LA FORMACIÓN DE GOBIERNO EN EL NUEVO CONTEXTO MULTIPARTIDO. CRÓNICA POLÍTICA Y LEGISLATIVA DEL AÑO 2016

2.1. Las negociaciones previas a la investidura[Subir]

El rechazo de Rajoy se prolongó durante la segunda ronda de contactos del jefe del Estado a lo largo de la primera semana de febrero, por lo que Felipe VI propuso como candidato a Pedro Sánchez. Se trataba, en parte, de una situación esperada, pero condicionada en su origen por dos fenómenos que acabarían siendo definitivos. Primero, las exigencias de Podemos, que muy pronto se sustanciaron en la reclamación de un Ejecutivo de coalición, con reserva de ámbitos materiales, como la Vicepresidencia o los asuntos territoriales^[7]; y, más tarde, se concentraron en la reivindicación de una negociación bilateral que excluyera a Ciudadanos. A todas luces se hacía evidente la voluntad de Podemos de disputar al PSOE la primacía en el espacio electoral de la izquierda, que había quedado dividido por un estrecho margen de votos. La segunda condición tuvo que ver con la debilidad de Pedro Sánchez dentro de su propio partido, en especial en el equilibrio de poderes con los llamados barones territoriales, aquellos líderes de comunidades autónomas sin partidos de corte nacionalista, que, con la evidente intención de preservar su propio poder, descartaban entendimientos con Podemos o con grupos independentistas (en sentido opuesto, el apoyo de Pedro Sánchez surgía de los territorios en los que el PSOE gobierna con grupos nacionalistas).

Solo desde este contexto (y en la hipótesis de extraer réditos electorales futuros) es comprensible la acción política de Pedro Sánchez hasta su fallida investidura, actuación que en una lectura político-constitucional exhibe perfiles reseñables. En efecto, para aminorar la presión de Podemos, el candidato exploró la posibilidad inédita de solicitar la confianza de la Cámara con un acuerdo insuficiente, abierto a concitar apoyos a lo largo del debate o después. El punto de partida de esta estrategia fue la elaboración de una propuesta de negociación titulada «Programa para un Gobierno progresista y reformista»^[8]. Se trataba de un texto que, desde el nuevo escenario multipartidista, invitaba al diálogo guiado por la voluntad de cambio, excluyendo, eso sí, al PP, responsable, según el documento, del deterioro de las condiciones de vida y la desconfianza a los representantes políticos (pp. 2 y 3). Vale como idea matriz, lo afirmado en la página 5:

A partir de esta premisa y con la finalidad de concitar el máximo apoyo, el texto se hilvanó sobre seis ámbitos temáticos: la recuperación económica justa a través de un nuevo modelo de crecimiento con estabilidad presupuestaria y reforma fiscal progresiva; la reducción del desempleo y derogación de la reforma laboral de la última legislatura; un pacto en educación, ciencia y cultura; un plan de emergencia social y la consolidación del Estado social; reformas del sistema democrático; potenciar el papel activo de España en el exterior, y en especial en la UE; y reformar la CE «para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado».

Apoyado en este escrito, el PSOE inició negociaciones paralelas, pero separadas, con Ciudadanos y con Podemos, Izquierda Unida (IU) y las Mareas. La primera condujo a un pacto el 23 de febrero, estructurado de igual modo que el ya comentado «Programa para un Gobierno progresista y reformista». El «Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso» afirmaba que «[n]uestro proyecto busca aunar a una mayoría de españoles sobre cinco ambiciones que deben estar en el corazón de cualquier programa reformista para España: la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política» (p. 1)^[9]. Conllevaba, además, un evidente cambio de retórica en su preámbulo; desaparecieron las referencias excluyentes al PP (los males se atribuyen a la crisis) y la voluntad de cambio se ligó al diálogo y la construcción de un «Gobierno transversal» sin exclusiones, que marcó un deseo claro: «[e]xisten sociedades que han demostrado ser capaces de combinar economía de mercado y Estado Social, igualdad de oportunidades y seguridad para sus ciudadanos. España merece ser una de ellas» (p. 4).

