CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA: DE LA PROMOCIÓN A LA CONDICIÓN

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Tal y como afirma la Comisión Europea, el comercio internacional es una de las herramientas más importantes de la Unión Europea (UE) y el motor de la prosperidad económica y de la competitividad de Europa^[2]. Siendo consciente de ello, la UE ha tratado de erigirse en las últimas décadas en adalid del libre comercio (‍Blanc Altemir, 2020: 23; ‍Esplugues Mota, 2022: 1) y de posicionarse como socio comercial preferente de terceros Estados y bloques comerciales regionales.

Ahora bien, esta estrategia ha de conjugarse equilibradamente con la finalidad que tiene la Unión de promover los valores comunitarios, entre los que figura la consecución de un desarrollo sostenible^[3]. Para ello, la UE ha integrado este objetivo en su acción exterior y en todas sus políticas, entre las que sobresale la política comercial común (PCC) como medio para lograr un crecimiento económico sostenible ad intra y ad extra. En la actualidad, la UE se encuentra firmemente comprometida a garantizar que la PCC y los acuerdos comerciales con terceros Estados fomenten la sostenibilidad, la democracia y los derechos humanos (‍Muñoz Rodríguez, 2010; ‍Salinas Alcega, 2007) y se conviertan en instrumentos precursores de la condicionalidad social y ambiental en el comercio internacional (‍Hinojosa y Fajardo, 2022: 229; ‍Blanc Altemir, 2023: 44), o, en otras palabras, en un vehículo que permita a la Unión condicionar sus relaciones comerciales con terceros Estados al respeto de los valores comunitarios (‍Muñoz Rodríguez, 2010: 11-‍12).

El compromiso de la UE con el desarrollo sostenible se ha visto materializado en numerosos instrumentos jurídicos, siendo el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) el primero en introducir obligaciones específicas en materia de protección del medio ambiente y de las normas laborales fundamentales para los beneficiarios de las preferencias arancelarias. En relación con los acuerdos de libre comercio (ALC) europeos bilaterales o regionales, no es sino hasta los ALC de «nueva generación» cuando la Unión comienza a incluir cláusulas laborales y medioambientales dentro de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible (CCDS). No obstante, el contenido de estas cláusulas es de carácter promocional, sin una sanción aparejada a su incumplimiento. O lo era.

La aparición de nuevos desafíos internos y externos (‍Blanc Altemir, 2023: 35) y las críticas relativas a la ineficaz implementación de los CCDS manifestadas por el Parlamento Europeo, la doctrina y la sociedad civil, hicieron que la Comisión Europea publicase el pasado 22 de junio de 2022 una comunicación sobre el poder de las asociaciones comerciales^[4] en la que establece cómo mejorar la contribución de los acuerdos comerciales al desarrollo sostenible a través de una serie de prioridades estratégicas y puntos de actuación entre los que se incluye, por primera vez, la posibilidad de recurrir a sanciones comerciales en casos de incumplimiento específicos, haciendo suyo el discurso político de la condicionalidad en los ALC. Esta comunicación constituye el punto de partida de un cambio de rumbo en la PCC de la UE y, más concretamente, en uno de sus principales instrumentos jurídicos: los ALC. En adelante, la Unión habrá de esforzarse por incluir CCDS en sus acuerdos con terceros Estados que condicionen la obtención de ventajas comerciales al cumplimiento de las principales convenciones internacionales en materia de trabajo y medio ambiente, complementando el enfoque tradicionalmente promocional con elementos de condicionalidad comercial.

Si bien este cambio de rumbo responde a los deseos de gran parte de los defensores de la protección de los derechos laborales fundamentales y del medio ambiente y de la propia autora (‍Martínez San Millán, 2020a), resulta pertinente realizar un análisis crítico de las virtudes y los defectos de este nuevo enfoque, evidenciar hasta qué punto resulta operativo y dilucidar en qué medida la introducción de elementos de condicionalidad comercial logra una mayor y mejor implementación de los CCDS, pues, como veremos a continuación, no se puede garantizar su aplicación automática en todos los futuros ALC europeos. Esta es la finalidad del presente trabajo, en el que, en primer lugar, examinaremos la comunicación de junio de 2022. Posteriormente, pondremos de manifiesto algunos límites del enfoque condicional que, de no ser salvados, truncarían el objetivo de hacer de los CCDS verdaderas herramientas capaces de asegurar un desarrollo sostenible. Finalmente, estudiaremos la repercusión presente y futura de la nueva estrategia comercial europea en los ALC, prestando especial atención al acuerdo con Nueva Zelanda. Como se puede observar, esta nota pretende arrojar algo de luz a las sombras que actualmente acechan al devenir en los próximos años de uno de los instrumentos más representativos de la PCC de la UE.

