DISEÑANDO UN NUEVO MODELO ECONÓMICO: PROPUESTAS DESDE EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA ECONOMÍA FEMINISTA SOBRE EL CUIDADO Y LA IGUALDAD FRENTE A LA CRISIS COVID-19^‍‍[1]

I. LA CRISIS DEL COVID-19 Y LA VULNERABILIDAD HUMANA[Subir]

En los primeros periodos de la crisis COVID-19 coincidentes con las primeras semanas de vigencia del estado de alarma^‍‍[2], el foco de interés se situaba en la tensión entre la seguridad/salud y la libertad. Entrando ya en la fase de desescalada el foco fue desplazándose hacia otra tensión, la que iba emergiendo entre la seguridad para la salud de las personas junto con el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y la economía, y esta tensión vino para quedarse, ya que el daño a la economía se augura irreparable.

¿Es posible conciliar ambos extremos, es decir, la protección de la salud de toda la población y el crecimiento económico? O incluso más allá de la vuelta a la normalidad de la situación sanitaria y la superación de las medidas de protección después de la desescalada total, ¿es posible recuperar la estabilidad económica y hacerlo sin dañar las conquistas alcanzadas en derechos sociales? Es la pregunta o preguntas cruciales para que los países, azotados por la pandemia en mayor o menor medida, puedan seguir adelante, en especial los países que se reconocen como Estados sociales y democráticos de derecho.

Diseñar consiste en hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. La idea o el objeto de este trabajo es apuntar algunas reflexiones sobre qué modelo económico debe observarse o qué posibles modificaciones deben introducirse para que podamos afrontar la crisis económica y de derechos que está emergiendo y se proyecta como una amenaza también para el futuro. Ahora más que nunca la economía y el derecho deben entenderse.

Para ello debemos partir de algunas obviedades que la crisis COVID-19 ha puesto de manifiesto.

La extrema vulnerabilidad del ser humano es la primera de ellas, junto con el valor de la vida y todo lo que ayuda a sostenerla: el cuidado a las personas debe revalorizarse en el marco de un Estado social de derecho. Somos vulnerables e interdependientes, y en circunstancias de fragilidad necesitamos de los demás.

Por tanto, y como consecuencia de lo anterior, en segundo lugar, el colectivo de las personas cuidadoras debe estar altamente reconocido desde una perspectiva económica, pero también social y política. Como dice Alain Touraine, «estamos entrando en un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de los servicios, pero de los servicios entre humanos», por lo que esta crisis revalorizará la categoría de los cuidadores, cuya labor debe estar bien remunerada (Bassets, M. (2020). Alain Touraine, sociólogo: «Esta crisis va a empujar hacia arriba a los cuidadores», El País, 29-3-2020. Disponible en: https://bit.ly/38dYyFb‍Bassets, 2020).

Tercero, el colectivo de las personas cuidadoras está altamente generizado. Un 70 % del sector sociosanitario está formado por mujeres. Y no solo desde el ámbito profesionalizado, sino también en el ámbito privado: las cuidadoras de la familia, de las personas menores, mayores, enfermas y dependientes también son mujeres^‍‍[3]. Por eso su productividad (en términos mercantiles^‍‍[4]) ha disminuido y eso ha provocado un incremento de la desigualdad existente, situando a las mujeres que se han ocupado del cuidado durante este periodo en una posición más complicada en el ámbito laboral.

Por último, el cuidado sea o no remunerado, debe ser revalorizado en la sociedad y contar para la economía (Moltó Carbonell, M. L. y Uriel, E. (2008). El trabajo doméstico cuenta: las cuentas de los hogares en España. Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros.‍Moltó y Uriel, 2008: 228) porque del mismo depende la supervivencia de la sociedad en condiciones dignas, y para ello se requiere un cambio cultural que revalorice lo verdaderamente importante: la salud de las personas en un entorno sostenible, sin contaminación, con unas condiciones vitales garantizadas. También es obvio que para esto hay que invertir en los cuidados, hay que invertir en sanidad y hay que educar en la transmisión de los valores de la solidaridad, la diversidad, la igualdad y la corresponsabilidad.

