PARTIDOS POLÍTICOS, GÉNERO Y LEYES DE IDENTIDAD EN ESPAÑA

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Los debates en torno a las políticas de la denominada identidad de género y la cuestión trans^[1] y sobre cómo estas pueden afectar al feminismo y a las mujeres se han ido agudizando recientemente. En España, en el último año y medio se ha elaborado un primer «Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans» bloqueado en Consejo de Ministros, según el propio Ministerio de Igualdad, a instancias del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)^[2]; una «Proposición de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans» (26 de marzo de 2021), presentada por los grupos parlamentarios Republicano y Plural que no salió adelante por la abstención del PSOE y los votos negativos del Partido Popular (PP) y Vox^[3]; y, finalmente, un «Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI»^[4] —nos referiremos a este texto legislativo como el «anteproyecto de ley» a lo largo del artículo para facilitar su lectura—, aprobado el 28 de junio de 2021 en Consejo de Ministros. Esto sucedió la misma semana del Día del Orgullo LGTBI^[5], previa dimisión de la vicepresidenta del Gobierno socialista^[6], que se había mostrado crítica con el concepto de identidad de género^[7]. Así, el texto, ya transformado en proyecto de ley por su aprobación en Consejo de Ministros el 29 de junio de 2022, ha iniciado su recorrido legislativo en la Cámara Baja para transformarse en ley y, actualmente, se prevé su aprobación antes de que acabe el presente año.

Todo este tiempo se han ido sucediendo polémicas a golpe de tweet^[8], en televisión, en radio y en muchas plataformas digitales. Estos debates giran, fundamentalmente, en torno a cómo las leyes de identidad de género pueden representar una colisión de intereses respecto a la teoría feminista, cómo se articulan en ellas algunos conceptos capitales como el sexo y el género y cuáles son las consecuencias que puede tener este proyecto de ley a nivel nacional, al igual que las leyes autonómicas que se han ido aprobando en varias comunidades autonómicas del Estado español.

No obstante, este proyecto de ley no será la primera iniciativa que legisle en España el concepto de identidad de género, ni siquiera el concepto de autodeterminación de género, sino que, por el contrario, un total de quince leyes autonómicas han sido aprobadas desde 2014 y, actualmente, está pendiente de aprobación de una ley de estas características en Castilla y León^[9] y en Asturias, cuyo presidente del principado declaró en diciembre 2021 que se diseñaría una ley más amplia que una normativa trans^[10].

II. METODOLOGÍA[Subir]

Para realizar esta investigación, nos hemos basado en una revisión detallada de todas las leyes autonómicas dirigidas al colectivo trans. Desde un enfoque comparativo, sociocultural y con perspectiva de género, examinamos cuál ha sido el papel de los partidos políticos tanto en lo referente al «Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI» como en la diferente normativa aprobada a nivel autonómico. Seguidamente, analizamos el concepto de género que se puede extraer de este marco jurídico y su relación con la teoría feminista a través de fuentes bibliográficas especializadas en la materia.

A lo largo del artículo, usaremos el término de personas trans, que englobaría tanto a las personas transexuales —aquellas que modifican su cuerpo para parecerse al sexo deseado— como a las personas transgénero —que, aunque se identifiquen con otro sexo, no realizan modificación corporal—, pues así es como se utiliza en la mayor parte de la normativa. Asimismo, nos referiremos al colectivo siguiendo las siglas LGTBI, aunque es posible encontrar referencias al mismo como LGTBIQ, LGTBI+, LGTBIQ+, etc.

III. EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA APROBACIÓN DE LAS LEYES AUTONÓMICAS[Subir]

Las leyes autonómicas dirigidas al colectivo trans se han aprobado casi sin discusión y sin contestación, de forma contraria con lo que está sucediendo con el «Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI». De hecho, las leyes trans autonómicas han sido aprobadas por todos los partidos políticos, tanto los considerados a la izquierda del espectro político —UP, Izquierda Unida (IU) y PSOE— como los posicionados a la derecha —PP— y centro — Ciudadanos (Cs)—, a excepción de Vox, que, aunque solo ha votado en contra de la ley en la Rioja, por no formar parte de las otras Cortes Autonómicas, siempre se ha manifestado contrario a leyes trans.

