EL DESAFÍO SOBERANISTA EN CATALUÑA Y EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

I. PRESENTACIÓN[Subir]

El pulso separatista catalán, que sigue en pie, tuvo sus manifestaciones más señaladas en la celebración de un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, la declaración unilateral de independencia de la república catalana el 27 del mismo mes y año, y la aprobación, en el septiembre anterior, de las llamadas «leyes de desconexión».

En torno a este proceso se concitan algunas de las notas dominantes de nuestro tiempo: la pujanza de la desinformación, la narrativa y la propaganda; el declive del Estado del derecho y la fuerza de la democracia sentimental ( ‍Arias Maldonado, M. (2016). La democracia sentimental: Política y emociones en el siglo xxi. Madrid: Página Indómita.Arias Maldonado, 2016); el nacionalismo, el populismo y el unilateralismo redivivos; las nuevas funciones y aspiraciones de la diplomacia y la paradiplomacia; el emborronamiento de las ideologías de derecha y de izquierda; el papel jugado por intelectuales y expertos; la reescritura interesada de la Historia, etc.

La «cuestión catalana», que somete a una prueba de estrés a la democracia española, está mediatizada por normas y problemas medulares del derecho de la Unión Europea y de su orden público; por normas y problemas que constituyen el hilo conductor de estas breves reflexiones que pretenden ser una reafirmación del derecho frente a su manipulación y desfiguración ventajista, sin subestimar el papel que la política tiene que desempeñar (y tendría que haber desempeñado ya) en la resolución del conflicto. Después de una valoración comparativa y panorámica de la construcción europea y la construcción española (apartado II), se analiza el sedicente y sedicioso derecho de secesión desde la perspectiva europea (apartado III), se valora la respuesta del derecho de la Unión al ataque al imperio del derecho de uno de sus Estados miembros (apartado IV), para concluir con unas observaciones finales y prospectivas. En suma, como en tantos episodios de la historia española, Europa debe ser, según el apotegma orteguiano, parte de la solución a un problema esencialmente interno, fundamentalmente por el respeto y protección que la Unión ha de brindar a la asaltada democracia española y por la advertencia de que la eventual nueva república quedaría fuera automáticamente, al emanciparse de España, de la UE, y habría de solicitar su adhesión de conformidad con lo establecido en el art. 49 TUE. Esto es, el desacople sería al mismo tiempo respecto a España y respecto a la Unión Europea.

En efecto, si se leen los artículos iniciales del Tratado de la Unión Europea, la razón jurídica europea se decanta, frente a lo argüido torticeramente, a favor del ordenamiento constitucional y la integridad territorial de España, sin perjuicio de que la salvaguarda de los derechos humanos pudiera merecer alguna desaprobación puntual hacia el Estado en su tratamiento de la «cuestión catalana». Muy expresivo resulta a estos efectos el art. 4.2, cuyo tenor literal merece ser íntegramente reproducido:

Pero desglosemos el marco jurídico europeo al respecto, sin poder entrar, lógicamente, en todas sus ramificaciones:

II. EL SECESIONISMO CATALÁN Y EL ESPÍRITU DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA[Subir]

A pesar, o quizá a causa, del declive de la soberanía estatal, sigue presente, aun en la integración europea, la importancia de llamarse Estado (soberano). El soberanismo hasta rebrota en los últimos tiempos en el marco de la Unión bajo el escudo de una «Europa de las naciones» frente al «imperialismo» europeo, y también lo hace en el seno de algunos Estados, como escenifica el pleito catalán. Desde la propia Unión, por otro lado, surgen voces que defienden la soberanía europea para domeñar la globalización y fomentar la Europa que protege, también frente a las injerencias exteriores divisivas, disgregadoras, que afectan a los procesos electorales y de articulación de España y Europa, y que proceden no solo de los sospechosos habituales (Rusia, primeramente), sino también de los presuntos y tradicionales aliados (Estados Unidos, últimamente). El caso es que la Unión Europea está vocacionalmente llamada, como Joseph Weiler ( ‍Weiler, J. (2012). Catalonian Independence and the European Union. European Journal of International Law: Talk! [blog], 20-12-2012. Disponible en: https://bit.ly/2IdxOqK2012) ha escrito en este orden de ideas, a organizar la interdependencia de los Estados preservando su independencia, compartiendo, limitando la soberanía. Se trata, desde un enfoque más técnico, de organizar racional y óptimamente el reparto de las competencias públicas de nuestro tiempo entre las distintas administraciones. A tal fin apuntan los principios comunitarios de subsidiariedad y proporcionalidad, que se extienden a la escena regional y local, si bien el elemento emocional, localista protagoniza también ese proceso de distribución de tareas.

