LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ, EL ROL DE LA JUSTICIA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

1. Rol de la oposición parlamentaria[Subir]

Desde la transición democrática iniciada el 2001, la mayoría parlamentaria fue conformada por el partido opositor al presidente electo. Ello contribuyó al debate de una pluralidad de posturas democráticas sobre el control y la fiscalización de las políticas del Poder Ejecutivo no siempre pacíficas, pero que permitieron el balance de poderes, así como la alternancia electoral en el poder presidencial, en las sucesiones presidenciales de Paniagua a Toledo el 2001, de Toledo a García el 2006, de García a Humala el 2011 y de Humala a Kuzcynski el 2016.

Sin embargo, a partir de las elecciones políticas del 2016 la oposición parlamentaria liderada por Keiko Fujimori —quien perdió las elecciones presidenciales del 2011 y 2016, como posteriormente del 2021— postuló con su mayoría absoluta en el Congreso un modelo de oposición parlamentaria iliberal, expresada, por un lado, por el bloqueo legislativo a las políticas de los presidentes de turno —Kuzcynski, Vizcarra y Castillo— en el reforzamiento de la lucha contra la violencia de género, la mejora de la calidad educativa, así como de la lucha frontal contra la corrupción.

Asimismo, el uso de las interpelaciones y censuras ministeriales, incluido el presidente del Consejo de Ministros —Fernando Zavala— el 2018, y el uso inédito de la cuestión de confianza por el Gobierno dieron lugar a que la mayoría parlamentaria reformara el Reglamento del Congreso (Resolución Legislativa N.º 007-‍2017-2018-CR) para constreñir el uso de la cuestión de confianza e impedir la recomposición del gabinete con algunos ministros del gabinete censurado; de lo contrario, la censura del gabinete no sería contabilizada para el supuesto de que el presidente de la República pudiera disolver el Congreso de haber censurado el Congreso a dos gabinetes ministeriales, de acuerdo con el art. 134 de la Constitución. La demanda de inconstitucionalidad de un grupo de congresistas de la minoría parlamentaria contra esta reforma del Reglamento del Congreso fue declarada fundada por el Tribunal Constitucional, que dispuso:

Por otro lado, la oposición parlamentaria ha estado dirigida a controlar indirectamente a los jueces del Poder Judicial y fiscales del ministerio público en investigaciones y procesos sensibles en la lucha contra la corrupción contra líderes y lideresa de los principales partidos políticos de su entorno, así como controlar al Tribunal Constitucional mediante la designación de sus nuevos magistrados o investigar a los titulares independientes del Jurado Nacional de Elecciones y de la Junta Nacional de Justicia para removerlos de sus cargos.

Así, la oposición parlamentaria, al estar integrada por fuerzas antiliberales en materia de derechos y críticas de los valores pluralistas de toda democracia, normalizó su control parlamentario mediante la interposición de denuncias constitucionales contra ministros y otras altas autoridades, así como también mediante el uso de la vacancia presidencial por incapacidad moral, que es un proceso parlamentario sumario, distinto del impeachment, que tiene reglas procedimentales esenciales del debido proceso. Así, la oposición parlamentaria en los últimos cinco años ha destituido por vacancia presidencial a los presidentes Pedro Castillo (2022) y Martín Vizcarra (2020), así como a Pablo Kuzcynski (2018), quien renunció a raíz del segundo pedido de su vacancia, nombrando presidentes en sus reemplazos a Dina Boluarte (2022), Francisco Sagasti (2020), Manuel Merino (2020) y Martín Vizcarra (2018).

