POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO POLÍTICO EN DEMOCRACIAS MEDIATIZADAS: EL CASO DE CATALUÑA (1999-2003)

I. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA[Subir]

Desde su llegada a la Presidencia de la Generalitat en 1980, Jordi Pujol mostró un gran interés por incidir en el sistema mediático catalán. Dos grandes preocupaciones captaron su atención y la de sus sucesivos Gobiernos, que dedicaron un elevado número de recursos políticos y económicos a este campo (​Guimerà, J. À. (2014). Les polítiques de comunicació durant els governs de Jordi Pujol. Barcelona: Proa.Guimerà, 2014; ​Lo Cascio, P. (2008). Nacionalisme i autogovern. Catalunya 1980-2003. Catarroja: Afers.Lo Cascio, 2008).

Por una parte, la creación de un sistema mediático específico de Cataluña lo más desarrollado y competitivo posible, que pudiera captar amplias audiencias y con capacidad de influir en la sociedad catalana. Este sistema era fundamental para el proceso de reconstrucción nacional y debía contar con una oferta pública potente (comparable a la de los grandes Estados europeos) y con medios privados competitivos. La intervención fue global e incluyó la radio, la televisión y la prensa tanto de alcance autonómico como local. Por otra parte, Pujol (​Pujol, J. (2009). Memòries. Temps de construir (1980-1993). Barcelona: Proa.2009 y ​Pujol, J. (2007). Memòries (1930-1980). Barcelona: Proa.2007) siempre se mostró preocupado por contar con medios afines que respaldaran su proyecto político y apoyó la creación de medios públicos y privados que difundieran valores adscribibles al catalanismo. Ambos ejes estuvieron vigentes con fuerza hasta 2003, pero presentaron un perfil aún más acentuado y con algunas particularidades significativas durante su última legislatura (1999-2003).

Este artículo tiene como objeto de estudio, precisamente, las políticas de comunicación desplegadas por la Generalitat entre 1999 y 2003, y su relación con la situación política de CiU tanto al frente del Ejecutivo como en el trance de sucesión de Pujol. El objetivo perseguido es analizar —teniendo en cuenta las líneas tradicionalmente seguidas por los Ejecutivos nacionalistas desde 1980— las características específicas de esta actuación gubernamental en un momento de cambio tanto desde un punto de vista político como del propio desarrollo del sistema mediático.

El planteamiento adoptado en esta investigación es claramente interdisciplinar e intenta conjugar una perspectiva y una metodología ligada a la historia política y otra más centrada en las ciencias de la comunicación y en el análisis de las políticas públicas. Las razones de esta opción se justifican por el propio objeto de estudio: el reto es reflexionar, utilizando un caso concreto, sobre la relación entre medios de comunicación y consolidación de liderazgos políticos en Cataluña, teniendo en cuenta dos coyunturas específicas. Por un lado, una coyuntura política: la federación nacionalista, que, a pesar de haber estado al frente de las instituciones catalanas desde su recuperación en 1980, vivía un momento especialmente delicado, entre la progresiva pérdida de hegemonía electoral y política (y el consiguiente reforzamiento de los otros actores) y un inaplazable proceso de sucesión de sus cúpulas dirigentes (​Lo Cascio, P. (2008). Nacionalisme i autogovern. Catalunya 1980-2003. Catarroja: Afers.Lo Cascio, 2008). Y, por el otro, la coyuntura mediática: el cambio radical del propio sistema, en un momento en el cual los adelantos tecnológicos, la multiplicación de las plataformas comunicativas y la profunda mutación de las existentes empujaban necesariamente a una revisión a fondo de las políticas seguidas hasta el momento (​Guimerà, J. À. (2014). Les polítiques de comunicació durant els governs de Jordi Pujol. Barcelona: Proa.Guimerà, 2014).

La importancia de la relación entre medios de comunicación, sistemas políticos y ciudadanos en la definición de las características de las democracias contemporáneas (sintetizada a menudo en lo que se ha acabado por denominar comunicación política) ha sido un tema que, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo xx, ha ocupado la atención de historiadores, sociólogos de la comunicación y politólogos de todo el mundo. Muchas veces —y como no podía ser de otra manera— con planteamientos abiertos, dada la enorme interdependencia y mutabilidad de los actores comprometidos (​Gerstlé, J. (1992). La communication politique. Paris: PUF.Gerstlé, 1992: 21).

Sin embargo, ya hace unos años, Blumler y Kavanagh (​Blumler, J. y Kavanagh, D. (1999). The third age of political communication: influences and features. Political Communication, 16 (3), 209-230. Disponible en: https://doi.org/10.1080/105846099198596.1999) ofrecieron una sistematización cronológica en tres fases de la evolución de esta triple relación. Basada en la inseparabilidad de los cambios acaecidos en cada una de las tres partes implicadas y en sus interrelaciones, sigue siendo especialmente útil con fines de contextualización. La tercera y última fase, que comenzaría en los años noventa y que todavía no se puede dar por concluida, estaría marcada por la fragmentación de los medios (tanto por lo que atañe a aquellos más tradicionales como la televisión, como, evidentemente, por la red) y por el progresivo incremento de la comunicación bi o incluso tridireccional. En el catálogo de los fenómenos resultantes (sin dar evidentemente esta lista por cerrada) entrarían una progresiva profesionalización de las relaciones de comunicación entre sistema político y ciudadanos, la profunda mutación en sentido espectacularista de sus formas, o bien la modificación en las pautas de consumo informativo por parte de los ciudadanos.

