unión para la Democracia Francesa (UDF), partido conservador que obtuvo en 1993 el 19,63 % de los sufragios, con el 3,46 % de su programa dedicado a los recortes; y el Partido de la Libertad (FPÖ), fuerza nacionalista con una ubicación en la escala izquierda-derecha muy próxima a la anterior, que logró en Austria el 20,51 % de los votos en 2013.

Por tanto, los tres países del Benelux, Finlandia, Italia y Portugal son contextos donde profundizar en el análisis de la contestación a los programas de gasto a nivel meso. En estos seis Estados, sí han existido partidos, agrarios, cristianodemócratas y liberales, que en algún momento han competido electoralmente dando mayor importancia a la reducción del gasto social y obteniendo apoyos de entre el 10 y el 20 % de los votantes.

En la segunda parte de este texto se presenta la nueva propuesta metodológica para obtener más datos comparables relevantes sobre la diferenciación de la oferta en materia de bienestar y se aplica a los principales partidos españoles de ámbito estatal.

1. Contra el Estado de Bienestar, por «peligroso, inútil y perverso»[Subir]

Primero, exponemos la base conceptual sobre la que se construye esta herramienta de medición.

Tiempo antes de la Gran Crisis, durante las décadas de 1980 y 1990, el exitoso cuestionamiento del papel del Estado como actor económico y del valor de la intervención pública había marcado el debate en materia de política económica. La idea de EdB enfrentó críticas que ponían en cuestión su viabilidad económica ( ‍O´Connor, J. (1973). The Fiscal Crisis of the State. New York: St.James. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-349-06273-7.O´Connor, 1973,  ‍O´Connor, J. (1984). Acumulation Crisis. New York: St.James.1984;  ‍Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press; Princeton: Princeton University Press.Esping-Andersen, 1990;  ‍Pierson, C. (1991). Beyond the Welfare State? Cambridge: Polity Press. Pierson, 1991;  ‍Boix C. (1996). Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Madrid: Alianza.Boix 1996;  ‍Esping-Andersen, G. y Palier, B. (2010). Los tres grandes retos del estado del bienestar. Barcelona: Ariel. Esping-Andersen y Parlier, 2010), su legitimidad política o moral ( ‍Niskanen, W. (1971). Bureaucracy and Representative Government. Atherton: Aldine. Niskanen, 1971;  ‍Nozick, R. (1974). Anarchy, State and Utopía. New York: Basic Books.Nozick, 1974), la valoración social de su efectividad o su propia capacidad organizativa o tecnológica para intervenir en la economía o en la sociedad con eficiencia y eficacia ( ‍Offe, C. (1985). Disorganiced Capitalism. London: Hutchinson.Offe, 1985;  ‍Cutler, T. y Waine, B. (1994). Managing the Welfare State. The politics of public sector management. Oxford: Berg.Cutler y Wayne, 1994;  ‍Lane, J. E. y Ersson, S. (1999). Politics and Society in Western Europe. London: Sage. Disponible en: https://doi.org/10.4135/9781446279342.Lane y Ersson, 1999).

Más que en promover recortes significativos y visibles en sus volúmenes presupuestarios, las críticas contra el EdB se concentraron en cuestionar su legitimidad, su eficiencia o la moralidad de las maneras de gestionar el gasto ( ‍Scharpf, F. (1991). Crisis and Choice in European Social Democracy. Ithaca; New York: Cornell University Press. Scharpf, 1991,  ‍Scharpf, F. (1999a). Governing in Europe, Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198295457.001.0001.1999a,  ‍Scharpf, F. (1999b). Socialdemocracia y crisis económica en Europa. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. 1999b;  ‍Pinch, S. (1997). Worlds of Welfare. Understanding the Changing Geographies of Social Welfare Provision. Londres; New York: Routledge.Pinch, 1997). Más que confrontar directamente al EdB, se pretendió reformular el propio concepto poniendo en circulación fórmulas que, bajo el paraguas de buscar una gestión más «neutral» o «gerencial», centraban sus esfuerzos en convertir las decisiones sobre elaboración de políticas o formas de gestión no en elecciones políticas, sino en decisiones racionales esencialmente técnicas. Así nació el «Estado gerencial» ( ‍Clarke, J. y Newman, J. (1999). The Managerial State. London: Sage.Clarke y Newman, 1999), que ha orientado programáticamente la mayor parte de las reformas implementadas en las políticas de bienestar.

