DOS SENTENCIAS SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (SSTC 19/2023, DE 22 DE MARZO Y 94/2023, DE 12 DE SEPTIEMBRE)^[*]

1. EL derecho a la vida en las SSTC 19 y 94/2023: vida y derecho a la vida[Subir]

La estructura de un derecho fundamental, al igual que cualquier otro derecho subjetivo, se integra por un objeto y un sistema de poderes jurídicos de disposición que denominamos contenido. Se trata de una categoría que requiere de dos metodologías distintas. Para lo que ahora nos interesa, el objeto se construye como una descripción ideal orientada a subsumir un conjunto de secuencias fácticas típicas. De ahí que, en el caso, el objeto del derecho a la vida no es, claro, la vida fisiológica —aunque el objeto la incluya parcialmente—, sino un conjunto de supuestos de hecho; no, pues, hechos. Ello explica la evidencia de que la vida, objeto de un derecho humano y fundamental, excluya expresamente de persecución penal actos voluntarios —dolosos— determinados inequívocamente a la destrucción de vidas humanas. En efecto, toda sociedad dispone de regulaciones jurídicas que tienen por objeto privar a otros de la vida con arreglo a derecho, según resulta evidente. Y todas las culturas reservan destacadas hornacinas para quienes voluntariamente entregaron su vida por alguna causa a la que su código de valores, compartido o no por la mayoría, asigna especial nobleza. Y todas las religiones disponen de sus correspondientes mártires, es decir, de quienes ofrecieron su vida en aras de sus creencias. En resumen, la vida humana no es, y no la ha sido nunca, un bien absoluto, sino relativo: en el ser y en el deber ser. Y nuestra propia constitución así lo reconoce plausiblemente al aceptar que el Estado español está legitimado en tiempos de guerra para privar de la vida a los seres humanos; y lo hace en ese mismo art. 15 CE y, al hacerlo, delimita el derecho que proclama. No creo que este aspecto deba entretenernos más.

La vida, ahora como objeto de derecho fundamental, no equivale nunca, por tanto, a la vida fisiológica, a la existencia. Claro que la existencia individual puede ser concebida como un bien absoluto —o no—, pero eso ya pertenece al patrimonio del propio sujeto. En este sentido, el derecho a la vida incorporado a las constituciones y declaraciones —muy recientemente, por cierto— incluye un objeto con dos únicas presentaciones: se vive o no se vive. Ahí acaba su carácter absoluto a ciencia cierta, pues por el momento la existencia es binaria: no admite grados.

Un derecho, fundamental o no, nunca puede, por tanto, ser absoluto por construcción. Entendido como facultad o poder, es, si hablamos de derechos entre humanos, siempre relativo, pues no hace sino delimitar un ámbito sobre el que un sujeto puede proyectar un poder reconocido y aceptado por un ordenamiento jurídico como legítimo.

Invocar un derecho como absoluto en sede jurisdiccional —o proclamarlo— es claramente un exceso jurídico, pero también conceptual. Precisamente por ello es posible e igualmente legítimo que quepa sostenerse tal posición, pero tal pretensión se agota en la propia autodeterminación individual: quien así lo perciba estará siempre obligado a obtener el asentimiento o aceptación —siempre precario y circunstancial— persona a persona y caso a caso.

El caso del derecho a la vida posee una textura que le hace, además, distinto de casi cualquier otro: el sujeto del derecho es, a su vez, su propio objeto^[18]. Se trata de un supuesto de hecho que autodetermina al sujeto, lo que da razón de uno de los aspectos más problemáticos que plantea desde el punto de vista jurídico. Las transformaciones de todo tipo que han afectado, y afectarán, a la idea misma de vida humana llegan al derecho que la invoca solo a través de la precomprensión del sujeto individual y la sociedad en que se integra, pues la idea de vida, o de calidad de vida, o de vida digna, es cabalmente la del propio sujeto. Al cabo, se trata de asuntos propios del agere licere, del libre desarrollo de la personalidad o de la autodeterminación individual, términos que, como fácilmente se deducirá, cobran en la configuración del objeto de este derecho a la vida un protagonismo indiscutible, aunque, tal como veremos, para excluir de su objeto gran parte del ámbito de las decisiones al final de la vida.

La argumentación de los recurrentes resultará, así, especialmente endeble cuando arranca desde un axioma: el carácter absoluto del derecho a la vida. Pero, como todo axioma, requiere de una comunión colectiva previa basada en una compartición de la evidencia que se pretende jurídicamente reflejada: algo de lo que precisamente carece y de modo contundente tras estos pronunciamientos. La tesis de base arropa su endeblez con una confusión argumental permanente entre la vida como precondición existencial necesaria y el derecho a la vida como categoría jurídico-constitucional^[19]. La vida es un concepto de naturaleza fisiológica, pero solo absoluto por su binariedad constitutiva y no como objeto de derecho.

