DEVOLUCIONES EN CALIENTE A LA LUZ DE LA DOCTRINA DE LA CONDUCTA CULPABLE: EL ASUNTO N.D. Y N.T. CONTRA ESPAÑA ANTE EL TEDH

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Los hechos que motivan el presente caso se remontan al 13 de agosto de 2014, fecha en la cual los demandantes, N.D. y N.T., junto con otras setenta personas procedentes de países de África subsahariana, escalaron la valla que separa Melilla de Marruecos, entrando así en suelo español. Según los demandantes, tras ser detenidos inmediatamente por la Guardia Civil, fueron esposados y llevados de vuelta a Marruecos, donde fueron entregados a las autoridades marroquíes. Seis meses después, N.D. y N.T. presentaron una demanda ante el TEDH en la que alegaban que no habían sido objeto de procedimiento de identificación alguno y que no se les había dado la oportunidad de explicar sus circunstancias personales ni de ser asistidos por letrados o intérpretes. Tanto la solicitud de asilo presentada por uno de los demandados como los recursos administrativos presentados por ambos con posterioridad fueron rechazados. El 3 de octubre de 2017, la Sección tercera del TEDH dictó una sentencia en la que sostenía, por unanimidad, que España había incurrido en una violación de la prohibición de expulsión colectiva, recogida en el art. 4 del Protocolo 4 como consecuencia de la ausencia de examen individual de la situación de cada uno de los demandantes, y en una violación del art. 13 del CEDH que tutela el derecho a un recurso efectivo^‍‍[2].

Esta sentencia fue celebrada por la doctrina como un reconocimiento de una política pública sistemática de rechazo «ilegal» y de una política migratoria cada vez más restrictiva, que ha intentado «legalizar» las expulsiones en caliente con la adopción de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de 2015 de protección de la seguridad ciudadana (Hérnandez Bologna, A.C. (2020). Expulsiones colectivas. Análisis de la sentencia del TEDH en el caso N.D. y N.T contra España [Trabajo de fin de máster]. Universidad Carlos III de Madrid.‍Hernández Bologna, 2020: 108). Otros autores la calificaron como un éxito en la protección de los derechos humanos, llegando incluso a bautizarla como «el nuevo Hirsi», en referencia al asunto Hirsi Jamaa y otros contra Italia, que sentó un precedente en la aplicación extraterritorial del Protocolo 4 del CEDH (Pijnenburg, A. (2017). Is N.D. and N.T. v. Spain the new Hiris? Ejiltalk [blog], 17-10-2017. Disponible en: https://www.ejiltalk.org/is-n-d-and-n-t-v-spain-the-new-hirsi/‍Pijnenburg, 2017), subrayando como único aspecto crítico el hecho de que al no determinar si el ejercicio de la jurisdicción de España nace de un control de iure (que en este caso viene dado por un control efectivo de las autoridades de este Estado, ya se encuentren estas en el interior del territorio del Estado o en sus fronteras terrestres^‍‍[3]) o únicamente de facto, el Tribunal habría perdido una ocasión única para aclarar esta cuestión (Cobos Romero, J.C. (2017). Análisis de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos N.D. y N.T. contra España del 3 de octubre de 2017 [Trabajo de fin de máster]. Universidad de Deusto. Disponible en: https://bit.ly/37mtgLA‍Cobos Romero, 2017: 5).

Esta sentencia fue recurrida por el Gobierno de España, que el 29 de enero de 2018 solicitó que el caso fuera reexaminado por la Gran Sala del Tribunal.

La resolución dictada por el Tribunal de Estrasburgo el 20 de febrero de 2020 como consecuencia de este recurso se encuadra en un complejo entramado normativo. Por un lado, para definir el marco normativo en el que se desarrollan los hechos de los que se ocupa el presente caso, a nivel regional, hay que remitirse a los convenios de Schengen^‍‍[4] y de Dublín^‍‍[5], así como al Tratado de Maastricht en 1994, en virtud del cual se unifica la política de asilo y de visados al interno de la UE. Además, en el ámbito de los retornos forzosos, juegan un importante papel la Directiva 2008/115/CE^‍‍[6] o «directiva sobre retorno» y los acuerdos bilaterales o multilaterales en materia migratoria, entre los que deben subrayarse, a efectos del presente comentario, los acuerdos de repatriación, de readmisión y de tránsito^‍‍[7], cuya falta de atención a los derechos humanos ha sido denunciada por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes^‍‍[8]. En concreto, resulta especialmente pertinente el Acuerdo bilateral entre España y Marruecos^‍‍[9], en vigor desde el 2012, sobre todo si, al examinar el presente asunto, recordamos que el propio Tribunal ha afirmado que «lo relevante a tener en cuenta es la práctica efectiva de ese tercer Estado respecto al trato de las personas migrantes readmitidas^‍‍[10]».