II. CAMBIO DE ENFOQUE PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO ECOLÓGICO Y JUSTO[Subir]

Desde la adopción del Tratado de Lisboa en el año 2007, la UE viene incorporando de manera consistente en todos sus ALC bilaterales y regionales un CCDS en el que las partes reconocen la importancia de fomentar el crecimiento del comercio internacional de forma que contribuya al desarrollo sostenible, en el que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes que se refuerzan mutuamente^[5]. Dentro de esta serie de capítulos, las partes se comprometen a «respetar, promover y hacer realidad, en sus disposiciones legales y reglamentarias y en sus prácticas, los principios reconocidos internacionalmente relativos a los derechos fundamentales en el trabajo (…) y las disposiciones contenidas en los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente en los que ambas Partes son parte»^[6]. Asimismo, hasta la fecha, todos los CCDS incluyen un mecanismo de solución de diferencias autónomo, desligado del sistema de solución de diferencias genérico previsto en todos los ALC para cuestiones comerciales, en el que la cooperación, el diálogo y la resolución amistosa constituyen los hilos conductores. No obstante, a excepción del particular Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados del Foro del Caribe del año 2008^[7], ningún ALC de la UE contempla compensaciones económicas o la posibilidad de suspender los beneficios comerciales derivados del acuerdo en cuestión en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en los CCDS, a diferencia de lo que ocurre con otros modelos de ALC, como el estadounidense. Esto es lo que la Comisión Europea denomina «sanciones comerciales», aunque, en rigor, se trata de contramedidas sui generis sometidas a sus propias reglas especiales en función del ALC de que se trate (‍Fernández Pons, 2005: 118-‍119), pues la relación entre las partes es de carácter horizontal, y no vertical o autoritativa como en el caso de las sanciones (‍Remiro Brotóns, 2007: 560).

Este enfoque meramente promocional y la falta de sanciones comerciales siempre ha sido muy criticado por el Parlamento Europeo, la sociedad civil y la doctrina^[8]. El hecho de que la solución de diferencias relativas a cuestiones laborales y medioambientales quede expresamente excluida del mecanismo ordinario de resolución de controversias comerciales previsto en todos los ALC de la UE y, en cambio, sea sometida a un grupo de expertos en la materia cuyas recomendaciones no vinculantes en ningún caso podrán prever compensaciones económicas o, en última instancia, la retirada de los beneficios comerciales derivados del acuerdo en cuestión hace a la doctrina afirmar que toda esta serie de acuerdos carece de un mecanismo creíble y eficaz para inducir a las partes a cumplir las obligaciones y compromisos contenidos en los CCDS (‍Harrison et al., 2019: 645).

Para superar el criticismo y para hacer los CCDS contenidos en los ALC comunitarios más efectivos de cara a lograr un desarrollo económico sostenible, desde el año 2017, la Comisión Europea se ha embarcado en un proceso de reforma de esta serie de capítulos, en el que la revisión del mecanismo de solución de diferencias y las consecuencias en caso de incumplimiento de las cláusulas laborales y medioambientales han sido los principales puntos de fricción (‍Blanc Altemir, 2023: 39). Ese mismo año, los servicios de la Comisión Europea publicaron un non-paper^[9] para abrir el debate público en el que reconocieron la necesidad de «garantizar que los compromisos de los acuerdos bilaterales de comercio e inversión en ámbitos como las normas laborales fundamentales, el clima y la protección del medio ambiente se respeten»^[10]. En este non-paper, la Comisión propuso dos opciones de mejora de los CCDS para ser debatidas: o bien mantener el mismo enfoque promocional reforzando la colaboración con otros actores y organizaciones internacionales involucrados en la consecución de un desarrollo sostenible, o bien cambiar a un enfoque condicional basado en sanciones comerciales en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en los CCDS.

