INCIDENCIA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES SOBRE EL PLURALISMO POLÍTICO Y LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS^[1]

1. ¿Es deseable la participación en los partidos políticos?[Subir]

Parece innecesario recordar que, si la democracia es la unidad entre el sujeto y el objeto del poder, la democracia directa es la forma más pura de democracia, pues ahonda en ello hasta transformar tal unidad en identidad (​García-Pelayo, M. (1993). Derecho Constitucional Comparado. Madrid: Alianza Editorial.García-Pelayo, 1993: 175). Y que, si el vigente constitucionalismo asume la democracia representativa como la preponderante, al menos desde la Revolución francesa^[10], lo hace contra la democracia más pura, la directa. Es cierto, en primer lugar, que ello lo realiza por imposición de la propia lógica de la realidad, como nos ha hecho ver de Vega^[11]; y que, en consecuencia, solo la democracia representativa puede ser considerada en la actualidad una forma de Estado. Ahora bien, con ser ello cierto, más discutible es afirmar que en consecuencia la democracia directa o semidirecta es exclusivamente un complemento de la democracia representativa y que no es en modo alguno ni siquiera un ideal a conquistar. Como observa Aguiar de Luque, pese a las debilidades, fisuras e incluso instrumentalizaciones que la democracia directa ha padecido a lo largo de la historia, «es lo cierto que se trata de un modelo dotado de una particular fuerza de impulsión, en especial en lo que constituye su idea vertebral: la necesidad de que los ciudadanos participen más extensamente, más intensamente, y por la vía que fuere, en los procesos de adopción de aquellas decisiones públicas que les afectan» (​Aguiar de Luque, L. (2000). Democracia directa e instituciones de democracia directa en el Ordenamiento Constitucional español. En G. Trujillo, L. López Guerra y P. González-Trevijano (eds.). La experiencia constitucional (1978-2000). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Aguiar de Luque, 2000: 68). Y ello no tanto al objeto de plantear una alternativa al sistema representativo, o incluso de complementarlo; sino como instrumento para «abrir unas vías alternativas de participación directa del ciudadano que […] reduzcan de facto el monopolio ostentado en la toma de decisiones públicas por la clase política profesionalizada» (​Aguiar de Luque, L. (2000). Democracia directa e instituciones de democracia directa en el Ordenamiento Constitucional español. En G. Trujillo, L. López Guerra y P. González-Trevijano (eds.). La experiencia constitucional (1978-2000). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Aguiar de Luque, 2000: 69).

Es cierto que la democracia directa puede entrañar problemas de formación de falsas mayorías, incluso puede facilitar la movilización de masas desinformadas y manipuladas. La vinculación de este modelo de democracia con instrumentos de legitimación de regímenes totalitarios ha sido evidente a lo largo de la historia. No parece casual que Carl Schmitt, en su Teoría de la Constitución, vinculara absolutismo monárquico y democracia directa (​Schmitt, C. (1996). Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial.Schmitt, 1996: 303). Y que, en lógica consecuencia, en el proceso constituyente que dio lugar a la CE de 1978, se impusiera como preponderante tal forma de democracia^[12]. Sin embargo, el riesgo de la consolidación de un modelo de democracia exclusivamente representativo y, sobre todo, del asentamiento en tal modelo de partidos políticos dominados por férreas minorías dirigentes fue subrayado por De Cabo en 1994: «el de reducir las distintas formas de participación para dejarlas limitadas, de un lado, a la mera participación electoral y, de otro, al estricto ámbito de las instituciones político-representativas (Parlamento, partidos) desalentando cualquier otra que permita una movilización o actuación más constante» (​De Cabo, C. (1997). Contra el consenso. Estudios sobre el Estado constitucional y el constitucionalismo del Estado social. México: Universidad Autónoma de México.De Cabo, 1997: 229).

