IUS POST BELLUM, PAZ POSITIVA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: UN MARCO TEÓRICO PARA LAS POLÍTICAS DE MEMORIA EN ESPAÑA

I. DEL IUS POST BELLUM A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, ÁREAS DISTINTAS PERO CONEXAS[Subir]

Para caracterizar un terreno común entre la tradición teórica –moral y jurídica– del ius post bellum y el ámbito interdisciplinar de la memoria democrática, conviene tratar inicialmente los contenidos de cada campo por separado. Tras haber explorado ambos conceptos, nuestro planteamiento asume que la relación entre el ius post bellum y las políticas de memoria es algo constatable. Por ello, en este artículo pretendemos analizar la construcción argumental acumulativa que parte del ius post bellum y la paz positiva como marco teórico, avanza por la senda conceptual de la justicia transicional y la justicia transformativa, y alcanza a la memoria colectiva, histórica y democrática como realidades implementables. Una propuesta teórica y práctica ilustrable a partir del caso español, esto es, en el contexto de una cultura política y un sistema político marcados por el legado traumático de la guerra civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, cuyas consecuencias siguen pendientes de resolución, tal y como pone de manifiesto la reciente aprobación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Para acometer esta tarea, el presente artículo empieza centrando su atención en la construcción del marco teórico que aporta el ius post bellum, el cual ha evolucionado a través de distintas formulaciones teóricas que han terminado por configurar un corpus teórico que sistematizaremos. Junto a ello, se analiza el contexto filosófico político resultante del ius post bellum, que permite encuadrar los conceptos de justicia transicional y el de justicia transformativa (conceptos híbridos en tanto que conjugan teoría y práctica). Este binomio supone el segundo objeto de estudio de la investigación y sirve de enlace con la memoria democrática, tercer objeto de estudio del texto. Finalmente, dentro de este tercer elemento abordaremos la memoria colectiva, histórica y democrática como realidades implementables. Una última cuestión más próxima a una esfera de discusión práctica, vinculada al estudio sobre políticas públicas y al impacto en torno a los resultados de su implementación. Proponemos, en suma, un trayecto desde la teoría hacia la praxis para poder construir un nuevo aporte ante la problemática que plantea todo proceso de gestión del postconflicto, en un caso tan significativo como el español.

II. IUS POST BELLUM Y PAZ POSITIVA COMO MARCO TEÓRICO[Subir]

La literatura que discute en torno a la moralidad de la guerra ha consensuado una tríada analítica formada por tres niveles distintos de discusión: el ius ad bellum (derecho a recurrir al uso de la fuerza), el ius in bellum (derecho que regula dicho uso de la fuerza) y el ius post bellum (derecho tras la guerra) (‍Bass, 2004; ‍Orend, 2013). Más concretamente, el ius post bellum hace referencia al tránsito entre el estado de conflicto explícito hacia un escenario de paz estable y duradera. Según ha destacado Carsten Stahn (‍2007: 314), el mismo Immanuel Kant asocia el derecho posterior a la guerra con principios substantivos de justicia como la imparcialidad en los acuerdos de paz o las obligaciones morales relacionadas con los posibles pactos. Por tanto, observamos como el ius post bellum tiene implicaciones en filosofía moral y jurídica, así como en derecho internacional. De este modo, es posible definirlo como «un conjunto de normas que se aplican en todo el proceso de transición desde un conflicto armado hacia una paz justa y sostenible» (‍Iverson, 2013: 420). Dicha conceptualización apela a una paz duradera tras el conflicto, concebida fundamentalmente en términos de paz positiva (‍Calvet y Díaz, 2020). En este orden de ideas, el concepto de paz positiva no se refiere a la paz como mera ausencia de la violencia. La simple falta de violencia se define como paz negativa. En cambio, la paz positiva implica pensar un estado de paz en el que no existan ni la violencia estructural ni la violencia cultural (‍Galtung, 1969). Así lo establecía, por ejemplo, el Informe Brahimi^[1], presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 2000. Dicho informe definía la consolidación de la paz como «las actividades realizadas al final del conflicto para restablecer las bases de la paz y ofrecer los instrumentos para construir sobre ellas algo más que la mera ausencia de la guerra».

