IMPACTO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH Y LA CORTE IDH SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA^[1]

1. Estándares mínimos garantizados en la jurisprudencia del TEDH^[2] [Subir]

2. Tensiones con el legislador nacional con ocasión de sentencias relativas al reconocimiento civil de confesiones: Ucrania, Hungría, Rusia[Subir]

La jurisprudencia sobre libertad religiosa que ha producido mayor impacto en la legislación de los Estados es la que se refiere al reconocimiento civil de confesiones. Especialmente, las sentencias pronunciadas sobre la exigencia de una nueva inscripción para todas las confesiones, a consecuencia de un cambio legislativo (​González-Varas Ibáñez, A. (2015). Reconocimiento y autonomía de las confesiones religiosas en los países del Este. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 31, 479-‍502.González-Varas Ibáñez, 2015: 479; ​Fernández-Coronado González, A. (2013). Evolución del derecho de libertad religiosa en los Estados de la Unión Europea que formaron parte de la Unión Soviética. Derecho y Religión, 8, 85-‍100.Fernández-Coronado González, 2013: 85; ​Martín Sánchez, I. (2014c). Las confesiones religiosas y su autonomía según el Tribunal Europeo de Derechos humanos. Encuentros multidisciplinares, 16 (46), 64-‍73.Martín Sánchez, 2014c: 64; y ​Edenharter, A. (2015). Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften vor dem Hintergrund europäischer Grundrechtsvereinheitlichung und kultureller Diversifizierung. Rechtswissenschaft, 6 (2), 167-‍193.Edenharter, 2015: 167). El TEDH llega a explicar a Ucrania (Sentencia Syvato-Mykahylivska Parafiya vs. Ucrania, 14-VI-2007) qué entiende por «precisión suficiente de la norma» (§127), y qué finalidad debe tener la norma: evitar actuaciones arbitrarias por parte de los poderes públicos (§128). En el caso Magyar Keresztény Mennonita Egyház et al. vs. Hungría (8-IV-2014), el TEDH consideró que el cambio legislativo no estaba justificado. En Hungría, a tenor de la ley de confesiones religiosas del año 1990 se inscribieron más de cuatrocientos grupos, adquiriendo así los beneficios fiscales derivados del estatuto de confesión religiosa. En el año 2011, el Parlamento húngaro aprobó una nueva ley que privaba de la condición de confesión religiosa a casi todas las existentes. Para obtener de nuevo esa condición era necesario volver a inscribirse y someterse al examen de su carácter religioso por parte de las autoridades públicas, el TEDH consideró que esas medidas no eran admisibles en una sociedad democrática (§ 83). Como consecuencia de esta sentencia del TEDH, el 6 de julio de 2015, el TC húngaro declaró inconstitucionales (por su incompatibilidad con los arts. 9 y 14 del CEDH) las normas que regulaban los requisitos del reconocimiento como iglesia y ordenó al legislador que los modificara, adaptándolos a las exigencias del CEDH.

Una situación similar se produjo en Rusia, cuando en 1997 se modificó su ley de confesiones religiosas. Pero las sentencias contra Rusia pronunciadas por el TEDH en respuesta a las demandas de confesiones que no habían logrado volver a inscribirse a consecuencia del cambio legislativo (Iglesia de la Cienciología de Moscú vs. Rusia, 5-IV-2007; Rama de Moscú del Ejército de Salvación vs. Rusia, 5-X-2006) no supusieron un tour de force con el legislador ruso, sino que condenaron al Estado por la actuación de la Administración. El TEDH llega a decir que hubo mala fe por parte de la Administración (Testigos de Jehová de Moscú vs. Rusia, 10-VI-2010, §§ 175 y 181). El Ejército de Salvación, que operaba legalmente en Rusia desde 1992, no obtuvo el nuevo reconocimiento por una supuesta interpretación arbitraria de los requisitos de la Ley de Religiones. El TEDH declara que una injerencia en el derecho de libertad religiosa solamente se justifica si es necesaria en una sociedad democrática. Posiblemente la Administración rusa pretendía favorecer a la Iglesia ortodoxa protegiéndola frente a la difusión de otros credos. El Tribunal consideró que era una discriminación religiosa el intento de fortalecer la identidad nacional «utilizando» a la Iglesia ortodoxa.

