LAS POLISEMIAS DE LA PAZ EN COLOMBIA: PAZ TERRITORIAL, PAZ CON LEGALIDAD Y PAZ TOTAL

I. INTRODUCCIÓN: LOS MÚLTIPLES ESFUERZOS POR LA PAZ EN COLOMBIA[Subir]

El conflicto armado colombiano ha sido el más longevo, violento y complejo de la historia latinoamericana del siglo xx (y xxi). Sus orígenes formales parten de la eclosión de las primeras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1964, pero buena parte de los fundamentos políticos y sociales se inscriben en acontecimientos que transcurren desde mediados de la década de los cincuenta (‍Pizarro, 2011). Esto conecta con el ciclo de violencia política en el que tiene lugar el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán (1948) y que, a su vez, responde a un marco de profunda agitación dado tras la llegada al poder, en 1946, del conservador Mariano Ospina (‍Ríos, 2021). Según la Comisión de la Verdad y su informe publicado en ‍2022, en las últimas décadas de conflicto, entre 1985 y 2018, se han contabilizado más de 450 000 muertes violentos, 120 000 desapariciones, 50 000 secuestros y 8 000 000 de desplazamientos forzados, por no mencionar otras expresiones diferentes de violencia^[1]. Junto a longevidad y virulencia, la complejidad es patente a tenor de la multitud de formaciones guerrilleras de primera y segunda generación, surgidas entre la década de los sesenta y los ochenta, a la que se añaden fracturas, disidencias, reincidencias, distintas generaciones de formaciones paramilitares —asociadas en muchos casos a elites políticas nacionales y regionales— y cárteles de la droga (‍Villamizar, 2017).

Sobre estas circunstancias, el Estado colombiano, especialmente desde inicios de los ochenta, ha concebido siempre la necesidad de superar su episodio de violencia, de manera que la paz, en muchas ocasiones, ha ocupado un lugar central en las diferentes agendas gubernamentales. Los procesos de La Uribe y Corinto (1984), impulsados por el Gobierno conservador de Belisario Betancur (1982-‍1986), fueron imposibles por la concurrencia de una paz saboteada, que contravenía los intereses de los grupos paramilitares en alza (‍Medina, 1990; ‍Ronderos, 2014), parte de algunos sectores de las Fuerzas Militares (FF. MM.) y la posición de beligerancia de las mismas guerrillas (‍Ramírez y Restrepo, 1988) —como se hizo evidente en la VII Conferencia Guerrillera de las FARC-EP (1982) o la VIII Conferencia Nacional del M-19 (1982)—.

Por su parte, el Gobierno del liberal Virgilio Barco (1986-‍1990), sin aceptar la mayor parte de las condiciones que su precursor dispuso para la paz, tuvo que disponer de herramientas para su culminación una vez que, desde finales de 1988, el M-19 asume la necesidad de un marco negociador con el Gobierno. Esta guerrilla entendía que cualquier atisbo de cambio social y político no podía provenir por la vía del escalamiento de la violencia ni del mayor vínculo con las economías ilícitas (‍Pizarro, 2017). Esto generó un efecto emulador en otras formaciones armadas, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (1982), la Autodefensa Obrera (1974), la Guerrilla Indigenista Quintín Lame (1984) o la mayor parte del Ejército Popular de Liberación (1967), desmovilizadas bajo la presidencia de César Gaviria (1990-‍1994) (‍Villarraga, 2013).

Este Gobierno liberal entendía que un nuevo tiempo llegaba a Colombia —también a tenor de lo que sucedía en el escenario internacional—, lo cual exigía de una modernización del Estado y su respectivo orden constitucional (de 1889), recogido en el espíritu reformista y dinamizador de la Constitución de 1991 (‍Rodríguez Villabona, 2021). Nada de lo anterior se tradujo en avances de paz con respecto a las FARC-EP o el ELN, que pese a las conversaciones de Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala nunca evidenciaron muestras significativas de avance, al margen de la desmovilización de una importante facción del ELN: Corriente de Renovación Socialista (‍Pécaut, 2006).

También la presidencia de Ernesto Samper (1994-‍1998), fuertemente afectada por lo que fue el proceso 8000^[2], dispuso de una política de paz con poco recorrido. Con las FARC-EP prácticamente no se entabló conversación alguna (‍Samper, 2000), si bien se lograron avances notables en la interlocución con el ELN, como muestran, primero, el Preacuerdo de Viana y, después, el Acuerdo de Puerta del Cielo. No obstante, el concepto de paz que dirigió tales acercamientos siempre fue generalista, impreciso e impracticable (‍Chernick, 2012). Esto último, también por las circunstancias de incertidumbre electoral que supusieron las elecciones presidenciales de 1998 —los avances se habían plasmado a partir del mes de febrero de aquel año — y por la muerte por hepatitis b del comandante en jefe del ELN, Manuel Cura Pérez, el 14 de febrero de 1998 (‍Calvo, 2021 [1998]).

Bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-‍2002) se desarrolló el conocido como proceso del Caguán, aunque sobre la base de condiciones de madurez inexistentes (‍Pizarro, 2011). La bonanza económica de la guerrilla, en buena parte gracias a los ingresos provenientes del negocio de la droga (‍Aguilera, 2010), se sumaban a una geografía de la violencia que, entre paramilitarismo y guerrilla, afectaba a casi la mitad de los municipios del país (‍Echandía, 2006). Así, mientras que el Gobierno aprovechaba el proceso de paz para aumentar sus capacidades de combate, incrementar el gasto público en seguridad y defensa, modernizar las FF. MM. y suscribir una primera versión del Plan Colombia, la guerrilla igualmente se fortalecía (‍Ríos, 2021). Las FARC-EP superaban los 17 000 efectivos y ochenta frentes de guerra en más de trescientas municipios (‍Pécaut, 2008), haciendo inviable cualquier atisbo de avance a lo largo de los 1139 días que duró el diálogo, sobre la base impracticable de una agenda con docetemas y 48 subtemas.

La llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-‍2006, 2006-‍2010) no se entiende sin lo anterior y sin la afectación sobre el orden geopolítico de los atentados del 11-S (‍Cairo, 2018). La política de paz que se plantea es la de una paz negativa, en los términos que plantea Johan Galtung (‍1969). Es decir, concebir la paz como la ausencia de guerra, para lo cual se aboga por elevar exponencialmente los niveles de militarización y confrontación armada con las guerrillas, a la vez que se desmoviliza, de manera cuestionable en términos jurídicos, a las Autodefensas Unidas de Colombia (‍Espinosa y Ríos, 2022). Todo, bajo un gasto público próximo al 4 % del PIB en seguridad y defensa, el incremento de 313 000 a 440 000 policías y militares y la creación de nuevas capacidades de combate que terminan por afectar y debilitar tanto a las FARC-EP como al ELN (‍Mindefensa, 2010; ‍Echandía y Cabrera, 2017).

La llegada de Juan Manuel Santos en 2010 a la Presidencia de Colombia (2010-‍2014, 2014-‍2018) inicialmente hace valer un cierto halo de continuidad con respecto a la política de su predecesor. De ello da cuenta los operativos militares que, en su primer año de mandato, causan la muerte de Mono Jojoy y Alfonso Cano. No obstante, el contexto nada tiene que ver con el pasado, en la medida en que la derrota estratégica de las FARC-EP (y del ELN) no representa una derrota militar, exhibiendo una situación de enquistamiento que obliga a asumir la necesidad de intercambios cooperativos a través de un proceso de negociación desde el que aspirar a finalizar la confrontación armada.

Todos estos procesos dan cuenta de la importancia que ha representado la paz en los Gobiernos sucesivos de las últimas décadas, pero también del importante momento que viene atravesando el Estado colombiano en sus esfuerzos por encontrar la manera de poner fin a tan particular proceso de violencia. Además, en todos estos casos es posible advertir diferentes posiciones discursivas en favor o en contra de los múltiples significados que la paz ha supuesto para el desarrollo de cada una de las agendas gubernamentales (‍Cairo y Ríos, 2019). De este modo, las siguientes páginas intentan centrar su análisis en la construcción discursiva en torno a la paz que tiene lugar bajo los últimos tres Gobiernos de Colombia. Esto es, las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-‍2018), Iván Duque (2018-‍2022) y Gustavo Petro (2022-‍2026), y los respectivos procesos de paz territorial, paz con legalidad y paz total, acuñados respectivamente.

Se trata de un abordaje disciplinar propio de la ciencia política y, en concreto, del análisis del discurso, para lo cual se parte de una premisa de investigación clara: cada momento de la paz está atravesado por una disputa discursiva que hace que dicha paz resulte un concepto puramente polisémico, con diferentes acepciones y posibilidades, marcadas por el actor que produce el discurso y su lugar de enunciación (‍Cairo et al., 2018). Así, una pregunta de partida sería la siguiente: ¿cuáles y cómo se dirigen y se relacionan las narrativas sobre la paz en cada uno de estos tres momentos políticos? La forma de problematizar dicha paz, orientar sus esfuerzos a efectos de materialización y disponer de repertorios para su implantación, difiere en función del actor y del momento.

En términos de pluralidad de narrativas^[3], en este trabajo se identifican al menos cinco lugares de enunciación. Un conservatismo liberal que entiende la necesidad de una paz negociada, un conservatismo radical (uribista) que reduce la paz a la mera ausencia de guerra y un progresismo que amplía su noción de paz en términos semánticos y semióticos. A estos se suma una mirada restrictiva, aunque con matices, representada por las FF. MM., y una mirada particular, por su condición de actor en transformación, en las extintas FARC-EP, hoy organizadas en el partido Comunes.

El trabajo dispone de cuatro partes diferenciadas. Tras esta introducción inicial, se presenta la comprensión teórica de la paz como elemento discursivo y práctico, toda vez que se remarcan algunos de los aspectos metodológicos más importantes. Después, se intentan analizar, desde esta perspectiva plural, las diferentes acepciones de paz territorial, paz con legalidad y paz total. Con ello se podrán observar continuidades y rupturas que permiten visibilizar el marco de las coordenadas políticas desde las que se produce el discurso. Finalmente, las conclusiones, aparte de corolario frente a los hallazgos obtenidos, reivindican futuras líneas de trabajo desde las que seguir aportando conocimiento a un objeto de estudio con inconmensurables posibilidades de reflexión y estudio.

II. LA PAZ COMO DISCURSO POLÍTICO: NARRATIVA Y PRÁCTICA POLÍTICA[Subir]

Toda narrativa, en tanto que instrumento del análisis discursivo, exige capturar y problematizar disímiles argumentaciones respecto al modo de comprender y validar un fenómeno político. En estas páginas, como se ha advertido, de lo que se trata es de desarrollar esta cuestión en relación con cómo se concibe la paz desde diferentes posiciones políticas y en atención a tres Gobiernos diferentes. De acuerdo con Lanza (‍2017), hacer uso de las narrativas como instrumento analítico otorga la posibilidad de construir un conocimiento sistemático respecto de cómo se interpreta y representa un proceso político dado, complejo y polisémico, y atravesado por distintos lugares de atención y enunciación.