2. Responsabilidad difusa del Gobierno[Subir]

La responsabilidad difusa del Gobierno con la Constitución se ha materializado cuando los tres presidentes mencionados han hecho uso inédito de los mecanismos constitucionales del equilibrio de poderes, al plantear al Congreso cuestiones de confianza sobre políticas del Gobierno a su cargo, asumidas con el voto del electorado. Anteriormente al 2016, la mayoría parlamentaria solo tenía la práctica de votar la cuestión de confianza al formarse el nuevo Gobierno, según manda el art. 130 de la Constitución, mas no existía la práctica de los ministros y del presidente del Consejo de Ministros de utilizar el voto de confianza facultativo para evitar el bloqueo parlamentario a una política gubernamental o ministerial. Pero, si se rechaza dos veces la confianza o se censura al gabinete de un Gobierno, el presidente de la República queda expedito para poder disolver el Congreso y llamar a elecciones para elegir un nuevo Congreso en no más de cuatro meses, según los arts. 132, 133 y 134 de la Constitución (‍Landa, 2020: 49 y ss.).

La doble negativa de la confianza a un gabinete ministerial se produjo el 2019, y el entonces presidente Vizcarra dispuso disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias, conforme al art. 134 de la Constitución; la misma que fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional ante un conflicto de competencia que planteó el presidente del Congreso disuelto contra el Poder Ejecutivo. En efecto, en la sentencia el Tribunal Constitucional dispuso que:

Luego de la disolución del Congreso y el llamamiento a nuevas elecciones congresales de enero del 2019, la nueva mayoría parlamentaria, siguiendo el tenor de la oposición parlamentaria contraria al Gobierno, inició dos procesos de vacancia presidencial contra el presidente Vizcarra; con el primero, en septiembre del 2020, no obtuvieron los 87 votos necesarios, pero con el segundo, en noviembre del 2020, obtuvieron 105 votos a favor. No obstante, antes del primer proceso de vacancia, el Poder Ejecutivo planteó un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional por el quebrantamiento del principio de división de poderes y el abocamiento indebido de atribuciones de los asuntos propios de la política del Gobierno. Sin embargo, debido al cambio de correlación de fuerzas en el interior del Tribunal Constitucional, este desestimó la demanda porque, una vez producida la vacancia, no había materia sobre la cual pronunciarse, a juicio de la mayoría de los magistrados (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 00002-‍2020-CC/TC, 19 de noviembre de 2020, FJ 6)^[1].

Así, la nueva mayoría del Tribunal Constitucional, al entrar en una deriva partidaria, en vez de adoptar un rol mediador, prudente y pacificador del conflicto en el Congreso y el Poder Ejecutivo como garante de la Constitución, lejos de resolver el conflicto, clarificando el contenido del instituto de la vacancia por permanente incapacidad moral, declaró improcedente la demanda, perpetuando, por un lado, la incertidumbre del alcance de la «incapacidad moral permanente» que deja una puerta abierta a siguientes conflictos y, por otro lado, retornando al viejo precepto absolutista hobbesiano del auctoritas, non veritas, facit legem («la autoridad, no la verdad, hace las leyes»).

Así, durante el período presidencial de Pedro Castillo (julio de 2021 a diciembre de 2022) la responsabilidad difusa hizo metástasis con la crisis de gobernabilidad. Por un lado, a través del abuso constitucional de los mecanismos constitucionales de control parlamentario: la interpelación a diez ministros y la censura a cinco ministros; las abiertas acusaciones constitucionales a los ministros y al presidente; los tres pedidos de vacancia presidencial por incapacidad moral; las cuatro denegatorias del Congreso del permiso solicitadas por el presidente para salir al exterior para cumplir con los compromisos internacionales del Estado, de acuerdo con la Constitución.

Por otro lado, se produjo el bloqueo de la oposición parlamentaria al uso constitucional del Gobierno de la cuestión de confianza sobre temas de reforma constitucional, mediante la Ley N.º 31355, y también se limitó el derecho al referéndum ciudadano para ejercer el derecho a una reforma constitucional que habilitase la convocatoria a una asamblea constituyente, según la Ley N.º 31999. Las mismas que fueron recurridas por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional por inconstitucionales, en la medida en que eran leyes ordinarias que suplían o modificaban mandatos constitucionales sin haber sido aprobadas mediante el procedimiento legislativo para las reformas constitucionales. Pero el Tribunal Constitucional, recompuesto por la mayoría parlamentaria opositora, convalidó dichas leyes al no obtener los cinco votos para declarar su inconstitucionalidad (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 00032-‍2021-PI/TC y ‍Exp. N.º 00001-‍2022-PI/TC, respectivamente).