A pesar del deber de neutralidad del Estado (supra, apdo. 1.2.2.), el texto del CEDH no prohíbe las iglesias de Estado. Hay Estados parte que tienen iglesias oficiales. En Inglaterra, la Iglesia anglicana es la religión oficial. En Dinamarca, el Parlamento y el Ministro de Asuntos Eclesiásticos son las máximas autoridades de la Iglesia evangélico-luterana de Dinamarca. En Suecia, la Iglesia evangélico-luterana era la oficial hasta el 1 de enero de 2000. La Constitución vigente en Malta establece la el catolicismo como la religión oficial. La existencia de una Iglesia de Estado no impide la firma del CEDH ni el sometimiento a la jurisdicción del TEDH (​Celador Angón, Ó. (2011). Libertad de conciencia y Europa: un estudio sobre las tradiciones constitucionales comunes y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Madrid: Dykinson.Celador Angón, 2011: 42). La condena a Rusia, por las medidas que hacen de facto imposible el reconocimiento de otras confesiones, se fundamenta más en el obstáculo que la acción del Estado supone para el ejercicio de la libertad religiosa que en la incompatibilidad de una Iglesia de Estado con el CEDH.

3. Impacto en los estados: obligación de prestaciones y deberes de omisión[Subir]

En ocasiones, la jurisprudencia de Estrasburgo genera deberes de omisión de los Estados. Tal es el supuesto de la sentencia Agga vs. Grecia (núm. 32186/02, 13-VII-2006). Un ciudadano griego, elegido muftí por su comunidad, fue condenado por el delito de usurpación de funciones de los agentes estatales o municipales después de que el Estado griego nombrara otro muftí y el primero continuara ejerciendo ciertas actividades y presentándose de acuerdo con la posición religiosa que ostentaba. El argumento del Gobierno era que la condena respondía a una conducta tipificada como delito y que nada tenía que ver con las creencias religiosas del condenado. El TEDH hizo notar que los actos del demandante (envío de mensajes de contenido religioso) no eran ejercicio de competencias judiciales o administrativas propias de los muftís o de otros ministros de «religiones reconocidas», a cuya protección se refiere la norma penal. Tampoco se apreciaba una «presión social» que justificara una intervención para salvaguardar la sociedad democrática.

Un aspecto de la dimensión negativa es el derecho a no declarar las propias creencias. Por ello, no debe incluirse mención de la religión en pasaportes o documentos administrativos (Sinan Işik vs. Turquía, 2-II-2010; Sofianopoulos et al. vs. Grecia, núms. 988/02, 1997/02 y 1977/02, 12-XII-2002). Recoger la pertenencia religiosa en un documento de identidad es contrario al art. 9, aunque haya consentimiento. Este deber de omisión de las autoridades estatales no impide que se imponga la carga de hacer públicas la propia religión a quien pretende obtener un beneficio, por ejemplo, obtener una autorización para ausentarse de su trabajo. En el asunto Kosteski vs. la antigua República yugoslava de Macedonia (13-IV-2006), los tribunales internos estimaron no creíble la afirmación del demandante acerca de su pertenencia al islam. Cabe exigir una prueba de la pertenencia, pues «las normas legales objetivas tienen preeminencia sobre la norma subjetiva al solicitar el ejercicio de derechos».

La manifestación de la pertenencia religiosa con objeto del pago del impuesto eclesiástico, no se considera contraria a los derechos garantizados en el CEDH, pues no se hace un uso público de la pertenencia declarada (Wasmuth vs. Alemania, 12884/03, Sentencia 17-II-2011, §§ 58-‍59).

La libertad religiosa incluye la observancia de reglas alimenticias establecidas por la confesión, y la realización de rituales para la obtención de esos alimentos (TEDH en el asunto Cha’are Shalom ve tsedek vs. Francia, 27-VI-2000). El Tribunal de Estrasburgo impone obligaciones a los Estados para garantizar la libertad de quienes se encuentran en relación de sujeción especial. El derecho a la alimentación conforme a las propias creencias puede generar para el Estado la obligación de proveer en la medida de lo posible una alimentación adecuada en los establecimientos públicos como las prisiones (Jakóbski vs. Polonia, 7-XII-2010).