El objetivo primario, y el milagro, de la integración europea consiste en amaestrar el nacionalismo, el supremacismo, las identidades exclusivas y excluyentes, las posturas irredentistas, y estimular, a cambio, la cohesión económica, social y territorial, la conectividad y la vertebración de los distintos países y regiones, la construcción frente a la deconstrucción, la solidaridad y la confianza mutua, el pluralismo y la tolerancia, el diálogo y el acuerdo. A España podría aplicársele también el lema de la Unión: unida en la diversidad. En ambos planos nos debemos preguntar: ¿qué podemos hacer juntos? Ambas, Europa y España, padecen pulsiones centrífugas, enemigos y sabotajes internos, con antiespañoles en España y antieuropeos en Europa. Es verdad que Europa se fundó para luchar especialmente contra el nacionalismo de Estado, y ese es el que aflora en Hungría o Polonia, por ejemplo, mientras que España se ve azotada por el nacionalismo infraestatal. La construcción europea se declara resuelta —aunque no es seguro que la tendencia prosiga, pues la renacionalización acecha— a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. España debería, también respetando la idiosincrasia de sus pueblos, encaminarse hacia ese fin en aras del principio de igualdad y no discriminación entre sus ciudadanos. Sin embargo, el Estado sufre en algunos sentidos y latitudes una erosión, un debilitamiento a causa del proteccionismo y el diferencialismo autonómicos^‍‍[2]. La Unión ampara y protege la autonomía institucional y procedimental de sus Estados, sus hechos diferenciales, las distintas formas de concebir una democracia que no puede ser de talla única.

La economía, claro, penetra en este proceso soberanista y lo hace también en la construcción europea con cuitas financieras entre los Estados y las regiones más y menos ricos de Europa y de España: la justicia social y la progresividad fiscal deben presidir los respectivos presupuestos. En general, la salud económica requiere estabilidad y seguridad política y jurídica. La crisis económica desata la endogamia y se acrecienta con ella. El perfeccionamiento del mercado único europeo, tarea siempre inacabada, se ve acompañado de una cierta disgregación del mercado único español, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en términos generales, no en algunos particulares, en relación con el régimen tributario vasco^‍‍[3].

La gobernanza y la democracia europeas precisan Estados democráticos y robustos, no delicuescentes ni atomizados. Debemos postular una refundación de Europa y España, no una refundición de ambas, una balcanización. Ambas, España lógicamente con más solera que la Unión, muestran resiliencia a los embates padecidos. España y Europa serán más fuertes, eludiendo la irrelevancia ad intra y ad extra, si permanecen unidas y alientan el inclusivismo interno, el multilateralismo y el imperio del derecho internacional. La gobernanza europea está reñida con la multiplicación de Estados (pasar de los Estados actuales a varias decenas diluiría cualquier posibilidad de unidad política en el continente). Ampliación frente a profundización es una contraposición recurrente y en parte fundada; la Unión ya padece la fatiga de las últimas ampliaciones. Además, el derecho y la política comparados surten un efecto contagioso, un efecto dominó, como los casos de Escocia o Kosovo ilustran. El catalanismo separatista busca inspiración e influencia en estos y otros precedentes y modelos, cada uno singular: las repúblicas bálticas, Eslovenia (cuyo independencia costó, no se olvide, decenas de muertos), Quebec…; no desde luego, como es natural, Sudán del Sur… Los nacionalismos terminan colisionando y retroalimentándose: no todos pueden ser el first, el only one, y el separatismo desencadenado catalán ha avivado el intolerante y rancio nacionalismo español, quebrantando de este modo el hecho diferencial español en el panorama político europeo de no contar con una extrema derecha significativa. La solidaridad y la lealtad, en todas direcciones, deben dominar el panorama político-jurídico nacional y europeo: la política de dividir y debilitar al vecino suele volverse contra el causante y todos los demás.

