EL PROCESO DE AMPARO DE LOS DERECHOS EN CUBA. ANÁLISIS CRÍTICO DE SUS BASES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS

1. Los derechos y garantías en la Constitución socialista de 1976[Subir]

El 23 de octubre de 1974, la Gaceta Oficial de la República de Cuba dio a conocer el acuerdo del Consejo de Ministros y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba para la creación de una comisión mixta, encargada de elaborar una nueva Constitución. La Constitución resultante fue votada por el 98 % del padrón electoral y aprobada por el 97,7 % de los votantes en referéndum, proclamándose el 24 de febrero de 1976 (‍Zaldívar Abad, 2016: 32).

La de 1976 fue una Constitución socialista, la primera de su tipo en el hemisferio occidental. Cuba adoptó un sistema de partido único y el Partido Comunista de Cuba se consolido como la fuerza motriz del sistema político cubano (‍Bertot Triana, 2019). La regulación de los derechos siguió la influencia del campo socialista y el pensamiento soviético, adoptando un modelo estatalista; ello se puede apreciar en el conjunto de los derechos reconocidos, los tratados internacionales sobre la materia y el sistema de garantías que estableció (‍Cutié Mustelier, 2016: 157).

A la parte dogmática de la Constitución de 1976 se la denominó «Derechos, deberes y garantías fundamentales». La sistemática fue deficiente, al no realizar distinciones en el interior del capítulo ni organizar el texto bajo un criterio clasificatorio acorde con las diferencias entre las categorías empleadas. Otro aspecto es que utiliza la categoría «fundamentales» para agrupar un número de estos que se consideraron ponderables frente a otros (‍Cutié Mustelier, 2016: 158). Tras la reforma de 1992, la mayor en extensión de las tres que se realizaron durante toda su vigencia^[3], se conservó esta lógica en coexistencia con otros que, aunque estaban fuera de este capítulo, eran igualmente relevantes para la vida de los ciudadanos; p. ej., las formas de propiedad se encontraban reguladas entre los arts. 15 y 23; la familia, en el capítulo IV; educación y cultura, en el capítulo V; igualdad y no discriminación, en el capítulo VI; el sufragio activo y pasivo, en el capítulo XIV sobre el sistema electoral.

La Constitución fue la disposición normativa en la que se reflejaron los avances en materia de derechos. El texto tradujo jurídicamente las transformaciones, apreciables en la formulación de los derechos a la salud, la educación, la propiedad del campesino sobre la tierra que trabaja, la igualdad de los sexos, la maternidad, entre otros. Por tanto, la Constitución de 1976 hubo de dar forma jurídica a las conquistas alcanzadas. Sin embargo, como advierte Pachot Zambrana, hay una indeterminación en el objeto de regulación de algunos de los llamados derechos económicos, sociales y culturales, apreciables en su propia formulación. Ello trae varias insuficiencias, siendo una de las más notables el hecho de que se dificultó la determinación de los límites y, consecuentemente, su ejercicio por parte de los titulares de los derechos. Incluso, llega a decir el mencionado autor que «se positivaron las condiciones materiales imprescindibles para la realización de los mismos, no así con las vías dirigidas a la defensa jurídica de los derechos» (‍Pachot, 2010: 31).

En contraste, el contexto sociopolítico cubano se caracterizó por haber repensado los resortes de la participación política hacia un empoderamiento a nivel local y una mayor representatividad a nivel central del Estado. Los derechos civiles y políticos reconocidos a los ciudadanos cubanos han estado condicionados desde entonces por el discurso en torno al socialismo (‍Prieto Valdés, 2016: 180), fuera del cual no es posible su subsistencia. Ello ha dificultado el diálogo político fuera de la institucionalidad y del límite que representa el socialismo tal cual se incorporó en la reforma de 2002: «El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, […] es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo».

Al órgano legislativo se le otorgó la facultad de resolver la inconstitucionalidad de las leyes y otras disposiciones normativas; el realizar este tipo de control es una intención de defensa de los contenidos constitucionales que por transitividad implica una defensa primaria de los derechos (‍Prieto Valdés, 2016: 178). Sin embargo, en el sistema de garantías de los derechos en Cuba no se previó un órgano jurisdiccional para tutelar los derechos constitucionales, los que tuvieron que encontrar cauce mediante los diferentes procesos ordinarios previstos. Entre las garantías no jurisdiccionales, cobró mucha fuerza la Fiscalía General de la República, cuya misión de velar por la legalidad socialista le valió ser reconocida como la encargada de atender a los ciudadanos en ejercicio de su derecho de queja ante las posibles vulneraciones de derechos debido a la acción de diversos sujetos, incluyendo a otros particulares y a órganos administrativos. En este sistema, las organizaciones sociales y de masas y las estructuras del poder popular contribuyeron a generar las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos e intervenir ante las evidencias de posibles afectaciones en su ejercicio.

