EL FIN (MOMENTÁNEO) DEL BIPARTIDISMO EN ESPAÑA: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE 2015 Y 2016

I. INTRODUCCIÓN[Subir]

Como consecuencia de la crisis económica iniciada en 2008, muchos estados europeos se han visto sometidos a cambios políticos de diverso calado que resultan aún difíciles de evaluar. El rechazo a las políticas coyunturales desarrolladas por los Gobiernos ha confluido con un fenómeno estructural de malestar o desafección respecto a las instituciones democráticas y a los partidos políticos que se viene manifestando en todas las democracia contemporáneas desde hace un par de décadas. España, especialmente tocada por la crisis, no ha sido ajena a estas turbulencias políticas. El fenómeno del 15-M y las elecciones de 2011, que se saldaron con la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y el batacazo electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ya mostraron los primeros síntomas de los cambios que se avecinaban, los cuales se hicieron aún más patentes en las elecciones europeas de 2014 —con la aparición en la escena política de Podemos— y en las municipales y autonómicas de mayo de 2015.

Las elecciones legislativas de 20 de diciembre de 2015 y de 26 de junio de 2016 han tenido como resultado una reconfiguración del sistema de partidos que ha predominado en nuestro país desde las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977.

De aquel primer proceso electoral de la democracia surgió un bipartidismo imperfecto que se ha mantenido en sus rasgos esenciales hasta 2015: un sistema articulado por la confrontación entre dos fuerzas políticas dominantes separadas por una línea divisoria (cleavage) fundamentalmente ideológica. Tras un período inicial de consolidación de ambos polos no exento de complejidad, pues «la formación de un sistema de partidos después de cuarenta años de régimen dictatorial fue uno de los principales problemas políticos de la Transición, directamente asociado con la cuestión de la gobernabilidad en los primeros años de la nueva democracia española» (​Maravall Herrero, J. M. y Santamaría Ossorio, J. (1989). Transición política y consolidación de la democracia en España. En J. F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.). La transición democrática española (pp. 183-249). Madrid: Sistema.Maravall y Santamaría, 1989: 218), los papeles protagonistas de este sistema fueron asumidos por el PSOE y el PP, debiéndose notar que el período de consolidación fue más prolongado y accidentado para el centro-derecha, con la crisis e implosión de la Unión de Centro Democrático (UCD) y la realineación de las fuerzas conservadoras en torno a Alianza Popular (AP), refundada más tarde (en 1989) como PP.

Fue un bipartidismo imperfecto en un doble sentido. De una parte, porque ninguno de los dos partidos logró aglutinar el 100 % de su respectivo espacio ideológico y, de otra parte, porque a la línea divisoria fundamental que articulaba el sistema, que era la escisión ideológica izquierda-derecha, se le sumaba también una línea divisoria territorial, representada por la oposición entre partidos nacionales y partidos nacionalistas. De la combinación de ambas divisiones, y con la ayuda de un sistema electoral del que hablaremos más adelante, surgía un tablero sin duda complejo, pero en el que predominaba siempre la bipolaridad.

La suma de los votos de los dos partidos más votados en elecciones generales alcanzó el 63,76 % de los votos válidos en 1977, el 65,24 % en 1979, el 74,47 % en 1982, el 70,03 % en 1986, el 65,39 % en 1989, el 73,54 % en 1993, el 76,42 % en 1996, el 78,68 % en 2000, el 80,3 % en 2004, el 83,81 % en 2008 (máximo histórico) y el 73,39 % en 2011. Son cifras que resisten perfectamente la comparación con algunos de los sistemas más marcadamente bipartidistas de Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido, durante el mismo período de tiempo, la suma de los votos obtenidos por los dos primeros partidos en las elecciones legislativas osciló entre el 65,4 % en 2010 (primer Gobierno de Cameron, máxima cota de los liberal-demócratas) y el 80,8 % en 1979 (primera victoria de Thatcher). En Alemania, la suma de los votos de los dos grandes partidos ciertamente superó el 90 % en los años setenta (en la época dorada de Willy Brandt), pero luego fue descendiendo —sobre todo tras la reunificación— y en los años noventa se situó en torno al 77 % y bajó por debajo del 70 % en la primera década de este siglo, hasta alcanzar la cota más baja, de momento, en 2009 con el 56,8 %.