2. La reconfiguración permanente de la vida como objeto de derecho[Subir]

La idea de persona física o de vida que los ordenamientos actuales están (re)construyendo podría calificarse de promiscua, a consecuencia de su permanente exposición a un ámbito científico, el biomédico, que aflora nuevos conocimientos en un entorno de incertidumbre al afrontar el ritmo vertiginoso que distingue a la investigación biomédica frente al contenido más cadencioso y cauto de la ciencia y la técnica jurídicas. Estas, junto con el legislador y los órganos jurisdiccionales, expuestos como están a sus propias incertidumbres, suman, así, un plus de precariedad^[20]. En definitiva, aquel escenario siempre ha influido, y ahora ya afecta, a la interpretación de algunos derechos fundamentales y, mediatamente, a su configuración^[21]. No es este el lugar para referir los modos de respuesta que van naciendo en ese ámbito —entre promiscuo e interdisciplinar, según se mire— que intentamos denominar bioderecho: un término que inexplicablemente acampa todavía extramuros del diccionario. Pero deberemos aceptar que en entornos iusfundamentales tenemos el problema añadido y creciente de ensamblar en clave biojurídica nuevas situaciones alumbradas por la ciencia que retan o percuten sobre la configuración del derecho involucrado.

Para escenarios de esta naturaleza no parece que la ya familiar metodología del «árbol vivo», concebida como regla hermenéutica de aplicación a la interpretación de los preceptos constitucionales en este tipo de problemas, posea una capacidad específica para enfrentarlos. Lo es, sin duda, para los efectos que a largo plazo causan aquellos nuevos escenarios en las sociedades, incluidos relevantes reajustes y acomodos de valores, traducidos finalmente en demandas en el plano jurídico normativo. Dadas determinadas condiciones y reglas precisas de uso de tal recurso hermenéutico, es, sin duda, una herramienta a considerar y que las cortes constitucionales y supranacionales aplican, aunque no siempre la invoquen expresamente^[22]. Pero, como ya dejó dicho la STC 198/2012, se trata siempre y, en todo caso, de una técnica en clave de cultura jurídica. Y así debe ser.

Pero en el supuesto de que entienden las SSTC 19 y 94/2023, la invocación tiene un alcance menos nítido^[23]. En puridad tampoco cabe exigirle mayor precisión al juez de la ley, pues lo referirá en nuestro caso como canon interpretativo, junto con la exigencia de interpretación de la constitución «como un todo», con ocasión de considerar la impugnación global de la LORE por motivos sustantivos (STC 19/2023/6). Pero hay un aspecto en el recurso que quizá exige un análisis más detallado de la estrategia de uso por el Tribunal de esta metáfora botánica.

Si bien se observa, un primer supuesto de «árbol vivo» se oculta bajo la elusión contundente del primer problema biojurídico que la LORE patentiza y que encara de modo muy mejorable como se ha dicho: el asunto conceptual y terminológico. El TC advierte de que ello no ha sido cuestionado por las partes, obviando así —al paso— una notoria deficiencia técnica de la ley al acoger con extrema prudencia y contención las categorías doctrinales, de origen penal represivo y heredadas parcialmente por cierta bioética, que distinguen tipos de eutanasia en función de la evaluación de la acción y su disvalor^[24]. La sorprendente ausencia de impugnación de este asunto por los recurrentes le servirá al Tribunal para evitar pronunciarse sobre cuestiones técnicamente sometidas a revisión, como sutilmente indica^[25]. De modo que este asunto queda por el momento a salvo del pronunciamiento del TC.

Sin embargo, ambas sentencias, de modo vicario en la STC 94/2023 por lo dicho, avanzan de modo sustancial en la escisión entre la ayuda a morir o auxilio al suicidio regulado en la norma y el ámbito del objeto del derecho a la vida. Pero esta escisión no creemos que pueda ampararse en la doctrina del árbol vivo, pues lo que excluye estos procesos del ámbito del art. 15, y no solo del derecho a la vida, según veremos, es un nuevo entorno técnico. Lógicamente ello ha producido unas consecuencias, y lo sigue haciendo, en las pautas sociales y valorativas de la sociedad, pero lo que desde el punto de vista iusfundamental resulta determinante, incluso para reflejar dichos cambios, es la configuración técnica —clínica— del escenario de decisión^[26].

Los supuestos contemplados en la LORE resultan del creciente acceso del ciudadano individual en las sociedades dotadas de un orden jurídico y un nivel de recursos determinados a escenarios de decisión clínicos previamente inexistentes, porque decidir poner fin a la vida «de propia mano» es cosa que siempre ha estado a disposición del ser humano. Pero ahora no se trata de eso, sino de adoptar aquella decisión en el contexto de un sistema biomédico complejo que proporciona certezas insólitas en cuanto a las condiciones específicas de la situación vital en tiempo y modo. Y, en estos casos, el escenario configura no una decisión, siempre a mano de todo ser humano en condiciones de hacerlo, sino un nuevo escenario de decisión de carácter técnico. La ley, ninguna ley, puede conceder una capacidad fáctica de destrucción de la propia existencia, lo que sería gratuito, pues todo humano dispone de ella si es capaz de consumar fácticamente el acto autodestructivo. De lo que se trata ahora es de afrontar, desde la aceptación de la posibilidad legítima de la acción por el sujeto, aquellos supuestos en que los medios técnicos y biomédicos proporcionan un escenario de decisión específico de base técnica. Este es el elemento fáctico nuevo que no altera, pero sí conmueve, el objeto de ambos derechos acogidos en el art. 15 CE, vida e integridad física y moral (o personal).

Es la certeza técnica, que reduce o disipa cualquier aleatoriedad o incertidumbre, la que hace emerger un supuesto de hecho nuevo en forma de objeto de decisión que le aleja casi definitivamente, salvo en lo que se dirá después, del objeto del derecho a la vida. Pero no solo de dicho ámbito, sino del propio ordenamiento jurídico y constitucional en cuanto a la propia autodestrucción física. Dicho en breve: la decisión sobre la propia existencia individual no está, ni puede estarlo, sujeta a norma, porque ningún sistema jurídico ordenado de acuerdo con las pautas de un Estado de derecho puede pretender tal poder sobre los individuales. No alcanza a tanto su dominación legítima, aunque sí, por supuesto, a autorizar o no la colaboración de terceros en la ejecución de la decisión adoptada por el sujeto.

