LA INELUDIBLE MONITORIZACIÓN PÚBLICA Y CIVIL DE LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA EN ESPAÑA

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS[Subir]

La transparencia es un bien indispensable para una buena gobernanza, que es vista como un elemento que equilibra el poder entre los políticos y la ciudadanía (‍Matheus et al., 2020). Esta consiste en la provisión de datos al público por parte de las instituciones políticas, de modo que la población esté informada para tomar decisiones y se aporten datos a agentes que lo requieran, como los medios de comunicación (‍Bertot et al, 2010).

El desarrollo de políticas de transparencia se debe a que esta potencia la rendición de cuentas, que implica la responsabilización por parte de los políticos de sus decisiones y el cumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía. Para que la rendición de cuentas sea una realidad, es preciso que los agentes políticos ejecuten su cometido. Esto hace necesaria una monitorización de sus actividades, que permita estudiar y analizar la evolución de la transparencia de las instituciones públicas. Así, la evaluación es imprescindible para el cumplimiento de las políticas de transparencia y para que los políticos rindan cuentas sobre esta cuestión a la población.

El objetivo de este artículo es conocer el sistema de evaluación público y por parte de organismos civiles de la transparencia en España. Se quiere responder a dos preguntas de investigación:

El artículo sigue la siguiente estructura: en primer lugar, se constituirá un marco teórico que estudie el desarrollo de la transparencia en España y sus posibles consecuencias, así como las razones por las que es necesario evaluar la apertura informativa. A continuación, se analizarán los cauces públicos para esta evaluación de la transparencia y, posteriormente, desde el punto de vista civil, de forma que se puedan comparar metodologías y averiguar posibles mejoras en estos sistemas. Finalmente, las conclusiones tratarán de responder a las preguntas de investigación y proponer un camino para la monitorización de la transparencia.

II. MARCO TEÓRICO[Subir]

III. LA MONITORIZACIÓN PÚBLICA[Subir]

Para rendir cuentas a la ciudadanía, se debe controlar que la transparencia se cumple y, por este motivo, existen organismos de carácter público que se dedican a ejercer esa monitorización de la apertura informativa. Como se ha mencionado anteriormente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se creó tras la aprobación de la Ley 19/2013 y, además, existen órganos equivalentes en las comunidades autónomas. En este apartado, se pretenden explorar las siguientes cuestiones sobre los organismos públicos de control de la transparencia:

Sin duda, el organismo público de mayor relevancia en este apartado es el CTBG, cuyo funcionamiento se regula en el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según este estatuto, sus funciones principales son: evaluar el cumplimiento de las normas relativas a la transparencia, elaborar informes y memorias sobre buenas prácticas, asesorar en materia de transparencia, emitir recomendaciones sobre la aplicación de las normas de apertura informativa, orientar acerca de los proyectos normativos de transparencia del país, formar y sensibilizar en estas materias y colaborar con órganos de naturaleza similar.

Uno de los fallos principales en la concepción del CTBG es que en el propio RD 919/2014 se asume su funcionamiento como un gasto, en lugar de una inversión. La disposición adicional primera expresa que «la creación y puesta en funcionamiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no podrán suponer incremento de dotaciones, retribuciones, u otros gastos de personal ni, por otros conceptos, incremento neto de estructura o de personal al servicio del sector público estatal». Ello limita enormemente las capacidades del personal del CTBG, que se ve superado por sus numerosas funciones y no encuentra posibilidad alguna de crecimiento.

El RD 919/2014 establece el régimen jurídico del Consejo, su estructura orgánica, su régimen económico y patrimonial y la prestación de servicios que pueda requerir por parte de la de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Una de las cuestiones fundamentales es el nombramiento de la persona que ocupe la presidencia del CTBG, que debe ser propuesta por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, debe comparecer ante la comisión competente del Congreso de los Diputados y ser refrendado en las Cámara Baja por mayoría absoluta. El Estatuto indica que la persona debe contar con un reconocido prestigio y ocupará el cargo por un periodo de cinco años que no es renovable.