4. Cauces formales para la recepción interna en algunos estados de la jurisprudencia del TEDH[Subir]

Los cauces formales por los que se efectúa el impacto de la jurisprudencia del TEDH en los Estados son muy variados. En el asunto Scordino vs. Italia (GC, 29-III-2006, § 233), el TEDH recuerda que el Estado demandado tiene en sus manos la posibilidad, bajo el control del Comité de Ministros, de elegir los medios de cumplir con su obligación jurídica a tenor del art. 56 CEDH siempre y cuando sean compatibles con las conclusiones contenidas en el fallo. En mayor medida son discrecionales las vías y los instrumentos a través de los cuales se recoge el impacto de la jurisprudencia. Y, además, no están bajo el control del Comité de Ministros, salvo que por la vía del impacto se tratasen de incumplir las obligaciones del art. 56.

En España, el RD 839/2015, de 21 de septiembre, relativo al régimen de la Seguridad Social de los ministros de culto de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, trae causa en la sentencia del TEDH (Manzanas Martín vs. España, 3-IV-2012), en la que se estima la vulneración del art. 14. Para la ejecución de la sentencia habría bastado una indemnización al demandante, pero el impacto ha ido más allá, produciéndose un cambio de las condiciones de la Seguridad Social de los pastores evangélicos.

En Alemania, la posición del CEDH es la que ocupa el derecho federal, es decir, está bajo la Ley Fundamental. Todos los tribunales alemanes tienen obligación de aplicarlo como aplican el derecho federal. Según la sentencia del TCF en el caso Görgülü (14-X-2004), todos los órganos del Estado de la República Federal de Alemania están vinculados al CEDH y a los protocolos adicionales en el marco de sus competencias (​Hartwig, M. (2005). Much ado about human rights: The Federal Constitutional Court confronts the European Court of Human Rights. German Law Journal, 5 (1), 869-‍894.Hartwig, 2005: 869; y ​Walter, C. (2013b). Nationale Duchsetzung. En O. Dörr, R. Grote, T. Marauhn (Hrsg.). EMRK/GG, Konkordanzkommentar (Bd. 1, pp. 2002-‍2052). Tübingen: Mohr Siebeck.Walter, 2013b: 2002).

Si el TEDH declara en una sentencia que Alemania ha lesionado el CEDH —ese había sido en caso, Alemania fue condenada por el TEDH en la sentencia Görgülü vs. Deutschland, 26-V-2004, Nr. 74969/01—, la sentencia del tribunal alemán que fue causa de esa lesión no deja por eso de tener fuerza vinculante para las partes. Las sentencias de Estrasburgo no tienen el efecto de la casación. Sin embargo, una sentencia del TEDH que condene a Alemania debe ser tenida en cuenta por los tribunales alemanes, que deben decidir sin lesionar el derecho humano en cuestión. No obstante, no se exige una ejecución sistemática (BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom, 14-X-2004 - 2 BvR 1481/04-Rn. 1-‍73 y «Sicherungsverwahrung» BVerfG, 2 BvR 2365/09 vom 4-V-2011) de la sentencia. Así, un tribunal puede decidir, teniendo en cuenta los intereses de quien no fue parte en el proceso ante Estrasburgo, y aplicándole la jurisprudencia de este Tribunal.

La decisión del TCF sobre la interpretación de las sentencias del TEDH que condenan a Alemania (la mencionada Görgülü, de 2004) deja abiertos espacios a la interpretación sobre cómo deben ser puestas en práctica en el derecho nacional esas condenas. La vía ordinaria para ejecutar las sentencias en las que Alemania resulta condenada es la interposición por parte del recurrente ante la jurisdicción de Estrasburgo de una demanda de restitución, incoándose así un proceso civil (§ 580, Nr. 8 ZPO). A este precepto de la ley de enjuiciamiento civil remiten también los preceptos paralelos de la jurisdicción laboral (§ 79 ArbGG), de seguridad social (§ 179 SGG), de la ley de procedimiento administrativo (§ 153 VwGO) y de procedimiento fiscal (§ 134 FGO). En el caso de que se trate de un proceso penal existe la posibilidad, desde 1988, de reanudar el procedimiento a tenor de la ley de enjuiciamiento criminal (§ 359, Nr. 6 StPO, lex Pakelli). Si la sentencia de Estrasburgo solo supone una indemnización económica (art. 41 CEDH), el órgano competente de la ejecución es el Gobierno federal.