El resultado de la crisis política ha sido el resquebrajamiento del principio de control y balance de poderes, manifestación también de un diseño orgánico constitucional imperfecto de la Constitución de 1993, que permite el abuso de las figuras constitucionales señaladas; situación que el Tribunal Constitucional ad hoc a la mayoría del Congreso ha validado en sus últimos fallos, proscribiendo incluso el control del Poder Judicial a los actos parlamentarios, al declarar la nulidad de resoluciones pasadas en calidad de cosa juzgada en materias de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público, el control de los procedimientos de juicio y antejuicio político, el proceso de designación del Defensor del Pueblo y todo lo actuado en el proceso de amparo seguido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para defender la autonomía y calidad universitaria (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 00003-‍2022-PCC/TC, 23 de febrero de 2023, numerales resolutivos 1, 2 y 3).

Pero lo inédito de la arbitrariedad de la sentencia del Tribunal Constitucional fue promover la sanción de los jueces al poner en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia —organismo constitucional disciplinario del Poder Judicial— «la conducta funcional de los jueces que han intervenido en los procesos constitucionales de amparo afectando competencias reservadas al Congreso de la República, a fin de que evalúe institucionalmente esos hechos conforme a sus atribuciones» (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 00003-‍2022-PCC/TC, 23 de febrero de 2023, numeral resolutivo 5)^[2].

Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado la necesidad de una regulación de ciertos institutos del control constitucional para evitar arbitrariedades, al señalar que:

3. Opinión pública[Subir]

La crisis de gobernabilidad democrática tiene un origen político y se expresa, por un lado, a través del abuso constitucional de los institutos de fiscalización y control parlamentario, que ha derivado en un desbalance y resquebrajamiento del principio de división y equilibro de poderes; y, por otro lado, este abuso constitucional ha atizado la crisis social de la desconfianza ciudadana en la clase política y las instituciones representativas del Estado, como el Congreso, más allá de las acusaciones de corrupción de sus presidentes y líderes, así como por las graves deficiencias del Ejecutivo en la prestación de los servicios públicos en beneficio de los ciudadanos más necesitados.

Por eso, la crisis encuentra un punto de inflexión o de no retorno con la destitución del presidente Pedro Castillo por la mayoría parlamentaria, así como por la designación de su sucesora por la oposición conservadora, lo que se ha puesto en evidencia con las protestas desde el día de su destitución porque expresan un sentimiento no solo de rechazo a la usurpación del voto popular que le dieron a Castillo, con el cual se identificaban étnica y socialmente, sino también por sentir que con su vacancia se retorna al trato discriminador y racista de las élites de la capital contra los provincianos y, en particular, los pueblos andinos y originarios (‍Lynch, 2023).

En ese entendido, en la opinión pública, por un lado, se ha generado un rechazo al Parlamento y al Gobierno que, según las encuestas de opinión, alcanza al 90 % y casi el 76 % respectivamente (‍Instituto de Estudios Peruanos, 2023). Pero, por otro lado, la respuesta ha sido social y política, mediante las movilizaciones de masas por más de tres meses, con la consecuente inestabilidad política recurrente y efectos económicos, que trasciende el conflicto democrático entre el Gobierno y la oposición parlamentaria desde el 2016 para convertirse a partir del 7 diciembre del 2022 en una confrontación de la sociedad civil del «Perú profundo» con el Congreso y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, debido a su falta de legitimidad.

Así, de forma inédita en la historia republicana, las poblaciones indígenas originarias se han movilizado para protestar en y desde sus territorios andinos y altiplánicos hacia Lima, capital que concentra a la élite —política, económica y mediática— que ejerce el poder de forma exclusiva y excluyente. Las protestas no son solo por la represión militar, las muertes y la discriminación, sino para demandar elecciones generales —parlamentarias y presidenciales— el 2023 y la convocatoria de un referéndum popular para una asamblea constituyente. Lo cual pone al pueblo como sujeto activo para la reconstrucción de la democracia, antes que como sujeto pasivo de la misma (‍Dinegro, 2023).