Estos relatos, según Barzelay y Cortázar (‍2004), no deben reducirse a dimensiones temporales restringidas, pues el sentido de la narrativa, por lo general, conduce al entrevistado a ejercicio de retrospección, en el que pasado y presente son imbricados en aras de constituir una trama en la que se contrasta el objeto de análisis, a su vez, con conjeturas propias del investigador y la evidencia relativa del fenómeno estudiado. Todas las narrativas que se utilizan en un planteamiento como el aquí recogido están cargadas de ideología, pues como afirma Geertz (‍1987: 178), son «mapas de una realidad social problemática y matrices para crear una conciencia colectiva». O parcialmente colectiva, en donde tales narrativas, además, definen o ensombrecen categorías políticas, estabilizan o perturban expectativas sociales, fortalecen o alivian posiciones de consenso político o, todo lo contrario, alivian o soliviantan tensiones sociales (‍Ariño, 1997; ‍Van Dijk, 2005). Por medio del análisis discursivo y el estudio de estas narrativas es posible entender qué se entiende por paz y qué no en aras de una transformación sociopolítica, institucional y territorial, necesaria como elemento de superación de un escenario de violencia dado, como el colombiano.

A partir de lo anterior, recurriendo a Edelman (‍1991), se podría señalar cómo en los conflictos sobre el significado de las cosas es donde verdaderamente transcurre la política. Por medio del lenguaje político presente en las narrativas empleadas se puede entender la construcción de creencias sobre aliados y adversario políticos, la manera de gestionar la paz como herramienta transformadora al servicio del Gobierno o los diferentes grados de legitimación de esta. Del mismo modo, se desarrollan lecturas reconstructivas del pasado, proyecciones hacia el futuro o repertorios de acción al servicio de la ciudadanía respecto a qué se entiende y problematiza por paz como instrumento al servicio de la transformación de la violencia (‍Van Dijk, 2004).

Respecto al estudio sobre la paz en Colombia, aunque predominan otro tipo de trabajos, en el abordaje discursivo recientemente han aparecido publicaciones de interés (‍Duarte y López, 2022). En relación con la paz territorial, el trabajo de Cairo et al. (2018) es de los primeros en sostener el carácter polisémico de la paz, tal y como arguyen en un trabajo posterior Cairo y Ríos (‍2019). Igualmente, son de necesaria atención, más relacionados con el proceso de paz que con la paz misma, las aportaciones de Olave (‍2013), centrado en el marco interpretativo de Estado y guerrilla sobre el proceso de paz, o Álvarez y Suárez (‍2016), al realizar un análisis crítico del discurso centrado en la apertura de los diálogos. Más recientemente, y centrados sobre el discurso en torno al plebiscito, estarían los trabajos de Cardona y Londoño (‍2018) o Chenou y Restrepo (‍2023).

En lo que guarda relación con el mismo abordaje analítico, pero sobre la cuestión de la paz con legalidad del Gobierno de Iván Duque, son de resaltar varias publicaciones. El trabajo más completo es el publicado por Parra (‍2023), quien a partir de un análisis de 126 discursos pronunciados por Iván Duque analiza la relación semántica entre paz y legalidad, pero también la relación entre narcotráfico y securitización, mostrando cómo Duque proyecta discursivamente una imagen de salvador de la nación. Otros trabajos más limitados serían los de Ríos y Morales (‍2021), centrados en buscar la contradicción entre el aparato discursivo que Duque proyecta en el exterior y la realidad nacional del proceso de implementación del Acuerdo. A lo anterior se complementarían otras miradas relacionales, focalizadas en el estudio de narrativas cruzadas sobre las concepciones de paz de Juan Manuel Santos e Iván Duque (‍Guerra y Badillo, 2021); en atención a las perspectivas discursivas de las disputas públicas (‍Olave, 2019; ‍2021); o a partir de las diferentes posiciones que, sobre la implementación, guardan la dirección del partido Comunes y sus principales opositores, o las propias FF. MM. (‍Ríos et al., 2023; ‍Ríos, 2023). Por supuesto, en relación con el análisis discursivo sobre la paz total todavía no hay publicaciones de relevancia, de modo que esta sería una de las razones que justifican la necesidad y relevancia de este trabajo. Un aspecto que se suma a otro, como es el planteamiento de un estudio de narrativas cruzadas, aparte, incardinadas en un análisis longitudinal que integra tres presidencias en su cobertura temporal de estudio.

Antes de finalizar esta discusión teórica queda señalar, a modo de apunte metodológico, que las entrevistas analizadas en ningún caso sirven ni consiguen homogeneizar las narrativas de los entrevistados. Estas forman parte de un proyecto de investigación centrado en el análisis discursivo, que ha comprendido un total de siete años y más de sesenta entrevistas a protagonistas del conflicto armado y su transformación, siempre bajo criterios de pertinencia, pluralidad, representatividad y saturación^[4]. Todos fueron preguntados bajo una misma estructuración de preguntas, centradas en la conceptualización de la paz y su problematización. Es decir, cómo la paz era diagnosticada teóricamente y concebida como práctica política, hacia donde debía dirigirse como fundamento de la transformación de la violencia y de acuerdo con qué repertorios e instrumentos para su culminación y desarrollo. De esta manera, el modo de utilizar las narrativas a lo largo del trabajo responde a una selección de extractos que se entiende que son los que mejor ilustran o verbalizan la particular manera de cada entrevistado de conceptualizar la paz. Esto es, ya sea a modo de respaldo discursivo o, todo lo contrario, de manifiesta oposición política a la particular conceptualización de la paz.

En concreto, para este trabajo se entrevistaron de manera semiestructurada un total de dieciocho personas (tabla 1). Las entrevistas se realizaron entre febrero de 2017 y junio de 2023, mayormente en Bogotá, y con una duración comprendida entre los sesenta y los noventa minutos. Todas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados, advirtiendo del uso textual de sus relatos con fines estrictamente académicos. Todos aceptaron ser citados a excepción de un mayor general del Ejército y dos brigadieres generales, que prefirieron mantener su voz anonimizada.