En esta línea, cabe destacar lo ignorado que ha sido el CTBG durante años, pues tras el fallecimiento de la primera presidenta, Esther Aritzmendi, en 2017, Francisco Javier Amorós se encargó de las funciones de presidente, que previamente ocupaba el cargo de subdirector y cobró retribuciones como tal^[2] aunque ejerciera de presidente en funciones. Este puesto provisional se alargó casi tres años, hasta que José Luis Rodríguez Álvarez se convirtió en el nuevo presidente a finales del año 2020. Esto demuestra la poca importancia que otorgan los políticos a este organismo, así como el escaso consenso político al respecto, pues durante un largo periodo de tiempo no han acordado el nombramiento de una persona, a pesar de que el propio CTBG lo reclamaba en la Memoria Anual de 2018.

El CTBG desarrolla sus funciones fiscalizadoras de la transparencia a través de la conocida Metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública, más conocida como MESTA, diseñada en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Esta metodología pretende establecer unos criterios para analizar tanto la publicidad activa como el derecho de acceso a la información, que sea aplicable a todos los sujetos obligados. Ello supone un reto tremendamente complejo, pues, además de la Ley 19/2013, la mayoría de comunidades autónomas cuentan con una regulación propia y diferente de la transparencia. Este grado de dificultad es reconocido en la memoria de la metodología MESTA, donde recalcan la irregular aplicación de leyes autonómicas y la diversidad de los sujetos obligados a cumplirlas.

MESTA estudia la publicidad activa conforme a tres criterios: la publicación de la información (contenido, forma y actualización), los atributos de la misma (accesibilidad, claridad, estructura, reutilización) y las características del soporte o canal en el que se difunde. Además, se establece un mapa de publicidad activa, según las obligaciones aplicables a cada sujeto. Por ejemplo, no debe evaluarse igual al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora), que cuenta con menos de quinientos habitantes, que el Ministerio de Educación. Por este motivo, la metodología incluye un cuestionario de actividades, para que cada entidad pueda identificar la información que debe publicar. También cuenta con un apartado con el resto de criterios ya mencionados, como el soporte web.

Esto implica la colaboración activa de las instituciones, lo que supone un gran reto, como destaca Ros Medina (‍2018), pues los sujetos obligados más grandes cuentan con incentivos para responder al cuestionario con los que no cuenta uno de menor relevancia. El mismo autor destaca que MESTA no establece ninguna solución si una institución no responde al cuestionario o si falsea las obligaciones que tiene que cumplir.

El análisis que propone MESTA contiene dos indicadores: el indicador de cumplimiento en publicidad activa (ICPA), que clasifica el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en las normas; y el indicador de transparencia en publicidad activa (ITPA), que valora el nivel de transparencia conforme a la información que no es obligatoria.

La aplicación de esta metodología se puede observar en las memorias anuales del CTBG. Sin embargo, la Memoria de 2019^[3] señala algunos límites, como la amplia cantidad de sujetos que deben cumplir la Ley 19/2013, que les obligó a evaluar muestras estadísticas y, por tanto, solo permite esbozar la situación general de la transparencia. Así, el CTBG, que tiene a su cargo funciones muy importantes respecto a la fiscalización de la transparencia, no cuenta con incentivos ni capacidad suficiente para realizar lo que se le pide y, además, el reglamento dificulta enormemente incrementar estas opciones, debido a la limitación mencionada anteriormente.

En esta memoria, el CTBG explica la intensa evaluación realizada a algunos organismos con detalles interesantes, donde destacan cuestiones como los desfases temporales de la información publicada por algunas instituciones o el compromiso de otras por aportar información adicional a la que exige la ley.

Las memorias también incluyen un resumen de otra de las funciones del CTBG, que es atender a las reclamaciones de los ciudadanos respecto al derecho de acceso a la información pública. El organismo indica el crecimiento cuantitativo del número de reclamaciones en esta materia, donde señalan también el descenso en la tasa de conflictividad de las mismas. Sin embargo, el propio CTBG reconoce que no se puede llegar a conclusiones válidas sin comparar estos datos en un examen paralelo en el ámbito autonómico, de modo que resulta imprescindible la colaboración entre ellos.

Llama la atención, aun así, que las memorias del propio CTBG incumplen el principio de accesibilidad, pues solo son descargables en formato PDF. En este sentido, las memorias explican los resultados obtenidos por algunas instituciones y organismos, pero sería muy interesante garantizar el acceso a los resultados también en formatos reutilizables. Ello permitiría a agentes externos usar estos datos y monitorizar el cumplimiento de la normativa. Puede incluso beneficiar a las instituciones para mejorar sus resultados y comprender el funcionamiento de estas evaluaciones.

