Hace ya casi veinte años que se generalizó el uso de Internet. Desde finales de la década de los noventa hasta nuestros días, ningún fenómeno ha cambiado tanto la economía y la sociedad como el advenimiento de la era digital. Los estilos de vida se han visto profundamente transformados y las relaciones personales basculan cada vez más entre el aislamiento y la socialización que permite la interacción en la red. El paso de cualquier acontecimiento de lo individual a lo colectivo implica casi siempre, además, su politización: se utiliza entonces la discusión pública y las instituciones democráticas, tanto para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías como para aquilatar los riesgos que van emergiendo del uso descontrolado de las mismas. Después llega el derecho, como una expresión casi siempre tardía y reactiva, que intenta organizar un orden digital que tiende a la espontaneidad, articulando mecanismos para resolver los conflictos de intereses y defender una privacidad que se tambalea como consecuencia de cambios culturales que afectan a amplias capas de la población.
El presente monográfico pretende abordar, sin ánimo de exhaustividad, algunos de los fenómenos que desde una perspectiva política y jurídica parece que van consolidándose como consecuencia de la aparición de lo que tempranamente Manuel Castells denominó como sociedad red. Como se sabe, la aparición de Internet fue saludada inicialmente como una oportunidad histórica para solventar muchos de los problemas que empezaban a aquejar a un mundo global que tenía que afrontar las consecuencias del final de las ideologías. El solucionismo tecnológico permitiría conectar individuos y sociedades, superar la alienación propiciada históricamente por el capitalismo y mejorar las relaciones comerciales, llevando a la economía a cotas de crecimiento desconocidas hasta la fecha. Pero la gran innovación tendría que venir de la mano de la comunicación política: Internet podría abrir una ventana de esperanza para acabar con la crisis de mediación que sufría la democracia representativa. La conversación política podría ser ahora universal y permanente.
Pasadas dos décadas, hay motivos para mostrarnos tanto esperanzados como pesimistas con respecto a la utopía digital. De hecho, parece predominar un discurso político y doctrinal donde cada vez se ponen de manifiesto más claramente los problemas que desde la perspectiva de la formación de la voluntad democrática y la defensa de los derechos fundamentales van detectándose como consecuencia de la aplicación de las soluciones tecnológicas. Al aumento de oportunidades para el consumidor se opone la delincuencia económica derivada del uso del Internet profundo y otras técnicas especulativas. Los datos, que nos permiten obtener ventajas en el ámbito de las percepciones, los bienes y los servicios, suponen a la vez una gran invasión en la intimidad que ya no proviene solo de los poderes públicos, sino de un ámbito privado de difícil control y concreción. La transparencia comunicativa, que mejora las posibilidades para poner en marcha mejores mecanismos de responsabilidad política, impide en ocasiones la negociación leal para superar desacuerdos fácilmente superables en el contexto del proceso parlamentario tradicional.
Los ejemplos contradictorios en torno a las bondades y perjuicios de Internet podrían prolongarse ad nauseam, lo que probablemente ayudaría a construir una imagen pesimista que en realidad tendría como referencia una sociedad industrial idealizada que parece superada por la nueva época de la digitalización. La siguiente colección de trabajos pretenden, por el contrario, aportar una mirada reflexiva sobre los cambios tecnológicos, apuntar sus potencialidades y prevenir sobre ciertos riesgos, inherentes a toda fase de cambio social y económico. Para ello, hemos decidido presentar los artículos de una manera alterna, combinando una aproximación politológica, centrada en cuestiones discursivas y conceptuales, con un acercamiento jurídico en el que parecen detectarse serias dificultades para cohonestar la estática normativa con la dinámica de los acontecimientos citados. El derecho y la política son siempre los dos elementos llamados a gestionar, desde el punto de vista de la deliberación pública y la autoridad legal, los conflictos que inevitablemente surgen en momentos de crisis como los que actualmente vivimos.