III. EL DISCURSO POLÍTICO SOBRE LA PAZ TERRITORIAL[Subir]

En relación con la paz territorial debe decirse, primero, que se trata de la concepción distintiva que se asocia al Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en noviembre de 2016. Su primera aparición fue verbalizada en una conferencia de su principal valedor, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Este, en 2014, reconocía cómo «el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz. […]. Eso es lo que llamo la paz territorial» (‍2014, 1).

Los cinco puntos nucleares del Acuerdo —a excepción del sexto— incorporan un eminente enfoque territorial en favor de priorizar la transformación de la violencia en aquella geografía que, tradicionalmente y durante las últimas décadas, fue más golpeada por el conflicto armado. La reforma rural integral, prácticamente, en todo su articulado, pero también la participación política y el fortalecimiento de la democracia local, sumado a la reincorporación, principalmente colectiva, de los excombatientes fue concebida en términos territoriales. Otros elementos como la imbricación del punto 4, relativo a la intervención y transformación de las economías ilícitas a partir de políticas e incentivos para la mitigación de cultivos o, incluso, varios aspectos relativos al componente de víctimas —como los diálogos territoriales de la Comisión de la Verdad o el funcionamiento de algunas instancias de la JEP— fueron definidos desde una perspectiva territorial con igualmente limitaciones, ausencias y claros desafíos en su desarrollo teórico y práctico (‍Bautista, 2017; ‍Eaton, 2021).

El asumir que las narrativas y prácticas discursivas responden a diferentes construcciones del significado político y, por ende, a lugares plurales de enunciación que se inscriben en múltiples ideas, valores, concepciones, intereses o símbolos, implica aceptar que la paz territorial es caracterizada, problematizada e interiorizada de manera muy diferente. Esto, en función de si hablamos del Gobierno —y su espectro partidista afín en ese momento—, de las FARC-EP, de las FF. MM. o del conservatismo opositor —mayormente organizado alrededor de Álvaro Uribe—.

Para el Gobierno de Juan Manuel Santos —y en todo el arco partidista de lo que mayormente se podría definir como conservatismo liberal en favor del Acuerdo—, la paz territorial es una suerte de proyecto descentralizador^[5] que supone una deuda histórica del Estado con una periferia territorial, mayormente olvidada por la institucionalidad, tal y como reconoce Sergio Jaramillo al ser entrevistado: «Lo único que va a lograr [una paz duradera y estable] es un encauzamiento institucional de los conflictos y una mínima capacidad institucional a la gente que ha vivido en esas zonas de periferia y conflicto. De ahí nace, en mi reflexión, la idea de paz territorial» (Sergio Jaramillo, entrevista personal, Bogotá, 10/2/2017).

En otras palabras, paz territorial equivale a una consolidación de mínimos en la base territorial del Estado, lo cual se integra en la concepción galtuniana de la paz positiva (‍Galtung, 1969). Esto es, promover reformas estructurales, mayormente de naturaleza agraria, que, coadyuvadas por incentivos de inversión, infraestructura y reconocimiento, permitan remover o afectar sobre las condiciones estructurales y culturales que soportan la violencia. Indudablemente, lo que se encontraba más a la izquierda del partido de Gobierno no podía quedar fuera de esta asunción de mínimos. Al respecto, fue significativo el apoyo a Juan Manuel Santos de la entonces candidata presencial por el Polo Democrático, Clara López, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 —en primera vuelta vence el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga—. Un apoyo que implicaba un respaldo a la política de paz gubernamental, con independencia de las discrepancias sobre la necesidad de profundizar en las transformaciones del modelo económico o del sistema político, frente a lo cual el Acuerdo de Paz se quedaba corto. Así lo reconoce Clara López cuando asegura que la paz territorial «era insuficiente para reformar mucho de los elementos del modelo neoliberal y corrupto que consagraba la Constitución de 1991. Por eso y por entrar al Gobierno de Santos me atacaron muchísimo, pero la izquierda necesitaba poner su prestigio y conocimiento en la construcción y cumplimiento del Acuerdo de Paz» (Clara López, entrevista personal, Bogotá, 20/10/2021).

En términos similares estaría la posición de las FF. MM., que al menos en varios cargos de máxima responsabilidad, hizo patente una posición en armonía con la paz territorial, aunque mayormente ligada, como es de esperar, a la dimensión de la seguridad. La paz territorial se entiende como la antítesis de la mirada reducida del Estado a una cuestión de poder. Es decir, por medio de las posibilidades del Acuerdo, y tras la desmovilización de la guerrilla, la paz territorial es entendida como una forma de ocupar un vacío tradicional del Estado. Una suerte de desatención histórica en términos de control del territorio y garantía de la seguridad, pero que también ofrece la oportunidad para revisar las relaciones de seguridad y defensa y, por extensión, de la Policía Nacional con el resto de FF. MM.^[6] De ello da cuenta el mayor general Rojas cuando es entrevistado: «[Paz territorial es] dar instrucciones para que las Fuerzas Armadas ocupen los territorios de donde las FARC han salido a concentrarse, para evitar que en esos territorios lleguen nuevos actores generadores de violencia. Es un esfuerzo donde todas las instituciones entran a formar parte de ese impulso para lograr la paz territorial» (MG Carlos Rojas, entrevista personal, Bogotá, 1/3/2017).