Hay un caso pendiente de resolución ante el TCF, con ocasión de un auto del Tribunal de Finanzas Federal, 11-XII-2013 (Az. I R 4/13). Este tribunal ordinario sometió a la consideración del TCF si en caso de conflicto entre la legislación ordinaria y un tratado internacional, debe prevalecer el tratado internacional (este sería el caso del CEDH). En cambio, el Tribunal Administrativo Federal, en una decisión del 27-II-2014, resolvió un conflicto entre el CEDH y la legislación ordinaria sobre de derecho funcionarial, en favor de la legislación ordinaria alemana, sin someter su decisión a la ponderación del TCF. El Tribunal Administrativo Federal afirma que es tarea del legislador llevar a cabo una concordancia práctica entre el art. 11 CEDH y la prohibición, derivada del art. 33.5 de la Ley Fundamental, de que los funcionarios puedan llevar a cabo determinadas huelgas.

Estas consideraciones sobre el impacto de la jurisprudencia del TEDH en Alemania, se aplican cuando el derecho concernido es la libertad religiosa (​Walter, C. (2013a). Religions und Gewissensfreiheit. En O. Dörr, R. Grote, T. Marauhn (Hrsg.). EMRK/GG, Konkordanzkommentar (Bd. 1, pp. 957-‍1049). Tübingen: Mohr Siebeck.Walter, 2013a: 957).

En Austria, el CEDH tiene rango constitucional, la jurisprudencia sobre el convenio y sus protocolos adicionales deben ser tenidos en cuenta directamente por los tribunales y la Administración Pública. En este Estado, el Servicio Constitucional, dependiente de la Cancillería Federal, tiene el deber de informar sobre las decisiones que adopta el TEDH a los órganos principales del Estado (Parlamento, ministerios del Gobierno Federal, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, representantes de los Estados federados). Este dato pone de manifiesto la importancia que se da en Austria a la jurisprudencia del TEDH. Coherente con el rango constitucional del CEDH es que se atribuya esta competencia de información al Servicio Constitucional.

En Suiza ha habido dos intentos de denunciar el CEDH (1988 y 2014). Se trataba de una reacción contra sentencias del TEDH en las que Suiza fue condenada. En el primer caso, la ejecución de la sentencia del caso Belilos vs. Suiza (núm. 10328/83, 29-IV-1988), produjo la modificación del art. 29a de la Constitución Federal. En el segundo caso, Suiza es condenada por haber lesionado la presunción de inocencia (art. 6.2). En 2008, el fiscal de Ginebra incoó un procedimiento contra un sacerdote acusado de abusos sexuales. En su informe, el fiscal competente concluyó que los abusos sexuales habían prescrito. La prensa afirmó que el sacerdote había cometido y reconocido los hechos de los que se le acusaba. El sacerdote solicitó que el Tribunal de Ginebra entrase a conocer del asunto, y que en la disposición final constase exclusivamente que los hechos constitutivos de delito habían prescrito. El recurso del sacerdote ante el Tribunal Federal fue rechazado, e interpuso un recurso ante el TEDH alegando que la expresión del fiscal en su informe, así como las decisiones judiciales que se basaban en él no habían respetado la presunción de inocencia. En 2012, el proceso penal canónico —en el que declaró el fiscal del Estado— concluyó con la condena del acusado. El TEDH condenó a Suiza, el 28-X-2014, (Peltereau-Villeneuve vs. Suiza, núm. 60101/09), sin tener en cuenta la sentencia condenatoria canónica de 4-II-2011. Este caso interesa desde el punto de vista del impacto, porque contribuyó a que se solicitara formalmente al Gobierno la denuncia del CEDH, y porque pone de manifiesto la conveniencia de que el TEDH tenga en cuenta la existencia de jurisdicciones confesionales, no solo mencionando la sentencia en los hechos probados, sino valorándola como acto jurídico.