En suma, el ius post bellum aporta una tercera dimensión de debate a las clásicas dos dimensiones (la del ius ad bellum y la del ius in bello) que sobre la guerra y los conflictos se vienen planteando (‍Stahn, 2007: 311-‍315). Un debate académico que continúa abierto y que trasciende a las investigaciones sobre las condiciones ideales en las que se debería finalizar una guerra, ampliándose hacia la gestión pública de las situaciones postconflicto (‍Stahn, 2014: 8-‍9). Con todo, existe un cierto consenso en considerar el ius post bellum como un «conjunto de normas que se aplican en todo proceso» de gestión postconflicto (‍Stahn, 2008: 231, 236-‍237). Es decir, desde un conjunto de normas hasta una guía de comportamiento o buenas prácticas que deberán operar en tres direcciones: (i) mecanismos de ayuda como marco normativo; (ii) el fomento de diálogo y debate entre las partes anteriormente en conflicto, y (iii) una guía para la acción. El ius post bellum termina proponiendo un camino desde el conflicto hacia la paz con la intención última de crear «una buena sociedad» (‍Österdahl, 2012: 271). Propuesta que interpretamos encaminada a orientar y ayudar a los Estados, principales destinatarios de dichas recomendaciones, aunque puedan existir otros actores involucrados. Sea como fuere, dichas indicaciones o propuestas, al ser externas al marco jurídico estatal, pueden generan ciertos dilemas o dudas. Sobre ello, más allá del freno que podría suponer la lógica de la política doméstica, los principios de pluralismo y tolerancia (como la inclusión democrática, la justicia, la no discriminación o la perspectiva de género) resultan ciertamente centrales para construir una verdadera finalización del conflicto que garantice un no retorno al statu quo ante (‍Zaum, 2009). Consolidando, en definitiva, verdaderas garantías de una paz duradera.

De forma sintética, Jennifer Easterday (‍2014) resume en nueve principios interpretativos el amplio debate que se desprende del ius post bellum. Una serie de principios que, como se verá, conectan con el argumento de fondo del presente artículo:

Como se ha dicho, el otro referente teórico a tener en cuenta es el concepto de paz positiva. Un concepto que proviene del giro epistemológico propuesto por la disciplina de la investigación por la paz (peace research) en el marco general de los estudios internacionales (‍Galtung, 1969). Y que está también relacionado con la discusión que plantea el ius post bellum (‍Williams y Caldwell, 2006). En realidad, la propuesta de paz positiva aspira a crear un contexto social y político que permita superar los conflictos a través de métodos dialogantes y cooperativos (‍Mironova y Whitt, 2017: 4-‍5). Es decir, evitando el recurrente recurso al uso de la violencia.

Por tanto, desde la definición negativa de paz (paz como ausencia guerra), se ha ido ampliando el alcance conceptual de la idea de paz al incluir, por ejemplo, características o condiciones como el bienestar, la justicia o la tranquilidad individual y social. Una nueva aproximación al concepto de paz que ha terminado reconfigurando la fundamentación misma de dicho concepto a través de nuevas definiciones y situando el debate en un punto distinto, al incluir más variables y características que la mera ausencia de violencia. Ante este enfoque, la paz cobra un contenido propio, en tanto que valor positivo. Y, como consecuencia de este proceso de inclusión de nuevas dimensiones y condiciones, va emergiendo a todos los efectos el concepto de paz positiva (‍Cortright, 2008: 6). Así, se observa cómo la conceptualización de paz va, en gran medida, vinculada a la definición del conflicto y al concepto de violencia. Lo que significa que es razonable pensar cómo una correcta definición del conflicto va a permitir (a medio o largo plazo) construir una paz más justa y duradera en términos de paz positiva.