Recibido el feedback proveniente de los diferentes grupos de interés^[11], en el año 2018, los servicios de la Comisión Europea publicaron otro non-paper sobre los diferentes caminos a seguir para mejorar la implementación y el cumplimiento de los CCDS en los ALC de la UE^[12]. En dicho documento, la Comisión enumera un conjunto de quince acciones concretas que deben ser llevadas a cabo para mejorar la implementación de los CCDS. Respecto de estas quince acciones, cabe afirmar que adolecen del mismo límite que se pretende solventar: la falta de concreción, pues se reconoce, por ejemplo, la necesidad de aumentar y mejorar la transparencia, pero, a la hora de plantear una acción concreta para lograrlo, únicamente se invita a los diferentes organismos implicados a publicar sus agendas y discusiones^[13]. Asimismo, se puede observar cómo el recurso a sanciones comerciales, tal y como las denomina la UE, ha sido descartado, en palabras de la propia Comisión, porque, una vez evaluados los diversos puntos de vista, la falta de consenso sobre un modelo condicional hace que sea imposible avanzar hacia ese enfoque^[14]. Numerosos autores reaccionaron a este documento y, aunque dieron la bienvenida al hecho de que la Comisión escuche las críticas realizadas y haya propuesto acciones concretas para mejorar la implementación de sus CCDS, afirmaron, al mismo tiempo, que todavía existe la posibilidad de ser «más imaginativos», en el sentido de aprovechar al máximo los mecanismos existentes dentro de los mencionados capítulos para lograr objetivos más elevados (‍Harrison et al., 2019: 656). En la misma línea se pronunció el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen de junio de 2018^[15], que animó a la Comisión a ser más ambiciosa en su planteamiento e hizo algunas aportaciones muy interesantes, como la incorporación de la dimensión de género en los CCDS. Por su parte, el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el hecho de que en el documento final se incluya el llamamiento reiterado que este órgano ha venido realizando para que se utilicen las sanciones comerciales como recurso en última instancia contra los casos de violaciones graves de los compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible^[16].

En junio del año 2021, la Comisión Europea puso en marcha una revisión exhaustiva de su modelo con el objetivo de reforzar la capacidad de los acuerdos comerciales para defender el comercio sostenible. En el contexto de la revisión, la Comisión solicitó un estudio comparativo independiente sobre las prácticas comerciales y de desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales de terceros países^[17] y llevó a cabo una consulta pública abierta, que recopiló numerosas contribuciones de asociaciones empresariales, sindicatos, grupos medioambientales y de protección de los derechos humanos e interlocutores sociales^[18]. Durante todo este proceso de revisión quedó patente que no son pocas las limitaciones atribuibles a esta serie de capítulos, muchas de ellas estructurales, que acaban repercutiendo en la insuficiente e inefectiva implementación de los mismos y, por tanto, en el logro del objetivo para el que fueron creados (‍Martínez San Millán, 2020a: 83).

La Comisión Europea, en vista de los resultados de la consulta pública y del estudio comparativo de los ALC de otros Estados, ha reconsiderado su posición y el pasado 22 de junio de 2022 ha publicado una comunicación titulada «El poder de las asociaciones comerciales: juntos por un crecimiento económico ecológico y justo»^[19] en la que confirma que ha detectado posibilidades de mejora en seis prioridades estratégicas. En primer lugar, se deben integrar los compromisos bilaterales y regionales en materia de comercio y desarrollo sostenible en el contexto multilateral para hacerlos más legítimos, creíbles y eficaces y, al mismo tiempo, evitar la fragmentación del régimen internacional del comercio (‍Martínez San Millán, 2022). En segundo lugar, es necesario adaptar los CCDS a las características específicas de cada socio comercial. A este respecto, cobran especial importancia los exámenes previos de impacto sobre la sostenibilidad en la fase de negociación del acuerdo y las evaluaciones ex post durante el período de aplicación, que deben configurarse con la suficiente flexibilidad. En tercer lugar, se debe tener en cuenta el desarrollo sostenible no solo en los CCDS, sino a lo largo de todo el acuerdo comercial. Asimismo, resulta importante reforzar la supervisión colectiva de la aplicación de los CCDS, involucrando a las delegaciones de la UE en el territorio de la otra parte del acuerdo, a los Gobiernos, a las Administraciones públicas, incluidos los grupos consultivos nacionales, y a la sociedad civil. En quinto lugar, otra prioridad estratégica consiste en reforzar el papel de la sociedad civil en la implementación de los CCDS. Por último, pero no menos importante, la Comisión Europea introduce como prioridad estratégica la mejora del cumplimiento de los CCDS a través, incluso, del recurso a sanciones comerciales como medida de última instancia en casos específicos y bien definidos. Esta posibilidad del recurso a lo que la UE denomina sanciones comerciales, que, como hemos mencionado con anterioridad, es, en realidad, de contramedidas comerciales con unas reglas particulares de aplicación, supone un cambio de enfoque en la PCC de la Unión, que, tradicionalmente, se ha aproximado a las cuestiones en materia de sostenibilidad desde un punto de vista meramente promocional. Desde la aprobación de la comunicación, y en la medida en que sus socios comerciales consientan, la UE celebrará ALC en los que un incumplimiento de los CCDS estará sujeto a eventuales sanciones comerciales, pasando, por tanto, la PCC a adoptar un enfoque más bien condicional.