Por ello, cabe analizar si existe un momento constituyente que pueda canalizar el conflicto social emergente; cuáles serían las instituciones necesarias de reforma constitucional para restablecer el equilibrio de poderes y la procura del bienestar general, en atención a las demandas ciudadanas, sobre todo de las poblaciones más vulnerables; así como cuál sería el proceso de reforma más adecuado para lograr no solo la paz y el orden civil, sino también una democracia inclusiva y participativa.

1. Soberanía popular[Subir]

Se requiere, en primer lugar, del reconocimiento del principio de soberanía popular. Es importante remarcarlo para la gobernabilidad democrática, porque, en el Perú, las fuerzas políticas de la mayoría parlamentaria que perdieron las últimas elecciones presidenciales del 2021 no se sienten vinculadas a la opinión pública expresada tanto en los resultados electorales (‍El País, 2021) como en las actuales encuestas de opinión, dado que han capturado el Poder Ejecutivo destituyendo y nombrando presidentes sin el respaldo del voto popular.

Ello es debido a la crisis de legitimidad que padecen históricamente los partidos políticos y el Congreso, que se pone en evidencia cuando desoyen las demandas de la población para nuevas elecciones políticas para el 2023 y ante la resistencia de la mayoría parlamentaria conservadora de convocar al pueblo mediante un referéndum para definir si se demanda una asamblea constituyente, a pesar que el 69 % de la población así lo exige; por eso, el Congreso apenas tiene un 9 % de la aprobación ciudadana (‍Instituto de Estudios Peruanos, 2023).

En una democracia imperfecta como la peruana, las élites políticas, económicas y sobre todo mediáticas —el Grupo El Comercio controla el 80 % de la prensa escrita a nivel nacional— construyen discursos al margen de la mayoría de la opinión ciudadana, para evitar o diferir los cambios políticos constitucionales demandados para reducir el período gubernamental de la presidenta y del Congreso, para llamar a nuevas elecciones generales que incluyan una consulta popular para que mediante un referéndum se pueda convocar a una asamblea constituyente.

De modo que el principio democrático de la soberanía popular debe ser restablecido como parte esencial del respeto al poder constituyente en el marco de la Constitución, porque permite incorporar a los movimientos sociales, la opinión pública y demás actores en una democracia participativa e inclusiva. En este sentido, las fuerzas políticas están obligadas a escuchar y observar la voluntad ciudadana expresada no solo en la opinión pública, sino también en las manifestaciones públicas en las calles, avenidas, plazas y carreteras, en la medida en que en una democracia el poder emana del pueblo y sus autoridades lo ejercen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Más aún si «casi siempre se escriben las nuevas constituciones después de una crisis o de circunstancias excepcionales de algún tipo […] Por mucho […] el vínculo entre crisis y creación constitucional es muy fuerte» (‍Elster, 1995: 370). Por eso, el pueblo soberano en una democracia es el titular del poder constituyente.

2. Legitimidad social[Subir]

En segundo lugar, existe la necesidad de que las fuerzas y los líderes políticos sean capaces de valorar las demandas sociales, tanto la reforma constitucional urgente para la renovación del actual período gubernamental como la reforma sustancial necesaria y, a ser posible, de mayor calado de la Constitución. Esto, debido a la grave crisis de legitimidad del Gobierno de la presidenta Boluarte, a pesar de que se erigió legalmente cuando asumió la Presidencia por designación del Congreso ante la súbita vacancia del entonces presidente Pedro Castillo, que intentó realizar un frustrado autogolpe de Estado.

Ahora bien, las movilizaciones ciudadanas representan un intento preliminar de organizar libre y conscientemente una forma política de existencia colectiva, a través de «principios de acción inmanentes» (‍Kalyvas, 2005: 101), legitimados en los valores de justicia, igualdad y dignidad, que otorgan una fuerza social constituyente a la población movilizada para demandar nuevas elecciones políticas generales ahora, pese a que el período gubernamental de cinco años constitucionalmente está previsto que termine el 28 de julio de 2026.