Es bien sabido que este documento no llegó a puerto alguno y seguramente sus muñidores fueron conscientes desde el principio de que podría tener muchas utilidades, pero nunca la de concitar el apoyo parlamentario necesario. Entre sus diversos servicios, Pedro Sánchez lo empleó para ir desarrollando una estrategia dentro de su partido, con la que desmontar la oposición a su liderazgo, y que alcanzó su cenit en la segunda investidura. Así, el líder socialista sometió el acuerdo con Ciudadanos a la convalidación de las bases, desapoderando los órganos del partido. De este modo, se apuntaba un problema constitucional central, relativo a la adecuada dimensión de la democracia dentro de los partidos, en especial en lo atinente al curso que ha de tomar la acción política. A priori, la llamada a los militantes respondería a una intachable voluntad democrática, extraña a la lógica que ha dominado la realidad política española bajo la CE de 1978. Sin embargo, la cuestión no parece tan sencilla, puesto que este modo de actuar alivia la responsabilidad del dirigente político, pero introduce a un actor adicional, la militancia, que se aparta del núcleo central de la representación.

En cualquier caso, el acuerdo de PSOE y Ciudadanos desencadenó de forma inmediata la ruptura de las negociaciones por parte de Podemos. Según su portavoz parlamentario, Iñigo Errejón, el texto «esperaba al PP» y ratificaba las políticas que se habían desarrollado en la legislatura anterior; el «PSOE ha elegido», podría ser el lema con el que se desacreditó el pacto^[10]. No ha de pasarse por alto, que el 15 de febrero Podemos y sus confluencias publicaron «Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías»^[11], que, al margen de los puntos 4 (Justicia y derechos humanos) y 5 (Plurinacionalidad y modelo territorial), poseía concomitancias significativas con el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, a lo que añadía, además, una memoria económica que intentaba bajar a tierra las propuestas. Sin embargo, su preámbulo iba directo al eje de flotación de las negociaciones entre los otros dos partidos cuando declaraba:

Y a este documento le siguió el «Ofrecimiento del PSOE a las demás formaciones políticas progresistas y de izquierdas»^[12], que quiso hacer de la emergencia social y de la reconstrucción del Estado social su aportación central. Una cita textual sintetiza bien la idea: «Para que a partir del día 5, entre todos, hagamos posible decretar el fin de los recortes sociales y la recuperación del Estado de Bienestar. Para resolver la situación de la ciudadanía con problemas de carencias materiales severas, reducir las desigualdades, crear empleo digno y con derechos, e impulsar medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia en las instituciones» (p. 4).

2.2. El debate de investidura[Subir]

Sea como fuere, la imposibilidad del PSOE para concitar una mayoría suficiente convirtió el debate de investidura en un ritual preelectoral a través del cual las distintas fuerzas intentaron narrar su explicación sobre la ausencia de Gobierno. Así, Pedro Sánchez reincidió en la idea de someterse a la investidura como «un deber ineludible»^[13]. A su vez, el presupuesto político de su candidatura residiría en distinguir dos tipos de legitimidades: «[l]os españoles no se merecen que esta Cámara persista en más errores: en el error de creer que solo el que obtiene el mayor número de votos está legitimado para gobernar […] Para nosotros es una evidencia palmaria, palmaria, que la voluntad mayoritaria de la sociedad española expresada el pasado 20 de diciembre es el cambio»^[14]. En esta tesitura, la opción de Gobierno pasaría por la transversalidad: «Señorías, es muy sencillo: ofrecemos gobernar mediante pactos que cuenten con el mayor respaldo parlamentario posible. Ofrezco un Gobierno que ponga en marcha todo en lo que estamos de acuerdo la mayoría»^[15]. Lo que, a su vez, significaba desechar por «irrealizables» otras dos alternativas, la gran coalición o el Gobierno de izquierdas. La primera «[…] porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un Gobierno del cambio y desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato ni sus políticas son negociables, que no se va a cambiar nada» (p. 7, ibid.). La segunda porque «(n)o suma; lo siento, pero no suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un Gobierno de un único color político»^[16].

La otra parte del acuerdo de Gobierno, sustanció, asimismo, su narrativa sobre la idea de cambio y diálogo. Afirmó Rivera «[m]e parece que lo mejor que le puede pasar a España es que haya cambio, que haya cambio de políticas y de Gobierno, pero también que haya diálogo, porque nadie puede gobernar solo»^[17]. El matiz llegó por su apelación directa a la abstención del PP: «[n]o les digo ya a estas alturas que ustedes se sumen, porque ya han dicho que no se suman, pero permítannos que otros trabajemos, permítannos que España empiece a funcionar^[18]» a la vez que descalificaba cualquier posibilidad de Gobierno con Podemos: «[y], por supuesto, señor Rajoy, ¿usted qué prefiere? ¿Un Gobierno con el señor Iglesias de vicepresidente, un Gobierno con referéndums separatistas o un Gobierno donde Ciudadanos pueda estar incorporado con este acuerdo de Gobierno, un Gobierno constitucionalista, un Gobierno que garantice la estabilidad económica?»^[19].