Otra de las características del modelo bipartidista que predominó en España hasta 2015 era que las dos fuerzas predominantes, en tanto opciones de Gobierno nacional, se presentaban ante el electorado como mutuamente excluyentes. Es decir, si había un Gobierno del PSOE, ello excluía al PP y viceversa. No había ninguna posibilidad de colaboración. En ese sentido, podemos decir que no era solo un sistema bipartidista, sino también un sistema caracterizado por una fuerte polarización, en algunos momentos extrema.

Las elecciones generales de diciembre de 2015 rompen completamente con este bipartidismo imperfecto. La suma de los votos de los dos principales partidos (PP y PSOE) se queda en un 50,71 % de los votos válidos. En las elecciones de junio de 2016, ambos llegan al 55,64 % debido a la remontada del PP, importante en número absoluto de votos recibidos respecto a la convocatoria anterior (+704 271 votos), pero aún más en cuanto al porcentaje de voto, habida cuenta de la elevada abstención que se produjo (33,52 %), la cual afectó fundamentalmente al voto de izquierda.

¿Realmente nos encontramos ante el fin del bipartidismo en España? Una primera lectura —superficial— de los resultados parece darnos una respuesta indiscutiblemente afirmativa. Desde luego, el sistema de partidos surgido de los dos últimos procesos electorales ya no puede calificarse de bipartidista.

Sin embargo, la cuestión es mucho más compleja. En un plano técnico-electoral, nos podemos plantear si la fragmentación de la representación que se ha producido —y que entra en contradicción con un sistema electoral pensado precisamente para favorecer el efecto contrario— se puede mantener en el tiempo, lo que nos llevaría a plantearnos también el problema de la gobernabilidad a medio plazo y a intentar aventurar posibles soluciones legislativas para este desde una óptica de ingeniería electoral^[1].

No es la intención de esta breve nota dar una respuesta inequívoca a este interrogante. Probablemente, en estos momentos nadie pueda hacerlo. Por ello, me planteo un objetivo mucho más modesto, que consiste sencillamente realizar un breve análisis del funcionamiento del sistema electoral observando su impacto real sobre los resultados de 2015 y 2016, y aventurar alguna reflexión sobre su posible influencia en la evolución futura del sistema de partidos.

II. Los efectos del sistema electoral y su impacto en los resultados de 2015 y 2016[Subir]

III. LA POSIBLE INFLUENCIA DEL SISTEMA ELECTORAL EN LA EVOLUCIÓN FUTURA DEL SISTEMA DE PARTIDOS… Y VICEVERSA[Subir]

Partiendo de los datos analizados en el apartado anterior, constatamos que nuestro sistema electoral, que había estado favoreciendo el bipartidismo durante casi cuatro décadas y fabricando mayorías parlamentarias estables, como consecuencia del terremoto electoral de 2015 y de su réplica de 2016, ha dado como resultado una situación de «multipartidismo fragmentado» (​Fernández Esquer, C. (2016). Desproporcionalidad y gobernabilidad. Agenda Pública, 29-3-2016. Disponible en: http://agendapublica.es/desproporcionalidad-y-gobernabilidadFernández Esquer, 2016).

Como señalan Penadés y Pavía, las elecciones de 2015 —y podríamos añadir que también las de 2016— han demostrado que con el mismo sistema electoral puede haber cuatro partidos que superen el 18-20 % de los votos y que, más o menos (dejando de lado los premios y castigos del sistema) pueden obtener una representación acorde con esa fuerza electoral (​Penadés, A. y Pavía Miralles, J. M. (2016). La reforma electoral perfecta. Madrid: Los Libros de la Catarata.2016: 26).