La democracia implica, como nos recuerda Presno Linera, la «participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y para ello se cuenta tanto con instrumentos representativos como con impulsos inmediatos de la propia ciudadanía, que en sociedades democráticas avanzadas dispone de capacidad de autodeterminación política suficiente como para poder decidir por sí misma sobre aspectos esenciales del gobierno de la comunidad» (​Presno Linera, M. (2014). La democracia directa y la falacia de sus riesgos. En I. Gutiérrez Gutiérrez. La Democracia indignada. Tensiones entre voluntad popular y representación política. Granada: Comares.Presno Linera, 2014: 67). Quizá sea oportuno apuntar, por último, y como insiste García, que la razón fundamental que alega Weber para introducir instrumentos de democracia directa en la Constitución de Weimar es precisamente su deseo de contraequilibrar el poder de los partidos «o de manera más precisa, el afán por impedir que las burocracias de los partidos [que conocía y temía desde su temprana lectura de los trabajos de Bryce y Ostrogosky] secaran la fuente democrática en la vida pública e impidieran el juego de la renovación e innovación política» (​García, E. (2012). Contestaciones a la Encuesta: el referéndum en la Constitución. Teoría y Realidad Constitucional, 30.García, 2012:17).

En cualquier caso, la opción de nuestro vigente constitucionalismo por la democracia representativa, que asume nuestro constituyente de 1978, convierte a los partidos políticos en instrumentos insustituibles. Al margen de la conveniencia de potenciar instrumentos de democracia directa, parece que tal fomento de participación ha de llevarse a cabo en el seno de los propios partidos políticos. Bien pueden ser los partidos insustituibles, resulta también imprescindible la participación en estos: solo así puede acercarse la democracia representativa, como forma de Estado, a canalizar la democracia avanzada de la que habla la CE. En realidad, parece que la contraposición no debe establecerse hoy entre democracia directa y representativa, sino entre un modelo de democracia que asienta sus cimientos en las formas de representación parlamentaria típicas del primer constitucionalismo liberal, y otro de democracia participativa, que potencie el derecho de participar activa y pasivamente en política. Puede ser cierto, como observa Castellá, que la «democracia participativa y directa solo (tengan) sentido dentro de la democracia representativa; esto es, [que] se deb[a]n configurar como complementos a esta, que operan desde su interior, desde su propia lógica» (​Castellá Andreu, J. M. (2014). Las enseñanzas del tiempo transcurrido, o de cómo la democracia representativa sigue siendo imprescindible. En I. Gutiérrez Gutiérrez (coord.). La democracia indignada. Tensiones entre voluntad popular y representación política. Granada: Comares.Castellá Andreu, 2014: 146); pero precisamente, por ello, urge introducir elementos de democracia participativa y directa en el seno de los partidos políticos.

A la pregunta sobre cómo combatir el alejamiento y la desafección de los ciudadanos respecto a las instituciones representativas la respuesta de Castellá es clara: «principalmente desde la democracia representativa misma, sus instituciones y procedimientos». El objetivo es, en su opinión, «dotar de contenido real a la democracia representativa» (​Castellá Andreu, J. M. (2014). Las enseñanzas del tiempo transcurrido, o de cómo la democracia representativa sigue siendo imprescindible. En I. Gutiérrez Gutiérrez (coord.). La democracia indignada. Tensiones entre voluntad popular y representación política. Granada: Comares.Castellá Andreu, 2014: 152-153). La posibilidad de introducir cauces de participación efectiva de militantes y simpatizantes en los órganos de decisión de los partidos puede ser esencial para afrontar la tarea.

La conclusión que cabe alcanzar es clara: es deseable la existencia de participación en los partidos políticos, y ello como sencilla y directa consecuencia de la opción de nuestro constituyente por la democracia (art. 1.1 de la CE); parece coherente, pues que este configurara como única carga específica a los partidos que su organización fuera democrática (art. 6 de la CE)^[13]. La democracia interna postula participación y tal participación presupone la existencia de democracia interna: esta y el derecho de participación se encuentran inexorablemente unidos. La decisión política fundamental por la democracia interna (art. 6 de la CE) se proyecta en la parte dogmática de la CE en el derecho fundamental de participación política (art. 23 de la CE) y ambos pueden configurar el modelo de democracia avanzada al que alude nuestro constituyente en el preámbulo de nuestra Carta Magna. A continuación nos plantearemos si tal deseabilidad es posible.