También cabe destacar que el Partido Feminista^[11] (PF) hizo público un comunicado el 5 de diciembre de 2019^[12], aprobado por la Comisión Política, en el que se criticaban las leyes de autodeterminación, tanto la vasca como la presentada por UP en el Congreso. El comunicado hablaba de una estrategia organizada por lo que denominaba como el «lobby gay» —nombre con el que se designa a la existencia de grupos de presión de carácter homosexual— cuyo objetivo era imponer en la sociedad el «discurso queer»^[13] y que tendría como fin invisibilizar a las mujeres, sustituir el feminismo por una teoría donde no existen los sexos, sino sujetos que pueden cambiar siendo hombres o mujeres dependiendo de su conducta.

Según el PF, las consecuencias serían la legalización de los vientres de alquiler, convencer a la sociedad de que el deseo de cambiar de sexo es posible para menores a partir de cuatro años, considerar a las mujeres prescindibles solo por su capacidad gestora y descalificar el feminismo, pues, entienden, niega la existencia de hombres y mujeres. Dicho comunicado valió a este partido su expulsión de IU, no sin antes haber escrito un nuevo comunicado^[14] en el que no solo no se retractaba de sus palabras —como había pedido el líder de IU—, sino que criticaba el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IU (ALEAS-IU) al considerar una «supuesta izquierda» el apoyar una ley «que permite decidir a niños de 4 años el sexo que quieren tener […] sin ni siquiera unos exámenes médicos y psicológicos».

La Federación Plataforma Trans^[15] denunció a la presidenta del PF por motivos de odio, pues según la presidenta de esta entidad se señalaba al colectivo homosexual como culpable de querer comprar úteros femeninos y se criminalizaba al colectivo gay^[16]. La denuncia se archivó^[17], al entender la Fiscalía de Madrid que dicho comunicado se realizó en el marco de una crítica política contra la ley trans, no viendo delito de odio hacia el colectivo homosexual ni trans.

Con respecto a la tramitación de la ley con carácter nacional, recordemos que, primero, se sucedió una «Propuesta de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans», registrada en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios de ERC, Compromís, Más País/Equo, la CUP, Nueva Canarias y Junts per Catalunya. Esta propuesta de ley fue debatida en el Congreso el 18 de mayo de 2021, y la abstención del PSOE junto a la negativa del PP y Vox impidieron que continuara con su tramitación.

Así, se hicieron públicos los argumentarios de IU^[18] para defender la propuesta de ley y los del PSOE^[19] para no defenderla, aunque luego terminara aprobándola en Consejo de Ministros, por lo que da la impresión de que las leyes trans no dependen de una ideología partidista en concreto de la izquierda o la derecha, sino de un contexto político concreto.

En el argumentario de IU se hicieron afirmaciones como: «No, el sexo no se observa al nacer, el sexo no es tener uno u otro carácter sexual primario o secundario» y «el sexo y sus definiciones biológicas son siempre un conjunto de características. El sexo biológico no puede ser binario», mientras que visibilizaban las identidades trans tanto en adultos como en menores.

Por el contrario, en el argumentario del PSOE se indica que el sexo es un «hecho biológico» y el sexo con el que nacemos determina el lugar de las mujeres y los hombres en el mundo; sin embargo, el «género es la construcción social del sexo biológico con el que se nace», estableciendo el conjunto de roles sociales y culturales y de estereotipos de género e indicando que las «socialistas feministas pretendemos su abolición para conseguir la emancipación de las mujeres».