De ello la presidenta Boluarte ha ido tomando conciencia, aunque, igual que la mayoría parlamentaria del Congreso, se resiste y dilata la decisión final del adelanto de elecciones políticas, lo que no es sino otra forma de entronizarse en el poder ilegítimamente sin el voto democrático del pueblo y a partir de ello diferir la concretización de la reforma constitucional mediante el uso desproporcionado de la fuerza pública en las zonas de alta movilización y protesta social, incluida Lima, que es la sede del Gobierno nacional.

Pero en el proceso de protestas sociales ha habido principios implícitos, que seguro serán explicados y confirmados durante el debate de un renovado orden constitucional, que se basan en la autonomía política y libre autodeterminación, los mismos que subyacen en la cultura de los pueblos andinos y aymaras y que legitimarán la construcción del marco histórico del ordenamiento de un nuevo documento constitucional que forje una renovada comunidad política (‍Habermas, 2001: 776-‍777).

Pero el principal problema, de aceptarse las reformas, está en que las élites del poder político, económico y mediático podrían instrumentalizar dichos cambios constitucionales, sin valorar la Constitución como una guía de consensos básicos comunes de la sociedad en transformación, sino como un instrumento útil para perpetuar sus propios intereses. Por ello, es importante que se reconozca la legitimidad social que comporta una nueva identidad constitucional.

3. Identidad constitucional[Subir]

Un tercer elemento importante en la construcción del momento constituyente es el de la identidad constitucional fundada en la legitimidad democrática, que se pone de manifiesto en este período histórico en el que la mayor parte de la población considera que nos encontramos ante un momento constituyente surgido por el desgaste del modelo de la Constitución de 1993 en la pospandemia, por ser centralista en lo político, neoliberal en lo económico y discriminador en lo social (‍Rumrril, 2023), lo cual ha abierto la brecha de la desigualdad social, la discriminación y hasta el racismo; por algo el Perú es el cuarto país más desigual del mundo (‍World Inequality Report, 2022).

Si bien la Constitución de 1993 abrió todas las puertas al mercado convirtiéndolo en la base de la economía y el desarrollo, también reconoció algunas manifestaciones del pluralismo étnico cultural y la autonomía de sus organizaciones —campesinas y nativas— en el manejo de su territorio y derecho consuetudinario. Así, la identidad social de las comunidades andinas y altiplánicas se afirma en las movilizaciones sociales no solo en contra de las élites —políticas, económicas y mediáticas— asentadas en la capital, sino que también expresa la base para la renovación de su identidad social originaria.

Porque esta identidad está basada en la Constitución, no solo en el pluralismo étnico-cultural y la autonomía en sus organizaciones comunales y su derecho consuetudinario, sino también por el ejercicio de los derechos fundamentales clásicos, como el derecho a la libertad de expresión, a la protesta y a la participación —social, política y económica—, que juegan un papel importante en la formación o en las reformas constitucionales que se tratan de realizar en estos momentos. Por eso, «el significado de una Constitución en la formación de la identidad se puede comprender mejor cuando se distingue entre la identidad constitucional directa o inmediata y la indirecta o mediata» (‍Von Bogdandy, 2005: 18).

La Constitución tiene efectos directos e inmediatos en la construcción de la identidad cuando opera como criterio rector en los procesos de integración nacional, lo cual requiere que una amplia mayoría de ciudadanos vea en la Constitución el fundamento de su pertenencia a ella. Mientras que la Constitución tiene efectos indirectos cuando configura criterios determinantes del comportamiento social, como el ejercicio del derecho de protesta, fundados en el principio de igualdad y no discriminación. «Otro papel mediato que juega la Constitución en la formación de la identidad resulta de su contribución a la operatividad de la democracia, la transparencia, el Estado de derecho y la eficiencia de un sistema político, que en razón de estas cualidades forma la identidad social» (‍Von Bogdandy, 2005: 19).