2. ¿Es posible la participación en los partidos políticos?[Subir]

Observa Grimm cómo «la demanda constitucional de democracia interna tropieza en la realidad política con fuertes tendencias en sentido contrario» (​Grimm, D. (2001). Los partidos políticos. En E. Benda, W. Maihofer; H. Vogel, K. Hesse, y W. Heyde. Manual de Derecho constitucional. Madrid: Marcial Pons.Grimm, 2001: 412). La obra clásica de Michels sobre los partidos políticos ya nos alertaba sobre sus tendencias oligárquicas; algo que en su opinión es aplicable a todos los partidos, incluso a aquellos que, supuestamente, por tener su origen en el período de la democratización del poder, habían integrado en su forma de organización más elementos de participación. En su opinión, todo partido político precisa de una organización, y esta, por naturaleza, genera tendencias oligárquicas^[14]. La democracia interna, por lo demás, parece colisionar en cierto sentido con los fines específicos de los partidos políticos orientados al triunfo electoral y a la formación de Gobierno. Como es conocido, Michels alcanza estas conclusiones en 1915 estudiando la organización del Partido Socialdemócrata alemán.

En cualquier caso, ya desde la sociología Alexander Schifrin u Otto Stammer replicaron las tesis de Michels. Para Schifrin «bien pueden existir tendencias de la minoría dirigente de los partidos políticos a perpetuar su poder y así a generar comportamientos oligárquicos, el Derecho puede diseñar sin embargo estructuras y organizaciones en los mismos que frenen tales impulsos». Distingue entre oligarquía de los dirigentes y oligarquía del aparato del partido: si bien los dirigentes pueden tener tendencias naturales a la oligarquía y así a la retención del poder, el aparato del partido no tiene necesariamente que desempeñar un papel antidemocrático. Para Schifrin, en definitiva, «pueden producirse desviaciones de esta democracia, puede ser temporalmente alterada o suspendida, pero estos fenómenos serán siempre consecuencia de ciertas consecuencias concretas, nunca de la ley ciega sociológica» (​Schifrin, A. (1980). Aparato de partido y democracia interna. Una crítica socialista de Michels. En K. Lenk y F. Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama.Schifrin, 1980: 261); la organización del partido puede estar orientada a favorecer la participación. Y no solo a los efectos de asegurar un cierto derecho a la crítica o de ciertas garantías para la minoría, sino como un método de trabajo que ataña a la totalidad del partido y del cual depende el éxito del movimiento en su conjunto (​Schifrin, A. (1980). Aparato de partido y democracia interna. Una crítica socialista de Michels. En K. Lenk y F. Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama.Schifrin, 1980: 261). Democracia interna y organización, en definitiva, no solo no son antagonistas, la una no puede desarrollarse sin la otra.

Es más, la democracia interna del partido puede llegar a ser un poderoso medio para el fortalecimiento de la organización: cita tres aspectos básicos para asegurar tal democracia interna. En primer lugar, la garantía de la libertad de expresión de los afiliados: precisamente porque «la diversidad de ramas, puntos de partida ideológicos, direcciones tácticas y corrientes político-culturales del movimiento solamente pueden equilibrarse mediante la libertad de expresión» (​Schifrin, A. (1980). Aparato de partido y democracia interna. Una crítica socialista de Michels. En K. Lenk y F. Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama.Schifrin, 1980: 276). En segundo término, el aseguramiento de una intensa autonomía y vida propia de las organizaciones locales: estas deben actuar como «células primarias en la toma de las decisiones primarias. Y, por último, la garantía de la constitución democrática del partido.