Es muy interesante que en ambos planos, el español y el europeo, sobrevuele el modelo federal, casi materializado de facto en España, uno de los Estados más descentralizados del mundo, lógicamente mucho más embrionario e imperfecto ese federalismo en el panorama continental. En ambos casos sería probablemente un federalismo asimétrico, con una geometría variada, ya manifestada de tantas formas en la Unión Europea, e imparable en función de voluntades y capacidades dispares en el porvenir. Ese federalismo europeo estaría llamado a ejercer un gobierno multinivel que respetara y fomentara el hecho regional, ciertamente postergado aún en la arquitectura europea. No creo, empero, que el independentismo catalán, que es de tradición eminentemente europea, se contentara por el hecho de denominar formalmente como federalista la organización territorial de España o por revalorizar el papel de los entes infraestatales en la gobernanza europea. El federalismo tiende a respetar la diversidad, pero también a mutualizar los distintos territorios de la federación (sería estupendo en este sentido catalanizar España en numerosos aspectos y que Cataluña retomara su vocación de cooperar e influir en la construcción estatal).

Finalmente, debe ser recordado y recalcado que el espíritu de concordia, de superación de conflictos, de entronización de la paz embridando el nacionalismo exacerbado, es el valor germinal de la construcción europea. Aunque el separatismo catalán se libra en un escenario esencialmente pacífico (nada que ver con el terrorismo vasco de ETA durante décadas), es indudable que su escenografía unilateral y antijurídica supone, como viene a reconocer la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en España en 2017, un elemento polarizador, desgarrador, también, y principalmente, en el seno de la misma sociedad catalana, que ha sido ya azotada y sigue acechada, por otra parte, por el terrorismo yihadista. Mal asunto a este propósito la desconfianza mutua generada e incitada entre las distintas administraciones y fuerzas de seguridad. Peor asunto aún sería tener una republica independiente de Cataluña en un limbo de seguridad y defensa, desconectada de las redes protectoras tejidas por el Reino de España. No soslayemos ni subestimemos, en términos más generales, la violencia que sacude a muchas partes del mundo por intentar replantear el mapamundi, por pretender revisar las fronteras en aras de Estados nacionalmente únicos, puros. Esos conflictos externos, a veces limítrofes como el de la antigua Yugoslavia, siembran también la inestabilidad en el seno de la UE en el contexto de superación de la línea divisoria entre lo interno y lo internacional en nuestros días. En términos generales y mayoritarios, la Unión se decanta en su política exterior por fórmulas inclusivas, favorables al mantenimiento de la integridad territorial del Estado ( ‍Pérez-Prat Durbán, L. (2018). EU Missions and secessionist conflicts. Spanish Yearbook of International Law, 22, 347-379. Disponible en: https://doi.org/10.17103/sybil.22.17Pérez-Prat Durbán, 2018;  ‍González Campañá, N. (2018). European Union Policy towards secessionism in neighbouring countries. Spanish Yearbook of International Law, 22, 427-438. Disponible en: https://doi.org/10.17103/sybil.22.22González Campañá, 2018).