La primera tipología de violencia, la violencia directa, hace referencia a la violencia física. Esta se podría definir como aquella violencia que ejerce un grupo de individuos sobre otro grupo (o un individuo sobre otro individuo) a través de cualquier tipo de herramienta, recurso o tecnología. El segundo tipo, la indirecta, engloba a las dos tipologías que completan el argumento y aparece cuando encontramos la violencia estructural (o institucional) o bien la violencia cultural o simbólica. Un segundo tipo de violencia, con dos expresiones claras, que se podría definir como aquella violencia «que hace que los humanos nos dañemos unos a otros sin que exista un enfrentamiento directo ni, incluso, voluntad de dañar» (‍Weigert, 2008: 2006). De esta forma, la violencia estructural o institucional hace referencia a aquellas estructuras y relaciones sociales que impiden el desarrollo de las capacidades potenciales de cada individuo. Así, existe violencia estructural fruto de una «diferencia entre lo potencial y lo real» (‍Lederach, 2000: 32), mientras que, por su parte, la violencia cultural remite al campo de los sistemas de legitimación, los discursos de apoyo, las ideologías configuradoras, la simbología, etc., elementos todos ellos que justifican la existencia de violencia directa y la violencia estructural (‍Galtung, 1990). En suma, tres tipos de violencia que completan esta redefinición del conflicto y, por ello, el concepto de paz a través de los conceptos de paz negativa y positiva.

En este sentido, la paz positiva, que se entiende como una robusta conexión entre el concepto de paz y el de justicia (‍Peperkamp, 2020: 54), se debe situar en un nivel superior (por significado, alcance y objetivos) respecto de la paz negativa y la violencia directa. En resumen, y como elemento que considerar en adelante, se ha expuesto el tránsito desde una definición de paz entendida como el negativo de guerra (o del conflicto) hacia una concepción positiva de la paz. En esta, la búsqueda de la paz compagina la ausencia de violencia directa con unos mínimos de bienestar social, libertad, justicia o, lo que es lo mismo, la ausencia de violencia cultural (discurso simbólico o construcción dialéctica que legitima la violencia) y, lo más importante, ausencia de violencia estructural ‒un tipo de violencia que, como se mostró anteriormente, se manifiesta cuando se dan situaciones de empobrecimiento social, represión política, falta de respeto de los derechos humanos o menosprecio del derecho de autodeterminación (‍Galtung, 1969)‒. De este modo, la paz ya no se considera solo la mera ausencia de violencia (en el sentido estricto de violencia física, daño o dolor), sino que se requieren otros atributos, otras condiciones, para poder hablar de la existencia de paz (‍Curle, 1978: 88).

En conclusión, se propone tomar como marco teórico el concepto de paz positiva, por un lado, y el acervo resultante del ius post bellum, por el otro. Dos elementos que nos ayudarán a una mejor conceptualización de los debates y conceptos que se abordan a continuación. En primer lugar, la discusión en torno a la justicia transicional y la justicia transformativa. Y, en segundo lugar, la memoria (colectiva, histórica, democrática). Relaciones conceptuales que muestran la existencia de un vínculo argumental entre la violencia estructural, la violencia cultural, la paz positiva y las políticas públicas de memoria, en un contexto de gestión postconflicto (ius post bellum) (‍Peperkamp, 2017). Vinculación argumental que, a fortiori, asumimos como premisa para el presente artículo y que exploraremos a continuación.

III. SOBRE LA JUSTICIA TRANSICIONAL COMO NEXO Y LA JUSTICIA TRANSFORMATIVA COMO OBJETIVO[Subir]

La justicia transicional, o de transición, denota el conjunto de procesos, juicios y medidas de reparación que tienen lugar tras el tránsito de un régimen político hacia otro (‍Elster, 2004). Constituye el ámbito de estudio teórico y de aplicación ante los legados de violaciones masivas de los derechos humanos, en las transiciones desde regímenes de dictadura o conflictos armados hacia sistemas democráticos o situaciones de paz (‍Jimeno Aranguren, 2018). Las herramientas de la justicia transicional pueden variar en cada caso: desde las amnistías o los juicios penales hasta las comisiones de la verdad, pasando por las reparaciones morales y económicas a las víctimas. Por ello, su marco conceptual está directamente relacionado con el marco teórico resultante del ius post bellum. Esta vinculación, que tomamos como premisa, se justifica por la naturaleza misma de ambos conceptos. En este sentido, haber enmarcado el ius post bellum en torno a la idea de justicia postconflicto –en el contexto de una transición desde un conflicto armado hacia una paz justa y duradera (‍Iverson, 2013)– remite a una conexión conceptual con la justicia transicional.