Las dos asunciones más extremas y discordantes sobre la concepción territorial que representa el Acuerdo de Paz reposan en las extintas FARC-EP y en el conservatismo más radical. En el caso de la extinta guerrilla, la noción de paz territorial, de partida, asumía una heterogeneidad territorial coherente con la estructuración político-militar de las FARC-EP que, como apunta Iván Márquez, «desde hace décadas dividió su trabajo en regiones y territorio» (entrevista personal, Bogotá, 1/3/2017). En cierta medida, era de esperar que con un enfoque transversal étnico y territorial, y una marcada apuesta por la promoción de atenciones ambientales, la paz territorial pudiera disponer de las bases de una paz que atendiese y transformase la violencia étnica, territorial y ambiental. Tanto es así que, al menos en lo que a la enunciación se trata, Jesús Santrich se refería a la paz territorial como un término próximo a la noción del buen vivir propio de las cosmovisiones indígenas: «La paz no es la firma de ese tratado que hicimos en el Teatro Colón. Si no se dan estas transformaciones y si del solo silenciamiento de las armas y no se pasa al concepto de Sumak kawsay y de buen vivir, entonces la paz no se conquista» (Jesús Santrich, entrevista personal, Bogotá, 1/3/2017).

Por último, entre los valedores de una paz minimalista se encontraba el ala más radical del Partido Conservador, como Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ordóñez —a diferencia de otros conservadores como Juan Camilo Restrepo o Mauricio Cárdenas—, y el uribismo. Estos entendían que la paz territorial contraviene, por el elenco de concesiones que representa, el sentido integral del Estado. Un Estado concebido de mínimos, como forma de organizar políticamente el territorio desde el (intento) de hacer cumplir íntegramente con su ordenamiento jurídico y el imperativo institucional del Estado de derecho. Así, la paz territorial no es más que «la entrega de la institucionalidad a las FARC-EP» (Alejandro Ordóñez, entrevista personal, Bogotá, 13/3/2017) que, como apunta la exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez: «Representa una cantidad de compromisos incuantificables e ilimitados que el Estado no va a poder cumplir y que abrirá la puerta a la protesta social. Algo peligroso […] porque un país en estado de protesta permanente es la anarquía social. Y un país en anarquía deja de ser viable y acaba de ingobernabilidad» (Marta Lucía Ramírez, entrevista personal, Bogotá, 28/2/2017).

IV. EL DISCURSO POLÍTICO SOBRE LA PAZ CON LEGALIDAD[Subir]

La paz con legalidad es la manera en la que se conoció la posición gubernamental de Iván Duque con respecto al Acuerdo de Paz de 2016. Duque asume la presidencia en un marco de mucha polarización, que comienza con la campaña por el plebiscito del 2 de octubre de 2016 (‍Basset, 2018) y tiene continuidad en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2018 (‍Prada y Romero, 2019). A lo largo de la campaña electoral de ese año, el Acuerdo de Paz se había convertido en uno de los principales issues de disputa. La posición más ortodoxa del uribismo entendía, como verbalizó en mayo de 2017 el exministro del Interior, Fernando Londoño, que el «primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final con las FARC»^[7].

En realidad, Iván Duque era depositario de un elemento, el Acuerdo de Paz, que tenía una fuerte carga simbólica en la imagen exterior de Colombia. Esto, por la relevancia que suponía haber cerrado formalmente la confrontación armada con el actor más importante, las FARC-EP, del conflicto más longevo y violento de América Latina. También porque a la postre sirvió para galardonar al propio Santos con el premio Nobel de la Paz en 2016, lo cual hizo de Colombia el centro de atención de buena parte de la arquitectura internacional, como Naciones Unidas, la OCDE o la Unión Europea.

Aunque el presidente Iván Duque fue una de las voces más visibles de la campaña por el «no» en la consulta plebiscitaria de 2016, en su apuesta por La paz con legalidad, sustantivada en un documento de 55 páginas, se reconoce expresamente de qué modo «el presidente está convencido que las nuevas condiciones de vida solo son posibles en el marco de la ley. En este entendido, las garantías que se describen en esta política tienen como fundamento que todos los destinatarios se mantengan en la legalidad» (‍Agencia para la Reincorporación y Normalización, 2018, 24).

La paz con legalidad, a diferencia de la paz territorial, es un planteamiento minimalista, centrado en concebir la paz como ausencia de violencia; de ahí la reiteración y la priorización en la implementación por preservar dicha legalidad. Esto es, volviendo a una política de máxima confrontación y militarización de la seguridad en el combate con las diferentes organizaciones armadas, priorizando la lucha contra el narcotráfico en clave reactiva y alzaprimando acciones de contención del retorno a la violencia por parte de la población excombatiente, aunque sobre la base de demandas y adaptaciones parciales y erráticas (‍Niño y Castillo, 2021). Véase un ejemplo de cómo se refería el presidente Duque a la paz con legalidad en una conferencia en Nueva York:

Así, la paz con legalidad puede entenderse como una aplicación restrictiva del Acuerdo, filtrado por lo que el Gobierno entiende por legalidad, y que revierte la política de Estado de aquel en una política de partido, cuando menos revisable (‍González, 2020; ‍Gutiérrez Sanín, 2020). De este modo, no sorprende que la paz con legalidad no se haya traducido en grandes transformaciones. Según el Instituto Kroc (‍2022), durante los cuatro años de presidencia de Iván Duque ha habido un cumplimiento íntegro de apenas un 2 % anual, acompañado de innegables acciones de resistencia y cuestionamiento. Por ejemplo, el Acuerdo quedó fuera del Plan Nacional de Desarrollo y sin autonomía presupuestaria; en el Congreso se evitó la aprobación de las dieciséis curules de paz; el presidente invocó una objeción a la JEP que finalmente fue desestimada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y en julio de 2019, entre otras cuestiones, se desfinanció en un 30 % el componente de víctimas. Sea como fuere, y a pesar de lo anterior, quien fuera Consejero Presidencial para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, se refiere a la paz con legalidad en estos términos:

Por otro lado, tras la realización de varias entrevistas a generales en activo y retirados durante la presidencia de Iván Duque, un lugar común en su discurso es el cuestionamiento a la paz territorial, predominando una mayor simpatía por el planteamiento de la paz con legalidad. Bajo el Gobierno de Santos hubo consabidos esfuerzos entre el cuerpo de mayores generales —Flórez, Rojas, Nieto, Pico—, que asumió las tareas de negociación del punto tercero del Acuerdo —en especial la subcomisión técnica— por impulsar nuevas instancias en aras de asumir el proceso de paz. Tal fue el caso del Comando Estratégico de Transición (COET) en el Ejército o de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) en la Policía Nacional. Empero, por otro lado, había una posición asentada al interior de la institución militar que seguía entendiendo que la confrontación y la doctrina tradicional no debían finalizar, dada la continuidad del enemigo y la amenaza sobre la seguridad nacional (‍Ríos, 2023).

