¿OTRO GATO DE SCHRÖDINGER? SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN ROGADA (COMENTARIO A LA STC 168/2023, DE 22 DE NOVIEMBRE)^[1]

1. Los caprichos del lapicero[Subir]

La planificación urbanística genera, inevitablemente, ventajas e inconvenientes para los propietarios afectados. En función de la calificación que merezcan las diversas propiedades, el valor de un suelo puede experimentar un descomunal aumento o una disminución considerable. Hay incluso supuestos extremos en que el planeamiento urbanístico supone para ciertos propietarios la supresión de cualquier aprovechamiento y, por tanto, el vaciamiento del contenido económico de su propiedad. La edificabilidad (su intensidad y su tipo) o la inedificabilidad determinan el valor de las parcelas. Nada de esto es nuevo^[2], como tampoco lo han sido los intentos de minimizar esas consecuencias y propiciar una solución más igualitaria sea a través de mecanismos colectivos de compensación, sea mediante fórmulas más individualizadas.

Una de las situaciones más llamativas es la de aquellos suelos calificados por el planeamiento como dotacionales, esto es, fundamentalmente afectos a destinos públicos, pero que no son incluidos en un ámbito de equidistribución de beneficios y cargas. Con ello, el propietario es titular de un suelo no edificable, carente de un mercado donde pueda enajenarse, y donde, dado su destino, solo cabe esperar su expropiación. Pero ¿qué sucede si la Administración no lo expropia?^[3]

2. La articulación de la expropiación rogada en la legislación estatal[Subir]

La Ley de 12 de mayo 1956, sobre régimen del suelo y ordenación urbana, ofrecía una solución inadecuada en la práctica. Conforme a su art. 56, si no se procedía a la expropiación de los terrenos que no resultaren edificables, dentro del plazo máximo de diez años a contar de la fecha de entrada en vigor del plan que la motivare, el propietario podía requerir a la Administración para que la efectuara en un plazo de tres meses y, de no llevarse a cabo, el propietario recobraba el libre ejercicio de sus facultades dominicales. La solución era inadecuada^[4], porque esa recuperación no tenía en cuenta las transformaciones que podían haberse producido en esos terrenos. Además, la jurisprudencia matizó esa recuperación del «libre ejercicio de sus facultades dominicales», de modo que, introduciendo una diferenciación no prevista en la norma, se limitara a los terrenos en los que se había proyectado una dotación que fuera propiamente edificable por la Administración, dejando fuera los terrenos inedificables^[5].

La Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, a la vista de los inconvenientes suscitados por la anterior regulación, optó por una solución bien distinta^[6]: la denominada expropiación rogada^[7]. Conforme a su art. 56, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del plan o programa de actuación urbanística sin que se hubiesen expropiado los terrenos, que, urbanísticamente, no fueran edificables, ni hubieran de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes (o sus causahabientes) podía advertir a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podía llevarse a cabo por ministerio de la ley, si transcurrieren otros dos años desde el momento de efectuar la advertencia^[8]. Es evidente el carácter excepcional de esta previsión en la medida que atribuía al expropiado la iniciativa del procedimiento expropiatorio^[9].

3. De la legislación estatal a la legislación autonómica[Subir]

La cuestión era también abordada por el art. 202 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, pero esa norma fue declarada inconstitucional por la STC 61/1997, de 20 de marzo^[10], lo que supuso la curiosa^[11], supletoria y temporal resurrección de la normativa de 1976.

Por ello, la expropiación rogada o por ministerio de la ley ya no aparece en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre^[12]. Tras la STC 61/1997, de 20 de marzo, esta modalidad se contiene ahora en la legislación urbanística autonómica^[13], que, con más o menos matices^[14], recoge previsiones similares a la establecida anteriormente por la legislación estatal^[15].

En un escenario delimitado por la legislación autonómica, irrumpen la crisis inmobiliaria de 2008 y la paralización de la actividad edificatoria. Esta crisis tuvo efectos devastadores para los ingresos municipales, pero, además, como consecuencia de los procesos urbanizadores, había cientos de miles de metros cuadrados de suelos dotacionales cuyos titulares (privados de la posibilidad de recurrir al mercado) sí podían reclamar la expropiación rogada. Y el impacto que ello podía tener en los presupuestos municipales resultaba extraordinariamente elevado.