Elizabeth Duval (‍2021) indica que el PSOE acabaría aprobando estas leyes no por una cuestión de rédito electoral del colectivo, sino más bien por la propagación de un «ideal de España moderno y progresista»; pero este debate, ejemplificado en la lucha entre PSOE y UP no es más que una cuestión partidista por la hegemonía —y los votos— de posturas feministas. Duval enmarca estas discusiones dentro de la estructura de partidos en un «tablero político, la partida consiste en una lucha por la hegemonía dentro del feminismo: el sentimiento de amenaza que experimenta una cierta izquierda tradicional cuando observa cómo una supuesta izquierda posmoderna se acerca peligrosamente al sorpasso y, finalmente, llega a institucionalizarse, adquiriendo el preciadísimo Ministerio de Igualdad» (‍2021:258).

Fuera del Partido Feminista, tan solo el partido de Vox ha mantenido su oposición a las leyes trans. ¿Podríamos decir aquello de que los extremos se tocan? Aparecerán varias noticias en medios de comunicación sobre la participación de la presidenta del PF en un acto de Hazte Oír^[20] al hilo de «Desmontando la ley trans. Si naces niña, lo seguirás siendo»^[21] y, más recientemente, en marzo de 2022, el grupo parlamentario Vox en Andalucía realizó un coloquio bajo el título «Ley trans y su impacto en mujeres y niños», donde también aparecía la presidenta del Partido Feminista^[22].

En esta situación, algunas feministas en contra de la aprobación de este proyecto de ley se ven, en cierta manera, obligadas a señalar cuáles son las principales diferencias entre su argumentario y el de Vox. Académicas como Amelia Valcárcel, juristas como Paula Fraga, y divulgadoras feministas como Barbijaputa^[23], entre otras, dedicarán tweets^[24] y publicaciones en redes sociales a negar estas similitudes y se empieza a hacer pública una imagen con las diferencias básicas entre «Vox tradicionalismo», «transactivismo» y «feminismo»^[25].

Así, en esta imagen se ven tres columnas. En la de «Vox tradicionalismo» y «transactivismo»^[26] se indica que existen «cerebros rosas y azules» y que, por tanto, hay comportamientos propios de mujeres y de hombres, mientras que la de «feminismo» muestra que todo es aprendido. La columna de «Vox tradicionalismo» revela que el sexo determina la personalidad y que, si cuerpo y cerebro no están de acuerdo, sería necesaria una terapia de conversión^[27]. En el «transactivismo» el sexo se elige, y si cerebro y cuerpo no están de acuerdo se tendría que llevar a cabo una «terapia de reasignación»^[28]. La columna de «feminismo» indicará que el sexo es una realidad biológica donde cada cual puede elegir su comportamiento.

El descontento entre las filas del PSOE no ha cesado y fruto de ello nacerá el 3 de marzo de 2022 la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS) y en cuyo acto de presentación^[29] su presidenta, dirá que el «Partido Socialista es el que ha llevado adelante la agenda feminista hasta el día de hoy», y que «sabemos que hay un porcentaje de personas transexuales […], pero el feminismo con ese asunto tiene líneas rojas […] pedimos que se abra un debate público en este país». En el acto se reivindicó y desarrolló lo que se ha dado a conocer como la agenda feminista^[30], que se basa en la abolición de la prostitución, la abolición de los denominados «vientres de alquiler»^[31], la «abolición de la categoría género» así como de la «prostitución y la pornografía» y contra «las leyes que pretenden convertir la categoría «sexo» en «irrelevante».

Desde el espacio académico, el principio de autodeterminación y el advenimiento del transgenerismo es criticado en diversos ámbitos, desde el concepto mismo de identidad de género (‍Errasti y Pérez Álvarez, 2022; ‍De Lora, 2021), hasta las consecuencias que podría tener para la infancia y adolescencia (‍Redondo, 2021; ‍Giménez, 2022; ‍Shrier, 2021), en el ámbito educativo (‍Carrasco, 2022), en la propia legislación (‍Rodríguez, 2021a) y en el sujeto político mujer (‍Binetti, 2021; ‍Posada, 2014).