En el primer trabajo, Manuel Arias Maldonado describe cómo la digitalización inherente a las redes sociales ha cambiado el diálogo público que precede a cualquier decisión democrática. Frente a la opinión pública ilustrada, de carácter jerárquico y procedimentalmente ordenada (Habermas), el nuevo espacio de discusión ciudadana estaría caracterizado por un giro afectivo, donde las decisiones individuales, incluidas aquellas relacionadas con los asuntos colectivos, empezarían a estar profundamente afectadas por emociones propiciadas por los diversos mecanismos comunicativos encargados de producir pulsiones y sesgos cognitivos. Paradójicamente, este proceso estaría conduciendo a reducir el peso de la participación en términos de intereses y a favorecer nuevas formas de democracia plebiscitaria (ocular y sensorial las denomina el autor) que explicarían el fomento de fenómenos populistas prácticamente en todos los sistemas representativos del planeta.
Por su parte, Andrés Boix Palop analiza la compleja e inestable construcción de los límites a la libertad de expresión en las redes sociales. A pesar de los riesgos que implica para la privacidad la cada vez mayor exposición de los ciudadanos a la comunicación digital, se parte de la premisa de que canales como Facebook o Twitter no solo tienen una protección constitucional análoga a otros medios de comunicación social, sino que son instrumentos especialmente importantes para horizontalizar en sentido democrático la opinión pública. A partir de ahí, se estudia la sesgada aproximación que los poderes públicos, especialmente el jurisdiccional, están mostrando a la hora de revisar los posibles ilícitos digitales tanto en el ámbito civil como penal. Reivindica el autor una necesaria actualización no solo de las reglas que abordan dichos ilícitos desde la perspectiva de los derechos de la personalidad, sino una contextualización jurídica de conductas socialmente reprochables que sin redes sociales no pasarían de lo meramente anecdótico.
En el tercer trabajo, Patricia Mindus aborda un tema especialmente importante y poco analizado: el gobierno de Internet. Parte la autora de la premisa de que la libertad política requiere de unas condiciones para que cada ciudadano pueda participar de manera directa o indirecta en la formación de la voluntad popular. Pues bien, mientras en el Estado esas condiciones deliberativas están garantizadas a través de distintos sistemas institucionales, en muchos casos jurídicamente controlados, en Internet nos encontramos con un espacio de mediación de carácter básicamente privado, donde interactúan sujetos gubernamentales y no gubernamentales a través de reglas muchas veces informales, creadas a través de procesos de autorregulación. La red no es, por tanto, un medio neutral para fundar nuevas comunidades políticas independizadas de los viejos prejuicios históricos, jurídicos o políticos, como han pretendido hacer creer las posiciones más libertarias, sino un contexto físico en el que poderes invisibles pueden disciplinar sin dificultad (Foucault) las formas de decisión individuales y colectivas, de acuerdo a intereses no siempre declarados.
Los cambios en el ámbito del periodismo digital son estudiados por Josu de Miguel Bárcena. El objeto de su trabajo es verificar primero las transformaciones que ha sufrido el periodismo en los últimos años, principalmente a partir de la crisis editorial global y el declinar de las cabeceras tradicionales, se constatan los procesos de individualización producidos por la aparición de nuevas maneras de informar (blogs, redes sociales), que en cualquier caso estarían garantizadas desde el punto de vista de la libertad de comunicación reconocida en la Constitución española. La aparición de un nuevo periodismo, muy vinculado a formas de participación ciudadana más activas, hace necesario cuestionarse si el ciberperiodismo está redefiniendo derechos fundamentales como el secreto profesional o si la diligencia informativa es aplicable en todos sus términos a sujetos que no forman parte de medios de comunicación social institucionalizados.