5. Impacto de la jurisprudencia del TEDH en un estado que no ha firmado el convenio (La Santa Sede)[Subir]

La jurisprudencia del TEDH es mencionada por la jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana (​Farber, D. (2007). The Supreme Court, the law of nations, and citations of foreign law: The lessons of history. California Law Review, 95, 1335-‍1365.Farber, 2007: 1335). Estos son casos de «diálogo entre tribunales». Una situación peculiar de impacto es la que se produce en Estados que no son partes del CEDH a través de la interpretación conforme al CEDH (​Queralt Jiménez, A. (2009). El alcance del efecto de cosa interpretada de las sentencias del TEDH. En J. García Roca J. y P. A. Fernández-Sánchez (coords.). Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado (pp. 229-‍255). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Queralt Jiménez, 2009: 229) que el Estado, que sí es parte, hace de las obligaciones internacionales contraídas con el Estado que no lo ha firmado. Esto ha sucedido en Italia, al interpretar conforme al CEDH algunos términos de los acuerdos firmados con la Santa Sede.

La Corte Suprema de Casación Italiana, en la Sentencia de 17-VII-2014, núm. 16380/2014, decide no reconocer las declaraciones de nulidad de los tribunales canónicos a pesar de que sean ejecutivas y se ajusten a lo previsto en el Acuerdo de Villa Madama entre la Santa Sede y la República Italiana (1984), cuando hay convivencia conyugal dotada de exterioridad y estabilidad durante tres años, alegando la relevancia constitucional y comunitaria del matrimonio-relación. Si se reconociera la sentencia canónica de nulidad, después de diez años de convivencia, ello iría en contra del orden público interno italiano (​Perlingieri, P. (2006). Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. Napoli: Edizione scientifiche italiane.Perlingieri, 2006; y ​García Roca, J. (2012). El diálogo entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales en la construcción de un orden público europeo. Teoría y Realidad Constitucional, 30, 183-‍224.García Roca, 2012: 183). Para alcanzar esta interpretación de los acuerdos con la Santa Sede, contraria a lo previsto en el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, la Corte Italiana se funda en la Sentencia del TEDH [GC] Vallianatos et al. vs. Grecia, 7-XI-2013, a tenor de la cual, el art. 8, 1 garantiza que no hay un solo modo o elección para conducir la vida familiar o privada (apdo. 3. 6 de la sentencia de la Corte Italiana).

Con base en la jurisprudencia de Estrasburgo (por ejemplo, Lombardo vs. Italia, 29-I-2013; E. H. et al. vs. Austria, 3-XI-2011; Schalk y Kopf vs. Austria, 24-VI-2010; y Moretti y Benedetti vs. Italia, 27-IV-2010), la Corte italiana entiende que, al no limitarse el concepto de familia a aquella que está basada en el matrimonio, los cónyuges que han convivido más de tres años, aunque la celebración de su matrimonio fuese nula (y así lo declare el tribunal canónico competente), el matrimonio-relación durante todos esos años no puede ser declarado nulo en el derecho italiano.

1. Estado actual de la protección de la libertad religiosa en el sistema interamericano[Subir]

La Corte no ha dictado ninguna sentencia referida al derecho de libertad religiosa. En la sentencia contra Chile sobre la película La última tentación de Cristo, la garantía del derecho por la que se condena a este Estado es la libertad de expresión (​Caballero Ochoa, J. L. (2003). Las perspectivas actuales del derecho fundamental de libertad religiosa en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Ius. Revista Jurídica Universidad Latina de América, 8. Disponible en: http://www.unla.mx/iusunla8/reflexion/trabajo%20docencia%20der.%20hum.htm#_ftn1 Caballero Ochoa, 2003; y ​Arlettaz, F. (2011). La libertad religiosa en el sistema interamericano de derechos humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos, 1, 39-‍58.Arlettaz, 2011: 39). Por ello, se atiende a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, y a la actividad consultiva, así como a la jurisprudencia sobre otros derechos que inciden en el de libertad religiosa.