La crítica de Mariano Rajoy se movió sobre una sencilla serie de ideas. La primera el carácter ficticio del pacto: «[e]l señor candidato, en lugar de intentar articular en serio una mayoría suficiente, que es lo que se supone debe hacer un candidato, ha preferido no hacerlo por razones que nada tienen que ver con el Gobierno de España o los intereses de los españoles, sino exclusivamente con los planes particulares del señor candidato»^[20].

Y criticaba además que la investidura fuese un intento de «retorcer el resultado electoral^[21]» Para descalificar luego el programa de investidura tildándolo de «contrarreforma» que conduciría a la «inestabilidad»^[22].

La crítica de Pablo Iglesias se centró en discutir la verdadera finalidad del acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Afirmó: «[…] lo que nos ha traído usted aquí, quizá sin percatarse del todo, es la primera entrega del plan de la gran coalición. Ha firmado usted un acuerdo en lo programático que no pone dificultades al PP. No lo digo yo, lo dice su socio, el señor Rivera»^[23].

A lo que añadiría que era también un pacto que satisfacía a diversos agentes externos: «En estas últimas semanas hemos visto a esos poderes fácticos señalar continuamente qué Gobierno le conviene a España, diciendo sin pudor que a España le convenía una gran coalición entre Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, y alertando sobre el peligro de la participación de Podemos en un Gobierno [… ] Ayer presentó un pacto a la medida de las oligarquías»^[24].

En la primera votación, Pedro Sánchez obtuvo 130 votos a favor, 219 en contra y uno abstención^[25] y en la segunda votación la abstención se sumaría a los votos a favor^[26].

2.3. Las negociaciones tras la investidura[Subir]

La investidura fallida abrió otra fase infructuosa de negociaciones, en las que el rey marcó el paso exigiendo para una nueva ronda de contactos que los partidos cerrasen antes un acuerdo de Gobierno. El PSOE intentó nuevamente sumar a Podemos, que a su vez aportó un documento titulado «20 Propuestas para desbloquear la situación política y posibilitar un cambio de Gobierno»^[27], que pretendía ser «el corazón de un posible acuerdo de Gobierno de cambio» (p. 2). El texto tenía un calado eminentemente social en el que se incluía, por ejemplo, el establecimiento de una renta garantizada para facilitar la salida del umbral de la pobreza, la universalización de la educación de cero a tres años, blindar la sanidad, sostener las pensiones sobre el sistema tributario general, la recuperación del sistema de atención a la dependencia, medidas antidesahucio y una reforma tributaria progresiva o la reforma del mercado laboral. Pero también acciones institucionales como aumentar la proporcionalidad del sistema electoral, reformar la financiación de los partidos o el reconocimiento del derecho a decidir.

El documento se cerraba con una medida en la que se postulaba la formación de un Gobierno en coalición de las distintas fuerzas progresistas (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís). Se excluía a Ciudadanos, que al mismo tiempo proponía integrarse en el Gobierno del PSOE. En estas circunstancias, se produjo una reunión a tres bandas que acabaría en fracaso, ratificado más tarde por las bases de Podemos, que se pronunciaron contra el acuerdo PSOE/Ciudadanos. Todavía Mariano Rajoy llamaría a una gran colación ofreciendo la Vicepresidencia a Pedro Sánchez. Y, celebradas unas terceras consultas por el rey el 25 de abril, habría un último intento por parte de Compromís de fraguar el «Pacto del Prado», que, más allá de sus treinta medidas, impulsaba un acuerdo de mínimos revisable cada seis meses, con la intención de reunir en torno a él a las autoproclamadas fuerzas progresistas y a Ciudadanos. Descartado este último intento, se celebraron elecciones el 26 de junio tras correr el plazo de dos meses estipulado en la CE.