Sin embargo, la Gran Crisis ha facilitado recrear un escenario diferente y unos objetivos de mayor calado. No se trata ya de reformar, revisar o ajustar, sino de deteriorar, descapitalizar y, finalmente, desmantelar los servicios públicos y, en última instancia, el propio concepto, la idea de EdB ( ‍Losada, A. (2013). Piratas de lo público. Barcelona: Deusto. Losada, 2013). Esta nueva lógica reaccionaria contra los programas de gasto se descifra con mayor claridad si se sistematiza aplicando el modelo del pensamiento reaccionario formulado por Hirschmann ( ‍Hirschman, A. O. (1991). The Rethoric of Reaction. Cambridge: Harvard University Press. 1991). Todo intento de progreso provoca una reacción armada con una batería de argumentos que, tras su habitualmente abundante despliegue moralizante y estadístico, puede reducirse a los siguientes tres conceptos: peligrosidad (jeopardy), inutilidad (futility) y perversidad (perversity). El empeño en el cambio o resulta peligroso o inútil o perverso:

El Estado del bienestar es peligroso. La crítica más popular al EdB apunta a su insostenibilidad económica y al consiguiente riesgo que supone para otros avances económicos y sociales, sobre todo para la creación de riqueza y bienestar. El EdB ha sido declarado culpable del déficit y los desequilibrios del presupuesto público que, pese a la evidencia de los verdaderos orígenes y causas de la crisis financiera de 2007, acaban siendo presentados como el principal condicionante de la recesión. En este relato no fue la voracidad de los mercados financieros para especular con productos tóxicos lo que provocó la Gran Crisis, sino los elevados costes de la sanidad o de los sistemas de pensiones.

El Estado del bienestar es inútil. La regulación pública del mercado de trabajo con mecanismos como el salario mínimo lleva décadas bajo la sospecha de ineficiencia. En la era de los mercados globalizados esta sospecha se ha convertido en certeza. La intervención pública en la economía para regular los mercados laborales o de servicios resulta inútil. El caso de las políticas fiscales se ha convertido en el paradigma de la inutilidad del EdB. Subir los impuestos para financiar políticas de bienestar no solo causa un daño económico y amenaza la creación de riqueza; además resulta inútil porque aquellos con más capacidad fiscal disponen hoy de una movilidad casi ilimitada.

El Estado del bienestar es perverso. El exceso de protección social y el recurso confiscatorio a políticas redistributivas están aniquilando el espíritu emprendedor. El EdB genera una cultura de la subvención y la dependencia que desincentiva la iniciativa individual y daña el progreso económico. Con abundante apoyo de sofismas y formatos seudocientíficos se ha elaborado un poderoso discurso donde el gasto social no responde a las necesidades de los ciudadanos, sino a los intereses particulares de los «burócratas» y «políticos», que deciden y gestionan en su propio interés y fuera del control de los ciudadanos ( ‍Dunleavy, P. (1991). Democracy, Bureaucracy and Public Choice. London: Polity Press.Dunleavy, 1991). Así, el EdB se retrata como una amenaza para la libertad individual.

Finalmente, gana protagonismo el argumento de la insostenibilidad del gasto social en sociedades envejecidas, como las europeas. En realidad, se trata de una crítica antigua. La idea de que las democracias del bienestar degenerarían en gerontocracia fue puesta en circulación en la década de 1970 desde ámbitos de pensamiento conservador norteamericano. Sin embargo, ni las evidencias ni los análisis comparados suministraron base para fundamentar la idea de que un creciente poder de las personas de más edad estaba capturando el EdB y sus políticas en beneficio de los intereses de las personas mayores.