2. Recomendaciones de la comisión interamericana: resoluciones e informes[Subir]

La Comisión Interamericana ha incluido menciones expresas de la libertad religiosa en los mecanismos ordinarios: las recomendaciones de casos publicados, los informes anuales y los informes especiales. La actividad tuitiva de los órganos de protección del sistema interamericano ha protegido en diversas ocasiones a los Testigos de Jehová. En el año 1978, se recomendó a Argentina que sus autoridades cesaran la persecución contra los Testigos de Jehová (Resolución 2/79 sobre el caso 2137 del 18 de noviembre de 1978). La persecución se había producido a partir de la aprobación del Decreto 1867, del 9 de noviembre de 1976, en el que se prohibían todas las actividades de los Testigos de Jehová. Asimismo, la Comisión incluyó en el informe anual de 1979-‍1980 (núm. 10) una referencia a la situación de la libertad religiosa en Paraguay, donde se señala que Paraguay estaba desconociendo la personalidad jurídica de los Testigos de Jehová, hecho que motivó que la Asamblea General de la OEA emitiera una resolución al respecto. En el caso de Guatemala, las indicaciones de la Comisión para que el Estado actuase con neutralidad, se debían a que el Estado utilizaba la religión como elemento de confrontación política. El gobierno había encontrado aliados en un conjunto de grupos religiosos y perseguía abiertamente a otros. La Comisión pide al Estado que cese la persecución (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala OEA/Ser.L/V/II.61 oc. 47, 3-X-1983).

La Comisión presentó en sus informes de la década de los ochenta, que el art. 54 de la Constitución cubana de 1976^[3] permitía al Estado cubano intervenir, válidamente, en la reglamentación de las actividades religiosas e impedía invocar la libertad religiosa, si esa libertad interfería con los ideales marcados por la revolución. Los informes de la Comisión sobre este precepto cesaron a partir de la reforma del texto constitucional en septiembre de 1992. En informes posteriores, la Comisión (Informe de 1985-‍1986, cap. IV) sugiere que sea efectiva la posibilidad de acceder a cargos públicos a las personas de cualquier religión y que haya libertad de difusión de las creencias. En el 2000, la Comisión celebra que se hayan permitido celebraciones religiosas (Informe de 2000, cap. IV: Cuba, § 6).

Hay que advertir que los pronunciamientos de la CIDH relacionados con la libertad religiosa, en algunos casos, argumentan sobre la base de la Declaración Americana, debido a que ninguno de los Estados frente a los cuales se ha pronunciado había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el momento en que se produjeron los hechos. Hay también ejemplos de intervención de la Comisión Interamericana en materia de libertad religiosa, en los que se argumenta sobre la base de la Convención. Así, la Resolución 31/96, correspondiente al caso 10.526, de 16-X-1996, en Guatemala, se refería a una religiosa norteamericana que había sido secuestrada, torturada y violada por personas que contaron con la anuencia del Estado, y que la acusaban de presuntas actividades subversivas (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala en 1981, cap. VI). La Comisión señaló que estos ataques vulneraban el art. 12, al tener como objetivo impedir sus actividades como religiosa.

Otra referencia a la libertad religiosa por parte de la Comisión consta en el informe anual de 2008 (cap. IV), al abordar la situación en Venezuela. La Comisión informa de incidentes antisemitas e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias (​Arlettaz, F. (2011). La libertad religiosa en el sistema interamericano de derechos humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos, 1, 39-‍58.Arlettaz, 2011: 44).

La actividad de la CIDH ha tratado de impedir discriminaciones hacia determinadas confesiones como la judía o los Testigos de Jehová, y ha intentado garantizar la neutralidad del Estado y evitar la utilización de la religión para fines políticos.

3. Indicaciones al legislador nacional para no limitar derechos en los estados de excepción[Subir]

La Corte IDH se ha pronunciado sobre la libertad religiosa indirectamente (​Fix Zamudio, H. (1996). La libertad religiosa en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En VV. AA. La libertad religiosa (pp. 499-‍510). México D.F.: UNAM.Fix Zamudio, 1996: 509-‍510), mediante las opiniones consultivas 8 y 9 del 30 de enero y el 6 de octubre de 1987 (​Ruiz Miguel, C. (1998). La función consultiva en el sistema interamericano de derechos humanos: ¿crisálida de una jurisdicción supra-constitucional? En Liber amicorum: Héctor Fix Zamudio (vol. II, pp. 1345 y ss.). San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos.Ruiz Miguel, 1998: 1345). En la OC-8/8750, la Corte aclaró que los recursos judiciales a los que refieren los artículos 7.6 (habeas corpus) y 25.1 (amparo) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituyen garantías indispensables para proteger los derechos que no admiten su suspensión durante los estados de excepción (​Badilla Poblete, E. (2008). El concepto de libertad religiosa en algunos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que vinculan jurídicamente al Estado de Chile. Revista Chilena de Derecho, 35 (2), 341-‍364.Badilla Poblete, 2008: 356). En la OC-9/8751, precisó que, sin importar la denominación del recurso, no pueden suspenderse las garantías que protejan los derechos durante los estados de anormalidad. No se pueden suspender la libertad religiosa ni las garantías destinadas a su protección durante los estados de anormalidad. Especialmente, cuando afecta a menores, así lo declara la Corte en una sentencia contra Paraguay (Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, 2-IX-2004, § 155) (Arlettaz, 2011: 43). Este límite a la suspensión de derechos en los estados de excepción en el sistema americano, se diferencia de lo previsto en el art. 15 CEDH.