Como decimos, lo que produce esta transformación del escenario, que está siendo procesada por los ordenamientos de modo desigual —pero lo está siendo—, es un sistema de criterios técnicos de base biomédica que, en la LORE, se denomina «contexto eutanásico»^[27]. Y aquí emerge el problema ineludible: engarzar criterios biomédicos y norma jurídica en un único proceso que debe ser regulado; en el modo que fuere. Los recurrentes se resisten, como también algún voto particular, a la aceptación del problema en estos términos, pero el contexto eutanásico se define técnicamente: ello impide su pretensión de que se determine jurídicamente una evaluación técnica, lo que nos situaría más allá del rigor científico y cognoscitivo. La LORE puede describir los supuestos habilitantes —como hace—, pero no puede asegurar, desde el derecho, la certeza técnica del diagnóstico de existencia de un contexto eutanásico caso a caso. Puede, como hace, imponer la expresión pública y escrita de los criterios biomédicos para utilizar en la calificación técnica; puede, como también hace, duplicar y hasta triplicar los controles expertos, individuales y colegiados, que confirmen la situación técnica habilitante para solicitar la ayuda a morir, siempre a cargo de órganos expertos y competentes en la función requerida configurados en la LORE. Pero ningún legislador terrenal puede ir más allá. Puede, como es obvio, renunciar a intervenir el problema o, mediante regulaciones jurídicas, adoptar un perfil favorable o desfavorable. Todo ello cabe y ese es el sentido —para el caso— del margen de apreciación a que alude el TEDH en su serie jurisprudencial.

La capacidad de predicción clínica de los sistemas de salud avanzados en un creciente número de enfermedades letales o radicalmente incapacitantes no ha percutido, de ningún modo, sobre los derechos fundamentales alterando su objeto o contenido, pero ha ampliado el margen de disposición sobre la vida propia. Sí ha afectado, como es obvio en la argumentación de los recurrentes y algún voto particular, a la comprensión correcta del alcance, objeto y contenido del derecho a la vida del art. 15 CE, como viene a decir la doctrina mayoritaria en estas dos sentencias, revisando una interpretación exorbitante de la doctrina de la STC 53/1985 dictada hace cuatro décadas. Pero no parece tan compartible que su interpretación actual precise ampararse, para el objeto de ambos procesos en relación con el derecho a la vida, en ningún árbol vivo, sino, más simplemente, en las consecuencias derivadas de la disposición generalizada de unos recursos biomédicos de base tecnológica. El tiempo transcurrido de casi cuatro décadas no ha ampliado el objeto ni el contenido del derecho a la vida, sino la capacidad de decisión sobre la propia existencia en un entorno de nuevos escenarios biomédicos en que, evidentemente, siguen operando todos los derechos fundamentales; incluso el derecho a la vida.

Precisamente, la garantía del derecho a la vida a que están obligados los poderes públicos guarda relación con el compromiso de asegurar la decisión cierta y libre de quien quiere ser ayudado a morir, pues, si los poderes públicos no lo asumieran, estarían vulnerando la obligación, esta sí, de su deber de protección del derecho a la vida; pero de quien quiere vivirla. Garantizar el derecho a la vida significa aquí que el art. 15 compromete a los poderes públicos a asegurar la certeza jurídica de la decisión adoptada por quien solicita la ayuda a privarse de la existencia.

3. El objeto del derecho a la integridad física y moral[Subir]

En los procesos que estamos analizando podría quizás hablarse de nueva doctrina constitucional sobre la función del derecho a la integridad física y moral (o personal); nueva doctrina, sí, pero no de un nuevo derecho fundamental^[28]. Quizás el TC podría haber explorado alguna otra fundamentación para el problema jurídico planteado, como seguramente deberán hacer los ordenamientos jurídicos en el futuro, pero nos atendremos a la adoptada en sus pronunciamientos como corresponde ahora.

El eje de la doctrina forjada atañe al anclaje iusfundamental de los poderes jurídicos que la LORE incluye, consistentes en la capacidad de impetrar por el sujeto, en las condiciones legales explicitadas, una actuación de auxilio o colaboración que deberá ser prestada en los términos que la ley establece. El juez de la ley no encontrará problema, pues no lo hay, sino todo lo contrario, en delimitar y confinar este supuesto extra muros del derecho a la vida del art. 15 CE. La tendencia a fijar la configuración del derecho a la vida de forma constitucionalmente precisa se recuerda en el FJ 6.C.b, y minuciosamente^[29].

El TC, sin salir del art. 15 CE, explicitará la ubicación de ese poder jurídico configurado por la LORE en el ámbito del contenido del derecho fundamental a la integridad personal. Ello le llevará a analizar un derecho cuyo objeto y contenido están sometidos a creciente escrutinio por la doctrina desde la década de los noventa y no menos en los textos jurídicos de referencia nacionales e internacionales^[30].