Por otra parte, los estudiosos de la comunicación política (​Mazzoleni, G. (2004). La comunicazione política. Bologna: Il Mulino.Mazzoleni, 2004: 20-22) han hablado también de dos modelos prevalentes de relación entre los tres actores. El primero, llamado publicístico-dialógico, se basaría en la estrecha interrelación entre sistema político, medios y ciudadanos, concibiendo estos últimos como actores en pie de igualdad, subrayando la importancia del conjunto de relaciones entre ellos (también las que se realizan fuera del espacio de la comunicacion pública) y por lo tanto rebajando la supuesta posición preeminente de los medios. El segundo, en cambio, argumentaría la profunda diferencia de influencia entre los tres actores, otorgando una centralidad absoluta a los medios (sobre todo con la aparición de la televisión), capaces de influenciar a los otros dos de forma decisiva. En este modelo, llamado con razón «mediático», «toda la acción política pública se desarrolla dentro del espacio mediático o depende en medida relevante de la acción de los medios» (​Mazzoleni, G. (2004). La comunicazione política. Bologna: Il Mulino.Mazzoleni, 2004: 22).

Para el objeto de estudio de esta contribución, se podría afirmar que entre 1999 y 2003 todavía se estaría en un momento incipiente de la última fase de fragmentación de la oferta mediática tradicional descrita por Blumler y Kavanagh y claramente en un modelo «mediático» de comunicación política. En este marco, el análisis tendrá en cuenta sobre todo las relaciones entre el sistema político (entendido aquí en su acepción más amplia como instituciones, fuerzas políticas e incluso nuevo liderazgo interno a una fuerza política) y medios de comunicación en España y Cataluña, según aquello que ha sido definido por Casero (2009: 4) como un modelo de control de la información periodística caracterizado por políticas de alianza entre actores políticos y actores mediáticos. En este caso, alianzas impulsadas por el último Gobierno de Pujol con el objetivo de asegurar una posición preeminente de su gabinete en el debate público en una coyuntura política adversa y, a la vez, afianzar y consolidar el liderazgo de Artur Mas y de su entorno político en el momento en que se producía la sucesión del veterano dirigente nacionalista.

Para analizar esas relaciones apuntadas por Casero cabe tener presentes las particularidades de cada país. Como han puesto de manifiesto Hallin y Mancini (​Hallin, D. y Mancini, P. (2008). Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer.2008), en la Europa contemporánea coexisten tres modelos de sistemas mediáticos. España dispondría de un sistema «pluralista polarizado o mediterráneo», propio de los países que tuvieron una democratización tardía de sus estructuras políticas y marcado por una fuerte intervención del Estado. De todas las características que lo definen (ibid.: 62-63), para esta investigación son de interés el fuerte «paralelismo político» de los medios respecto a las ideologías y los partidos que las representan; la «instrumentalización política» de los medios por parte de actores tanto políticos como económicos; la ausencia de una «autoridad racional-legal» que garantice unas normas de gobierno formales y generalizadas; y el «clientelismo» en las relaciones Estado-sector privado.

Para estudiar el proyecto catalán de un sistema de medios propio resulta de gran utilidad el concepto de «espacio de comunicación» desarrollado por Gifreu (​Gifreu, J. (1991). Construir l’espai català de comunicació. Barcelona: Cedic.1991: 28), es decir, «el proyecto de conseguir articular, a través de diversos mecanismos, actuaciones de tipo político, económico y cultural, una capacidad efectiva de control sobre la estructuración y el funcionamiento del sistema general de comunicación social» presente en un territorio concreto. Este artículo quiere profundizar en un aspecto poco tratado: la dimensión política de ese proyecto. Como sostiene Corominas (​Corominas, M. (1997). Estructura y polítiques de la comunicació. En J. Berrio (ed.). Un segle de recerca en comunicació a Catalunya. Estudi crític dels principals àmbits d’investigació de la comunicació de massa (pp. 99-150). Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.1997), las aproximaciones clásicas se centran en el componente lingüístico y cultural que caracterizó al concepto originalmente. Pero investigaciones recientes demuestran la existencia de una dimensión política importante que se desgrana en cuatro ejes: la institucionalización de la Generalitat a través de instrumentos con capacidad de influencia en la opinión pública (la radio y televisión públicas autonómicas), el refuerzo del autogobierno catalán (dándolo a conocer entre la población e informando sobre su actividad), la voluntad explícita de contribuir a la difusión del catalanismo político, y la creación de una esfera pública (una arena política, si se quiere) que permita los tres objetivos anteriores (​Guimerà, J. À. (2014). Les polítiques de comunicació durant els governs de Jordi Pujol. Barcelona: Proa.Guimerà, 2014: 470-471). Esta dimensión es la que se trata aquí.