MESTA resulta una interesante metodología para los organismos de ámbito. Sin embargo, cuenta con algunas cuestiones mejorables. La más relevante es que, al ser una metodología algo cerrada, que dificulta la evaluación de situaciones no previstas por las instituciones, como puede ser la pandemia por la COVID. En este sentido, sería interesante contar con un método público de monitorización que actualice constantemente las actividades ejemplares en este sentido.

MESTA es una metodología esencialmente cuantitativa y muestra un resultado final en forma de número de cada uno de sus indicadores, con un máximo de 100 puntos. Si bien es importante contar con una medición cuantitativa y, por tanto, objetiva, sería interesante también avanzar en una metodología mixta, que combinara estudios cuantitativos y cualitativos. Así, no solo se tendría que analizar la calidad de la información publicada en los portales de transparencia, sino también otras cuestiones como la forma de trabajar en estos. Ello permitiría avanzar notoriamente en la evaluación de la transparencia y permitir a las instituciones aprender de los aciertos y errores de otras entidades.

Por otro lado, aunque se trata de una metodología muy completa, que no solo tiene en cuenta la información publicada, sino la forma en la que se publica, el CTBG no tiene capacidad para aplicarla. Son tantos los sujetos obligados a cumplir con la Ley 19/2013 y son tantas las limitaciones técnicas y económicas del Consejo, que resulta imposible emplearla como se debe.

Además, es imprescindible la colaboración con los consejos y comisionados de la transparencia en las autonomías de todo el país. Las comunidades cuentan con leyes propias y, por tanto, con sus propios organismos garantes de ese derecho. En la siguiente tabla se indica la norma y el consejo de cada autonomía:

Esta larga lista demuestra, en primer lugar, una gran desigualdad entre las comunidades autónomas que cuentan con una ley de transparencia y las que no, así como con las que disponen de un organismo de control. Esto, además, amplía las competencias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nacional que, a través de convenios con esas autonomías, ejerce de comisionado de la transparencia en dichos territorios. Así ocurre, por ejemplo, con Cantabria.

Precisamente en el V Congreso Internacional de la Transparencia celebrado de forma online en octubre de 2020, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia —compuesta por el CTBG y sus órganos equivalentes en las autonomías— emitió una declaración donde criticaban especialmente aquellas comunidades que aún no cuentan con uno, pero sí disponen de una ley. Según los consejos de transparencia, esto representa «una muestra de incoherencia entre el sistema autonómico de transparencia que se dice y presume configurar por ley autonómica y el realmente “no puesto en marcha”, en la práctica»^[4].

En esta declaración, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España también manifestó la intención de apoyar una reforma de la Ley 19/2013, desarrollarla y dirigir su camino también hacia las medidas anti-corrupción y las políticas de participación ciudadana. En esta línea, consideramos imprescindible que los políticos cuenten con el asesoramiento y las ideas de estos organismos —sumado al de otros agentes políticos y sociales— para reformar las normas, ya que estos conocen muy bien las exigencias de la ciudadanía y las mejoras que tendrían más efectos beneficiosos en la sociedad.

Sin duda, un asunto pendiente es la monitorización del gobierno abierto, pues también debe ser evaluado. El Portal de Transparencia del Gobierno de España informa sobre los avances en su ejecución. Recientemente, ha despegado el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, de modo que aún no existe una evaluación del mismo, pero sí se puede visitar la fiscalización de los planes anteriores. De esta forma, el Portal de Transparencia rendía cuentas sobre el desarrollo de los principios de gobierno abierto explicando en qué consistía cada punto, la fecha de inicio y la final (o su estimación), así como la fase de ejecución en la que se encontraba:

Cumplen así una labor muy necesaria que se debe seguir cuidando, actualizando de forma constante y que sirve para ejercer presión sobre los actores y que, por tanto, se cumplan los objetivos de cada plan de gobierno abierto. Los consejos y comisionados de las comunidades autónomas podrían ayudar en esta función y ofrecer también datos al respecto de cada territorio.