Por otro lado, a nivel doméstico nos enfrentamos a un marco jurídico que ha sido criticado por autores de peso por convertir la normativa migratoria en un derecho de excepción que recorta derechos y garantías procesales (De Lucas, J. (2015). Mediterráneo: El naufragio de Europa. Valencia: Tirant Humanidades.‍De Lucas, 2015: 105) y que tiene como máximo exponente la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana^‍‍[11], también llamada «ley mordaza», actualmente pendiente de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Mediante la introducción de la disposición adicional primera que regula el «rechazo en frontera», esta ley recoge un intento de legalización de las devoluciones en caliente respecto al cual ha expresado su preocupación el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos^‍‍[12]. Quede aquí apuntado, para posterior desarrollo, que cualquiera de las formas de admisión, devolución o expulsión recogidas en los instrumentos jurídicos citados (directivas, acuerdos o leyes) debe respetar en todo momento los derechos y garantías recogidos en el CEDH, convirtiendo cualquier acción de hecho en un acto contrario a derecho (Martínez Escamillas, M. (2016). Devoluciones en caliente. Un análisis jurídico. En J. L. Villena Higueras (coord.). Derechos humanos y justicia universal en la frontera sur (pp. 77-96). Granada: Universidad de Granada.‍Martínez Escamilla, 2016: 89).

Con el fin de completar el contexto en el que se enmarca el presente caso, es preciso aludir al nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, publicado el pasado 23 de septiembre por la Comisión Europea^‍‍[13]. Estamos aquí ante una iniciativa europea que, por un lado, da cuenta de la incapacidad y falta de voluntad para dar respuestas eficaces a los crecientes flujos migratorios que en los últimos cinco años han puesto de manifiesto Estados miembros. Por otro, sin embargo, asume el ambicioso objetivo de aspirar a representar el

La presente propuesta de reforma de la política migratoria europea, que entre otras cosas incluye un nuevo Reglamento de gestión del asilo y la migración que sustituye al Reglamento de Dublín, ha sido resumida por las voces más críticas como un instrumento que introduce medidas para facilitar el retorno, la externalización de las fronteras y la imposición de cuotas a los Estados miembros^‍‍[15]. De un examen del documento principal es posible identificar los seis pilares fundamentales en los que se basa esta propuesta: 1) procedimiento acelerado en frontera para establecer el estatuto de manera rápida a la llegada que incluya, para los ciudadanos de terceros países que crucen sin autorización, «un control previo a la entrada, un procedimiento de asilo y, en su caso, un procedimiento de retorno rápido, integrando así procesos que actualmente son independientes»^‍‍[16]; 2) solidaridad a la carta, o la adopción de un nuevo mecanismo de solidaridad basado en la posibilidad, para los Estados miembros, de elegir entre la acogida voluntaria de solicitantes de asilo en su territorio o el patrocinio de los retornos a los países de origen o tránsito a través de apoyo técnico o económico; 3) mejora del control de la aplicación coherente de las políticas nacionales y de la UE en materia de migración tanto a través de los mecanismos existentes (Schengen y Frontex), como a través de la nueva Agencia de Asilo de la Unión Europea, que asumirá el encargo de supervisar los sistemas de asilo incluidos en el último compromiso con el objetivo de lograr una mayor convergencia; 4) apoyo a la infancia y a las personas vulnerables como objetivo prioritario en el marco de la red europea de tutela y el compromiso de la UE con la erradicación de la trata de seres humanos; 5) refuerzo del control de las fronteras exteriores a través de Frontex, que se convertiría en «el brazo operativo de la política de retorno de la UE», y que debe desarrollarse «sobre la base de la refundición de la Directiva sobre retorno y el apoyo operativo efectivo»^‍‍[17], confirmando la imagen de la Europa fortaleza que representa la realidad de unas políticas centradas en externalizar los controles migratorios (Sanchez Legido, A. (2020). The Spanish pushback policy before the Strasbourg court: strengthening the walls of fortress Europe? Revista Española de Derecho Internacional, 72 (2), 235-260.‍Sánchez Legido, 2020: 238); y 6) la modificación de la propuesta de Reglamento Eurodac con la finalidad de crear una base de datos común y actualizada sobre asilo y migración que, entre otras cosas, «contabilice solicitantes individuales (en lugar de solicitudes), para ayudar a aplicar nuevas disposiciones sobre la transferencia de responsabilidades dentro de la UE, con el fin de facilitar la reubicación y garantizar un mejor seguimiento de los retornados»^‍‍[18].