Educación, nuevos valores, cambios de paradigmas culturales y económicos, son propósitos que están siendo reiterados en esta época en crisis. Touraine plantea como una de las decisiones fundamentales para Europa «la liberación por medio de las mujeres», es decir, «el derrumbamiento de la razón como aspecto central y la recomposición de los afectos en torno a la razón y la comunicación, una sociedad del care (de los cuidados)». En definitiva, plantear un nuevo modelo de cultura y de sociedad que priorice los cuidados. Tal vez construir una épica del cuidado que diría Irene Vallejo (Vallejo, I. (2020). Épica del cuidado. El País, 15-3-2020. Disponible en: https://bit.ly/328lMsr‍2020), que señale quiénes son ahora las verdaderas heroínas y héroes.

Según propone Katrine Marçal (Marçal, K. (2016). ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Barcelona: Penguin.‍2016:127), si se quiere preservar el cuidado a las personas en nuestra sociedad, este debe ocupar un papel central y debe ser apoyado con los recursos económicos necesarios. De este modo se recuperarán otros bienes esenciales para la economía, no solo los productivos deben contar, sino también los reproductivos. Solo así se pueden reconciliar los distintos valores democráticos.

II. EL MODELO ECONÓMICO CONSTITUCIONAL: ¿QUÉ TENEMOS Y A QUÉ ASPIRAMOS?[Subir]

En el marco de su preámbulo, la Constitución española comienza su redacción apelando a la voluntad de la Nación española de «garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo». El modelo económico —o Constitución económica— queda definido en el título VII, «Economía y Hacienda», aunque no solo, porque hay otros aspectos que lo definen en el título I, como los derechos sociales y los principios rectores de la política social y económica.

Entonces, ¿de qué modelo económico parte la Constitución española? Parece ser que aunque conjuga elementos sociales y concede un margen de intervención estatal, la Constitución de 1978 establece un patrón de economía de mercado próximo al modo neoliberal de entender la economía. Como ya explicaba López Guerra (López Guerra, (1983). El modelo económico en la Constitución. Revista de Estudios Económicos y Empresariales, 2, 17-25.‍1983: 17) «una de las peculiaridades de la Constitución española, frente a la gran mayoría de los textos constitucionales de otros países es que —pese a los comentarios que a veces se han hecho— se pronuncia explícitamente en favor de un modelo económico determinado, que es, en definitiva, el de la economía de mercado; modelo que, con todas las precisiones que puedan hacerse, se corresponde, en nuestro lenguaje, con el sistema “capitalista”». Si bien la acción de algunos Ejecutivos a través de ciertas políticas públicas, el desarrollo legislativo y determinada interpretación jurisprudencial han ido permitiendo nuevos enfoques con tintes más sociales. Es obvio que ello ha dependido y dependerá en mayor o menor medida de la orientación política del Gobierno en cada legislatura. Sin embargo, en todo caso sigue predominando el diseño trazado por la economía convencional.

La economía feminista se aparta de la forma convencional de entender la economía para proponer otro modelo que aspire a lograr un orden económico justo, que asegure una digna calidad de vida para todas las personas. Lourdes Benería et al. sintetizan dos posibles enfoques de este modelo, el de los derechos y el de las capacidades, en su obra magistral (Benería, L., Berik, G. y Floro, M. (2018). Género, desarrollo y globalización. Una visión desde la economía feminista. Barcelona: Bellaterra‍2018).

El enfoque de las capacidades es uno de los discursos más potentes contra el planteamiento neoliberal. Este enfoque económico postulado por Amartya Sen y Martha Nussbaum se fundamenta sobre políticas dirigidas a suprimir los obstáculos que encuentran las personas en su vida para poder vivirla en libertad de la mejor manera posible. «Las capacidades representan el potencial multidimensional de cada individuo. Una capacidad es la posibilidad de ser y de hacer lo que la persona quiere ser y hacer» (Benería, L., Berik, G. y Floro, M. (2018). Género, desarrollo y globalización. Una visión desde la economía feminista. Barcelona: Bellaterra‍Benería et al., 2018: 65). Este concepto se identifica de manera bastante plausible con el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución española reconoce en el art. 10 como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social.