Sin embargo, aunque a priori este nuevo enfoque satisface las demandas de los defensores de la protección del medio ambiente y de los derechos humanos, conviene analizar ciertos matices de la propuesta de la Comisión que pueden llegar a suponer un límite cuando de lo que se trata es de mejorar la implementación de las obligaciones contenidas en los CCDS. A continuación, trataremos de resolver las siguientes cuestiones: ¿esta nueva aproximación a la integración de la sostenibilidad en los ALC de la UE constituye un verdadero cambio de dirección en la PCC? ¿Se puede hablar de cambio de paradigma? ¿O es «más de lo mismo» (‍Vallier, 2022)?

III. DIFICULTADES Y LÍMITES DEL NUEVO ENFOQUE DE LA POLÍTICA COMERCIAL COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA [Subir]

Tal y como afirma la Comisión en la comunicación de junio de 2022, «los compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible son jurídicamente vinculantes y ejecutables»^[20]. Como veremos en epígrafes subsiguientes, hasta el momento de su adopción, los posibles incumplimientos de estos compromisos se sometían en última instancia, tras un procedimiento de consultas amistoso basado en el diálogo y la cooperación, a un grupo de expertos que emitía un informe con recomendaciones. En adelante, la propuesta de la Comisión para mejorar el cumplimiento de los compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible pasa por someter las diferencias relativas al CCDS al mecanismo de solución de diferencias genérico previsto en cada uno de los acuerdos para cuestiones comerciales.

No obstante, respecto de este nuevo enfoque, se pueden apreciar algunos riesgos potenciales. El primero de ellos es que la inclusión de las diferencias relativas a cuestiones laborales y medioambientales en el sistema de solución de diferencias genérico de cada uno de los acuerdos conduzca a una reducción del número de esta clase de diferencias presentadas, ya de por sí escasas, o, incluso, a su completa invisibilización, por el miedo de los Estados a tensar las relaciones con sus socios comerciales. Un segundo riesgo está relacionado con la indispensable demostración del perjuicio económico ocasionado por la violación de una obligación laboral o medioambiental necesario para poder imponer sanciones comerciales, lo cual supone un reto que puede llegar a reducir el alcance de la labor de la Unión en materia de desarrollo sostenible. Un último inconveniente es que este cambio exigiría la creación de un grupo de expertos dentro de la UE para supervisar las normas internacionales en materia de trabajo y medio ambiente, cuyas labores se solaparían con el trabajo ya realizado por otras organizaciones internacionales, y, si bien aumentaría y mejoraría el seguimiento, este hecho podría dar lugar a incongruencias interpretativas respecto de determinados estándares internacionales.

Además, la Comisión propone ahora

Como vemos, a la Comisión no le falta razón al afirmar que la posibilidad del recurso a sanciones comerciales se reserva a «casos específicos y bien definidos», aunque bien se podría haber reservado a «casos específicos, bien definidos y muy limitados». Resultan limitados, en primer lugar, porque quedan fuera numerosas convenciones y declaraciones multilaterales sobre medio ambiente. Asimismo, no existe mención alguna a las principales convenciones internacionales sobre derechos humanos y buena gobernanza, elementos estructurales del desarrollo sostenible. En tercer lugar, el hecho de que la Comisión haya escogido la expresión «principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo» denota su intención de aludir a la declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo de 1998, instrumento de soft-law, y no a los convenios fundamentales de la Organización que la desarrollan, instrumentos de hard-law, lo que limita significativamente las violaciones que pueden considerarse constitutivas de incumplimiento y merecedoras de una sanción comercial. Finalmente, respecto del Acuerdo de París, ¿cómo se viola gravemente una enmienda de una convención marco cuyo principal objetivo (mantener el aumento de la temperatura mundial) depende de la suma de los esfuerzos que, de forma unilateral, esté dispuesto a realizar cada Estado? El art. 2 del Acuerdo de París guarda silencio respecto de cómo ha de lograrse dicho objetivo y en qué fecha (‍Fernández Egea, 2018). De esta forma, las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible a través de la determinación de contribuciones a nivel nacional, que constituyen obligaciones de procedimiento consistentes en una conducta y un estándar de comportamiento, que no implican un resultado concreto y cuyo contenido es precisado de forma unilateral por cada Estado (‍Martínez Pérez, 2018: 259; ‍Rodrigo Hernández, 2018: 79). Teniendo en cuenta las grandes dosis de flexibilidad material y temporal que crea el Acuerdo de París, ¿cómo se constatan y prueban las violaciones graves del acuerdo que pueden dar lugar a sanciones comerciales en el marco de los ALC europeos?