III. EL APÓCRIFO DERECHO DE SECESIÓN DE CATALUÑA EN EL DERECHO EUROPEO: LA AUTODETERMINACIÓN EXTERNA[Subir]

Ante las invocaciones al derecho internacional hechas desde el bando independentista a favor del derecho de autodeterminación, la doctrina ha tenido ocasión en los últimos años de rebatir la aplicación de este derecho a Cataluña, pueblo que no tiene, pues, un estatuto jurídico-internacional separado ( ‍Pons Rafols, X. (2015). Cataluña: Derecho a decidir y Derecho internacional. Madrid: Editorial Reus.Pons Rafols, 2015;  ‍Torroja Mateu, H. (2019). Secesión de territorios y Derecho internacional público. En Cursos de Derecho internacional y Relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2018 (pp. 237-387). Vitoria: Universidad del País Vasco.Torroja Mateu, 2019). Obviamente, tampoco podría invocar una remedial secession, una secesión por razones humanitarias, pues el pueblo catalán disfruta de un nivel avanzado de autogobierno y desarrollo político y social en el marco del Estado autonómico español. El derecho internacional es un sistema creado esencialmente por y para los Estados, de ahí que se tutele en mayor medida la integridad territorial y se otorgue un estatuto reforzado de protección a las fronteras. Así las cosas, la invocación al derecho internacional desde el independentismo catalán resulta engañosa, solo sostenida en una suerte de iusnaturalismo legitimista que caracterizaría el derecho de votar, en toda circunstancia, como algo esencialmente bueno y democrático (otra cosa es el tratamiento penal de la convocatoria de este referéndum ilegal).

El derecho de la Unión asume, tal como se infiere de la jurisprudencia relativa a la posición del Sáhara Occidental en acuerdos entre la UE y el Reino de Marruecos, el principio de libre determinación en los términos establecidos por Naciones Unidas, no más allá^‍‍[4]. Curiosamente, a pesar de figurar Gibraltar en el catálogo de la ONU como territorio sujeto a descolonización llamado a restituir la integridad territorial de España, en la práctica y aun tras la eventual consumación del brexit pervive su vinculación al Reino Unido y su derecho a decidir la propia condición jurídica, tal como figura en la Constitución gibraltareña de 2016. Signo también del carácter volátil e inconsistente de la libre determinación de los pueblos en el sistema internacional…

En realidad, las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, insertas en el ordenamiento europeo como principios generales, no añaden facultades en este sentido a los pueblos sin Estado. Los tribunales constitucionales italiano y alemán han vedado sendos referendos de independencia sobre la base del mismo motivo que lo ha hecho el tribunal de garantías español en el caso catalán: la soberanía es indivisible y corresponde al conjunto de la ciudadanía del Estado, no a una fracción o parte de ella^‍‍[5]. En el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el art. 3 de su Protocolo número 1 asigna solo a las altas partes contratantes el derecho y el deber de organizar elecciones libres. Se sabe que los pueblos sin Estado y con aspiraciones nacionalistas suelen tejer simpatías mutuas, lo que ha llevado a España a tener una disputa diplomática con Flandes —con retirada en 2018 del estatus diplomático al delegado flamenco de la Embajada belga en Madrid— por su apoyo a Cataluña en su «derecho a decidir» y por sus descalificaciones, disparatadas, al Reino de España a este propósito. Ningún Estado de la Unión Europea, ni de fuera salvo algún caso peregrino, y no estatal, han mostrado reconocimiento ni comprensión propiamente hacia la quimérica república, carente por supuesto de efectividad, que podría en algunos casos abrir una caja de Pandora en sus propios territorios. Téngase en cuenta que la aspiración maximalista pancatalanista en este sentido apunta hacia una autodeterminación del conjunto de los països catalans, que incluyen a Andorra y partes de Francia, por lo que la cuestión rebasaría los límites internos españoles. La UE se define como una unión de ciudadanos y Estados, no de pueblos, concepto este profusamente esgrimido y manipulado, a menudo sin intenciones verdaderamente democráticas. Conviene señalar también que dentro del espacio soberano de los Estados miembros se encuentran territorios, normalmente no continentales, que disponen de un régimen jurídico peculiar en el derecho de la Unión, el cual, de todas formas, se remite al ordenamiento interno para su estatuto constitucional ( ‍Sobrino Heredia, J. M. (2018). The European Union and the principle of self-determination of peoples: Territories with special status and pending cases of decolonization. Spanish Yearbook of International Law, 22, 313-345. Disponible en: https://doi.org/10.17103/sybil.22.16Sobrino Heredia, 2018).