Elena García Guitián aprovecha su estudio para aportar claridad conceptual y discursiva en torno al efecto que las nuevas tecnologías tienen en la participación ciudadana. Destaca en primer lugar el profundo dualismo que se produce entre los que utópicamente observaron a comienzos de la década de 2000 grandes transformaciones democráticas como consecuencia del uso de nuevas tecnologías en el contexto del activismo, y aquellos que con el paso de los años comienzan a llamar la atención sobre los problemas para insertar el giro digital en los sistemas políticos realmente existentes. Centrado en el aspecto metodológico, el trabajo llama la atención sobre la necesidad de partir de un concepto de democracia previamente definido, que conjugue los puntos de vista tanto organizacionales como propiamente ciudadanos, para poder analizar los efectos de las TIC en los sistemas políticos contemporáneos.
La compleja cuestión de los datos personales es abordada en este monográfico por Oreste Pollicino. El autor italiano analiza la forma en que se garantiza el derecho a la protección de los datos personales desde la perspectiva del constitucionalismo multinivel. Para empezar, se estudia el contenido material de tal derecho en la Constitución europea y el problemático desarrollo realizado por el legislador comunitario. Después se llama la atención sobre las importantes decisiones jurisdiccionales que han servido en los últimos tiempos para modificar el paradigma normativo construido por las instituciones nacionales y supranacionales: a partir del diálogo jurisprudencial que caracteriza la interacción entre tribunales estatales y europeos, se estudian las recientes sentencias que han servido, por ejemplo, para resituar el papel de los sujetos privados en la garantía de derechos (asunto Google Spain) o para considerar la proporcionalidad de decisiones que desvelan la profunda injerencia de las posibilidades tecnológicas en la privacidad de los ciudadanos (asunto Schrems). El trabajo termina llamando la atención sobre cómo el ordenamiento comunitario va adquiriendo centralidad axiológica en el contexto de la mercantilización de datos entre Gobiernos y empresas.
Otro de los objetivos del presente colectivo es indagar sobre la relación entre la Administración Pública y el uso de las nuevas tecnologías. J. Ignacio Criado analiza la cuestión partiendo de un nuevo concepto, la gobernanza inteligente, que serviría para agrupar el conjunto de fenómenos que poco a poco van integrando los sistemas administrativos con el objetivo de ser más útiles para la ciudadanía: hablamos de la filosofía 2.0, el uso de los datos para ofertar mejores servicios, la aparición de la transparencia como valor primario y la emergencia de las redes sociales como forma de participación tendente a la mejora del funcionamiento de los Gobiernos. El artículo no se para en cuestiones teóricas, sino que llama la atención sobre distintas experiencias tecnológicas que han servido para profundizar y mejorar la colaboración entre las administraciones, los ciudadanos y los propios empleados públicos.
Miguel Ángel Presno Linera se encarga de explorar las posibilidades normativas y empíricas de incorporar a nuestros sistemas electorales el voto electrónico. Según el autor, dicha incorporación debe estar siempre al servicio de la mejora y facilitación del derecho de participación política, advirtiendo que la introducción de innovaciones tecnológicas no conduce necesariamente a la mejora de la democracia o a tomar mejores decisiones políticas. El voto electrónico debe respetar todas las características constitucionalmente garantizadas del sufragio: ha de seguir siendo universal, libre, secreto, igual, directo y personal, exigencias que actualmente no concurren ante la ausencia de una plenitud de instrumentos «virtuales». En todo caso, al margen de la necesaria infraestructura electrónica, antes de adoptar este tipo de instrumentos, debe desarrollarse un importante debate político, institucional y social, en el que se expongan con claridad las distintas opciones en presencia, los objetivos que se pretenden alcanzar y sus fortalezas y debilidades.
En el último de los trabajos, a cargo de Enrique Cebrián Zazurca, se realiza un repaso a los cambios experimentados en el Estado democrático, como consecuencia del advenimiento de Internet, en forma de ensayo bibliográfico. Para ello, se detiene en los siguientes cuatro aspectos: la institución parlamentaria y la democracia representativa, el derecho de participación en los asuntos públicos, la formación de la opinión pública y las libertades de expresión y de información. Colofón necesario para un monográfico que no podría haberse llevado a cabo sin el interés y las posibilidades ofrecidas por la Revista y sin la dedicación y la diligencia mostrada por los autores a la hora de llevar a cabo sus respectivos trabajos.