Stammer nos hace ver cómo frente a las tendencias a la oligarquización existen también tendencias a la democratización. El peligro de formación de oligarquías se acrecienta cuando se produce una defectuosa elección de los directivos, una mala administración de la formación de la opinión, una insuficiente participación y una acumulación de cargos; pero frente a ello también existe «la vigilancia y la movilidad política de los escalones inferiores y medios de mando [que] está a menudo en situación de equilibrar la presión del aparato del partido» (​Stammer, O, (1980). La democratización de la organización. En K. Lenk y F. Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama.Stammer, 1980: 284). También aboga por una adecuada articulación estructural de los partidos que distribuya «la responsabilidad entre las asambleas de representantes locales y regionales, comisiones, consejos y comités»; todo ello en aras a fomentar el dinamismo del partido y la formación de opinión pública. Si falta, en sus palabras, «esa aireación», «no podrá la directiva del partido desempeñar debidamente su misión de tomar decisiones de acuerdo con la mayoría de sus miembros, ni será posible la formación de voluntad política en forma que abarque por igual a todos los estamentos del partido» (​Stammer, O, (1980). La democratización de la organización. En K. Lenk y F. Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama.Stammer, 1980: 285).

Quizá sea excesivamente precipitado, pues, extraer de las conclusiones de Michels la imposibilidad de insertar instrumentos de democracia participativa en el seno de los partidos. Parece, más bien, que debiera hacernos reflexionar sobre los límites de tal pretensión. Es posible introducir en la organización y las estructuras de los partidos políticos elementos que permitan y favorezcan la participación y la democracia interna. Ciertamente, tanto Schifrin como Stammer sitúan como condición previa para la realización de tal democracia interna una cierta politización y activación de las bases de los partidos. «La vía del fortalecimiento del partido [dice Schifrin] pasa, pues, por una acción política: es condición previa de la democracia de partido la politización y activación de las masas» (​Schifrin, A. (1980). Aparato de partido y democracia interna. Una crítica socialista de Michels. En K. Lenk y F. Neumann (eds.). Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. Barcelona: Anagrama.Schifrin, 1980: 277). Como más recientemente nos dice Grimm: «mientras los déficits de democracia interna de los partidos se deban a la apatía de sus miembros, quedan extramuros del Derecho» (​Grimm, D. (2001). Los partidos políticos. En E. Benda, W. Maihofer; H. Vogel, K. Hesse, y W. Heyde. Manual de Derecho constitucional. Madrid: Marcial Pons.Grimm, 2001: 413). Mas tal apelación al ciudadano activo que participa en el seno de la sociedad es coherente con el tipo de ciudadano que presupone la actual democracia constitucional: el tránsito del bourgeois al citoyen ejemplifica las transformaciones del vigente constitucionalismo en el que la idea de ciudadanía aparece ligada a un status y a una tarea de participación política (​Smend, R. (1985). Ciudadano y burgués. En Constitución y Derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.Smend, 1985: 264, 265).

Es cierto que solo una modificación de bases sociales y culturales puede llevar a una mayor disposición de la ciudadanía a ampliar su intervención e interés por la política; parece lógico condicionar a tal modificación el éxito de cualquier reforma jurídica. Y que cabe preguntarse, como hacen algunos politólogos, en qué medida los ciudadanos que prestan atención solo de forma ocasional a política y a los asuntos públicos pueden ser capaces de controlar el comportamiento de sus representantes electos. O dicho de otro modo, ¿por qué deberían los representantes electos preocuparse de las preferencias de los ciudadanos cuando saben que la mayoría de los ciudadanos no los observan? (​Douglas Arnold, R. (2002). ¿Pueden unos ciudadanos poco atentos a la política controlar a sus representantes electos? Zona Abierta 100, 73-98.Arnold, 2002). Parece evidente, no obstante, que ello ocurrirá en mayor medida en aquellos ciudadanos que menos necesiten del Estado para satisfacer sus necesidades personales.