La alusión al contenido del Nuevo Pacto Europeo para la Migración y Asilo resulta aún más pertinente si se tiene en cuenta que la sentencia objeto de examen parece alinearse con la filosofía del «retorno rápido» por el que se aboga en esta propuesta, al mismo tiempo apartándose radicalmente de la jurisprudencia consolidada del Tribunal en relación a la obligación de non-refoulement, en un giro restrictivo que ha sido interpretado por un sector de la doctrina como una prueba irrefutable del fin de la concepción dinámica de los derechos humanos en la jurisprudencia del TEDH, tras más de dos décadas de pronunciamientos revolucionarios (Thym, D. (2020). A Restrictionist Revolution? A Counter-Intuitive Reading of the ECtHR’s N.D & N.T. Judgement on “Hot Expulsions”. Eumigrationlawblog [blog], 17-2-2020. Disponible en: https://bit.ly/2HiEGVO‍Thym, 2020).

II. LA EXPULSIÓN COLECTIVA. EVOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH[Subir]

El art. 4 del Protocolo 4 al CEDH recoge la expresa prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros^‍‍[19]. El propio TEDH ha precisado que el objetivo mismo de esta disposición es «impedir que los Estados puedan expulsar a determinados extranjeros sin antes examinar sus circunstancias personales y, de esta manera, sin dejarles presentar sus argumentos en contra de la medida adoptada por la autoridad competente»^‍‍[20]. Estamos aquí ante un concepto que fue definido por primera vez en 1975 por la Comisión en el asunto Henning Becker contra Dinamarca, que tenía por objeto la repatriación de un grupo de doscientos niños vietnamitas por las autoridades danesas^‍‍[21] y que, como veremos, ha evolucionado para adaptarse a la realidad del fenómeno migratorio de nuestros tiempos.

Las razones que fundamentan la protección ofrecida por esta disposición pueden conectarse tanto con los riesgos frente a los que protege el art. 3 del Convenio como con la noción de remedio efectivo recogida en el art. 13. Por lo que respecta a la primera disposición, cabe señalar que en el reciente asunto Ilias y Ahmed c. Hungría, el Tribunal estimó que «cuando se expulsaba a los solicitantes de asilo a un tercer país sin examinar el fondo de sus solicitudes de asilo, no se podía saber si las personas objeto de expulsión corrían el riesgo de recibir un trato contrario al artículo 3 en su país de origen o si eran simplemente migrantes económicos, y que solo mediante un procedimiento legal que diera lugar a una resolución se podía llegar a una conclusión sobre esta cuestión y basarse en ella»^‍‍[22]. No obstante lo anterior, conviene subrayar que, según la jurisprudencia del Tribunal, cuando el demandante no alega un riesgo real de violación de los derechos contenidos en los arts. 2 y 3 del Convenio, la falta de suspensión de una decisión de expulsión no constituye, por sí misma, una violación del art. 13, en relación con el art. 14 del Protocolo 4^‍‍[23]. La obligación de asegurarse sobre el trato que recibirán las personas migrantes que vincula al Estado en cuestión se extiende tanto a los países de origen, de residencia o terceros países (Martínez Escamillas, M. (2016). Devoluciones en caliente. Un análisis jurídico. En J. L. Villena Higueras (coord.). Derechos humanos y justicia universal en la frontera sur (pp. 77-96). Granada: Universidad de Granada.‍Martínez Escamilla, 2016: 92). De hecho, el principio de no devolución puede ser violado de manera indirecta si el Estado que lleva a cabo la devolución o expulsión no se cerciora de que ese Estado no enviará a la persona a otro país en el que dichos derechos puedan estar en peligro^‍‍[24]. Algunos autores han interpretado la condicionalidad de la paralización de la expulsión a la existencia de riesgo real de violación de estos dos artículos exclusivamente como una muestra del rechazo del Tribunal a reconocer las más amplias garantías en el recurso para combatir la expulsión (Castilla, K. (2017). N.D y N.T contra España: más que las devoluciones en caliente, menos que un recurso con las máximas garantías. Institut de Drets Humans de Catalunya [blog], 18-12-2017. Disponible en: https://bit.ly/3kdLJgX‍Castilla, 2017).