El legislador autonómico se mostró sensible a la preocupación de los ayuntamientos y, entre las diversas soluciones posibles, se inclinó por la más sencilla: suspender el inicio del procedimiento de expropiación rogada, durante un período de tiempo. Es obvio que un enfoque de estas características no resuelve el problema, sino que solo posterga su solución.

La primera decisión en este sentido correspondió a Cataluña, con la Ley 3/2012, de 22 de febrero, que suspendió hasta el 31 de diciembre de 2013 la aplicación de los plazos previstos en su legislación urbanística para la tramitación de la expropiación rogada. Ese plazo se amplió dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2015, sin que se prolongara más allá^[16].

Esta medida fue imitada por otras CC. AA. y, en lo que ahora interesa, fue adoptada entusiastamente por la Comunitat Valenciana.

4. La «solución» valenciana a la expropiación rogada[Subir]

El art. 104 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, bajo la rúbrica, «[d]erecho a la expropiación rogada»^[17], establecía que, al transcurrir

La Ley 13/2016, de 29 de diciembre, introdujo una disp. trans. 11.ª en la Ley 5/2014, de modo que el cómputo de los plazos para advertir a la Administración competente para que presentara la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirigiera al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido por los arts. 104.1 y 104.2 de esa Ley 5/2014 quedaba suspendido hasta el 31 de diciembre de 2018. Posteriormente, la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, modificó ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2020^[20], y la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2023^[21].

De este modo, la legislación valenciana reconocía a los propietarios de ciertos terrenos el derecho a ser expropiados, pero cada vez que se aproximaba la fecha en que podrían hacer efectivo su derecho, se ampliaba el plazo de suspensión de su ejercicio. Se reconocía un derecho, pero a la vez se imposibilitaba, una y otra vez, su ejercicio. Otro gato de Schrödinger.

1. Los antecedentes de la cuestión de inconstitucionalidad[Subir]

El Plan General de Ordenación Urbana de Torrent fue aprobado en 1990 y fue modificado en diversos aspectos en 2000 y 2002. Como consecuencia de ese plan, la finca registral núm. 4293 de Torrent fue clasificada como suelo urbano y calificada como vial y zona verde. En 2015, los propietarios de la parcela presentaron ante el Ayuntamiento de Torrent advertencia de inicio de expediente expropiatorio por ministerio de la ley ante la inactividad de la Administración municipal en su adquisición. Dada la falta de incoación del expediente, los propietarios presentaron en 2018 una hoja de aprecio con una valoración superior al millón de euros^[23]. Ese mismo año, los propietarios se dirigieron al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia para que se justipreciaran los bienes y derechos afectados, pero en 2019 se inadmitió su solicitud por la suspensión ex lege del cómputo del plazo para la presentación de la hoja de aprecio. Los propietarios interpusieron entonces recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia y solicitaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana planteara cuestión de inconstitucionalidad. Después de diversas vicisitudes, en 2022, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre la disp. trans. 11.ª de la Ley 5/2014 y sus posteriores modificaciones operadas por las Leyes 27/2018, 9/2019 y 3/2020, por entender que estas normas podían ser contrarias a los arts. 9.3 y 33 CE.

2. La justificación de la cuestión de inconstitucionalidad[Subir]

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad respecto a la normativa valenciana se articula a través de dos líneas diferentes: por un lado, se pone de manifiesto su contrariedad respecto al art. 9.3 CE y al principio de seguridad jurídica, y, por otro, se plantea la posible vulneración del art. 33 CE. Pero, con carácter previo, se suscita una discusión diferente, relativa a cuáles son las normas sobre las que debe versar el juicio de constitucionalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acota preliminarmente la cuestión con un dato de especial trascendencia: el análisis de la constitucionalidad no puede referirse a una sola prórroga, sino que debe tenerse en cuenta el alcance de las diversas modificaciones normativas operadas sobre la suspensión del procedimiento.