Respecto de estas sanciones comerciales, la Comisión establece que «priorizará la ejecución de las sanciones en materia de comercio y desarrollo sostenible en función de la importancia de la naturaleza de los compromisos en cuestión, la gravedad de su incumplimiento y el impacto sobre el medio ambiente o los trabajadores»^[22]. Ahora bien, ¿quién y cómo determina la importancia de la naturaleza de los compromisos? ¿Quién y cómo determina la gravedad del incumplimiento? ¿Quién y cómo determina el impacto del incumplimiento sobre el medio ambiente o los trabajadores? Al utilizar estos términos, la imposición o no de una sanción comercial depende de la apreciación subjetiva de los miembros del grupo de expertos. Desafortunadamente, no contamos en la actualidad con el número suficiente de diferencias en materia de comercio y desarrollo sostenible que nos ayuden a determinar cómo los grupos de expertos interpretan estos términos de cara a imponer o no sanciones comerciales^[23].

Finalmente, no son pocos los detractores de las sanciones comerciales que afirman que las compensaciones económicas y la suspensión de los beneficios derivados de los ALC hacen más daño a la población víctima de las violaciones de sus derechos laborales o de un medio ambiente altamente deteriorado que a los gobiernos responsables de dichas violaciones (‍Bartels, 2008: 13). Una manera de evitar que las sanciones comerciales repercutan en el eslabón más vulnerable consiste en el uso de «sanciones selectivas» (targeted sanctions) sobre los agentes o empresas del sector que más contribuyen a la infracción. Algunos autores proponen, más concretamente, crear un listado público con los exportadores individuales que no cumplen con las normas laborales fundamentales y con las convenciones multilaterales sobre medio ambiente (‍Richardson et al., 2017: 53).

En la conclusión de la comunicación, la Comisión afirma que estas prioridades estratégicas, incluida la posibilidad de aplicar sanciones comerciales, «pueden implementarse inmediatamente, incluso en los acuerdos comerciales ya en vigor»^[24] (cursiva añadida). Esto implica, por un lado, incluir la cuestión en todas las negociaciones comerciales abiertas y, por otro lado, iniciar un proceso de revisión y enmienda de los ALC en vigor con los socios comerciales que se presten a ello. Con algunos Estados, como Chile, cuyos ALC con terceros Estados ya poseen un enfoque condicional, la inclusión en las negociaciones de la posibilidad de recurrir a sanciones comerciales en caso de incumplimiento de los CCDS será más sencilla. Con otros, como Indonesia y Tailandia, que ni siquiera mencionan cuestiones relacionadas con el trabajo o el medio ambiente en sus ALC con terceros Estados, dichas negociaciones serán más complejas.

Los primeros autores en pronunciarse afirman que esta comunicación de junio de 2022 no debe «sobrevalorarse» por dos razones: en primer lugar, porque, como hemos visto, la práctica demuestra que, aunque existe previsión de sanciones, estas rara vez se utilizan y, en segundo lugar, porque el uso de sanciones constituye el «último recurso» disponible ante eventuales incumplimientos de los CCDS. Antes de acudir a las sanciones, se deben haber agotado todas las vías de resolución amistosa de la diferencia (‍Vallier, 2022). No obstante, el hecho de que ya existan ejemplos en la práctica, como el ALC entre la UE y Nueva Zelanda que estudiaremos más adelante, nos induce a confirmar el cambio de rumbo en la PCC de la UE o, al menos, en la configuración de sus ALC, aunque todavía no se pueda hablar de un cambio de paradigma.