La definición misma de la expulsión colectiva requiere abordar el concepto por partes. La doctrina coincide en identificar la ausencia de examen individualizado de las circunstancias personales de las personas migrantes como una característica inherente a la expulsión colectiva (Vacas Fernández, F. (2017). El Derecho Migratorio, Internacional y Europeo, como Límite desde los Derechos Humanos a la Discrecionalidad de los Estados en Materia Migratoria. Valencia: Tirant lo Blanch.‍Vacas Fernández, 2017: 232) y vulneradora del derecho internacional (Martínez Escamillas, M. (2016). Devoluciones en caliente. Un análisis jurídico. En J. L. Villena Higueras (coord.). Derechos humanos y justicia universal en la frontera sur (pp. 77-96). Granada: Universidad de Granada.‍Martínez Escamilla, 2016: 78-‍79; Solanes Corella, Á. (2017). Contra la normalización de la ilegalidad: la protección judicial de los extranjeros frente a las expulsiones colectivas y las devoluciones «en caliente». Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 36, 195-225. Disponible en: https://doi.org/10.7203/CEFD.36.11269‍Solanes Corella, 2017: 206). Sin embargo, tal y como subraya Sánchez Legido, ese examen objetivo representa también un mecanismo para combatir la arbitrariedad, impidiendo que sobre la base de argumentos meramente formales basados en la distinción entre expulsión y no admisión (argumento utilizado por el Gobierno de España en el caso objeto de estudio) se prive de efectividad a la protección ofrecida por el Convenio (Sanchez Legido, A. (2020). The Spanish pushback policy before the Strasbourg court: strengthening the walls of fortress Europe? Revista Española de Derecho Internacional, 72 (2), 235-260.‍Sánchez Legido, 2020: 250). Por un lado, por lo que respecta al alcance de la «expulsión», la jurisprudencia del TEDH ha precisado que el art. 4 del Protocolo 4 es aplicable tanto a la devolución que tiene lugar tras la entrada en territorio nacional (supuesto tradicional^‍‍[25]) como a aquella que se lleva a cabo antes de que la persona haya entrado en el territorio bajo jurisdicción del Estado en cuestión. Así, en el asunto Hirsi Jamaa y otros contra Italia, este país es condenado por haber incurrido en una violación del art. 3 del CEDH y del art. 4 del Protocolo 4 al haber interceptado en alta mar el navío en el que se encontraban los demandantes procediendo seguidamente a su devolución a Libia, exponiéndolos así a tratos prohibidos por el Convenio^‍‍[26].

En este caso, el Tribunal es llamado a pronunciarse por primera vez sobre la aplicabilidad del art. 4 del Protocolo 4 a los casos de expulsiones de extranjeros a un tercer país llevadas a cabo fuera del territorio nacional, sentando así un importante precedente en materia de aplicación extraterritorial del citado instrumento:

El Tribunal, que en este asunto adopta una interpretación teleológica de la disposición objeto de examen, introduce el concepto del ejercicio de la jurisdicción extraterritorial como justificación de la aplicabilidad del Convenio:

Dos años más tarde, en el 2014, esta postura es ratificada en el asunto Sharifi y otros contra Italia y Grecia. En este caso, los demandantes, cuatro nacionales afganos que se encontraban en Grecia, se embarcaron clandestinamente en barcos italianos que se dirigían al puerto de Ancona. Tras su llegada, fueron interceptados por la policía de frontera y devueltos inmediatamente a Grecia. A efectos del presente análisis, la decisión del Tribunal de no entrar a examinar si los demandantes habían llegado o no a Italia cuando fueron expulsados, por su irrelevancia a efectos de la aplicabilidad del art. 4 del Protocolo 4, constituye una ulterior confirmación del alcance extraterritorial de la referida disposición^‍‍[29].