La integridad personal posee, sin duda, en su propia configuración inicial, un carácter dinámico debido a su objeto: la conciencia de sí que todo ser humano posee, dotado como está para pensar su propia existencia. Nadie —con Hoffmann— debe a otro su integridad personal y nadie está habilitado por el ordenamiento jurídico para dañarla (‍Hoffmann, 1999). Este concepto de integridad presupone desde su mismo origen la inviolabilidad, pero, como muestran ambos pronunciamientos, integridad no es solo inviolabilidad, sino que tal protección lo es al servicio de los contenidos personalísimos que la componen, y que plasman un conjunto de fundamentos y principios constitucionales al amparo de los cuales cada ser humano construye su singular integridad o conciencia de sí^[31]. Ambas sentencias acreditan un esfuerzo en la descripción del despliegue en nuestro ordenamiento del contenido del derecho a la integridad al hilo de la regulación de la posición de las personas en los tratamientos médicos. El FJ 4 de la STC 19/2023 describe el momento inicial de este impulso importantísimo que agrietó definitivamente la carcasa reaccional con la que se blindaba este derecho fundamental. Y acierta a nuestro juicio el Tribunal cuando sitúa su nacimiento en el momento en que las CC. AA. y el Estado central asumen la decisión de trasponer el Convenio de Oviedo^[32].

Sin embargo, no se alcanza a saber el papel que juega el despliegue normativo de la nueva cultura de la relación terapéutica en el caso de la fundamentación constitucional del derecho que la LORE proclama y regula. Al cabo, el asunto de la LORE es otro. Claro que el auxilio al suicidio es una acción que cabe identificar como integrada en el derecho de quien lo demanda, pero se trata de una conexión que difícilmente puede inferirse del fundamento del consentimiento de una persona enferma a un tratamiento, o a su rechazo, salvo el hecho de que ambos supuestos comparten el contenido del mismo derecho fundamental^[33]. En este aspecto la argumentación doctrinal no parece suficientemente elaborada. Podríamos hablar, así, de una argumentación algo borrosa en la subsunción del poder de disposición de la vida acogido en la LORE en el derecho fundamental a la integridad personal.

El fundamento, dirá la STC 19/2023:

Y a continuación se inserta esa dimensión positiva genérica propia del derecho a la integridad personal en el supuesto eutanásico del que el Pleno entiende.

Este complejo de argumentaciones, que resultan centrales en la doctrina de ambos pronunciamientos para el engarce constitucional de los procesos de auxilio a morir de la LORE suscitan alguna duda de calado.

En un orden lógico, es, en primer lugar, evidente que el reconocimiento del derecho no alcanza a transformar una capacidad de disposición fáctica del individual previa a norma, integrada en el libre desarrollo de la personalidad, que en nuestra Constitución es no un principio, sino presupuesto del propio orden constitucional: fundamento dice, y dice bien, la Constitución. Ello es algo distinto de la autodeterminación que, aun siendo asunto no fácil de precisar, pues no es término acogido en nuestra Constitución, identificaremos como el conjunto de espacios individuales de disposición articulados en el ordenamiento constitucional y que comprometen a los poderes públicos. En una gran parte se trata de compromisos constituyentes de naturaleza iusfundamental para lo que ahora tratamos. Pero, mientras que el libre desarrollo de la personalidad es reconocido por la Constitución, la autodeterminación individual resulta del sistema de derechos fundamentales.

Nuestros derechos fundamentales, en segundo lugar, traducen fragmentos de dignidad, pues la dignidad misma se configura de nuevo como otro fundamento de nuestro orden político. Por tanto, una vez que reconocemos que el derecho fundamental a la integridad física y moral integra tal conjunto de fundamentos en el acto constituyente, la invocación complementaria en relación con un supuesto concreto merece una consideración precisa y cuidada, pues, en otro caso, no pasará de redundante.

Más en concreto, en tercer lugar, la autodeterminación respecto de la propia muerte no es —no puede serlo— un derecho fundamental, sino un acto de ejercicio del derecho fundamental que tratamos cuyo contenido la posibilita.

Especialmente llamativa en este contexto resultará así la relevancia que adquirió en las deliberaciones del Tribunal una alusión poco feliz, una sola, en que —en evidente lapsus, cabe suponer— se alude en el desarrollo de la argumentación a un «derecho fundamental a la autodeterminación respecto de la propia muerte en contextos eutanásicos». Una presunta fundamentalidad que queda descartada evidentemente por el resto de la argumentación sostenida por la doctrina mayoritaria que condujo al fallo^[36]. Se sostendrá, sin embargo, por la minoría frente a ambos fallos que la doctrina mayoritaria estaba pretendiendo, con esa alusión aislada, reformar la Constitución incluyendo un nuevo derecho fundamental^[37]. De la intensidad del debate sobre este asunto da idea, especialmente en el caso de la doctrina discrepante de la magistrada Espejel, la por otro lado acertada corrección que de aquel lapsus aislado se hará en la STC 94/2023, en doctrina expresada, ahora sí, de modo más depurado y alejada del exitoso malentendido.

En fin, y en cuarto y último lugar, no parece fácil encontrar explicación a la acumulación argumental, sobre todo en la STC 19/2023, que convoca en auxilio del derecho fundamental a la integridad física y moral a una relación de principios y valores, como si la mayoría entendiera preciso un reforzamiento en pro de la legitimidad constitucional de la LORE, ya perfectamente satisfecha con la remisión al contenido del derecho fundamental invocado. Esta suerte de apoyo complejo consistente en acumular el principio general de libertad, más el libre desarrollo de la personalidad —solo o en extraña compañía con la autodeterminación individual—, más la siempre omnipresente dignidad, crea la sensación de que apenas va a poder entrar en el camarote argumental el protagonista: el derecho a la integridad personal, que, si se me permite la licencia, ya lleva en sí todos aquellos ingredientes de fábrica.