4.1. La imposibilidad de una gran coalición[Subir]

Es innegable que Mariano Rajoy ya desde las primeras elecciones visualizó con claridad el problema que habría de afrontar: lograr el apoyo de su antagonista histórico, el PSOE. Por ello, el PP inició el proceso de negociación formulando un texto titulado «Programa para el Gobierno de España» definido para lograr:

Gobierno cuyos objetivos, a partir de los cuales se proponía una amplia batería de medidas negociables, serían favorecer un crecimiento sólido, sostenido y sostenible; trabajar en el fortalecimiento de los pilares del Estado de bienestar; defender la España constitucional; defender nuestras libertades; y fortalecer el vínculo democrático. En fin, salvando algunos acentos, no es casualidad la evidente coincidencia de estos objetivos con la retórica del pacto entre el PSOE y Ciudadanos.

El camino fructificó con este último partido, que viró desde la abstención hacia el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. Tomó forma en el acuerdo firmado por sus dos portavoces parlamentarios, titulado «150 compromisos para mejorar España». El eje discursivo no se apartó del documento anterior, ni del suscrito en su momento por el PSOE y Ciudadanos (e incluso el propuesto por Podemos ya analizado), pues sus grandes bloques fueron crecimiento económico, competitividad y empleo; sociedad del bienestar y del conocimiento; transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción; y el fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial.

En definitiva, es obvio que existe un consenso significativo en torno a los grandes temas que marcan la agenda política de nuestro país, que son la estructura económica, su repercusión sobre el Estado social, la corrupción de los partidos y la redefinición del Estado autonómico. No obstante, el documento que fraguó el apoyo de Ciudadanos a Mariano Rajoy poseía un importante matiz de tono, que hacía patente, una vez más, el peso de la UE en la dirección política: «[…] en el firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea», para lo que es «necesaria la aprobación de forma estricta de todas las acciones incluidas en la última Recomendación emitida por la Comisión Europea antes del día 15 de octubre» (p. 3).

Sin embargo, el acuerdo PP/Ciudadanos fue inicialmente insuficiente, puesto que el PSOE abortó desde el inicio cualquier tipo de negociación. En su reunión con Mariano Rajoy de 13 de julio, Pedro Sánchez declaró que «a día de hoy el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura»^[29]. Reiteraría su negativa tras otra reunión el 29 de agosto, justo después del pacto entre PP y Ciudadanos, afirmando que el encuentro con Mariano Rajoy había sido «prescindible» y que precisamente el pacto ahondaba en la motivación del no. En estas circunstancias, se llegó al debate de investidura, antes del cual Mariano Rajoy afirmó que iría «con 170 votos», resaltando que otros presidentes habían sido elegidos con un apoyo menor, pero afirmó «seguiré intentándolo, ahora, después de la primera votación, y si fuese necesario después de la segunda con el Partido Socialista que tiene la llave y porque es mi obligación»^[30]. Una vez más la investidura cobraba interés únicamente como escenario que amplificaba los desencuentros previos.

4.2. La primera investidura fallida de Mariano Rajoy[Subir]

Mariano Rajoy comenzó explicando las razones que a su juicio justificaban su investidura. En primer lugar, la urgente necesidad de un Gobierno: «[…] las cosas se podrían torcer y evolucionar a peor, y esto es algo que bajo ningún concepto debemos permitir»; a lo que añadió:

La segunda razón se ancló en el número de escaños: «[…] es que así lo han dispuesto los españoles al pedir con claridad que gobierne el Partido Popular […] El resultado electoral del pasado mes de junio ha sido inequívoco. Nunca, salvo en el caso de las mayorías absolutas, ha habido tanta distancia entre el primero y el segundo partido»^[32].

Sin solución de continuidad, aportó la tercera razón que sustentaría su investidura: «Mi propuesta es la única posibilidad real de que España pueda disfrutar de un Gobierno moderado que no sea una aventura de radicalismo, ineficacia e incertidumbre» (p. 6, ibid.).

Desde este punto de partida esbozó las características del Gobierno que esperaba formar: «[…] que no está sometido a vaivenes constantes porque todos cumplen con lealtad sus compromisos»; «en condiciones de gobernar, lo cual significa que pueda tomar decisiones y que sus decisiones se apliquen»; «fiable y previsible en sus decisiones, que no despierte incertidumbres ni recelos, sino al contrario un Gobierno con el que todos puedan saber a qué atenerse»; y «basado en acuerdos, porque así lo exigen los resultados electorales y porque nos enfrentamos a desafíos a los que ningún partido político puede hoy responder en solitario»^[33].