Un debate dentro de las FF. MM. colombianas, por supuesto polémico, pero que continúa necesitado de readaptaciones que conjuguen una violencia armada que no se ha ido con nuevas posibilidades inscritas en el Acuerdo de Paz de 2016 que no han llegado (‍Niño y Palma, 2023). En cualquier caso, resultan ilustrativas las posiciones del alto mando militar, en línea con la paz con legalidad y en contra de la paz territorial, tal y como revelan estos dos relatos:

La narrativa contraria frente a las bonanzas de la paz con legalidad y, con ello, del retorno hacia el esquema discursivo-securitario del uribismo, que supone un cumplimiento selectivo y dirigido, es la de una paz incumplida o una paz saboteada. Expresado en otras palabras, la gama de matices que se puede advertir durante el Gobierno de Juan Manuel Santos en torno a la comprensión de la paz territorial, bajo la presidencia de Iván Duque se reduce a categorías duales: defensores de la paz con legalidad y detractores a la misma.

Los modos de verbalizar y significar esta circunstancia presentan ciertas diferencias entre los actores que enuncian su discurso desde la arena política y aquellos que lo hacen como parte del colectivo excombatiente. En este último, además, a lo largo de 2020 y 2021 se va a ir experimentando una fractura, que ya venía del proceso de diálogo, entre los afines a Timochenko, Carlos Lozada y Pablo Catatumbo, por un lado, y los más próximos al discurso del entrampamiento, en cierta manera condescendientes con la aparición de Segunda Marquetalia, como es el caso de Victoria Sandino, Benkos Biohó o Alirio Córdoba (‍Ríos et al., 2023). Sea como fuere, la paz con legalidad es concebida, de acuerdo con las palabras de Pablo Catatumbo, de una manera muy ilustrativa:

A tal efecto, cierto sector del partido político heredero de la guerrilla ha considerado que, frente a la paz con legalidad, los posicionamientos de confrontación han sido poco contundentes, lo cual ha favorecido, indirectamente, la situación de incumplimiento que demanda la población excombatiente. Es decir, sin renunciar a entender la paz con legalidad como una paz saboteada, dirigen parte de las críticas a quienes lideran Comunes, tal y como se desprende de las siguientes palabras de Victoria Sandino:

Finalmente, tanto el espectro progresista como el conservatismo liberal, otrora protagónico de la negociación con las FARC-EP, comparte una posición de crítica con respecto a la paz con legalidad al desdibujar uno de los elementos centrales de las últimas dos agendas de Gobierno. Existen matices, dado que entre el establecimiento político próximo a Juan Manuel Santos, como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo o Rafael Pardo, han reivindicado la necesidad de respetar íntegramente la esencia del Acuerdo. Sin embargo, el discurso del Pacto Histórico pareciera intentar ir más allá en su planteamiento. Lo anterior porque reconoce que más que una paz incumplida, la paz con legalidad se incardina en un momento de transformación social y política inexorable, frente a la cual la ventana de oportunidad para el progresismo queda fortalecida. Uno y otro argumento, por ejemplo, pueden encontrarse en los relatos desprendidos de las entrevistas a Rafael Pardo e Iván Cepeda:

V. EL DISCURSO POLÍTICO SOBRE LA PAZ TOTAL[Subir]

Apenas se ha cumplido poco más de un año de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente —el primero de izquierda en la historia democrática de Colombia— y aunque es pronto para hacer balance, existen argumentos suficientes para identificar diferentes narrativas con respecto a su significación política. A diferencia de lo que sucedía con la paz con legalidad, concebida en términos dicotómicos, los discursos afloran presentando nuevos matices al respecto. Aunque el relato detractor se concentra en el especto más conservador del país, afloran posiciones discrepantes entre el conservatismo liberal, valedor de la paz territorial de 2016, por las cuales se expresan claras reservas a la política de paz total^[8]. Sirvan de ejemplo estas palabras de Rafael Pardo:

Como sucediera en el resto de los casos, la izquierda, en este caso en el Gobierno y con Comunes dentro del Pacto Histórico, es el actor que evoca un mayor compromiso de respaldo hacia la paz total. Mientras, en el caso de las FF. MM. se abren escenarios de discusión entre posiciones escépticas con el proceso, mayormente en el cuerpo de mayores generales en retiro, y otras que afloran respaldando la paz total, lo que hace que se repita una dinámica similar a la acontecida bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Conviene comenzar señalando cómo Gustavo Petro inició su andadura presidencial con tres cuartas partes de apoyo en el Congreso, además de con un grueso de ministros, muchos de ellos provenientes de formaciones liberales e incluso conservadoras —Alejandro Gaviria (Educación), José Antonio Ocampo (Hacienda) o Álvaro Leyva (Exteriores)—. Transcurrido un año, esa gran coalición ha quedado en parte desdibujada, producto de las diferencias originadas en cuestiones de la agenda de Gobierno, como la reforma de las pensiones, la salud o el trabajo, y que han terminado por afectar al conjunto del significado de la alianza. Otros escándalos, como el que afectó al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, o de la responsable del gabinete presidencial, Laura Sarabia, motivaron que Partido de la U y Partido Conservador se desmarcasen de la coalición. Asimismo, y vistas las elecciones departamentales y municipales de finales de octubre, también se abrieron espacios de diferencia con el Partido Liberal y la Alianza Verde.