Los estudios comparados disponibles no arrojan evidencia alguna que permita sustentar la expectativa de que conforme aumenta el peso demográfico de los mayores se incremente su influencia en las decisiones públicas, voten como un grupo o lleguen a organizarse políticamente como tales para defender sus intereses ( ‍Lynch, J. (2015). Age Politics and Pension Systems Development and Reform. En C. Torp (ed.). Challenges of Aging. Pensions, Retirementand Generational Justice (pp. 49-60). Basingstoke: Palgrave. Lynch, 2015;  ‍Schulz, J. H. y Binstock, R. H. (2006). Aging Nations: The Economics and Politics of Growing Older in America. Westport: Praeger.Schulzt y Binstock, 2006). En realidad, la expansión de políticas como las pensiones responde a preferencias mayoritarias entre los trabajadores en activo, empresarios, activistas sociales, sindicatos y partidos de gobierno ( ‍Lynch, J. (2015). Age Politics and Pension Systems Development and Reform. En C. Torp (ed.). Challenges of Aging. Pensions, Retirementand Generational Justice (pp. 49-60). Basingstoke: Palgrave. Lynch, 2015).

Igualmente ha quedado acreditado que las sociedades del bienestar con políticas más favorables hacia las personas mayores, incluso con elevadas ratios de dependencia, reducen la probabilidad de que estos se activen para participar en política con intención de controlar la toma de decisiones públicas ( ‍Goerres, A. (2009). The Political Participation of Older People in Europe. The Greying of our Democracies. Basingstoke: Palgrave. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9780230233959.Goerres, 2009). Las evidencias disponibles resultan contundentes: no se constatan ni se intuyen signos de la pronosticada gerontocracia ( ‍Ares, C. (2018). Envejecimiento y política: un debate politológico. Revista de Estudios Políticos, 179. Ares, 2018). En lugar de intereses comunes que organicen o movilicen a la mayoría de las personas mayores como activistas o votantes, se observan preferencias diversas entre mayores y distintos grados de militancia y participación, como ocurre en otros grupos y cohortes de edad ( ‍Busemeyer, M. R., Goerres, A. y Weschle, S. (2008). Demands for Redistributive Policies in an Era of Demographic Aging: The Rival Pressures from Age and Class in 15 OECD Countries. Discussion Paper DP08, 3. Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIFG). Busemeyer et al., 2008;  ‍Goerres, A. (2007). Can We Reform the Welfare State in Times of «Grey» Majorities? The Myth of an Electoral Opposition between Younger and Older Voters in Germany. Working Paper 07-‍05. Max Planck Institute for the Study of Societies.Goerres, 2007,  ‍Goerres, A. (2009). The Political Participation of Older People in Europe. The Greying of our Democracies. Basingstoke: Palgrave. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9780230233959.2009).

La Gran Recesión ha revivido, sin embargo, este falso concepto de gerontocracia y la pretensión de ruptura del contrato intergeneracional en el debate mediático. Ignorando la evidencia de que las reformas laborales implementadas en Europa han tenido como objetivo prioritario abaratar el recambio de trabajadores séniores —con trabajos estables y con condiciones previas a la crisis— por jóvenes más precarizados para reducir costes laborales; que los recortes en sanidad han afectado mayoritariamente a sus principales usuarios, las personas mayores, o que las pensiones o han sufrido recortes o no han dejado de perder poder adquisitivo desde 2008, se ha relanzado la idea de que las políticas de austeridad impuestas por algunos Gobiernos como salida a la crisis venían dictadas por la presión de los votantes más envejecidos para preservar sus derechos a costa de las oportunidades de las nuevas generaciones.

La idea de ruptura de contrato intergeneracional y guerra entre generaciones responde a la perfección a la producción del pensamiento reaccionario contra el EdB en conjunto. Desarrolla además la misma lógica populista de enfrentamiento y desconfianza que pretende explicar la crisis como el resultado de la explotación de la ciudadanía por ciertos grupos privilegiados y ha buscado enfrentar a nacionales contra inmigrantes aprovechados y abusivos, a empleados contra parados subsidiados que no querían trabajar o a ciudadanos contra funcionarios privilegiados.