2. La Constitución cubana de 2019: nuevos retos en materia de derechos[Subir]

Las reformas socioeconómicas realizadas en Cuba en ocasión de la aprobación e implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución entraron en colisión con varios contenidos de la carta magna, afectando a los derechos. Sin embargo, pese a las vulneraciones identificadas, los cambios socioeconómicos se extendieron ocho años hasta el anuncio de la reforma constitucional en junio del año 2018 (‍Limonta Montero y Mondelo Tamayo, 2014).

Consideramos que la reforma constitucional de 2019 resolvió el problema de la sistemática en el tratamiento de los derechos humanos y las garantías. La ganancia de extensión en su articulado —de 137 a 229— favoreció también a los derechos y deberes que, en esta ocasión, abarcan cincuenta y un artículos —desde el 40 hasta el 91—, dejando a las garantías los otros nueve artículos —desde el 92 hasta el 100—, que entre todos completan el contenido del título V «Derechos, deberes y garantías». En esa lógica, el constituyente cubano dividió este título en seis capítulos que contemplan unas disposiciones generales; los derechos; uno específico dedicado a los derechos de las familias; los deberes; los derechos y deberes de los extranjeros; así como un último sobre las garantías, como llave de cierre en su regulación.

De ese modo, nos parece que la Constitución supera el debate del «apellido» dado a los derechos, no solo por haber excluido la variable de «fundamentales», sino porque llega a emplear en dos ocasiones la de «derechos humanos»^[4]. Podemos decir que la Constitución cubana adoptó una postura abierta respecto a la denominación de los derechos, no restrictiva y más coherente con la doctrina contemporánea y la práctica internacional sobre la materia.

Varios elementos favorecen esta nueva formulación en torno a los derechos. Una de las más importantes es la prescripción que establece el carácter normativo de la Constitución, identificándola como la norma suprema del Estado cubano —art. 7—, algo que no tenía precedente en el constitucionalismo socialista cubano. La Constitución también establece que la República de Cuba basa las relaciones con otros países en el ejercicio de su soberanía, el antiimperialismo y el internacionalismo como principios que le son inherentes y en función del pueblo. En consecuencia, con esta proyección internacional del Estado cubano, declara que defiende y protege el disfrute de los derechos humanos, repudiando cualquier manifestación de racismo —art. 16, inciso g—.

También reconoce el valor dignidad humana como base y fundamento de la regulación y ejercicio de los derechos y deberes^[5]. Está en correspondencia con el principio martiano que preside la Constitución: «Yo quiero que la Ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre». En criterio de Guzmán Hernández (‍2015), estando aún vigente la Constitución de 1976, este enunciado no era un mero «referente ideológico», sino que debía adquirir la fuerza normativa de que lo dotaban las normas constitucionales que le servían de apoyatura (‍Guzmán Hernández, 2015: 148), lo que cobra en el actual contexto mayor relevancia.

Otra cuestión insoslayable es que por vez primera en el constitucionalismo cubano se regulan las características de los derechos humanos reconocidas en los instrumentos internacionales. El art. 41 reconoció a todos los cubanos el ejercicio «irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos», ocasión en la que el constituyente introdujo su correspondencia con el principio de progresividad de los derechos, la igualdad y no discriminación.

Sin embargo, es dable señalar que la regulación de los derechos no quedó circunscrita al título V de la Constitución —de los arts. 40 al 89—. Existe un número de derechos que se encuentran en otras partes del texto, incluso garantías que no fueron contempladas dentro del espacio dedicado para ellas. Algunos ejemplos ilustrativos pudieran ser el derecho de resistencia —art. 4—, la libertad religiosa —art. 15—, el derecho de propiedad —desde el art. 22 al 30—, ciudadanía —desde el art. 33 al 39—, sufragio activo y pasivo —desde el art. 204 al 210, aunque se aprecia una primera formulación en el art. 80 al referirse al derecho de participación—.

Un señalamiento de Villabella Armengol (‍2022) a la formulación de los derechos es que no incorporó, tal cual lo habían hecho las constituciones hasta 1940, una referencia directa a la protección del contenido esencial de los mismos, a los efectos de la nulidad de aquellas disposiciones que disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos (‍Villabella Armengol, 2022: 61). Ciertamente, esta hubiera sido una adición plausible, no solo por seguir la tradición constitucionalista republicana, sino por la trascendencia que tiene para la defensa de los derechos.

