Italia ante la trayectoria política española (1957-1967)

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Las relaciones bilaterales entre Italia y España a partir de 1957 es un tema que va reclamando la atención de los investigadores, en la medida en que se ha ampliado el marco cronológico de acceso a los archivos diplomáticos. Es bien conocida la abundancia de estudios destacados sobre la política exterior entre los dos países desde los inicios del fascismo italiano, por el grado de influencia y atracción que ejerció en la Dictadura de Primo de Rivera y en los albores del régimen de Franco^[1]. No obstante, en los últimos años la historiografía muestra un interés creciente por la fase de la postguerra mundial, tanto desde la perspectiva española como italiana, aun siendo todavía un campo poco explorado^[2]. La apertura de algunos fondos del Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri hasta 1965, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 3880 del 24 de junio de 1972, que establece un margen de cincuenta años para proceder a su consulta, nos ha brindado la posibilidad de emprender esta pesquisa. Se trata de analizar el contenido y las estrategias diplomáticas de ambos países, dentro de un nuevo contexto caracterizado por los cambios estructurales promovidos por el Gobierno español de 1957, coincidentes con la firma en Roma del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Si bien es cierto que los trabajos de algunos autores han abierto brecha en este sentido, las dificultades de acceso a las fuentes oficiales italianas han limitado la óptica desde el lado español con el recurso a la documentación del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Paradójicamente, su traslado a la sede del Archivo General de la Administración ha impuesto un cierre momentáneo a la espera de que se culmine su proceso de catalogación. Un escollo que ha forzado la búsqueda de otras vías alternativas para dar continuidad al estudio de las relaciones internacionales. De ahí el examen de la documentación italiana para trazar un análisis completo a dos bandas. El objetivo consiste en ahondar en la visión de las autoridades de Roma acerca de su vecino español a partir de los informes remitidos por sus embajadores. Con ello pretendemos desentrañar los parámetros de la política exterior del gobierno italiano a través del material recopilado en la sección Uffici Politici del Archivo Storico Diplomatico, y averiguar cuál fue el grado de interrelación entre las recomendaciones de la embajada y la actuación práctica del Ministerio de Exteriores italiano. Llegados a este punto, deberemos considerar la propuesta institucionalizadora que se irá abriendo paso en España al compás del crecimiento económico de los años sesenta. Merece señalarse aquí la aportación del nuevo embajador español ante el Quirinale a partir de 1962, Alfredo Sánchez Bella. La consulta de su archivo personal puede contribuir a esclarecer las razones por las cuales acogería las críticas a la partitocracia de algunos intelectuales italianos, procedentes de los círculos liberales y democristianos. El contenido de los postulados esgrimidos por esos autores y su recepción en España constituirá el último de los apartados de este artículo.

II. EL GOBIERNO ESPAÑOL DE 1957: PERSPECTIVA ITALIANA[Subir]

Se ha hablado en ocasiones de que el cambio de gabinete del 25 de febrero de 1957 no fue un simple relevo de guardia, como en otras crisis ministeriales (​López Rodó, L. (1990). Memorias, vol. 1. Barcelona: Plaza y Janés.López Rodó, 1990: 96). El perfil técnico del nuevo Ejecutivo, sobre todo en sus departamentos económicos, se diferenciaba de otros gobiernos anteriores por la política de reestructuración administrativa y de liberalización económica impulsada a partir de entonces. La novedad no era, por tanto, la presencia de técnicos en el Consejo de Ministros, que venían sucediéndose en distintas carteras desde la constitución de la Junta Técnica del Estado en los albores de la Guerra Civil (​Orella, J. L. (2014). La España del desarrollo. El almirante Carrero Blanco y sus hombres. Valladolid: Galland.Orella, 2014: 14), sino la variación en el rumbo de la política económica. Una modificación de la que resultarían algunos cambios en el plano exterior y en la trayectoria del proceso institucional. La promulgación de la Ley Orgánica del Estado en 1967, unida a la solución monárquica adoptada con la designación del príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey, confirmó el éxito de las políticas de institucionalización indirecta a través de la modernización administrativa y el desarrollo económico alentadas por el equipo del Ministerio de la Presidencia dirigido por Luis Carrero Blanco (​Cañellas, A. (2011a). Laureano López Rodó. Biografía política de un Ministro de Franco, 1920-2000. Madrid: Biblioteca Nueva.Cañellas, 2011a: 150). Una fórmula que acabó por arrinconar las aspiraciones del falangismo, más partidario de soluciones regencialistas y de focalizar el eje del poder en la estructura del Movimiento (​Hispán, P. (2006). La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Madrid: CEPC.Hispán, 2006: 620).

Ciertamente, al poco de que aquel Ejecutivo iniciara su recorrido, la embajada de Italia en Madrid remitió a su Ministerio una serie de informes en los que secundaba la opinión generalizada sobre el cambio que se acometía con esa remodelación^[3]. Según la sede diplomática presidida por Giulio del Balzo, la designación de un nuevo gabinete por parte de Franco suponía la inauguración de un ciclo político diferente con respecto al que se había sostenido desde el término de la Segunda Guerra Mundial^[4]. Así también lo corroboraron las noticias de algunos medios italianos de prensa^[5]. Mucho había influido en esa variación las divisiones internas del régimen a raíz de los proyectos constitucionales presentados por el ministro secretario general del Movimiento, el falangista José Luis Arrese, en la segunda mitad de 1956 (​Sánchez Recio, G. (2008). Sobre todos, Franco. Coalición reaccionaria y grupos políticos en el franquismo. Barcelona: Flor del Viento.Sánchez Recio, 2008: 218-219). La oposición del resto de los grupos a unas propuestas que convertían al Consejo Nacional del Movimiento en clave del entramado institucional con la fiscalización de la labor del gobierno y de las Cortes topó con las reservas del propio Franco al conocer la opinión desfavorable del episcopado español (​Tusell, J. (1984). Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid: Alianza.Tusell, 1984: 419). Esta actitud de la Iglesia, plasmada en la carta dirigida por los tres cardenales españoles al jefe del Estado el 12 de diciembre de 1956, determinó el naufragio definitivo de aquellos proyectos (​Suárez, L. (2003). Franco. Crónica de un tiempo. Proyectos para una doble estabilización (1953-1961). Madrid: Actas.Suárez, 2003: 227).

En su mensaje de Fin de Año, Franco se limitó a subrayar la necesaria colaboración de todos para encarar el perfeccionamiento y la consolidación de las instituciones dentro de la originalidad que asignaba al Movimiento en el desarrollo y progreso del sistema político^[6]. Sin embargo, poco después —en enero de 1957— la embajada italiana daba cuenta de la recepción protocolaria en el Palacio de El Pardo a los miembros del Consejo del Reino. Desde el primer instante, la embajada de Italia quiso significar en sus informes la repercusión política de un acto que traspasaba los hitos de la mera formalidad para constatar una reorientación del proceso constituyente por parte de Franco^[7]. En esta ocasión, una ceremonia habitual que cumplimentaba al jefe del Estado con motivo del Año Nuevo fue aprovechada para redirigir el rumbo de la institucionalización según las disposiciones recogidas en las leyes fundamentales promulgadas hasta la fecha.