Sin lugar a dudas, una ciudadanía activa y beligerante parece la mejor herramienta de control sobre los representantes; una ciudadanía activa que considere no solo como derecho, sino como un deber cívico, dedicar algunos años de su vida a los asuntos públicos (res pública). «En una cultura democrática [escribe García] la política es o debe ser cosa de todos los ciudadanos, independientemente de que solo unos pocos ejerzan de manera directa cargos públicos, el resto deben participar de manera más o menos absorbente a través de la vida de partido o de los demás cauces institucionales que se abren en la vida social. Proceder de otra manera significa renunciar a autogobernarse» (​García, E. (2012). Contestaciones a la Encuesta: el referéndum en la Constitución. Teoría y Realidad Constitucional, 30.García, 2012: 30). A analizar las posibilidades de participación en los partidos políticos y sobre todo la existencia de tales fuerzas sociales que pueden mover a tal participación dedicaremos el siguiente epígrafe.

1. Sobre la participación en los congresos del partido y en la selección de los candidatos electorales[Subir]

El análisis concreto de la participación en los partidos, como es conocido, se proyecta principalmente en la participación en los congresos y en la selección de los candidatos electorales que estos presentan. La primera y principal función del congreso es elaborar el programa del partido; la segunda tarea es la de renovar sus órganos de dirección. Se ha señalado la conveniencia de dotar de mayores posibilidades al afiliado para incidir en la elaboración del programa electoral, aunque en la práctica sus posibilidades de incidir son ciertamente reducidas; la elaboración final del programa la suele dirigir y controlar el comité ejecutivo del partido. También se ha propuesto la conveniencia de celebrar, junto con los congresos nacionales, congresos territoriales que puedan reforzar la autonomía de las asociaciones territoriales como garantía de la democracia interna de los partidos. Se ha llegado a plantear la conveniencia de introducir algún mecanismo de democracia directa en la elección de los órganos de dirección de los partidos, por ejemplo, las primarias; la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP) solo impone que tal selección ha de realizarse mediante sufragio libre y secreto (art. 7.3 de la LOPP). Se ha propuesto, por último, la limitación temporal de mandatos, precisamente para asegurar una cierta renovación de los cargos y evitar la perpetuación en el poder de las mismas clases dirigentes.

La selección de candidatos electorales constituye —se ha repetido numerosas veces— una de las principales misiones que los ordenamientos constitucionales han encomendado a los partidos políticos, está relacionada no solo con la formación del Parlamento, sino también lógicamente con la del Ejecutivo. Gran parte de la doctrina, pero no solo de ella, ha cifrado en las conocidas primarias en la selección de los candidatos ciertas esperanzas de regeneración democrática de los partidos. Por ejemplo, Blanco Valdés, pesimista en las posibilidades de democratización de los partidos, pone en valor este modelo específico de selección de los candidatos; incide no en la reforma de los partidos, sino en su desapoderamiento como estructuras de poder; permite que la sociedad recupere alguna de las tareas que había delegado en los partidos; puede revitalizar, en definitiva, la vida interna de los partidos, favorecer la mayor y mejor participación de los afiliados e, incluso, simpatizantes del partido. No es casual que la primera vez que se usa este medio de selección de candidatos electorales en un partido de ámbito nacional —el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— que sí contaba con una corriente interna de opinión minoritaria —Izquierda Socialista— el candidato apoyado por tal corriente (Josep Borrell) fuera el que ganó tales primarias^[15].

Pero, precisamente, la experiencia de tal elección, la bicefalia que genera, y las tensiones producidas podrían mover a cuestionar este modelo de selección de candidatos (​Vírgala, E. (2015). La regulación jurídica de la democracia interna en los partidos políticos y sus problemas en España. Teoría y Realidad Constitucional, 35.Vírgala, 2015: 240-245); solo parecería tener sentido cuando todo el esquema organizativo del partido gira en torno a este modelo. Por otro lado, no podemos ignorar que este instrumento de selección de candidatos es un elemento extraño a la tradición democrática española. Se trata de un instituto propio del presidencialismo norteamericano, y las posibilidades de importar institutos ajenos son, como bien sabemos, reducidas. Aun cuando no parece prudente desmerecer las posibilidades que introduce de reforzar ciertas garantías de la democracia interna de los partidos, quizá puedan existir otros elementos que puedan contribuir de forma más fuerte a ello, como la introducción de ciertas incompatibilidades orgánicas o la mencionada inserción de limitaciones de mandatos^[16].