El Estado del bienestar es aún más peligroso en las sociedades envejecidas porque el crecimiento constante de los costes asociados al mantenimiento de las políticas y servicios que más benefician a las personas mayores, como las pensiones o la sanidad, se ha convertido en la principal amenaza para la sostenibilidad de los sistemas del bienestar y las pensiones que esperan recibir en el futuro los trabajadores en activo. Además, esta amenaza tiene un carácter doble dado que tales políticas y servicios, siempre presentadas como un gasto escasamente productivo, han obligado a implementar recortes precisamente en aquellas medidas destinadas a otros grupos de edad más productivos y que resultan críticas para la creación de la riqueza, el crecimiento económico y el empleo que deben financiar el bienestar del futuro.

Las pensiones se presentan como una carga que deben soportar los trabajadores en activo en un escenario predictivo donde las ratios de dependencia no dejan de medrar amenazando con colapsar no solo al sistema de bienestar, sino el conjunto de la actividad económica y por tanto el crecimiento y la creación de riqueza. Las pensiones dejan de tratarse como un derecho y se convierten en un problema económico y financiero que debe resolverse.

El Estado del bienestar es aún más inútil porque el coste creciente de mantener un sistema público de pensiones resulta insostenible de forma inevitable. Las reformas sucesivas y los alarmantes modelos predictivos respecto a los programas de pensiones insisten de manera recurrente en la misma idea: los sistemas públicos no tienen futuro y resulta ineludible su complementación o su sustitución por sistemas privados. Consumir un volumen excesivo de recursos para preservarlos se antoja un esfuerzo fútil con un coste de oportunidad inasumible frente a otras políticas y servicios que sí pueden generar riqueza y bienestar.

El Estado del bienestar es aún más perverso porque mantener los derechos y servicios que benefician a los ciudadanos séniores se hace a costa de recortar las oportunidades a disposición de las generaciones más jóvenes. El discurso recurrente para justificar las sucesivas reformas laborales que han conducido al deterioro y desmantelamiento de las condiciones de los trabajadores ha girado en torno a una misma idea: se protege demasiado a los trabajadores indefinidos y mayores y eso impide o retrasa el acceso al empleo de los jóvenes.

2. ¿Cómo medir en perspectiva comparada el perfil social de los partidos?[Subir]

Como se ha mostrado en la primera parte del artículo, con los datos del Manifesto Project es posible analizar tendencias e identificar casos desviados tanto a nivel macro como meso acerca del apoyo programático al gasto social. Sin embargo, se precisan herramientas adicionales para examinar de forma más completa la diferenciación de la oferta en este ámbito y mapear su evolución. Por eso, se ha innovado en la creación de datos comparables que permiten trazar perfiles sociales y antisociales de los partidos.

Para la producción de estos datos, en lo que se refiere al perfil social, se tienen en cuenta dos criterios particularmente relevantes: los beneficiarios, a quienes se dirige la oferta electoral, y los programas de gasto. Cada uno de estos criterios permite definir un perfil social complementario: el perfil social de acuerdo con los beneficiarios enfatizados —«perfil social_beneficiarios»—, y el perfil social relativo a los programas de gasto priorizados (sanidad, pensiones, educación, servicios sociales, vivienda, o empleo) —«perfil social_programas»—.

Los nuevos datos pueden obtenerse gracias al Manifesto Corpus ( ‍Merz, N., Regel, S. y Lewandowski, J. (2016). The Manifesto Corpus: A newresource for research on political parties and quantitative text analysis. Research and Politics, 2, 1-‍8. Disponible en: https://doi.org/10.1177/2053168016643346. Merz et al., 2016), que es la provisión por parte del proyecto Manifesto, con carácter complementario a sus datos, no solo de los textos originales de los programas, sino también de los documentos de trabajo llamados versiones «anotadas», donde figuran las cuasi-frases con los códigos atribuidos. Esto facilita la recodificación de los textos, manteniendo como unidad de análisis la cuasi-frase o empleando palabras u otras alternativas.

