UNA GUÍA DE VIAJE A LA ESPAÑA CONSTITUCIONAL^‍‍[1]

Con motivo de la conmemoración de los cuarenta años de Constitución, se han publicado algunos libros de indudable valor que no pueden faltar en la biblioteca de ninguna Facultad de Derecho o de ningún Colegio de Abogados o de cualquiera de las otras profesiones jurídicas^‍‍[2], porque son libros de consulta indispensable, es decir, que hay que tener siempre a mano, también en las bibliotecas de los despachos o de nuestras casas particulares, para empezar a desbrozar cualquier punto concreto que sea de nuestro interés.

El libro del profesor Roberto Blanco Valdés que vamos a comentar tiene otra naturaleza y se caracteriza, primordialmente, por una distinta utilidad: conocer los problemas que el desarrollo constitucional en España ha ocasionado en estos cuarenta años de vigencia de la Constitución de 1978. Para ello es recomendable leerlo de cabo a rabo, también las referencias que figuran en las notas. Con ello se tendrá una visión general sobre la materia y, según le interese al lector, podrá profundizar, en más o en menos, en cada uno de los temas que, de forma clara y muy bien ordenada, nos expone Roberto Blanco. En este sentido, para ahondar en temas concretos, más allá de consultas puntuales, también sirve como libro de consulta.

Afortunadamente, el libro no tiene el habitual y pesado formato de un curso o manual, sino que trata los derechos e instituciones constitucionales de forma problemática, dando por supuesto que el lector ya tiene las nociones básicas sobre el contenido de la Constitución que le permitan entrar a debatir las diversas soluciones propuestas por el legislador, la jurisprudencia y la doctrina desde el punto de vista del derecho, así como también desde el mundo de la política, bien sea por sus mismos actores, representantes parlamentarios o cargos públicos y de partido, bien sea por los analistas políticos en la materia.

Todo ello desde el bagaje teórico que a Roberto Blanco le ha dado la experiencia docente, así como también, y muy especialmente, sus numerosas investigaciones publicadas como monografías durante su ya larga vida académica, entre las que descuellan libros de referencia sobre la dimensión constitucional de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, el Estado federal y la problemática de las comunidades autónomas, así como la teoría y la práctica del constitucionalismo. Sin dejar de lado, también, que, desde 1993, Blanco Valdés ha publicado sin interrupción varios artículos a la semana en el prestigioso diario La Voz de Galicia, la mayoría de ellos de análisis jurídico y político.

Al hilo de esto último, permítanme una breve reflexión sobre la utilidad, para un profesor, de publicar en la prensa diaria. Veamos. Un artículo periodístico, como también a veces, aunque no siempre, una clase en la universidad, es un momento especialmente dedicado a pensar, a reflexionar sobre un concepto, institución o normativa. A veces ello se lleva a cabo en abstracto, pero lo más normal, especialmente en un artículo, es que esté ligado a un hecho concreto en el contexto de la realidad del momento. Se trata de pensar sobre lo que se debate aquel día o aquella semana para intentar aclarar a la opinión pública un determinado problema desde el marco conceptual propio de alguien especializado en derecho, algo que no es común a periodistas o columnistas más generalistas, por buenos y hábiles escritores que sean.

Esto es especialmente válido para las cuestiones jurídicas y, entre ellas, de manera especial, las que atañen al derecho constitucional que en estos últimos cuarenta años han ocupado y siguen ocupando muchas portadas de periódico y noticias de telediario. El derecho, aunque a veces se olvide, es una ciencia o un saber, como se le quiera denominar, eminentemente práctico, sirve para solucionar conflictos entre personas o grupos sociales, desde determinados principios y valores, concretados en reglas que deben ser interpretadas para que sean normas jurídicas. Estos principios y valores, al menos los más importantes, están constitucionalizados, es decir, constan en el texto constitucional. Si el derecho no tuviera este carácter práctico, si solo fuera una ciencia o un saber especulativo, no tendría utilidad alguna y ni razón de existir, ya que es un tipo de conocimiento que solo se justifica por su utilidad.