En cuanto al art. 9.3 CE, se indica que la prórroga de la suspensión inicialmente establecida, mediante sucesivas reformas legislativas, cuando el plazo de suspensión establecido se encontraba próximo a expirar, supone mantener de facto sine die la suspensión de los plazos legalmente previstos. Esta valoración se deriva de la sucesión de prórrogas, por cuanto se considera que «la primera suspensión de los plazos […] podría considerarse conforme a la seguridad jurídica al estar determinada su duración y no ser la suspensión prevista desproporcionada». Ello genera «una ausencia de certeza, frustración de sus expectativas e imprevisibilidad» para el destinatario de la norma y un efecto «contrario a la finalidad de la expropiación rogada».

Por otro lado, respecto al art. 33 CE, se subraya que la expropiación rogada tiene «carácter tuitivo, al facultar a los propietarios a quienes el planeamiento les prive de todo aprovechamiento de sus terrenos para que puedan “forzar” a la administración para que les expropie y de este modo impedir que su derecho de propiedad quede vacío de contenido económico»; y las prórrogas en cadena han significado «de facto el vaciamiento del contenido económico del derecho de propiedad, que precisamente con la institución de la expropiación rogada se pretende evitar». Además, se dice que el «vaciamiento del contenido económico del derecho de propiedad […] no se encuentra motivado en los fines atinentes a su función social» y se destaca la carencia, en las diversas modificaciones normativas, «de justificación concreta del porqué de la suspensión de los plazos y las sucesivas prórrogas». En particular, se alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para constatar que se trata de «una injerencia desproporcionada en el goce pacífico del derecho de propiedad […] al no apreciarse el necesario y justo equilibrio entre los intereses públicos que aparentemente justificaron la referida suspensión y sus prórrogas y el disfrute del derecho de propiedad, al someter a sus titulares a un estado de incerteza e imprevisibilidad en relación con el destino de sus bienes».

Las Corts Valencianes solicitaron la desestimación de la cuestión. En primer término, trataban de acotar la cuestión solo a la disposición que motivó la suspensión, y no al conjunto de prórrogas. A continuación, señalaban que no existía inseguridad jurídica; que «las facultades del derecho de propiedad se ostentan dentro de los límites establecidos por la ley y el planeamiento en cada momento vigente, por lo que son esencialmente variables»; que el cambio en los plazos estaba amparado por «el concepto estatutario que la Constitución confiere al derecho de propiedad», y que no había vaciamiento del contenido económico del derecho porque los afectados «mantienen su derecho de propiedad sobre el suelo y podrán ser expropiados cuando se levante la suspensión».

Un planteamiento similar es defendido por la Generalitat Valenciana. Critica la valoración de todas las prórrogas, descontextualizadas de su ámbito material, y que se presuma que, con una tercera prórroga, la suspensión se considere indefinida. Insiste en el carácter estatutario del derecho de propiedad. Y se destaca que el titular de los bienes que tiene derecho a la expropiación rogada «no pierde ni la titularidad ni la posesión» y que la suspensión temporal del inicio del expediente de expropiación solo supone una «limitación temporal a su ejercicio». Finalmente, descarta que se haya producido una vulneración del art. 9.3 CE, «porque el plazo es concreto, determinado y no genera incertidumbre».

El fiscal general del Estado interesa, en cambio, la estimación de la cuestión de constitucionalidad. Entiende que la sucesión de prórrogas conduce a «un auténtico vaciamiento del derecho de propiedad, o, al menos de una de sus principales facultades, el poder de disposición». Considera que

3. Los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional[Subir]

La estructura de la STC 168/2023^[25] puede descomponerse, en sus aspectos sustanciales, en tres partes bien diferenciadas. La primera hace referencia a la identificación de la normativa aplicable, cuya constitucionalidad debe ser analizada. La segunda se centra en la posible vulneración del art. 33 CE. Y la tercera se plantea la hipotética contradicción con el art. 9.3 CE.