Martha Nussbaum desarrolló el enfoque de las capacidades ajustándolo a una teoría de la justicia y de la potenciación universal de las capacidades de las mujeres. Elaboró una lista irreducible de capacidades, entre las que necesariamente está la de vivir una vida digna con salud y con libertad de acción, libre de violencia de género. Este, que sería el resumen esencial de esa lista de diez capacidades, tiene como premisa, explican las autoras (ibid.: 66), la idea de que «ser humano o humana implica ser un ente físico con cuerpo, ser cuidado o cuidada y poder cuidar a otras personas». Nussbaum (Nussbaum, M. (2003). Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice. Feminist Economics 9 (2-3), 33-59. Disponible en: https://doi.org/10.1080/1354570022000077926‍2003, Nussbaum, M. (2004). Promoting Women’s Capabilities. En L. Beneria, S. Bisnath (ed.). Global Tensions (pp. 241-256). Nueva York: Routledge.‍2004) está poniendo el foco de nuevo, en el cuidado, y por otro lado está exigiendo que estas capacidades sean universales, es decir, que estén garantizadas constitucionalmente en todas partes. El reclamo de la inclusión de las capacidades en el texto constitucional resulta evidente y consecuentemente se nos plantea la siguiente pregunta: ¿es posible conciliar la garantía de estas capacidades con el modelo económico de nuestra Constitución? La respuesta puede ser afirmativa si se conjuga el art. 10 —la dignidad humana como eje y el libre desarrollo de la personalidad como posibilidad— con las garantías de los derechos sociales y otros posibles ingredientes, que —como más adelante se verá— tienen que ver con la revisión de algunos derechos sociales o principios rectores como derechos fundamentales o el reconocimiento de algún otro derecho fundamental.

Esta última reflexión enlaza con el otro enfoque económico: el enfoque de los derechos humanos. Este enfoque desarrollado por Balakrishnan y Elson (Balakrishnan, R. y Elson, D. (2011). Introduction: Economic Policies and Human Rights Obligations. En R. Balakrishnan y D. Elson (eds.). Economic Policies and Human Rights (pp. 1-27). Londres: Zed Books.‍2011) parece que podría tener mayor incidencia en la modificación de las políticas neoliberales, ya que permite realizar su evaluación a partir de los derechos, considerando que existen unos mínimos esenciales en los derechos económicos y sociales que es preciso preservar en todos los procesos económicos (Benería, L., Berik, G. y Floro, M. (2018). Género, desarrollo y globalización. Una visión desde la economía feminista. Barcelona: Bellaterra‍Benería et al., 2018: 72).

Resulta evidente que ambos enfoques se complementan y tienen importantes objetivos comunes, como por ejemplo la satisfacción de las necesidades humanas para una vida digna. Así podríamos considerar que nuestra Constitución se puede interpretar en clave feminista y de igualdad real también en relación con el modelo económico desde el art. 10, que sitúa la dignidad como eje de los derechos y el desarrollo libre de la personalidad como fundamento del orden político, junto con el artículo 9.2, que promueve lo necesario para que la igualdad sea efectiva. A ello habría que añadir una revisión de los derechos del capítulo III y algunos del capítulo II en tres sentidos: ampliación de la relación de derechos fundamentales, de manera que algunos derechos no considerados como fundamentales por no estar ubicados en la sección primera del capítulo II lo sean; utilización efectiva de la cláusula hermenéutica del artículo 10.2 para ampliar el contenido de algunos derechos, e inclusión de algún nuevo derecho.

El objetivo de revisar y reinterpretar la Constitución en clave de género e igualitaria obedece principalmente a la obligación de hacer frente a las situaciones de necesidad económica que habrá que solucionar, así como a las graves discriminaciones entre personas afectadas por la epidemia en España.