El diseño metodológico parte de dos hipótesis generales formuladas a partir del marco teórico escogido. La primera plantea que el Gobierno catalán consideró fundamental el control de los medios de comunicación para gestionar una legislatura objetivamente compleja para sus intereses. La segunda establece que en el período estudiado se produjo un cambio de prioridades en las políticas de comunicación del Gobierno catalán derivado de dos exigencias distintas: la necesidad de operar en un contexto político y mediático cambiante y la necesidad, en este contexto, de consolidar de nuevo un liderazgo de CiU en la figura de Artur Mas en un entorno postideológico.

El trabajo de investigación ha consistido en el análisis y explotación de diferentes fuentes, primarias y secundarias. Entre las primarias, se han analizado la documentación oficial que permite reseguir la acción de Gobierno y la respuesta del conjunto de las fuerzas políticas [Legislación y reglamentos, el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSCP) y Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)], y las fuentes hemerográficas, consideradas especialmente útiles para calibrar el impacto de las políticas analizadas, además de haber realizado entrevistas en profundidad semiestructuradas a actores clave que han acabado aportando elementos decisivos para el análisis. Finalmente, también se han tenido en cuenta fuentes secundarias y se han considerado obras de perfil periodístico pero que se han aproximado con solvencia al proceso de sucesión de Pujol y que han ayudado a situar las vicisitudes internas de la federación nacionalista en el contexto político general.

II. EL CONTEXTO POLÍTICO[Subir]

Los últimos cuatro años de gobierno de Jordi Pujol se pueden caracterizar como un ciclo político específico en el conjunto de la dilatada trayectoria del nacionalismo moderado como fuerza de gobierno en Cataluña.

A efectos de periodización, hay que señalar que la primera legislatura de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat (de 1980 a 1984) se había caracterizado por una relativa debilidad parlamentaria, y por una acusada capacidad de establecer pactos y alianzas no solo por la gestión ordinaria de los asuntos de gobierno (con una mayoría variable, ahora con ERC, ahora con UCD), sino por los grandes asuntos relativos a la consolidación de las instituciones catalanas, en los cuales —con la significativa excepción de las cuestiones de ordenación territorial^[2]— (​Lo Cascio, P. (2008). Nacionalisme i autogovern. Catalunya 1980-2003. Catarroja: Afers.Lo Cascio, 2008: 263-281), habían visto la colaboración de todas las fuerzas parlamentarias catalanas.

A partir de 1984, con la victoria por mayoría absoluta, y hasta la mitad de los años noventa (obtendría mayoría absolutas en 1984, 1988 y 1992), se entraría en una segunda etapa caracterizada por la fuerte hegemonía de CiU y por la consolidación del diseño y de la gestión de unas políticas públicas de carácter autónomo, tanto con respecto a las otras fuerzas políticas catalanas como al cuadro político estatal. Este aspecto no significa tampoco que la oposición en Cataluña fuera excluida del juego político, al contrario. Continuarían las prácticas de colaboración, pero en una dinámica parlamentaria en la cual la iniciativa del Gobierno tendría un protagonismo prácticamente absoluto.

Tampoco significaría —o al menos, no del todo— que las relaciones con los Ejecutivos de Felipe González fueran siempre conflictivas. Conflictos hubo sin duda, sobre todo en la segunda mitad de los años ochenta, pero también amplios espacios de colaboración. Pero aquí también, y sobre todo después del fracaso de la llamada operación reformista en 1986^[3], las colaboraciones se enmarcaron siempre dentro de la idea de estar delante de dos esferas políticas comunicantes pero bien distintas (​Caminal, M. (2001). El pujolisme i la ideologia nacionalista de CDC. En J. B. Culla (coord.). El Pal de Paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000) (pp. 127-160). Barcelona: Pòrtic.Caminal, 2001: 185).

El periodo hegemónico se empezaría a resquebrar en 1995 con la pérdida de la mayoría absoluta en el Parlamento catalán (tabla 1). En realidad las señales de una progresiva pérdida de capacidad de iniciativa política ya se habían empezado a manifestar en el bienio 1992-1993. Por ejemplo, se hizo evidente que en la negociación sobre la nueva financiación, quien había tomado la delantera de la reivindicación de la corresponsabilidad fiscal (proponiendo la cesión del 15 % del IRPF) había sido el PSC y el Gobierno catalán había hecho suya la propuesta solo en un segundo momento. Así y todo, la hegemonía y la centralidad política del nacionalismo catalán se prolongarían durante unos años más, aunque sobre bases parcialmente distintas y, por lo tanto, con modalidades también distintas. No ya la inquebrantable fortaleza electoral, sino el final de las mayorías absolutas en Madrid (1993 y 1996) y la falta de una alternativa de gobierno madura y concreta en Barcelona, serían la clave de esta suerte de «prórroga». Todo ello, sin embargo, en un escenario de reducción progresiva del perímetro del consenso en Barcelona y de dependencia (aunque a menudo esta fuera desde posiciones de fuerza) de los equilibrios en la capital del Estado (​Lo Cascio, P. (2008). Nacionalisme i autogovern. Catalunya 1980-2003. Catarroja: Afers.Lo Cascio, 2008: 291-317).