En el sistema interamericano, no se ha reconocido expresamente el derecho a la objeción de conciencia (​Badilla Poblete, E. (2008). El concepto de libertad religiosa en algunos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que vinculan jurídicamente al Estado de Chile. Revista Chilena de Derecho, 35 (2), 341-‍364.Badilla Poblete, 2008: 357-‍358). En el caso Cristian Daniel Sahli Vera y otros vs. Chile (informe núm. 43/05, caso 12.219, 10-III-2005), se denunciaba la violación de la libertad de conciencia por haberse visto obligado a realizar el servicio militar. La Comisión interpretó que se reconoce el derecho a la condición de objetor de conciencia cuando lo reconoce la legislación interna. En Chile, la objeción de conciencia al servicio militar no está reconocida en las leyes nacionales (​Nogueira Alcalá, H. (2006). La libertad de conciencia, la manifestación de creencias y la libertad de culto en el ordenamiento jurídico chileno. Revista Ius et Praxis, 12 (2), 13-‍41. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122006000200002 Nogueira Alcalá, 2006: 18), por ello el Estado no está obligado a otorgarla. El art. 12 de la Convención autoriza expresamente al Estado a limitar el ámbito del derecho por razones de seguridad nacional. El reconocimiento de la objeción de conciencia forma parte del margen de apreciación nacional en el sistema americano. En su argumentación, la Comisión se fundamenta en el tratamiento de este derecho por los sistemas de las Naciones Unidas y europeo (​Cañamares Arribas, S. (2014). La evolución de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de objeción de conciencia. Revista de Derecho Público, 46, 37-‍58.Cañamares Arribas, 2014: 37; y ​Torres Gutiérrez, A. (2009). La libertad de pensamiento, conciencia y religión, (art. 9 CEDH). En J. García Roca J. y P. Santolaya Machetti, P. (coords.). La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos (pp. 567-‍589). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.Torres Gutiérrez, 2009: 567).

4. La reforma constitucional de Chile[Subir]

En la Corte IDH se ha dirimido una controversia que tiene que ver, de manera indirecta, con el ejercicio de la libertad religiosa; se trata del caso «La última tentación de Cristo» (Olmedo Bustos y otros vs. Chile), en el que se denuncia al Estado chileno por prohibir la proyección de esa película, una decisión fundada en el art.19, núm. 12 de la Constitución Política de Chile de 1980, que permite la censura previa; la censura judicial fue confirmada por la Corte Suprema de Chile en 1997. Los peticionarios primero, y posteriormente la Comisión Interamericana, solicitaron a la Corte IDH que decidera sobre la violación a los arts. 12 (libertad de conciencia y religión) y 13 (libertad de pensamiento y expresión) de la Convención (​Mosquera Monelos, S. (2013). Comparing European and Inter-American human rights mechanisms: A different approach to protect freedom of expression and freedom of religion. En W. Rees, M. Roca, B. Schanda (Hrsg.). Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten (pp. 417 y ss.). Berlin: Duncker und Humblodt.Mosquera Monelos, 2013: 417).

La CIDH falló pidiendo al Estado la modificación de su ordenamiento interno a fin de eliminar el «sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica». La sentencia analiza la violación de la libertad de conciencia y religión este derecho desde los dos puntos de vista (el del demandante y el del demandado), pero el fallo emitido declaró que el derecho vulnerado por el Estado fue el de la libertad de expresión (art. 13).