A partir de aquí, el discurso se asentó en el pasado, desgranando las bondades de la última legislatura. Pero más que el detalle, interesa subrayar la lectura global que de su anterior Gobierno efectuó el candidato:

Por razones sistemáticas es oportuno detenerse ahora en el discurso de Albert Rivera, cuyo partido otorgó la confianza a Mariano Rajoy. La esencia giró, como no podía ser de otro modo, en los motivos de fondo que lo llevaron primero a cerrar un pacto con el PSOE y poco después con el PP. Una cita literal, por más que larga, da buena cuenta de la idea central:

Las palabras de Pedro Sánchez se construyeron sobre los mismos ejes que su discurso de investidura. En el centro, se volvió a situar la distinción entre resultado electoral e investidura, que venía a impugnar la premisa mayor de Mariano Rajoy: «[…] el debate de investidura no es de convalidación mecánica del resultado electoral. Nuestra democracia se sustenta en un sistema parlamentario y el de investidura es un debate sobre la confianza que genera el candidato ante los 350 diputados y diputadas aquí presentes»^[36].

Esto le sirvió, recordando las propias palabras del candidato, para reprocharle sus apoyos insuficientes (p. 7) y negarle la confianza, bien ilustrado al comienzo del discurso:

Y, finalmente, nos interesa subrayar la función que según Pedro Sánchez correspondería al PSOE, que anuncia el conflicto que más tarde acabaría por implosionar:

El rechazo de Podemos a la investidura de Mariano Rajoy se construye en parte sobre la reivindicación de los principios («Nadie, absolutamente nadie en España concibe la posibilidad de que nosotros vayamos a renunciar a nuestros principios y a faltar a nuestra palabra poniéndoselo fácil a usted»^[39]) y sobre una crítica global a la pasadas legislatura, en la que se enumera el incremento de la desigualdad; la corrupción; los daños de la reforma laboral; y la escasa ambición en política social^[40].

Pero lo más interesante del discurso de Pablo Iglesias es la lectura general que hizo de la anterior legislatura, en claro contraste con la de Mariano Rajoy:

4.3. El camino hacia la abstención del PSOE[Subir]

El fracaso de la investidura puso sobre la mesa la posibilidad real de unas terceras elecciones, una eventualidad que acabaría provocando la dimisión del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la toma de control de una gestora que pilotaría la abstención. La narración de los hechos es sencilla. Una breve conversación telefónica entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez el día 6 de septiembre certificó que no había margen alguno de negociación^[42]. El momento clave empieza a fraguarse el 22 de septiembre, cuando Pedro Sánchez anunció que propondría al Comité Ejecutivo del PSOE liderar un «Gobierno alternativo». En la Comisión Permanente de ese Comité, el día 26, se alcanzó el punto álgido justo cuando Pedro Sánchez pidió la celebración en el mes de octubre del Congreso Federal y unas primarias para elegir al secretario general. No ha de olvidarse que ese mismo día el PSOE padeció un nuevo fracaso electoral en las elecciones autonómicas gallegas^[43] y vascas^[44]. La respuesta del sector crítico fue la dimisión de la mayoría de la Ejecutiva del partido, que abocó a un Comité Federal el 2 de octubre, en el que se votó en contra de la iniciativa de convocar un Congreso y primarias. Pedro Sánchez dimitió y tomó el mando una gestora dirigida por Javier Fernández, que condujo a un nuevo Comité Federal, en el que con 193 votos a favor y 96 en contra impuso la abstención en la investidura (no obstante, quince diputados socialistas acabarían votando no).

El brete del PSOE merece una especial atención como consecuencia de la transformación experimentada desde un bipartidismo cuasirrígido a un modelo multipartido. El PSOE, por lo menos a corto plazo, ha dejado de ser una alternativa de Gobierno y ha de encontrar un nuevo rol. Ese lugar parece oscilar entre liderar a una izquierda cultural y generacionalmente distinta o facilitar la gobernabilidad aprovechando para incidir de modo práctico en la dirección del Estado.