En consecuencia, el soberano constituyente evoca, basándose en su legitimidad social, la forja de una renovada identidad constitucional, lo cual representa un momento extraordinario, propio de un período de una creciente intervención y participación ciudadana en el proceso de establecer una nueva Constitución debido al agotamiento de la democracia constitucional neoliberal en lo económico y conservadora en lo social y político. «Esta formulación de soberanía popular en términos del poder constituyente de una comunidad política expansiva es una reaseveración mucho más sofisticada del viejo y fundamental principio democrático de autogobierno y autodeterminación, de acuerdo con el cual el pueblo es el autor de las leyes que lo gobiernan» (‍Kalyvas, 2005: 116-‍117).

1. Derechos fundamentales[Subir]

La consulta previa es un derecho emergente de los pueblos indígenas u originarios establecidos en los territorios americanos, que habitaban desde antes del establecimiento del Estado republicano y colonial, que debería constitucionalizarse como un derecho fundamental. Se basa en el derecho a la libre determinación, junto con la concepción que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra que es su territorio, en la medida que sirven de base para la configuración y sustento del derecho a la consulta previa.

Este derecho, que viene a ser una concretización del derecho a la participación ciudadana del art. 2. 17 de la Constitución peruana, se encuentra explícitamente recogido en los arts. 6 y 7 del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así, el art. 6, literal a), señala que cada vez que un Estado prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, el Gobierno tendrá que consultar previamente y mediante los procedimientos apropiados e instituciones representativas. Tales consultas deberán efectuarse de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento de las medidas propuestas (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 3343-‍2007-PA. 19 de febrero de 2009, FJ 33).

La educación de calidad también se ha convertido en un servicio esencial, en la medida que el derecho a la educación como derecho fundamental supone el ejercicio de determinadas facultades como el acceso al servicio educativo sin discriminación, el derecho a permanecer dentro del proceso educativo y el derecho a una educación de calidad; esta última supone que los contenidos educativos y el servicio prestado se sujeten al cumplimiento de determinadas condiciones que aseguren la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, tales como una infraestructura adecuada, bibliotecas, laboratorios, ambientes para deportes, así como como docentes capacitados, básicamente (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 4232-‍2004-PA, 3 de marzo de 2005, FJ 13).

Pero también han surgido nuevos derechos sobre viejas y nuevas necesidades como la alimentación y el acceso al internet. Así, el acceso a una alimentación adecuada constituye un derecho no solo reconocido en los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino también dentro del ordenamiento jurídico peruano. En efecto, el concepto de derecho a la alimentación, tal como lo entiende el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en su comentario general 12, se define por la sostenibilidad de la prestación alimentaria, la disponibilidad y la accesibilidad a los medios alimentarios, la adecuación de dichos medios para satisfacer las necesidades alimentarias de sus titulares y la progresividad en el cumplimiento de la prestación por parte del Estado.

Por ello, el Tribunal Constitucional ha considerado desde hace años que la concretización del derecho social fundamental a la alimentación es progresiva, en tanto se da en función de tres umbrales de satisfacción que desarrolla en su jurisprudencia. Primer umbral: la obligación mínima del Estado. Segundo umbral: las políticas programáticas de desarrollo en materia social. Tercer umbral: la satisfacción de las finalidades individuales. En esa línea, reconoce la obligación incondicional mínima del Estado de asegurar la provisión y acceso a alimentos que eviten padecer hambre a sus titulares y garanticen la funcionalidad corporal de los mismos (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 01470-‍2016-PHC/TC, 12 de febrero de 2019, FJ 27).

En relación con el derecho a internet, el Congreso ha aprobado una reforma constitucional en primera votación para reconocer el derecho de acceso al internet como un derecho fundamental, con el siguiente tenor: «El Estado reconoce el derecho al acceso al internet, las tecnologías de la información y comunicación. En especial para el sector educativo y las zonas rurales del país, sobre la base de la protección y la defensa de los intereses sociales y ambientales», indica el texto añadido al art. 14 de la Constitución; pero quedó para una segunda votación, desde el 2020. Aunque ya el Tribunal Constitucional del Perú, desde el 2001, reconoció la importancia del internet como derecho constitucional habilitador de otros derechos constitucionales, al considerar que la sociedad se encuentra frente a un derecho que se constituye en conditio sine qua non para el disfrute y ejercicio de otros derechos constitucionales como el trabajo y el derecho a la educación (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 00002-‍2001-AI/TC, 4 de abril de 2001, FJ 12).