En cualquier caso, todos estos mecanismos se orientan a fomentar la participación del afiliado y a alcanzar la mayor garantía de la libertad de expresión y asociación dentro del partido político. La democracia interna se proyecta, así, en la garantía de una serie de derechos de afiliados y simpatizantes. Los derechos a participar en la elaboración del programa electoral, en la renovación de sus órganos de dirección, en la imposición de una limitación temporal a su mandato, en la posibilidad de que la agrupación territorial pueda tener mayor autonomía de decisión, o incluso en la selección de los candidatos electorales del partido, son concreciones de la democracia interna de este; y, por lo tanto, de la garantía de la mayor participación en su seno. Pero si los derechos traen causa de una fuerza social que los alcanza, los garantiza y los asegura, parece que la conquista de tales derechos dependerá de la presencia de tal fuerza social en el seno del partido: la existencia de corrientes internas y la garantía en la formación de tales corrientes es seguramente la mejor forma de lograr y asegurar tales derechos.

2. Sobre la garantía en la formación de corrientes internas[Subir]

No obstante, la existencia de corrientes internas plantea de nuevo tensiones no menores. Es cierto que la interpretación de la propia ideología no tiene por qué ser unívoca y que tales interpretaciones, valoraciones o estimaciones diferentes pueden ser un elemento que estimule la vida interna del partido, en definitiva, la participación en él. Tal participación puede redundar no solo en la mejor formación de los propios candidatos de los partidos, en la medida en que alcanzarán cotas de poder en el propio partido después de haber sido capaces de imponer dialécticamente sus propias valoraciones y de haber adquirido, pues, un entrenamiento dialéctico no menor; sino también en la mejora de la conexión del partido con la sociedad, toda vez que este no aparecerá como una estructura cerrada, sino permanentemente abierta a la participación de la ciudadanía en él.

Pero no es menos cierto que la existencia de tales corrientes puede también desorientar a la propia ciudadanía, configurada en este caso como electorado. El partido político, es, por naturaleza, una organización cuya finalidad es alcanzar el poder; y la división o fractura interna que quizá causa puede llegar a convertirse en un serio obstáculo para que este alcance la victoria electoral; e incluso alcanzándola puede poner freno a posibles alianzas con otros partidos, que podrían tener reparos en cooperar con un partido fraccionado^[17]. Como acertadamente se ha apuntado, los partidos políticos «son ante todo organizaciones de lucha y como tales tienen que someterse a las leyes de la táctica, y una norma fundamental de la táctica es la disposición para el ataque, esto es, la disciplina, la articulación jerárquica, que no permite, como es lógico, la disidencia dentro del partido» (​Cárdenas Gracia, J. F. (1992). Crisis de legitimidad y democracia interna de los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica.Cárdenas Gracia, 1992: 53). Parece necesario recordar, por último, que existe una relación evidente entre la libertad social de los partidos y su derecho a la autoorganización, que, además, condiciona su producción ideológica. Ahora bien, ¿puede restringirse esta en función de una exigencia de su función pública?, ¿cuál es la democracia interna?

La necesidad de hallar un equilibrio entre ambas exigencias parece clave a los efectos de la propia supervivencia del partido político. Así ha sido puesto de manifiesto también por nuestro supremo intérprete constitucional. El Tribunal Constitucional (TC), de un lado, parte, como no podía ser de otra forma, del mandato constitucional que supone la exigencia de democracia interna a los partidos políticos. Lo realiza de forma particularmente clara en su Resolución 10/1983, de 21 de febrero: «La trascendencia política de sus funciones (concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular) y servir de cauce fundamental de la participación política […] explica que respecto de ellos establezca la Constitución la exigencia de que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos»^[18].