El eco en las portadas de la prensa española, que además reproducía los artículos principales de la Ley de Sucesión a título informativo, respondía —a juicio de la sede diplomática italiana— a unas directivas claras señaladas por el gobierno^[8]. Al constatar en su discurso que España constituía un reino desde la aprobación de aquella ley en 1947, y que esta contaba con normas precisas para hacer frente a cualquier eventualidad, el general Franco daba a entender la suficiencia del régimen en ese contexto, sin necesidad de promover nuevas leyes constitucionales que —por el momento— completaran el ordenamiento institucional^[9]. De acuerdo con la interpretación elevada por la embajada italiana, ese posicionamiento asumido por el Caudillo evidenciaba su compromiso con la línea tradicional adoptada hasta entonces en la configuración del régimen^[10]. Sin embargo, esto no implicaba tampoco un apoyo incondicional de Franco a los presupuestos políticos de aquel grupo, por cuanto podía amenazar los equilibrios internos con el consiguiente perjuicio de su poder personal (​Fusi, J. P. (1985). Franco. Autoritarismo y poder personal. Madrid: El País.Fusi, 1985: 140-141). Así las cosas, si la embajada de Giulio del Balzo concluía que con las declaraciones de Franco ante el Consejo del Reino quedaban arrumbadas las proposiciones de la Falange^[11], no por ello se favorecía otra alternativa constitucional en sentido estricto. Más bien se optó por una vía intermedia patrocinada por el ministro subsecretario de la Presidencia —Luis Carrero Blanco— para contrarrestar la influencia falangista a través de un elenco de reformas administrativas y económicas que introdujeran paulatinamente su propio modelo de institucionalización monárquica y tradicionalista (​Toquero, J. M (1989). Franco y don Juan. La oposición monárquica al franquismo. Madrid: Plaza y Janés.Toquero, 1989: 267).

Del mismo modo, la embajada italiana constató dicho extremo al apreciar el relieve político de la reforma de la Administración central del Estado propugnada por la secretaría general técnica de la Presidencia del Gobierno. Una figura creada ex professo en diciembre de 1956 con arreglo a los esquemas esbozados por su principal mentor, el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, Laureano López Rodó^[12]. Fue a raíz de los debates constituyentes de 1956 cuando entraría a colaborar como asesor jurídico del ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, hasta ganar la confianza de Carrero Blanco por la solvencia de sus trabajos y propuestas (​Cañellas, A. (2011a). Laureano López Rodó. Biografía política de un Ministro de Franco, 1920-2000. Madrid: Biblioteca Nueva.Cañellas, 2011a: 120). Esta sintonía concitaría el apoyo del ministro subsecretario de la Presidencia a las directrices de la reforma administrativa, expuestas por el catedrático en el VIII Curso Internacional de verano de la Universidad de Santiago en septiembre de 1956 (​Tusell, J. (1993). Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco. Madrid: Temas de Hoy.Tusell, 1993: 229). Su nombramiento para el puesto de la secretaría general técnica que él mismo había preconizado como parte de la estructura interna del Ministerio de la Presidencia sentaba los cimientos para elevar las funciones de ese departamento como eje y núcleo coordinador del resto del gobierno, tal como contemplaría la Ley de Régimen Jurídico de la Administración aprobada en julio de 1957. La trascendencia política de la norma fue valorada por la embajada italiana como un instrumento eficaz para reforzar la estructura administrativa del Estado —como declaraba de modo expreso el preámbulo de la ley (​Cañellas, A. (2010). La reforma administrativa en España, 1956-1958. Revista de Estudios Políticos, 148, 193-221.Cañellas, 2010: 196-197)—, pero sobre todo para favorecer el poder del Ministerio de la Presidencia^[13]. Se trataba, en definitiva, de contener la presión de los anteproyectos falangistas de Arrese, que atribuían a la organización del Movimiento la facultad de elegir a su secretario general como ministro del gabinete, y de oír su parecer en caso de que se procediera al nombramiento de jefe del Gobierno.

Para la embajada italiana quedaba clara la intencionalidad política de la reforma administrativa, que no contravenía el interés de sus promotores en adaptar las estructuras del Estado a los retos de una actividad política y económica cada vez más compleja y tecnificada. Esta apelación funcional —punto clave del paradigma tecnocrático— implicaba un ajuste de todos los ministerios a los mismos patrones de coordinación y eficacia gestora, con independencia de su carácter técnico o político. Cuestión que, a decir de la embajada, resultaría difícil para estos últimos a tenor de los cambios condicionados por su propia dinámica frente a la mayor continuidad de los departamentos técnicos^[14]. La reivindicación de un Estado organizado conforme a los criterios objetivos de la técnica, identificados con la razón política (​Raymond, A. (1933). ¿Qué es la tecnocracia? Madrid: Revista de Occidente.Raymond, 1933: 53), fueron las premisas que se introdujeron en España a partir de esa fecha (​García Pelayo, M. (1987). Burocracia y tecnocracia. Madrid: Alianza.García Pelayo, 1987: 52). De esta manera, además de afianzar el régimen, se adoptó una forma de gobierno fundada en consideraciones técnicas que articularon el propio contenido de su acción política.

III. ROMA ATENTA: LAS POSIBILIDADES DE LAS REFORMAS TÉCNICAS[Subir]

Esta noción tecnocrática había de repercutir necesariamente en el diseño de los mecanismos internos del Estado. Su finalidad consistía en organizar un sistema que creara las suficientes condiciones de seguridad jurídica para atraer un mayor volumen de capitales en el impulso de la economía. Después de los graves problemas detectados en este sentido por la diplomacia italiana, al señalar las manifestaciones de estudiantes universitarios y la huelga de tranvías de Barcelona en 1956^[15], los informes de la embajada juzgaban como acertado el cambio gubernamental dispuesto por Franco. De acuerdo con los comentarios de la prensa internacional —en especial los de los diarios franceses La Croix y Le Monde—, la sede diplomática en Madrid exponía las dos líneas interpretativas ofrecidas por aquellos medios. En el primer caso, atribuyendo a las consideraciones de carácter ideológico la causa de la crisis ministerial. Un elemento que, a decir del periódico, exigiría de una etapa transitoria para recomponer los equilibrios políticos en el seno del régimen, a la vista de la fractura ocasionada con motivo de los debates constituyentes^[16]. Por su parte, Le Monde incidía más en las razones económicas y sociales para explicar la remodelación del gabinete español, como a su juicio demostrarían los ajustes en los Ministerios económicos^[17]. La selección de estos dos editoriales perfilaba, a modo de síntesis complementaria, el análisis formulado por Giulio del Balzo sobre las motivaciones de aquella estructuración. También resumida en uno de los titulares de Il Tempo, señalando la «derrota» de la Falange y sus doctrinarios frente al éxito alcanzado por el ejército con el fortalecimiento de Carrero Blanco y la entrada del general Vigón —muy crítico con las posiciones de Arrese— en la cartera de Obras Públicas^[18]. Este giro «tecnocrático» confirmaba la variación de fondo operada en el gabinete^[19]. Si con ello se activaba un período de transición, como refirieron algunos medios, este en verdad correspondía a un cambio de ciclo en el modo de entender y plantear el proyecto de Estado, superador de un simple relevo puntual en el Ejecutivo.

Ciertamente, «non si trata solo di un cambio di uomini ma di qualcosa di più», como indicaba la embajada al examinar el contenido de una reforma de la administración que sustraía al Consejo de Ministros varias competencias para trasladarlas a sus organismos técnicos^[20]. El objetivo consistía en reforzar el principio de unidad de poder y desconcentración de funciones para imprimir una mayor celeridad a los actos administrativos, apuntalando la eficacia del gobierno y su autoridad dentro del organigrama institucional trazado desde 1939. Sin reconocerlo explícitamente, la embajada italiana admitía —de facto— el carácter casi constitucional de la ley de reorganización administrativa^[21], como también apuntaron algunos dirigentes del régimen español (​Fernández de la Mora, G. (1995). Río arriba. Memorias. Barcelona: Planeta.Fernández de la Mora, 1995: 102). El hecho de que se delegaran las facultades de proponer y elaborar las disposiciones sobre la estructura orgánica de la administración pública al ministro subsecretario de la Presidencia^[22], evidenciaba la creación de un órgano gubernamental con especiales poderes de control y coordinación. En la práctica, este actuaría a la manera de un primer ministro en el que —llegado el momento— podrían cederse las funciones de la jefatura del Gobierno^[23], todavía concentradas en la persona del jefe del Estado desde la aprobación de la Ley del 30 de enero de 1938^[24]. Que fuera Carrero quien desempeñaba aquel cargo desde su elevación a rango ministerial en 1951, denotaba la gestación y avance de un sector político que, en línea con las reflexiones de la embajada italiana, estaba dando respuesta a las antiguas demandas falangistas de organizar el régimen. En este caso, a través de la previa estructuración del Gobierno y del entramado administrativo para terminar imponiendo su propio modelo institucional^[25]. En el fondo, se partía del presupuesto clásico según el cual el Gobierno formaría la Administración pero ésta sostendría al Gobierno, significando con ello la trascendencia política de la reforma (​López Rodó, L. (1958). Directrices y objetivos de la reforma administrativa. Actas de la Primera Semana de Estudios sobre la reforma administrativa. Madrid: Editora Nacional.López Rodó, 1958: 19-20).