Sin embargo, cabe plantearse si es posible que este nuevo sistema de partidos, surgido coyunturalmente de una situación de confluencia entre una crisis económica profunda y una creciente desafección ciudadana hacia la política, sea sostenible en el tiempo, y qué influencia podrá tener el propio sistema electoral en dicha sostenibilidad. Por otro lado, en sentido inverso, cabe también cuestionarse si la aparición de este nuevo sistema de partidos puede tener una influencia en la transformación del propio sistema electoral y, si es así, en qué sentido.

La ciencia política ha relativizado enormemente la idea de que el sistema de partidos es un producto del sistema electoral, que parecía estar en la base de las célebres Leyes de Duverger (​Duverger, M. (1957). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica.Duverger, 1950: 13), aunque ciertamente ya el propio autor había matizado mucho este determinismo en diferentes versiones de sus trabajos (​Nohlen, D. (2013). Controversias sobre sistemas electorales y sus efectos. Revista Española de Ciencia Política, 31, 9-39.Nohlen, 2013: 11 y ss.). La experiencia de las elecciones de 2015 y 2016 demuestra precisamente que la influencia de los sistemas electorales es relativa y que los factores puramente políticos tienen un peso fundamental en las transformaciones de los sistemas de partidos. Ahora bien, aunque relativa, la influencia del sistema electoral existe y la experiencia electoral de 2015 y 2016, lejos de desmentir dicha influencia, la confirma, pues el sistema ha contribuido significativamente a amortiguar la caída de los dos principales partidos y, muy en especial, del PP.

Evidentemente, el futuro del sistema de partidos en España no va a estar exclusivamente condicionado por el sistema electoral, pero eso no quiere decir que el sistema electoral no vaya a tener cierta influencia o que no vaya a influir en las decisiones que tendrán que adoptar los actores políticos.

Desde este punto de vista, según ciertas opiniones, estamos ante un «nuevo equilibrio» (​Penadés, A. y Pavía Miralles, J. M. (2016). La reforma electoral perfecta. Madrid: Los Libros de la Catarata.Penadés y Pavía, 2016: 26) y el sistema electoral, que ha permitido llegar a este nuevo equilibrio, no va a forzar un cambio en el sistema de partidos, lo que no quiere decir que este no cambie por otros motivos. En otras palabras, según ese punto de vista, el funcionamiento de las reglas del sistema no va a suponer un incentivo para que los líderes políticos decidan reorganizar la oferta de partidos (más allá de lo que supone la alianza Podemos-IU) o para que los votantes decidan votar estratégicamente y concentrar su apoyo en ciertas fuerzas políticas.

Aunque es extraordinariamente arriesgado hacer previsiones en un contexto político tan cambiante y es sumamente fácil deslizarse por la pendiente del wishful thinking, a mi juicio, no está tan claro que ese pretendido nuevo equilibrio haya llegado; de hecho, por el contrario, el mantenimiento a largo plazo del multipartidismo surgido de las urnas en 2015 y 2016 no parece sostenible. Desde luego, si el sistema electoral va a influir en algo en la evolución futura, será en el sentido de que las aguas vuelvan a un cierto cauce bipartidista, aunque conviniendo en que su influencia no será absolutamente determinante. De hecho, los resultados de 2016, en comparación con los de 2015, parecen ir en esta dirección.

De una parte, ante una previsible recuperación del PP, de mantenerse la tendencia apuntada con las elecciones de 2016, no parece posible que se mantenga una división en el espacio de centro-derecha con dos partidos fuertes. En las dos últimas convocatorias, el sistema electoral ha castigado a Ciudadanos más que a ningún otro partido y ha premiado al PP más que a ningún otro partido. Esta ventaja relativa del PP se reforzará aún más si Ciudadanos sigue perdiendo apoyos y a los efectos mecánicos del sistema se pueden sumar pronto los efectos psicológicos (voto estratégico) si se mantiene esa tendencia.