En todo caso, de las quince autonomías que han aprobado leyes de autodeterminación de la identidad de género, ocho de ellas han salido adelante bajo el mandato del PSOE, mientras que en las siete autonomías restantes tres han sido aprobadas con el PP al frente del Gobierno y las otras cuatro se han aprobado con Gobierno de partidos regionales. Por lo tanto, el PSOE ha aprobado todas las leyes que ha votado, mientras que el comportamiento del PP ha sido inconsistente, pues se ha ido absteniendo, votando en contra o a favor, en función de cada comunidad autónoma.

IV. NORMATIVAS AUTONÓMICAS SOBRE LA «CUESTIÓN TRANS»[Subir]

A continuación, se expondrán los aspectos básicos que regula cada comunidad autónoma dirigidos al colectivo trans. La presentación se hará de forma cronológica, de las más antigua a la más reciente, y teniendo en cuenta los diferentes derechos que se van adquiriendo y ampliando mediante la aprobación de estas leyes.

V. EL USO DEL CONCEPTO GÉNERO EN LA NORMATIVA Y SU RELACIÓN CON LA TEORIA FEMINISTA[Subir]

La mayoría de las leyes autonómicas recogen la identidad de género de una manera similar a la ley andaluza, que indica en el art. 3 que la identidad de género es una «vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y que incluye la vivencia personal del cuerpo. Puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido».

Los Principios de Yogyakarta^[37] son nombrados en el preámbulo en todas las leyes autonómicas, a excepción de las que corresponden al arco mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valencia e Islas Baleares). Será a partir de estos cuando se comience a perfilar el género asociado a la identidad. De hecho, cabe destacar que estos principios, no vinculantes, se están utilizando como tal por encima de convenios como el de Beijing y Estambul e, incluso, la «Ley Orgánica 3/2997, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres» que entienden el «género» como la construcción social de la masculinidad y feminidad a partir de la discriminación directa o indirecta por razón de sexo. Como señala Alicia Miyares (‍2021:188), la palabra «sexo» se ve «ladinamente alterada por género».

Aunque hemos incorporado el concepto de género a la cotidianidad de nuestros días, es necesaria una revisión de este desde la perspectiva feminista para verificar cómo se ha extendido su uso y para observar que ha ido cambiando e incorporándose a otras realidades, muchas veces diluyendo el propio sentido del concepto, como ocurre en la normativa española y en el proyecto de ley que venimos analizando. En El segundo sexo de Simone de Beauvoir se vislumbra ya la diferencia entre el sexo, como una realidad material, propia de la biología, y la diferente educación y atributos que se dan en base a este sexo, lo que ha venido a llamarse género y que jerarquiza el dimorfismo sexual de nuestra especie. Así, aunque previamente la distinción entre sexo y género ya había aparecido en el ámbito de la psiquiatría, donde se acuña el término de parte de John William Money, será la teoría feminista la que le otorgará mayor profundidad (‍Rodríguez, 2021a).

Kate Millet, la autora de la primera tesis doctoral sobre género en el mundo (‍Varela, 2005), escribía Política Sexual en 1969, donde estudiaba el carácter político del sexo y la herramienta que el patriarcado utiliza para oprimir y sumir a las mujeres: la socialización diferente para ambos sexos.

Unos pocos años más tarde, Gayle Rubin, en su artículo «El tráfico de mujeres: notas sobre la economía del sexo» (‍1986) se pregunta cuáles son las relaciones por las que una hembra se convierte en una mujer oprimida y la respuesta la encuentra en las relaciones del «sistema sexo-género», al que define como un conjunto de situaciones por las cuales una sociedad toma como realidades biológicas aquellas que son productos de la actividad humana. Nuria Varela (‍2019) indica que este texto es señalado por buena parte de las teóricas feministas como el pistoletazo de salida de los análisis del género. El sistema «sexo-género» describe que la opresión no es inevitable, sino el producto de relaciones sociales y sexuales que lo organizan, existiendo una jerarquía de los géneros —primando el del hombre sobre el de la mujer—, además de una imposición social de la heterosexualidad, la llamada heterosexualidad obligatoria (‍Osborne y Molina, 2008).