A pesar de todo, uno de los elementos centrales para Gustavo Petro, como es la política de paz, se ha mantenido como una de las grandes prioridades que mejor permiten desarrollar un análisis discursivo. El papel central de la paz se encuentra consagrado tanto en una de sus primeras leyes, la Ley de Orden Público (2272 de 2022), como en el eje central de la agenda gubernamental, que es el Plan Nacional de Desarrollo (2294 de 2023). Y esto aun cuando los espacios de interlocución con diferentes actores armados se han visto muy dañados por contravenir una máxima de la investigación para la paz y la resolución de conflictos: cuanto mayor sea el número de actores involucrados en una negociación de paz, mayores son las probabilidades de fracaso (‍Balian y Bearman, 2018).

En la paz total se aprecia una clara continuidad con la paz territorial, entre muchos aspectos, por el reclamo de un enfoque diferencial sobre el territorio. Esto queda plasmado en la continuidad y la prioridad sobre los 170 municipios PDET previstos en el Acuerdo de 2016 de intervención primaria por estar severamente atravesados por la violencia estructural, la debilidad institucional y las economías ilícitas, y que han sido ampliados a un total de 344 municipios (‍Valencia, 2023). Estos, definidos como municipios ZOMAC y reconocidos por el Departamento Nacional de Planeación, son identificados como los más afectados por el conflicto armado y han de ser priorizados en el diseño de oportunidades y creación de capacidades. De otra parte, la disposición territorial también está presente en la creación de regiones de paz, habilitadas para favorecer acciones y escenarios de interlocución, diálogo y avance con las diferentes organizaciones armadas hacia las que la paz total se orienta (‍Cairo et al., 2024). Así, esta continuidad entre un concepto de paz y otro se entiende como incontestable, tal y como reconoce la senadora Isabel Zuleta:

La paz total, aparte de reubicar el Acuerdo de Paz con las FARC-EP como prioridad frente a la situación de cuestionamiento al que fue sometido bajo el Gobierno de Iván Duque, propone escenarios de interlocución con actores armados de diferente naturaleza, trayectoria y viabilidad. Por un lado, en lo que respecta al ELN, se han desarrollado cuatro rondas de negociación —Venezuela (noviembre de 2022, agosto de 2023), México (febrero de 2023) y Cuba (mayo-junio de 2023)— tomando como referencia la agenda de diálogo aprobada en marzo de 2016, fijada en el anterior proceso impulsado bajo el mandato de Juan Manuel Santos. A pesar de los avances, algunos de los términos del diálogo siguen siendo generalistas e imprecisos y otros, por el momento, apenas están planteados, como las víctimas, el narcotráfico o la entrega de armas. A pesar de que se ha conseguido un avance en cuanto a haberse firmado un alto el fuego por seis meses, extensible hasta enero de 2024, existen dudas sobre el grado de cohesión interna del ELN. Ya sea por los cuestionamientos que en marzo de 2023 realizó el Frente de Guerra Occidental al proceso de paz total, o por el hecho de que la estructura más poderosa de la guerrilla, el Frente de Guerra Oriental, no tiene representación en la mesa. Por el momento, y aun con todo, el cese al fuego ha dejado un claro marco de desescalamiento de las hostilidades.

En lo que respecta a las disidencias de las FARC-EP, se han avanzado conversaciones que aún hoy carecen de un marco jurídico definido, lo cual hace que se hable más de gestos y propósitos que de avances tangibles. De un lado está el conocido como Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco, y que representa al primero de los grupos que se desmarcó del Acuerdo con las FARC-EP, antes incluso de su firma. Esta formación fundamentalmente opera en el oriente colombiano, con una clarísima vinculación con el negocio cocalero y las economías ilícitas, y en oposición al ELN en Arauca, Norte de Santander y los emplazamientos fronterizos pertenecientes a Venezuela.

A pesar de las dificultades concurrentes, el año 2023 comenzó con ceses al fuego territoriales con esta disidencia en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Se previó la posibilidad de un diálogo formal cuyo comienzo quedaba contemplado para el 16 de mayo de 2023. Un hecho que no pudo ser a raíz de un comunicado del Frente Carolina Ramírez, por el que se reconocía el asesinato de tres adolescentes indígenas que previamente habían sido reclutados forzosamente en Putumayo, en la frontera con Perú. Hoy en día, observando el nivel de arraigo, recursos y violencia desplegada, parece difícil que este grupo armado encuentre incentivos para asumir un proceso de negociación con vistas a su definitiva desmovilización.

Junto con lo anterior, estaría el limbo de Segunda Marquetalia, otra disidencia, surgida en agosto de 2019 y encabezada por quienes dirigieron el proceso de diálogo con las FARC-EP en La Habana, Iván Márquez y Jesús Santrich. Su naturaleza, significado y desarrollo tiene muchos matices distintivos con el EMC, aunque por el momento son más las dudas que las certidumbres. Basta con observar las reticencias a una negociación en paralelo con estas dos estructuras o la imposibilidad de reorientar dicha negociación hacia el Acuerdo de 2016. Una vía que ha sido denegada por un pronunciamiento negativo de la oficina jurídica de la presidencia a comienzos de 2023, en donde se explica con rotundidad que los términos jurídicos vencieron y que no es viable tal posibilidad. Este grupo puede tener más posibilidades de prosperar en un diálogo, ya iniciado en términos exploratorios, al contar con el respaldo de Venezuela. Empero, el factor saboteador que pueden jugar terceros actores disidentes puede ser especialmente relevante para hacer descarrilar cualquier intento de aproximación, al ser una estructura más endeble que las anteriores. Sobre esto, llama la atención de qué manera entre los dirigentes del partido Comunes la paz total es considerada positivamente, aunque con importantes matices:

Quedaría señalar un último componente para la paz total, que pasaría por un eventual diálogo con las estructuras herederas del paramilitarismo, entre las que destaca el Clan del Golfo, con presencia en buena parte del país, y que mantiene un nivel de confrontación importante con el ELN y las disidencias de las FARC-EP (‍Badillo y Trejos, 2023). La vía que ha adoptado el Gobierno, impracticable en términos de interlocución y cese de las hostilidades, ha sido definida por lo que se conoce como sometimiento de la justicia. Un aspecto que implica tratos especiales penitenciarios y/o judiciales de quienes se acojan al mismo, pero que alberga un significado político difícil de asumir y vertebrar con el resto de las interlocuciones a la vez. De hecho, y a excepción de que transcurre con el ELN, todas las iniciativas, por el momento, han tenido lugar entre el descrédito, la arbitrariedad y la falta de condiciones, más allá de la buena voluntad gubernamental. Una realidad esta que no hace sino ofrecer argumentos para la oposición uribista y para esa parte del estamento militar que puede recelar del marco negociador, tal y como verbalizan los siguientes entrevistados:

VI. CONCLUSIONES[Subir]

Tal y como han dado cuenta estas páginas, la construcción discursiva de la paz responde a diferentes formas de interpretación, problematización, validación y representación. Los discursos que comprende cambian en función del lugar de enunciación y del momento, de manera que las posiciones discursivas son modulables a las circunstancias políticas que se presentan en cada uno de los Gobiernos analizados.

En el caso del conservatismo, denominado en este trabajo liberal, más moderado y que concibe la paz como un constructo negociado, se aprecia una evolución. Comienza con la defensa férrea de la paz territorial, continúa con una contestación a la paz con legalidad y finaliza recelando de la paz total. Las voces que acreditaron y reafirmaron la necesidad de negociar con las FARC-EP y el ELN en el pasado, en la actualidad, en muchos casos, asumen posiciones de recelo. Si la paz territorial era ambiciosa y maximalista, con amplios marcos reguladores y de transformación, la paz total sobrepasa líneas rojas en relación con la negociación con grupos herederos del paramilitarismo y disidencias de las extintas FARC-EP.

Algo similar sucede con las voces que representan a la extinta guerrilla. Aun con matices, producto de su posición de vulnerabilidad frente al compromiso de cada Gobierno con el Acuerdo, una vez que el proceso de reincorporación a la vida civil —y la entrega de las armas— se ha consumado, desde Comunes se verbalizan planteamientos semejantes. Se parte de una defensa más matizada de la paz territorial, por ser concebida como un concepto más ambicioso de lo que finalmente ha sido. En relación con la paz con legalidad se defiende la idea de que es una suerte de paz traicionada. Finalmente, sobre la paz total se reclama la necesidad de una paz completa, aunque desde el reconocimiento de entender el Acuerdo de 2016 como un punto de anclaje para con el resto de los procesos. Al interior de Comunes ha habido fracturas que, por otro lado, ha evocado cuestionamientos con respecto a cómo debería haber sido la defensa del Acuerdo, dado el contexto de incumplimientos y cuestionamientos al que ha sido sometido.

Una voz que resulta menos mutable es la producida desde el uribismo. Parte de una concepción minimalista de paz, entendida como ausencia de guerra y, por ello, demandante de una necesaria militarización y respuesta sin ambages frente al problema del narcotráfico y la violencia armada. De ahí que la paz con legalidad sea una paz de mínimos, que parte de mirada reduccionista y legalista del Acuerdo, pero que desatiende muchas de las cuestiones que han soportado la violencia en Colombia. Para el caso de la paz total, aparte, mantiene una oposición frontal a la totalidad del proceso.

Finalmente, para el caso de las FF. MM. se aprecia una noción de paz/seguridad semejante a la del uribismo en la medida en que se inscribe mayoritariamente en una doctrina de acción que ha estado solidificada por décadas y cuyos cambios no han terminado por cristalizar adaptaciones renovadas para un marco de confrontación transformado en los últimos años. Este tampoco es un discurso monolítico, y tanto en el Gobierno de Santos como en el actual de Petro se han promovido y visibilizado voces que, cuando menos, respaldan, aunque desde perspectivas limitadas por la propia naturaleza del cuerpo castrense, la posición gubernamental de entablar procesos de diálogo y reconocimiento en aras de transformar la violencia.

En cualquier caso, este es un trabajo que, a pesar de su planteamiento y contribución, demanda muchos matices e investigaciones futuras que profundicen los argumentos aquí vertidos. Es decir, se hace necesario escapar de las elites centrales para capturar y visibilizar relatos que provengan de otros emplazamientos territoriales, lo cual ofrecerá un crisol de narrativas diferentes. Lo mismo si se integran voces desde abajo, cuya proximidad con el conflicto armado y la construcción de paz hagan diferir de las percepciones aquí recogidas. Por supuesto, desglosar la paz en términos más concretos, en relación con la construcción de capacidades, el ofrecimiento de garantías políticas de participación, las soluciones frente al problema de las economías ilícitas o cuestiones relativas a las víctimas producidas por la violencia, también abre nuevas posibilidades de análisis discursivo que han de enriquecer lo aquí planteado.

Restan tres años de Gobierno al actual presidente, tras los cuales se esclarecerán muchos de los términos sobre los que se erige la paz total, aún en muchos aspectos incipiente. Ello dotará de nuevas pistas discursivas sobre las que relacionar actores como los aquí abordados y otros muchos que no han sido recogidos —víctimas, ELN, grupos postparamilitares—, cuya posición particular con respecto a la producción del discurso y la paz ha de ser igualmente atendida y entendida por futuros trabajos complementarios.