De otra parte, aunque es más imprevisible lo que pueda suceder en el espacio del centro-izquierda, no parece tampoco sostenible que se mantenga una división entre dos partidos (PSOE y Podemos) con un apoyo electoral similar (en torno al 20 %). Lo que parece probable, en cambio, es que, en esta pugna particular, uno de los dos partidos acabe imponiéndose al otro como el principal referente en el espacio de la izquierda y, en ese contexto, el sistema electoral con su efecto de desproporcionalidad acabará reforzando esa tendencia. Como acabamos de ver, de momento el PSOE es el partido que sale más beneficiado por el sistema electoral, pero la ventaja relativa que obtiene como consecuencia del sesgo conservador es muy exigua, aunque le haya servido en las últimas convocatorias para mantener el tipo ante el reto que supone el avance electoral de Podemos.

No hay que olvidar tampoco que, además del sistema electoral, existen otros elementos que forman parte de la legislación electoral de contorno y que también pueden causar un efecto significativo sobre la evolución del sistema de partidos. El principal de ellos es la normativa sobre financiación de los partidos. A este respecto, es preciso tener en cuenta que la financiación de los partidos políticos en España es fundamentalmente pública (en más de un 80 % en algunos casos) y que la representación parlamentaria es uno de los factores fundamentales en el reparto de las subvenciones públicas (exclusivo en el caso de las subvenciones electorales). Estos criterios de reparto suponen una amenaza para la igualdad de oportunidades (​Sánchez Muñoz, Ó. (2007). La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Madrid: CEPC.Sánchez Muñoz, 2007: 231), pues dificultan enormemente la competitividad de los partidos pequeños de implantación nacional. Por consiguiente, la sostenibilidad del sistema de partidos surgido de las elecciones de 2015 y 2016 también se va a ver condicionada por la capacidad de los nuevos actores, Podemos y Ciudadanos, de asegurarse unas fuentes de financiación estables. En el caso específico de Ciudadanos, debido a su menor representación parlamentaria, las normas de reparto de la financiación pública no lo van a ayudar a conseguir ese objetivo, sino todo lo contrario.

Si es importante plantearse cómo va a afectar el sistema electoral a la evolución del sistema de partidos, no lo es menos plantearse la cuestión inversa, es decir, plantearse hasta qué punto la nueva configuración parlamentaria puede propiciar un cambio de las reglas del juego electoral, teniendo en cuenta que esas reglas del juego son definidas precisamente por los propios jugadores.

En este orden de ideas, es necesario analizar en primer lugar cuáles son las propuestas de reforma que han puesto sobre la mesa los distintos actores y las posibilidades de que dichas propuestas se puedan realizar en la práctica.

Tanto Podemos como Ciudadanos han llevado en sus programas electorales propuestas de reforma del sistema electoral. Podemos básicamente ha planteado la sustitución de las circunscripciones provinciales por autonómicas y la utilización de la fórmula de la media mayor para mejorar la proporcionalidad^[12] y Ciudadanos ha propuesto «un sistema electoral de doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional, respectivamente» (sic.) ^[13], lo cual parece inspirarse en el modelo alemán, con un reparto proporcional a nivel nacional, pero con una parte de los diputados elegidos en circunscripciones uninominales^[14]. No se especifica si se propone el establecimiento de una cláusula de barrera nacional, pero se puede intuir que sí. Por su parte, el programa electoral del PSOE habla de listas desbloqueadas y de «mejorar la proporcionalidad»^[15], pero no precisa si ello implica el cambio de la circunscripción o no. En momentos anteriores de mayor precisión programática, este partido flirteó con el modelo alemán, pero no hay una postura clara al respecto. Por último, el programa del PP sencillamente no contiene ninguna referencia a la reforma del sistema electoral de las elecciones legislativas.