Por otro lado, en cuanto al concepto de grupo, a efectos de la identificación de una expulsión colectiva, es importante señalar que, precisamente en la sentencia objeto de estudio, el Tribunal ha afirmado que: «El grupo no tiene que comprender un mínimo de individuos por debajo del cual se pondría en duda el carácter colectivo de la expulsión»^‍‍[30]. Por consiguiente, el criterio aplicable es de naturaleza cualitativa, en tanto que lo determinante es que en esta clase de expulsiones no se garantiza la posibilidad de realizar alegaciones personales, ni existe la constancia de quién es la persona sujeta a la expulsión, incluso si esa persona está necesitada de una especial protección (Martínez Escamillas, M. (2016). Devoluciones en caliente. Un análisis jurídico. En J. L. Villena Higueras (coord.). Derechos humanos y justicia universal en la frontera sur (pp. 77-96). Granada: Universidad de Granada.‍Martínez Escamilla, 2016: 91). Además, el hecho de que se dicten resoluciones similares respecto a varias personas no implica necesariamente una expulsión colectiva, siempre y cuando se le haya dado la oportunidad de presentar argumentos contra su expulsión a cada una de las personas afectadas, de manera individual^‍‍[31]. La medida de expulsión frente a la cual la persona migrante debe poder argumentar debe dictarse por la autoridad competente, entendiendo por tal aquella con capacidad de valorar en su totalidad la argumentación ofrecida contra la expulsión, entrenada adecuadamente en los estándares de derecho nacional e internacional, y estando en condiciones de corroborar los elementos relevantes en caso necesario (Bollo Arocena, M. D. (2016). Expulsión de extranjeros, derecho internacional y derecho europeo. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.‍Bollo Arocena, 2016: 63). El efectivo cumplimiento de este último requisito constituye, como se verá en el siguiente apartado, una de las cuestiones claves a la hora de determinar la concurrencia de una violación del principio de non-refoulement, considerado por el derecho internacional una norma imperativa o de ius cogens (Pérez González, C. (2014). Límites a la lucha contra la inmigración irregular por vía marítima impuestos por el derecho internacional de los derechos humanos. En L. L. Hierro (coord.). Autonomía individual frente a autonomía colectiva. Derechos en conflicto (pp. 193-218). Madrid: Marcial Pons.‍Pérez González, 2014: 205).

III. EL CAMBIO DE RUMBO DE LA GRAN SALA: UN ANÁLISIS CRÍTICO[Subir]

Seis son los casos en los que, a fecha de hoy, el Tribunal ha constatado la existencia de una violación de la prohibición de expulsión colectiva^‍‍[32]. En el epígrafe anterior se ha aludido a algunas de las coincidencias y diferencias identificadas entre los mismos. Si bien es cierto que, por un lado, el presente pronunciamiento representa un punto de inflexión en la jurisprudencia del TEDH en materia migratoria, autores como Sánchez Legido evidencian que los indicios que apuntaban a un posible cambio de tendencia en la aproximación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la prohibición de las expulsiones colectivas y al fenómeno migratorio en general no habían dejado de acumularse (Sanchez Legido, A. (2020). The Spanish pushback policy before the Strasbourg court: strengthening the walls of fortress Europe? Revista Española de Derecho Internacional, 72 (2), 235-260.‍Sánchez Legido, 2020: 236).

En el presente apartado se examinarán en profundidad los argumentos jurídicos esgrimidos por la Gran Sala del TEDH para justificar, en el caso objeto de estudio, la ausencia de violación del derecho a no ser sometido a expulsiones colectivas recogido en el art. 4 del Protocolo 4.

En concreto, se abordarán en detalle los dos aspectos principales del argumento que fundamenta una sentencia sin precedentes en la jurisprudencia del Tribunal: la conducta culpable del demandante como inhibidora de la prohibición de expulsión colectiva y el requisito de la ausencia de razones de peso imputables al Estado demandado para hacer uso del procedimiento legal de entrada. Por último, en el subapartado de «otras cuestiones relevantes» se hará alusión a algunos de los desarrollos jurídicos más controvertidos de la presente sentencia.