En los inicios de esta etapa, el embajador Del Balzo no eludía la importancia que, a su juicio, merecía la recién creada Oficina de Coordinación y Programación Económica (OCYPE), bajo la supervisión del Ministerio de la Presidencia (​Soto, A. (2005). ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo. Madrid: Biblioteca Nueva.Soto, 2005: 43). Principalmente, por constituir el embrión de la futura Comisaría del Plan de Desarrollo exigida por Estados Unidos como condición para seguir prestando apoyo financiero a España^[26]. Las expectativas generadas por el nombramiento de Pedro Gual Villalbí como ministro sin cartera, responsable de una parte de las competencias de aquella Oficina en calidad de presidente del Consejo de Economía Nacional, fueron bien acogidas por el representante italiano en Madrid por las oportunidades de inversión que ofrecía a medio plazo^[27]. También por la política de acercamiento a Europa que parecía alentar el nuevo titular de Exteriores, Fernando Castiella, en continuidad con la línea de inserción internacional patrocinada por su antecesor, Alberto Martín Artajo. Este interés incipiente por las posibilidades que suscitaban las nuevas directrices reformistas ensayadas con el cambio de gabinete confirmaría el acercamiento italiano a Madrid desde la reapertura de la embajada en 1951 (​Hierro Lecea, P. (2015). Spanish-Italian relations and influence of the major powers. London: Palgrave-Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781137448682.Hierro, 2015: 188-189). Primero, con la firma de acuerdos culturales (1955) (​Branciforte, L. (2010). Las relaciones culturales entre España e Italia en los años 50. En A. Barrio, J. de Hoyos Puente y R. Saavedra (eds.). Nuevos horizontes del pasado: culturas políticas, identidades y formas de representación. Santander: Publican.Branciforte, 2010: 12), la suscripción de convenios en materia de seguridad social (1956) y el aumento de intercambios comerciales con un mayor traspaso de tecnología italiana para la industria española (​Pardo, R. (2013). La amistad fría: la política exterior española hacia Italia, 1957-1975. Historia del Presente, 21, 63-80.Pardo, 2013: 67; ​Hierro Lecea, P. (2015). Spanish-Italian relations and influence of the major powers. London: Palgrave-Macmillan. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9781137448682.Hierro, 2015: 207, 209). Las pretensiones de Roma por participar en los beneficios que pudieran resultar de las mejoras administrativas y económicas se verificaron en los comentarios de la embajada al contenido del artículo de López Rodó publicado en la revista Nuestro Tiempo en septiembre de 1956 (​López Rodó, L. (1956). La reforma administrativa del Estado. Nuestro tiempo, 27, 5-22.López Rodó, 1956: 5-22). Al situar el X Congreso Internacional de Ciencias Administrativas como punto de referencia para delinear un proyecto de triple reforma, que exigía la reconsideración orgánica, funcional y burocrática de la Administración para mejorar su «aerodinámica», el autor aludía a varios ejemplos, entre los que citaba las reformas promovidas en Francia, Bélgica o Italia. En opinión del embajador Del Balzo, esta referencia a la reforma emprendida en Italia y la posterior atención a sus métodos innovadores aplicados en la mejora del funcionariado y su productividad^[28], podía servir para intentar ampliar la influencia italiana en el diseño administrativo español como plataforma previa para la elaboración de ulteriores leyes constitucionales^[29]. De ahí la urgencia trasladada por el embajador al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Roma para que proveyera a López Rodó del material solicitado a petición propia sobre la legislación italiana, por cuanto pudiera actuar de aporte para estimular la liberalización progresiva del sistema político español^[30].

Por otra parte, la proximidad de España a los Gobiernos de Bonn y París, con los que se deseaba acelerar los trámites para una asociación al Mercado Común, fue interpretada por el nuevo embajador italiano en Madrid, Pellegrino Chigi —nombrado en julio de 1958—, como una ocasión propicia para que Italia pudiera aumentar sus ventajas en el país ibérico^[31]. Si en marzo de 1958 el todavía embajador Del Balzo había subrayado la inconveniencia de admitir a España en la Zona Europea de Libre Comercio por las dificultades técnicas que implicaría para el resto de socios y los perjuicios competitivos que en materia agropecuaria ocasionaría al mercado italiano^[32], a la altura de 1959 la perspectiva de la embajada era mucho más comprensiva después de confirmar la cercanía francesa, alemana y británica^[33]. Según los argumentos del embajador Chigi, de esta relación más intensa podía deducirse una dependencia y apoyo que favoreciera en España una evolución escalonada que terminara homologando su sistema político al del resto de los países de la Comunidad Europea^[34]. La prioridad por los intereses prácticos, que permitieran la expansión en España de las industrias y empresas italianas frente a otras motivaciones de carácter ideológico, era la misma que habían seguido los gobiernos franceses con independencia de su color político^[35]. Un extremo que no significaba necesariamente la aceptación de un régimen cuya naturaleza ideológica se contraponía al concepto moderno de la democracia de partidos. En realidad, se estaba produciendo una paulatina instrumentalización de esa política de intereses a dos bandas para promover otra de los principios en cuanto al modelo de Estado. En ambos casos se aspiraba a consolidar y difundir sus fórmulas al amparo de una eficacia funcional mediante la promoción del desarrollo económico y social. Si buena parte del establishment franquista —sobre todo los responsables de la dirección ejecutiva a partir de 1957— pensaba que los efectos de aquella modernización contribuirían a legitimar al régimen por ese ángulo y asegurar su continuidad dentro de una adaptación acorde con las premisas fundacionales (​González, M. J. (1999). La economía española desde 1959 hasta la Transición. En G. Ares. Historia económica de España (siglos xix y xx). Barcelona: Círculo de Lectores.González, 1999: 714-715), los principales agentes europeos concluían que esa transformación aceleraría el proceso contrario. Por de pronto, el embajador italiano constató que la crisis institucional francesa, que eclipsó el protagonismo parlamentario del régimen de partidos por un sistema de corte presidencialista ideado por el general De Gaulle, contribuyó a exaltar entre los dirigentes franquistas las supuestas bondades de la concepción corporativa de la participación política, tal como contemplaría la Ley de Principios del Movimiento Nacional promulgada en mayo de 1958^[36].