III. EL GRAN MIEDO DE 1999[Subir]

Todo cambiaría (o, mejor dicho, el cambio se haría evidente) a partir de las elecciones de 1999, por muchas razones. En primer lugar porque a pesar de seguir pudiendo ostentar la jefatura de la Generalitat, CiU necesitaría sin duda alguna de un apoyo parlamentario sólido. En segundo lugar, porque la alternativa de gobierno y un proyecto político altamente competitivo ahora existían, y, además, con un liderazgo claro de Pasqual Maragall. En tercer lugar, porque el propio paso del tiempo y el desgaste empujaban finalmente a Jordi Pujol a plantear de forma muy clara el problema de su sucesión política, un asunto hasta el momento prácticamente tabú y, en todo caso, dejado totalmente en las manos del propio Jordi Pujol. Y, finalmente, aunque quizá sea un aspecto menos identificable de forma inmediata, porque a lo largo de los años noventa se había acentuado (no que antes no lo tuviera) de forma muy clara el perfil conservador de CiU, desplazándola de aquella centralidad ideológicamente ecléctica que había sido en los años de reconstrucción de las instituciones autonómicas, una de las claves de su éxito (Lo Cascio, 2008: 279-280). Esta nueva situación está en la base de las necesidades de comunicación política que tendrían cada vez más los nacionalistas moderados y que afectarían a la manera en que el ejecutivo autonómico se relacionaba con los medios e intentaba influir en su discurso (​Álvaro, F. M. (2003). Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors. Barcelona: Edicions 62.Álvaro, 2003; ​Guimerà, J. À. (2014). Les polítiques de comunicació durant els governs de Jordi Pujol. Barcelona: Proa.Guimerà, 2014).

Los resultados de 1999 habían representado la visualización de un cambio de ciclo político empezado en los años anteriores y que ahora llegaba a su manifestación evidente: CiU, por primera vez en 19 años, había perdido las elecciones (al menos en votos) y ahora, con 56 diputados, necesitaba un aliado de gobierno (tabla 2). Las negociaciones empezaron inmediatamente y de forma paralela con ERC por un lado (a cargo de Pere Esteve) y por el PP por el otro (a cargo de J. A. Duran i Lleida). No era la primera vez que CiU se encontraba frente a una disyuntiva similar, en el fondo el propio carácter centrista y, sobre todo, pragmático del partido, y de su máximo dirigente, habían permitido colaboraciones con ambas fuerzas políticas antagónicas a lo largo de los años.

Sin embargo, esta vez era diferente, en primer lugar, por la situación de debilidad de la coalición y de la misma CDC. Aunque de forma solapada^[4] existían dentro de Convergència dos líneas de pensamiento claramente diferenciadas con respecto a la llamada política de alianzas. Una, claramente orientada a un pacto con los republicanos, derivada de apreciaciones de carácter estratégico pero también de un planteamiento cultural y político en parte nuevo. Sobre la base de la convicción de que la colaboración con el PP, así como un cierto estancamiento de la propia iniciativa política en los últimos años, estaban en la base de la pérdida de consensos experimentada, esta tendencia interna, representada por Esteve (que había sido el propulsor de la llamada Declaración de Barcelona, en 1998) y por un significativo grupo de dirigentes jóvenes que acabaría teniendo responsabilidades importantes en los años siguientes, planteaba el posible pacto con ERC más como una alianza estratégica que como una simple colaboración coyuntural^[5].

Otra línea, incluso menos estructurada que la primera y decididamente más continuista, abogaba en cambio por traspasar a Barcelona el esquema de alianzas con los conservadores que ya funcionaba a pleno ritmo hacía más de tres años en Madrid: tras el Pacto del Majéstic en la primavera de 1996, los diputados catalanes habían permitido el nacimiento del Gobierno de José María Aznar y mantenido una estrecha colaboración parlamentaria. En este caso, y sin que hubiera llegado nunca a cristalizarse de forma explícita y, aún más a teorizarse, la apuesta era solo aparentemente más pragmática y menos comprometida: el proceso de la decantación de CiU hacia posiciones cada vez más conservadoras —sobre todo en el ámbito económico y social— era un hecho en 1999. En cierta forma, una alianza con el PP acababa de consolidar la condición de CiU como centroderecha catalán^[6].

El propio Jordi Pujol pero, en el momento en que daba mandato a las dos delegaciones para negociar, por encima de todo, ganaba tiempo. Finalmente, y a pesar de lo aparatosos que parecieron los procesos de negociación (al menos, en las páginas de la prensa), la decisión fue tomada en solitario por el mismo Pujol^[7]. En el segundo día del debate de investidura dejaba entrever en su discurso cuál era su opción: en una intervención decididamente poco brillante^[8], introducía los términos del pacto en el momento en que hablaba de la perspectiva de mejora de la financiación autonómica. Ello significaba, de hecho, repetir en Barcelona la colaboración con el PP.