Y, del otro, incide en la necesidad de compatibilizar las exigencias de democracia interna con el derecho de autoorganización de los partidos. Sin embargo, parece que nuestro supremo intérprete constitucional, en esa tensión entre democracia interna y autoorganización, podría otorgar preferencia al derecho de autoorganización (STC 56/1995, de 6 de marzo de 1995). No obstante, acepta que la regulación jurídica de los partidos políticos consta de una serie de derechos, los propios del genérico derecho de asociación, y uno más singular de los partidos: el derecho de participación democrática de los afiliados^[19]. La teoría constitucional, como hemos visto, es especialmente problemática; parte de una tensión ya analizada: el derecho de autoorganización y la obligación que deben cumplir los partidos políticos de democracia interna. Las dificultades para alcanzar un equilibrio son evidentes. Quizá por ello la vigente ley de partidos políticos nada dice al respecto, y parece dejarse todo a los estatutos de los partidos; que son más o menos garantistas en función de la propia relevancia histórica que hayan podido tener tales corrientes.

La realidad constitucional mueve a la teoría constitucional, y la existencia de corrientes internas fuerza a su reconocimiento por los partidos, a la inserción de instrumentos de garantía para su funcionamiento y, en definitiva, al aseguramiento de mayores y mejores cauces de participación en los partidos. No en vano, como analizábamos anteriormente, Alexander Schifrin u Otto Stammer cifraban las esperanzas de la democratización de los partidos precisamente en la activación de la ciudadanía. Los partidos políticos de ámbito nacional han proferido un tratamiento desigual a tales movimientos internos.

En el PP no existen, al menos en teoría, corrientes internas, los estatutos no hacen mención alguna. Más allá de ciertas consideraciones sobre el derecho de los militantes a controlar la acción política del partido, y al deber que tiene de lealtad a este, no cabe encontrar en sus Estatutos mayor referencia^[20].

Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, no cuenta con corriente alguna, si bien sus Estatutos imponen, como una importante novedad, de un lado, el sistema de elección de primarias para la selección de sus candidatos electorales^[21] y del otro, la limitación de mandatos en cargos públicos: ninguna persona podrá desempeñar un cargo público con responsabilidad de gobierno en representación del partido más de dos legislaturas completas, o bien cuatro legislaturas si lo desempeñase en instituciones de distinto nivel administrativo^[22]. Unión Progreso y Democracia (UPyD) tampoco cuenta con corrientes internas conocidas, aunque sus estatutos son particularmente generosos con la garantía de la libertad de expresión, asociación y organización del afiliado^[23].

El PSOE, Podemos e Izquierda Unida (IU) ofrecen una perspectiva diversa, toda vez que cuentan con corrientes internas, sus estatutos prevén su existencia y les otorgan ciertos derechos y deberes. Incluso en la gestación de Podemos como partido político, como veremos, se confrontaron dos programas organizativos que respondían a visiones parcialmente opuestas a la relevancia que deben tener las corrientes internas en el seno de los partidos.

Izquierda Socialista es una corriente interna de opinión del PSOE que existe desde el verano de 1979^[24], representa un movimiento ideológico situado a la izquierda de la mayoría dirigente del partido y que, a lo largo de la vida de este, ha ido expresándose en diferentes ocasiones^[25]. El PSOE reconoce la existencia de corrientes de opinión en su art. 4 y regula su organización y derechos, lo que garantiza su posibilidad de formación (la solicitud debe ir dirigida a la Comisión Ejecutiva Federal y debe estar avalada, al menos, por un 5 % de militantes pertenecientes, al menos, a cinco Federaciones Regionales o de Nacionalidad). Importa destacar lo que dicen los Estatutos por lo que se refiere a las posibilidades de que estas corrientes de opinión realicen reuniones y emitan documentos públicos: «Las reuniones deberán realizarse en locales del Partido. Los afiliados y afiliadas que participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no trascienda al exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de los Congresos y a las de los demás órganos de dirección».