Las mujeres son la mitad de la población y su rasgo común es su sexo. Esta variedad anatómica no hubiese tenido ninguna importancia política o cultural si no es porque se ha traducido, efectivamente, en una desventaja social (‍Cobo, 2005).

Afirma Rosa M.ª Rodríguez (‍2019) en su libro La mujer molesta: feminismos postgénero y transidentidad sexual que el surgimiento del concepto teórico de género le dio nombre a una constatación cada vez más presente, y es que feminidad y masculinidad no obedecen a una simple determinación biológica, sino que ambas están construidas histórica y culturalmente. Por tanto, añadimos nosotros, el género es siempre una construcción cultural, basado en la existencia de dos únicos sexos biológicos: macho y hembra de la especie. Sobre estos dos sexos biológicos se construyen los sexos sociales hombre y mujer, y el género masculino y femenino. El sistema patriarcal jerarquiza a los hombres sobre las mujeres y también a lo masculino sobre lo femenino. Es decir, sobre la base del sexo biológico se construyen unas relaciones sociales de sexo y unas relaciones de género desiguales y jerarquizadas que en el sistema patriarcal se perpetúa mediante la cultura machista. Sin embargo, pese a ser un concepto relativamente reciente, Nuria Varela (‍2019: 115) señala que

Rosa M.ª Rodríguez (‍2019) indicará que el género se trata de un «concepto valija», homologado de forma, pero con el que se aceptan contenidos diversos. De hecho, «ha habido un deslizamiento semántico: lo que en un primer momento significó desigualdad, ejercicio de poder de un sexo sobre otro y discriminación hacia las mujeres, ha perdido ese talante crítico político, para pasar a significar aceptación de la diversidad, lo cual acentúa la elección libre del deseo» (‍Rodríguez, 2019:57).

El género como identidad, tal y como se expresa en la normativa analizada, elimina la concepción del género como hecho social y cultural, como herramienta que mide la opresión entre mujeres y hombres, individualizándolo como un derecho propio de cada persona. Octavio Salazar (‍2015: 106) en su artículo «La identidad de género como derecho emergente» analiza estos principios y su integración en el ordenamiento jurídico y advierte que

Efectivamente, podríamos plantear una sociedad como la que describe Salazar y que, a su vez, aparece como idea central en el libro de ficción La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin (‍1969), en el que se describe un mundo donde el sexo no importa y una persona es respetada y juzgada solo como ser humano.

El género, no obstante, se erige, cada vez más, como un concepto ambiguo, difuso, sin un significado claro: «violencia de género», «perspectiva de género», «con qué género te identificas», etc. Y lo mismo ocurrirá en las diferentes normativas que utilicen el término. Sin ir más lejos, la «Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia» utiliza el concepto de género con hasta seis connotaciones diferentes:

Además, volviendo a la normativa ya aprobada y al concepto de identidad de género, la «Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género», introduce la discriminación con motivo de «sexo» en base al art. 14 de la Constitución española y no al concepto de identidad de género.

Las leyes de identidad de género determinan qué es el género y lo equiparan con el sexo; es más, el sexo carece de importancia en la medida que es elegible y se puede alterar fácilmente, y por ello afectan a toda la población, por lo que las consecuencias repercutirían en la sociedad conjuntamente (‍Redondo, 2021). Pero es que en las leyes autonómicas género y sexo se tratan como sinónimos, sin diferenciación.