Pues bien, en los numerosos libros de Roberto Blanco, pero muy especialmente en este, la huella de este pensar provocado por el ejercicio de la docencia y, más específicamente, por su constante actividad periodística, está muy presente. Por ejemplo, esto se nota en la versatilidad de los temas tratados, todos importantes y discutidos en nuestra vida constitucional. Normalmente, el profesor universitario, aparte de conocimientos generales sobre su materia, se especializa en algunos, pocos, aspectos de la misma, y, aun teniendo criterio sobre ello, suele negarse a escribir sobre todo lo demás alegando que no tiene suficientes conocimientos. Es una posición muy seria y respetable, afortunadamente existen este tipo de maestros, son los erizos en la conocida distinción de Isaiah Berlin.

Pero un profesor que debe seguir la actualidad debido a que se ha comprometido con un determinado periódico a comentarla de forma breve e incisiva, siguiendo con Berlin, debe ser zorro, debe estar siempre alerta sobre todo lo que no puede dejar de tratar en sus columnas, lo cual le obliga, y este es su valor añadido, a estar al corriente de la legislación, jurisprudencia, doctrina jurídica y, en la medida de lo posible, derecho comparado. Ello supone ya, de por sí, un gran esfuerzo, un ímprobo y constante trabajo en muchos frentes. Si, además, este profesor es capaz de publicar regularmente trabajos monográficos de enjundia, respetados por la comunidad científica de su especialidad, el reconocimiento que merece ya es superlativo. Además, la práctica constante del periodismo de opinión inevitablemente te acostumbra a escribir bien, con claridad y brevedad, lo cual siempre es muy de agradecer en los trabajos académicos.

Roberto Blanco, quizá un caso único en España, reúne todas estas características de modo que es una combinación curiosa de erizo y zorro: ha escrito monografías académicas de referencia, está al corriente de todas las novedades legales, jurisprudenciales y doctrinales, y sus colaboraciones de prensa son constantes, de hecho, se han convertido en una parte de su profesión de catedrático universitario. En definitiva, se trata de un trabajador incesante y de gran solvencia a todos los niveles, quizá también el único que podía escribir un libro de estas características con tal nivel de calidad.

Hacia el final de su introducción, Blanco Valdés califica a su libro como una guía de viaje a la España constitucional. Y así es, resulta muy oportuna su comparación: las páginas, epígrafes y capítulos del libro te cogen del brazo y te acompañan por los cuarenta años que dura el recorrido. Además, te van dando referencias clave por si quieres detenerte, otear el paisaje, reflexionar y hacer balance de lo andado o entablar conversación con otro caminante. Así debe leerse este libro, ideal para discutir en grupo o como lectura comentada en un seminario. En todo caso, es más que una gran introducción a la historia de la España constitucional.

Sorprende, sin duda, el misterioso título: Luz tras las tinieblas. En un comentario de periódico lo consideré muy cinematográfico, con gran impacto comercial, pero cuyo contenido explicativo está en el subtítulo: «Vindicación de la España constitucional». Así me lo sigue en parte pareciendo, pero, tras una lectura más detenida, también el título tiene un significado en sí mismo.

En efecto, la democracia constitucional ha llegado a ser estable en España tras un siglo y medio de convulsiones que la ponían continuamente en peligro. No es tanto que surja de la nada, que nunca hubiera habido antes un Estado liberal más o menos democrático, como tantos de nuestro entorno cultural, sino que este era muy inestable, bien por cambios de la misma Constitución, pues no hubo tantos si los comparamos con países vecinos como Francia, sino porque era frecuente que las garantías constitucionales y los derechos fundamentales se suspendieran bajo la vigencia de una misma Constitución. Desde 1812 hasta 1978 España cambió radicalmente en muchos aspectos, como es natural, y entre estos aspectos el político no estaba excluido, nunca antes había habido un sistema político democrático pleno, ni siquiera en la II República, que suele ponerse como paradigma, un período todavía mitificado que nadie acaba de atreverse a desmitificar: también en él, y quizá más que en otros períodos anteriores, la democracia fue muy imperfecta y los derechos fundamentales tuvieron una débil vigencia. Analizarlo con fundamento es una asignatura pendiente.