Como argumenta Ramonet (Ramonet, I. (2020). La pandemia y el sistema-mundo. Le Monde Diplomatique, 25-4- 2020. Disponible en: https://bit.ly/3jV4iFG‍2020), incluso grandes defensores del modelo neoliberal están tomando conciencia de los tremendos errores del neoliberalismo al considerar que hay que construir una sociedad justa «mediante un nuevo modelo definitivamente más justo, más ecológico, más feminista, más democrático, más social, menos desigual». Sin embargo, «es poco probable que una vez vencido el azote, mantengan sus propósitos. Sería una auténtica revolución […]. Y un virus, por perturbador que sea, no sustituye a una revolución […]. No podemos pecar de inocentes. Las luchas sociales seguirán siendo indispensables [...], los poderes dominantes, por mucho que se hayan tambaleado, se esforzarán por retomar el control [...] con mayor violencia, si cabe. Tratarán de hacernos regresar a la vieja “normalidad”. O sea, al Estado de las desigualdades permanentes», desigualdades que ahora serán más profundas y evidentes. Las desigualdades económicas por supuesto, pero también las desigualdades que se basan en el género y en la forma en que se estructura la sociedad, y las discriminaciones por razón de sexo. Todas están relacionadas por ese fenómeno del que tantas veces se ha alertado de la feminización de la pobreza, y no solo en países en vías de desarrollo, sino también en el nuestro y en el marco de los países de la Unión Europea.

Por otro lado, la desigualdad hay que analizarla en relación con otros dos conceptos: la conciliación y la corresponsabilidad. La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia más que nunca que la carga de los cuidados y la atención a las personas en la familia la siguen llevando las mujeres. Parece que de nuevo la conciliación sea cosa de ellas y que la corresponsabilidad se haya ido diluyendo. Con el cierre de los centros educativos y las niñas y los niños en los hogares, las mujeres manifiestan la imposibilidad de conciliar. Su productividad, junto con su salud física y mental, se están viendo ya afectadas y ello tendrá consecuencias profesionales, sin lugar a dudas.

Todo apunta a una quiebra del principio de igualdad, lo que exige un modelo económico diferente al neoliberal. A ello cabe añadir que los modelos de producción del que se nutre el sistema económico que conocemos han estado saqueando la naturaleza y modificando el clima, alterando la biodiversidad y creando las condiciones objetivas para que nuevos virus y nuevas enfermedades aparezcan. Este es pues otro motivo para intentar sustituirlo. Alicia Puleo describe el neoliberalismo global como «un avatar del patriarcado originario», desde el ecofeminismo que denuncia la falsa e interesada definición de felicidad como acumulación de bienes materiales que van lastrando la existencia de las personas y del medio que habitamos (Puleo, A. (2019). Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y a los animales. Madrid: Plaza y Valdés.‍2019: 13). Este movimiento analiza el dominio de la sociedad patriarcal sobre la naturaleza y las mujeres a través de sus diversas manifestaciones históricas. Ya desde la filosofía clásica se asimilaba mujer y naturaleza, un ser para otros, asociando a los hombres con la cultura. Esta idea nos ha estado acompañando a través de los siglos y la seguimos viendo reflejada hoy en la asunción pretendidamente espontánea de las tareas del cuidado por las mujeres.

III. LOS CUIDADOS Y LAS CUIDADORAS[Subir]

IV. LAS PROPUESTAS DESDE LA ECONOMÍA Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL[Subir]

El derecho y la economía han caminado paralelamente desde que se fundaron las primeras cátedras de Economía en todas las facultades de derecho en el siglo xix en Europa (Schumpeter, J. (2004). Historia del análisis económico. Barcelona: Ariel.‍Schumpeter^[7], 2004: 792-‍793, 805). Además de la jurisprudencia, la sociología, la historia y la psicología son otras ciencias sociales imprescindibles para el análisis económico (Schumpeter, J. (2004). Historia del análisis económico. Barcelona: Ariel.‍2004: 747). Como diría Schumpeter, la economía es «un gran ómnibus que acarrea numerosos pasajeros de intereses y capacidades inconmensurables» ibid.: 793).

Por otro lado, el modelo económico de un Estado queda definido en su constitución y desde esa perspectiva el derecho constitucional se relaciona con la economía, especialmente en nuestro caso desde esa parte llamada la constitución económica, y desde otros espacios donde se recogen valores y principios como el preámbulo o el título preliminar, así como también en el título I, donde se recogen los derechos. La evolución de la configuración del poder público ha estado siempre vinculada a la evolución de la economía a través del marco fundamental del derecho constitucional (Gordillo Pérez, L. y Rodríguez Ortiz F. (2019). Constitución económica y gobernanza económica de la Unión Europea. Cizur Menor: Thomson Reuters-Aranzadi.‍Gordillo, 2019); por tanto, la evolución de modelo económico debe reflejarse también en el orden constitucional.