No obstante, la paulatina relevancia que adquiere una gestión global del conflicto en el marco del ius post bellum conlleva entender el proceso como algo que debe trascender la mera restauración (‍García Manrique, 2018). Por tanto, se puede concluir provisionalmente que lo realmente necesario para afrontar el reto de construir una paz justa y duradera es afrontarlo en términos de transformación y no solo de transición (‍Stahn, 2008).

La justicia transformativa es el proceso mediante el cual no solo se afronta el pasado conflictivo, sino que se establecen las condiciones y las estructuras necesarias para asegurar una justa convivencia futura. Unas nuevas condiciones y estructuras que nos invitan a superar las dinámicas de restitución y restauración, características de la justicia transicional, en aras de una verdadera transformación de las condiciones iniciales que dieron lugar al conflicto. Por ello, la justicia transformativa requiere modificar las relaciones y estructuras sociales, económicas y políticas, con el propósito de garantizar un nuevo statu quo que aporte garantías reales de no repetición (‍Lambourne, 2009).

Más concretamente, abandonando una aproximación estrictamente teórica e introduciendo ya elementos prácticos, observamos cómo la justicia transicional apuesta por comisiones de la verdad, amnistías y reformas institucionales que, en muchos casos, se limitan a las élites (‍Gil Blasco, 2018: 132). Mientras, la justicia transformativa introduce las variables social, económica y cultural, y trabaja en torno a los derechos que de ellas se derivan, focalizándose en los problemas que pueden derivarse de situaciones de injusticia social, desigualdad económica o violencia cultural. Y, en consecuencia, supone una apuesta por reformar, a largo plazo, las estructuras sociales, económicas y culturales. Tres pilares estructurales que se interpretarán, a su vez, como las verdaderas causas del conflicto (‍Daly, 2002).

Todo ello requiere complementar el paradigma transicional, que propone la seguridad estatal como objetivo y la persecución penal como mecanismo, con la introducción de políticas públicas que aborden las tres problemáticas mencionadas (injusticia social, desigualdad económica y violencia cultural), con el objetivo de afrontar y superar las verdaderas causas del conflicto. Propósito que, al mismo tiempo, supone trascender el concepto de paz negativa (ausencia de violencia directa) hacia el de paz positiva (ausencia de violencia estructural), de modo que dicha paz positiva suponga un encuentro real entre paz y justicia. Argumento que se muestra en la tabla 1 a través de la relación conceptual y el contraste teórico recientemente expuesto.

En conclusión, no se trata únicamente de restituir, sino también de transformar. Para ello, entendemos que es fundamental no olvidar, pero que además es necesario cambiar las condiciones para evitar realmente que se produzca una repetición. En este sentido, la figura 1 sintetiza los aspectos más destacables de cada uno de los conceptos de justicia tratados: la transicional y la transformativa. La zona común debería interpretarse como la existencia de «aspectos transformativos de la justicia transicional» (‍Evans, 2015: 9).

Figura 1.

Contenido argumental de los conceptos de justicia transicional y justicia transformativa

Fuente: elaboración propia a partir de Evans (‍2015).

Asimismo, el argumento que aquí defendemos sobre la vinculación del concepto de paz positiva en el marco conceptual del ius post bellum parece compartido por la legislación de las políticas públicas de memoria. Afirmación que, a la postre, debería suponer el verdadero alcance y aspiración de este tipo de despliegue legislativo. Pero, vayamos por partes.