IV. REPERCUSIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA COMERCIAL EN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UNIÓN EUROPEA[Subir]

La comunicación aprobada el pasado 22 de junio de 2022 supone la revisión, tanto de las negociaciones en curso con terceros Estados y bloques comerciales, como de los ALC en vigor con los socios comerciales de la UE para incluir CCDS que prevén sanciones comerciales en caso de incumplimiento de sus disposiciones. Para entender la magnitud de este cambio, primero es necesario analizar cómo han funcionado estos capítulos hasta la fecha, cómo se espera que operen en el futuro, y prestaremos especial atención al ALC entre la UE y Nueva Zelanda, el primer y único acuerdo comercial bilateral comunitario hasta la fecha en materializar las propuestas contenidas en la comunicación de la Comisión.

V. CONCLUSIONES[Subir]

La Comisión Europea puede ser elogiada, en esta ocasión, por haber sabido escuchar las críticas y por haber procedido a revisar su modelo de CCDS para hacer las disposiciones sobre comercio y sostenibilidad integradas en los ALC europeos más efectivas. Esta revisión ha supuesto un cambio de rumbo en la PCC de la UE y el inicio de una transformación de su naturaleza predominantemente promocional hacia la condicionalidad comercial para la protección de los derechos laborales fundamentales y del medio ambiente, aunque sin excluir por completo la inclusión de medidas promocionales.

Como hemos podido comprobar, el modelo de CCDS basado en sanciones comerciales, tal y como las denomina la Comisión Europea, previsto en la comunicación de junio de 2022 posee virtudes, pero también defectos. La existencia de la posibilidad de recurrir a compensaciones económicas o a la suspensión temporal de las obligaciones derivadas del ALC constituye un desincentivo suficientemente significativo como para que los Estados no contravengan los estándares laborales y medioambientales internacionalmente reconocidos. Sin embargo, con el modelo condicional, se corre el riesgo de que muchas violaciones de las normas laborales y medioambientales fundamentales queden impunes si los Estados optan por no denunciarlas para no perjudicar la marcha de las relaciones económicas con sus socios comerciales. Asimismo, si no se configuran de manera correcta, las sanciones comerciales pueden acabar perjudicando a la población que, de hecho, ya es víctima de abusos a sus derechos laborales fundamentales y de un medio ambiente deteriorado.

Por otro lado, que la Comisión Europea tenga la intención de implementar su nuevo modelo basado en sanciones comerciales en los ALC no quiere decir que se pueda llevar a cabo y operativizar en todos los acuerdos con sus socios comerciales. La UE negocia acuerdos con socios muy heterogéneos en términos de desarrollo económico. Los socios comerciales de la Unión tienen economías avanzadas, como Canadá, Nueva Zelanda y Australia, pero también tienen economías en vías de desarrollo o en vías de transición como Indonesia, Vietnam o la India. Con las economías más avanzadas, que ya cuentan en la práctica con altos niveles de protección nacional de los derechos laborales fundamentales y del medio ambiente, será más sencillo integrar CCDS que contengan la posibilidad de recurrir a sanciones comerciales en caso de incumplimiento. Sin embargo, con los países en vías de desarrollo o en vías de transición, aún muy dependientes de los bajos costes laborales y medioambientales para ganar competitividad en los mercados internacionales, las negociaciones para la integración de sanciones comerciales se tornarán mucho más complejas y puede que, en muchos casos, no lleguen a buen término.

Finalmente, queda por dilucidar si este nuevo enfoque de la PCC de la UE basado en la condicionalidad comercial va a acabar redundando en una mayor y mejor implementación de los CCDS y sus disposiciones y, en última instancia, en un mayor compromiso con las normas laborales fundamentales y con los principales convenios multilaterales sobre medio ambiente. Sin embargo, no podemos dar una respuesta definitiva, pues dependerá de que las partes en el acuerdo tengan verdadera voluntad de aplicar el CCDS correctamente y de perseguir los eventuales incumplimientos.

A pesar de que se hace camino al andar, lo que sí se puede confirmar en estos momentos es que el mero hecho de negociar y aceptar disposiciones en materia de comercio y desarrollo sostenible cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones comerciales, como ha ocurrido con el ALC entre la UE y Nueva Zelanda, denota un fuerte compromiso con las normas laborales y medioambientales más elementales y la voluntad de seguir avanzando hacia un desarrollo económico sostenible. A la larga, si las economías menos avanzadas quieren seguir disfrutando del poder de acceso al mercado europeo para sus productos y servicios, algo a lo que ninguna está dispuesta a renunciar, acabarán aceptando las propuestas de la Comisión Europea y condicionando la obtención de preferencias comerciales al cumplimiento de los estándares laborales y medioambientales internacionalmente reconocidos por la comunidad internacional.