Jurídicamente, el Tratado de la Unión Europea no reconoce el derecho de secesión, naturalmente, pero tampoco lo rebate o lo prohíbe, como se ha llegado a sostener ( ‍Tajadura Tejada, J. (2016). Los procesos secesionistas y el Derecho europeo. Teoría y Realidad Constitucional, 37, 347-379. Disponible en: https://doi.org/10.5944/trc.37.2016.17011Tajadura Tejada, 2016). Lo que el tratado hace de forma explícita es remitirse y amparar el ordenamiento constitucional interno, amén de avalar expresamente su integridad territorial, consagrando en este terreno también la autonomía institucional y procedimental del derecho estatal sin ningún condicionante. Añádase que los Estados miembros y la propia UE están basados en la democracia representativa, no en la directa, jamás ejercitada por la Unión, que sí fomenta la participativa con decepcionantes resultados a través de la Iniciativa Ciudadana Europea, ahora reformada con vistas a su mayor efectividad. Precisamente el separatismo catalán está intentando reunir el número y variedad de firmas suficientes para promover una iniciativa de este tipo, destinada a la aplicación del art. 7 TUE contra España, que probablemente no tendría recorrido ante la Comisión Europea, tal como ha sucedido con tantas otras. En este caso, no se rebasarían con la iniciativa las competencias comunitarias, sino que abiertamente se transgredirían, pues la UE está llamada a proteger el ordenamiento constitucional, no a amparar un golpe de Estado (en el sentido kelseniano de la expresión). Sí que varios Estados miembros han organizado consultas populares con motivo de asuntos concernientes a la integración europea, corroborando de esta forma la parcelación estatal del demos europeo y secuestrando en algún caso la voluntad general con un puñado de miles de votos negativos de diferencia. Conviene precisar que Dinamarca e Irlanda, con sus negativas en un primer referéndum a las reformas de Maastricht y Lisboa, respectivamente, obtuvieron ventajas luego refrendadas en un segundo referéndum. Se entiende una cierta aprensión a los procesos referendarios, que ofrecen numerosas dudas e inconvenientes, extensivos a la aspiración de las autoridades catalanas: la desinformación, el reduccionismo al pensamiento binario, muchas veces más visceral que racional, el tenor de la pregunta, la mayoría requerida, el momento elegido, la posible repetición de la consulta en caso de respuesta negativa, la posible autodeterminación de una parte del pueblo segregado, la dependencia del resultado de circunstancias y voluntades ajenas a los votantes y sus gobernantes… Pensemos en el engañoso referéndum de independencia celebrado en Escocia en 2014, en el que triunfó el no, en buena parte por la querencia de seguir perteneciendo, a través del Reino Unido, a la Unión Europea. Ahora Escocia acompañará al Reino Unido en su retirada de la Unión. El referendo, concebido idealmente como la voz del pueblo sin intermediarios, se plantea a menudo como un instrumento autocrático y no democrático, además de ilegal, como la Unión ha reprochado al celebrado por Rusia en Crimea en 2014 para consolidar su anexión. Precisamente, la UE renueva cada seis meses un paquete de sanciones a intereses rusos por la vulneración de la soberanía e integridad territorial de Ucrania^‍‍[6]. En cuanto al referendo convocado en Cataluña en 2017, cabe añadir que no se ajustaba manifiestamente a los estándares internacionales establecidos, principalmente, por la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa para asuntos constitucionales: suficiente antelación, legalidad y constitucionalidad de la consulta, mayoría suficiente en el apoyo a la secesión para ser convalidado, etc. Curiosamente, si se extrapolan a efectos de calibrar el respaldo independentista los resultados de las elecciones generales y autonómicas en Cataluña, la conclusión es que no hay apoyos suficientes ciudadanos para la secesión, aunque en términos de democracia representativa la mayoría de escaños corresponde a los soberanistas, que se arrogan el patrimonio de un pueblo catalán diverso y ejercen una hegemonía abusiva sobre la parte no separatista de la población.