Con este grado de disparidad entre las propuestas no parece una tarea fácil lograr el consenso necesario para emprender una reforma del sistema electoral, y mucho menos si esa reforma implica la reforma del art. 68 de la Constitución española para modificar la circunscripción electoral. Una hipotética suma de diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos podría reformar la LOREG, pero no es fácil imaginar cuál podría ser el común denominador entre estas tres fuerzas, más allá de mitigar los efectos del sesgo conservador mediante una reducción del mínimo provincial de dos a uno. Sin embargo, esta reforma, que podría ser interesante para Podemos y Ciudadanos, no lo sería tanto para el PSOE que, como hemos visto, se ha beneficiado de este sesgo conservador en su competición particular con Podemos.

Además, habría que valorar que esta medida, incluso si va acompañada de un aumento del número de diputados a cuatrocientos, tiene implicaciones negativas en términos de proporcionalidad en las circunscripciones de menor población —a pesar de la mejora relativa que se apreciaría en los índices de proporcionalidad global del sistema—^[16], lo que nos conduciría a lo que Urdánoz ha calificado como «la paradoja de las desigualdades» (​Urdánoz Ganuza, J. (2009). La desigualdad del voto en España. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 13, 271-290.2009: 286): reducir la desigualdad del valor del voto (reduciendo de dos a uno el mínimo provincial) supondría incrementar la desigualdad en cuanto a los efectos del sistema en las diferentes circunscripciones, pues algunas de ellas serían más proporcionales, pero otras, en cambio, seguirían siendo mayoritarias e, incluso, lo serían mucho más (piénsese, por ejemplo, en las circunscripciones que verían reducida su magnitud a uno o dos escaños). Esto último, además, seguiría introduciendo un cierto sesgo conservador en el sistema (​Montero, J. R. y Riera, P. (2009). Anexo II: Informe sobre la reforma del sistema electoral. En F. Rubio Llorente y P. Biglino Campos (eds.). El Informe del Consejo de Estado sobre la reforma electoral. Texto del informe y debates académicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Montero y Riera, 2009: 410 y ss.).

El partido más interesado en la reforma es, desde luego, Ciudadanos, puesto que es el partido más perjudicado por el sistema actual. Sin embargo, no parece que, con la configuración actual del parlamento, tenga fuerza suficiente para convencer a los demás partidos de la necesidad de esta reforma. En el acuerdo «150 compromisos para mejorar España», que es la base del apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy, lo máximo que ha podido arrancar ha sido un tibio compromiso para abordar la «mejora de la proporcionalidad» (medida 97), aunque el PP, justo en el párrafo siguiente, «se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada», lo cual supone una contradicción flagrante con el compromiso anterior.

Una perspectiva de reforma muy diferente —en la línea de esta declaración de intenciones del PP que acabamos de citar— es la que plantearía la reforma, pero no para reforzar la proporcionalidad, sino para todo lo contrario. Como es sabido, en los sistemas parlamentarios de Gobierno los sistemas electorales están obligados a satisfacer simultáneamente dos objetivos que no siempre son conciliables entre sí: uno de ellos es conformar un Parlamento que sea representativo y el otro, desde la óptica del parlamentarismo racionalizado, es el de propiciar mayorías parlamentarias que puedan sustentar un Gobierno estable.