Lo nuevo en España es que, tras ser una anomalía en la Europa Occidental tras 1945, con la larga dictadura franquista a cuestas, solo explicable por el recuerdo de la cruenta Guerra Civil, el temor que inspiraba su vuelta y la Guerra Fría en la que España era un útil peón anticomunista, en poco más de un año se pasara a una democracia plena, y, en tres años, a convertirse en una democracia avanzada, que así sigue cuarenta años después.

Roberto Blanco, que vivió la Transición siendo estudiante de Derecho e, inmediatamente después, ya con la Constitución aprobada, se incorporó a la universidad como profesor, de adulto ha vivido siempre en democracia, pero algún recuerdo tiene de la época anterior, la época de las tinieblas: por ello la Constitución, y, sobre todo, los cuarenta años de su vigencia, los considera años de luz y quiere vindicarlos con orgullo porque es consciente de su enorme valor. Muy especialmente porque ha visto como en los últimos tiempos se ciernen algunos peligros sobre la democracia española y aquellos que los alientan utilizan como arma estratégica la necesidad de sustituir la actual Constitución invocando que está viciada en su mismo origen y es preciso volver a empezar. Eso es, tal como confiesa, lo que le ha movido a escribir este libro.

Vindicar la democracia española, dice, no es caer en el tonto vicio de sostener que nada se ha hecho mal, sino, simplemente, consiste en «poner las cosas en su sitio», distinguiendo razonadamente los defectos de las virtudes. Así enumera las virtudes:

Pero no evita enumerar los defectos que convierte en desafíos del presente: superado en principio el terrorismo etarra, aún están pendientes de resolver, dice Blanco, el paro, la persistente corrupción, el fraude fiscal o el desequilibrio de las cuentas públicas, aspectos que abarcan materias que no son estrictamente solo constitucionales pero tampoco, ni mucho menos, escapan a su ámbito de influencia.

Pero la crítica fundamental a los defectos está centrada en dos aspectos básicos de nuestra democracia. Primero, los partidos políticos y sus posibles efectos degenerativos para el sistema si llega a alcanzarse una situación de partitocracia, materia en la que ha sido pionero como investigador, especialmente en su gran libro Las conexiones políticas. Partidos, Estado, sociedad (Alianza, Madrid, 2001), en el que recopiló estudios publicados en los diez años anteriores. Segundo, su preocupación sobre la eficiencia y los peligros potenciales de la estructura territorial autonómica, debidos especialmente a la influencia de los partidos nacionalistas, dominantes en determinadas comunidades, que han impedido. con sus aspiraciones diferencialistas —y, en los últimos años, en el caso de Cataluña, secesionistas—, una razonable y coherente organización territorial del Estado inspirada en los modelos federales, a los que dedicó hace unos años su gran estudio de política comparada Los rostros del federalismo (Alianza, Madrid, 2012). Partidos y organización autonómica, en relación con la democracia parlamentaria y el nacionalismo, respectivamente, son quizá las dos temáticas a las que el profesor Blanco Valdés ha dedicado más esfuerzos, y, en este libro, con el bagaje adquirido, sintetiza sus reflexiones sobre los mismos al hilo de su gran viaje por la España constitucional.

Ahora bien, el aliento que está presente en todo el libro, como hemos señalado, porque lo dice el mismo autor, la causa de llevar adelante esta difícil empresa es el temor a que se reproduzcan los grandes errores de la España del pasado, no tanto el franquismo, que se da por supuesto, sino la falta de confianza de los españoles en sus capacidades, una vuelta al pesimismo propio de otros tiempos, tanto en la derecha como en la izquierda, desde la famosa sugerencia irónica de Cánovas al decir que en la Constitución había que incluir un precepto que dijera que «es español aquel que no puede ser otra cosa», hasta los escritores de la generación del 98, auténticos pesimistas antropológicos, siguiendo por el Ortega de «Vieja y nueva política», con sus acerbas críticas a la Restauración y, ya en nuestros días, el verso, injusto y equivocado, del gran poeta Jaime Gil de Biedma: «De todas las historias de la historia/ la más triste sin duda es la de España/ porque termina mal/ porque termina mal».