Ciertamente, como el célebre dictamen de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá señaló, no es posible ignorar políticamente la desafección sostenida y mayoritaria de una parte del Estado hacia la unidad del mismo. De ahí que, también de acuerdo con el derecho primario de la UE, sea en el ámbito interno donde puedan encontrarse cauces para los anhelos de esa región. El elemento vidrioso deriva de que políticamente una reforma de la Constitución española que satisficiera al soberanismo catalán es inviable, si bien, en el plano jurídico, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 42/2014, relativa a la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, parece señalar que dicha reforma, centrada en los aspectos nucleares de nuestro Estado y nuestro derecho, sería factible. Desde el prisma europeo, cabe recordar lo señalado por el Tribunal Constitucional español en su Declaración 1/2004 relativo a la nonata Constitución europea, pero válido para el Tratado de Lisboa subsiguiente y para el devenir de la integración de Europa: la cesión de competencias a la UE tiene límites materiales, que son los mismos que los recogidos en los arts. 2, y 4 del TUE: el respeto a la soberanía del Estado, a las estructuras constitucionales básicas y al sistema de valores y principios constitucionales. Repárese, pues, en que el soberanismo catalán encuentra unos límites constitucionales internos que son básicamente los mismos que los puestos a la construcción europea desde nuestro ordenamiento constitucional. Sería absurdo que el derecho de la Unión permitiera, en tanto que competencia atribuida por los Estados como «dueños de los tratados», la conculcación grosera de la norma suprema de un Estado miembro. Y todo ello en un contexto en que la eventual república catalana, para sobrevivir y relacionarse en el marco europeo, habría de contar inexorablemente con la anuencia de España.

Un último apunte en este epígrafe para trazar una breve comparativa entre el inexistente derecho de secesión de un Estado, desde la perspectiva española y europea, y el explícito derecho de retirada introducido en el art. 50 del Tratado de la UE de resultas del Tratado de Lisboa, activado por primera vez por el brexit. Se trata de un derecho unilateral de retirada que no ha de alegar motivo o pretexto alguno (ni siquiera un déficit democrático de la Unión…). Sin embargo, en los tiempos que corren y que las tribulaciones del brexit, que han disuadido otros aventurismos parecidos, ponen de relieve, es difícil una ruptura abrupta, una solución no acordada, no pautada. El triunfo de la voluntad de un pueblo o un Estado no es sencillo, en contra de lo que los demagogos aseguran. En el caso de la quimérica república catalana, sus aspiraciones a reincorporarse, ya como Estado independiente, a la UE cercenan aún más su margen de maniobra: no tendría derecho de adhesión, tendría que acomodarse al acervo y los plazos europeos, y no la Unión a ella, y tendría que cumplir, en general, los requisitos procedimentales y materiales que el art. 49 TUE y los criterios de Copenhague de 1993 marcan. Es indudable que esa Cataluña tendría mucha parte del camino material ya alcanzado, pero suscita recelos precisamente que una región que acaba de demonizar, deslealmente, al Estado democrático y descentralizado al que pertenece pueda considerarse un Estado miembro de la UE leal y obsecuente con las limitaciones a su flamante soberanía. La Unión está ya escarmentada de Estados o Gobiernos que aseguran cumplir las normas y los principios comunitarios para entrar, y luego, sin abandonar el barco para seguir lucrándose de la membresía, maniobran con infidelidad hacia los pilares de la Unión. En todo caso, la actitud observada por España, cuyo principio de continuidad estaría lógicamente preservado, sería decisiva para abrir o cerrar las puertas del bloque a su hijo desafecto. Eso sí, a diferencia de la configuración actual de los Estados, que suele ser tributaria de vicisitudes históricas incontroladas, la integración europea se realiza sobre la base del consentimiento, y no de la imposición, para ser miembro de ella. Pero siempre de manera convencional, no unilateral, claro está^‍‍[7].