El proceso que planteamos en este artículo para generar el «perfil social_beneficiarios» de un partido es el siguiente:

 Otros destinatarios de atención social:

En el epígrafe siguiente se ejemplifica el resultado de la aplicación de este proceso a los programas del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos para las elecciones generales de 2016.

Por su parte, el procedimiento de elaboración del «perfil social_programas» es el siguiente:

Más adelante se muestra el resultado de la aplicación de este procedimiento en las elecciones generales españolas de 2016.

Finalmente, en este epígrafe indicamos cómo medir el perfil antisocial de los partidos.

Las posiciones explícitamente favorables a los recortes en políticas sociales pueden estar fundamentadas en argumentos morales y/o económicos. La proporción de estas dos clases de razones marca una diferencia significativa en la oferta electoral de un partido, que puede condicionar la definición de los programas de gasto, pero no agota la variación relevante. Volviendo al modelo de Hirschman ( ‍Hirschman, A. O. (1991). The Rethoric of Reaction. Cambridge: Harvard University Press. 1991), un partido puede rechazar el EdB por su inutilidad o por su peligrosidad, mientras otro puede estar más preocupado por su perversidad moral. Estos tres conceptos resultan todavía más reveladores de la idea de intervención pública en materia de bienestar preferida por los partidos que la mera contraposición de argumentos morales y económicos.

El proceso de definición del perfil antisocial de un partido es el siguiente:

Para decidir si el razonamiento crítico desarrollado en una unidad de análisis (códigos 505 y 507) versa sobre las ideas de «peligrosidad», «inutilidad» o «perversidad» se tiene en cuenta lo siguiente: el EdB, como se ha desarrollado ya con extensión en este texto, se considera peligroso porque lastra el crecimiento económico y pone en riesgo la creación de riqueza y bienestar. Se encuadran, por tanto, en este concepto general de peligrosidad: apelaciones a la eficiencia y, en general, argumentos económicos de nivel macro, como referencias a la racionalización del gasto o a la evaluación de los programas. Ejemplos:

El EdB es inútil porque el sector privado gestiona mejor servicios y derechos. En esta categoría se ubican posiciones favorables a las formas mixtas de provisión de bienestar e incluso a la dualización de la red de protección social, siempre que el razonamiento sea económico y no moral. Bajo esta idea general de inutilidad podría defenderse a empresas y ONGs como mejores gestoras de dinero público, sin que ello entrañe una preferencia por la reducción del gasto público. También cabría apoyar la incorporación o la extensión de la participación de provisores de atención social no pertenecientes al sector público en tanto que competidores del Estado, o substitutivos de la intervención pública, con lo que sí se estaría planteando una disminución del gasto público. Ejemplos:

Para terminar, el EdB es perverso porque aumenta el riesgo moral de dependencia, fraude y corrupción de individuos e instituciones. Incluso, se le podría responsabilizar de tener efectos igual de perversos sobre la sociedad civil al ocupar espacio y funciones tradicionalmente asignados a las familias e interviniendo y estatalizando el tejido comunitario. Bajo esta categoría general de perversidad se reúnen afirmaciones en contra de la asistencia social basadas en argumentos morales, posiciones contrarias a las prestaciones no contributivas, menciones al equilibrio entre derechos y deberes o a la responsabilidad individual sobre las propias condiciones de vida, referencias a la activación o a incentivos a la inserción laboral, y apelaciones a la familia o a voluntarios como alternativa a la intervención pública fundamentadas en criterios morales (si el razonamiento fuese económico, se ubicaría en la idea de inutilidad del EdB y no en la de perversidad). Ejemplos:

3. Los perfiles sociales de los principales partidos españoles de ámbito estatal[Subir]

Como ya se ha destacado, España, junto con Alemania, Austria, Dinamarca, Portugal y Suecia, es uno de los países de la UE-15 donde aumentó el apoyo parlamentario a la expansión de los programas de gasto en la Gran Crisis en contra de la tendencia general. Aunque el énfasis en los recortes sociales es residual a nivel macro en los quince Estados, constituye también, después de Grecia, el país donde se han formulado menos promesas de recortes.