Hasta 2015, la dimensión de la gobernabilidad no había generado la más mínima preocupación a los estudiosos del sistema electoral. Es más, unánimemente se destacaba que nuestro sistema había posibilitado la formación de Gobiernos y propiciado su estabilidad en el tiempo (​Martínez Pujalte, A. L. (2010). Los sistemas electorales españoles: evaluación y propuestas de reforma. Madrid: Dykinson.Martínez Pujalte, 2010: 48; ​Delgado-Iribarren G.ª-Campero, M. (2012). El sistema electoral español: logros y deficiencias. En Conferencia Los sistemas electorales español y alemán: Un debate de sus efectos, límites y propuestas de reforma (pp. 1-33). Fundación Manual Giménez Abad.Delgado-Iribarren, 2012: 6; ​López Nieto, L. (2016). Notas sobre el rendimiento de los sistemas electorales en España (1976-2015). Revista Latinoamericana de Política Comparada, 11, 69-107.López Nieto, 2016: 73). Sí, se admitía que nuestro sistema tenía problemas de desproporcionalidad y desigualdad, pero eran sacrificios asumibles en pos de la estabilidad gubernamental. Sin embargo, tras los últimos comicios la desproporcionalidad y la desigualdad no han desaparecido, pero, además, ahora se empieza a dudar de la eficacia del sistema para propiciar la formación de mayorías parlamentarias suficientes. A mi juicio, achacar alguna responsabilidad al sistema electoral sobre los problemas de gobernabilidad no responde en absoluto a la realidad. De hecho, como hemos visto, el sistema ha desplegado plenamente sus efectos de concentración de la representación.

¿Cabría alguna posibilidad de reforma que intentase reforzar aún más el efecto mayoritario del sistema? Desde luego no parece probable que se pudiera articular un consenso parlamentario en torno a una propuesta de esa naturaleza. El programa electoral y las declaraciones de líderes del PP parecen sugerir que a este partido le agradaría una solución de este tipo, mediante la articulación de un premio a la mayoría, pero no parece que ningún otro partido pueda sumarse a una propuesta así^[17].

En estas circunstancias, todo parece indicar que las posibilidades de que se lleve a cabo una reforma electoral en esta legislatura son mínimas. Seguramente, la reforma electoral seguirá estando presente en el debate público, para regocijo de expertos y tertulianos. Seguramente, el descontento ciudadano sobre el funcionamiento del sistema se incrementará. Pero, a pesar de ello, mucho me temo que, una vez más, se cumplirá la célebre aserción de Lijphart cuando afirmaba que los sistemas electorales «tienden a ser muy estables y resistentes al cambio» (​Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales y sistemas de partidos. Madrid: CEC.1995: 52).

IV. UNA REFLEXIÓN FINAL: ¿SIMPLE REALINEAMIENTO O TRANSFORMACIÓN PROFUNDA DEL SISTEMA DE PARTIDOS?[Subir]

Para concluir este breve análisis, nos podemos plantear la cuestión de si, como consecuencia de los resultados electorales de 2015 y 2016, nos encontramos ante un simple realineamiento del sistema de partidos, de tal forma que el resultado final de este proceso podría volver a ser un sistema bipartidista imperfecto basado en la tradicional escisión ideológica izquierda-derecha, pero con otros actores distintos o, al menos, parcialmente distintos; en otras palabras, si podríamos estar dirigiéndonos hacia un nuevo bipartidismo, o hacia un multipartidismo bipolar, en el que Podemos asumiría el papel que ha asumido el PSOE hasta el momento como la fuerza política central del polo ideológico de la izquierda; o bien, si, por el contrario, estaríamos ante una transformación mucho más profunda del sistema de partidos, en el sentido de que ya no habría solo un cambio de actores, sino también un cambio en las líneas divisorias fundamentales (cleavages), con una pérdida de intensidad de la escisión ideológica tradicional izquierda-derecha y la irrupción de una nueva escisión que podríamos resumir en la oposición entre vieja política y nueva política.