Esta apuesta por la vía corporativa entraría en una fase de autoafirmación a medida que fue agudizándose la aparente crisis del parlamentarismo en los países de cultura latina, dentro de la complejidad del contexto político de la Guerra Fría. Y es que a la evolución de los acontecimientos franceses, que a decir de los críticos de la partitocracia demostraría la debilidad y carencias de un sistema incapaz de afrontar las exigencias de una sociedad moderna y tecnificada (​Fernández de la Mora, G. (1965). El crepúsculo de las ideologías. Madrid: Rialp.Fernández de la Mora, 1965: 20), se sumaban los problemas de gobernabilidad surgidos en Italia a causa de la atomización política y la fractura interna del régimen de partidos. Los intentos frustrados por corregir la aguda inestabilidad de la República italiana —especialmente después de la apertura democristiana a la izquierda— dieron paso a la consideración de soluciones presidencialistas al estilo francés, como la que aspiró a encabezar el general De Lorenzo en caso de colapso del sistema (​Andreotti, G. (1991). Governare con la crisi. Milano: Rizzoli.Andreotti, 1991: 131).También entre aquellos sectores que focalizaron su esperanza en la hipotética fuerza catalizadora de Amintore Fanfani en el liderazgo de la DC para inducir una reforma constitucional en dicho sentido. Una atmósfera cada vez más alentada por un grupo de académicos e intelectuales italianos en los que se apoyaría la embajada española en Roma para reforzar sus propios argumentos. De entrada, patrocinando un cambio institucional en Italia que consolidara los poderes del Ejecutivo en detrimento del predominio parlamentario y desenredar así las complicadas relaciones políticas a dos bandas. En segundo término, procediendo a la incorporación de ciertos argumentos que pudieran favorecer el perfeccionamiento de la representatividad orgánica del régimen español con tal de subrayar su validez en el ámbito europeo. La solicitud de asociación al Mercado Común cursada por el Gobierno de Madrid en febrero de 1962, y el nombramiento de Alfredo Sánchez Bella como nuevo embajador de España ante el Quirinale en noviembre de ese año, marcarían la pauta en el diseño de esa estrategia. El fin último se cifraba en ampliar los márgenes de la participación política para hacer más aceptable el autoproclamado modelo de «democracia orgánica» en Europa (​Cañellas, A. (2011b). La actividad política de la embajada española en Italia (1962-1968). Nuova Rivista Storica, Fascicolo II, 547-568.Cañellas, 2011b: 553). La recepción interesada de los planteamientos esgrimidos por varios autores italianos —críticos con la partitocracia— se inscribió en este propósito de apuntalar intelectualmente el sistema político español. Además de erigirlo en referente para que otros pudieran adoptar algunas de sus características en sus respectivos ordenamientos jurídicos, facilitando así la inclusión del régimen franquista en el espacio europeo.

IV. VISIONES Y ESTRATEGIAS DIPLOMÁTICAS[Subir]

La petición remitida por el ministro Castiella a Bruselas para asociar a España al Mercado Común, como parte de un proceso que debía culminar con la incorporación definitiva, fue considerada por la embajada italiana en Madrid desde un ángulo distinto. En línea con su antecesor, el nuevo representante diplomático, Cristoforo Fracassi, designado en mayo de 1961, insistía en que el respaldo de Roma a la candidatura española podía contribuir a acelerar su democratización^[37]. La oposición de los grupos de la izquierda europea sugería habilitar una fórmula alternativa, a modo de acuerdo económico, para sortear el obstáculo político que representaba la tipología autoritaria del régimen español^[38]. En este sentido, la diplomacia italiana adelantaba con claridad la exigencia de una transición que modificara los fundamentos del sistema por otros basados en presupuestos liberal-democráticos, homologables a los de los países de la Comunidad Europea^[39]. De esta manera, esa apertura o liberalización en el régimen, que preservaba su sustancia ideológica, debía dar paso a una plena transformación según los esquemas del pluralismo político de la democracia moderna de partidos. Aunque los propósitos liberalizadores manifestados por algunos dirigentes franquistas fueron positivamente valorados en los informes de la embajada italiana^[40], los objetivos a los que apuntaban las partes divergían en función de sus diferencias ideológicas. Si la española se mostraba dispuesta y aun convencida de ensanchar la representatividad del sistema, en ningún caso abogaba por su metamorfosis —como postulaban las autoridades italianas—, sino más bien por adaptarlo a las necesidades de la modernización técnica sin mutaciones en los principios rectores que informaban el orden institucional.

Estas discrepancias de fondo sobre el concepto de la democracia y su repercusión práctica a partir de dos visiones pretendidamente cristianas, generaron una competitividad por el liderazgo de un modelo institucional inspirado en aquellos valores. Las consiguientes dificultades en el terreno de las relaciones políticas stricto sensu intentaron sortearse de nuevo mediante el recurso a la diplomacia de los intereses económicos. Más aun cuando el cambio de embajador español en Roma con el nombramiento de José María Doussinague —una vez encauzada la fluidez con los Gobiernos de Bonn y París— no logró los resultados esperados debido al pesimismo de un representante muy crítico con el llamado sistema partitocrático italiano. Sobre todo a la vista del desplazamiento a la izquierda experimentado por la DC desde la elección de Aldo Moro como secretario general de la formación en 1959 (​Pardo, R. (2013). La amistad fría: la política exterior española hacia Italia, 1957-1975. Historia del Presente, 21, 63-80.Pardo, 2013: 72). Un itinerario confirmado por el Congreso de los democristianos celebrado en Nápoles en enero de 1962, que aprobaría la entrada de los socialistas en el Gobierno junto a los socialdemócratas y los liberales. La complejidad que parecía albergar semejante empresa, luego ratificada por el Partido Socialista —integrado en el Ejecutivo en diciembre de 1963—, determinó la sustitución de Doussinague por otra personalidad más posibilista, aunque igualmente remisa a la filosofía que sostenía al régimen italiano y el programa de sfondamento a sinistra acordado por los órganos de gobierno de la DC.

Ciertamente, la designación de Alfredo Sánchez Bella, en contacto con los ambientes democristianos en Italia y con algunas personalidades de la izquierda socialista que había tratado durante la Guerra Civil, parecía avalar su idoneidad para el puesto encomendado^[41]. Su amistad con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Amintore Fanfani, confirmó la apuesta de Castiella para salvar el acercamiento bilateral logrado hasta la fecha, sin declinar las aspiraciones de mejora a través de la desactivación de los movimientos hostiles que pudieran surgir en la coalición gobernante de centro-izquierda. Para ello, el nuevo embajador se propuso intensificar la llamada diplomacia personal, mediante un trato más íntimo y directo con los dirigentes italianos de todas las tendencias no comunistas, proporcionándoles argumentos de distinta índole —sobre todo de tipo económico— para desbloquear cualquier desavenencia política o incomprensión ideológica que pudiera surgir. En opinión de la Dirección General italiana de Relaciones Exteriores, la elección de Sánchez Bella representaba una oportunidad para hacer algo más comprensible «il carattere peculiare che la situazione interna spagnola presenta»^[42] entre los ambientes políticos italianos.

La acogida favorable del ministro italiano de Asuntos Exteriores a la propuesta de su homólogo español para acreditar la candidatura de Sánchez Bella ante el Quirinale respondía también al interés de las autoridades de Roma por mejorar las relaciones con España a todos los niveles. Un extremo que ya había anticipado Fanfani al frente de la cartera de Exteriores a finales de los años cincuenta, luego continuada en su etapa como primer ministro (1960-1963) (​Pardo, R. (2013). La amistad fría: la política exterior española hacia Italia, 1957-1975. Historia del Presente, 21, 63-80.Pardo, 2013: 70). La cercanía del embajador Sánchez Bella con el jefe del Gobierno italiano —remarcada por las informaciones de la sede diplomática italiana en Madrid^[43]— era interpretada como un factor relevante para superar las reservas italianas con respecto al régimen franquista. Especialmente cuando la mayoría de los países occidentales habían entrado en una fase de cordialidad y entendimiento práctico con un Estado que, a decir de la Dirección General de Relaciones Exteriores de Italia, estaba iniciando una lenta evolución política hacia formas algo más democráticas y socialmente más avanzadas^[44]. Así las cosas, del informe se desprendía la sugerencia al Gobierno de Roma de arrinconar o —cuando menos— disimular los recelos que hubieran podido aflorar en las relaciones con la España de Franco. Sobre todo si, como era el caso, se aspiraba a participar de los beneficios generados por una economía en fase de desarrollo y acompañar al país en su proceso de apertura política, que además alentara una progresiva transición hacia la democracia^[45].