IV. LA MEMORIA EN SU DIMENSIÓN SOCIAL: MEMORIA COLECTIVA, HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA [Subir]

Desde hace algunos años, se desarrolla en España un debate político acerca del reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, etapa histórica marcada, a la vez, por los crímenes de violencia directa y, también, por un extenso y duradero legado de violencia estructural, simbólica y cultural. Dicho debate ha popularizado el uso de expresiones como «memoria colectiva», «memoria histórica» y «memoria democrática». Expresiones que, en este contexto, remiten a la demanda social de institucionalizar la memoria de quienes padecieron violencia y persecución ideológica durante dicho periodo histórico por haber defendido ideales democráticos o pretender vivir de manera distinta a la que les fue impuesta. Estas reivindicaciones de una gestión institucional de lo sucedido son demandas enraizadas en los ejes de la justicia transicional y la justicia transformativa. Es decir, verdad, justicia, reparación, por un lado, y garantías de no repetición, por el otro. Ello ha originado un discutido marco jurídico y un nuevo género de políticas públicas: las políticas de memoria. Aproximarse a este fenómeno y enlazarlo con la reflexión sobre el ius post bellum exige trazar varias precisiones conceptuales, dado el carácter metafórico de aquellas expresiones sobre la memoria, cuya terminología, aunque titula ya varias leyes vigentes en la materia, puede suscitar equívocos.

En primer lugar, procede una demarcación preliminar entre historia y memoria para distinguir analíticamente el conocimiento objetivo y científico, propio de la historiografía, frente al ámbito diverso que tratamos; entiéndase el mundo de la memoria, más abierto a lo subjetivo, las emociones y la imaginación. Mientras que la ciencia del gremio de los historiadores investiga y documenta hechos y cronologías de relaciones causales sobre la realidad del pasado, sin exigir justicia ni reparación, la memoria –no como recuerdo individual ni como género literario de las memorias personales– se puede entender como metáfora de la relación que guardan los grupos, las sociedades y los Estados con el pasado. Es decir, ¿qué hay que recordar? ¿En qué medida nos concierne?, y ¿cómo vive el pasado en el presente? (‍Robin, 2018: 220). Ello es un fenómeno social heterogéneo que preserva una interpretación del pasado donde laten los daños sufridos por grupos victimizados, y que requiere diferenciar entre la memoria cultural, como discurso social (relatos, novelas, manuales, museos, monumentos, rituales), y la familiar (ibid.: 221-222). Dos variantes no necesariamente coincidentes.

No obstante, la distinción entre historia y memoria no niega que la construcción de la memoria se pueda apoyar, entre otras fuentes, en la propia investigación histórica. A su vez, la memoria atañe al historiador como fuente y fenómeno histórico que puede ser objeto de su investigación científica (historia de la memoria). Pero dicha intersección no debe llevarnos a confundir ambos campos: la historia es un saber sobre el pasado que «se pretende objetivo, distanciado y acumulativo», mientras que la memoria es más subjetiva y sujeta a cambios permanentes, toda vez que con el paso del tiempo se va recordando de manera distinta (‍Álvarez Junco 2022: 228).

Con todo ello, sobre la base de las anteriores precisiones, se caracteriza a continuación qué se entiende hoy por memoria colectiva, histórica y democrática.

V. HACIA UNA COMPRENSIÓN TEÓRICA INTEGRADA[Subir]

Hasta aquí se han presentado los conceptos de ius post bellum, paz positiva, justicia transicional, justicia transformativa y memoria (colectiva, histórica y democrática). Este primer análisis ha subrayado las posibles vinculaciones entre dichos conceptos, a partir de su respectiva definición y caracterización. La vinculación entre los mismos, tal y como se viene apuntando, resulta a partes iguales evidente y útil para su mejor manejo. En realidad, este es el principal argumento que sostenemos en el presente artículo, y que justifica el encaje y finalidad de este penúltimo epígrafe, que desarrollaremos con ayuda de la figura 4. Pero vayamos, nuevamente, por partes.

Antes de abordar el tránsito argumental al que hace referencia en la figura 4, resulta necesario plantear la relación conceptual que se ha detectado entre las distintas formas de violencia, paz, justicia y memoria. Así, tal y como muestra la figura 2, se ha observado, en primer lugar, cómo existe una vinculación conceptual entre violencia directa, paz negativa, justicia transicional y memoria histórica/colectiva, dado el significado y la dimensión de cada uno de estos conceptos. Es decir, entendemos que, si la paz negativa es la ausencia de violencia directa, los procesos de justicia transicional suponen, precisamente, la gestión de las consecuencias de conflictos en los que han tenido lugar actos de violencia directa. Finalmente, en este contexto, la memoria histórica o colectiva aspira a ser, cuanto menos, un elemento de construcción de paz negativa, como se puede observar en la siguiente figura.