Otro señalamiento es que remite constantemente al legislador, encargado de desarrollar las condiciones para el ejercicio de los derechos, de modo que dificulta su directa invocación ante los tribunales (‍Prieto Valdés, 2022: 88). Dice Villabella Armengol (‍2022: 61): «Se echa de menos igualmente, una formulación que recondujera al principio de reserva de ley, las reiteradas remisiones al legislador que se realizan para el desarrollo de los derechos, algunas de ellas, verdaderos cheques en blanco».

Por otra parte, tampoco se incorporó la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Cuba (‍Noguera Fernández, 2019: 383). La Constitución prevalece siempre sobre los tratados internacionales y estableció que estos forman parte o se integran al ordenamiento jurídico cubano según el procedimiento establecido para ello —art. 8—. El art. 39 del anteproyecto sometido a consulta popular —que no llegó a aprobarse—, planteaba el imperativo de interpretar los derechos en correspondencia con los tratados de derechos humanos firmados por Cuba (‍Bruzón Viltres y Rojas Sierra, 2022: 288; ‍Noguera Fernández, 2019: 383-‍384).

La Constitución estableció que el ejercicio de los derechos está limitado «por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes». Este artículo hay que leerlo con una visión omnicomprensiva de la carta magna, pues el respeto a la Constitución lo supone también a la ideología que consagra. En correspondencia, el art. 4 de la propia Constitución mantuvo la irrevocabilidad del sistema socialista, a la que asoció el ejercicio del derecho de resistencia^[6]. Como colofón, la Constitución incorporó un elemento de rigidez ante eventuales cambios, la cláusula de intangibilidad del art. 229, que dispuso: «En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4 […].». Por ende, estos son elementos importantes que considerar para la interpretación de los derechos en Cuba.

3. Las garantías de los derechos en la Constitución de 2019[Subir]

Los derechos requieren de «mecanismos extraordinarios de protección» para su mayor garantía (‍Bernal Pulido, 2015: 1573), lo que contribuye al sostenimiento de su carácter «fundamental», pues de no serlo, resultaría innecesario esos niveles de protección extraordinaria (‍Bernal Pulido, 2015; ‍Garrido Gómez, 2007). Y es que la Constitución es también, como señala Pedro de Vega (‍1979), un «sistema jurídico de garantía para los individuos», con la pretensión mayor de regular, además, el sistema político (‍1979: 295). En el nuevo contexto de regulación de los derechos humanos en Cuba, se imponen nuevas prácticas garantistas para evitar que los derechos sean «meras proclamaciones de derechos» (‍Prieto Valdés, 2022: 87).

No podemos perder de vista a Bobbio, cuando advertía que el problema de fondo que tienen los derechos humanos en la actualidad es el de su defensa (‍Pérez Martínez, 2022: 86; ‍Rey Pérez, 2023: 369) y ello trasciende de lo filosófico y lo jurídico al terreno político (‍Pérez Martínez, 2022: 99). Coincidimos con M. Prieto Valdés, quien afirmó: «No podemos olvidar que la tutela y garantía de los derechos no es una concesión graciosa del poder para con el pueblo, sino que es su obligación, resultante de esa relación individuo-sociedad-Estado que hemos voluntariamente constituido» (‍Prieto Valdés, 2016: 172).

La incorporación de cláusulas de protección de la Constitución es novedad del texto cubano de 2019 (‍Villabella Armengol, 2022: 60). Serían estas la que impone a todos el cumplimiento de la Constitución —art. 7 constitucional^[7], con relación al art. 13 de la Ley 140/2021 de los Tribunales de Justicia^[8]— y la que estableció el respeto y garantía de los derechos. Estas, junto al reconocimiento de un amplio catálogo de derechos —garantías normativas o abstractas—, favorecen formalmente la directa aplicabilidad de la Constitución. Tras el referendo constitucional de 2019 fue aprobado el cronograma legislativo, que contemplaba varias normas de desarrollo.

La Constitución de 2019 introdujo varias garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales. El art. 92 reguló la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, novedosa fórmula que introdujo la Constitución española de 1978, con amplio desarrollo teórico y que Cuba adopta. La reforma procesal que tuvo lugar entre el año 2020 y 2022 incluyó varias disposiciones normativas que ampliaron esta garantía en la jurisdicción ordinaria: Código de Procesos, Ley del Proceso Administrativo, Ley del Proceso Penal, Ley de Ejecución.