Nueva Izquierda, Corriente Roja, Espacio Alternativo, IU Abierta u Otra Izquierda Unida es Posible son corrientes que han ido surgiendo a lo largo de la vida de Izquierda Unida (IU)^[26]; no hay que olvidar que IU es una federación de partidos en el que la pluralidad de corrientes ideológicas está en su misma razón de ser^[27]. En sus Estatutos, hay una regulación pormenorizada de la existencia, de las garantías y del funcionamiento de las corrientes internas; pero sobre todo de la necesidad de que tales corrientes no perjudiquen la fuerza de acción del partido. En el preámbulo de dicha exposición de motivos se menciona ya la necesidad de «mantener un equilibrio entre la imprescindible flexibilidad para agrupar la variedad de experiencias, prácticas, sensibilidades, tendencias, realidades geográficas, procedencias políticas y culturales que se pretende convivan en IU, con la también imprescindible coherencia global y eficacia práctica para contribuir a la transformación social». Y se dedica precisamente el apartado II del Preámbulo al denominado «principio de funcionamiento democrático y el consenso»: se parte de una realidad, por más que evidente, necesaria de recalcar: «[…] en una institución o entidad en la que existan intereses o posturas enfrentadas la democracia tiene un punto culminante en la votación para decidir la posición mayoritaria […] Tal votación «determinará la posición oficial de Izquierda Unida en sus diferentes ámbitos».

Pero, a su vez, insiste en que, pese a que ello es así, los procesos de debate no deben promoverse «con dinámica de confrontación, sino con la búsqueda de la síntesis de las aportaciones y de enriquecimiento que los diferentes planteamientos o posturas aportan. Es por ello que el objetivo primero en todo proceso de debate interno será el de la consecución del consenso, en el que la gran mayoría pueda sentirse reflejada e identificada». La regulación específica de las corrientes de opinión se realiza en los arts. 31 a 38 de los Estatutos. Destaca el art. 35 en el que se establece la obligación de estas corrientes de respetar los principios y Estatutos de IU y de respetar los acuerdos adoptados democráticamente.

En la gestación de Podemos como partido político se enfrentaron dos programas organizativos diversos: el programa elaborado por el grupo Claro que Podemos (liderado por Pablo Iglesias) y el programa elaborado por Sumando Podemos (liderado por Pablo Echenique). Interesa la propuesta contenida en el programa de Sumando Podemos porque, frente a la de Claro que Podemos, propugnaba que en la Asamblea Ciudadana Estatal^[28] se eligieran tres portavoces:

El documento organizativo de Claro que Podemos consideraba que debía existir solo un secretario general, que había de ser elegido por la Asamblea Ciudadana de Podemos. Parece que la conveniencia de postular tres portavocías se encontraba en la necesidad de que las diferentes corrientes internas del partido pudieran tener representación en la Asamblea Ciudadana Estatal y pudieran en definitiva trasladar directamente a la ciudadanía las eventuales diferentes sensibilidades existentes en el partido.

No obstante, llevar hasta tal extremo la garantía de democracia interna podría conducir a desnaturalizar el propio partido o atacar su propia esencia como organización. El equilibrio que ha de lograr todo partido entre autoorganización y democracia interna solo parece poder alcanzarse si la garantía del ejercicio de la discrepancia por parte de la corriente interna llega hasta el momento de la votación; ese momento, como indican los estatutos de IU, determina la posición oficial del partido, y la corriente interna ha de asumir tal posición. La capacidad de influencia de las corrientes internas en la vida del partido parece que debe detenerse en el momento de la votación final. Lo contrario podría generar problemas con la propia naturaleza del partido, que se nos antojan irresolubles: mantener el derecho de discrepancia aun después de realizada la votación resulta difícilmente compatible con conservar el partido como unidad de acción^[29]. El art. 26 de los vigentes Estatutos de Podemos establece que el secretario general (único) será elegido por la Asamblea Ciudadana Estatal. Como obligación de todos sus afiliados consta «acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos del partido» (punto b del art. 7 de los Estatutos).