4. A vueltas con las objeciones[Subir]

Ambas sentencias, especialmente la STC 94/2023, deberán responder a la reiteración en sede constitucional de algunas argumentaciones doctrinales de los recurrentes en apoyo de unas pretensiones en relación con el derecho a la objeción de conciencia que, como recordará la Abogacía del Estado en sus alegaciones, no se corresponden con la doctrina constitucional. La doctrina constitucional consolidada atribuye sentido al instituto de la objeción concebida como una categoría jurídica que los poderes públicos pueden atender en aquellos casos en que el legislador perciba la verosimilitud de que el cumplimiento de algunos deberes específicos puede afectar sensiblemente a las creencias, siempre todas y siempre libres, de ciertos ciudadanos. Bien entendido que tal derecho nace y muere en la ley que lo configura y que, en definitiva, no forma parte del contenido iusfundamental acogido en el art. 16 CE, de libertad ideológica.

Los recurrentes sostendrán que el art. 16.2 LORE y su disposición final tercera (por nexo con el art. 16.1 LORE) serían preceptos contrarios al derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa y a la reserva de ley orgánica, con infracción de los arts. 16.2 y 81.1 CE. Como decimos, el asunto no ocupará mucho al Tribunal, pues la doctrina básica y mayoritaria al respecto está ya consolidada^[40]. Y el Tribunal aprovechará la ocasión para precisar el alcance de lo afirmado al respecto en la STC 53/1985 en relación con el rechazo a la práctica de la interrupción del embarazo en los casos legalmente habilitados por parte de algunos sanitarios^[41]. El Tribunal realizará algunas apreciaciones para el supuesto de objeción al auxilio al suicidio en los supuestos recogidos en la LORE dentro, pues, del ámbito de la objeción sanitaria. Aunque es evidente una cierta deferencia de los pronunciamientos en relación con la técnica legislativa de la LORE en cuanto a la naturaleza orgánica de determinados preceptos^[42].

En contra de lo habitual, la STC 94/2023 innovará respecto de su gemela 19/2023 en materia de objeción, pero tan solo porque el recurso del GP Vox no incluyó entre sus motivos de impugnación el que versará, en el recurso del GP Popular, sobre el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia sanitaria en favor de las personas jurídicas. El recurso del GP Popular obligará al Tribunal a pronunciarse frente a una más pormenorizada argumentación de los recurrentes sobre la objeción de conciencia y su tratamiento constitucional, aunque siempre desde una meticulosa elusión de la doctrina constitucional consolidada. Pero incorporará, en cambio, un argumento novedoso, consistente en invocar el derecho en favor de las personas jurídicas con base en el hecho, siempre presunto, de que poseen un ideario^[43]. Este argumento transita, implícitamente, por una tierra de nadie entre la invocación al ideario de los centros docentes y una implícita evocación de la doctrina del TS norteamericano en 558 U.S. 50 Citizens United v. Federal Electoral Commission (2010). En fin, en síntesis, la relativa novedad de la argumentación de los recurrentes se ajusta a la concepción del derecho a la objeción de conciencia como parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad ideológica, cuya negación a las personas jurídicas supondría una restricción indebida, pues la mera imprevisión legal de este supuesto específico de objeción haría incurrir en inconstitucionalidad a la LORE.

El Tribunal, tras reiterar el criterio consolidado y considerar otros motivos de impugnación asociados (incluido uno sobre vulneración del orden competencial), pasará a exponer su doctrina sobre la capacidad de las personas jurídicas para ser sujetos de derechos fundamentales. Pero, sorprendentemente, enuncia una doctrina que, siendo correcta, posee un alcance más amplio al delimitar —también— el universo del personal sanitario específico investido del derecho a invocarlo. Así, dirá: «Las únicas actuaciones susceptibles de ser exoneradas del deber legal de garantizar el derecho de prestación de ayuda para morir, en los términos en que ha sido configurada por la LORE (art. 13.2), por estar amparadas en la objeción de conciencia, son las intervenciones de los profesionales sanitarios, cualquiera que sea su categoría profesional, en la ejecución efectiva de dicha prestación». Ello resuelve de modo indubitado el espacio de duda o zona gris suscitado. De este modo, solo el médico responsable y el equipo asistencial requerido para la aplicación de la prestación tendrán a su disposición el ejercicio de dicho derecho y estrictamente con ocasión de la realización de la prestación. Deberá entenderse, por tanto, que no es invocable dicho derecho en los actos preparatorios previos a la resolución que autoriza la aplicación por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación competente.

1. El difícil problema de ensamblar criterios técnicos en normas jurídicas[Subir]

Un importante grupo de impugnaciones versan sobre supuestos en que los recurrentes creen advertir inseguridad jurídica derivada de la descripción insatisfactoria de determinados aspectos contenidos en la norma legal. Así sucede con la queja por las imprecisiones en la determinación de alguno de los componentes del concepto legal de «contexto eutanásico», o la insuficiente precisión de la configuración de la incapacidad de hecho que activa el procedimiento del art. 5.2 en conexión con el art. 9 LORE, entre otras.