Según Ruiz-Rico Ruiz (‍2020), hay dos mecanismos más frecuentes y de mayor alcance en la protección de los derechos constitucionales, siendo el primero la incorporación de la tutela judicial —como derecho o principio constitucional—, lo que «significa la elevación al máximo rango jurídico de un conjunto de garantías procesales», convirtiendo estas en verdaderos derechos y, por ende, susceptibles de protección (‍Ruiz-Rico Ruiz, 2020: 326). En segundo lugar, las potencialidades que se ofrecen para la tutela de los derechos en sede judicial, a través del denominado «amparo judicial» o el «amparo constitucional» como garantía jurisdiccional específica (‍Ruiz-Rico Ruiz, 2020: 326-‍327). Podemos decir que, con su incorporación en Cuba, la tutela judicial efectiva sienta las bases de la eventual jurisdicción constitucional.

Para Mendoza Díaz y Goite Pierre, es plausible la separación que realizó el constituyente cubano cuando incorporó en sendos artículos el debido proceso independiente a la tutela judicial efectiva (‍Mendoza Díaz y Goite Pierre, 2020: 186). Por un lado, encontramos el debido proceso judicial y administrativo —art. 94—, que se elaboró en función de servir a todos los procesos como marco general, mientras que el debido proceso penal contó con una formulación propia, independiente —art. 95—.

En correspondencia, se rescata el habeas corpus como una institución constitucional —art. 96— frente a las privaciones de libertad ilegales^[9]. Se formula, además, una garantía jurisdiccional de los derechos en el art. 99 constitucional que a todas luces significó el retorno de la jurisdicción constitucional al escenario jurídico cubano (‍Mondelo Tamayo, 2019). Quizás sea esta la mayor novedad de la reforma constitucional de 2019 en Cuba, pues afianza el carácter normativo de la carta magna, sus posibilidades de aplicación directa y la exigencia de responsabilidad ante la vulneración de los derechos.

Por otro lado, el núcleo de la regulación constitucional sobre la responsabilidad de la Administración pública está contenido en lo referido al debido proceso —art. 94, inciso h—; el art. 98, que establece la reparación o indemnización en caso de daño o perjuicio causado indebidamente por agentes del Estado, en ocasión de cumplir con las funciones propias del cargo; así como el mencionado art. 99 (‍Matilla Correa, 2020: 312).

La posibilidad de resolver las controversias a partir de métodos alternativos como la conciliación, la mediación u otros se refrenda en el art. 93. Se reconocieron, de igual modo, las posibilidades de acceso a los datos personales que se encuentran en registros, archivos, bases de datos u otro tipo de información de carácter público —art. 97—, en virtud de lo cual se aprobó la correspondiente ley. Por último, se reguló en el art. 101 el principio de irretroactividad de la ley, asumiendo una postura ecléctica, al establecer la excepción para el derecho penal en caso de favorecer al sujeto o en otras materias cuando así lo dispongan expresamente las leyes, atendiendo a los criterios de interés social o de utilidad pública.

Estas garantías no excluyen otras igualmente relevantes. Entre ellas, además de las mencionadas en este artículo, Pérez Martínez considera que se deben ponderar el imperativo de la regulación de los derechos solo mediante ley y la imposibilidad de modificar las que regulan derechos mediante una disposición de inferior rango; la especial protección que concede a los derechos, deberes y garantías, basada en la rigidez de la cláusula de reforma; la regulación de la seguridad jurídica; la consagración del principio de independencia judicial; la regulación de la transparencia y acceso a la información que provenga de los órganos del Estado; el control de constitucionalidad; el establecimiento de la legalidad socialista como principio fundamental del Estado (‍Pérez Martínez, 2022: 97-‍99).

1. De la jurisdicción. Apreciaciones sobre la admisión y la trascendencia jurídico-social de las vulneraciones alegadas[Subir]

La ley de amparo ratificó que la impartición de justicia en materia constitucional es exclusiva del sistema de tribunales populares —art. 5.1—^[10]. En ese orden, mucho se ha debatido acerca el órgano que debió crearse a los efectos de desarrollar este proceso. En Cuba anda el mito del TGCS de 1940, los aires esperanzadores de la nueva Constitución revitalizaron el sueño de la restauración. Sin embargo, la jurisdicción constitucional en Cuba no tiene el encargo de ser el intérprete último de la norma suprema, por lo que nunca llegaría a ser como su predecesor^[11]. Consideramos que es impreciso hablar de la jurisdicción constitucional por un lado y de la jurisdicción ordinaria para referirse al resto de las materias, pues el órgano que resuelve no es independiente del sistema de tribunales populares. La justicia constitucional en Cuba está integrada en la jurisdicción ordinaria.