La tensión experimentada por el PSOE empuja, además, a dos tipos de reflexión sobre la dinámica de los partidos. La primera tiene que ver con la necesaria personificación del liderazgo y, por tanto, los métodos de elección. Parece evidente que, desde la salida de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE no acierta en este punto, dado el breve recorrido de sus secretarios generales (Rubalcaba, Pedro Sánchez); una observación que incluso tendría un origen mucho más lejano, al recordar la fallida elección de Josep Borrell. En cualquier caso, la lógica política indica que el mecanismo de selección debe asegurar que el resultado goce de una legitimidad duradera. Viene esto a cuento porque el PSOE en los últimos tiempos choca con una fragmentación territorial que dificulta decisiones integradoras. El ejemplo paradigmático es la mayor relevancia que se arroga el PSOE de Andalucía, que, llevada a sus últimos extremos, hace imposible la síntesis de perspectivas diversas. Y no se queda atrás la postura del PSC de congelar su relación con el PSOE cuando los criterios globales se divorcian de sus preferencias territoriales. Estos ejemplos ilustran bien en qué medida el PSOE no acaba de engrasar el procedimiento que va del debate a las decisiones.

En el fondo, y esta es la segunda línea de reflexión, el PSOE muestra la dicotomía entre dos modelos de partido. La reivindicación de las bases por parte de Pedro Sánchez se inclina por un sistema en el que el liderazgo esté sostenido en la militancia, lo que en principio encarna una dosis mayor de democracia. En cambio, desplaza a la burocracia del partido (el concepto quiere ser neutral y se refiere a aquellas personas cuyo puesto orgánico o representativo no depende necesariamente de la próxima elección), con lo que se pierde su función racionalizadora sobre el proceso político. Ciertamente, es muy delgada la línea que separa la labor racionalizadora del aparato de la tentación de ahogar la disidencia y reducir el círculo de decisión. El gran dilema constitucional es si ambas perspectivas —democracia interna y función racionalizadora— se pueden cohonestar o, sin embargo, forman una alternativa insuperable. La candente situación del PSOE al momento de escribir estas líneas seguirá ofreciéndonos motivos para la reflexión.

4.4. El debate de investidura definitivo[Subir]

La caída de Pedro Sánchez abrió el camino a la investidura de Mariano Rajoy. En el debate, sin embargo, lo más interesante no estuvo en el discurso del candidato, que, quizá como no podía ser de otro modo, se mantuvo en la línea de su primera investidura, justificando la solicitud de confianza en las tres razones ya sabidas —necesidad urgente de un Gobierno, que sea estable y eficaz, y que responda a la primacía electoral cosechada por el PP—. A lo que añadiría una última razón: «El agotamiento de los días y de las oportunidades nos sitúa hoy en la disyuntiva de tener que elegir exclusiva y definitivamente entre ofrecer un Gobierno a los españoles o pedirles que regresen a las urnas por tercera vez en poco más de 360 días»^[45].

Esta será también la razón fundamental alegada por Antonio Hernando, portavoz del PSOE^[46], que afirmaría:

Sin embargo, advierte inmediatamente que se trata de una abstención de efectos limitados, de suerte que en la voluntad del PSOE está la de rehacer el equilibrio de poderes potenciando el papel del Congreso:

La lectura de la realidad que realizan PP y PSOE, que ven en la investidura un mal menor frente a las terceras elecciones, contrasta con la mirada de los dos nuevos partidos, para los que confirma el fin del bipartidismo. Lo celebra Ciudadanos:

Mientras que Podemos observa un cierre estratégico que tiene como consecuencia deletéreos efectos de exclusión:

En esta tesitura, la primera votación fue insuficiente para que Mariano Rajoy obtuviese la confianza y se hubo de esperar las preceptivas cuarenta y ocho horas en las que su candidatura logró 170 votos a favor, 111 votos en contra y 68 abstenciones.

Su nombramiento se produjo mediante el Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre. Y el Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, procedió al nombramiento de los siguientes ministros: ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación a don Alfonso María Dastis Quecedo; ministro de Justicia a don Rafael Catalá Polo; ministra de Defensa a doña María Dolores de Cospedal García; ministro de Hacienda y Función Pública a don Cristóbal Montoro Romero: ministro del Interior a don Juan Ignacio Zoido Velázquez; ministro de Fomento a don Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz; ministro de Educación, Cultura y Deporte a don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo (y portavoz, de conformidad con el Real Decreto 418/2016, de 3 de diciembre); ministra de Empleo y Seguridad Social a doña María Fátima Báñez García; ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a don Álvaro María Nadal Belda; ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a doña Isabel García Tejerina; ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (también vicepresidenta, de acuerdo con el Real Decreto 416/2016, de 3 de noviembre); ministro de Economía, Industria y Competitividad a don Luis de Guindos Jurado; ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a doña Dolors Montserrat Montserrat.