En la mayoría de los casos, y desde luego en todos los que vamos a tratar, se aprecia el problema que da título a este epígrafe: normalmente en forma de reproche por la escasa precisión de criterios de gran importancia en los procesos regulados. Pero en otros llama la atención, especialmente en algún voto particular, la irrupción —desde conocimientos propios de jurista— en terrenos científicos ajenos. Así sucede con la afirmación de carácter técnico según la cual: «[…] solo se establece que [la prestación] deberá hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de realización de la prestación»^[45].

En temas biojurídicos es preciso que los juristas demos con un conjunto de criterios que nos permitan identificar nuestra frontera y confinar en sus justos términos los criterios biomédicos en general. Y, además, necesitamos fijar las aduanas que permitan insertar criterios de naturaleza científica, jurídica o biomédica, en la única forma que resulta posible hacerlo: convirtiéndolo en dato. En este sentido deben entenderse las consideraciones propositivas siguientes.

2. El concepto de contexto eutanásico[Subir]

La LORE es, en este aspecto, técnicamente mejorable. Y una parte de las discrepancias de la minoría se alimenta de esas deficiencias.

Comenzaremos por afirmar que el término «contexto eutanásico» es técnicamente acertado y, además, desempeña un papel central en el diseño del sistema de auxilio al suicidio de la LORE. Pero no evita varios problemas.

En primer lugar, la LORE no lo define, si aceptamos que los preámbulos explican pero no definen, sino por relación a la parte dispositiva de las leyes. Y, de nuevo las dificultades, el texto dispositivo de la LORE ni siquiera alude a dicho término que queda así confinado en dicho preámbulo. Y en esta ubicación tan normativamente discreta nos encontramos con una doctrina sobre dicho contexto variada, acertada en unos casos, pero no tanto en otros. En puridad, encontraremos allí una definición congruente con las normas reguladoras, contexto eutanásico será «una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables». Repárese en que se trata de un concepto mixto en el que conviven datos técnicos de carácter biomédico junto con la percepción subjetiva de la persona enferma (que puede ser parcialmente también un dato técnico en determinadas circunstancias).

Sin embargo, y más adelante, se introduce un concepto abigarrado del mismo contexto eutanásico:

Y más adelante se define el supuesto en que la LORE define la «eutanasia activa», que, como ya se dijo, debiera ser denominada, según la propia LORE, art. 3.g, «prestación de ayuda para morir», vinculada a la existencia del contexto eutanásico, «acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable». Aunque, sigue el preámbulo: «Este contexto eutanásico, así delimitado, requiere de una valoración cualificada y externa a las personas solicitante y ejecutora, previa y posterior al acto eutanásico». Valoración quiere decir, en la LORE y para el caso, algo distinto: verificación.

Sin embargo este preámbulo acaba complicando las cosas, pues termina por referir un concepto subjetivo, y no biomédico, de contexto eutanásico. Hasta llegar a sustituir el criterio técnico integrado en art. 3, apartados b) y c), por el juicio subjetivo del sujeto.

Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.Toda esta prosa poseería un valor complementario si, como decimos, introdujera conceptos posteriormente definidos en disposiciones específicas de la norma. Pero no es el caso. Qué integre exactamente el contexto eutanásico es cosa variable, pues si posee lógicamente una naturaleza esencialmente técnica biomédica asociada a la percepción subjetiva de la persona que sufre, terminará siendo un elenco de juicios de autodeterminación sobre valores de los que el propio sujeto deberá sentirse titular de algún modo.

El asunto adquiere toda su importancia, pues como decimos, el contexto eutanásico, es decir, unas determinadas condiciones diagnósticas y pronósticas, es el pivote central de la LORE; en el extremo, es su razón de ser. Porque el dilema que la LORE viene a paliar posee un origen técnico indubitado. El espacio de decisión que viene a propiciar resulta de una precondición técnica, consistente en los avances que permiten identificar en la actualidad las situaciones descritas en el art. 3, apartados b) y c). Y son situaciones clínicas identificables a partir de un entorno técnico muy avanzado. Porque el contexto eutanásico solo puede descansar, repitámoslo, sobre diagnósticos y pronósticos dado determinado nivel de disposición de recursos técnicos.

Todo esto posee especial trascendencia porque es precisamente la naturaleza técnica del contexto eutanásico la que habilita una decisión de oportunidad del legislador para despenalizar la ayuda o prestación. La decisión del legislador es, desde luego, de oportunidad, al atribuir relevancia, ahora sí en términos de valores, principios y derechos, a una situación clínicamente definida. Lo que, en definitiva, hace el legislador orgánico es declarar relevante el criterio técnico y, a su través, asignar al espacio de autodeterminación acogido en el derecho a la integridad personal (o física y moral) del art. 15 CE eficacia jurídica bastante para que el auxilio de terceros quede exento de punibilidad.

El compromiso de los poderes públicos consistirá en proporcionar la prestación, pero podría no haber sido así. Otros ordenamientos han optado por vías variadas. En nuestro caso puede interpretarse la opción como correcta, siquiera por una razón: los recursos precisos para ayudar a morir están sustraídos del libre comercio y requieren en algunas variantes pericias técnicas específicas. Pero también correcta en un segundo sentido, pues el control público de la aplicación de la prestación proporciona a los poderes públicos una optimización de las condiciones de control con base en el deber de protección del derecho a la vida; de quien desea vivir, claro.

3. Norma jurídica y norma técnica en la LORE[Subir]

Es evidente que la regulación jurídica de procesos cuya finalidad persigue realizar la voluntad de una persona que ha decidido acabar con su existencia ayudándola a ello conmueve por su trascendencia. Y, sobre todo, por la naturaleza irreversible del acto suicida al que se contribuye.