Ahora, la jurisdicción constitucional cubana en las salas de amparo está orientada a la garantía de los derechos exclusivamente. Por la novedad de este tipo de procesos en Cuba, es importante atender el comportamiento del trámite de admisión. Sobre esta cuestión Villaverde (‍2002: 327) ha dicho: «El correcto uso y articulación del trámite de admisión de las demandas de amparo constituye […] la pieza clave de la eficiencia de la jurisdicción de amparo». Por ende, el primer punto crítico lo hemos apreciado en el art. 5.2, que estableció:

El análisis de este precepto debe particionarse en al menos dos aspectos: los derechos justiciables y la trascendencia jurídica social de la vulneración alegada. Para empezar, debemos decir que sigue empleando la expresión «derechos consagrados en la Constitución», de modo que mantiene en vilo el debate sobre tres aspectos. El primero de ellos es la definición de los derechos como constitucionales, fundamentales o humanos. Lo segundo, que muestra tendencia a la jerarquización de los derechos, en tanto parece dar preferencia a los que enuncia en el cuerpo de la Constitución frente a otros que se hallan en los instrumentos internacionales. Incluso, en el orden formal del proceso, parece distinguir entre aquellos que tienen otro tipo de proceso para su defensa de los que solo tienen el amparo. El tercero, la dificultad que implica la redacción de muchos derechos en forma de principios, sin precisión de sus contenidos y el empleo excesivo de la reserva de ley.

Consideramos que es muy impreciso el alcance que tiene la vulneración a la que hace referencia la norma adjetiva. Por eso era importante haber explicitado en el cuerpo de la Constitución la imposibilidad de alterar, restringir, amenazar, etc., los derechos. La falta de pronunciamiento sobre el contenido esencial de los mismos es una deuda que trasciende hoy a la eficacia de la justicia constitucional, pues el juez debe interpretar de acuerdo con una Constitución que es omisa o ambigua en muchos casos. De igual modo, existen límites que aseguran el plano ideológico de la norma suprema más que la dogmática particular de los derechos en ella contenidos^[12].

En la admisión, la regla es que los derechos presentados no pueden tener otra vía ordinaria para su defensa. Esto es restrictivo y no podemos plantearlo de otro modo, pues en la práctica jurídica cubana es difícil encontrar muchos derechos que no tengan otra vía para su defensa ante los tribunales. Muchas de las insuficiencias que impedían el acceso a los tribunales de determinados casos fueron resueltas por la reforma procesal; existen procedimientos administrativos y en sede judicial que orientan la solución de reclamaciones sobre derechos. Nos parece, grosso modo, que los derechos civiles y políticos son los que tendrían vía expedita para su sustanciación, pero poco más. Para esos no existen otras vías legales que faciliten su llegada a un tribunal.

Algunos ejemplos pudieran resultar ilustrativos. El derecho de propiedad —art. 22 constitucional— cuenta con varios procedimientos administrativos —ante la Dirección Municipal de la Vivienda o el Instituto de Planificación Física— y procesos judiciales dirigidos a proteger contenidos del mismo tales como la disposición o la posesión. Por ende, no requiere en principio del amparo constitucional. De otro lado, tenemos los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos —art. 56 constitucional—, condicionados al cumplimiento del orden público y de acuerdo con lo establecido por la ley. Aunque no se han aprobado las normas de desarrollo, y no cuenta con proceso ordinario propio, la directa aplicabilidad de la Constitución favorece su presentación mediante este proceso.

La excepción a esa regla es el establecimiento de un requisito de procedibilidad, al tener que demostrar la trascendencia jurídico-social de la vulneración alegada, para los casos en que, aun teniendo la otra vía ordinaria para su defensa, requiera de una actuación «urgente y preferente» por parte del órgano judicial. Esta formulación polisémica del trámite de admisión pareciera que da luz verde a todos los derechos, garantizando que incluso los que tienen otra vía ordinaria para su defensa puedan acudir a las salas de amparo. Es un concepto jurídico indeterminado, pese a que el legislador intenta definir en el art. 5.3 de la ley los criterios, a saber, la significación jurídico-social de la vulneración alegada, la irreparabilidad del daño o los perjuicios en caso de dilatarse la situación de vulnerabilidad de la persona agraviada u otras de similar naturaleza.