Lo que no mencionaba en el discurso eran las condiciones que los populares habían puesto para la conclusión del acuerdo: excluir del programa de gobierno cualquier referencia a una posible reforma estatutaria (​Mateos de Cabo, Ó. I. (2000). Los comicios catalanes de 1999. Un caso curioso en el sistema electoral proporcional: votos versus escaños. Revista de Derecho Político, 47, 253-285.Mateos de Cabo, 2000: 276). En realidad, esta opción, que se podría definir de «inhibición», llevaría consigo consecuencias importantes que se manifestarían a lo largo de los diez años siguientes. Pero en ese momento estaban motivadas por dos razones fundamentales, una de necesidad inmediata y otra de más largo alcance.

La primera tenía que ver con la necesidad imperiosa de tomar tiempo a la espera de los resultados de las elecciones generales previstas para marzo de 2000. Por eso se había escenificado una negociación larga, complicada y a la hora de la verdad extremadamente pobre de contenidos programáticos. Si la negociación del acuerdo había sido muy publicitada, para su culminación, en cambio, se habían elegido tonos sigilosos, casi elípticos, que revelaban hasta qué punto la gestión comunicativa de este proceso había sido compleja y necesitada de apoyos en los medios más próximos, como se verá más adelante. De hecho, en la misma votación de investidura, finalmente ERC se había abstenido alegando «razones de patriotismo»: todo parecía poder cambiar según los equilibrios que saldrían del voto de marzo, o al menos esto dejaban entrever los mismos republicanos^[9].

La segunda razón respondía a un razonamiento político más general y de más alcance que el propio Jordi Pujol hizo y en cierta forma impuso a su fuerza política, y en definitiva al conjunto del sistema político catalán, y que pivotaba sobre la idea de la estabilidad. Por experiencia, por olfato, por propensión, pasara lo que pasara en marzo, según Pujol, el pacto con los conservadores españoles garantizaba años quizá políticamente anodinos, pero como mínimo de pocos sobresaltos políticos. El tiempo que el mismo dirigente necesitaría para proyectar, concretar y consolidar su sucesión política. Un proceso que se imaginaba largo, se quería sin sorpresas y, sobre todo, se quería acompañar sin interferencias desde el principio hasta el final (​Álvaro, F. M. (2003). Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors. Barcelona: Edicions 62.Álvaro, 2003).

IV. UNA LEGISLATURA «PUERTAS ADENTRO»[Subir]

En este sentido, la última legislatura autonómica bajo el liderazgo de Pujol representa una coyuntura especialmente interesante, en la cual se producen unos procesos que, en el momento en que marcan rupturas con las prácticas de la experiencia pasada, ayudan a explicar y comprender las dinámicas que forjaron los planteamientos del nacionalismo moderado catalán a principios del nuevo milenio.Como se mostrará más adelante, este nuevo contexto tendrá una derivada comunicativa que se tradujo en un aumento de la intervención sobre el sistema mediático respecto a años anteriores.

Sobre todo, hay que tener en cuenta que fue una legislatura «puertas adentro»: CiU no se comprometió en iniciativas de gobierno de gran calado, y en cambio dedicó esfuerzos importantes a su reestructuración interna con el objetivo de consolidar un grupo dirigente capaz de encarar una fase postpujolista que no por ser inevitable dejaba de despertar aprensiones e incertidumbres. De hecho, la propia constitución del Consell Executiu daba fe de que se estaba solo en el principio de un impasse que se presentaba largo. Josep Antoni Duran i Lleida y Artur Mas ocuparían los puestos más destacados del gabinete, situándose en ese momento los dos en la línea de salida para la carrera a la sucesión, conscientes, a pesar de todo, de que la duración de la carrera no se podía conocer de antemano y que la decisión última sobre dónde poner la línea de llegada no correspondería ni a uno ni al otro (​Álvaro, F. M. (2003). Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors. Barcelona: Edicions 62.Álvaro, 2003).

En realidad, que la carrera sería más breve para Mas se había empezado a ver justamente en la precampaña electoral para las elecciones de 2000, cuando se hizo promotor de la propuesta de un pacto fiscal entre Cataluña y el Estado. En este sentido, Mas actuaba plenamente como el Pujol de los últimos años. Intentaba capitalizar electoralmente una mejora de la financiación, que había sido el eje justificativo fundamental del pacto CiU-PP de 1996, rompiendo así la praxis tradicional de los gobiernos catalanes que habían planteado siempre las negociaciones sobre financiación como un asunto compartido entre las fuerzas políticas catalanas (​Bosch, N., Castells, A., Corona, J. F., Costa M., Costas, J. C., Díaz, A., López, G., Ortuño, A., Pedrós, A. y Solé, J. (1989). Les finances de les comunitats autònomes. L’experiència de Catalunya. Barcelona: IEA.Bosch et al., 1989). La propuesta de Mas estaba pensada, al menos en parte, para consumo interno: intentaba proporcionar a un partido y a un electorado nacionalista, no del todo convencido de la colaboración con la derecha española, argumentos sólidos, llegando a declarar que la coalición nacionalista daría su apoyo a un futuro gobierno español (que todos preveían en manos del PP) en minoría solo si este se comprometía a adoptar un sistema de financiación que garantizaba un volumen de 400 000 millones de pesetas (unos 2400 millones de euros) para la Generalitat.