V. A modo de epílogo: ¿una nueva era?[Subir]

Se escuchan voces que afirman que estamos ante el comienzo de una nueva era o que claman por ella. Es pronto para hacer afirmaciones rotundas, pero lo cierto es que estamos atravesando grandes transformaciones.

Según el Diccionario RAE, era significa: «Período de tiempo que se cuenta a partir de un hecho destacado» y también: «Extenso período histórico caracterizado por una gran innovación en las formas de vida y de cultura». Acogiéndonos al primer significado de la palabra, y en el caso que nos ocupa es obvio que estamos comenzando un nuevo período de un tiempo convulso e incierto de crisis social, económica y seguramente cultural a partir de un hecho muy destacado como la epidemia o pandemia, si lo explicamos desde una perspectiva global, causada por la COVID-19, con un dramático impacto en la vida de las personas. Si nos referimos al segundo significado, nos faltaría el elemento tiempo («extenso período histórico») para poder observar a largo plazo si la crisis sanitaria y económica producida por la COVID-19 ha provocado una «gran innovación en las formas de vida y cultura». Aun así, esta «innovación» es ya perfectamente palpable y visible.

Es evidente que somos ahora más conscientes que nunca de nuestra vulnerabilidad y por tanto más conscientes de la necesidad de seguridad, a la vez que tenemos muy presente la importancia de garantizar la libertad. Es un equilibrio que debe obtenerse conjugando los valores de solidaridad y de cuidado con los ya reconocidos por nuestro Estado social y democrático de derecho, de igualdad y libertad, recuperando la proclama de nuestro preámbulo constitucional: «Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todas las personas una digna calidad de vida». Pero el progreso de la economía no puede darse mientras sigan rigiendo las reglas tradicionales del mercado y el productivismo, desconsiderando que otros valores cuentan para la economía, que son en definitiva los esenciales para una vida digna. Necesitamos un cambio cultural que recupere el valor de la persona y que reoriente la escala de valores. Este tiempo de confinamiento nos ha hecho más conscientes de las cosas importantes y de las cosas prescindibles, nos ha hecho más conscientes de lo que debe contar, de la jerarquía de los valores, incluso de la jerarquía de las profesiones y ocupaciones, de lo que debe ocupar un papel central en la economía y en la política, incluso de la importancia de vivir en un planeta más limpio, y todo ello sí que nos aproxima al cambio cultural. Es esperable que la fuerza del poder económico trate de impedirlo, pero es preciso apuntalar las estructuras del cambio y no retroceder; hemos arriesgado demasiado. Como manifestaba Ferrajoli en el primer período del confinamiento, «esperemos que esta emergencia del coronavirus provoque un despertar de la razón, generando la plena consciencia de nuestra fragilidad y de nuestra interdependencia global [...] y de la falta de adecuadas instituciones globales de garantía» (García Jaén, B. (2020). Luigi Ferrajoli, filósofo: «Los países de la UE van cada uno por su lado defendiendo una soberanía insensata». El País, 28-3-2020. Disponible en: https://bit.ly/2TO7Izs‍García Jaén, 2020).

Ahora que aquel está tocando a su fin, estamos ya en condiciones de determinar los fallos del sistema. Si se quiere preservar el cuidado a las personas, resulta imprescindible dotar de medios económicos a las instituciones de cuidado para que un rebrote de la pandemia o cualquier otra situación similar no sature el sistema sanitario. Pero a la vez hay que reforzar el sistema educativo para equilibrar el igual acceso al mismo de todas las personas ante una situación como la vivida, y no solo desde una perspectiva económica, sino también como vehículo para transmitir los valores de ese cambio; entre estos también debe estar el sentido de responsabilidad que todas las personas debemos asumir para cuidar y cuidarnos.

En el momento de cierre de este trabajo, recién finalizado el extenso periodo de estado de alarma^‍‍[12], la pandemia COVID-19 sigue amenazándonos con rebrotes de la enfermedad, lo que hace necesario seguir apelando al sentido de la responsabilidad individual y colectiva. Parece ser que tendremos que acostumbrarnos a vivir entre la inseguridad y la incerteza. Por ello deviene imprescindible contar con un sistema sociosanitario fuerte y apoyado por un diseño económico de políticas públicas que priorice la atención a las personas.