En el caso cubano el legislador intenta evitar desde el inicio que el amparo sea visto como una instancia más tras haber agotado la vía ordinaria correspondiente, por lo que el requisito impuesto contribuye a alcanzar esa pretensión. Por otro lado, parece que busca desestimular la continua presentación de los procesos de amparo sobre cuestiones que serían irrelevantes para el Constitucional, existiendo otras vías efectivas.

En su primera lectura, nos pareció que la ley copia la fórmula española de la especial trascendencia constitucional, salvando las considerables distancias de una a otra. El promovente en este tipo de procesos debe ofrecer argumentos sobre la relevancia del asunto para la jurisdicción constitucional —por qué va en primera instancia a la jurisdicción constitucional— y en cuanto a la vulneración del derecho —fondo del asunto—. Esto es algo que el derecho español, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 128/2014, resolvió:

Entender eso es un acto de suma responsabilidad, en ello va la vida del proceso. La jurisprudencia de países con una práctica tradicional en la materia puede arrojar luces en tanto la cubana encuentre sus propios derroteros. Adoptar los criterios que, desde España, por ejemplo, sirven para apreciar la especial trascendencia constitucional sería poco objetivo. Su construcción en Cuba dependerá de la práctica sistemática del órgano judicial y de la fortaleza de su jurisprudencia, que no es fuente de derecho en el país (‍Bruzón Viltres, 2019).

Por último, alertamos sobre la actuación preferente, con lo que se habilita al juez constitucional para suplantar al juez de otras materias. Nos parece un gran riesgo, pues, a partir de un primer fallo sobre una materia determinada, puede sentar precedente y quedaría preterida la jurisdicción constitucional para resolver asuntos similares que habitualmente conocería el juez de otra materia. Con el tiempo, varios procesos podrían migrar a la jurisdicción constitucional por ser esta más eficaz.

A partir de estas reflexiones, nos parece que la redacción del trámite de admisión opera como un límite al acceso a la justicia constitucional. Convierte al proceso en un verdadero cheque en blanco a favor del juzgador. Ello le hace flaco favor a la justicia constitucional y la desnaturaliza, en medio de las pretensiones mayores de la Constitución en la construcción de un verdadero «Estado socialista de derecho y justicia social» (‍Pita Simón y Gioioso, 2022: 50-‍51).

2. Materias excluidas del amparo constitucional[Subir]

El art. 6 de la ley de amparo excluye las reclamaciones contra decisiones judiciales de otras materias. Tampoco puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes y otros actos normativos. No se puede pronunciar sobre «la defensa y la seguridad nacional, las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país».

La exclusión del amparo contra resoluciones judiciales responde, a nuestro modo de ver, a la inserción de la jurisdicción constitucional en el sistema de tribunales populares. Aunque se trata del constitucional, no tiene un tratamiento jerárquico por encima de sus similares de otras materias. La imposibilidad de juzgar a sus pares es una consecuencia de su estatus dentro de la jurisdicción ordinaria. También está dado por la imposibilidad de convertir el proceso de amparo en otra instancia tras agotar el proceso ordinario correspondiente, lo que está en concordancia con el trámite de admisión.

Por otro lado, atendiendo al mandato constitucional —art. 108, inciso e—, corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular ejercer «el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales». La ubicación del control constitucional como facultad del órgano legislativo ha sido una práctica del constitucionalismo socialista cubano. En el actual ciclo constitucional se resuelve mediante el procedimiento establecido por la ley del órgano legislativo. El control previo se realiza con ocasión de aprobar un acto normativo, mediante dictamen realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, de carácter permanente; el control posterior, mediante la cuestión de inconstitucionalidad. Pensamos que trae aparejadas varias problemáticas, siendo la más significativa el hecho de que el propio órgano que crea las leyes debe determinar su inconstitucionalidad, actuando como juez y parte.

Pero ¿qué pasaría en el supuesto de que el juez constitucional, al sustanciar un proceso, advirtiera que una disposición normativa vulnera un derecho constitucional? En ese caso la norma es omisa respecto a la decisión del juez para el caso concreto, por lo que suponemos la inaplicación de esta. El art. 7 de la ley de amparo estableció una prohibición de non liquet, obligando a resolver todos los asuntos, incluso si aprecia una presunta inconstitucionalidad. El mismo precepto establece que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular tiene a facultad de promover «la suspensión, revocación, modificación o declaración de inconstitucionalidad»^[13].

3. Competencia[Subir]

La presentación de los procesos de amparo se hace ante dos instancias: el Tribunal Supremo Popular y los tribunales provinciales. Los tribunales municipales no tienen competencia en la materia constitucional. En el caso de los provinciales, conocen de todas las vulneraciones de derechos salvo las que, por disposición de la ley, son de conocimiento exclusivo del Tribunal Supremo.