Los resultados de marzo de 2000 impidieron la repetición del esquema de relaciones empezado en 1996 (tabla 3). La mayoría absoluta del PP devaluó de manera instantánea la fuerza parlamentaria de CiU en las Cortes (que había resistido, pasando de 16 a 15 diputados) y de paso abrió un atisbo de discusión interna en la federación.

La contundencia de los resultados y la constatación de una progresiva debilitación electoral del nacionalismo moderado, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales (tabla 4), hicieron que dentro de la propia CDC se volvieran a activar las voces que en 1996, y después de las autonómicas de 1999, ya habían sido críticas con la colaboración con los populares. Ahora, con la perspectiva de un posible rodillo conservador español, se sentían más autorizadas para formular objeciones y avanzar propuestas (​Lo Cascio, P. (2008). Nacionalisme i autogovern. Catalunya 1980-2003. Catarroja: Afers.Lo Cascio, 2008: 332).

Resulta difícil hacer una estimación cuantitativa del grueso de dirigentes, cuadros y militantes nacionalistas críticos. Sin embargo, justo después del voto de las generales, se abrió un profundo debate sobre el futuro del Gobierno en Cataluña, y, en concreto, sobre la posibilidad de un cambio de alianzas en favor de un pacto nacionalista con ERC en Barcelona^[10]. Prueba evidente de la existencia de un profundo debate interno fueron las declaraciones de los dirigentes nacionalistas en aquellos días: mientras algunos aseguraban el comienzo de negociaciones con los republicanos, otros hablaban de la importancia de mantener en todo caso buenas relaciones con el Gobierno central y remarcaban la poca confianza inspirada por el grupo encabezado por Josep Lluís Carod Rovira. Otros más planteaban una política de pactos puntuales^[11].

Sin embargo, el incipiente debate se acabó rápidamente cuando el presidente Pujol declaró a la prensa que evitaría a toda costa la construcción de un «frente catalán»^[12]. Expresión que, traducida al lenguaje común, significaba desestimar cualquier tipo de colaboración estable con ERC. Había prevalecido la lógica de la confianza en el líder histórico del nacionalismo catalán, convencido de la necesidad de mantener una estabilidad política suficiente para ocuparse a fondo de la sucesión. Esa opción cogía visibilidad a través del voto favorable y aritméticamente innecesario de los diputados nacionalistas a la investidura de José María Aznar a cambio de un genérico pacto sobre la revisión de la financiación autonómica que enterraba para siempre jamás el Pacto Fiscal y los 400 000 millones de pesetas. Se trataba de un acuerdo pragmático, decidido expresamente por Pujol, que había querido y obtenido una vez más carta blanca por parte de la coalición. Las razones de la elección, en buena parte, tenían que ver con una tradicional desconfianza hacia el radicalismo de la nueva cúpula dirigente de ERC y con la necesidad ya imperiosa de solucionar cuanto antes mejor el problema de la sucesión interna (que se había manifestado como tal en 1999 pero que ahora cogía tintes casi de urgencia delante del panorama desfavorable para la coalición nacionalista), concluyendo de manera sosegada su parábola política y cumpliendo con el compromiso pendiente de consolidación de un nuevo equipo dirigente.

V. LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE ARTUR MAS[Subir]

Los entresijos del proceso que llevó finalmente Artur Mas a acumular responsabilidades (portavoz del Gobierno, Conseller en cap y, finalmente, en 2002, candidato para las elecciones de 2003) y a la emersión de todo un nuevo grupo dirigente que acabará tomando las riendas del gobierno catalán son muchos y complejos.

Valga aquí recordar solo algunos elementos de forma y de sustancia. En primer lugar, la elección de Mas se debió en parte al hecho de que cumplía con las características de ser un dirigente que había pasado el cursus honorum dentro del partido sin ligar su fortuna política a otro dirigente que no fuera el propio Jordi Pujol. Artur Mas, después de un rápido paso como técnico por el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo a principios de los años ochenta, había vuelto sucesivamente al mundo de la empresa y entraría definitivamente en política al ser elegido concejal de Barcelona en 1987 y revalidado en 1991 formando parte de la lista de CiU como independiente. Importante notar que acabaría siendo desde 1993 presidente del grupo municipal de CiU en el consistorio, y aún siendo poco vinculado a un partido que hasta aquel momento había sido controlado por Roca, este reconocería su valentía en los años más fuertes del maragallismo en la ciudad de Barcelona (​Álvaro, F. M. (2003). Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors. Barcelona: Edicions 62.Álvaro, 2003: 184). Llegaría a la Generalitat en 1995 como consejero de Política Territorial y Obras Públicas sobre la base de una concreta elección del president, que admiraba su seriedad, su eficiencia y su capacidad de compromiso. En este sentido, como recuerda Álvaro (​Álvaro, F. M. (2003). Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors. Barcelona: Edicions 62.2003: 163), una de las claves de su afirmación fue justamente la confianza que Pujol podía depositar en él sobre la base de la constatación de que no tenía otras lealtades a preservar dentro del partido.