Figura 2.

Vinculación conceptual entre violencia, memorias y paz negativa

Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar, tal y como muestra la figura 3, la vinculación conceptual acontece ahora en relación con la violencia estructural o cultural, la paz positiva, la justicia transformativa y la memoria democrática. En este caso, se constata cómo la paz positiva supone la superación del conflicto a través de abordar directamente, y en profundidad, las causas del mismo. Es decir, atendiendo a las posibles violencias estructurales y culturales existentes. Este proceso de gestión postconflicto aspira, tal como se observa en la figura 3, a crear unas condiciones sociales, políticas y culturales distintas. Implicando una transformación en dichas estructuras, lo que justifica el tránsito que venimos exponiendo hacia una justicia transformativa. Una transformación que, a la postre y en parte, puede llevarse a cabo a través de políticas públicas de memoria democrática, dado el significado y alcance del concepto de memoria democrática en relación con las otras acepciones de memoria (más vinculadas, según se ha visto, al tratamiento de los conceptos de violencia directa y paz negativa y a los procesos de justicia transicional)^[11].

Figura 3.

Vinculación conceptual entre violencia, memoria y paz positiva

Fuente: elaboración propia.

Volviendo al principal argumento de la presente investigación, entendemos que para una mejor integración del ius post bellum, por un lado, y la memoria democrática, por otro, se debe aceptar la existencia de tránsito conceptual desde el marco ético, moral y jurídico que supone dicho ius post bellum hasta la práctica institucional que implica la implementación de las políticas públicas de memoria democrática. Un recorrido argumentativo que se construye sobre las dos anteriores premisas conceptuales (figuras 2 y 3) y que termina por constatar una vinculación indirecta entre ius post bellum y memoria democrática. Vinculación que, en definitiva, supone un tránsito de la teoría a la praxis, en un contexto de discusión y acción que debe entenderse mediatizado por cuatro vértices: la cultura de paz, la pedagogía por la paz, la cultura democrática y, finalmente, la pedagogía democrática.

El campo conceptual de ambos binomios, cultura de paz-pedagogía de la paz y cultura democrática-pedagogía democrática, relevante para el objeto de este artículo, conduce a referirse a los propósitos y medios apuntados en la Resolución 53/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas^[12]. Dicha resolución, bajo el título «Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz», remarca que «la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos». Y define la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y estilos de vida basados en el respeto a determinados bienes, derechos y principios, entre los cuales están los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento (art. 1 de la Declaración). Asimismo, el texto prevé medidas para promover una cultura de paz por medio de la educación, como la revisión de los planes de estudio y los libros de texto, o la ampliación de iniciativas para la cultura de paz por parte de instituciones universitarias de diversas partes del mundo (punto 9, apartados e y h del Programa). También se disponen medidas para promover principios y prácticas democráticas en distintos ámbitos, incluyendo todos los niveles de la enseñanza escolar y no escolar (punto 13 b del Programa), previsiones que venía contemplando la Asamblea General de Naciones Unidas^[13], y que fueron desarrolladas en resoluciones posteriores de la misma^[14]. En sentido coincidente con las reivindicaciones del «‍Manifiesto 2000 para una cultura de paz y de no violencia», promovido por notables premios nobeles de la paz^[15].

Sobre la base de dichos antecedentes, planteamos el tránsito que se observa en la figura 4, que transcurre desde la teoría del ius post bellum hasta la práctica que suponen las políticas públicas de memoria democrática. Este tránsito, de lo conceptual a lo implementable, se realiza a través del concepto de paz positiva. Con ello ponemos en valor la potencialidad de este concepto, más allá de su uso estrictamente académico. Dicho de otro modo, la voluntad de implementación de la paz positiva nos obliga a pensar y a trabajar en un escenario de verdadera superación del conflicto. Ello se debe, principalmente, a la naturaleza del concepto de paz positiva que, como se ha visto, integra muchos más elementos que la mera ausencia de violencia física o directa, pudiendo retomar, en este punto de la argumentación, los principios que dotan de contenido real el marco teórico del ius post bellum (‍Easterday, 2014), expuestos en síntesis en el apartado 1 de este artículo.