El art. 9.1 de la ley de amparo dispuso la competencia del Tribunal Supremo Popular para conocer de todas las reclamaciones que se le presenten como consecuencia de la vulneración de los derechos constitucionales por los órganos superiores del Estado cubano. En esos supuestos ubicamos a la Asamblea Nacional del Poder Popular —órgano legislativo—, el Consejo de Estado —especie de órgano ejecutivo de la Asamblea, la representa entre un período y otro de sesiones ordinarias—, el presidente de la República —jefe del Estado— y su vicepresidente, el Consejo de Ministros —órgano ejecutivo y administrativo— y el primer ministro, así como sus agentes y empleados.

Como garantía de la tutela judicial efectiva se dispone el conocimiento de cualquier otro asunto que se disponga expresamente por ley o que no esté atribuido a otra materia. También conoce de las apelaciones contra sentencias de los tribunales provinciales y del recurso de revisión. Las apelaciones contra las sentencias que dicta el Tribunal Supremo en primera instancia son atendidas por una Sala Especial en esa misma sede de justicia, que fue creada por la Ley de los Tribunales de Justicia.

Sobre la composición de la Sala de Amparo del Tribunal Supremo y de los tribunales provinciales, el art. 12 de la ley estableció lo siguiente:

En gran medida, los presidentes de estas salas son los presidentes o vicepresidentes de los tribunales provinciales, no necesariamente jueces especializados en la materia constitucional. El precepto mencionado da la posibilidad de que sea presidida por las máximas autoridades de la institución, pero no es un imperativo; una muestra de ello es que existen tribunales que han puesto al frente de la sala a jueces de amplia experiencia en la actividad judicial y que no son los máximos directivos de la institución. Queda aprovechar mejor, eso sí, a los profesionales especializados en derecho constitucional. Coincidimos con la propuesta realizada por Hernández Rodríguez de que estas salas deben tener jueces especializados en la materia constitucional (‍Hernández Rodríguez, 2019: 220). Ahí advertimos uno de sus grandes retos futuros.

4. Las partes[Subir]

Se dispone por ley que la parte promovente es la persona agraviada y el fiscal. Como parte demandada pueden serlo los agentes del Estado a quienes se atribuya la vulneración del derecho; también los particulares y entes no estatales. El art. 15.2 de la ley de amparo dispone el traslado del escrito promocional al fiscal en aquellos casos en los que no concurre como parte. Dice el art. 15.1 que la Fiscalía siempre es parte en los procesos, pues tiene un encargo atribuido por la Constitución^[14] y las leyes. En todo caso, la representación letrada es necesaria para presentar este proceso.

Desde el estudio del art. 99 constitucional, Villabella Armengol advertía que el empleo del vocablo «la persona» para referirse al sujeto legitimado para el ejercicio de la acción pone al ruedo del debate la condición de estos. ¿Incluye a todas las personas naturales y jurídicas? ¿Incluye a las personas jurídicas privadas? Como advierte el reconocido jurista cubano: «Es doctrina aceptada que las personas jurídicas privadas son titulares de determinados derechos fundamentales; en ese entendimiento, las leyes de amparo se refieren a ambas» (‍Villabella Armengol, 2022: 73-‍75).

El rol de la Fiscalía es uno de los temas que más amerita tratamiento. El Ministerio Público cubano ha desempeñado un rol de descongestión del sistema judicial cubano al asumir la atención a los ciudadanos inconformes con la actuación de determinada autoridad administrativa o en conflicto con alguna otra persona. En los espacios que no llega la ley, que esta resulta confusa o que las autoridades se ven limitadas de actuar, la gestión de la Fiscalía ha llegado a suplir las faltas. Ha sido, además, si no la mejor, una de las que más ha sabido orientar el ejercicio del derecho de queja. Con la aparición del proceso de amparo, le corresponde actuar de oficio o a instancia de parte en aras de cumplir con el nuevo rol asignado.

5. El íter procesal[Subir]

Coincidimos con A. L. Prieto Valdés (‍2022) y Hernández Rodríguez (‍2019) en que es importante que el proceso de amparo se informe en principios procesales. Algunos de estos, el de celeridad, economía procesal, aplicabilidad directa de las constituciones, el principio de protección o tuitivo, el principio de exclusividad del derecho constitucional, que son algunos de los enunciados por Hernández Rodríguez (‍2019: 221), derivan directamente de la Constitución, que es, además, la norma sustantiva. Esa es una de las peculiaridades de la justicia constitucional —o el derecho procesal constitucional, como se suele llamar en Latinoamérica—, que de la norma sustantiva derivan principios y condiciones generales trascendentes al proceso.