¿Esto implica que en España no pueda hablarse de diversidad programática en materia de políticas de bienestar? En absoluto, como hemos podido medir con la herramienta que acabamos de presentar, e incluso también en menor medida con los propios datos del proyecto Manifesto. Empleando únicamente los datos de la base principal de este proyecto se observan algunas diferencias entre los principales partidos. En primer lugar, aunque en el plano del discurso programático el PP dista de ser un partido contrario al aumento de la financiación de las políticas sociales, como se refleja en el gráfico 5, su posición se ha mantenido en el tiempo a una distancia de 3-‍4 puntos por debajo de la del PSOE, que ha prestado sistemáticamente más atención a estas políticas en sus programas.

La única excepción se produce en las elecciones de 2008, justo al inicio de la Gran Recesión, cuando paradójicamente el PSOE redujo en 1,44 su preferencia por la expansión del gasto social y, en cambio, el PP la aumentó 3,14 puntos, alcanzando una posición de 13,57, coincidente con su media del período 2008-‍2016; esta media en los comicios celebrados entre 1996 y 2004 fue 9,61. La condición de partido de gobierno a nivel estatal, primero, y la Gran Crisis, después, fueron «socializando» el discurso del PP, sin que el PSOE, que en paralelo fue reforzando su defensa de los programas de gasto, salvo en 2008, dejase de ser un partido más favorable que el PP al aumento de los recursos del EdB.

Podemos se situó en el escenario de competición en 2015 con una preferencia a favor de la expansión del gasto social de 16,48, lo que significa 1,2 puntos por debajo del PSOE, 2,13 por encima del PP y 0,84 de Ciudadanos. Sobre Ciudadanos es preciso subrayar cómo este partido modificó significativamente su oferta para hacerla más favorable a los programas de gasto (+5,81) en las elecciones de 2016 respecto a las de 2015. De hecho, en 2016, fue el partido más comprometido con la financiación de las políticas de bienestar (21,45), no solo por encima del PP (14,35), como ya había ocurrido en 2015, sino también de Unidos Podemos (17,16) y del PSOE (17). Dado el espacio reservado en los programas y los intervalos de variación de la oferta sobre la expansión del gasto social, podemos afirmar que en España esta es una decisión relevante en la estrategia electoral de los partidos, resultando además informativa la comparativa entre los programas presentados en 2015 y en 2016.

Si ponemos el foco únicamente en los posicionamientos favorables a los recortes en los partidos españoles de ámbito estatal con representación parlamentaria desde 1996, solo se registran seis observaciones donde aparece alguna mención favorable a la reducción del gasto social. Estas son: PP en 1996, 2000, 2015 y 2016; UPyD en 2011, y Ciudadanos en 2015.

La frecuencia de las referencias antisociales se muestra en el gráfico 6. Como puede comprobarse, es siempre muy baja, resultando las puntuaciones más altas las del PP en 2000 (0,68) y 2015/2016 (0,46).

Hasta aquí lo que podría decirse sobre la diferenciación de la oferta electoral en materia de bienestar en España trabajando únicamente con los datos de la base principal del Manifesto. Aplicando el desarrollo metodológico presentado en este trabajo, es posible completar el análisis como explicamos a continuación.

Definimos los «perfiles sociales_beneficiarios» y los «perfiles sociales_programas» del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en 2016, y el «perfil antisocial» de los partidos españoles de ámbito estatal que desde 1996 han hecho alguna mención a los recortes en sus programas: PP, UPyD y Ciudadanos^‍‍[3].

Los «perfiles sociales_beneficiarios» se recogen en la tabla 2. Se puede valorar en qué medida los partidos dirigen su oferta social a los distintos grupos de edad. El primer dato destacable es que en 2016 el PSOE —ni Podemos (4,86) ni Ciudadanos (4,47)— es el partido que presta más atención a los niños y a los jóvenes (8,42), con mucha distancia respecto al segundo en hacerlo, el PP (4,95). Esto prueba que el discurso mediático que sugiere que los partidos tradicionales no dirigen sus mensajes a los jóvenes no tiene base empírica en el plano de la oferta programática en estos comicios en España.