Roberto Blanco opone a este pesimismo intelectual, literario y poético, la realidad de la España constitucional que, según él, y en ello estoy plenamente de acuerdo, ha terminado bien. Pero se alarma, con razón, ante el auge en los últimos años de dos amenazas que proponen volver a las andadas: el populismo y el nacionalismo, dos movimientos de distinto contenido pero con estrategias, y, en el improbable caso de triunfar, aunque nunca se sabe, muy parecidas.

El comienzo de esta amenaza lo sitúa en la época del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero al pretender resucitar, con cierto éxito, el trágico enfrentamiento que supuso la Guerra Civil, en nombre de una idea nueva y extravagante: la memoria histórica. Es decir, no la historia, un saber con reglas propias y métodos diversos pero conocidos, sino la memoria colectiva, supuestamente una especie de historia oficial que debía imponerse a todos como canónica. A los viejos del lugar, aparte de encontrarlo iliberal, como ahora se dice, estos nos recordó el franquismo y la formación del espíritu nacional. Además, que fuera precisamente la izquierda la que defendiera la memoria histórica indicaba su desorientación ideológica, el abandono de sus propios valores, el peligroso tacticismo que no quería ver más allá de los intereses de partido en las siguientes elecciones y la búsqueda de caminos que pudieran servirle para diferenciarse de los partidos de derecha, que así, como vencedora de la Guerra Civil, podía ser tachada de franquista.

Además, escoger España para llevar a cabo estos experimentos era especialmente peligroso, era volver al cainismo de dividir a los españoles en buenos y malos, en amigos y enemigos, derrotar a las ideas que presidieron la Transición y, a la postre, dejar de lado el espíritu de la reconciliación nacional, que fue eje central de la política del PCE desde 1956, y volver al espíritu de la Guerra Civil, al guerracivilismo, como ahora se dice. Total: una regresión en toda regla. Efectivamente, de inmediato empezó a transmitirse la idea de que la Transición había sido un mal acuerdo, una pésima salida de la dictadura, en la que la derecha conservadora —en definitiva, el franquismo— ganó por goleada a las fuerzas democráticas porque las izquierdas —el PSOE y el PCE, se supone— se habían entregado porque renunciaron a su papel histórico de instaurar una «verdadera» democracia.

Roberto Blanco nos recuerda el gran mito que entonces empezó a circular: la Transición fue un pacto para el olvido, para el injusto olvido de la historia, en especial de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que habían luchado por la democracia y la República. «Falso de toda falsedad», nos dice el autor, e, invocando la indiscutida autoridad de Santos Juliá, gran historiador y hombre de izquierdas, nos recuerda que nunca se investigó y escribió tanto sobre la historia de España, especialmente sobre la II República y la Guerra Civil, como en los años posteriores a la Transición. Lo que sucedía, según Santos Juliá, es que desde un punto de vista político había dos maneras contrapuestas de mirar al pasado: como arma para alimentar el conflicto y como arma para la reconciliación. La izquierda escogió en la Transición la segunda —recordemos que la ley de amnistía fue defendida en el Congreso por Marcelino Camacho, líder mítico de Comisiones Obreras y miembro de la dirección del PCE— y con el socialismo de Zapatero escogió la primera, la memoria histórica como arma de conflicto. El terreno estaba abonado para lo que vino a continuación.

Porque, en efecto, el caldo de cultivo de lo que vino a continuación fue la gran crisis que empezó en Estados Unidos en 2007 y se trasladó a Europa en 2008 y en los años siguientes hasta 2014 o 2015, si es que ha terminado. Empezó entonces un malestar social que aún dura y fue un éxito el movimiento del 15M (15 de mayo) de 2011. De ahí nace en 2014 el partido populista Podemos, con Pablo Iglesias como líder carismático. Ahí empezó el populismo social, la idea simplista de que los dos grupos enfrentados que determinan la marcha de la historia son la dialéctica entre el pueblo y las élites, la fácil solución es que eliminando a estas el pueblo queda libre y la democracia verdadera es la expresión de esta libertad en forma directa, sin interposición de instituciones representativas intermedias. En definitiva, frente a la sofisticada dialéctica marxista de la lucha de clases, esta nueva izquierda populista lanzaba un mensaje mucho más claro e inteligible, por más falso que fuera.