IV. EVALUACIONES DE ORGANISMOS CIVILES Y PROPUESTA[Subir]

En paralelo a los consejos y comisionados públicos, existen múltiples organismos de diferente índole que tratan de evaluar el cumplimiento de la transparencia por parte de las instituciones. Existen muchas preguntas en torno a estos y en este apartado se pretende abordar la siguiente información:

Antes de la aprobación de la Ley 19/2013, ya comenzaron a surgir diferentes organismos que evalúan la transparencia de las instituciones y diferentes entidades en España, aunque su verdadero auge se dio con la aprobación de la normativa.

Posiblemente la más conocida en este ámbito sea Transparencia Internacional, que está constituida en países de todo el mundo. Se fundó en 1993 y su primera sede se ubicó en Berlín, aunque no tardó en extenderse. Su función fundamental es medir y mitigar los efectos de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad política. En esta línea, Transparencia Internacional España dedica parte de sus esfuerzos a evaluar la apertura informativa de las instituciones públicas y cuenta con numerosos índices, como el índice de transparencia de los ayuntamientos (ITA), el índice de transparencia de las comunidades autónomas (INCAU), el índice de transparencia de la gestión del agua (INTRAG), el índice de transparencia de las diputaciones (INDIP), y el índice de transparencia de los parlamentos (IPAR), entre otros.

Estos índices cuentan con una cantidad específica de indicadores, que representan un tipo de información que debe ser publicada por las instituciones evaluadas, que se valoran cuantitativamente, Así, cada elemento se cumplimenta con un 0 si la institución no dispone de ello en su página web, un 1 cuando sí cuenta con ello y un 0,5 en caso de que solo lo haga de forma parcial. Según explican en la metodología del ITA, evalúan los indicadores y se lo envían a cada ayuntamiento, para que este pueda incorporar informaciones que desde TI no han incluido (deben enviar el enlace en el que se encuentra dicha información). Finalmente, se suman todos los indicadores obtenidos por cada una de las instituciones monitorizadas y se obtiene una clasificación o ranking comparativo.

De forma similar, la Fundación Haz (antes Compromiso Empresarial y Compromiso y Transparencia), fue compuesta en 2007 por profesionales y académicos cuyo objetivo, según su página web^[5], es reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones a través de la transparencia y el buen gobierno. Comenzaron realizando un índice de transparencia de las fundaciones españolas en 2009 y, con el paso de los años, incorporaron nuevos organismos a sus informes: medios de comunicación, museos, partidos políticos, universidades, consejos de administración de las empresas del IBEX 35, etc. Realizan también otras guías e informes sobre buen gobierno y apertura informativa.

Los informes de la Fundación Haz clasifican a las instituciones monitorizadas en tres categorías, según el porcentaje de apertura informativa obtenido, que son: transparente, translúcido y opaco. Al igual que TI, valora los indicadores según su tipo cumplimiento por parte de las instituciones: de forma íntegra, parcial y su incumplimiento.

Tanto en el caso de la ONG Transparencia Internacional, como en el de la Fundación Compromiso y Transparencia, resulta muy interesante la repetición de las metodologías a lo largo de los años, que permite comprobar la evolución de los organismos evaluados. De hecho, esta es una de las fortalezas de la Fundación Compromiso y Transparencia, que muestra de forma abierta la evolución de cada organización:

Como se puede ver en el ejemplo gráfico, la Fundación Haz no solo elabora un gráfico, sino que además permite descargar los datos en formato CSV, lo cual supone una muestra notable de transparencia en sí misma.

Otra experiencia destacable es la del Mapa InfoParticipa, que elabora una medición de la transparencia de decenas de ayuntamientos de todo el país y otorga un sello de reconocimiento. A diferencia de TI y Compromiso y Transparencia, InfoParticipa no procede de una ONG o una fundación, sino que es fruto de un proyecto de i+D+I financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. En su página web^[6] indican que su metodología consta de 52 indicadores en forma de pregunta que se valoran de forma positiva solo en el caso de que la información sea hallada en tres clics o menos en la web.