Contra lo que, en una primera aproximación, pudiera pensarse, la clave de la decisión del Tribunal Constitucional se encuentra en la delimitación de las normas aplicables. Es muy probable que, si la discusión hubiera versado exclusivamente sobre la primera de las prórrogas, y no sobre el conjunto de prórrogas, la solución hubiera sido otra^[26]. La posible contradicción de los arts. 9.3 y 33 CE se ve irresistiblemente condicionada, como es lógico, por la identificación de las normas que son cuestionadas.

1. Puntos de conexión entre la doctrina constitucional sobre la propiedad privada y la STC 168/2023[Subir]

Si se toma en consideración el planteamiento tradicional del Tribunal Constitucional acerca de la protección del derecho a la propiedad privada del art. 33 CE, la rotundidad y la claridad de esta STC 168/2023 es llamativa y contrasta con esa trayectoria previa: la deferencia del Tribunal Constitucional hacia el legislador en cuanto a la configuración constitucional del derecho a la propiedad privada es bien conocida y sus razones pueden ser claramente identificadas^[49].

a) Por un lado, es innegable la influencia de la configuración estatutaria de la propiedad, especialmente urbana. Frente al modelo de propiedad privada del Código Civil, se expande el modelo público o administrativo de propiedad, que toma como paradigma la propiedad urbana. La conformación necesariamente estatutaria (es decir, dependiente de las reglamentaciones urbanísticas) de la propiedad urbana ve con naturalidad la delimitación legal de su contenido y, para ello, ni siquiera hace falta apelar a la función social. Proyectando esta idea al ámbito de la expropiación rogada, podría pensarse que, dado que ese instituto es configurado legalmente con arreglo a ciertos criterios, nada impide a ese mismo legislador amoldar a su conveniencia los perfiles del instituto: así, si puede hipotéticamente fijar un plazo inicial de, por ejemplo, diez años, para solicitar esa expropiación, ningún obstáculo existe para ampliarlo a quince o veinte.

En este sentido, la doctrina^[50] apuntó la trascendencia que tenía «el arraigo que en la cultura jurídica española posee la concepción de la propiedad, típicamente la urbana como un derecho de exclusiva configuración legislativa, ante el que la Constitución poco o nada tendría que decir, salvo, claro está, por lo que se refiere a la última (y casi única) barrera de protección, la garantía expropiatoria, por cierto, también muy debilitada a su vez».

b) Por otro lado, como consecuencia de la exclusión del recurso de amparo para la tutela del derecho a la propiedad privada (sin perjuicio de que pueda alegarse en combinación con otros derechos sí susceptibles de amparo), la doctrina del Tribunal Constitucional se ha configurado fundamentalmente a través de recursos de inconstitucionalidad y, mucho más esporádicamente, a través de cuestiones de inconstitucionalidad. Como se ha resaltado acertadamente^[51], esta negación de la vía de amparo ha tenido una influencia decisiva en la conformación de la doctrina constitucional, en la medida que el Tribunal Constitucional ha llevado a cabo un análisis abstracto de la inconstitucionalidad de las normas:

En el caso de la STC 168/2023, se trataba de una cuestión de inconstitucionalidad y los magistrados tenían ante sí la situación de unos concretos propietarios que llevaban un buen puñado de años sin saber qué iba a suceder con su propiedad que, al menos, inicialmente, valoraban en más de un millón de euros. Es decir, no nos encontramos ante un conflicto entre principios etéreos o criterios inasibles, sino ante unos particulares que, como consecuencia del planeamiento urbanístico, no podían obtener de su titularidad un rendimiento económico mínimo.

La formulación de la doctrina constitucional en términos tan sumamente abstractos y generales dificulta, por lo demás, su evolución, pues la hace innecesaria. No es preciso ajustar una doctrina que, en su planteamiento fundamental, lo mismo sirve para desestimar la vulneración del derecho de propiedad como para estimarla.

c) Como se ha expuesto, la doctrina de la que parte esta sentencia se inserta, en su formulación general, en los tradicionales criterios del Tribunal Constitucional. La diferencia se encuentra, pues, en su aplicación al caso concreto planteado. Pero este enfoque no puede hacernos olvidar que se trata de un nuevo paso en la consolidación y la reafirmación de una doctrina constitucional originada a partir de «casos límite», como fueron la decisión sobre la ley andaluza de reforma agraria y las diversas resoluciones vinculadas con el asunto Rumasa^[52].