Es precisamente esa voluntad real de superación del conflicto lo que nos lleva a otro tránsito, más específico. Nos referimos aquí a la evolución paulatina desde los procesos de justicia transicional hacia los procesos de justicia transformativa. Si entendemos que, al fin y al cabo, el objetivo de fondo radica en cambiar o modificar las estructuras políticas, sociales y culturales que han sido las verdaderas causas del conflicto vivido, parece razonable apostar por una evolución hacia la justicia transformativa. Esta voluntad de desarrollo evolutivo desde lo transicional hacia lo transformativo cuenta, además, con el respaldo de una parte importante de la literatura especializada (‍Gready y Robins, 2019).

Figura 4.

Propuesta de integración conceptual

Fuente: elaboración propia.

A la luz de la figura 4, a priori no existe vinculación directa evidente entre el ius post bellum y la memoria democrática y, por ello, se han representado en espacios que no se sobreponen. No obstante, a posteriori procede afirmar que existe un terreno común de fundamentos y objetivos compartidos. Esta coincidencia argumental acontece a través de los conceptos de justicia transicional y justicia transformativa, y el tránsito existente entre ambas concepciones de la justicia. Evolución que es fruto de introducir el objetivo de construcción de una paz positiva como consecuencia de los argumentos y principios que de esta se desprenden.

En definitiva, tras haber presentado el tránsito argumental que aquí proponemos, merece especial mención (y atención) el concepto de paz positiva que, tal y como se observa en la figura 4, resulta un elemento (y argumento) central para nuestra tesis. Ello se debe, en gran medida, a que es solamente la operacionalización del concepto de paz positiva lo que da pie a elaborar una consistente hoja de ruta hacia la verdadera superación del conflicto. Es decir, a través de la consolidación de una paz justa y duradera. Dos propósitos que parecen factibles, toda vez que la puesta en práctica del dicho concepto de paz positiva implique derechos humanos, pluralismo y tolerancia (‍Turan, 2016: 155-‍161). En definitiva, tres argumentos que remiten precisamente a la democracia como marco ineludible, si realmente se aspira a proponer, construir y consolidar una paz justa y duradera^[16].

VI. CONCLUSIONES[Subir]

En el presente artículo, hemos vinculado la teoría del ius post bellum, los conceptos de justicia transicional y transformativa y las políticas de memoria democrática, con el objetivo de profundizar y reforzar el fundamento teórico y normativo de aquellas políticas públicas que aspiran a gestionar los contextos postconflicto y todas sus derivadas. De este modo, hemos expuesto que el ius post bellum, como concepto generado por la tradición teórica que reflexiona sobre la guerra y la justicia, denota el conjunto de normas que deben regir el tránsito entre un conflicto armado y una paz justa y duradera. Es decir, una paz positiva que trascienda la mera ausencia de guerra, superando toda violencia estructural y cultural en la organización de la sociedad. El concepto de ius post bellum también se puede considerar referido a las normas aplicables al proceso que transcurre entre el final de una dictadura (surgida a su vez de una guerra y regulada por disposiciones bélicas) y el devenir de una sociedad pluralista, que debe aspirar a ser pacífica. Easterday (‍2014) sintetizó los nueve principios que emanan del ius post bellum, a saber: publicidad, adaptabilidad, proporcionalidad, inclusividad, justicia, contextualismo, perspectiva de género, equidad y sostenibilidad. Este marco normativo entronca de manera natural con el ámbito de la justicia transicional y transformativa y, por ende, con la memoria democrática. En este mismo orden de ideas, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, confirma precisamente uno de nuestros argumentos nucleares. Ello se debe al contenido material y al alcance al que aspira dicho nuevo marco jurídico, que se posiciona claramente a favor del desarrollo y la protección de una memoria democrática, al incluir este mismo concepto en el propio título de la ley.