En segundo lugar, que juntamente con Mas se afirmaba un grupo dirigente joven (bautizado por la prensa de muchas maneras, que aquí se indicará genéricamente con el nombre de neopujolista, pero más conocido con el apodo de pinyol, hueso), considerado capaz de enfrentarse a los retos planteados por la nueva situación justamente por su pragmatismo y su conocimiento de la máquina administrativa. El núcleo de jóvenes que acompañó a Mas en el desembarque al timón de CDC —Quico Homs, Germà Gordó, David Madí, Quim Forn, Lluís Corominas, todos avalados por Felip Puig y cuyo centro neurálgico de conexión era Oriol Pujol Ferrusola— se definía sobre todo por ser personal político claramente más ducho en el control del poder en las instituciones que en la militancia en el partido. Entre todos ellos destacaría Madí que, como secretario de Comunicación del Gobierno entre 2001 y 2003 y jefe de campaña de Mas para las elecciones de 2003, se revelaría como un actor clave en los intentos de instrumentalización de los medios por parte del Ejecutivo catalán.

En tercer lugar, cabe recordar cómo todo el proceso de renovación fue pilotado íntegramente por el mismo Pujol. Dentro de CDC, y en buena medida también ante la opinión pública, fue este en definitiva el elemento de legitimidad más fuerte otorgado a los nuevos dirigentes. Finalmente, y quizá este sea el elemento que ayuda a enmarcar adecuadamente la singularidad de las políticas de comunicación de la Generalitat en esta etapa, por todas las razones expuestas, el relevo y la consolidación de la nueva cúpula —en la federación nacionalista y en el Gobierno— se hicieron en una situación de debilidad objetiva y subjetiva de la coalición nacionalista. Objetiva por la progresiva pérdida de consenso experimentada (CiU en 1999 había perdido las elecciones en votos) y por la correlación adversa de fuerzas en Madrid. Y subjetiva, porque más allá de la relativa inexperiencia de algunos dirigentes y de la evidente dependencia de todos de un presidente ya en su último tramo de la vida política, el precio que se había pagado para tener las condiciones consideradas idóneas para la emersión de un nuevo liderazgo había sido la práctica paralización de la iniciativa política.

La legislatura 1999-2003 acabó siendo, como se recordó, una legislatura «puertas adentro», en la cual se experimentó un cambio profundo de las relaciones entre el Ejecutivo catalán y los medios de comunicación derivado de la convicción de que estos últimos fueron considerados aliados indispensables para el momento en que finalmente, culminado el relevo político y generacional, esas puertas se abrieran^[13].

VI. LAS POLÍTICAS DE MEDIOS: REORDENAR Y CONTROLAR UN INSTRUMENTO DECISIVO[Subir]

La acelerada mutabilidad del contexto político en Cataluña se desarrolló en un momento decisivo de cambio del sistema comunicativo a nivel global impulsado por la digitalización y la comercialización, dos tendencias paralelas que alteraban profundamente el statu quo. Ambos factores llevaron a la Generalitat a replantear a fondo sus políticas de comunicación, poniendo en marcha una intervención integral que afectó a todas las plataformas comunicativas y a su relación con los poderes públicos.

VII. CONCLUSIONES[Subir]

La última legislatura de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat aparece como un observatorio privilegiado para estudiar las complejas y densas relaciones entre sistema político y sistema de medios en Cataluña, en España y, por extensión, en los países del sur de Europa: los resultados de la investigación muestran con claridad cómo las necesidades de un partido en el gobierno pueden influir en las relaciones entre instituciones públicas y medios de comunicación.

Así, el análisis del marco político aporta evidencias de un gobierno objetivamente débil para lo que atañía a su situación e iniciativa política externa y, en cambio, muy atento a sus procesos internos. En este contexto, las expectativas de unas elecciones de 2003 formuladas en torno a un enfrentamiento entre un líder político consolidado (Pasqual Maragall) al frente de un proyecto político novedoso y un poco conocido heredero de Pujol (Artur Mas) al frente de un proyecto necesitado de una renovación urgente no hacían más que agravar el cuadro y las urgencias comunicativas de CiU y, en concreto, del propio Mas (que ya se sabía en desventaja frente a la figura política de Maragall).