Los militantes y votantes del PSOE —partido que atravesaba una grave crisis después del Gobierno de Rodríguez Zapatero y la mayoría absoluta que obtuvo el PP, liderado por Rajoy, en las elecciones del 2011— empezaron a «podemizarse», es decir, a pensar que la verdadera izquierda estaba en Podemos y que sus dirigentes, aún con mentalidad socialdemócrata, estaban desfasados de la realidad, sobre todo de la realidad poscrisis económica. A su vez, Podemos se acogió a la idea de la memoria histórica como uno de sus principales instrumentos ideológicos: la raíz de todos los males estaba en una Transición que en realidad había supuesto el auténtico triunfo de las élites frente al pueblo, en la cual la Constitución había tenido la función de blanquear este cambio dándole una apariencia de democracia, pero una democracia meramente formal cuando lo que debía alcanzarse era la democracia real.

Así, la España constitucional pasaba a convertirse en el «Régimen del 78», con la palabra régimen connotada por los recuerdos del franquismo, del régimen franquista. Las instituciones —el Congreso, el Senado, el Gobierno—, es decir, los órganos clave de la democracia representativa, no nos representan y debemos acudir directamente al pueblo, que solo puede expresar válidamente su voluntad mediante la democracia directa, especialmente a través de referendos. A su vez, el lenguaje demagógico de Podemos, resolver con soluciones fáciles problemas complejos, fue calando en buena parte de los votantes. Iglesias, con lenguaje poético, pero evocando a Lenin, llega a proclamar que «el cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto», y, por supuesto, la monarquía es una institución retrógrada y anticuada, nada democrática en contraposición a la República.

En estos mismos años, coincidiendo también con la crisis, se radicaliza el nacionalismo catalán conservador y en septiembre de 2012 pasa de pedir el concierto económico, al modo del País Vasco y Navarra, a pretender la secesión y, por tanto, a romper sus lazos con España y proclamarse independiente. En enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprueba una resolución en la que declara que Cataluña es un sujeto político soberano. A partir de este momento, la insurrección de las instituciones catalanas, apoyadas en manifestaciones callejeras, es permanente, y así se llega hasta el momento actual, una etapa bien conocida. En esta etapa, que va desde 2012 hasta hoy, va cuajando la idea, que se transmite a los populistas del resto de España, de que el Estado español no es democrático porque les persigue por sus ideas nacionalistas, y que en España existen hoy en día «presos y exiliados políticos».

Tal evidente falsedad, en esta época de posverdades y fake news constantes, es aceptada por multitud de catalanes, muchos españoles, y también en países extranjeros, especialmente en ciertas élites universitarias e intelectuales. Roberto Blanco encuentra en todo este cúmulo de factores un poderoso estímulo para escribir este libro. Le alarman las conexiones entre populismo y nacionalismo, en realidad dos caras de un mismo fenómeno, porque tal coincidencia puede dar fuerza a un movimiento que retorne a la España pesimista de antaño y frene el empuje que supuso convertirse en una democracia homologable con las europeas, un país social y económicamente próspero, un Estado con un papel renovador y destacado en la Unión Europea.

El libro no es, pues, ni mucho menos, una apología de nuestro sistema constitucional y de nuestra vida política en los últimos cuarenta años. Su pretensión es otra: estudiar de forma objetiva y desapasionada estos cuarenta años con la intención de ofrecer al lector, sea o no conocedor de la materia, un cuadro realista del período que le dé los instrumentos necesarios para aclarar todos los problemas constitucionales. Tras leer el libro creo que convendrán conmigo en que este objetivo ha sido plenamente conseguido.