En cuanto a la salud, luego de la pandemia del COVID-19, se demanda constitucionalizarla como un derecho fundamental con naturaleza de servicio público, recogiendo los deberes estatales, señalados en la jurisprudencia y doctrina constitucional (‍Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N.º 05842-‍2006-PHC/TC, 7 de noviembre de 2008, FJ 45). Consagrando sus elementos esenciales: (i) disponibilidad; (ii) accesibilidad (comprende a su vez cuatro dimensiones: no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información); (iii) aceptabilidad; y (iv) calidad, según dispone el punto 12 de la Observación General N.º 14, de conformidad con el art. 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales.

2. Equilibrio de poderes[Subir]

Como «todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente», según lord Acton, es necesario recalibrar el equilibrio de los poderes de forma vertical y horizontal. Vertical, a través de la descentralización eficiente del poder público, centralizado históricamente en la capital y en sus élites, debido a las demandas insatisfechas de las poblaciones del interior del país, mediante la consagración constitucional del principio de la transferencia de presupuestos estatales orientados a las obras y servicios públicos locales, con asistencia técnica y capacidad de gestión, transparencia en el gasto público y rendición de cuentas, tanto a nivel de los Gobiernos regionales como de las municipalidades provinciales.

La falta de equilibrio de poderes a nivel horizontal se ha debido al uso y abuso de la mayoría parlamentaria, así como del sistema de control parlamentario como sanción en un sistema unicameral sin un sistema de partidos, lo cual ha producido que en los últimos cinco años el Congreso, en sustitución de la voluntad popular expresada en las urnas, haya nominado a cuatro presidentes —Vizcarra, Merino, Sagasti y Boluarte—, destituido a dos presidentes —Vizcarra y Castillo— y hecho renunciar a un presidente —Kuzcynski— por incapacidad moral, institución que debe ser abolida.

Asimismo, se hace necesario recrear el Senado, renovar parcialmente la Cámara Baja del Congreso, asegurar la transparencia en el gasto público congresal y controlar judicialmente las denuncias constitucionales por sus excesos arbitrarios, así como la institucionalización de la renovación plural de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección independiente del Defensor del Pueblo, la designación meritocrática del Contralor General de la República y de los integrantes del Banco Central de Reserva, respetando la independencia de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones (‍Ministerio de Justicia, 2001: 774-‍778; ‍Naciones Unidas-Perú, 2023).

3. Régimen económico[Subir]

Luego del fracaso del libre mercado ante la pandemia del COVID-19, el avance de la pobreza y la desigualdad, la depredación del medio ambiente, entre otros, se demanda consagrar constitucionalmente postulados materiales de solidaridad, justicia económica y bien común. Esto es así en la medida en que «el mercado, en el Estado constitucional, es —como toda la vida social— estructurado, funcionalizado y disciplinado normativamente, y, esto es, constituido» (‍Häberle, 1997: 15).

Por ello, ante la acelerada degradación del planeta debido a la crisis climática y de la energía, se hace necesario incorporar el desarrollo sostenible al modelo económico de la economía social de mercado, protegiendo razonable y proporcionalmente la explotación de los recursos naturales —renovables y no renovables— y a la propia naturaleza, mediante la procura de un medio ambiente adecuado para beneficio de todos (‍Ferrajoli, 2022: 65; ‍Smajs, 2018) y, en particular, garantizando la seguridad personal de los defensores del medio ambiente, que son los pobladores locales, usualmente de los pueblos amazónicos, andino y altiplánicos.

En una suerte de redistribución de las cargas públicas y sociales, se debería restablecer el mandato constitucional del deber de contribuir tributariamente de acuerdo con la capacidad económica, promover la formalización de los pequeños empresarios, así como penalizar el monopolio, el acaparamiento y la concentración de bienes y servicios públicos y privados, según ley.