La justicia transicional se refiere a los procesos y medidas que implementar durante las transiciones desde regímenes de dictadura o conflictos armados hacia sistemas de democracia y paz (amnistías, juicios penales, comisiones de verdad, iniciativas de reparación simbólico-moral y económica, etc.). De igual forma que con el ius post bellum, el espacio de la justicia transicional responde a una idea de justicia postconflicto (o postdictadura) con proyección hacia el futuro, pero principalmente centrada en el valor de la reparación. En cambio, la justicia transformativa focaliza su atención en las raíces de los conflictos, examinando los problemas que se pueden derivar de las situaciones de desigualdad social, a fin de reformar las estructuras (sociales, económicas y culturales) que constituyen las causas de fondo de los conflictos. Este propósito, que apela directamente al concepto de paz positiva, conecta con el ecosistema teórico y práctico de la memoria (colectiva, histórica y, en especial, democrática) y, al mismo tiempo, con la aspiración de evitar que los conflictos puedan repetirse, elemento que emerge como principal denominador común. De este modo, podemos entender que, a largo plazo, la aplicación de una política pública que no solo pretenda transicionar, sino que también aspire a transformar, contribuirá en mayor grado a evitar la reiteración de conflictos.

Sirva como ejemplo el debate sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas y los familiares de la guerra civil española y la dictadura franquista. En este contexto, la generalización de expresiones como memoria colectiva, memoria histórica y memoria democrática, de distintas connotaciones y matices, alude a la demanda de institucionalizar la memoria de quienes padecieron violencia y persecución ideológica por haber defendido ideas de libertad, democracia y paz. Esta demanda social parte de los ejes de la justicia transicional de verdad, justicia y reparación; e integra el objetivo prioritario de la justicia transformativa, es decir, las garantías de no repetición, y ha dado pie a la legislación de memoria democrática. En este sentido, las políticas resultantes de estos avances legislativos muestran el argumento central aquí defendido, y que no es otro que el engarce de los conceptos tratados en este artículo: ius post bellum, paz positiva, justicia transicional, justicia transformativa y, por último, memoria democrática. Y tienen, como principal herramienta, la política educativa.

Por consiguiente, los nueve principios de la tradición teórica del ius post bellum, con la mediación de los criterios de la justicia transicional/transformativa, pueden informar, dotar de contenido y enriquecer uno de los bloques centrales de las políticas de memoria; a saber, las medidas educativas de pedagogía de la paz y respeto a los derechos humanos, la democracia y el pluralismo social y político. Estas medidas se podrán plasmar en la reforma de planes docentes, la formación del profesorado y el fomento de la investigación^[17], tres ámbitos que deberían ser receptivos a la influencia transversal del marco teórico del ius post bellum y al concepto de paz positiva, entendido este último como objetivo a alcanzar. Como se viene apuntando, ello supondrá un tránsito desde lo transicional hacia lo transformativo.

Por tanto, y para finalizar, procede recordar el valor relevante del concepto de paz positiva como argumento teórico nuclear, concepto que ayuda a comprender el tránsito desde un marco ético y moral construido sobre los principios del ius post bellum, a través de los procesos de justicia transicional y transformativa, hacia el objetivo final de fundamentar y razonar políticas públicas de memoria democrática rigurosas que puedan ser compartidas por amplias mayorías; una memoria democrática que sea inclusiva, plural y consensuada, ajena a maniqueísmos de ninguna clase, basada en criterios morales y jurídicos suficientemente consensuados. La implementación de estas políticas debe contribuir a una verdadera superación del statu quo ante (‍Zaum, 2009), a través, por ejemplo, de la reinterpretación de legados sociales tan conflictivos como los enfrentamientos armados y los regímenes dictatoriales. Reelaboración del relato que permita articular una «pedagogía del nunca más […] imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo»^[18]. Tarea en la que, a la postre, deviene primordial la fundamentación teórica y la orientación normativa que pueda ofrecer la teoría política para dichas políticas, a sabiendas de la creciente importancia que está tomando la preocupación por la justicia después de la guerra (‍Dower, 2009: 194), junto a las ya tradicionales esferas del ius ad bellum y el ius in bello.