Para el autor cubano Pérez Martínez (‍2022), «el grado de eficacia de esta garantía dependerá de cómo se cumpla con la finalidad del amparo, o sea, la inmediatez y efectividad en la protección de los derechos constitucionales. Lo anterior impacta al proceso, el que debe desarrollarse sin formalismos excesivos, de manera ágil y oral» (‍Pérez Martínez, 2022: 126). Refleja la aspiración de contar con un proceso versátil y con la capacidad para dar respuesta urgente a la persona afectada. No obstante, nos parece que el esquema procesal se traduce en una extensión de los términos que dificulta dar la respuesta pronta a la que se aspira, sobre lo cual estaremos ofreciendo algunos elementos que lo ilustran.

El esquema es relativamente simple, pues en primera instancia contempla la demanda, contestación, audiencia —práctica de pruebas y vista—, sentencia y ejecución. Consideramos que los términos no favorecen el principio de celeridad, pues lo más pronto que se obtendría una respuesta de amparo en Cuba sería en un término de unos cuarenta días sin que se concedan prórrogas ni se imponga término alguno para subsanación de los escritos de las partes y considerando la inmediatez en los actos procesales y diligencias del tribunal.

Antes de la presentación de la demanda se admite la práctica de diligencias previas o la solicitud y aprobación de medidas cautelares para asegurar el objeto del proceso. La norma de amparo remite al Código de Procesos para lo pertinente; por la forma en que está redactado, se aprecia flexibilidad para las que se propongan y su adopción. La demanda debe presentarse hasta veinte días después de la aprobación de la medida cautelar y no existe un término para la admisión. Aquí llama la atención que, según lo dispuesto en el Código de Procesos, si no se precisan los términos de admisión, estos son flexibles y dependen de las circunstancias del caso concreto, y no solo para el proceso de amparo, sino para todos. En el amparo no está establecido un término de admisión, lo que contribuye a la dilación del proceso desde su presentación.

En un trabajo prospectivo, Hernández Rodríguez propuso que la demanda pudiera ser escrita u oral y que el acceso a la justicia constitucional no se viera restringido cuando «las deficiencias formales sean subsanables o sujetas a convalidación» (‍Hernández Rodríguez, 2019). Este último aspecto fue tenido en cuenta por la ley, que incluyó el término de tres días para subsanar los defectos que no puedan corregirse en otro momento del proceso —art. 25.3—. El tribunal está facultado para dictar sentencia de allanarse la parte demandada.

La audiencia se generalizó con la reforma procesal y por supuesto que llegó al proceso de amparo, lo que hace de la oralidad una parte importante en su tramitación. Esta se fija en un plazo de diez días contados desde la presentación y admisión del escrito de contestación. Se realiza una audiencia, pero puede tener varios momentos que se extienden durante diez días como término general, prorrogable a cinco días más. Mediante las audiencias se cumple con el principio de inmediación procesal, pues se escucha a las partes y sus representantes, se precisa el objeto del debate y del proceso, el juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas propuestas por las partes y se practican, se aclaran los extremos de las partes y se aclara cualquier imprecisión —llegando incluso a acuerdos en las pretensiones de carácter disponible—, entre otras actuaciones tendentes a diligenciar el proceso —art. 32—.

Las sentencias deben dictarse en un plazo de diez días contados a partir de quedar concluso y son de ejecución inmediata. No obstante, son sentencias recurribles ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo. La apelación se extiende, según la ley, por al menos treinta y ocho días, que, sumados a la instancia anterior, nos muestran un proceso extendido durante dos meses y dieciocho días —aunque, al dictarse la sentencia en primera instancia, se procede a la ejecución inmediata—.

Sobre los efectos de la sentencia, la Constitución adelantó en el mencionado art. 99 que se trataba de la obtención de la «correspondiente reparación o indemnización». Sobre ello, Villabella Armengol refiere que no le parece que fue empleada en el sentido que lo suelen hacer las leyes de amparo. Argumenta en ese sentido como lo hacen algunas leyes de amparo en la actualidad. La reparación integral contempla «la indemnización económica, la investigación de los hechos, la sanción del responsable, la rehabilitación del agraviado, la garantía por parte del poder público de que no se repita el hecho, la satisfacción pública, la reparación moral, el cumplimiento de la omisión causante de la violación, etcétera» (‍Villabella Armengol, 2022: 33). Sostenemos esta idea en el sentido de alcanzar una mayor precisión por reflejar efectos más pertinentes.