Una organización que ha ganado mucha relevancia mediática en este ámbito, como señala Sierra (‍2018), es Dyntra (Dynamic Transparency). Es administrada por la organización belga sin ánimo de lucro Dyntra ivzw y se organiza de forma colaborativa, de manera que múltiples usuarios ayudan en la evaluación de la transparencia de muy distintas instituciones, tanto públicas, como privadas. A partir de estas colaboraciones, se elaboran rankings a través de su propia plataforma digital. La metodología es binaria, es decir, solamente se valora si un elemento es publicado o no en la página web. Ello permite elaborar una clasificación según el porcentaje obtenido por las instituciones evaluadas. Dyntra también ofrece una evolución cronológica del cumplimiento de sus indicadores en forma de gráfico. Además, una cuestión interesante de este ranking es que, junto a cada elemento cumplido por una institución, se ofrece el enlace en el que se ha hallado.

Se ha observado que estos índices de transparencia no basan sus metodologías en las obligaciones de la Ley 19/2013, sino que imponen unos criterios propios. En este sentido, surge una pregunta: ¿cómo se eligen estos indicadores y por qué? Esta información resulta de gran importancia, más aún si se tiene en cuenta que se valoran de la misma manera unos datos y otros. Es decir, el índice de Dyntra suma la misma cantidad de puntos si un ayuntamiento publica la nómina de los concejales que si difunde los datos anuales sobre absentismo laboral.

Además, como ya habían señalado otros autores (‍Sierra, 2018; ‍Ros Medina, 2018), los rankings de cada organización cuentan con indicadores muy distintos, pero no se conoce su origen. ¿Por qué Transparencia Internacional cuenta con un indicador que es «Canales o sistemas específicos de denuncia para los afiliados o ciudadanos» en su índice de partidos políticos y Dyntra o la Fundación Compromiso y Transparencia no?

Ello conduce a que las instituciones obtengan resultados muy diferentes en los índices de cada organización. Por ejemplo, el partido político Ciudadanos obtuvo una calificación del 100 % en el índice de Transparencia Internacional de 2017 (el último realizado por la organización), mientras que consiguió un 55,5 % en el de Dyntra^[7] y un 65,5 % en la Fundación Haz.

Es aquí donde radica uno de los principales problemas de estos índices de transparencia: al contar con metodologías tan dispares, los resultados pueden variar enormemente y ser utilizadas por las instituciones para lanzar un mensaje de higiene democrática. Aunque un ayuntamiento tenga un mal resultado en un índice, es posible que obtenga un resultado mejor en otro, que puede utilizar en su propio beneficio para mejorar su imagen. De hecho, se observa que algunos portales de transparencia cuentan con estructuras basadas en las de los propios indicadores de algunas organizaciones.

Se considera positivo que existan este tipo de índices de transparencia, pues el examen de las instituciones las invita a competir por ser la más transparente y ello deriva en un aumento de las informaciones publicadas en los portales de transparencia. Aun así, sería interesante que los organismos completasen esa fiscalización puramente cuantitativa con otro tipo de actividades de monitorización de la transparencia, que pueden ser de tipología cualitativa. También sería de enorme relevancia conocer la justificación de los indicadores en los índices de transparencia elaborados, puesto que ello puede servir para mejorar los estudios en publicidad activa y seguir desarrollando los portales de las instituciones.

V. CONCLUSIONES[Subir]

España cuenta con una joven y escasa cultura de la transparencia, que puede verse desarrollada si se impulsan iniciativas de control y fiscalización de la apertura informativa. Estas actividades presionan a las instituciones y las obligan a mejorar su comportamiento en el ámbito de la transparencia, con el objetivo de mitigar la desconfianza de la ciudadanía, luchar contra la corrupción y regenerar las instituciones democráticas.

En este artículo, hemos diferenciado entre la monitorización pública de la transparencia y la que proviene de la sociedad civil. La fiscalización pública la ejerce el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a nivel estatal y los comisionados correspondientes en el ámbito territorial. Estos consejos no existen en todas las comunidades, lo cual demuestra un gran desnivel territorial en la aplicación y monitorización de la transparencia en España. Se puede afirmar que el sistema de autonomías refuerza las desigualdades entre comunidades respecto a la evaluación de la transparencia.

Urge que las comunidades autónomas que no cuentan con un órgano público fiscalizador (Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura) de la transparencia los constituyan y pongan en marcha, con el objetivo de controlar la aplicación de las normas y garantizar que se cumple el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Esto no solo implicará una evolución de la apertura informativa en dichas autonomías, sino que también entorpecerá menos la labor del CTBG, que tiene suscritos convenios con estas para ejercer esa labor.