Estos casos pusieron a prueba el criterio del Tribunal Constitucional y, en sustancia, comenzaron a perfilar una doctrina que resultó especialmente deferente hacia el legislador. Esa doctrina, que (aunque difícilmente) podía explicarse por las particularidades de cada caso, se descontextualizó a continuación y fue empleada como construcción general, sin ser consciente de las singularidades a las que había obedecido su formulación.

d) Puede también hablarse de un cierto «efecto trinquete» en la configuración constitucional del derecho de propiedad privada. El progresivo debilitamiento de la propiedad privada es un camino de sentido único. No hay, por lo general, vuelta atrás en la delimitación de facultades del propietario. Una vez se ha admitido como constitucionalmente adecuada cierta delimitación, no se plantea la posibilidad de que el propietario recupere esas facultades, sino que, en su caso, lo que se atisbará es una nueva delimitación de sus menguantes facultades. La función social es el instrumento predilecto para ello. Piénsese en el art. 11 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Así, la función social opera en cada ocasión sobre el contenido actual del derecho de propiedad privada: si, aceptada constitucionalmente una delimitación, se produce con posterioridad una ulterior delimitación, esta ya no toma como referencia el contenido inicial, sino el contenido previamente delimitado, y así sucesivamente^[53]. El único límite a este procedimiento se localiza en el (impreciso) contenido esencial del derecho de propiedad.

e) En comparación con la doctrina constitucional sobre el derecho de propiedad privada, resulta llamativo que, en la argumentación de la STC 168/2023, la función social de la propiedad solo se mencione episódicamente. Es llamativo porque la función social ha sido el habitual caballo de Troya para amparar intensas delimitaciones del contenido del derecho de propiedad^[54]. No hay, ni por asomo, justificación desde la perspectiva de la función social y así lo constata el Tribunal Constitucional. El motivo es claro. Las razones financieras o presupuestarias de los entes municipales no equivalen a la función social de la propiedad.

f) La fortaleza y la debilidad de la STC 168/2023 se concentran en el mismo punto. El Tribunal Constitucional pondera la incidencia que la sucesión de prórrogas de la suspensión del inicio del procedimiento de expropiación rogada supone para los titulares afectados. Con esa valoración de conjunto, le resulta evidente que se les impone una carga excesiva y no justificada, al suspender durante siete años ese procedimiento (más los que ya se derivaban de la redacción original del texto legal impugnado). Pero el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana reconocía, aunque fuera incidentalmente, que no se hubiera planteado la cuestión de inconstitucionalidad si solo se hubiera dispuesto (como en otras CC. AA.) una prórroga.

La pregunta que nos debemos efectuar, entonces, es inmediata: un año de suspensión no es inconstitucional, pero siete años, sí. Tenemos clara la horquilla, pero no sabemos qué dosis de suspensión aboca a la inconstitucionalidad. ¿Se hubiera considerado inconstitucional si la suspensión hubiera sido de seis años, o de dos? No deja de resultar sorprendente que, sea cual sea el punto de inflexión, las diferencias sean tan radicales para los propietarios. Si asumiéramos, por plantear una simple hipótesis, que una suspensión superior a los cinco años fuera inconstitucional, no es fácil explicar a los propietarios afectados que, si la suspensión dura cuatro años, nada puede cuestionarse, pero que, si supera los cinco años, el conjunto de esas prórrogas es inconstitucional. No se trata, obviamente, de una situación exclusiva de las declaraciones de inconstitucionalidad, sino que este planteamiento de «todo o nada» se presenta en otros muchos ámbitos jurídicos. Pero, dada la trascendencia de que el punto de inflexión se ubique en un lugar o en otro, es absolutamente necesario que se expliquen los argumentos que justifiquen esa decisión.