Ahora bien, como también es evidente, un procedimiento que a nivel tanto clínico como jurídico asegure el cumplimiento de las prescripciones legales contenidas en la LORE de modo cierto debe resultar en un juicio de proporcionalidad favorable. Y, en este punto, las objeciones más intensas y minuciosas al sistema LORE se encuentran no tanto en las impugnaciones presentadas como en los VV. PP. discrepantes. Y en ellos se refleja una desconfianza a los juicios técnicos desde el derecho; no, claro, una desconfianza genérica, sino surgida al hilo de situaciones eventuales o posibles y, desde luego, no inverosímiles si se juzgan desde las variantes fácticas que la realidad puede proporcionarnos. Ello lleva a veces a argumentar en favor de incrementar la obligatoriedad de determinados informes técnicos complementarios, que la ley propicia pero no impone. Más allá de la legítima voluntad discrepante de la minoría es evidente que dichas prevenciones nacen desde el espacio técnico. Así, cuando se establece la obligatoriedad de la intervención de un especialista en psiquiatría con carácter preceptivo y condicionante de la constitucionalidad de la ley. La ley prevé daños psíquicos como consecuencia de las complicaciones asociadas a la patología base, lo que obviamente pone a disposición, tanto del médico responsable como del médico consultor o la Comisión de Garantía y Evaluación la posibilidad de recurrir a cualquier consulta de especialista de cualquier rama si así lo precisa^[46]. Y la práctica seguida en diversas comisiones así lo está evidenciando.

La LORE, tal y como disponía su disposición adicional sexta, dispuso la elaboración de la Guía de buenas prácticas clínicas, al modo habitual en todo entorno clínico complejo donde se integran un conjunto de protocolos sanitarios y jurídicos. Dicha guía fue elaborada por un numeroso grupo de expertos clínicos, jurídicos y de otra índole. Ha sido sometida a evaluación en su aplicación y en breve se hará pública una nueva versión que recoge la experiencia acumulada en la aplicación de la LORE por los sistemas autonómicos de salud y el INGESA en Ceuta y Melilla durante más de dos años. En ella se precisan los procedimientos técnicos para dictaminar los supuestos de incapacidad de hecho, o los protocolos para realizar la prestación, etc. Recientemente se ha aprobado el protocolo específico para donación de órganos por donantes eutanásicos. En fin, los sistemas de coordinación y puesta en común de los servicios autonómicos de salud han funcionado con eficacia y regularidad y, tras más de dos años y medio de aplicación de la LORE, muchos de los riesgos técnicos implícitos en algunas de las impugnaciones, de las que frecuentemente se ha hecho eco la doctrina discrepante, pueden darse por despejados en cuanto a riesgos estructurales asociados a la regulación legal impugnada. En todo ello es difícil comprender cómo puede proporcionarse un plus de certeza mediante la inserción de mayor complejidad técnica en el proceso descrito en la LORE y realizado en la práctica de más de dos años.

En fin, cabe desde luego mantener la máxima atención desde el derecho para hacer valer los valores, principios y derechos en juego, todos de máxima importancia, pero es preciso no invadir, pertrechados de nuestra «caja jurídica de herramientas», espacios que —aún tan discutibles como el jurídico— responden a una ciencia y técnica distintas. Delimitar con precisión el alcance de ambas ramas de conocimiento e integrarlas coherentemente es un objetivo siempre dificultoso; pero creemos que, en este aspecto, la LORE ofrece una imagen satisfactoria.

1. Sobre el procedimiento administrativo y su naturaleza[Subir]

La LORE presenta graves incorrecciones que el Tribunal se vio obligado a sanear mediante una apelación al rigor de los procedimientos administrativos y los términos y conceptos asociados. La ley es confusa al confundir actos técnicos de carácter clínico o de comprobación de los requisitos previos del solicitante con los actos administrativos. Regularmente, el Tribunal, a lo largo de su exposición doctrinal, entrecomillará sistemáticamente el término «denegar» que la ley asocia a las competencias del médico responsable o del médico consultor, en claro aviso del uso impropio del término. Pero no se trata del único caso de mal uso de términos técnico-jurídicos.

El término «informe», de uso frecuente en la ley, se utiliza para designar lo que no es tal, sino decisión formal del órgano en forma de resolución, en los arts. 10 y 18.a LORE. Por otro lado, el término «denegación» sufre una sensible pérdida de significado al utilizarlo para calificar un informe técnico de incumplimiento de los requisitos para solicitar la prestación. Obviamente, la acción de denegar posee naturaleza jurídica administrativa y no técnica. Sin embargo, el informe experto que la ley requiere del médico responsable o del médico consultor posee un carácter estrictamente técnico y, en su caso, de acto preparatorio, lo que la LORE parece compartir al aludir a la «comunicación médica» de los arts. 10.1 y 8.5 LORE, que contiene el resumen de las apreciaciones técnicas del MR y del MC que se remiten a la Comisión de Garantía y Evaluación para que, junto con el resto de requisitos legales, dicte una resolución. El resultado de los informes será siempre, por tanto, un pronunciamiento positivo o negativo de cumplimiento de los requisitos que, en ningún caso, posee por sí mismo naturaleza de decisión de un órgano público en el ejercicio de sus competencias. Algo solo imputable a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es el órgano legalmente competente para poner fin al procedimiento administrativo mediante la correspondiente resolución^[47].