Hablar del género como identidad obvia, sobre todo, la herramienta de análisis de la sociedad y del grado de desigualdad entre hombres y mujeres, al asumir el género como algo interno, personal, propio y no social, relacional y jerarquizador. Además, como una vivencia interna de lo que es ser le confiere una identidad privada que no se puede conocer, a no ser que la persona lo indique.

Asimismo, Rodríguez (‍2021b) alerta sobre los peligros de considerar el sexo no como un hecho biológico, sino como una cuestión de identidad indicando que

Aunque el proyecto de ley no entraría en contradicción con la Constitución, al modificar de facto el valor registral de sexo, hemos de tener en cuenta que el concepto de identidad de género se ha ido introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico como equivalente al sexo mediante las comunidades autónomas, mientras que el concepto de género se ha ido difuminando a través de las diferentes normativas, alejándose muchas veces, de su uso como categoría analítica que mide la desigualdad entre hombres y mujeres.

VI. REFLEXIONES FINALES[Subir]

Como hemos visto, aunque la ley nacional esté sobre la mesa a raíz del «Anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los Derechos de las Personas LGTBI», las leyes autonómicas ya regulan el concepto tanto de autodeterminación como el de identidad de género. El papel de todos los partidos políticos ha sido clave para que en nuestro ordenamiento jurídico se introduzcan, de una manera discreta, conceptos como el de autodeterminación de género, identidad de género, personas no binarias o mujeres cis.

Aun así, y a pesar de todas estas leyes autonómicas, el debate que está hoy sobre la mesa parte casi desde cero: por un lado, porque, aunque ya se hayan aprobado leyes que regulan estos conceptos, no tienen la misma fuerza de ley ni los mismos efectos sobre la ciudadanía; y, por otro, porque parece que los partidos políticos, sobre todo los ahora contrarios a las leyes de autodeterminación de género, se han sorprendido a sí mismos por haber aprobado estas leyes en el pasado.

El concepto de género, base en la teoría feminista, se ha ido desvirtuando en las diferentes normativas, alejándose del concepto de construcción social que estructura las relaciones entre los dos sexos para pasar a tener significados diferentes dependiendo del contexto y donde se entiende, entre otras cosas, como la expresión de la individualidad y no como un constructo cultural.

Si algo llama la atención de todas las normativas aprobadas o en trámite de aprobación son sus similitudes. A excepción de la ley gallega, que no hace alusión al concepto de la autodeterminación, todas las demás leyes autonómicas no es solo que lo aprueben y regulen, sino que, en términos generales, son muy parecidas en cuanto a la exposición de motivos —con la inclusión de los principios de Yogyakarta y a la jurisprudencia europea— los apartados de la ley, etc. Para Tasia Aránguez (‍2021) esto no sería fruto de una casualidad, sino que han sido redactadas por la Federación Plataforma Trans y entregadas a los partidos políticos, que las habrían aprobado sin disenso ni consideración. Según la autora (‍2022), estaríamos ante el «borrado jurídico de las mujeres», cuyo objetivo final es la eliminación de la categoría jurídica de «sexo» en las leyes.

Podríamos decir que las leyes autonómicas se han aprobado de forma silente, con el beneplácito de todos los partidos políticos, quizás más por un contexto determinado y por un ideal de inclusión de la diversidad que por entender verdaderamente los efectos y las implicaciones de esas leyes para las personas trans, para las mujeres, para el feminismo y para el conjunto de la ciudadanía. Solo así se explica la polémica generada por el proyecto de ley que hemos analizado.

Para concluir, queremos destacar que dentro de la normativa que hemos visto, el uso de la palabra género es polisémico, por lo que se desvirtúa el propio concepto, difuminándolo y alejándolo de la teoría feminista. Mediante el concepto de identidad de género se transforman en vivencia individual e interna las relaciones sociales jerárquicas de poder entre mujeres y hombres —las relaciones de género— basadas en el sexo que se construyen en el sistema patriarcal y se perpetúan mediante la cultura machista.