Con mayor claridad se había expresado el embajador Fracassi en carta dirigida al primer ministro y titular del departamento de Exteriores, Amintore Fanfani, en mayo de 1962. En su misiva juzgaba como real la fortaleza de un régimen que, a pesar de la agitación social provocada en ciertos sectores por los duros ajustes de la estabilización económica, conservaba apoyos significativos que desmentían la supuesta debilidad y aislamiento de Franco^[46]. Y es que las reflexiones de Fracassi señalaban al jefe del Estado español como la imagen de todos los grupos vencedores de la Guerra Civil y del ejército, que —a su entender— constituía una masa compacta, totalmente identificada con el régimen^[47]. Asimismo, la buena salud del general Franco y el respaldo mayoritario de la Iglesia descartaban un trastorno súbito del sistema político, cuyas crisis parciales no podían confundirse con una decadencia o agotamiento intrínseco de la dictadura^[48]. El reconocimiento de esta situación empujaba a la diplomacia italiana a actuar en consecuencia. Ante todo, considerando como interlocutor válido al Gobierno de un Estado con el que debían profundizarse las relaciones según criterios prácticos y desideologizados. Más si cabe ante la falta de perspectivas que a medio plazo pudieran modificar sustancialmente la realidad^[49].

A esta misma empresa dedicó sus esfuerzos el embajador Sánchez Bella, consciente de las dificultades que implicaban dos proyecciones políticas distintas, informadas por el catolicismo tradicionalista en el caso de España, y por el personalismo democristiano en Italia. Aunque su posición se cifraba en el respeto mutuo y en la coexistencia pacífica para eludir roces que pudieran empañar su labor diplomática, no por ello renunció a reorientar la política italiana conforme a los intereses españoles. Sobre todo después de confirmarse la línea de pacto con la izquierda socialista aprobada en el último Congreso democristiano de Nápoles, en tanto podía implicar un escollo añadido a las ya de por sí complejas relaciones políticas entre ambos países. De este modo, al reivindicar el principio de la solidaridad católica como base para el entendimiento recíproco, Sánchez Bella pretendía salvar los lazos de colaboración con la DC. Su argumento era sencillo: si los democristianos se habían mostrado dispuestos a una convivencia con el socialismo, con más razón podían hacer lo propio con las autoridades de un Estado que decía inspirar su legislación en la doctrina de la Iglesia^[50]. Con otras palabras Sánchez Bella transmitió dicho mensaje al presidente de la República, el democristiano Antonio Segni —antiguo ministro de Exteriores, opuesto a la apertura de su partido hacia la izquierda— en la ceremonia de presentación de cartas credenciales del cuerpo diplomático el 20 de noviembre de 1962. En su breve audiencia, el embajador intentó sacar provecho de la férrea actitud antimarxista del jefe del Estado italiano haciéndole notar las similitudes con el caso español de los años treinta. Para el representante de Madrid, de las distintas corrientes políticas del Partido Socialista Italiano (PSI) era evidente el influjo y predominio de la tendencia revolucionaria, como a su juicio demostraba la dialéctica de sus organismos de prensa, especialmente agresivos contra el régimen español^[51]. En su opinión, el ascendiente de la Internacional Comunista en el seno del PSI podía reforzar aquel sector y convertirlo en avanzadilla hasta erosionar el sistema político italiano desde dentro, si se permitía la incorporación de los socialistas a las instituciones centrales del Estado^[52]. Al aludir a las semejanzas que, a su entender, encontraba esa situación con la acontecida en España durante la Segunda República, el embajador aspiraba a realizar un sutil ejercicio comparativo que advirtiera al presidente Segni lo que podía ocurrir en Italia si no se tomaban las prevenciones necesarias. Aunque la intención última de ese recuerdo era justificar la validez del ordenamiento jurídico español nacido de la Guerra Civil y presentarlo como un acto de legítima defensa frente a la violencia revolucionaria del marxismo^[53], los medios que adoptaría la DC para lograr dichos fines serían muy distintos. En ningún caso se pretendió la sustitución del régimen democrático por una fórmula autoritaria, sino más bien asegurar la fortaleza de la DC como el partido central del sistema frente a los peligros que pudiera representar el totalitarismo comunista o fascista en la preservación de las libertades^[54].

Sin embargo, la entrada en el Gobierno de los socialistas en diciembre de 1963 hizo saltar las alarmas ante la consumación de la alianza democristiana con el PSI. El nombramiento del líder socialista, Pietro Nenni, para el puesto de vicepresidente del Ejecutivo se agravó, desde la perspectiva española, con la designación de Giuseppe Saragat —principal dirigente del PSDI— como nuevo ministro de Exteriores. Una decisión que suponía una quiebra en el control de una cartera históricamente reservada a los democristianos o liberales, y que para los intereses españoles implicaba a priori una dificultad añadida en sus objetivos por estrechar las relaciones bilaterales para influir en la política italiana y conseguir su favor en el proceso de asociación al MEC. En este sentido, si la táctica de Sánchez Bella consistía en «encerar» a las naciones hostiles, mostrándoles la marcha firme y segura del régimen —además de su potencialidad económica (​Pardo, R. (2013). La amistad fría: la política exterior española hacia Italia, 1957-1975. Historia del Presente, 21, 63-80.Pardo, 2013: 72)—, los informes de la embajada italiana en Madrid también corroboraban algunas de las pautas señaladas por Sánchez Bella. Al reiterar la necesidad de una política pragmática y realista que apartara todo contenido ideológico en las relaciones con España, el embajador Fracassi deseaba indicar al ministro socialdemócrata la inutilidad de cautelas que pudieran obstaculizar un trato bilateral fluido, a la vista de los múltiples intereses italianos en el país ibérico^[55]. Para reforzar sus argumentos, citaba no solo la posición de varios países occidentales, sino también la de las repúblicas socialistas del Este, que habían suscrito acuerdos comerciales beneficiosos para las dos partes (​Suárez, L. (1987). Franco y la URSS. Madrid: Rialp.Suárez, 1987: 264-265). De este modo, al remitirse a los hechos, el embajador estimaba compatible las reticencias morales e ideológicas de los países del MEC hacia el régimen de Franco con el despliegue de una presencia activa en la vida política, económica y cultural española^[56]. Entre otras cosas, por la confianza que había generado entre los inversores extranjeros la aprobación del Banco Mundial al contenido del Plan de Desarrollo Económico trazado por el Gobierno de Madrid. La posibilidad de destinar una parte reseñable de los excedentes de capital europeo a un mercado próximo con una demanda creciente de bienes de equipo para impulsar su industrialización y satisfacer el consumo, habría influido en el ámbito diplomático con una mejora considerable de las relaciones basadas en criterios de conveniencia práctica. Es más, los acuerdos de cooperación económica suscritos con la República Federal de Alemania, así como la apertura de una línea oficial de crédito de seiscientos millones de francos por parte del Gobierno galo, respaldaban la credibilidad de las afirmaciones elevadas por Fracassi al ministro Saragat. Además de sostener la percepción de que el régimen se había consolidado, con independencia de que las transformaciones económicas empujaran a favor de su evolución política^[57]. A juicio del embajador, se imponía cualquier desbloqueo que pudiera surgir a nivel diplomático, alegando que incluso Bélgica —tan reacia al franquismo— había invitado a Bruselas a una delegación española presidida por el ministro López Rodó. Su acogida por parte del titular de Comercio Exterior belga, Brasseur, demostró el interés creciente por las posibilidades de inversión que ofrecía el I Plan de Desarrollo, aprobado el 16 de noviembre de 1963. De ahí la recomendación de Fracassi para que Italia reanudara los contactos y visitas técnicas con los responsables del Gobierno español. Más si cabe, después de que el último encuentro se hubiera celebrado en septiembre de 1961 entre el ministro de Comercio español, Alberto Ullastres, y el primer ministro Fanfani, acompañado de los titulares de Exteriores, Comercio y Presupuesto^[58].