Con relación a los mayores como destinatarios de políticas sociales, mientras Podemos (0,69) y Ciudadanos (0) simplemente les prestan poca o nula atención, el PSOE (1,68) y, en mayor medida, el PP (3,85) sí elaboran propuestas específicas para ellos, aunque en menor (PP -1,1 punto) o mucha menor medida (PSOE -6,74) que para los jóvenes^‍‍[4].

Estos datos permiten sostener que no se trata tanto de que los nuevos partidos amplíen la oferta electoral de servicios de bienestar para las generaciones más jóvenes, sino que tienen menos en cuenta a las personas mayores.

Seguramente esta estrategia parta de la asunción de que los mayores presentan un comportamiento electoral menos volátil o más apegado a los partidos que han votado regularmente a lo largo de su vida adulta; por tanto, los nuevos partidos tienen pocas expectativas de que los votantes mayores vayan a confiar en ellos en grandes números y no aprecian la necesidad de incluir apartados programáticos específicamente pensados para ellos. Si en el futuro se llegase a consolidar la percepción de que existe una guerra entre generaciones en España por los recursos de las políticas de bienestar, sería razonable preguntarse si no fueron las estrategias electorales de los nuevos partidos Ciudadanos y Podemos las que contribuyeron decisivamente a introducirla en la agenda política.

En cambio, el «perfil social_beneficiarios» retrata en las mismas elecciones de 2016 a Podemos (6,6) y Ciudadanos (6,15) más preocupados por la atención a la dependencia que el PP (4,95) y el PSOE (4,09). En su programa de estos últimos comicios, más social que el de 2015, Ciudadanos fue el partido que puso más énfasis en la pobreza (3,91), casi un punto más que el PSOE (3,01). Mientras, ni Podemos (1,74) ni el PP (1,92) dieron prioridad a las personas pobres. Los mensajes dirigidos a las mujeres (vinculados a los programas de gasto) fueron escasos, pero encontraron cierta acogida en el PSOE y en Podemos.

Atención aparte merecen las propuestas dirigidas a las «personas que más lo necesitan». Todos estos partidos emplearon en sus programas las coletillas «personas vulnerables», «excluidas», «sin recursos», etc., pero en 2016 el PP hizo un discurso especialmente cargado de estas referencias (12,1). Algunas de estas menciones fueron introducidas con intención de enfatizar el apoyo a estos destinatarios, pero otras en realidad encubren de manera más o menos evidente el deseo de extender los recortes sociales por la vía de expulsar beneficiarios convirtiendo servicios universales en selectivos.

Los «perfiles sociales_programas», por su parte, se reflejan en los gráficos 7 a 10. Si bien muestran menos variación entre los cuatro partidos en comparación con los «perfiles sociales_beneficiarios», presentan dos diferencias y un rasgo común significativos. La primera disimilitud es que Ciudadanos es el único partido que prioriza la educación sobre la sanidad, dato que refuerza su inclinación a la falta de atención a las personas de más edad como destinatarias de gasto social. La segunda diferencia es que Podemos y el PSOE se preocupan más por la vivienda social que el PP y Ciudadanos. El elemento común relevante es que ni el PP ni el PSOE enfatizan en su oferta electoral las pensiones frente a otros programas de gasto, como la educación o el empleo.

Finalmente, la tabla 3 contiene los «perfiles antisociales» del PP en 1996, 2000, 2015 y 2016, UPyD en 2011, y Ciudadanos en 2015. El PP ha ido modificando su razonamiento favorable a los recortes. Si en 1996 se limitaba a la idea de inutilidad del EdB, en 2000 equilibró sus críticas entre inutilidad y perversidad, y en 2015 y 2016 pasó a enfatizar la noción de perversidad. Esto quiere decir que el PP se volvió más conservador e incluso neoliberal en estos temas. Sin embargo, las críticas de Ciudadanos no se fundamentaron en razones morales, sino solo económicas, sobre todo encuadradas en la noción de inutilidad del EdB. Del mismo modo, UPyD en 2011 había empleado para oponerse al gasto social únicamente razones económicas en torno a la idea de peligrosidad.