El Tribunal se verá, así, obligado a realizar una discreta reconstrucción del procedimiento que el legislador intentó establecer al servicio de las garantías perseguidas. Lo curioso del caso es que las notorias deficiencias técnicas que mencionamos no animaron a denunciarlas a los recurrentes. El Tribunal utilizará determinadas causas de impugnación para introducir correcciones o, incluso, una reconstrucción jurídicamente correcta. Lo hará ya en la STC 19/2023/5 con ocasión de la descripción del procedimiento legal y se ocupará especialmente de ello con alguna extensión en el FJ 7, del que creemos preciso transcribir el siguiente fragmento como reflejo de lo que se describe:

2. Una aclaración necesaria[Subir]

De nuevo el Tribunal aprovechará una queja de los recurrentes para sentar de plano la imposible exclusión del enjuiciamiento jurisdiccional de toda resolución dictada por el órgano administrativo, la CGE, que ponga fin a la vía administrativa. La impugnación llamaba la atención sobre la ausencia de referencia expresa de la LORE al enjuiciamiento en vía contencioso-administrativa de las resoluciones favorables a la realización de la prestación solicitada. Lo que era llamativo en contraste con la pormenorización de la LORE sobre el enjuiciamiento frente a resoluciones denegatorias. El Tribunal deberá pormenorizar la doctrina al respecto y, más llamativamente, aventurar las causas de este desequilibrio en la ley. Aprovechará para recordar la posición del Ministerio Fiscal y su capacidad para instar el enjuiciamiento jurisdiccional de cualquier resolución.

Tras recordar:

Invocará la doctrina constitucional y la inexistencia de «zonas de inmunidad de jurisdicción». «[S]obre los derechos y bienes constitucionales que pudieran llegar a verse irreversiblemente afectados por hipotéticos incumplimientos de lo prescrito en la LORE no ha de tener la última palabra una administración pública»^[49].

Sin embargo, el Tribunal pasará a declarar: «La LORE no ha excluido el control por la jurisdicción contencioso-administrativa de las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación que reconozcan el derecho a la prestación de ayuda para morir», según reclamaba la demanda, que quedará así desestimada en este punto. Recordará que las normas sectoriales no poseen obligación de reiterar regulaciones generales contenidas, en el caso, en la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: su omisión no implica exclusión de la eficacia general de esta norma procesal.

La explícita referencia a las resoluciones desfavorables (art. 10.5 en conexión con el 18.a LORE) se explica, a juicio del Tribunal, por lo siguiente: «[El] carácter de derecho subjetivo jurídicamente exigible que el legislador ha atribuido a la prestación de ayuda para morir— de la que los recurrentes hacen una interpretación excluyente o a contrario. Esta mención pudiera deberse al celo del legislador en configurar como derecho subjetivo la prestación que disciplina o tal vez a la conveniencia de remitir a un procedimiento específico para su defensa jurisdiccional (disposición adicional quinta)».

Recordará que una exclusión discriminatoria del amparo contencioso-administrativo, inconstitucional en todo caso, solo podría inferirse de una disposición expresa. Y, al hilo de estas consideraciones, recordará «la legitimación institucional que pudiera corresponder al Ministerio Fiscal para la interposición, en especial, del recurso contencioso-administrativo en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, hoy regulado en el capítulo I del título V de la misma Ley 29/1998»^[50].

3. El extraño caso de la interpretación conforme que no llegó al fallo[Subir]

El art. 18.a LORE afirma en su descriptivo inicial que enumerará las funciones de la CGyE. Sin embargo, si se observa, junto con ello configura parcialmente los procedimientos que desarrollan dichas funciones. Mezcla, en definitiva, en técnica legislativa muy mejorable, función y procedimiento^[51]. Con buen criterio de lectura y comprensión los recurrentes deducían, a la vista del párrafo 4 del precepto, que la LORE establecía un procedimiento específico —exprés, diríamos— que atribuía a la CGyE una suerte de función de sustitución de las fases no realizadas o que habían suscitado informe desfavorable, en el caso de que la CGyE atendiera la reclamación solicitada.

El Tribunal se verá así obligado a precisar el sentido y alcance del principio de ejecutividad del acto administrativo, así como la imposibilidad de acoger en el ordenamiento jurídico procedimientos administrativos que impidan la posibilidad de su control jurisdiccional, a lo que llevaba la lectura literal del texto normativo.

Una vez declarada la incompatibilidad del significado literal con el resto del texto legal y, por supuesto, con el ordenamiento jurídico, el Tribunal comenzará destacando el origen del dislate, debido a la inserción mediante enmienda de dos párrafos, los 2 y 3, privando al nuevo párrafo 4 del sentido que cobraba en su ubicación inicial, como párrafo 2 en conexión con el párrafo 1. A ello se sumaba el lapsus técnico de acumular en la norma funciones y procedimientos, como decimos^[52]. Hecho el diagnóstico, el Tribunal reconstruirá el significado, el único significado posible, de lo dispuesto en el párrafo migrado. En resumen, el contenido del acuerdo de la CGyE, «facilitar la prestación», no se refiere a su aplicación sumaria, sino a retomar el procedimiento en el punto en que se interrumpió hasta alcanzar el momento de verificación que corresponde a la Comisión. Solo mediante resolución favorable en dicho momento final del procedimiento podrá acordarse la «aplicación» de la prestación^[53].

Una reparación mayor que debió ser acreedora de un lugar en el fallo.