Y, como decía, este planteamiento contiene su propia vía de desactivación: si el Tribunal Constitucional no considera adecuada la declaración de inconstitucionalidad de la norma, le basta con compartimentar su análisis. Le basta, en suma, en lugar de examinar el conjunto de prórrogas, limitarse a valorar el impacto que una sola de ellas, aisladamente considerada, tiene para el propietario afectado. Y se antoja difícil que, con este enfoque, pueda llegar a afirmarse que existe una carga desproporcionada y excesiva para el titular.

2. El problema latente: la intervención en la regulación de los arrendamientos de vivienda[Subir]

Esta relevancia de una valoración de conjunto ya se planteó con anterioridad ante el Tribunal Constitucional, pero entonces el Tribunal rechazó ese enfoque. La STC 89/1994, de 17 de marzo^[55], analiza, fundamentalmente, la constitucionalidad de la prórroga forzosa prevista en la legislación arrendaticia de 1964, y planteada significativamente a través de unas cuestiones de constitucionalidad^[56]. El Tribunal Constitucional rechaza que la prórroga forzosa vulnere el art. 33 CE, porque los preceptos cuestionados «ni suponen la desaparición o negación del contenido esencial del derecho allí reconocido, ni, por otro lado, la delimitación que de ese derecho realizan carece de fundamento o justificación constitucional».

El Tribunal Constitucional centra su análisis en la utilidad económica que, pese a la prórroga forzosa, reporta el arrendamiento al arrendador:

El Tribunal Constitucional apela a la tradicional protección normativa de los arrendatarios, al sentido del art. 47 CE y a la estabilidad del domicilio familiar, por lo que:

Un interesante voto particular^[57], por el contrario, sí entendía que esas previsiones normativas eran inconstitucionales, porque, aun reconociendo la posibilidad de que el legislador limite o restrinja las facultades dominicales, comprimiendo el derecho de propiedad para garantizar otros principios, bienes y derechos constitucionalmente protegidos, rechaza que la función social justifique cualquier intervención. Y reprocha a la sentencia que se limite a valorar la trascendencia de la prórroga forzosa y no tenga en cuenta la normativa arrendaticia en su conjunto y, en particular, la falta de actualización de la renta (art. 96 LEC 1964):

La comparación del contexto de la STC 89/1994 con la actualidad resulta esclarecedora. Como consecuencia de las diversas reformas en la legislación arrendaticia y procesal, hoy los arrendadores se encuentran en una situación en que, entre otros aspectos y en función de las circunstancias, se limita la libertad de fijación de la renta, se restringe la actualización de la renta, aumenta la duración del contrato, a criterio del arrendatario, se ralentizan los procedimientos judiciales y se suspenden los lanzamientos de ciertos ejecutados. Es posible que, aisladamente consideradas, cada una de esas medidas no se repute inconstitucional, pero ¿cabe mantener la misma valoración^[58] si se analizan en conjunto y si, además, a pesar de su carácter temporal, se prorrogan año tras año?

Curiosamente, los intentos por parte de grupos parlamentarios u otros legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad o por parte de órganos judiciales para plantear cuestiones de inconstitucionalidad sobre concretos aspectos de la regulación de los arrendamientos urbanos corren el riesgo de permitir más fácilmente esa lectura «compartimentada» del Tribunal Constitucional. En efecto, si se plantea, por ejemplo, la incidencia de la congelación de rentas en los derechos de los propietarios que hayan arrendado una vivienda, es más fácil llegar a considerar que no supone vulneración del derecho a la propiedad privada si solo se analiza ese aspecto, desgajado de otras intervenciones en la regulación de los arrendamientos de vivienda. Y, una vez considerada constitucional esa intervención, se torna más difícil que esa y otras intervenciones (también consideradas aisladamente constitucionales) merezcan en conjunto un reproche de inconstitucionalidad. Las normas son constitucionales o inconstitucionales^[59], por lo que no es sencillo justificar que una valoración conjunta de normas consideradas, en un análisis separado, constitucionales pueda llevar a entender que sí son inconstitucionales.