El análisis del comportamiento electoral en las elecciones generales de 2015 y 2016 (​Rama Caamaño, J. (2016). Un nuevo terremoto electoral: elecciones generales 2015 y 2016 en España. Revista On-line de Estudiantes de Derecho (UAM), 5.Rama Caamaño, 2016) nos permite observar que hubo síntomas de fatiga en el apoyo electoral de los partidos tradicionales y que los nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos) fueron apoyados por electores muy distintos entre sí y que se alejan de la dimensión izquierda-derecha. Lo que tienen en común estos votantes es que, en términos generales, se muestran especialmente críticos con el funcionamiento de la democracia, con los partidos políticos y con «los políticos» (la casta, en la terminología puesta de moda en los últimos años). De esta forma, hay ciertos indicios de que podría estar cambiando la estructura de competición partidista y de que se estarían erosionando las viejas escisiones sociales (​Rama Caamaño, J. (2016). Un nuevo terremoto electoral: elecciones generales 2015 y 2016 en España. Revista On-line de Estudiantes de Derecho (UAM), 5.Rama Caamaño, 2016: 20).

Deteniéndonos específicamente en el caso de Podemos, parece claro que, en su etapa inicial, este partido responde claramente al perfil de partido antiestablishment. Sus apoyos en las elecciones europeas de 2014 procedieron de bolsas de votantes indignados, con fuertes sentimientos de rechazo a los partidos tradicionales y llenos de expectativas incumplidas (​Rodríguez Teruel, J. (2016). Podemos: ¿De partido anticasta a estandarte de la plurinacionalidad? Agenda Pública, 12-12-2016. Disponible en: http://agendapublica.es/podemos-de-partido-anticasta-a-estandarte-de-la-plurinacionalidadRodríguez Teruel, 2016). En este sentido, Podemos se enmarcaba claramente en el fenómeno de auge de los movimientos populistas que se ha observado en diversos países, una «nube de populismo» (​Solozabal Echavarria, J. J. (2017). La nube del populismo. El Imparcial, 13-1-2017. Disponible en: http://www.elimparcial.es/noticia/171424/opinion/la-nube-del-populismo.htmlSolozabal, 2017) que, desde planteamientos ideológicos heterogéneos, coincide en «la descalificación del sistema político democrático, como tinglado institucional falso y esencialmente corrupto» (​Solozabal Echavarria, J. J. (2017). La nube del populismo. El Imparcial, 13-1-2017. Disponible en: http://www.elimparcial.es/noticia/171424/opinion/la-nube-del-populismo.htmlSolozabal, 2017), aunque destacando siempre la relativa excepcionalidad de Podemos, si lo comparamos con lo sucedido en otros países en los que el descontento ha sido capitalizado por movimientos asimilables de una u otra forma a la extrema derecha. Durante esa primera etapa fundacional, el éxito de Podemos se basó precisamente, como ha descrito con acierto Rodríguez Teruel (​Rodríguez Teruel, J. (2016). Podemos: ¿De partido anticasta a estandarte de la plurinacionalidad? Agenda Pública, 12-12-2016. Disponible en: http://agendapublica.es/podemos-de-partido-anticasta-a-estandarte-de-la-plurinacionalidad2016), en «un discurso populista hábilmente articulado, una gran capacidad para la agitación en las redes sociales y una notable presencia en grandes medios de comunicación». Estos rasgos iniciales permitían avalar la hipótesis de la sustitución de la dialéctica tradicional izquierda-derecha por la dialéctica vieja política-nueva política. Sin embargo, la estrategia posterior seguida por Podemos, primero con las confluencias con los partidos nacionalistas y después con la alianza con Izquierda Unida, se aparta de esa línea inicial y vuelve a reforzar las líneas divisorias tradicionales del sistema español de partidos.

En definitiva, parece que Podemos habría optado claramente por el objetivo estratégico de reeditar bipartidismo, pero con otros actores, sustituyendo al PSOE como referente de la izquierda. El que este proceso de suplantación tenga éxito o no depende de una multiplicidad de factores cuyo análisis se escapa por completo a este modesto comentario. Uno de ellos será, sin duda, la resolución de las crisis abiertas en el momento actual tanto en el PSOE como en Podemos. Otro, de extraordinaria importancia, será la capacidad de las sociedades europeas para sobreponerse a la epidemia populista reafirmando los valores del constitucionalismo democrático.