IV. LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA ANTE LA CUESTIÓN CATALANA Y SU ESCRUTINIO POR EL DERECHO DE LA UE: LA AUTODETERMINACIÓN INTERNA[Subir]

V. EPÍLOGO[Subir]

En las páginas anteriores he señalado algunos datos e ideas que relacionan la democracia y el rule of law en los ámbitos, concatenados, español y europeo. El ataque contra el orden constitucional y la integridad territorial de España protagonizado desde Cataluña en los últimos años sirve de case study de algunos males que aquejan en nuestros días al liberalismo interno e internacional, de algunas amenazas que acechan a la construcción europea y de la imperativa interacción y solidaridad entre los órdenes constitucionales de España y la Unión Europea.

El proceso secesionista entronca, naturalmente, también, y específicamente, con la protección de los derechos humanos, de los individuales y de los colectivos. Algo se ha dicho ya más arriba. Muchas resoluciones judiciales dictadas en España a este propósito sopesan los derechos fundamentales, en algunos casos en sentido favorable a las tesis de los independentistas; en otros, no, lógicamente^‍‍[19]. En esas resoluciones se manejan ocasionalmente la normativa y la jurisprudencia europeas, con particular cuidado pues se sabe que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos será el último árbitro, una vez agotados los recursos internos, de decenas de estos asuntos. De momento, la decisión de inadmisibilidad dictada por el Tribunal de Estrasburgo el 7 de mayo de este año convalida la doctrina del Tribunal Constitucional español, que decretó la suspensión del Pleno del Parlamento catalán llamado a proclamar la república tras el ilegal y convulso referéndum del 1 de octubre de 2017^‍‍[20]. El Tribunal, cuya jurisprudencia alimenta como principios generales el derecho de la UE en el marco del saludable diálogo judicial, pone de relieve que esa suspensión fue una acción necesaria, imperativa en el marco de una sociedad democrática, en particular en lo atinente a la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás; al mismo tiempo, se recuerda el margen de apreciación nacional. Aspectos más específicos de la cuestión catalana, como el de la prisión preventiva extendida de dirigentes separatistas, serán motivo de interés y discusión en el futuro. De momento, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de España han rechazado la aplicación al caso de la sentencia Demirtas contra Turquía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, referente a un preso y político kurdo en prisión provisional. En España no hay presos políticos, ni los políticos han de gozar de impunidad, pero es ciertamente anómalo, desde varios puntos de vista, que diputados nacionales y europeos se encuentren en prisión o huidos, en territorio europeo, de la acción de la justicia.

El asunto encierra y seguirá encerrando muchas conexiones político-jurídicas con la integración europea propiamente dicha, por ejemplo en lo referente a la toma de posesión e inmunidad de los nuevos parlamentarios europeos con cargos judiciales en España. El tiempo y las circunstancias dirán si el Tribunal de Justicia habrá de intervenir en alguna de esas conexiones^‍‍[21]. Por mi parte, tengo la convicción jurídica, contrariamente al wishful thinking expresado desde el secesionismo catalán, de que, en lo principal, las instituciones políticas y jurídicas de la Unión Europea no avalarán el asalto al Estado de derecho español perpetrado ni reprobarán la proporcionada reacción jurídica hasta ahora tomada por el Reino de España. Otra cosa sería indigna del imperio del derecho en Europa. Espero que el derecho, el diálogo y el seny se impongan sobre el ruido y la furia.

Granada, 10 de junio de 2019.