La modificación de la Constitución chilena es el ejemplo más importante de impacto de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre la libertad religiosa, aunque el fallo no sea emitido por violación de este derecho (​Nogueira Alcalá, H. (2012). Diálogo interjurisdiccional, control de convencionalidad y jurisprudencia del tribunal constitucional en período 2006-‍2011. Estudios Constitucionales, 10 (2). Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002012000200003 Nogueira Alcalá, 2012). El caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala (19-XI-2004) produjo la obligación de reparar los daños, ya que, entre otras violaciones de derechos, se había impedido a los miembros del pueblo indígena maya celebrar sus ceremonias religiosas para enterrar a sus familiares fallecidos. En este y en otros casos posteriores relativos a desapariciones forzadas, el derecho objeto de protección no son las creencias religiosas de los pueblos indígenas, ni el enterrar a los familiares. Pero la Corte toma en consideración estos aspectos al establecer las reparaciones, por considerar que han causado un especial sufrimiento a las víctimas.

5. Perspectivas de futuro[Subir]

Siguiendo la doctrina que la Corte mantiene sobre la relación entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales (Acevedo Buendía y otros «cesantes y jubilados de la contraloría» vs. Perú, 1-VII-2009, §§ 101 y 105), cabe pronosticar que las decisiones futuras sobre la libertad religiosa, si las hay, incluirán, como ocurre en el caso del CEDH, una dimensión prestacional de este derecho, que supone para el Estado obligaciones de hacer (supra apdo. II.3). En decisiones de la Corte IDH relativas a otros derechos, se ha expresado con toda claridad la obligación de hacer que tienen los Estados (casos Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz y Solís Corrales vs. Honduras, § 166) (​Fernández Sánchez, P. A. y Méndez Silva, R. (2012). El alcance de las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En J. García Roca y P. A. Fernández Sánchez, P. Santolaya Machetti y R. Canosa Usera (coords.). El diálogo entre los sistemas europeo y americano de Derechos humanos. Madrid: Civitas.Fernández y Méndez, 2012: 78).

En los instrumentos internacionales de derechos humanos de América, la titularidad del derecho de libertad religiosa corresponde a las personas físicas. La jurisprudencia constitucional de Colombia (​Romero Pérez, X. L. (2012). La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (análisis comparativo con el ordenamiento jurídico colombiano). Revista Derecho Estado, 29, 215-‍232.Romero Pérez, 2012) ha precisado que las confesiones tienen los mismos derechos que, en materia de religión, la Carta reconoce a las personas naturales. La Corte Constitucional aludió a los derechos de «inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sostenerlos mediante la doctrina, así como para promover instituciones en las que sus seguidores colaboren con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos» (Sentencia T-662, 7-X-1999). Ni el Pacto de San José ni la jurisprudencia de la Corte IDH mencionan las confesiones religiosas como titulares de este derecho. El TEDH reconoce las confesiones como titulares de este derecho. Que Colombia lo reconozca en su jurisprudencia constitucional no basta para afirmar cuál es la fuente en la que se inspira. El dato de que la Corte IDH (Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, 3-IX-2012, Serie C. núm. 248, § 138) garantice la dimensión individual y la dimensión colectiva al derecho de libertad de expresión, permite considerar que podría reconocerse análogamente a las confesiones como titulares del derecho de libertad religiosa (​Arlettaz, F. (2011). La libertad religiosa en el sistema interamericano de derechos humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos, 1, 39-‍58.Arlettaz, 2011: 43). La jurisprudencia de la CIDH afirma la obligación de consultar a las comunidades y pueblos indígenas sobre medidas administrativas o legislativas que afecten a sus derechos. Esta doctrina puede servir como criterio analógico en el caso de conflictos con las confesiones, cuando los Estados adopten medidas legislativas o administrativas que afecten de modo específico y directo al ejercicio de la libertad religiosa.

Resultaría aplicable a supuestos relativos al ejercicio colectivo de la libertad religiosa la doctrina de la Corte acerca del derecho de asociación. Los miembros de las confesiones religiosas podrán organizarse libremente sin intervención de las autoridades públicas, y sin limitaciones que puedan alterar su finalidad. Del mismo modo que de la libertad de asociación se derivan obligaciones positivas para los Estados, también se derivarán para la libertad religiosa (caso Escher y otros vs. Brasil, 6-VII-2009, §§ 170, 171 y 173).