El análisis llevado a cabo deja pocas dudas sobre el vínculo entre las necesidades de comunicación política de CiU y las políticas de medios desplegadas por este partido al frente de la Generalitat en el período escogido. Es muy evidente el apoyo a la creación de un grupo multimedia autonómico a partir de la empresa editora de La Vanguardia —medio considerado afín y bien valorado por el propio Pujol— a través de concesiones y subvenciones, la mayoría encubiertas. Así mismo, la redefinición del papel de la CCRTV y la reducción de las aportaciones públicas se visibiliza como una estrategia paralela a la de crearle un competidor privado potente. Ambas actuaciones toman especial importancia al ejecutarse en un momento en que es muy probable la pérdida del gobierno en 2003 y, por lo tanto, de cierto control sobre los medios públicos. Sobre este último punto, el nombramiento de un diputado de CiU como director general de la CCRTV en el momento clave en la sucesión de Pujol no hace más que reforzar la idea de un uso instrumental del ente.

En este punto son especialmente significativas las declaraciones de Mas destacando las necesidades comunicativas del gobierno y de él mismo como conseller en cap. No parece casualidad, pues, que el reparto de las mayores subvenciones a medios y algunas de las decisiones más llamativas —la concesión de cuatro canales de televisión a Godó y los convenios de 2002 y 2003 para repartir frecuencias entre radios catalanas— tuvieran lugar el año en que Mas fue elegido candidato a la Presidencia de la Generalitat (2002) y el de las elecciones en las que se presentó y aunque ganara no fue capaz de articular mayoría (2003). Es decir, en el momento en que CiU necesita dar a conocer al heredero de un dirigente del calado de Jordi Pujol, que, para su formación política, lo había sido simplemente todo. En este proceso, la figura del asesor en comunicación David Madí destaca en el cuadro político del momento: siendo al mismo tiempo secretario de Comunicación del Gobierno y asesor del sucesor y candidato Mas, ambas actividades se entrecruzan cuando concede subvenciones a los medios desde Presidencia para dar visibilidad a la acción del Gobierno catalán y gestiona las apariciones mediáticas de Mas calculando el máximo impacto posible.

Cuando se analizan todas estas evidencias e indicios a la luz del marco teórico, se ve con claridad cómo, durante 1999 y 2003, desde el Gobierno catalán se gestionó la comunicación a partir de una concepción esencialmente mediática que atribuye a los medios de masas una fuerte centralidad en su relación con actores políticos y ciudadanía (​Mazzoleni, G. (2004). La comunicazione política. Bologna: Il Mulino.Mazzoleni, 2004; ​Blumler, J. y Kavanagh, D. (1999). The third age of political communication: influences and features. Political Communication, 16 (3), 209-230. Disponible en: https://doi.org/10.1080/105846099198596.Blumler y Kavanagh, 1999), y que supera la dimensión institucional para abrazar la partidista. A la par, las políticas aparecen fuertemente marcadas por las alianzas entre actores políticos y actores mediáticos apuntadas por Casero (​Casero, A. (2009). El control político de la información periodística. Revista Latina de Comunicación Social, 64, 354-366. Disponible en http://www.revistalatinacs.org/09/art/29_828_47_ULEPICC_08/Andreu_Casero.html.2009) y que buscan claramente aumentar los medios afines en un sistema caracterizado por el paralelismo político tanto de los medios catalanes como de los de alcance español (​Hallin, D. y Mancini, P. (2008). Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer.Hallin y Mancini, 2008). Controlar en la medida de lo posible el discurso de los medios se intenta tanto a través de la instrumentalización de los públicos como del clientelismo a la hora de potenciar empresas privadas. La ausencia de una autoridad racional-legal (tanto en las concesiones de espacio radioeléctrico como en las subvenciones) hace posible un marco donde la arbitrariedad ha quedado documentada en informes oficiales. Todo esto, con la clara intención de usar ese espacio de comunicación (también) para promocionar el catalanismo político y, más concretamente, el catalanismo gobernante.

Todo lo apuntado hasta aquí permite validar las dos hipótesis generales formuladas. Así, aparece meridianamente claro que, entre 1999 y 2003, el Gobierno catalán consideró clave controlar los medios para poder gestionar una legislatura compleja y adversa a sus intereses. Así mismo, en un momento en que era necesario administrar los cambios en el sistema mediático y político, CiU reorientó sus políticas hacia una potenciación de un sector privado a partir de actores afines. La intención fue consolidar a Mas como sucesor de Pujol en un momento donde empezaban a ponerse en tela de juicio las identidades políticas consolidadas y la gestión de la imagen de un nuevo grupo dirigente y de un candidato adquiría una mayor centralidad en las democracias mediatizadas de Europa. Si bien es cierto que la dimensión lingüística y, más en general, cultural del espacio de comunicación no desapareció, es evidente que la política adquirió centralidad. Desde este punto de vista y durante el período estudiado, el Gobierno catalán superó claramente las líneas tradicionales de sus políticas de medios (con el objetivo explícito de la consolidación de un espacio comunicativo catalán para reforzar la identidad nacional), y abrazó estrategias orientadas al refuerzo de las posiciones del partido gobernante y —en ese contexto—, de promoción de un nuevo grupo dirigente. En este sentido, su experiencia no difiere de casos análogos en el ámbito español y de los otros estados del sur de Europa (​Hallin, D. y Mancini, P. (2008). Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer.Hallin y Mancini, 2008).