Estas anotaciones encajaban de lleno con el discurso de Sánchez Bella ante las autoridades italianas, cuyas inquietudes procuró explorar para que revirtieran a favor de un reconocimiento práctico del régimen español. Si Fracassi aludía en sus comentarios a la inutilidad de reprobar la carencia democrática del franquismo, a la vez que el Gobierno de Roma abundaba en las relaciones con varios países iberoamericanos igualmente deficitarios en sus fundamentos democráticos, no hallaba razones para que se obstaculizara una cooperación plena con España. Aunque en este caso solo fuera por imperativos del mercado, tampoco podía desestimarse que el contexto de lucha internacional contra el comunismo favorecía al sistema político español, del que solo podía esperarse una evolución gradual desde dentro de sus propias estructuras^[59]. Con esta sentencia declaraba implícitamente la fortaleza del régimen en una coyuntura propicia para la inversión de capital italiano en España. Cuestión que no implicaba una abdicación de los principios democráticos ni el intento por difundirlos entre las jóvenes generaciones españolas, con tal de procurar la adecuación de las instituciones del país a la de los miembros de la Comunidad Europea^[60].

La discrepancia en este punto fue la que pretendió revertir Sánchez Bella al secundar la maniobra ensayada por el presidente Segni y el general De Lorenzo, preocupados por el ascenso de los socialistas en las elecciones parlamentarias de abril de 1963 y su inclusión en el Gobierno italiano. Las aspiraciones del general De Lorenzo de corregir el sistema de partidos a través de una reforma constitucional de corte presidencialista, similar a la que había articulado De Gaulle en Francia (​Scoppola, P. (1997). La reppublica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema político, 1945-1996. Bolonia: Il Mulino.Scoppola, 1997: 373), encontró el aplauso de la embajada española^[61]. La presentación de un plan de acción al presidente Segni en marzo de 1964, que organizaba la movilización del ejército para neutralizar a la izquierda y evitar así la subversión del orden institucional (​Flamini, G. (2007). L´Italia dei colpi di Stato. Roma: Newton Compton.Flamini, 2007: 80), no llegó a desarrollarse por la fortaleza de los intereses partidistas y una tendencia a la combinazzione que salvaría los equilibrios y la continuidad del régimen parlamentario. La amenaza del presidente Segni de promover un gobierno de técnicos apoyado por las Fuerzas Armadas si no se aminoraba el contenido socializante de algunas reformas auspiciadas por el PSI precipitó una nueva entente entre Aldo Moro y Pietro Nenni. Este finalmente renunciaría a sus propuestas más controvertidas para calmar los ánimos de la derecha democristiana. La reedición de los acuerdos de centro-izquierda contribuyó a consolidar el liderazgo de la DC hasta la crisis institucional causada por la inesperada enfermedad del jefe del Estado, víctima de una trombosis cerebral, que en agosto de 1964 le inhabilitó para desempeñar el cargo. La convocatoria de las Cámaras en diciembre de aquel año evidenció nuevamente la división y crisis de los partidos. En primer lugar, por la rebelión interna de varios grupos democristianos que respaldaron a sus propios candidatos en detrimento del oficial de su partido, hasta el punto de favorecer la elección del socialdemócrata Saragat. Este resultado truncó las expectativas de la diplomacia española ante un acontecimiento que situaba por vez primera a un dirigente de la izquierda en la cúpula del Estado italiano. Y es que en esta ocasión tampoco pudo abrirse paso la opción abanderada por Fanfani, partidario de direccionar la política de apertura a la izquierda mediante un plebiscito que sustrajera buena parte del poder de los partidos para trasladarlos a la jefatura del Estado, convirtiéndola en la clave del arco institucional. La retirada del político democristiano de la carrera presidencial por indicación de la Santa Sede frustró esa vía con tal de asegurar la unidad interna de la DC, a pesar de los inconvenientes que supuso para España, interesada en eludir las trabas de los partidos para mejorar el entendimiento bilateral. Por el contrario, la elección de Saragat fue recibida con desencanto por las autoridades españolas al ratificar el itinerario político italiano a la izquierda, solo compensada poco después por el nombramiento de Fanfani como ministro de Exteriores en el gabinete presidido por Aldo Moro.

Las tensiones internas de la DC a raíz del complicado proceso de pacto con la izquierda motivaron una respuesta por parte de ciertos intelectuales italianos, especialmente críticos con el sistema de partidos organizado en su país. Además de una acogida por parte de varios colegas y representantes españoles que permitiera completar con renovados argumentos la institucionalización del régimen franquista. En este sentido, los artículos publicados entre 1963 y 1966 por el profesor de la Universidad de Génova, Lorenzo Caboara, fueron debidamente propagados por Sánchez Bella por cuanto incidían en la distinción del Estado partitocrático y la democracia, así como en la crisis funcional del gobierno parlamentario basado en ese modelo. Una recopilación que fue traducida al español por mediación del propio embajador bajo el título Los partidos políticos en el Estado moderno, impreso por las ediciones iberoamericanas en 1967. La actuación de Sánchez Bella como correa de transmisión de los pensadores italianos opuestos al llamado fenómeno de la partitocracia (​Capozzi, E. (2009). Partitocrazia. Il «regime» italiano e i suoi critici. Napoli: Guida.Capozzi, 2009: 98) engarzaba con los planteamientos desarrollados en España por Gonzalo Fernández de la Mora (​González Cuevas, P. (2015). La razón conservadora. Gonzalo Fernández de la Mora, una biografía político-intelectual. Madrid: Biblioteca Nueva.González Cuevas, 2015: 227-228). La necesidad de legitimar un régimen político basado en una concepción orgánica de la representación, que contrapusiera su funcionalidad a las supuestas carencias atribuidas a la atomización y parálisis parlamentaria del sistema italiano, constituyeron los hitos definidores del programa patrocinado por Sánchez Bella para reforzar esa idea del Estado español. La urgencia por preservar la unidad de la clase directora, en tanto baluarte imprescindible para sostener la continuidad del régimen, exigía —en opinión del embajador— una fórmula capaz de encauzar la diversidad sin pérdida de los fundamentos unitarios. De ahí su apuesta por ampliar los márgenes de la representatividad dentro de la más íntegra reafirmación corporativa, que relacionaba con la estabilidad política y la funcionalidad práctica. La recepción de autores italianos que reforzaran esa línea informaría los argumentos de Sánchez Bella para impulsar la evolución política del propio sistema italiano y la consolidación efectiva del régimen español en el tramo final de su proceso institucionalizador.

V. CRÍTICA A LA PARTITOCRACIA[Subir]

Está claro que los postulados corporativos o comunitaristas en Italia no se asociaron propiamente con las directrices estatalistas del fascismo, aunque este incorporara algunos de sus principios en el modelo de organización laboral trazado en 1927. A la influencia del socialismo gremialista de origen inglés se añadían los razonamientos sociedalistas procedentes de los círculos de pensamiento católico opuestos a las tesis individualistas de la modernidad. Sin embargo, el conflicto del fascismo con varias entidades católicas y sus tensiones con el Vaticano alentó a que varios intelectuales cristianos propusieran nuevas fórmulas —plenamente democráticas— que abundaban en el sentido participativo de la sociedad frente a la noción delegatoria de la representación política. Ciertamente, Adriano Olivetti fue uno de los pensadores italianos vinculados al mundo empresarial que opuso resistencia al fascismo. La creación del Movimento Comunità, que abogaba por el respeto a la autonomía de los grupos sociales y la participación de sus componentes en la toma libre y responsable de sus decisiones, iría en detrimento del intervencionismo central del Estado y de la mediación de los partidos políticos en el ejercicio de la soberanía. Esta crítica a la partitocracia como fenómeno distorsionador de la participación directa de los ciudadanos a través de sus comunidades locales y profesionales (​Olivetti, A. (2013). Fini e fine dellapolitica. Democrazia senza partiti. Roma: Edizioni di Comunità (1ª ed, 1949).Olivetti, 2013: 46-49) fue la idea parcialmente incorporada por otros autores italianos con motivo de la crisis política del país en los años sesenta. Si bien es verdad que el embajador español en Roma no mencionaba en sus despachos la obra de Olivetti, por otro lado fallecido en 1960 y con una agrupación política de escasa trascendencia, no significaba que sus tesis íntegramente organicistas fueran poco consideradas. Más bien se remitió a otros autores como Salvador de Madariaga, pero con planteamientos políticos igualmente convergentes. La posición antifranquista del pensador gallego —exiliado desde la Guerra Civil— era interpretada como conveniente por parte del embajador Sánchez Bella, en tanto podía desarmar las reticencias de los grupos liberales y socialdemócratas italianos hacia el modelo de democracia orgánica que sostenía e intentaba culminar el régimen español (​Muñoz Soro, J. (2013). Un confronto tra dittadura e democrazia. Alfredo Sánchez Bella, ambasciatore della Spagna franchista presso la Reppublica italiana (1962-1969). Mondo Contemporaeo, 3, 7-38.Muñoz Soro, 2013: 15).