El CTBG se encarga de controlar el cumplimiento de la norma a nivel estatal y lo hace recibiendo las reclamaciones de acceso a la información de los ciudadanos, así como analizando la publicidad activa de las instituciones obligadas. Para ello, utiliza la metodología MESTA, que permite cuantificar tanto la cantidad de información publicada como la forma en la que esta se comparte.

Se trata de una metodología muy completa, aunque se han identificado varios problemas al respecto. En primer lugar, es estudio cuantitativo, pero sería interesante también contar con algunos elementos cualitativos que permitieran a las instituciones aprender a gestionar la transparencia de forma más eficiente. En segundo lugar, resulta complicado utilizar MESTA cuando surgen problemas imprevistos, como la actual pandemia. Es indispensable que en momentos así, el órgano público garante de la transparencia analice el trabajo de las instituciones. Por último, el gran problema del CTBG radica en los límites de personal y recursos con los que cuenta. El reglamento dificulta enormemente una mayor inversión en el organismo y ello provoca que el CTBG no pueda ejercer correctamente su labor. De hecho, en su Memoria de actividades de 2019 solo analizaron la publicidad activa de una muestra de organizaciones, dadas estas limitaciones.

En este artículo se quiere hacer mención también de un posible peligro de estos consejos. Se debe evitar la politización de estas instituciones evaluadoras públicas, para garantizar la autonomía de la fiscalización de la transparencia, que no debe obedecer a tendencias ideológicas. Por tanto, estos deben poder ser críticos con las administraciones públicas independientemente del partido que gobierne, tanto a nivel estatal como autonómico.

La monitorización cívica de la transparencia, por su parte, puede complementar el trabajo de estos organismos públicos. Se observa la existencia de diferentes monitorizaciones en este sentido: aquellas que provienen de organizaciones sin ánimo de lucro (como ONG y fundaciones) y las correspondientes a investigaciones académicas.

Los organismos cívicos de monitorización de la transparencia suelen recurrir a la realización de índices o rankings basados en el cumplimiento total o parcial de una serie de indicadores. En este sentido, una de los elementos que se cuestionan es la elección de unos indicadores en cada uno de estos rankings. Las diferencias entre los indicadores escogidos por los distintos organismos conllevan unos resultados muy diferentes por parte de las instituciones. Un ayuntamiento podría ser el más transparente en un índice y obtener una posición más mediocre en otro por este motivo, lo que implica que pueden ser resultados contradictorios según el índice del que se trate. Ello puede ser utilizado por las propias instituciones para mejorar su reconocimiento mediático y político.

Se propone también que los organismos impulsen otras actividades monitorizadoras para complementar el trabajo que ya hacen. Estos organismos deben ser independientes de las instituciones a las que evalúen, para actuar con imparcialidad. Algunas propuestas para el desarrollo de nuevas actividades son:

Esto se une a la labor de control, que sirve para presionar a los políticos a impulsar la transparencia, reformarla y regenerar las instituciones. Además, también tienen como objetivo formación de la ciudadanía y la deben seguir desarrollando para el crecimiento y el fortalecimiento de la cultura de la transparencia en España. La innovación y la accesibilidad a esta monitorización es esencial para defender los valores de la transparencia y que tenga consecuencias reales en la actividad de las instituciones.

Uno de los principales retos para futuras investigaciones consiste crear un censo con los organismos de monitorización de la transparencia en España. Gracias a este, se podrían clasificar según el tipo de actividades fiscalizadoras que ejerzan.

No cabe duda de que defender la transparencia es hoy en día un signo de salud democrática. Para fortalecerla y, por tanto, impulsar la regeneración de las estructuras políticas y la ruptura de las barreras con la ciudadanía, es precisa una evaluación constante de su ejecución. Por ello, la inversión en los órganos fiscalizadores y el desarrollo de sus metodologías son indispensables. Así, esta monitorización de la transparencia, que puede desarrollarse tanto desde los órganos públicos como desde los civiles, podrá medir la adecuación de las políticas de transparencia a las necesidades sociales y tecnológicas actuales.