IV. CONCLUSIÓN[Subir]

Estamos ante una sentencia que cambia completamente el rumbo de la jurisprudencia del TEDH en relación al art. 4 del Protocolo 4. La transformación que se deriva del reconocimiento de las expulsiones sumarias como una respuesta admisible frente a los intentos de entrada irregular en territorio europeo ha llegado a sorprender incluso al Parlamento Europeo^‍‍[51], ha desmentido las previsiones de la doctrina que confiaba en que la fuerza de los argumentos de la Sección tercera garantizase su confirmación por la Gran Sala (Gortázar, C. (2017). A cold shower for Spain-hot returns from Melilla to Morocco: N.D. and N.T. v Spain ECtHR. Eumigrationlawblog [blog], 3-10-2017. Disponible en: https://bit.ly/3o81zMG‍Gortázar, 2017).

Sin embargo, es curioso notar cómo, tras este pronunciamiento, el Tribunal parece haber vuelto sobre sus pasos: el 24 de marzo de 2020, apenas un mes después de la sentencia dictada en el presente caso, en el asunto Asady y otros contra Eslovaquia, el TEDH reintroduce el requisito de la «auténtica y efectiva oportunidad de presentar argumentos en contra de su expulsión»^‍‍[52] por parte del Estado en el que se encuentran los demandantes, tras haber atravesado de manera irregular la frontera entre Ucrania y Eslovaquia, antes de ser devueltos a Ucrania. Resulta incluso llamativa la alusión a la sentencia del caso N.D. y N.T contra España para ilustrar precisamente un ejemplo de una situación en la que a los demandantes, tras atravesar la frontera de manera no autorizada, se les niega el acceso a un procedimiento legal de entrada: «The Court notes that, although the applicants had crossed the Slovak border in an unauthorised manner, they were intercepted in the territory of Slovakia and the State provided them access to means of legal entry through the appropriate border procedure (see, conversely, N.D. and N.T. v. Spain, cited above)»^‍‍[53].

Estamos, pues, ante un pronunciamiento que condiciona la aplicabilidad de la prohibición de expulsión colectiva a la conducta del demandante, utilizando para ello un test cuya dudosa eficacia ha sido evidenciada en este comentario, que representa un precedente potencialmente restrictivo, si no lesivo, del contenido y alcance de los derechos humanos protegidos por el CEDH. El mismo ha sido definido por el CEAR como «uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos que hace dudar de la propia universalidad de los mismos»^‍‍[54]. Llegados a este punto, quizás convenga aludir a las razones que llevan a Sánchez Legido a considerar posible una rectificación parcial por parte de la Gran Sala. El autor sostiene que al rechazar los argumentos vinculados a su jurisdicción y al concepto de expulsión que habían avanzado los Gobiernos participantes en el procedimiento, el Tribunal se reserva la posibilidad de afinar en el futuro el aval otorgado a este tipo de prácticas (Sanchez Legido, A. (2020). The Spanish pushback policy before the Strasbourg court: strengthening the walls of fortress Europe? Revista Española de Derecho Internacional, 72 (2), 235-260.‍Sánchez Legido, 2020: 257).

Este pronunciamiento no puede entenderse sin aludir a las presiones a las que se ha visto sometido el Tribunal de Estrasburgo por parte de los Gobiernos nacionales en los casos relacionados con las políticas migratorias y de asilo (Riemer, L. (2019). The ECtHR as a drowning ‘Island of Hope’ Its impending reversal of the interpretation of collective expulsion is a warning signal. Verfassungsblog [blog], 19-2-2019. Disponible en: https://bit.ly/3jiWA8a‍Riemer, 2019), que se han incluso intentado positivizar^‍‍[55], y que, en última instancia, se han visto reflejadas en el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo presentado hace tan solo unas semanas analizado en la primera parte de este trabajo.

Con dos casos actualmente pendientes contra España por presunta violación del art. 4 del Protocolo 4 en circunstancias similares^‍‍[56], a este Tribunal se le brinda una nueva oportunidad de aclarar cuál será su legado en este ámbito, recordando que, en última instancia, sus pronunciamientos tienen como objetivo salvaguardar y desarrollar las reglas recogidas en la Convención^‍‍[57].