Cuando en junio de 1966 Franco decidió recuperar el texto de la Ley Orgánica del Estado, elaborado en 1957 por Laureano López Rodó y Gonzalo Fernández de la Mora, el embajador Sánchez Bella se apresuró a divulgar las propuestas de aquellos teóricos italianos y españoles con el objetivo de respaldar la marcha del proceso. El ascendiente alcanzado por Carrero Blanco y su equipo en el Gobierno, tal como demostraba la tramitación de la Ley Orgánica, favoreció una relación mucho más directa con quien asumiría la vicepresidencia del Ejecutivo en 1967 y con sus colaboradores más cercanos. Aunque en el gabinete se formaran dos sectores que variaban en el modo de entender la apertura y la institucionalización del régimen, desde la embajada ante el Quirinale se acabó por respaldar la línea netamente organicista patrocinada por el grupo más ligado al Ministerio de la Presidencia. Otras opciones, como la esbozada por el embajador cerca de la Santa Sede —Antonio Garrigues—, que procuraba ampliar los márgenes para la elección del jefe del Gobierno (​López Rodó, L. (1991). Memorias. Años decisivos, vol. 2. Barcelona: Plaza y Janés.López Rodó, 1991: 587), fueron desestimadas por la solución que atribuía al Consejo del Reino la facultad de presentar una terna de candidatos al jefe del Estado para que este designara al presidente del Ejecutivo (​Ferrando Badía, J. (1984). El régimen de Franco. Un enfoque político-jurídico. Madrid: Tecnos.Ferrando Badía, 1984: 132).

De todos modos, en el curso de los debates —seguidos con atención por la política y la opinión pública italiana—, Sánchez Bella procuró cultivar el trato con los principales exponentes del régimen, predisponiéndoles a favor de las informaciones que él mismo trasmitía desde Roma. Su propósito consistía en armar «un pensamiento moderno, adecuado a la sociedad tecnológica», capaz de «superar tanto el totalitarismo como la liberal-democracia» (​Muñoz Soro, J. (2013). Un confronto tra dittadura e democrazia. Alfredo Sánchez Bella, ambasciatore della Spagna franchista presso la Reppublica italiana (1962-1969). Mondo Contemporaeo, 3, 7-38.Muñoz Soro, 2013: 14). Seguía así los parámetros expuestos por Fernández de la Mora al concluir que las sociedades modernas se encaminaban hacia un consenso creciente, centrado en el interés por el «bienestar y la seguridad social» (​González Cuevas, P. (2007). La derecha tecnocrática. Historia y Política, 18, 23-48.González Cuevas, 2007: 39). Conforme a estos criterios prácticos, que juzgaban innecesarios a los partidos ante las demandas de la era postindustrial, parecía imponerse el reconocimiento real de las estructuras o cuerpos intermedios de la sociedad, trasladados en forma de representación política a las instituciones del Estado. De esta manera, se relegaba la superposición artificial que, según este argumento, ejercían las ideologías, a las que se responsabilizaba de la división social y de la dispersión de esfuerzos para la consecución del desarrollo económico (​Fernández de la Mora, G. (1965). El crepúsculo de las ideologías. Madrid: Rialp.Fernández de la Mora, 1965: 20). Con la apelación a esta modernidad interesada, que contribuía a apuntalar el esquema de organización franquista, en contraste con la estructura anquilosada que se le asignaba al sistema pluripartidista, el embajador en Roma reivindicó la legitimidad y actualidad del proceso institucional español^[62]. Para remarcar su tesis, ya una vez aprobada por las Cortes la Ley Orgánica en noviembre de 1966, el representante diplomático remitió unas extensas reflexiones a Manuel Fraga en las que subrayaba la importante aportación de un grupo de profesionales de la ciencia política en la Universidad italiana. Su propósito consistía en afianzar en el exterior la validez del itinerario institucional emprendido en España. En su carta, el embajador adjuntaba los trabajos del profesor Caboara, La crisis del Estado democrático y otro titulado Estado partitocrático y democracia. En ambos casos, exponentes de una línea de pensamiento que venía conformándose desde la celebración en Trieste del primer Congreso de Teoría del Estado, promovido por la Asociación Italiana dedicada al estudio de esa materia en la primavera de 1966^[63]. En este encuentro, también promovido por el profesor Pier Luigi Zampetti —director del Instituto de Ciencias Políticas de aquella Universidad—, radicaba la importancia de una propuesta reformadora tendente a corregir el funcionamiento de los partidos y sus fines dentro del organigrama democrático del Estado^[64]. La crítica a los partidos políticos, en cuanto estructuras cerradas que se arrogaban la representación exclusiva de la sociedad según el principio de la delegación de poderes, fue positivamente acogida por el embajador. Principalmente, a causa del origen democristiano y liberal de sus autores —ajenos a las posiciones fascistas—, cuyos argumentos podían reconocer la utilidad del modelo político español diseñado por la Ley Orgánica del Estado^[65]. No obstante, en sus apreciaciones Sánchez Bella incurría en una lectura parcial que eludía la aceptación y necesidad de los partidos en esa teoría, para sobredimensionar el valor de las llamadas instituciones naturales en la dinámica de la democracia participativa que postulaban dichos autores^[66]. De hecho, tanto Caboara como Zampetti, Bagolini o Papini no prescindían en absoluto de los partidos en el ensamblaje de una propuesta que atendía por igual la dimensión individual y social de la persona, acorde con las pautas filosóficas de un pensamiento cristiano que incidía en la consideración integral de la dignidad humana. Es más, para Caboara —quizá el autor más crítico con la partitocracia—, cabía proceder a una vitalización del sistema democrático parlamentario de los partidos y no a su abolición, como postulaban otras voces estrictamente organicistas como las de Olivetti o Madariaga. Para el profesor de Génova, en el contexto italiano se requerían reformas de estructura que mantuvieran el sufragio universal, restituyendo a los parlamentos su auténtica representatividad con la renovación de unos partidos abiertos y participativos. Además de sellar la primacía del Ejecutivo en la gobernanza del país, por medio de una Administración pública e independiente de las intromisiones políticas (​Caboara, L. (1967). Los partidos políticos en el Estado moderno. Madrid: Ediciones Iberoamericanas.Caboara, 1967: 12-13). Su apuesta por un Estado de representación mixta, a través de los partidos y entes orgánicos de la sociedad, exigía la modificación del régimen interno de las formaciones políticas con el que asegurar su funcionamiento democrático. Más aún en un sistema que combinara la elección proporcional y la uninominal para dar cabida a las candidaturas independientes, ajenas a la rígida disciplina de partido. Con ello deseaba restituirse el voto secreto de los parlamentarios para poner en valor la importancia de la persona y su contribución pública al servicio del bien común frente a los intereses partidistas (​Caboara, L. (1967). Los partidos políticos en el Estado moderno. Madrid: Ediciones Iberoamericanas.Caboara, 1967: 94-96). Estas premisas, eludidas entonces por el embajador y retomadas durante la transición política por razones de conveniencia, dieron paso a otras más conformes con las aspiraciones del régimen franquista. La preeminencia del Ejecutivo y su independencia con respecto a las Cámaras representativas, junto a la promoción de técnicos competentes en la Administración frente a las influencias partidistas, fueron dos premisas vindicadas por el embajador español. También la necesidad de un «Estado empresario» regido por criterios de eficacia para estimular el desarrollo económico y el bienestar social, dentro de una visión orgánica que lo concebía como cuerpo político unitario. Todas ellas directrices que coincidían con varias de las pautas recogidas en la Ley Orgánica del Estado. En su objetivo por espolear este pensamiento, Sánchez Bella trató con Caboara la posibilidad de organizar en España un Congreso de Ciencia Política auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid o por el Instituto de Estudios Políticos, en el que se dieran cita académicos de varias nacionalidades europeas. Así lo planteó al titular de Información, Manuel Fraga, a quien confió la necesidad de crear en España un ambiente propicio que favoreciera la recepción de aquellos esquemas ideológicos para apuntalar mejor el entramado legal dispuesto en el ocaso de 1966^[67]:

Esta idea se inscribía en el propósito del embajador por evitar cualquier proliferación de facciones internas que quebraran la unidad del Movimiento Nacional en España, como la que —en su opinión— se había producido en el seno de la Democracia Cristiana. Menos aun recurriendo al argumento, que juzgaba engañoso, de dar cauce ordenado al «legítimo contraste de pareceres» anunciado por Franco ante las Cortes, si se interpretaba como una invitación a la creación de corrientes y tendencias. Entre otras cosas, porque —a su entender— habrían de derivar necesariamente en formas partidistas, alterando la sustancia organicista del sistema tipificada en la legislación fundamental^[69]. Para Sánchez Bella, la vía acertada en el desenvolvimiento de la Ley Orgánica del Estado era la que ahondaba en los patrones corporativos de la representación, sirviéndose de las reflexiones de los citados autores italianos, debidamente ajustadas a las circunstancias de la política española. La conveniencia de integrar un esquema que favoreciera la autentificación de la representación corporativa, en convergencia con las nuevas teorías de la ciencia política que reclamaban su valor, fue la táctica a seguir por el embajador español en Italia. Se trataba —en último término— de subrayar una legitimidad de la que no gozaba el régimen en Europa como medio para mejorar las relaciones diplomáticas y acelerar su futura incorporación al MEC.

Los comentarios positivos a la Ley Orgánica del Estado, recogidos a modo de anexo documental en la Rivista di Studi Politici Internazionali ^[70]o en La Civiltà Cattolica, destacando el engranaje y coherencia de la norma a partir de unos principios que ampliaban los cauces de la participación política^[71], fueron debidamente recogidos por las autoridades españolas. Las posibilidades de un texto que atribuía al Movimiento Nacional la promoción de la «vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios»^[72], y a su Consejo la misión de «encauzar el contraste de pareceres sobre la acción política», permitieron concitar ciertas esperanzas. También por los mecanismos electivos que se introdujeron en las corporaciones municipales y provinciales, así como en las Cortes con los representantes del llamado tercio familiar. Los debates que continuaron al desarrollo de la Ley Orgánica, especialmente el referido a la necesidad o no de admitir la creación de asociaciones políticas dentro de los márgenes del Movimiento Nacional, alentaron la publicación en España de otras obras de Zampetti y de trabajos colectivos sobre la participación política realizados en Italia en el último lustro de los años sesenta^[73]. Sin embargo, la resistencia a una reglamentación de esas entidades por el temor a que pudieran convertirse en partidos refrenó la influencia de las tesis políticas de aquellos autores italianos al abogar por un sistema mixto de representación. Una premisa a la que solo se sumarían sus patrocinadores en España una vez que el régimen de 1939 demostró su incapacidad de actualizarse conforme a las exigencias de una sociedad en cambio (​Bernecker, W. (2007). El cambio de mentalidad en el segundo franquismo. En N. Townson (ed.). España en cambio, 1959-1975. Madrid: Siglo xxi.Bernecker, 2007: 65-66). Con esta trayectoria se cumplían las previsiones vaticinadas por los servicios diplomáticos italianos, convencidos de que las transformaciones sociales y culturales derivadas de un desarrollo económico continuado provocarían la homologación del sistema político español a la de los modelos democráticos de Europa Occidental. El recurso a las tesis participacionistas italianas fue asumido por sus receptores en España como una crítica que respaldaba su descalificación al régimen de partidos. En su opinión, si esos autores amparaban la continuidad renovada de los partidos en Italia, era a causa de las peculiares circunstancias políticas del país y no a su supuesta necesidad intrínseca^[74]. En esta confrontación de modelos se pensó que podía aprovecharse la crítica a la partitocracia para consolidar el itinerario organicista en la institucionalización del Estado español, erigiéndolo en expresión más lograda de lo que —en el fondo— apuntaban esos sectores italianos. Pese a todo, los acontecimientos sucesivos verificaron la incapacidad de supervivencia de un régimen apoyado sobre unas premisas cada vez más contradictorias con la mentalidad imperante, partidaria del pleno reconocimiento del pluralismo ideológico y de las consiguientes libertades políticas.

VI. CONCLUSIONES[Subir]

La actividad desplegada por la embajada italiana en Madrid desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1951 manifiesta una clara sucesión de etapas condicionadas por el transcurso de la política interna de ambos países. Si en Italia la oposición antifascista había inaugurado una democracia de partidos con serias prevenciones respecto a los sistemas políticos afines con el régimen de Mussolini, se explica la retirada de la embajada en España a raíz de las condenas de la ONU en 1946. Solo la consolidación de la transición política en Italia bajo el liderazgo de la DC, y el cambio del escenario internacional con la recomposición de las alianzas occidentales frente al comunismo, introdujo a España en el concierto de las naciones con la consiguiente reapertura de la embajada italiana. No obstante, esta primera fase redujo su interés a algunos acuerdos en materia de cooperación cultural y comercio. Es a partir de 1957 cuando se produce un cambio significativo por parte italiana, vinculado al contenido de las reformas administrativas y económicas promovidas por el nuevo Gobierno español. La apertura del mercado a la inversión extranjera, en línea con las disposiciones liberalizadoras recomendadas por el Banco Mundial y el FMI, suscitó el interés creciente de Roma ante los márgenes de beneficio que ofrecía una economía en vías de mayor desarrollo. Que la superación de la autarquía en España coincidiera con la creación de la CEE marca una cierta correspondencia entre el impulso del programa económico liberalizador y el proceso de integración europea. Así lo interpretaron los embajadores italianos en sus informes al Gobierno de Roma. La superación de las reservas ideológicas hacia el régimen de Franco fue una constante en su discurso, apostando por una política de conveniencia práctica como la que venían aplicando los Gobiernos de París, Bonn o Londres. De este acercamiento postulado por la sede diplomática se inferían resultados satisfactorios; no solo para los intereses económicos italianos, sino también para la evolución política española al asociar el desarrollo socioeconómico con el impulso de la democratización. Las sugerencias elevadas por la embajada italiana apostaban por una evolución pautada del régimen, en orden a la preservación de los intereses económicos. Sin embargo, esta visión se contraponía a la sostenida por los principales exponentes del franquismo, empeñados en habilitar fórmulas políticas más participativas que hicieran aceptable su modelo institucional en el contexto europeo, pero sin alterar un ápice la sustancia corporativa y jerarquizada que informaba su entramado jurídico. De ahí los intentos por apropiarse de algunas tesis políticas planteadas por varios intelectuales italianos, especialmente críticos con el llamado fenómeno de la partitocracia. Se trataba de una acogida parcial e interesada de las propuestas de esos teóricos, muy ligada a la crisis del parlamentarismo y del sistema de partidos en Italia, para justificar la propia evolución del régimen español. Esta dialéctica por homologar aquel modelo al de los países de la CEE, con otra empeñada en encajarlo sin variar sus esencias, apelando a una pretendida renovación, constituyó la clave de las relaciones bilaterales a partir de 1957.